Revista "Abogacía", #9, noviembre de 2021

abogacía LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

Año 1, núm. 9, noviembre de 2021

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$99.00

Loretta Ortiz Ahlf

Reforma judicial y derechos humanos: una mirada desde adentro < La reforma constitucional en materia de energía

Marco Antonio de la Peña

< Sobre la criminalización del aborto y el “derecho a decidir” < A la mitad del camino: las memorias del poder

Jorge Adame Goddard

José Manuel Villalpando

< La importancia del compliance en la administración pública Jorge Martínez Ocampo

“C

Presentación

omete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquélla”.

En contra de estas disposiciones de los artículos 195 y 196 del Código Penal de Coahuila se promovió una acción de inconstitucionalidad (AI 148/2017) que el 7 de septiembre pasado fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual estableció que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sin enfrentar consecuencias penales.

Asimismo, la Corte estableció que si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa a medida que avanza el embarazo, esa protección no puede desconocer el derecho a la libertad reproductiva (“De conformidad con los artículos 1 y 4 constitucionales, se reconoce el derecho exclusivo a las mujeres a la autodeterminación en materia de maternidad”). De igual forma, la Corte extendió su decisión al artículo 198, en una porción que impedía que la mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario.

En esta misma tesitura, el 9 de septiembre la Corte invalidó la porción normativa del artículo 4° bis A, fracción I, de la Constitución de Sinaloa, que establecía la tutela del derecho a la vida “desde el momento en que un individuo es concebido” y consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, también es inconstitucional.

La decisión de la Corte ha sido celebrada por numerosos sectores, que la consideran un paso adelante en la consolidación de un país más justo y libre (en palabras del ministro Zaldívar, “se trata de una decisión histórica en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres, particularmente de las más vulnerables”). No obstante, también se han escuchado voces críticas. Una de ellas nos la ofrece en esta edición Jorge Adame Goddard, para quien el análisis de la Corte se limitó a verificar si el aborto se decide libremente o no, sin especificar qué es lo que se deci-

de, como si toda decisión fuera lícita. En su opinión, el análisis debió profundizarse para averiguar, primero, en qué consiste el aborto, y luego para juzgar acerca de su justicia o injusticia.

Más allá de este tema concreto, la resolución de nuestro Tribunal Constitucional deja patente la fuerza adquirida por las sentencias de la Corte a raíz de la reforma judicial de marzo de 2021 que estableció en la Constitución federal un nuevo sistema de precedentes: “Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las salas, por mayoría de cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas”. Así, a partir de la reforma judicial las razones de la Corte obligan a todos los jueces de México, tanto federales como locales, al resolver casos futuros.

Aún queda por verse cómo resultará este nuevo sistema de precedentes ahora que han sido eliminados los mecanismos de reiteración y se ha abierto la puerta a la eliminación de líneas jurisprudenciales consistentes. El debate está abierto y la revista abogacía estará atenta para dar cuenta de él. ®

Cordialmente, José Ángel Villalobos Magaña Presidente del Consejo de Administración

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Impresa por Impresos de Calidad Sebastian, S.A. de C.V., Miguel Ángel 35-B, Col. Santa María Nonoalco, Benito Juárez, 03700, Ciudad de México. Las opiniones expresadas por los articulistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de los editores de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos y las imágenes de la publicación sin previa autorización de la editorial.

Contenido

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Noviembre 2021

VOCES

Reforma judicial y derechos humanos: una mirada desde adentro Loretta Ortiz Ahlf

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REFLEXIONES

REFLEXIONES

La reforma constitucional en materia de energía: ¿es sólo una contrarreforma?

