Revista Ecociencias Edición 14

Revi sta

ECOCIENCIAS

MARZO | ABRIL 2021

ESPECIAL NUEVA CONSTITUCIÓN

Nº 14

Revista

ECOCIENCIAS

MARZO/ABRIL 2021

ÍNDICE 04 10

La importancia de los derechos humanos en la nueva constitución Por Marcelo Gutiérrez Lecaros

nueva constitución: lo que realmente debemos construir Por Rodrigo Hernández Fernández

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la ciencia y una nueva constitución para chile Por Hanuxa Celedón González

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una constitución ecológica para chile Por Pablo Donoso Christie

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educación y una nueva constitución

Por Ximena Valenzuela Ramírez

DERECHO A LA SALUD EN LA ERA POST COVID-19: REFLEXIONES URGENTES Por Cristina Valenzuela Contreras y Pablo Méndez Bustos

Dirección Editorial Carolina Pérez Muñoz Dirección de Arte Matías Larenas Baeza Colaboradora Rafaela Polanco Contacto contacto@revistaecociencias.cl Ilustración Portada Alonso Letelier

Mesa Regional de Ciencias

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EDITORIAL

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La crisis social impulsada por el descontento de la mayoría de las y los ciudadanos del país, respecto de la calidad de vida, acceso a oportunidades y derechos sociales básicos que el Estado ha de garantizar a sus habitantes, y que se ha visto agudizada por la crisis sanitaria, en el sentido de que ha dejado en evidencia el abandono al cual queda un porcentaje no menor de la ciudadanía en plena pandemia, movilizando inquisitivamente a la clase política y a las esferas del poder económico, no tan sólo del país, sino que de toda la región y parte del mundo. Parece esperanzador depositar en la redacción de una nueva Constitución, el camino que debería guiar nuestro futuro, integrando en ella, las bases del bienestar social y ambiental.

Esta medida ha sido motivo de polémica y descontento en algunos sectores, pero en la actual situación de crisis sanitaria, es complejo tomar decisiones acertadas encima del proceso de elecciones, sin haber desde un inicio planeado una contención asertiva de la pandemia, tema que da para otro análisis.

Esperando que los próximos meses signifique el inicio de la prosperidad socioambiental de Chile, entendiendo que es imposible llegar a un bienestar sin implicarnos con el hábitat en el que estamos insertos, y cómo extraemos beneficios de este para la subsistencia de nuestra especie y de las otras.

Aún así, hay resquemores respecto de este proceso, del cual recientemente el Ejecutivo determinó postergar las elecciones a constituyentes hasta mayo, debido al alza de casos de covid-19 registrados en todo el territorio nacional.

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LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN Marcelo Gutiérrez Lecaros Lic. En Psicología, Diplomado en Ecología Social y Ecología Política Trabajador comunitario y Fundador de ONG Surmaule

Sin duda, la agenda política en Chile estará teñida en los próximos años por el proceso constituyente. Desde distintos sectores de interés temático, como la ecología, el feminismo, la educación, el trabajo, los pueblos originarios o la migración, entre muchos otros, se diseñan estrategias para inscribir sus ideas y reivindicaciones en la nueva Constitución. De la misma forma, surgen también las propuestas desde quienes han trabajado incansablemente por la defensa de los Derechos Humanos.

Si bien estos esfuerzos son legítimos y necesarios, se debe tener cuidado de no actuar desde las mismas racionalidades atomizadoras y sectorizadas que han venido frenando la anhelada transformación social.

La lucha popular que permitió abrir el camino constituyente, nos ha invitado a pensar desde nuevas narrativas, a quebrar los paradigmas dominantes y a ser congruentes con este desafío. Es así como tenemos la gran oportunidad de dejar atrás una perspectiva de Derechos Humanos parcializada y encapsulada, promovida principalmente por los sectores conservadores y los defensores de la dictadura (muy conveniente para los privilegiados del modelo neoliberal), para avanzar en una perspectiva integral que considere que todas las luchas sociales son, en definitiva, reivindicaciones de derechos.

Bajo este enfoque, será posible construir una Constitución basada y sostenida por el resguardo y la promoción de los Derechos Humanos.

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Cuidados y alcances del proceso constituyente Ciertamente, pensar en una nueva Constitución política para Chile ilusiona y genera altas expectativas, sobre todo ante la posibilidad de que en ella se puedan plasmar las intenciones y sueños de diversos sectores del mundo social y terminar de una vez por todas con el legado de la dictadura cívico-militar. Y es comprensible, dada la carga simbólica, política y jurídica que conlleva la actual Carta fundamental, que instaló y proyectó las bases de un Estado opresor e intolerante a todo lo que se escapara de la racionalidad neoliberal o que pusiera en cuestión la tutela desmedida de las fuerzas armadas y de orden, en detrimento de la soberanía popular.

Tras el triunfo del NO el año 1988, el régimen comandado por Pinochet se vio obligado a abrir la posibilidad de elecciones democráticas, generando también en ese entonces ilusiones y expectativas de un nuevo Chile. Obnubilado por estas nuevas posibilidades, el pueblo chileno aceptó la llamada transición democrática, sin dimensionar los “amarres” y negociaciones que permitían que el país siguiera siendo gobernado de facto por los grandes capitales, las instituciones armadas y las elites políticas.

Los civiles cómplices de la dictadura aportaron dos de los grandes pilares que dieron trascendencia a la “obra” del régimen; el anquilosamiento de una cultura exitista y aspiracional como motor del modelo económico y los “amarres” políticos y jurídicos de la Constitución del 80.

Pilares que han sido sostenidos y patrocinados hasta ahora por los mismos poderes de facto, quienes gozan de los privilegios del modelo.

pone en juego con esta nueva Constitución? ¿Tendrá esta nueva Constitución la potencia para desestabilizar los pilares del modelo? ¿Será conveniente poner todas las esperanzas de transformación social en el proceso constituyente?

