Las dificultades de la paz

La firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre del 2016 entre la guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano parecía el inicio de la consolidación de nuestro sagrado derecho a la paz. Sin embargo, es evidente en la actualidad que la promesa de la Constitución de 1991 está más que lejos, principalmente porque no hemos entendido que la paz no inicia con el silencio de los fusiles y ese ha sido nuestro histórico error y causa de los fallidos intentos de encontrar la reconciliación nacional.

Los estudiosos del conflicto en Colombia saben bien las dificultades que este presenta desde el punto de vista teórico. Acercarse a él parece el reto de una vida académica exclusiva, pues la política, la cultura, los estatus y la economía, factores que se presentan aislados como causas de conflictos sociales en otros países, confluyen todos en Colombia: la constante lucha entre el poder institucionalizado, los discursos de una sociedad con los valores dejados por el narcotráfico y el paramilitarismo, la exclusión social de que hacen parte millones de colombianos que no viven en las áreas pobladas del país, y sin lugar a dudas, la concentración de la riqueza y la tierra, han sido el caldo de cultivo para el difícil panorama del conflicto social, armado y político de Colombia.

Ahora bien, la política práctica de los últimos gobiernos fueron fórmulas (todos los planes de desarrollo) para buscar, sino acuerdos de paz, sí mecanismos para reducir -de forma material o en papel- el problema de los grupos armados en Colombia, cuestión que siempre se simplificó.

El primer error que se cometió a la hora de hacerle frente al conflicto armado en Colombia fue tratarlo como un simple problema de orden público. Sí, para sorpresa de muchos, los dirigentes políticos de la década del 70 y el 80 no querían enfrentar la guerra pues esto dejaba claro que su plan del frente nacional no funcionó. La consecuencia de semejante eufemismo se vio en la minimización de la labor de las fuerzas armadas y de policías, y

sobre todo en la posibilidad de asociar toda la protesta social y sus justas demandas con los grupos armados.

Esto mismo pasa hoy en día, sin ninguna muestra de sensibilidad vemos a funcionarios del gobierno reducir el asesinato de líderes sociales a problemas de faldas o un delito común, como el robo de celulares. Mientras nos enfrentamos a un recrudecimiento de la violencia, el gobierno se empeña en disminuir el discurso de la paz poniéndole apellidos como “legalidad”, sustituyendo en lo discursos la expresión “conflicto armado interno” para cambiarla por “estabilización” y, sobre todo, con su omisión decidida de políticas de Estado que impulsen plenamente la implementación de los acuerdos de paz.

El segundo error ha sido la línea política de todos los gobiernos desde 1980 hasta la fecha, esto es: resolver el conflicto armado interno con la dejación de las armas o la de- rrota militar. Para poder aportar soluciones al gran conflicto social de Colombia, que ha dejado como consecuencia el nacimiento de innumerables organizaciones armadas, debe- mos concentrarnos en resolver integralmente el acceso de todos los ciudadanos a los dere- chos sociales, económicos y culturales, claro está, sin olvidar la inaplazable reforma política que requiere nuestra democracia.

De lo contrario, todo esfuerzo de paz será una simple apuesta por la seguridad en sentido policivo, o sea, disminuir las acciones violentas de grupos armados organizados y grupos guerrilleros para permitir vivir con tranquilidad a una parte de la población “ya podemos ir a la finca”.

Estos errores en las políticas de Estado para la construcción de la paz en Colombia, que a su vez son la decisión de la clase dirigente del país, son el inicio de una ruta de piedras calientes que atraviesa la consolidación de la paz, puesto que existen en la actualidad más obstáculos que parecen interrumpir el sueño de muchos colombianos.

Debemos empezar por reconocer que el problema de las economías ilegales se le está saliendo de las manos al Estado, y esto a su vez alimenta la propagación de grupos armados ilegales que buscan quedarse con el control de esta fuente de riqueza. Este mercado supera los siete billones de pesos y en una situación como la que vive el país, con gran cantidad de la población desempleada y la llegada masiva de migrantes, el crecimiento en hombres de los grupos armados ilegales es considerable, eso sin contar que aún no hemos podido mitigar la llegada de terceros actores que buscan adueñarse del territorio dejado por las antiguas FARC, lo que debió ser un plan de contingencia inmediato después de la desmovilización de las FARC, para evitar que se convirtieran en zonas de disputa militar.

Además de lo anterior, el país parece empezar a vivir la repetición de su historia: el penoso y dramático genocidio de la Unión Patriótica en el que murieron más de seis mil militantes de ese grupo político lo vemos reflejado en la matanza de los integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Desde la firma del acuerdo de paz hasta la fecha hemos sido testigos del asesinato de 194 excombatientes. Eso sin mencionar la sistemática persecución y homicidio de los líderes sociales.

Pero el derrotero no acaba, en los últimos meses hemos visto un incremento considerable en los repertorios de violencia, así lo deja ver uno de los recientes comunicados del comité internacional de la cruz roja:

“La paz es todavía esquiva en muchos territorios de Colombia. En 2019, hubo 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, más de 25.300 personas desplazadas masivamente y 218 agresiones a la Misión Médica. Sin embargo, estos fueron solo algunos de los tristes indicadores del deterioro de las condiciones humanitarias en varias zonas del país”.

Y, por último, ya es notoria la poca implementación del acuerdo de paz, sobre todo en sus puntos más claves: la reforma rural integral, la apertura democrática, la superación del problema de los cultivos ilícitos, así lo podemos observar en datos del instituto Kroc, que le hace seguimiento a la implantación del acuerdo de paz:

“de los 578 compromisos a los que la Iniciativa Barómetro le hace seguimiento, un 34% tiene un avance de implementación mínimo – estos son compromisos que han iniciado su implementación, pero por su cronograma previsto o por el nivel de avance que tienen a la fecha aún no es posible determinar si se podrán implementar completamente. El 30% de los compromisos no ha iniciado su implementación”.

En conclusión, la paz está lejos de consolidarse, no solo por los erroresdecisiones sistemáticas de la clase política dirigente para resolver el conflicto armado, sino también por la falta de voluntad política para implementar el acuerdo de paz, y el recrudecimiento de la violencia en muchos territorios del país.