Reformas y contrarreformas en la Constitución política de 1917

Marco Antonio de la Peña

Patricio Emilio Marcos

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58

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10 REFLEXIONES

Límites a la extraterritorialidad de las leyes

La importancia del compliance en la administración pública

Claves para el ejercicio global de la abogacía

AGENDA

Sobre la criminalización del aborto y el “derecho a decidir” Jorge Adame Goddard

14 EL PASADO DEL PRESENTE

Memorias del poder José Manuel Villalpando

24 ¿QUÉ DICEN HOY LOS TRIBUNALES? Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

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VISIÓN GLOBAL Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

32 VOCES

Reflexiones sobre el oficio del notario público Francisco Fernández Cueto

44 VLEX

Derecho animal en Latinoamérica: retos y futuro Fundación Derecho y Defensa Animal

VOCES

Jorge Martínez Ocampo

62 PERSPECTIVA ECONÓMICA

Derecho y economía: una unión necesaria

Ismael D. Valverde Ambriz

66 REFLEXIONES

Se trata de la ciudadanía Luis Rodrigo Sanchéz Gracia

VOCES

Javier Cremades García

72 REFLEXIONES

Alternativas ante la crisis económica ocasionada por la pandemia (segunda parte) Jaime Salvador García González

76 GRANDES PROCESOS DE LA HISTORIA El Concilio Cadavérico Carla Elena Solís Manuel Jorge Carreón

78 PARA LEER

Agenda [Noviembre]

8 al 12 de noviembre Congreso IX Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho VI de Metodología de la Investigación Jurídica Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Formato virtual (facebook.com/IIJUNAM) Evento gratuito Horario: 9:00 a 15:00 hrs.

Informes: 55-5622-7474, ext. 85210 y 85211 pedagogiadelderechomexico@gmail.com https://www.facebook.com/IIJUNAM

9 al 30 de noviembre Coloquio internacional Problemas actuales de México: violencia, seguridad y justicia Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Formato virtual (facebook.com/ IIJUNAM) Evento gratuito Horario: martes, 11:00 a 13:00 hrs.

Informes: 55-5622-7474, ext. 85210 y 85211 https://www.facebook.com/ IIJUNAM

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11 y 12 de noviembre Congreso XXI Congreso Nacional: Implementación de la innovación tecnológica en el derecho tributario y la justicia fiscal Academia Mexicana de Derecho Fiscal Formato virtual Informes: 55-5004-0448 academia@amdf.org.mx https://amdf.org.mx/ amdf-congreso-2021

8 al 12 de noviembre Seminario Hans Kelsen: un diálogo desde el contexto actual Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Formato virtual (facebook.com/IIJUNAM) Evento gratuito Horario: 9:45 a 13:00 hrs.

Informes: 55-5622-7474, ext. 85210 y 85211 https://www.facebook.com/IIJUNAM

11 de noviembre al 9 de diciembre Curso Introducción a la inteligencia artificial para abogados y humanistas Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Formato virtual Costo: 2,500 pesos Horario: jueves, 17:00 a 20:00 hrs.

Info: 55-5622-7474, ext. 85210 y 85211 educacioncontinua.iij@unam.mx https://tiendavirtual.juridicas.unam. mx/17-actividades-academicas

16 al 18 de noviembre Conferencia VII Conferencia Internacional de Derecho Económico Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador

25 y 26 de noviembre Congreso internacional: Derecho y gamificación Asociación para la Docencia e Innovación en Derecho (Ludoteca Jurídica) Universidad de Almería, España Formato virtual Costo: 30 euros Informes: congresodid@gmail.com https://ludotecajuridica.es/congresodid

17 al 19 de noviembre Seminario XLIV Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado AMEDIP Formato virtual Evento gratuito Horario: 9:30 a 13:00 y 16:00 a 20:00 hrs.

Informes: seminario@amedip.org https://amedip.org/eventos

25, 26 y 27 de noviembre CXXIII Jornada Nacional del Notariado Mexicano

19 y 20 de noviembre Congreso internacional Neurociencia cognitiva aplicada al derecho, la justicia y el ámbito forense Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada

Formato virtual Costo: 20 dólares Horario: 9:00 a 13:30 y 15:00 a 17:30 hrs.