Lamentablemente, nuestra historia nos demuestra que lo que parece ser democrático, puede ser sólo cosmética. Que hay que tener cautela con la ilusión de triunfo ciudadano, ya que después de cuarenta y siete años de opresión e indignidad, podemos decir que sólo sabemos de logros morales o testimoniales, pues no le hemos tocado aún un ápice a los poderes fácticos. Que la lucha social debe mantenerse activa para que en esta ocasión no terminemos “jugando como nunca y perdiendo como siempre”.

“La actual constitución disocia el derecho internacional del derecho interno, diferenciando los Derechos Humanos de los Derechos constitucionales o fundamentales. Una nueva perspectiva debería considerar los Derechos Humanos como indivisibles e interdependientes”

Cabe preguntarse entonces ¿Qué realmente se

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No hay que olvidar que el proceso constituyente en el que estamos proviene de un acuerdo entre la clase política y que fue avalado también por cómplices de la dictadura.

Es necesario tener en cuenta que, si bien la ciudadanía votante logró la apertura para independientes, la estrecha agenda impuesta por la misma clase política obligó a la sociedad civil a valerse de sus vanguardias y no necesariamente de sus bases sociales, así como a levantar candidaturas posibles antes que liderazgos que pudieran emerger de la construcción de articulaciones territoriales y programas. En definitiva, a jugar bajo las reglas de la política tradicional.

Esto último es de especial cuidado, ya que llevamos décadas aprendiendo de capitalismo político y sería nefasto que en el mundo socio popular se consolidara esta cultura.

En este escenario democrático imperfecto, si bien se jugarán asuntos fundamentales en la convención constitucional, sería un despropósito con lo ya avanzado sólo remitirse a votar y depositar toda la responsabilidad del cambio social en las y los constituyentes.

Para ser consecuentes con la transformación cultural que se requiere, será necesario seguir consolidando las articulaciones territoriales surgidas en el último tiempo, así como continuar con los procesos de empoderamiento comunitario y educación popular. Será necesario levantar agendas y programas ciudadanos para participar en la gobernanza de los territorios y ejercer contraloría ciudadana con quienes nos representarán en la elaboración de la nueva constitución. A esto, seguramente se sumarán nuevas luchas reivindicatorias y la permanente defensa de comunidades y territorios frente a los intereses del capitalismo y el extractivismo.

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Algunas claves para la discusión sobre DDHH en el proceso constituyente Impulsar una Constitución basada en derechos no será fácil. Y la discusión que se dé en ese sentido será crucial para la definición del tipo de Estado que tendremos a futuro. Se abre la posibilidad de pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derechos, lo que augura una resistencia acérrima por parte de los defensores del actual modelo.

Para ganar posición en la idea de pensar una Constitución en que los Derechos Humanos estén resguardados y promovidos de manera transversal y no relegados sólo a un apartado del documento, será necesario tener en cuenta algunos puntos críticos que tienden a aparecer en las discusiones sobre este tema: • La actual constitución disocia el derecho internacional del derecho interno, diferenciando los Derechos Humanos de los Derechos constitucionales o fundamentales.

Una nueva perspectiva debería considerar los Derechos Humanos como indivisibles e interdependientes, lo que implicaría que más allá de respetar los compromisos internacionales asumidos hasta ahora, se deberían considerar los derechos universales como piso básico para la redacción de los principios constitucionales en todas las materias abordadas.

• Vinculado a lo anterior, la actual constitución instala derechos constitucionales que protegen el actual modelo económico por sobre derechos humanos básicos. Es así como el derecho a la propiedad privada se protege por sobre el derecho humano al agua o el derecho a la libertad de enseñanza termina siendo más importante que el derecho a la educación. Aquí se pone en juego el bien común y el acceso universal a derechos básicos versus los intereses de grupos particulares.

•

El argumento del empate ha sido y será recurrente. Por ejemplo, poniendo al agente de orden público al mismo nivel del manifestante, obviando las evidentes asimetrías de poder. En este sentido, la derecha se desmarca de su responsabilidad histórica hablando de agentes intermedios de izquierda que, en nombre de sus causas, violan DDHH. Esto, paradójicamente para quienes sostienen esta idea, debería incluir a los grandes capitales, también agentes intermedios que en nombre del crecimiento económico y el progreso violan derechos de personas, comunidades y ecosistemas completos. Aquí, la clave es el Poder; los actores que se encuentran en posición de superioridad respecto a otros son más proclives a ser violadores de derechos. De esta forma, El Estado, por su posición y su rol inherente de protector y garante, ha sido en nuestra historia reciente el mayor perpetrador de violaciones a los DDHH, por acción y por omisión.

• Otro argumento muy usado es el que establece que los derechos deben ir acompañados de deberes. Este supuesto desconoce la incondicionalidad de los DDHH y sostiene una perspectiva negacionista y relativista de los derechos. Es una regresión en la discusión sobre el tema, por lo tanto, un argumento absolutamente anacrónico.

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Justicia, reparación y garantías de no repetición para avanzar Ya van décadas avanzando cuesta arriba en la búsqueda de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición respecto a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Chile durante la dictadura cívico-militar. Un proceso doloroso en el que se han develado los horrores de la persecución política y las cicatrices de una sociedad profundamente dañada. No obstante, las acciones desde el Estado en esta materia han sido percibidas como insuficientes y pareciera ser que estos esfuerzos han sido sostenidos e impulsados mayoritariamente por la sociedad civil, a través de la conmemoración, el activismo político, la expresión artística y la denuncia.

Décadas invocando y construyendo el “nunca más”, para que, en algunos meses, tras las revueltas populares de octubre del 2019, nos confrontáramos con una terrible realidad: en nuestro país, no sólo existen deudas en la búsqueda de verdad, justicia, memoria y reparación, si no que estamos muy lejos de tener garantías de no repetición.

