Cinco detenidos en la “causa de los magistrados” acusados de complicidad con la dictadura
Una sacrílega semana de justicia por Alexis Oliva
La camioneta del Servicio Penitenciario parte rumbo a la cárcel de Bouwer trasladando al ex juez Carlos Otero Alvarez.
En seis días de zozobra para la “sagrada familia”, los cinco ex jueces y funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba, acusados de complicidad con la dictadura, fueron detenidos por orden del juez Daniel Herrera Piedrabuena. Los ex magistrados Miguel Ángel Puga y Carlos Otero Álvarez -uno de los que dictó la primera condena a Menéndez- están en la cárcel de Bouwer, mientras que al ex fiscal Antonio Cornejo y los ex defensores oficiales Luis Molina y Ricardo Haro se les concedió la prisión domiciliaria por razones de salud. El intrincado y extenso derrotero de una causa que desnuda uno de los pilares institucionales de la dictadura “cívico-militar” y desafía con la ley en la mano los pactos de impunidad al interior de la corporación judicial.
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Lunes 24 de agosto de 2012, 15.55 horas, Tribunales Federales de Córdoba. Cuando el ex juez Miguel Ángel Puga bajó de su Citroën de alta gama no consideraba ni remotamente posible lo que le ocurriría media hora más tarde, al finalizar su indagatoria: -¿Y ahora… a dónde voy yo? –preguntó perplejo quien fuera el titular del Juzgado Federal N° 2 durante la dictadura militar. -De acá a la Alcaidía y de ahí al Servicio Penitenciario –le respondió el juez Daniel Herrera Piedrabuena, subrogante del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, antes de ordenar a un policía que tampoco terminaba de asumir la situación: -Póngale las esposas. Ya prevenidos, los familiares del siguiente imputado aparecieron el martes con una importante valija. Pero el ex fiscal Antonio Cornejo tuvo más suerte, porque al menos logró que se le concediera la prisión domiciliaria por razones de salud. “Algún día, si salgo libre, hablaré”, anunció. Fueron las primeras y sorprendentes escenas que dejó la semana más adversa en la historia de la corporación judicial cordobesa, en este caso, en lo que respecta a su complicidad con el terrorismo de Estado, investigada en la causa “Cornejo, Antonio Sebastián y otros por supuesta infracción a los artículos 248, 274 y 277 del Código Penal”, más conocida como “de los magistrados”. Los artículos aluden al funcionario público que dicte “órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales (…) o que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”; o dejara “de promover la persecución y represión de los delincuentes”; o “no denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al
