Una era de solidaridad Édgar Palacio Mizrahi

Édgar Palacio Mizrahi Senador de la República Partido Colombia Justa Libres

Cómo combatir la pobreza, ha sido desde hace varios siglos, la nuez de la ciencia “ económica. Podría decirse que ninguna escuela económica se ocupa de un tema distinto al de la lucha contra la pobreza.” Alfonso López Michelsen, El Tiempo, 9 de Febrero de 1997.

La situación que teníamos antes de la pandemia no era la mejor y por supuesto ahora es peor, no puedo olvidar la historia de un niño en el barrio Patio Bonito de Bogotá peleando con un perro por un hueso para comer. Somos el tercer país más desigual del mundo, superado solo por Haití y Angola, según la ONU; y el más desigual de la región, según el informe del índice de Desarrollo Regional para América Latina. Hoy 15 millones de colombianos están desnutridos, 1 de cada 3 de ellos no come, mientras 18 personas mueren diariamente por desnutrición.

Por la pandemia perdimos 10 años de avance en empleo, los desempleados subieron al 20,2% y más de 4,2 millones de personas perdieron su trabajo sumiéndose en la pobreza, que se encuentra hoy según el DANE en el 45,3%, es decir 22.2 millones de colombianos. Entre 2014 y 2020, solo alcanzaron a salir 220.000 personas de esa condición (el 1,3% de 16,6 millones de pobres en el país) y para ello gastamos 420 billones de pesos, lo que indica un gasto público social ineficiente. Además hoy tenemos una informalidad por encima del 50% de los colombianos sin oportunidades en medio de una desigualdad creciente.

Lo que hoy necesita nuestro país es solidaridad pero ¿Qué es solidaridad? Es un antídoto contra el individualismo y la atomización de la sociedad, un valor ético que

nos permite adherirnos a una causa común, es decir, lo que es de todos. La solidaridad implica pensar en el otro, yo estoy bien cuando el otro está bien, es ese sentimiento que nos mantiene unidos en todo momento y está muy relacionado con el amor al prójimo, pensando en los demás especialmente cuando están desamparados, es apoyar a los demás sin que dependan de otros y es reconocer que el hombre es un ser en relación.

Colombia necesita una economía social fundada en la solidaridad y el trabajo, que desde un enfoque multidimensional busque una sinergia entre el Estado, el mercado y la sociedad para lograr un crecimiento que genere un desarrollo social y que a su vez, haga sostenible nuestro crecimiento económico. La pobreza acentuada y la alta polarización social conforman un escenario que daña severamente las posibilidades de crecer y afecta seriamente la gobernabilidad democrática en los países en desarrollo. La falta de logros que mejoren la precaria calidad de vida de amplios sectores de la población colombiana genera márgenes significativos de pérdida de credibilidad en los gobiernos democráticos que a su vez minan sus márgenes de gobernabilidad. ¿Cómo enfrentar la inquietante situación social? ¿Es la pobreza una situación inevitable, una especie de condición definida por la naturaleza? En amplias regiones del planeta, esto no es claramente así. La pobreza en nuestro país se presenta junto a la disponibilidad de importantes recursos en riquezas minerales, agropecuarias, fuentes de energía y materias primas estratégicas. ¿Es la pobreza un tema individual adjudicable a carencias de determinadas personas? Las personas menos favorecidas del país generalmente no son los responsables de su situación. Muchas de ellas

son personas que con mucho esfuerzo logran superar esa condición cuando cuentan con un mínimo de apoyo o cuando mejoran las condiciones generales del país. Hoy tenemos la paradoja de tener millones de colombianos en situación de pobreza en un país rico como el nuestro. Necesitamos una economía social que produzca además de bienestar común o prosperidad compartida, para lo cual es necesario tener un “Necesitamos una economía social que crecimiento económico con redistribución de la riqueza produzca además de bienestar común o con el fin de generar un orden prosperidad compartida, para lo cual es social más justo; superando las desigualdades estructurales, necesario tener un crecimiento económico generando el desarrollo tanto con redistribución de la riqueza con el fin humano como económico que de generar un orden social más justo” queremos y merecemos todos los colombianos. Los países y sociedades que se desarrollan viven obsesionados con el futuro, no con el pasado, no debemos usar nuestra mente para recordar, debemos utilizarla para soñar e imaginar como decía Albert Einstein: “la imaginación es más importante que el conocimiento, el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no”. Nuestro país llegará tan lejos como nuestros sueños.