Informes: VIICIDE@uasb.edu.ec https://www.uasb.edu.ec/congresos/ vii-conferencia-internacional-dederecho-economico

Formato virtual Evento gratuito Registro: https://bincaglobal.org/ neuroforense2021 Informes: congresoneuroforense@ bincaglobal.org

Formato: presencial Lugar: Centro de Congresos y Convenciones Morelos Registro: https://cnnm.preregistros. com.mx/jornada2021 Informes: 5525-6452/6415/6254 organizacion@notariadomexicano.org.mx LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Qué hubo en...

Nov ie mbr e

4 (1571) Se establece la Inquisición en México Se instaura de forma oficial en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio, dedicado a la investigación, la condena y el castigo de la herejía. Fue abolido definitivamente en 1820. Se estima que durante el tiempo en que estuvo vigente se llevaron a cabo más de 50 sentencias de muerte.

7 (1945) México es admitido en la ONU La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro para armonizar las acciones de las naciones. México fue uno de los 51 miembros fundadores.

8 (1539) Guadalajara recibe el título de ciudad El emperador Carlos I de España concede a Guadalajara el título de ciudad y su escudo

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de armas. La fundación de la ciudad se debió a Nuño de Guzmán (nacido en Guadalajara, España), conquistador que desplegó su acción militar en los actuales estados de Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Michoacán y que se caracterizó por el saqueo y la devastación de las comunidades autóctonas.

11 (1928) Nace el escritor Carlos Fuentes Hijo de padres mexicanos, el escritor, novelista y ensayista Carlos Fuentes nació en la ciudad de Panamá. Se graduó en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tuvo una intensa vida académica, periodística y literaria. Su obra se distingue por la reflexión sobre la historia y la política de México, sus orígenes, su cultura, la complejidad de la sociedad y los problemas que afectan al país.

18 (1824) Se aprueba la creación del Distrito Federal La Constitución de 1824 otorgó facultades al Congreso para elegir un lugar que sirviera

de residencia a los poderes de la Federación.

Así, el 18 de noviembre de 1824 el Congreso decretó la formación del Distrito Federal, lo declaró residencia de los poderes de la Federación y designó a la Ciudad de México como capital de la República.

19 (1993) México ingresa al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se estableció en 1989 con el objetivo de propiciar mayor prosperidad para los habitantes de la región, fomentando un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador. Con 21 miembros, representa 54 por ciento del producto interno bruto mundial y 44 por ciento del comercio del mundo.

20 (1910) Inicia la Revolución mexicana El movimiento armado convocado por Francisco I. Madero para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas aglutinó a campesinos que reclamaban su derecho a la propiedad de

tierras, obreros que reclamaban justicia social y clases medias que exigían libertad política.

Este importante episodio de la historia de nuestro país tuvo como consecuencia la proclamación de la Constitución de 1917.

23 (1883) Nace José Clemente Orozco Originario de Zapotlán el Grande, actual Ciudad Guzmán, Jalisco, José Clemente Orozco fue uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano. A diferencia de Rivera y Siqueiros, retrató la condición humana de forma apolítica y se interesó más por los valores universales que por los valores nacionales.

30 (1924) Nace la primera radiodifusora educativa y cultural de México Radio Educación fue creada el 30 de noviembre de 1924 por iniciativa del secretario de Educación Pública de entonces, José Vasconcelos, con el fin de aprovechar el potencial de la radio en beneficio de las tareas educativas y culturales del país.

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Jorge Adame Goddard

SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DEL

ABORTO Y EL “DERECHO A DECIDIR”

Al resolver en fechas recientes la acción de inconstitucionalidad 148/2017 promovida en contra de los artículos 195 y 196 del Código Penal de Coahuila, el Pleno de la Suprema Corte estableció que la protección al producto de la gestación no puede desconocer los derechos de las mujeres y las personas gestantes a la libertad reproductiva, por lo que criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional. Pero ¿en qué consiste el “derecho a decidir” garantizado por la Corte? Sobre este tema versa el presente artículo.