Más de 5.500 denuncias de violaciones a los Derechos Humanos ante la Fiscalía Nacional, 1.100 por tortura (Fiscalía Nacional, 2020), 26 personas fallecidas (Comisión Interamericana de DDHH, 2020), cerca de 345 personas con traumas oculares (Sociedad Chilena de Oftalmología, 2020), dan cuenta de una historia que lamentablemente se repite.

preventiva y un condenado, versus 27.432 manifestantes detenidos, 5.084 formalizados, 648 de estos en prisión preventiva y 725 ya condenados. Eso es, evidentemente, un actuar discriminatorio por resultado” (CIPER, 2020).

El por qué se repite la historia puede deberse a múltiples factores. Nos podemos preguntar, por ejemplo, si el actuar de los agentes de orden público hubiese sido el mismo bajo otros Gobiernos. Sin embargo, si revisamos los distintos “estallidos sociales” ocurridos tras la recuperación de la democracia, podemos observar un patrón de comportamiento altamente represivo y coercitivo por parte del Estado, que ha trascendido y que ha dado continuidad al rol opresor heredado por la dictadura. Se observa una actitud sensible y reactiva ante las posibles amenazas a la seguridad nacional, propia de un régimen militar. Espíritu que predomina y en la constitución del 80 y por lo tanto en las leyes que hoy nos rigen.

De acuerdo a lo anterior, un asunto fundamental a discutir durante el proceso constituyente es el rol del Estado en su relación con la sociedad civil.

Discusión en la que se debe tomar en cuenta la expectativa planteada por los movimientos sociales, de que el Estado sea ante todo un garante de los derechos del pueblo, en reemplazo de lo que ha venido siendo; un protector de los poderes fácticos y un ente castigador de la manifestación y la desobediencia civil.

A pesar de la gran cantidad de denuncias, existe una cultura de impunidad que ha protegido a las instituciones represoras del Estado, que se evidencia en las diferencias que existen en el tratamiento judicial de los casos; “75 agentes estatales formalizados, 25 inculpados en prisión

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Las posibilidades que se abren para la instalación de nuevos paradigmas, nos tientan a dar saltos cualitativos y a plantear perspectivas que pongan en cuestión el antropocentrismo que hay a la base de la filosofía de los DDHH. Por ejemplo, haciendo extensibles los derechos no sólo a las personas, sino a todos los seres vivientes y a los ecosistemas. No obstante, si bien estas propuestas son necesarias para abordar la crisis civilizatoria, la sustentabilidad de los territorios o los límites de los avances tecnológicos, no deben pasar por alto las deudas pendientes respecto a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Dictadura y en el contexto de las revueltas populares del último tiempo.

Es así, como las discusiones constitucionales sobre los Derechos de la naturaleza o el Buen Vivir, para ser congruentes, deben ir de la mano de acciones reparatorias a las víctimas de violaciones a los DDHH y sus familias, la excarcelación de quienes han sido detenidos en el contexto de una situación excepcional de convulsión social, la refundación de las instituciones de orden y seguridad pública y el establecimiento de un pacto social que establezca verdaderas garantías de no repetición.

“Las posibilidades que se abren para la instalación de nuevos paradigmas en el tratamiento de los derechos, tientan a los sectores más vanguardistas a dar saltos cualitativos y a plantear perspectivas post humanistas que pongan en cuestión el antropocentrismo, haciendo extensibles los derechos a todos los seres vivientes y a los ecosistemas”

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NUEVA CONSTITUCIÓN: lo que realmente debemos constituir La afirmación de vivir en tiempos de crisis parece ser expresión de una realidad cada vez más punzante; un diagnóstico que en este período se vuelve repetitivo. Después del Octubre chileno de 2019, todo el mundo quiere hacer una exposición de las causas del “problema”. Lo vivimos todos quienes hemos estado cerca de las manifestaciones y de los espacios de discusión política que proliferaron sobre todo en ese momento. Es que es tentador acuñar el término de “crisis” a nuestra época, como si fuese un momento particular, especial, no visto, no vivido por la historia.

Por Rodrigo Hernández Fernández Abogado y Director Regional, Urbanismo Social

Es cierto que estamos en un momento de crisis.

Pero no es asimilable a las profecías que anunciaban que “ahora sí” que se acaba todo. Las crisis son momentos clave en el crecimiento de las sociedades. Crisis tenemos por montones a lo largo de la historia; lo problemático es que la humanidad puede morir y nacer muchas veces.

El momento crítico es precisamente el espacio entre ambos procesos. De ahí la frase de Gramsci

“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos”.

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¿Será que aún no ha muerto lo que debe morir y no ha nacido aún lo que debe nacer? Lo problemático, dije más arriba, es que podemos nacer y morir muchas veces. Pero lo especialmente complejo no es, en mi opinión, morir; sino más bien lo que demoramos en que lo que caiga termine de hacerlo para levantar lo que necesitamos que emerja.

Nadie inicia un debate sobre nueva Constitución porque estimó que era tiempo de manera pacífica y entregada: los cambios constitucionales son en esencia, expresión de una respuesta política a la incapacidad del sistema de resolver los problemas de la ciudadanía. Y a pesar de eso, parece que hubiese algunxs a quienes no les han avisado aún lo que tenemos en juego, insistiendo en campañas de desinformación, de terror, o de superficialidad realmente pavorosas.

El no tomarse con seriedad el debate constituyente implica un poco desconocer que vivimos en el claroscuro que mencionaba Gramsci, exponiendo por tanto las altas esperanzas de la ciudadanía a un desastre radical: cambiamos la Constitución porque es urgente; no porque es “cool” ni porque sea una oportunidad modo trampolín de algunxs para candidatearse cual elección ordinaria de parlamentarios. Por eso, en honor a lo mismo debo advertir, en esta parte del texto, lo más apocalíptico que me leerá por acá: las expectativas de muchxs serán frustradas.