En 2016 uno de cada 10 cigarrillos era de contrabando, hoy uno de cada tres cigarrillos lo es. La tendencia a futuro va a depender de las decisiones de política pública. Si se toman medidas acertadas se pueden ver reducciones, pero de mantenerse una política de bajos controles al contrabando, con altos impuestos que le amplían la rentabilidad a los contrabandistas, como ocurre ahora, el país terminará como Ecuador donde 75 % del cigarrillo viene del contrabando o como hoy ocurre en algunas regiones de Colombia, entre ellas La Guajira, donde llega a 92 %.

La revista El Congreso Siglo XXI habló con Daniel Rico, criminólogo y consultor experto en temas de contrabando y economías ilícitas, sobre el crecimiento que ha tenido el comercio ilegal de cigarrillos en Colombia, el impacto de este problema en las finanzas de las regiones y la necesidad de tomar decisiones de fondo que modifiquen y cambien la tendencia de este mercado criminal.

En el estudio realizado este año por Fedesarrollo: Finanzas Territoriales y Contrabando: el caso de los cigarrillos en Colombia se demostró que el contrabando es un problema fiscal grande para los departamentos más pequeños. Los departamentos no tienen muchas otras fuentes de financiación por fuera a los impuestos al cigarrillo y al licor. Entonces, este delito significa afectarlos en su componente principal de ingresos. ¿Pero cuál es la paradoja de esto? A pesar de que los departamentos conocen esta realidad, son pocos los que se han tomado en serio la lucha contra el contrabando, los departamentos tienen unas capacidades operativas específicas y unas secretarías con poderosas herramientas administrativas, pero salvo algunas excepciones, estos son poco eficientes e inactivos en la lucha contra el contrabando.

La mayoría de los departamentos no se ha puesto la camiseta para ver qué se puede hacer con los recursos que tienen. A escala territorial se mantiene la lectura de que este problema lo deben resolver desde el nivel central. Acá todos deben sumar, se podría partir de una

evaluación sobre lo que se ha gastado en la lucha contra el contrabando, sacar lecciones aprendidas de los presupuestos que desde la Federación Nacional de Departamentos se han destinado con este objetivo.

Es muy importante entender que la relación del contrabando depende de las dinámicas del narcotráfico. Es decir, el contrabando es el mecanismo de cierre de las economías de la droga. La cocaína que sale tiene que regresar los dólares de esas ganancias ilegales de alguna manera. Es difícil hacerlo por los bancos, no tiene sentido hacerlo en maletas de doble fondo, eso era de los años 80. Lo que actualmente hacen las estructuras criminales es regresar el dinero por la vía del contrabando, y como Nación no hemos entendido eso bien, se sigue pensando en dos dinámicas criminales diferentes, cuando en realidad son las mismas redes sacando droga y trayendo contrabando para lavar esos activos.

El promedio del consumo de cigarrillos ilegales en departamentos de la Costa Caribe sobrepasó la mitad del mercado con un registro del 67% unos 14 puntos más que en 2019 y más de 30 puntos por encima de la media del país. En Córdoba, el consumo de cigarrillos ilegales alcanzó el 61% del mercado. En La Guajira casi el 100% de los cigarrillos es de contrabando. Su consumo en 2020 se ubicó en 97%, después de que en 2019 era del 89%. • En los departamentos de Norte de Santander, Santander y Arauca, el consumo de cigarrillos ilegales se situó en 49%, 15 puntos por encima del crecimiento anual porcentual. • Antioquia prendió las alarmas. El consumo de cigarrillos ilegales alcanzó el 45% del mercado, 12 p.p. más que en 2019 y 11 por encima del crecimiento porcentual anual. • Valle del Cauca, por su peso en el consumo de cigarrillos, puede impactar el indicador de ilegalidad, con un crecimiento de 5 p.p. del 13% al 18% en 2020.

Fuente: Estudio ‘Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’ de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizado por INVAMER 2020.