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Fotografía e ilustración: Freepik

“L

a criminalización total del aborto es anticonstitucional.” Ésa fue la decisión que tomó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de septiembre de 2021. Fue una decisión tomada por unanimidad de los 10 ministros presentes. El texto del comunicado de prensa dice que la Corte “se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”.

Nótese la ambigüedad del derecho “a decidir”, sin especificar qué es lo que se decide, como si toda decisión fuera lícita. El que roba, el que defrauda o el que asesina, y lo mismo el que colabora, el que ayuda, o el que es solidario, todos deciden. No es lo mismo decidir robar que decidir colaborar, decidir matar que decidir ayudar. Es cierto que la responsabilidad por los propios actos se funda en la libertad de decidir o en la autodeterminación. Y también es cierto que toda persona debe decidir sus actos con libertad y no ser forzada a actuar en contra de su conciencia. Pero la justicia o la injusticia de los actos no está en la libertad de la decisión sino en el contenido y la finalidad del acto que se quiere ejecutar.

El que libremente decide robar y roba, no ejerce un supuesto derecho a decidir, sino que injustamente se apodera de un bien ajeno. El que decide matar y mata, tampoco ejerce su derecho a decidir, sino que priva injustamente de la vida a otro ser humano. En estos casos, el derecho penal, suponiendo que el acto de robar o matar se realizó a partir de una decisión libre y se ejecutó voluntariamente, impone una pena al que robó o al que mató, junto con el deber de reparar o indemnizar el daño, en la medida en que esto sea posible. ¿Acaso se puede afirmar que es inconstitucional, o injusto, “criminalizar” el robo o el homicidio porque proceden de una decisión libre o porque son expresión del “derecho a decidir”? Evidentemente no. La función del derecho penal es tipificar los delitos, esto es, los actos gravemente injustos, y especificar las penas que les corresponden.

Si se quiere analizar acerca de la justicia o la injusticia del aborto, ese análisis no puede limitarse, como desgraciadamente parece haberlo hecho la Corte, a verificar si el aborto se decide libremente o no. Desde esa perspectiva limitada, el aborto que se decide libremente por la mujer es justo, y aquél que se impone en contra de su voluntad es injusto. Pero lo mismo cabría afirmar si se juzgara con esa visión estrecha el robo, el homicidio o el fraude: si proceden

de una decisión libre son justos; si fueron coaccionados son injustos.

El análisis debe profundizarse y la Corte tiene que hacerlo para averiguar, primero, en qué consiste el aborto, y luego, juzgar acerca de su justicia o su injusticia en relación con los derechos de todas las personas y de la sociedad.

El aborto voluntario implica causar la muerte de un embrión humano alojado en el vientre de una mujer. La cuestión por juzgar es si es justo o no matar a un embrión sacándolo del vientre de la mujer. Ésa es la cuestión que debían abordar los jueces constitucionales, pero se limitaron a decir que la mujer tiene derecho a decidir y a la “libertad reproductiva”, sin pronunciarse sobre lo principal.

Pero tienen una razón para fundamentar su decisión, que expresan en el segundo párrafo del comunicado de prensa con estas palabras: “La Suprema Corte entendió que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo”. Aquí dice la Corte, con lenguaje equívoco,1 que el embrión humano merece una protección limitada, que “no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes2 a la libertad reproductiva”, es decir, que la protección jurídica limitada que merece el embrión humano no impide el derecho de la mujer a privarlo de la vida. ¿Por qué la protección jurídica que merece el embrión queda superada por el derecho de la mujer a quitarle la vida?

Es un principio jurídico fundamental que nadie puede privar de la vida a otro ser humano. Los tratados de derechos humanos vigentes en México, que se han incorporado como normas constitucionales, dicen claramente:3 “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente” y “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Y para indicar que la calidad de persona no es privilegio de algunos, los mismos tratados sostienen:4 “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica” y “persona es todo ser humano”. ¿Cómo concluyen los ministros que la tipificación del aborto voluntario como delito es inconstitucional, cuando la Constitución mexicana reconoce el derecho a la vida de todo ser humano?