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Y es que cuando hablamos de una Nueva Constitución todxs deseamos que cambie todo, desde lo obvio: no tenemos Derechos Sociales acordes a una sociedad moderna de occidente.

Deberíamos tener un puntapié inicial de una nueva política. Pero acá van dos problemas esenciales: el primero, es que más que pensar en cuántos Derechos Fundamentales queremos en el catálogo, es cuántos podemos asegurar desde acá y para siempre. Podríamos poner un Derecho Fundamental Constitucional de la protección a la infancia; pero si el Estado no asume un deber estructural y ejecutivo, sólo tendremos más recursos judiciales exigiendo lo prometido sin capacidad de respuesta práctica desde lo institucional. Y acá por tanto, la clave: la forma de “operativizar” Derechos Fundamentales será más relevante en la batalla constitucional, que el “qué tan bien” nos quedan redactados los derechos. Y el segundo, en código político: somos un país con ausencia prácticamente absoluta de participación política ciudadana, sin instituciones de organizaciones de base robustas y con capacidad de incidencia ni paridad en la formación directiva de los Órganos Ejecutivos del país. Pero en honor a ese mismo preciso escenario en que vivimos, difícil sería imaginar que cumplimos las expectativas de una sociedad de elfos tolkienianos que ponen por delante lo que realmente necesita el pueblo en términos totales. Posiblemente no tendremos tampoco una política absolutamente nueva después de aprobar (si es que llegamos a aprobar) el texto que la Convención Constitucional ponga a disposición de la ciudadanía en el plebiscito de salida. Clave es también entenderlo, y ser capaz de “perder muchas veces”: somos 17 millones de personas y definitivamente la Carta Fundamental no quedará exactamente como esta misma cantidad de personas la quiere.

“¿Será que aún no ha muerto lo que debe morir y no ha nacido aún lo que debe nacer? Lo problemático, es que podemos nacer y morir muchas veces, pero lo especialmente complejo no es, en mi opinión, morir; sino más bien lo que demoramos en que lo que caiga termine de hacerlo para levantar lo que necesitamos que emerja” Lo cierto es que tenemos una Constitución llena de cerrojos, que ha permitido que los recursos naturales de Chile hayan sido apropiado y explotado por unos pocos; donde se ha consolidado una mirada neoliberal de derechos donde el estado es un mero oferente y nosotros clientes que podemos elegir si y sólo si tenemos dinero. Donde nuestra institucionalidad no castiga a quienes son promotores de fascismos de corte autoritario sino al revés: favorece su permanencia como actores relevantes, alojando en los puestos estratégicos del timón de este barco a pinochetistas hasta la médula. Lo que necesitamos del proceso constituyente no es más ni menos que una oportunidad; una entrada al castillo donde se alojan los símbolos de invierno, para poder cambiar ese sistema de poder con opresores y oprimidos constante y normalizado. Necesitamos una oportunidad como la de Luke Skywalker sobrevolando la Estrella de la Muerte y acertando en el único punto preciso donde estaba su debilidad.

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Es un error creer que nuestra esperanza es el proceso constituyente en si mismo; la esperanza estará dada por la oportunidad que aprovecharán (si es que lo hacen) las y los constituyentes que hayamos elegido después de abril, para entrar a esta fortaleza dictatorial donde sigue alojado el fantasma del General Pinochet. Por eso, no podemos obviar la magnitud del momento histórico al que nos enfrentamos: y quienes sigan creyendo que esta coyuntura se entra con las mismas prácticas que las de quienes postulan a un cargo cualquiera en Chile, creyendo que esto también va de promesas al vacío y mezquindades políticas secuestrando la opinión pública para ganar un par de puntos más en el sondeo de la semana, está equivocadx. Estamos eligiendo redactorxs de la historia en los próximas décadas. Esta elección es la más importante que hemos tenido quizás en toda nuestra historia institucional. No ganaremos esta partida sólo diciendo que somos los más inteligentes, sin ayuda del colectivo, sin hacer parte al pueblo de su propio agenciamiento político, sin pretender establecer un mecanismo efectivo de participación para cuando cada quien sea electx. Es que acá no podemos entrar bajo, sino con altura.

Esta historia está sumamente oscura, porque tiene de fondo una dictadura asesina que persiguió y exterminó de manera vil a quien se le opuso; se consolidó en una norma fundamental llamada Constitución; se perpetuó con agentes que la validaron hasta después de caído el dictador; y al menos en espíritu, persiste a través de las bases de un Estado que no entiende su propia realidad con personas que sigen naufrangando en las fauces del sistema que jamás pondrá la dignidad a centro. No enfrentemos ese escenario con la liviandad de un concurso de popularidades. No olvidemos que de esta batalla depende nuestro destino.

Que esta oscuridad sigue pareciendo interminable e intocable. Por eso, nunca entremos dóciles a la noche interminable. No si queremos algún día constituir la luz.

“Lo cierto es que tenemos una Constitución llena de cerrojos, que ha permitido que los recursos naturales de Chile hayan sido apropiados y explotados por unos pocos; donde se ha consolidado una mirada neoliberal de derechos donde el estado es un mero oferente y nosotros clientes que podemos elegir si y sólo si tenemos dinero”

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LA CIENCIA Y UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE Hanuxa Celedón González Bióloga, Magister en ciencias con mención en Microbiología Universidad Austral de Chile.

En los últimos años, Chile ha experimentado cambios importantes a nivel social. Debido a las continuas movilizaciones durante el llamado “Estallido social” el 18 de octubre de 2019, la población se organizó y exigió la elaboración de reformas reales que resolvieran la fuerte desigualdad social que viven millones de chilenos. Debido a la fuerte presión social, históricamente el gobierno aprobó mediante una votación, gestionar una nueva constitución para el país.