Tan cierto es que en lo que tiene que ver con política pública, no entendemos que el contrabando y el narcotráfico son dos caras de la misma moneda, que hoy existen las capacidades inteligencia estratégica frente al contrabando, de hacer operaciones a profundidad y de tener una INCIDENCIA DE CIGARRILLOS ILEGALES EN COLOMBIA red estructurada de la fuerza pública para contrarrestar el contrabando, como si • Chocó, Boyacá y Córdoba, son los departamentos con mayor dependencia de los impuestos al ocio, existe para el narcotráfico o el terrorismo. entre estos el cigarrillo. • Por su parte Nariño, los departamentos del Eje cafetero, Tolima, Huila y Chocó, son las entidades territoriales en donde el recaudo por impuestos al cigarrillo tiene la mayor participación en sus ingresos corrientes. • Es decir, dependen en mayor medida de este ingreso. Por lo tanto, son los departamentos más vulnerables por la pérdida de recaudo derivada del contrabando.

El mejor ejemplo es lo que pasa con la Policía Fiscal Aduanera (POLFA) esta es una dirección con muy poco presupuesto (el menor en toda la Policía Nacional), y con mucho territorio por controlar. Por otro lado, no tenemos unas capacidades y unas facultades fuertes en la DIAN para contrainteligencia que permitan combatir la corrupción. Además, se toman una serie

Fuente: Estudio ‘Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’ de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizado por INVAMER 2020.

de medidas económicas que no tienen mucho sentido desde el punto de vista de política criminal. Es decir, se toman decisiones, pensando que este país no tiene problemas de contrabando, que no tiene problemas de narcotráfico, y al final esa ingenuidad de la política de comercio exterior y tributario, lo que hace es generar unas compuertas para que este país y su economía sean altamente vulnerable al contrabando.

La cifra de 1 billón y medio de pesos entre 2017 y 2020 es una aproximación, que podemos entenderla como un mínimo de la rentabilidad que deja el contrabando en el país. La cifra puede ser mucho mayor, yo la equipararía con la del narcotráfico para tener un dato más acertado, tal vez en el rango de los 8 o 10 billones de pesos. ¿Qué se puede hacer? Lo primero es tener una coherencia en las políticas públicas, en este caso entre el sistema aduanero, el tributario y en la política de seguridad. Por ejemplo, si vamos a hacer una política relacionada con las zonas francas es porque tenemos las garantías y las capacidades para que no sea un corredor de finanzas ilícitas. El contrabando que se hace ahora no es

El promedio del consumo de cigarrillos ilegales en departamentos de la Costa Caribe sobrepasó la mitad del mercado con un registro del 67% unos 14 puntos más que en 2019 y más de 30 puntos por encima de la media del país. En Córdoba, el consumo de cigarrillos ilegales alcanzó el 61% del mercado. En La Guajira casi el 100% de los cigarrillos es de contrabando. Su consumo en 2020 se ubicó en 97%, después de que en 2019 era del 89%. • En los departamentos de Norte de Santander, Santander y Arauca, el consumo de cigarrillos ilegales se situó en 49%, 15 puntos por encima del crecimiento anual porcentual. • Antioquia prendió las alarmas. El consumo de cigarrillos ilegales alcanzó el 45% del mercado, 12 p.p. más que en 2019 y 11 por encima del crecimiento porcentual anual. • Valle del Cauca, por su peso en el consumo de cigarrillos, puede impactar el indicador de ilegalidad, con un crecimiento de 5 p.p. del 13% al 18% en 2020.

Fuente: Estudio ‘Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’ de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizado por INVAMER 2020.

Las autoridades han realizado operaciones de inteligencia para combatir la corrupción y ventas ilegales.

el que llega por la noche a través de trochas; hoy el principal problema es el de las llamadas “empresas fachada” que combinan productos legales e ilegales, que tienen pleno acceso a los puertos y todos los privilegios que les dan las zonas francas. Estas empresas tienen cuenta bancaria, NIT en las cámaras de comercio, que le pagan parcialmente impuestos a la DIAN. Allí es por donde se mueven la mayoría de los recursos del narcotráfico y el contrabando, no en las trochas de La Guajira ni de Ipiales.

• Chocó, Boyacá y Córdoba, son los departamentos con mayor dependencia de los impuestos al ocio, entre estos el cigarrillo. • Por su parte Nariño, los departamentos del Eje cafetero, Tolima, Huila y Chocó, son las entidades territoriales en donde el recaudo por impuestos al cigarrillo tiene la mayor participación en sus ingresos corrientes. • Es decir, dependen en mayor medida de este ingreso. Por lo tanto, son los departamentos más vulnerables por la pérdida de recaudo derivada del contrabando.