Si los ministros llegan a la conclusión de que el embrión humano, aunque merece ser protegido, puede ser muerto

Si se quiere analizar acerca de la justicia o la injusticia del aborto, ese análisis no puede limitarse, como desgraciadamente parece haberlo hecho la Corte, a verificar si el aborto se decide libremente o no.

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por la libre decisión de la madre, no es porque nieguen el derecho a la vida reconocido por la Constitución mexicana, sino porque han llegado a la conclusión o “han entendido” que el embrión no es un ser humano. ¿Por qué los jueces y, en general, quienes promueven el aborto, niegan que el embrión es un ser humano? Puede ser porque no están habituados a conocer el ser de las cosas y se contentan con conocer su apariencia, con lo que puede percibirse con los sentidos. El embrión no tiene la figura de un ser humano nacido; no tiene un lugar propio en el espacio,

no de otra cosa, se desarrolla el ser humano que luego nace.

Por esos hechos, que la ciencia biológica y médica confirman, se demuestra que el embrión es un ser humano, incipiente, en sus comienzos, pero ser humano pleno, con un cuerpo, si bien minúsculo, y el alma o el impulso vital que lo hace desarrollarse. Las mismas personas que libremente deciden abortar o practicar el aborto tienen la voluntad de acabar con un ser humano: no quieren sanar el cuerpo de la mujer, sino impedir el nacimiento mediante la destrucción del embrión y con el menor daño posible al cuerpo de la mujer.

El 9 de septiembre la Corte invalidó la porción normativa del artículo 4° bis A, fracción I, de la Constitución de Sinaloa, que establecía la tutela del derecho a la vida “desde el momento en que un individuo es concebido” y consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, también es inconstitucional.

como todos los nacidos, sino que ocupa un lugar en el cuerpo de la mujer que lo aloja. Con esa perspectiva de considerar sólo las apariencias es fácil concluir que el embrión es algo distinto del ser humano nacido, o que es sólo una parte del cuerpo de la mujer que lo lleva en su vientre.

Esa conclusión es superficial y desconoce muchas realidades que están científicamente demostradas, como el hecho de que el embrión tiene toda la carga genética que tendrá el nacido y que mantendrá durante toda su vida, que el embrión tiene una vida propia distinta de la que tiene la mujer, que le hace desarrollarse y crecer por sí mismo y que le permite ir formando un cuerpo con todos los órganos que tendrá al nacer; que los latidos de su corazón ya son perceptibles a las seis semanas de haber sido concebido. Además, el embrión es el producto de la unión de dos células germinales humanas, por lo que el efecto de esa unión es necesariamente un ser humano. Es un hecho innegable que todos los que hemos nacido fuimos embriones y no hay nadie que haya empezado de otra manera; es también una verdad de hecho que únicamente de un embrión procedente de células humanas, y

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Quienes, como los ministros que aprobaron esa decisión, promueven el aborto como un acto lícito, no sólo desconocen la realidad, sino que intentan ocultarla usando un lenguaje oscuro. Todos los códigos penales que ha habido en México tipifican el aborto voluntario como el acto de provocar la muerte del producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo. Ahora se ha procurado evitar la palabra “muerte”, para ocultar que el embrión es un ser humano vivo, y que abortarlo voluntariamente es causarle la muerte, y se dice que es la “interrupción voluntaria del embarazo”, y ese mismo lenguaje han usado los jueces constitucionales.

El presidente de la Suprema Corte afirmó5 que ese tribunal “estableció la existencia de un derecho a la interrupción del embarazo”, pero ésa no parece ser la decisión del Pleno, pues lo que se comunicó fue que decidió que es inconstitucional la criminalización total del aborto, que no es lo mismo que afirmar el derecho al aborto. La no penalización implica que el aborto, al menos en ciertos casos, se considera un acto lícito, pero eso no quiere decir que sea un derecho humano cuya satisfacción pueda exigirse al Estado. Para llegar a afirmar que

es un derecho constitucional tendría que fundamentarse en algún artículo constitucional o en un tratado vigente de derechos humanos, y, además, explicar por qué no contradice el derecho a la vida que prescribe que nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida.