En cuanto a redactar una nueva constitución, existen varios puntos relevantes que deben ser tratados, siendo uno de los más importantes el relacionado a la ciencia. ¿Por qué? La razón es

simple: la ciencia y tecnología no solo acompaña al ser humano a lo largo de toda su vida, sino que también está presente en su cotidianidad. Experimentamos el método científico desde las etapas más tiernas de nuestro desarrollo: tocamos, olemos, probamos en el afán de contestar alguna pregunta y con ello llegamos a una conclusión que nos permitirá comprender el mundo que nos rodea. Ya como adultos, la utilizamos en todos los aspectos de nuestra vida. Se vuelve un atributo invisible, acostumbrados a la presencia de ella en todo lo que utilizamos y hacemos. Es tal la magnitud de participación que tiene en nuestro desarrollo humano que no somos capaces de apreciarlo conscientemente.

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Debido a la importancia que tiene, es que el desarrollo científico debiese ser prioridad en todo país que busque la estabilización de su economía y bienestar social. Sin embargo, pese a las recomendaciones internacionales, Chile es uno de los países OCDE con menor inversión en esta área con un 0,38% del PIB, muy por debajo del promedio correspondiente al 2,4% de la lista de países incluidos en la OCDE. Uno de los grandes problemas respecto a este punto, es que el monto destinado a la inversión de fondos estatales a ciencia está vinculado al gobierno de turno. Por otra parte, la búsqueda de un beneficio inmediato no permite que exista un flujo continuo y homogéneo del desarrollo, ya que, con cada gobierno electo, las prioridades van fluctuando. Es por esta razón, que, al no haber una continuidad de la dinámica, es que se va perdiendo rápidamente el foco y se debe comenzar de cero. Para poder desarrollar un modelo y estructura que permita llevar a cabo estabilidad, es necesario tomar el ejemplo de países como Corea del Sur: a partir de 1960 pusieron en marcha solidos planes de desarrollo a mediano y largo plazo que involucraban inversión tanto de organismos estatales como de privados, en materias como educación, ciencia y tecnología, lo que permitió que pasaran de ser un país empobrecido debido a los estragos producidos por la guerra, a ser en la actualidad, una de las principales economías mundiales.

Por lo tanto, la situación en nuestro país es ciertamente frustrante debido a que internacionalmente, somos considerados un país con alta calidad de científicos y profesionales. Chile tiene una población científica muy activa y que lleva adelante investigaciones de alto nivel, relevantes en campos interdisciplinarios, que finalmente se convierten en contribuciones importantes a nivel mundial. Sin embargo, no solo cada año es más difícil obtener financiamiento del estado para llevar a cabo las investigaciones, sino que además se disminuyen constantemente los fondos dedicados a investigación científica. En términos simples: los científicos le sacan el máximo provecho a lo poco que se les otorga de financiamiento.

Finalmente, ocurre lo esperado: fuga de conocimiento. Científicos prometedores, frustrados por el poco apoyo, deciden migrar a otros países (algo muy similar a lo que ocurre en diciplinas deportivas o artísticas).

“La ciencia y tecnología no sólo acompaña al ser humano a lo largo de toda su vida, sino que también está presente en su cotidianidad. Experimentamos el método científico desde las etapas más tiernas de nuestro desarrollo: tocamos, olemos, probamos en el afán de contestar alguna pregunta y con ello llegamos a una conclusión que nos permitirá comprender el mundo que nos rodea”

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Otro punto para considerar es el territorio en el cual nos encontramos: Chile cuenta con una extraordinaria biodiversidad. Catalogados como una isla biogeográfica, tenemos la fortuna de poseer zonas climáticas marcadas (zona norte, centro y sur), cada que se comporta como un nicho idóneo para diferentes especies y ecosistemas: plantas, hongos, animales, microorganismos, todos ellos forman parte de un patrimonio natural que tenemos la obligación de proteger, no solo por el hecho mismo de preservar los organismos que se encuentran en peligro de extinción, sino porque también son extremadamente importantes para nuestra propia subsistencia. Su valor engloba no solo la industria económica o alimenticia, sino que además está estrechamente relacionada al área de la salud. Uno de los ejemplos más claros sobre el rol de la ciencia, obtención de conocimiento y estudio de organismos se ha puesto en evidencia durante la actual crisis sanitaria causada por el virus COVID-19.

De forma histórica, los gobiernos de todos los países se han movilizado para inyectar una gran cantidad de fondos a investigación científica, con el fin eliminar la amenaza que significa este virus a la población. El resultado de esto ha sido un aporte increíble al conocimiento de diferentes áreas interdisciplinarias: epidemiologia, microbiología, biotecnología, inmunología, entre otras. Sin embargo, uno de los grandes avances científicos ocurre en el área de la inmunización: obtener diferentes vacunas listas para ser usadas en ensayos humanos en aproximadamente un año, es algo que no se había visto antes, considerando que, por ejemplo, la producción de una vacuna tarda aproximadamente de 5 a 10 años de investigación y ensayos.

Sin embargo, para poder llegar a elaborar una vacuna que otorgue cierto nivel de inmunidad, fue necesario que los científicos conocieran en primer lugar, las características del virus: se tuvo que estudiar desde la morfología del agente patógeno y su mecanismo de transmisión, hasta cuales eran los hospederos susceptibles y los medios donde estos habitaban.

Por lo tanto, no solo hemos añadido información respecto al funcionamiento de microrganismos complejos como son los virus, si no que además hemos avanzado en términos de eficiencia en la obtención, procesamiento de muestras, diagnósticos, tratamientos y protocolos sanitarios. Con este impulso científico que significó la pandemia, obtuvimos un avance en el desarrollo biotecnológico y de conocimiento a gran escala.