Fuente: Estudio ‘Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’ de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizado por INVAMER 2020.

Por supuesto, el contrabando va en contravía de los objetivos de salud pública en materia de protección al consumidor y en las metas de reducción de tabaquismo, pero equivocadamente aún no se percibe al contrabando como un enemigo para la salud pública en el país. Es evidente que si las personas tienen acceso a cigarrillos de menor valor, de menor calidad, sin control de venta a menores de edad y sin advertencias sanitarias, pues son personas que están fumando más y por lo tanto tienen peores desenlaces en salud.

Sabemos que este comportamiento de más consumo por menores precios del cigarrillo que viene de contrabando está asociado a los estratos más bajos de la sociedad y las zonas rurales. En los datos de Invamer, se puede ver la diferencia de precio que es entre dos y tres mil pesos de la cajetilla legal frente a la ilegal esto dinamiza mucho su consumo. Los grandes demandantes de ese cigarrillo “barato” de contrabando son las personas de menos ingresos, un efecto de salud regresivo frente a los más pobres. Según cifras de Euromonitor (2020), citadas por Fedesarrollo en su estudio, con el incremento de la tarifa del impuesto en 2017 las ventas de producto legal cayeron, pero en contraste, la cantidad de personas adultas fumadoras de cigarrillos ilícitos creció, (en porcentaje de individuos de 9 % en 2016 a 18 % en 2018 y a 22 % en 2019 y 25 % en 2020).

El crecimiento del comercio ilegal de cigarrillos en Colombia ha tenido un impacto en las finanzas de las regiones.

El representante a la Cámara por Bogotá, Juan Manuel Daza Iguarán es abogado de la Universidad del Rosario con profundización en Derecho Constitucional, especialista en Gestión Pública y magíster en Derecho Público de la Universidad de los Andes. Durante cinco años se desempeñó como asesor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde esa posición estuvo al frente de los proyectos de ley y debates que se surtieron en el Senado, lo que le ha permitido conocer de cerca los problemas del país y estudiar las soluciones. En agosto de 2018 fue designado como viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, convirtiéndose así en el integrante más joven del gabinete del presidente Iván Duque Márquez.

Representante a la Cámara por Bogotá, Juan Manuel Daza. Juan Manuel Daza ocupa actualmente una curul en la Cámara de Representantes, desde donde defiende con ahínco sus convicciones y posiciones. Trabaja sin descanso por todos los colombianos, especialmente por aquellos que ven en la legalidad y la equidad el punto de desarrollo del país.

El representante es miembro de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara, en la cual se discuten los temas de mayor interés para el país. Por eso el legislador considera que el mayor reto que tiene la Comisión es hacer una verdadera reforma a la Justicia que vuelva al sistema judicial más eficiente y garantice que ningún delito quede en la impunidad. “Colombia necesita una reforma que haga cercana la rama judicial al ciudadano, que el ciudadano de a pie tenga una justicia pronta. Este es un país en el que el 96% de los casos queda en la impunidad, pues de cada 100 denuncias solo cuatro logran una condena”, sostiene el con-

El congresista aspira a una curul en el Senado de la República, con el tema rural como su principal bandera.

gresista, quien asegura que los colombianos se sienten impotentes porque quien “atraca en cuestión de horas queda en libertad y a las horas está de nuevo reincidiendo”.

Para el representante, la Comisión también tiene el compromiso de brindarles seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública. “Es importante que revisemos la justicia penal militar y ver de qué manera la fortalecemos, revisar también el trato jurídico que se le está dando a nuestros policías y soldados, ellos cumplen con su deber y resulta que terminan en problemas y es por eso la importancia de blindarlos para que no tengan temor de actuar y de defender al ciudadano”.

Para el legislador es fundamental que el Congreso de la República, adicional a su tarea de crear leyes, también este vigilante de que se apliquen y se cumplan. “Una de las funciones que tenemos como congresistas es el control político que sirve para que las leyes se cumplan y se hagan los trabajos que se tiene que hacer”, expresa.