La decisión de la Corte simplemente considera que el aborto, al menos en ciertos casos, es un acto lícito, que no debe ser castigado. Por las palabras del comunicado no se puede saber hasta dónde llegará ese permisivismo, pues se dice que es inconstitucional la “criminalización total” del aborto, lo que implica que habrá casos en que sí debería estar tipificado como delito; por ejemplo, después de transcurrido cierto tiempo de gestación.

El efecto que tiene la decisión de la Corte es afirmar que el aborto voluntario, sin que sea necesario invocar una causa justificante, es un acto que puede practicarse durante cierto tiempo de la gestación, sin que dé lugar a la imposición de una pena. Con esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación promueve que se mate a los embriones y contradice el derecho constitucional a la vida que tiene todo ser humano. Pero en su comunicado de prensa se atreve a afirmar que, con su decisión, “confirma una vez más que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos que ésta protege”.

Al triunfalismo de la Corte se puede responder con una cita del jurista Juliano:6 “En lo que se ha establecido contra la razón del derecho, no podemos seguir la regla del derecho”.

Afirmar que se protegen los derechos humanos cuando se dice que es lícito matar al ser humano no nacido es contradecir la razón del derecho, y por eso no se puede seguir lo que la Corte afirma. La razón está por encima del poder. 7

El aborto voluntario implica causar la muerte de un embrión humano alojado en el vientre de una mujer. La cuestión por juzgar es si es justo o no matar a un embrión sacándolo del vientre de la mujer. Ésa es la cuestión que debían abordar los jueces constitucionales, pero se limitaron a decir que la mujer tiene derecho a decidir y a la ‘libertad reproductiva’, sin pronunciarse sobre lo principal.”

Pues no es lo mismo producto de la “gestación”, lo cual implica el desarrollo de algo ya existente, que el “producto de la concepción”. ¿Qué se entiende por “personas gestantes”? Pudieran ser las personas que encargan una fecundación in vitro.

3 Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

4 Artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 1, párrafo segundo, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

5 “Objeción de conciencia: lo que está en juego”, artículo publicado en el diario mexicano Milenio, 28 de septiembre de 2021.

6 Digesto 1,1,15.

1 2

Jorge Adame Goddard es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en historia por El Colegio de México. Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.

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[ El pasado del presente ] José Manuel Villalpando

Memorias del poder

Megalomanía, autocomplacencia, necesidad de justificación... ¿Qué es lo que lleva a un gobernante

A

los personajes públicos, especialmente a los que han ejercido el poder, les da por escribir sus “memorias” para que todo el mundo se entere de lo que pensó y vivió el sujeto de referencia, sus “medias memorias”, en creyendo por vanidad que la posteridad las que narra su visión y su estará ansiosa de conocer, de su puño y letra, sus vivencias, explicaciones, experiencia de los tres prijustificaciones, razones y hasta sus meros años de su mandamentiras. Los ejemplos abundan en la historia mundial, y cada vez que apato, hecho que da pie a esta rece publicada alguna de estas “memoreflexión sobre los escritos rias”, causa gran expectación, como la muy reciente de Barack Obama, Una de quienes han ejercido tierra prometida, que además es un el poder en nuestro país y éxito de ventas, aunque no sé si esa sea la razón fundamental para escribirlas; nos han querido compartir espero que no. “su verdad”.

