desarrollo qué?

Por: Félix Millán Edil de Chapinero (Bogotá D.C.) Ingeniero ambiental Redes Sociales: @MillanBogota

“La Constitución Política de 1991 es sin duda alguna el hecho político que transformó el país: Empoderó a los ciudadanos y nos dio las garantías para acceder a los derechos que durante tanto tiempo habían sido esquivos, entre esos la participación ciudadana real y efectiva. “

Todo derecho conlleva consigo una gran responsabilidad y no es la excepción con la participación. Es así como cada 4 años ejercemos nuestro derecho a votar en elecciones que nos permiten elegir distintos panoramas de ciudad, distrito, región o país, que al final se ven materializados en “los Planes de Desarrollo”, enmarcados en la Ley 152 del 1994 en donde se establecen todos los procedimientos y mecanismos para que las ciudades, distritos y regiones tengan sus estrategias e inversiones a mediano y corto plazo, en pocas palabras una carta de navegación que permite que se haga realidad lo prometido por los mandatarios o mandatarias y refrendado por la ciudadanía con el voto.

Dentro de la construcción de estos Planes Territoriales de Desarrollo es fundamental la participación de la comunidad ya que esta es la que conoce de primera mano las necesidades y oportunidades de su zona, localidad, comuna o cualquier espacio territorial objeto de esta planeación, por tal motivo los gobiernos locales promueven espacios participativos en donde es escuchada la ciudadanía y así entre todos los actores relevantes construir un Plan Territorial de Desarrollo que sea acorde a lo que exige la sociedad.

Hasta ahí todo el procedimiento es claro y en teoría la construcción de los Planes Territoriales de Desarrollo es el inicio de una alianza entre la ciudadanía y el gobierno entrante en pro de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y las comunidades de Colombia.

Sin embargo, este periodo constitucional 2020-2023 se sale de cualquier libro o teoría política participativa de la historia del país, gracias a que en la primera semana de marzo se registró en Colombia el primer caso de la pandemia coronavirus COVID-19. Sin lugar a duda esa situación prendió todas las alarmas y movilizó, con justa causa, al país entero en función de prevenir su contagio y que el sistema de salud no colapse para lograr salvar la mayor cantidad de vidas posibles. A todo eso hay que sumarle que mandatarios locales como Claudia López en Bogotá y Daniel Quintero en Medellín comenzaron a tomar medidas de cuarentena o aislamiento que después replicó el Gobierno Nacional en todo el territorio y que a la fecha suman más de mes y medio de parón generalizado de diversas actividades en el país.

Ante este panorama todos los gobiernos locales han sumado un sinfín de esfuerzos para atender las miles de necesidades de familias que viven en condición de pobreza y vulnerabilidad, esto sin contar que un gran grueso de la economía en el país se considera informal, que según el DANE para el último trimestre del 2019 rondaba el 46.5% en las 13 ciudades y áreas metropolitanas más significativas de las cuales han sido gravemente damnificadas por el aislamiento social o cuarentena que ha hecho que los ingresos de esas familias que se soportaban en la economía informal vayan a pique.

Hoy, afrontando la segunda cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional (decisión difícil, pero a mi juicio muy necesaria) y sin conocer aún la normatividad emitida en el marco del estado de Emergencia, que se refiera explícitamente al tema de este artículo, no puedo evitar pensar: ¿y los Planes Territoriales de Desarrollo qué?

En vista de lo que está representando esta emergencia del COVID-19 en todo el territorio nacional, de cómo ha modificado las dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas, sin saber aún su resultado definitivo; y que los Planes Territoriales de Desarrollo iniciaron su construcción antes de la llegada de esta pandemia a Colombia, se hace justo y muy necesario hacer una pausa en el camino y replantearnos las metas y objetivos, y por lo tanto la destinación del presupuesto; ya que las necesidades de nuestros distritos, ciudades y regiones están cambiando. Sin embargo, hoy la Ley 152 del 1994 es clara en especificar la fecha límite para la discusión y decisión del Plan Territorial de Desarrollo por parte de los concejos y asambleas (31 de mayo de 2020). Cumplir este tiempo, desconociendo la incertidumbre presente, implicaría un riesgo muy alto para responder a las verdaderas necesidades que surgirán producto de la pandemia que apenas comienza a deslumbrar su magnitud.

Por lo anterior es inminente pedirle tanto al Presidente Iván Duque como al Ministerio del Interior la suspensión de estos términos y la expedición de nuevos lineamientos en materia de cronograma para que así distritos, alcaldías, gobernaciones, corporaciones de elección popular y ciudadanía puedan construir Planes Territoriales de Desarrollo acorde a las nuevas necesidades de la sociedad.

De lo contrario no puedo ocultar mi preocupación sobre la participación efectiva y real de la ciudadanía en los Planes Territoriales de Desarrollo que actualmente siguen su curso por todo el país. Por más esfuerzos hechos por algunas administraciones de innovar en el tema de la participación on line y en vista de la complejidad de estos encuentros en un país donde la penetración del internet de acuerdo con World Stats es del 63.2% de la población, lo que hace que cobren vigencia ideas como el mínimo vital de internet.

Es claro que el mundo está cambiando por el virus que nos agobia y es válido preguntarnos cómo será nuestra sociedad después de la pandemia del coronavirus COVID-19. Desde el primer día he pensado que parte de esa respuesta está en la planeación que requiere la mitigación de la pandemia y la reconstrucción posterior, lo que debe expresarse en nuestros Planes Territoriales de Desarrollo, en sus enfoques diferenciales, en el protagonismo que deben cobrar las dimensiones de lo social, la salud, el medio ambiente y la economía. Por eso hago nuevamente un pedido respetuoso al Gobierno Nacional a tomar decisiones sobre este tema, mediante las que se protejan tanto la participación ciudadana como las necesidades que surgirán en el marco de la emergencia para la ciudadanía en general.

La emergencia no puede sacrificar el derecho a la participación ciudadana en la construcción de soluciones y de nuevos rumbos, es decir, en los redireccionamientos que impliquen la emergencia, porque precisamente al amparo de los ajustes a los Planes de Desarrollo se puede dar la reconstrucción del tejido social.