Aunque Bogotá es una ciudad que como Distrito cuenta con un capital importante que administra la alcaldía con los concejales, los congresistas también pueden aportar con el fin de aterrizar programas nacionales en la ciudad. “Nosotros a través de discusiones hemos puesto en la agenda pública temas que benefician a Bogotá, como el metro que lo hemos esperado por tanto tiempo y que el Gobierno Duque acompañado de los parlamentarios, concejales, alcaldía y la gobernación de Cundinamarca logramos que empezara su construcción por fin. Lo mismo estamos esperando con el tren regional de Bogotá - Cundinamarca que es otra obra que va a empezar a arrancar”, subraya Juan Manuel Daza.

Considera que un trabajo neto del Congreso de la Republica es la modificación del acto legislativo que crea la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca. “Ya vamos en la Ley que la desarrolla y es importante porque Bogotá y al menos los 16 municipios que lo circundan de Cundinamarca son una región, la comida que se consume en la capital del país es de ese departamento en su gran mayoría, el agua de igual forma y para completar muchas personas que trabajan en Bogotá viven en esos municipios cercanos”.

El representante le apuesta a una curul en el Senado de la República, con el tema de la seguridad urbana y rural como su mayor bandera, en las elecciones legislativas del 2022. “Aspiro a tener una voz no solo de Bogotá sino de todo el país a lo largo y ancho del territorio nacional, así que asumo este reto y por ahora estoy trabajando en la construcción de las propuestas de mi candidatura”, anticipó el congresista. Y es que el parlamentario quiere llegar a todos los colombianos con una agenda que responda a sus necesidades, sobre todo, en tiempos de pandemia como los que hoy está viviendo el mundo.

“Quiero seguir defendiendo y ser una voz en los temas de seguridad urbana y rural, la seguridad para mi es el pre-requisito para poder tener el disfrute de los derechos. De igual forma, le apuesto al agro porque tiene que dejar de ser la cenicienta, desde la Cámara he sido la voz del campo colombiano y creo que desde el Senado lo tengo que seguir haciendo, en esta materia tenemos que pasar del dicho al hecho adoptando medidas concretas”, señala Juan Manuel Daza, quien además busca brindarles mayores oportunidades a los jóvenes con proyectos de emprendimiento, porque piensa que Colombia debe ser un país de más empresarios que de empleados y eso “se consigue creyendo en el emprendimiento de los jóvenes, porque ni siquiera el mercado laboral les responde con un trabajo acorde a lo que estudiaron muchos de ellos”.

Para el representante la mejor manera de dejar tanta polarización en el país es que desde el mismo Congreso de la Republica se dé ejemplo. “Nosotros tenemos que aprender, empezando por la política y pasándolo a la sociedad en general, a que podemos ser duros con las ideas pero suaves con las personas, a entender que todo aquel que defiende la autoridad y la propiedad privada no es paramilitar y a entender que aquel que cree que el Estado tiene que ser más social y asumir ciertas cosas, tampoco lo hacen un guerrillero”.

Exalcalde de Quibdó, Isaías Chalá. Isaías Chalá ha contribuido al crecimiento económico y social del país, particularmente del Pacífico colombiano, en su condición de servidor público a lo largo de los últimos años. Su experiencia como formador y educador, en la que se han puesto de presente valores como la responsabilidad y el compromiso, le ha merecido el reconocimiento de la comunidad de la región y de las autoridades del orden local, departamental y nacional. Como alcalde de Quibdó, Chocó, pudo recuperar el municipio y conseguir su viabilidad fiscal, financiera e institucional. Además, logró un hito al pasar a la capital chocoana de la sexta a la tercera categoría en un solo periodo, 2016-2019. Eso se vio reflejado en las obras de infraestructura ejecutadas en el municipio, las que tuvieron un gran impacto social en la zona centro y sectores de alta vulnerabilidad.

El Pacífico es una región que se ha venido consolidando como referente de sostenibilidad y desarrollo social en el país, sobre todo, en la última década. Su ubicación estratégica lo erige como una fuente de progreso en el corto, mediano y largo plazo, para lo cual se requiere de un mayor compromiso tanto en lo político como en recursos por parte del Estado colombiano. Según Chalá, ese potencial bien aprovechado, en el que sobresale su cultura, tradiciones y turismo ecológico y de playa, pueden ayudar en ese propósito.