Por supuesto, muchos de los gobernantes de México también han padecido esta imperiosa necesidad de dejar constancia escrita de “su verdad”. A veces, las memorias de nuestros mandatarios adquieren un tono edificante; otras, de plano, tratan de justificar la conducta del autor; en ocasiones son pretexto para seguir figurando en el escenario político, y no faltan las que son un antídoto contra el olvido. De todo hay y hasta de distintos tamaños, que van desde unas cuantas docenas de páginas, hasta cerca de millar y medio de ellas.

a escribir sus memorias? En días recientes el presidente López Obrador publicó

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¿Cuál es el mérito de estos documentos? Que son una fuente testimonial de primera mano indispensable para el historiador y para todo aquel que se interese por conocer una etapa determinada de nuestro pasado. Por supuesto, su valor histórico es relativo: la autobiografía es esencialmente subjetiva y su autor tiende, de manera natural, a la exoneración de las culpas y a la exaltación de los aciertos. Pero este subjetivismo es a la vez una espléndida oportunidad para entender al personaje y lograr un ejercicio de acercamiento biográfico, muy útil si se comparte la idea de que la historia la hacen los hombres de carne y hueso.

En estos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha publicado sus “medias memorias”, es decir, un libro en el que narra su visión y su experiencia de los tres primeros años de su mandato; por eso las tituló A la mitad del camino, lo cual presupone o anticipa que, al concluir su encargo, publicará sus recuerdos de la segunda parte del trayecto constitucional. Nunca se había dado un caso así: normalmente los autores de este tipo de documentos, aunque lleven apuntes

privados de los acaecimientos que les ocurren, se esperan hasta el fin de su gobierno para publicar sus memorias. Evidentemente, éste no es el caso: ¿urgencia o megalomanía? Imposible saberlo y tampoco es dable averiguarlo; hoy me conformo con señalar esta curiosa circunstancia. Obviamente no es de mi interés en esta ocasión comentar su contenido ni examinar sus afirmaciones o negaciones; simplemente deseo hacer un ejercicio más elemental, consistente en agregar este libro de “medias memorias” a la larga lista de quienes, en México, han escrito sus autobiografías o, mejor dicho, sus “memorias del poder”.

Porque eso sí, a despecho de corifeos y cortesanos, no es la primera vez que un mandatario nos ofrece sus letras memoriosas para darnos a conocer “su verdad”. Afortunadamente no: han sido varios. Debo admitir que este tipo de literatura histórica, la autobiográfica, es de mi especial predilección, pues durante muchos años me he dedicado a la tarea de coleccionar la de todos nuestros gobernantes que se han decidido a escribir sus recuerdos de cuando ejercían el poder; esa pequeña biblioteca de textos suma un total de 20 autores, algunos de los cuales nos legaron obras en dos volúmenes, o bien hasta dos libros diferentes. Lo que sí hay que lamentar es que, en realidad, son muy pocos: a algunos la muerte les impidió hacerlo; otros no lo intentaron, y hay quienes han guardado no sé si prudente o más bien expectante silencio, dejándonos con la curiosidad de conocer sus puntos de vista sobre asuntos medulares de nuestra historia. Incluso, nota simpática, dos de esas “memorias” son apócrifas; alguno con aviesas intenciones las falsificó.

Pero repasemos este catálogo bibliográfico, citándolos por autor y título de la obra: el primero que se atrevió —por la imperiosa necesidad de justificarse— fue Agustín de Iturbide, quien escribió sus Memorias para explicar por qué se coronó emperador de México. Más tarde, Antonio López de Santa Anna nos regaló las divertidas páginas —plagadas de mentiras y exageraciones— de Mi historia militar y política.

También Maximiliano de Habsburgo, antes de ser nuestro emperador, escribió sus Recuerdos de mi vida, donde narra sus agradables viajes por los países costeros del Mediterráneo.

Benito Juárez, por su parte, ocupó sus ocios presidenciales después de vencer al archiduque

austriaco redactando sus muy educativos y ejemplares Apuntes para mis hijos. Algún mal intencionado usurpó el nombre de Sebastián Lerdo de Tejada para publicar unas supuestas Memorias suyas, en las que despotrica en contra de Porfirio Díaz, quien a su vez accedió a dictar sus Memorias, pero limitándolas a la época en que combatió por la República; don Porfirio no se atrevió a hablar de sí mismo como presidente.