Ahora, en esta situación ¿Qué hubiera ocurrido si los gobiernos y privados no hubieran invertido fondos en para investigar el virus COVID-19? ¿Qué hubiera pasado si no se conocieran los protocolos epidemiológicos? O ¿Qué hubiera pasado con la humanidad, si no existiera conocimiento de como generar inmunidad en un individuo? Esto último plantea la siguiente problemática: para poder entender la biología de un organismo, es necesario primero entender el ambiente donde se encuentra y las interacciones biológicas que mantiene con otras especies. Y esto a su vez, nos lleva a replantearnos sobre la importancia de la preservación de los ecosistemas y el rol social que tenemos como individuos.

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El problema actual es que no existe un vínculo real entre la sociedad y el medio ambiente, debido principalmente al desconocimiento, la ignorancia y la apatía.

En este sentido, es importante mencionar la naturaleza extractivista de nuestra economía, la cual se basa en la obtención de recursos naturales como materia prima bruta que será exportada hacia otros países. La finalidad de mencionarlo es debido a que existe una obtención indiscriminada -en gran parte de los casos- de los recursos naturales de algunos lugares, ignorando no solo el equilibrio ecosistémico, sino que también pasando por encima de los problemas sanitarios que estos podrían causar a la población residente. Es aquí donde hablamos de las llamadas zonas de sacrificio: lugares de los cuales se explotan los recursos naturales existentes, erosionando de tal manera el ambiente que es prácticamente imposible volver a restaurarlo. Por lo tanto, no solo se pierden los recursos, sino que también se pierden nichos, flora y fauna invaluable de la zona, de la cual en su mayoría aun no existen estudios.

“Chile es uno de los países OCDE con menor inversión en ciencia, con un 0,38% del PIB, muy por debajo del promedio correspondiente al 2,4% de la lista de países incluidos en la OCDE” Pero ¿Qué se puede hacer al respecto? En primer lugar, la estrategia debe cambiar de tal manera que se proteja tanto al medio ambiente como a los habitantes: es decir, en la nueva constitución debiese existir un apartado que contemple un modelo económico que incluya la participación de la sociedad, principalmente porque ambos están estrechamente vinculados.

Teniendo en cuenta estas aptitudes y el panorama otorgado por la historia de otros países que han tenido éxito, no es de extrañar que el financiamiento en el área científica debiese ser un punto sumamente relevante en cuanto a redactar una nueva constitución, que proteja la obtención de conocimiento en todas las aristas de la ciencia, ya que al hacerlo se traducirá en mejoras reales y tangibles para la propia sociedad chilena.

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UNA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA PARA CHILE Pablo Donoso Christie Abogado – Magister en Derecho Ambiental – Diplomado en Salud y Derechos Humanos.

Estamos ad portas de comenzar a escribir una Nueva Constitución, la norma fundamental y de mayor jerarquía, con sujeción a la cual, se deberá empezar a producir la legislación hacia el futuro. Una oportunidad histórica para decidir desde la soberanía popular el país que queremos, en un texto que represente ampliamente a todos los territorios, culturas y visiones. Es el inicio de un nuevo tiempo, con una Carta Magna que se adapte a la ubicua realidad social, ambiental y climática que vivimos, promoviendo cambios fundamentales a un modelo de desarrollo ya obsoleto, que pase de lo lineal a lo circular, de lo extractivista a lo sustentable, de lo antropocéntrico a lo ecocéntrico. Es la primera vez en la historia de Chile, que la Constitución será escrita por un órgano integrado por representantes elegidos democráticamente. La Convención Constitucional estará compuesta por 155 personas o escaños, 17 de ellos corresponden a los pueblos originarios reconocidos por el Estado y será la primera Constitución en el mundo escrita con paridad de género, mitad hombres, mitad mujeres.

“Una constitución ecológica, regula armónicamente la relación entre las sociedades, y estas con la naturaleza y la biodiversidad, reconociendo que la vida humana depende indisoluble y vitalmente de su conservación”

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Son muchos los temas a abordar; descentralización, presidencialismo, plurinacionalidad, interculturalidad, equidad, democracia, propiedad privada, principios rectores, territorio o derechos humanos, entre tantos otros. Cualquiera sea la materia, la ecología debe estar al centro de las decisiones y ser a la vez una forma de pensar, debe ser el espíritu de la técnica legislativa. Los engranajes del texto constitucional deben tener al medio ambiente y la sustentabilidad como su fuerza motora.

Una Constitución Ecológica, regula armónicamente la relación entre las sociedades, y estas con la naturaleza y la biodiversidad, reconociendo que la vida humana depende indisoluble y vitalmente de su conservación. Aboga por un orden jurídico y económico que permita a las generaciones actuales y futuras, disfrutar de igual forma, con una mirada de justicia, del patrimonio natural y cultural existente hoy, propendiendo además a su restauración y a la educación ambiental desde la edad temprana como un eje central.

Primero, una carta magna de estas características, debe descentralizar el Estado, reconociendo su plurinacionalidad e interculturalidad, instando a una distribución del poder político y los recursos económicos, impulsando el desarrollo sustentable homogéneo y equitativo de cada territorio de acuerdo a sus propias ventajas comparativas, diversidades, patrimonio y formas de vida. Se debe transitar a un sistema parlamentario, ya que son los congresistas quienes representan a las regiones, y esto debe primar en la toma de decisiones públicas, hoy en día mermado por un presidencialismo que concentra demasiado poder en una sola figura política centralizada, dotada de iniciativa exclusiva de ley en materias clave.