Convencido de lo mucho que puede aportar a la transformación del país, especialmente de su departamento, Isaías Chalá aspirará al Senado de la República, desde donde quiere gestionar e impulsar una ley de excepción para apalancar el desarrollo económico de la región pacífica sobre la base de una mayor inversión de la empresa privada y de una economía mixta para buscar el aprovechamiento de las riquezas que posee esa importante zona, muchas de las cuales permanecen aún sin explorar. También quiere construir leyes focalizadas en la recuperación del aparato productivo nacional, ante la crisis que generó la pandemia del Covid-19 en la economía y la sociedad. Su propuesta al electorado incluye iniciativas para luchar contra el cambio climático, que avanza de manera acelerada en Colombia, así como proteger y conservar el medio ambiente, sobre todo la biodiversidad del ecosistema del Pacífico colombiano, considerado único en el mundo, que enfrenta amenazas como la deforestación y la minería ilegal. En cuanto a la política social, Isaías Chalá quiere avanzar desde el Congreso de la República en la generación de mayores oportunidades para la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. La idea es que los jóvenes, indígenas, mestizos, negros y raizales tengan acceso a una educación y salud de calidad, así como al ingreso al mercado

Quibdó, capital del departamento del Chocó.

laboral para mejorar sus condiciones de vida y garantizar su bienestar.

Los gobiernos se han enfocado en el desarrollo económico de la región central del país, como lo demuestra la distribución que se hace cada año del Presupuesto General de la Nación (PGN), donde la zona del Pacífico no es priorizada en recursos para la ejecución de proyectos y programas que lleven progreso a su población. Por eso desde el Legislativo, el exalcalde de Quibdó quiere revertir esa situación para que se pague la deuda histórica social que el Estado tiene con el departamento del Chocó y demás regiones del litoral, donde ha primado por décadas el abandono estatal.

“Como hilo conductor del desarrollo económico del país hay que utilizar sus riquezas hídricas, marítimas y los recursos naturales”, sostiene Isaías Chalá, quien considera que se puede crecer y tener una economía competitiva con algunos países, aprovechando el potencial que tiene la costa pacífica para jalonar el desarrollo de la región, a través de la creación de un puerto que complemente al de Buenaventura y compita con el vecino Canal de Panamá, como el de Tribugá - Chocó, rico en aguas profundas y sostenibilidad ambiental.

Vivir en un país en paz, recuperado en su economía, con alternativas laborales para los ciudadanos, donde puedan tener más oportunidades de acceder a la educación y a un sistema de salud oportuno y de calidad, es lo que espera el ahora candidato al Senado para los colombianos. Y es que Isaías Chalá quiere contribuir desde el Congreso de la República a que haya más apoyo por parte del Estado para las familias vulnerables, con el fin de bajar los índices de pobreza, disparados tras la llegada de la pandemia del Covid-19 a Colombia. También desea que a partir de las inmensas ventajas competitivas, el país se pueda convertir en autosuficiente en el sector agrícola, principalmente en la zona pacífica. “Con una cosmovisión y prospectiva que complemente las necesidades de desarrollo de los colombianos”, puntualiza.

Representante a la Cámara por Atlántico, Modesto Aguilera Vides.

Desde que comenzó su carrera política, el Representante ha impulsado iniciativas que contribuyen al desarrollo económico y social del departamento del Atlántico, al que representa en este momento en el Congreso de la República. Como miembro de la Comisión Económica, logró que se aumentara, por ejemplo, el presupuesto para esa región caribeña en 48 % para 2022 con relación al año anterior, lo que permitirá contar con muchos más recursos para la ejecución de proyectos a gran escala.

Modesto Aguilera Vides, nació en Barranquilla, es un abogado egresado de la Universidad Simón Bolívar, especializado en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado y en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca (España). Realizó un magíster en Estudios Políticos y Económicos de la Universidad del Norte y actualmente es representante a la Cámara, corporación en la que integra la Comisión IV. En el sector público ejerció como secretario jurídico del Atlántico, secretario de Educación del mismo departamento y secretario de Gobierno de Barranquilla, entre otros cargos.

Pero su gestión va mucho más allá. El congresista Modesto Aguilera ha ayudado también a gestionar ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), alrededor de 250 equipos de computo para estudiantes de diferentes municipios, con el fin de dotarlos de las herramientas necesarias para su proceso de aprendizaje durante la pandemia. La labor se hizo por medio del programa “Computadores Para Educar ¡Atlántico se Conecta!” y benefició a localidades como Campo de la Cruz, Juan de Acosta, Palmar de Varela y Repelón, entre otras.