Segundo, la Constitución Ecológica se sustenta en una estructura mínima de principios y normas que den paso a un estado de Derecho Ambiental, consagrando la Justicia Intergeneracional, la Acción Climática, la No Regresión, y los principios Regenerativo, Preventivo y Precautorio. Debe construir una Democracia Ambiental que fortalezca una participación ciudadana efectiva, el acceso a la información y a la justicia ambiental, con una institucionalidad sectorial sólida, sumado a la declaración de la naturaleza como sujeto de derechos. Esto último, debe ir acompañado de mecanismos de tutela efectiva para su protección, contribuyendo además a corregir la desigualdad que padecen las comunidades, frente al Estado y la industria extractivista, en la defensa del buen vivir en sus territorios.

“La Constitución Ecológica se sustenta en una estructura mínima de principios y normas que den paso a un estado de Derecho Ambiental, consagrando la Justicia Intergeneracional, la Acción Climática, la No Regresión, y los principios Regenerativo, Preventivo y Precautorio”

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Tercero, se debe reconfigurar el sistema de Derechos Humanos y el régimen de propiedad sobre la naturaleza. En la actual Constitución, el uso y aprovechamiento de los bienes naturales comunes – agua, minerales, bosques, material genético, etcétera- es entregado en dominio a los particulares, por lo que el Estado pierde su capacidad de regular y definir su gestión - esto se ve fortalecido por el carácter nuclear del derecho de propiedad y la libertad económica como derechos sacralizados-. Por tanto, se debe trasladar su gobernanza a lo público, con enfoque en el beneficio comunitario, enfatizando la función social y ecológica de la propiedad. A esto se debe sumar el establecimiento del derecho Humano al Agua, en términos de su accesibilidad, disponibilidad y calidad, el derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado y los derechos sociales, al centro del sistema.

La Nueva Constitución es un llamado a participar de lo público y lo que influye directamente en nuestras vidas, una invitación a pensar nuestra relación indisoluble y de dependencia con la naturaleza, a tener en cuenta que en la medida que el planeta esté sano, lo estaremos nosotros como sociedad, como civilización.

Pablo Donoso Christie Abogado – Magister en Derecho Ambiental – Diplomado en Salud y Derechos Humanos.

Presidente de ONG VIDA. Asesor jurídico de movimientos socio ambientales y en Derecho Indígena.

Activista en la lucha contra el VIH y la discriminación.

Asesor técnico de Minga Indígena para la COP 25/26 y Cumbre Social por el Clima.

Miembro de la Red de Constitucionalismo Ecológico, Red Plurinacional de Humedales, Red Ambiental del Litoral Central y Somos Cuenca.

Candidato a Constituyente Distrito 7, región de Valparaíso.

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EDUCACIÓN Y UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Por Ximena Valenzuela Ramírez Profesor De Estado En Historia Y Geografía Magister en Política y Gestión Educacional

A quienes nos interesa ampliar la mirada y fomentar los diálogos en torno a la nueva Constitución, debatir sobre los fines-metas de la educación y cómo avanzamos en los actuales tiempos en ello, adquiere gran importancia.

Podemos tener diversas expectativas de los elementos que pueda contener en materia educativa la nueva Constitución, por lo mismo se hace necesario realizar diálogos, sostener conversatorios, más aún en tiempos de confinamiento físico, pues se trata de no confinar el debate y la reflexión.

El actual proceso constituyente en desarrollo nos permite preguntarnos y participar de un debate ciudadano que requiere de diversas miradas. La cantidad de actores del tejido social chileno tendrán que aportar a ello. Esta perspectiva puede ser desafiante y participativa y en esencia es una invitación a no quedarse fuera.

En momentos que estamos pensando sobre qué Constitución necesita el país, a la base también está la interrogante sobre qué Educación se requiere, haciendo visible entre ambos aspectos un puente entre un marco de derechos y un marco valórico, sin olvidar nuestra profunda inmersión en el modelo neoliberal.

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En cuanto a cómo nos aproximamos a los fines y metas educativos nos lleva a la precisión del lenguaje y cómo este ha evolucionado en los distintos contextos.

Cómo se definirá el alcance del sistema educativo, hasta dónde llegará la definición y compromiso por el derecho a la educación, dónde quedará plasmada la difícil tarea de disminuir las brechas y cómo abordamos las diferencias son temas que en sí hacen referencia a temas del modo de vida de nuestra cultura y al mismo tiempo apunta a referentes éticos.

En torno al amplio abanico posible de temas educativos a incorporar en el proceso constituyente, sin duda los dos tópicos ineludibles son:

Derecho a la Educación La actual constitución no reconoce a los niños, no los menciona, hace referencia a los padres como responsables y con el derecho sobre la educación de sus hijos. Por tanto, se advierte un primer desafío: el reconocimiento de la niñez como sujetos de derechos.

Son muchas las voces y supongo habrá adhesión plena a la idea de reconocer a la niñez como sujeto de derechos.

Por otra parte, es muy débil la actual referencia en la Constitución sobre este derecho. Ausente y esquivo en cuanto a reconocerlo como un derecho social donde el Estado debe resguardar y asumir las consecuencias del desigual acceso de la niñez a la educación.

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Libertad de enseñanza.

Es el aspecto probablemente más controvertido. Experimentamos la discusión en 2015 en torno a la ley de inclusión y hubo allí tensión en torno a la libertad de las familias versus rol del estado. Se argumentó bajo la defensa de resguardar el derecho de las familias: la selección de alumno/as y el lucro de los administradores.

Ante una nueva oportunidad de debate sobre libertad de enseñanza en este proceso cobra importancia resolver dentro del marco ético, por una parte, la libertad de enseñanza a lado de la justicia. Tal vez sea la oportunidad de proponer un sistema educativo que se regule por las mismas reglas, sin privilegios incluidos para quienes pagan onerosas cuotas de incorporación en círculos que reproducen sus privilegios en su trayectoria de vida. Justo al lado de la libertad de enseñanza se encuentra la tentación de exclusión e injusticia factor de nuestra complejidad social.

ese lamentablemente es quizás su mayor debilidad.

Cada uno de estos aspectos, requieren una madurez social para enfrentarlos. Si hemos de avanzar en esta transformación, nos precede el movimiento social 2019 y la actual crisis ambiental y sanitaria. Poner al centro los dilemas éticos, orientarnos al desarrollo humano donde la colaboración pueda resguardar la relación personal/social y con la naturaleza en el centro curricular.

Como corolario, dejar esbozado otros dos aspectos relevantes y necesarios para el debate: Sobre el financiamiento de la educación. Ante un obsoleto sistema que financia en torno a la asistencia, deberá proponerse un sistema que recoja las necesidades del contexto, debemos imaginar y avanzar sobre criterios para financiar la educación.

Sobre el significado de Calidad: Herederos de un modelo neoliberal hemos creído por mucho tiempo que calidad es hacer competir. Revisar nuestro llamado Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación es imperativo. La dinámica escolar se basa en la competencia y

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DERECHO A LA SALUD EN LA ERA POST COVID-19: REFLEXIONES URGENTES Cristina Valenzuela Contreras, doctorante en Psicología, Universidad Católica del Maule Pablo Méndez Bustos, Académico, Universidad Católica del Maule

El estallido social primero y la pandemia después, volvieron evidente a los chilenos y chilenas un modelo social, político y cultural que erosionó dimensiones profundas de la existencia. La dimensión salud ocupa una posición nuclear para asegurar una vida digna de ser vivida.

El informe anual de derechos humanos (INDH, 2020) ha puesto de relieve la fragilidad del sistema de salud chileno para hacer frente a los impactos graves y de largo plazo de la pandemia. Nudos críticos como derecho a la salud como garantía universal, la omisión de los determinantes sociales en las políticas públicas, desigualdades e inequidades en salud y capacidad resolutiva de los servicios públicos, son ejemplos de brechas históricas en el sector.

El mismo informe alerta sobre el exiguo gasto en salud representando al año 2019 un 8.9% del PIB de los cuáles un 3.7% es asumido por las propias familias.

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¿Qué lecciones nos deja la gestión sanitaria y vivencia emocional de la pandemia para consagrar el derecho a la salud en la nueva constitución?

Mientras la discusión política está centrada en la urgencia de responder a la vigilancia y control de la pandemia, la radiografía de un Chile desigual se asoma con dolor y rabia entre las chilenas y chilenos. Las cuarentenas dinámicas, la trazabilidad y vigilancia policial acentúan desigualdades estructurales que se sostienen sobre determinantes sociales de la salud como clase social, género y ocupación.

Como ejemplo, no es viable pedirle a don Juan (vendedor ambulante) que se quede encerrado, cuando la precarización de sus condiciones de vida, seguridad social o trabajo informal le hacen imposible el acceso al pan de cada día.

En la otra cara de la moneda, el informe MOVID-19 ha mostrado cómo las personas de mayores ingresos pueden adaptar sus actividades al teletrabajo y que el nivel de uso de transporte se relaciona con la segregación residencial.

La premisa del autocuidado en pandemia ha sido el distanciamiento físico y el resguardo en nuestros hogares. Una indicación tan simple pero difícil de cumplir para miles de chilenos.

La escisión entre lo físico y lo emocional ha permitido la negligencia de pensar al ser humano ajeno a los entornos de los que forma parte. De esta manera, la interacción ambiente-salud mental implica diseñar espacios públicos evitando una segregación residencial que aísla, discrimina y excluye a las personas.

Pensar la salud en general y la salud mental en particular, requiere de un marco jurídico que garantice el equilibrio entre lo público y lo privado. El lugar donde vivimos, la educación recibida, la seguridad y tranquilidad del día a día forman parte fundamental del bienestar.

Estas dimensiones confirman que la salud no sólo es ausencia de enfermedad y que es urgente una Ley de Salud Mental.

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Además de universal, ¿Un sistema de salud individual o de salud colectiva?

“La actual constitución deja abierta la puerta a la fragmentación por sistema (Fonasa, Isapres, FF.AA) limitando la opción de pensar un sistema integrado, universal y con base en la atención primaria, que redistribuya los recursos existentes y que se fundamente en un enfoque de solidaridad y justicia social”

Pensar la salud en general y la salud mental en particular, requiere de un marco jurídico que garantice el equilibrio entre lo público y lo privado.

El lugar donde vivimos, la educación recibida, la seguridad y tranquilidad del día a día forman parte fundamental del bienestar”

El texto constitucional vigente (pensado y redactado en dictadura) determina el derecho a la salud con acceso libre e igualitario, siendo el Estado garante de ese derecho independiente de cuál sea el sistema de salud (público o privado), promoviendo la libertad de elección y su rol subsidiario.

La actual constitución deja abierta la puerta a la fragmentación por sistema (Fonasa, Isapres, FF.AA) limitando la opción de pensar un sistema integrado, universal y con base en la atención primaria, que redistribuya los recursos existentes y que se fundamente en un enfoque de solidaridad y justicia social.

Si una comunidad local del norte de Chile, recibe severos impactos de la gran minería, si una comunidad educativa del Maule se ve expuesta en el largo plazo a efectos directos de la exposición a plaguicidas o si el aislamiento y baja conectividad aumentan el riesgo de suicidio adolescente en una localidad del sur austral de Chile, ¿Cómo garantizar el más alto nivel de salud si estas condicionantes contextuales hacen inviables los esfuerzos personales por intentar vivir dignamente?

Una visión de salud colectiva, involucraría integrar una posición ética y política que vaya más allá de atender las necesidades individuales de la población recogiendo sus condiciones sociales, económicas y ambientales.

La discusión constitucional será alimentada por la participación histórica y protagónica de una convención constituyente paritaria, pluralista y multiétnica. Este nuevo escenario nos devuelve la esperanza de pensar la salud como un refugio donde morar con dignidad, justicia y solidaridad, para todas y todos.

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