El legislador ha participado en otras campañas como “Sacúdete Juan de Acosta”, a través de las cuales busca ayudar al cierre de brechas sociales, económicas y de conocimiento con el acceso a la información y el acompañamiento para fortalecer y generar habilidades en la gente con el propósito de que sean más competitivos. Su apoyo desde el Congreso ha sido así mismo importante para fomentar emprendimientos locales sostenibles. Desde la Cámara de Representantes, Aguilera tra-

El congresista ha participado en proyectos importantes como la Ley de Medios y el Alivio económico para jóvenes.

bajó igualmente en el salvavidas económico para el transporte masivo, uno de los sectores más afectados por el aislamiento social preventivo al que fue sometida la población para evitar un contagio mayor del virus.

“Hubo dos fenómenos que afectaron al transporte público, el primero el del covid-19 que no permitió que las empresas de transporte pudieran funcionar durante los meses más críticos de la pandemia, dejándolas en déficit, y el segundo, el vandalismo que hubo durante el paro nacional, pensamos que esto ayudaría a aliviar la difícil situación del sector”, señaló. Dentro de la Ley de Inversión Social se acogieron también dos propuestas de la autoría de Aguilera como lo son la Ley de Medios y el alivio económico a los jóvenes.

Al igual que al transporte, la pandemia golpeó duramente a los medios de comunicación que vieron reducida su pauta publicitaria de manera significativa durante la emergencia sanitaria que generó la llegada del covid-19 al país. “En esta legislatura, junto a mi Partido Cambio Radical, radicamos un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes que busca estabilizar económica y operativamente la actividad de los medios de comunicación, sobre todo, los regionales que por la pandemia quedaron mal parados, al igual que los comunicadores sociales independientes”, expresó el congresista. Y es que con esta iniciativa se busca que en un término de 20 años a partir del 2026 los medios de comunicación legalmente constituidos no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. También que entre el 2023 y el 2027 quede excluida la pauta publicitaria del impuesto sobre las ventas.

Según la iniciativa, los medios que durante el 2020 hayan registrado una disminución de ingresos por publicidad podrán pedir un auxilio económico de hasta el 20% de ese valor, en el caso de los regionales y del 40%, en el caso de los nacionales.

A partir de la propuesta de apoyo a la juventud nació la “Matrícula Cero” para estratos 1, 2 y 3 con el fin de que estudien en universidades públicas, institutos técnicos o tecnológicos del país. “Hace unos meses los jóvenes salieron a las calles a reclamarle al Estado oportunidades y espacios laborales. Eso fue una alerta temprana para que nosotros los congresistas junto al Gobierno, trabajáramos para darles un incentivo”, destacó Aguilera. La idea de este Proyecto de Ley es establecer alivios económicos a favor de los jóvenes y adoptar medidas que faciliten su ingreso al mercado laboral eliminando requisitos para su contratación, así como impulsar la creación de nuevas empresas juveniles. Entre los alivios, figuran la condonación de multas de tránsito ya que particularmente en el Atlántico muchos jóvenes se dedican al mototaxismo para generar ingresos, al igual que la condonación del 100% de la libreta militar y la exención del pago en la matrícula mercantil y su renovación.

De acuerdo con el congresista, el Presupuesto General de la Nación 2022 será muy importante para la reactivación económica ya que del monto total aprobado (350,3 billones de pesos) se busca una mayor inversión social que beneficie a los colombianos y genere mayores oportunidades de empleo y bienestar. En el caso de las regiones, se verán favorecidas con iniciativas como la ampliación de la cobertura del plan piloto de subsidios al GLP (Gas Licuado de Petróleo), lo que beneficiará a comunidades indígenas y usuarios de estratos 1 y 2 para que puedan sustituir la leña en el momento de cocinar, al igual que un auxilio de energía para distritos de riego. “La mayoría de parlamentarios somos de regiones campesinas y sabemos cuáles son los problemas que pasan los campesinos que no pueden regar sus cultivos por falta de recursos”, sostuvo Aguilera, quien resaltó el impulso que se dará a la vivienda rural en el Presupuesto General de la Nación.