El elenco de obras y autores continúa en el siglo XX: inicia con Francisco I. Madero, quien en sus Memorias da cuenta de los sucesos de su vida hasta el momento previo a que estalla la Revolución de 1910. Otro texto apócrifo es el de las Memorias atribuidas a Victoriano Huerta, quien difícilmente pudo haberlas escrito en su habitual estado de ebriedad. Álvaro Obregón escribió sus Ocho mil kilómetros en campaña para rememorar sus años de andanzas revolucionarias, pero nos dejó con la curiosidad de saber más sobre su “estilo personal de gobernar”. Su paisano Adolfo de la Huerta escribió sus Memorias para explicar por qué acabó disgustado con el grupo sonorense e inició una asonada. Los tres presidentes de la época del Maximato, mejor conocidos como “los peleles”, escribieron cada uno sus respectivas obras, seguramente dolidos por tan feo apodo y para demostrar una dignidad que no tuvieron frente a Plutarco Elías Calles; así tenemos a Emilio Portes Gil con Quince años de política mexicana, a Pascual Ortiz Rubio con sus Memorias y a Abelardo Rodríguez con su Autobiografía. Cierra la nómina de los revolucionarios el general Lázaro Cárdenas, quien en cuatro tomos nos legó sus muy interesantes Apuntes, anotados con perseverancia desde 1913 hasta 1970.

La segunda mitad del siglo XX también ha sido prolífica en gobernantes escritores: primero Miguel Alemán Valdés dejó unas muy breves, pero autocomplacientes Remembranzas y testimonios. Por su parte, José López Portillo, para explicar sus decisiones y su nepotismo, publicó Mis tiempos, biografía y testimonio político, en dos gruesos volúmenes con un total de 1,293 páginas. Más tarde, Carlos Salinas de Gortari publicó México, un paso difícil a la modernidad, ese gran tabique de 1,393 páginas con letra muy apretada en el que justifica su sexenio y acusa de traidor a su sucesor. Luego siguió, en orden de publicación, no de sentarse

La autobiografía es esencialmente subjetiva y su autor tiende, de manera natural, a la exoneración de las culpas y a la exaltación de los aciertos.

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[ El pasado del presente ] en la silla presidencial, Miguel de la Madrid, quien ya había aventurado un germen de posibles memorias en su discreto y frío libro testimonial: El ejercicio de las facultades presidenciales.

Luego se transformó —literariamente hablando—, pues en Cambio de rumbo se lanzó al ruedo, por la puerta grande, con 871 páginas de gran formato que retan al más voraz de los lectores. Llaman la atención dos cosas: la primera es que esos tres ex presidentes publicaron volúmenes enormes, puesto que tanto De la Madrid Hurtado como Salinas de Gortari y López Portillo se empeñaron en que sus recuerdos quedaran consignados en kilométricos textos. Segundo: gracias a sus ansias autojustificadoras y autolaudatorias, tenemos cubierto, vía las memorias de cada uno, el periodo mexicano comprendido entre 1976 y 1994.

Esto me lleva, entre paréntesis, a recordar a quienes en el siglo XX no escribieron: por ejemplo, no lo hizo don Venustiano Carranza —obviamente no le dieron tiempo—, ni tampoco Plutarco Elías Calles —habría sido interesantísimo que lo hiciera sin duda por tanta sangre—, ni Manuel Ávila Camacho —no era lo suyo eso de las letras—, ni Adolfo Ruiz Cortines —a él de plano no creo que le importara, pues el misterio era lo suyo—, ni mucho menos Adolfo López Mateos, a quien los aneurismas cerebrales se lo impidieron. A él, estoy seguro, le hubiera encantado. Dicen que Gustavo Díaz Ordaz escribió sus muy cacareadas Memorias, que pocos han visto y publicado en pedacitos mínimos, pero que aún permanecen inéditas y cuya publicación esperan con ansia los estudiosos sobre el tema de 1968. Hay que preguntarse si Luis Echeverría habrá escrito las suyas, lo cual es de desearse, pues su longevidad le ha concedido tiempo de sobra, como a ningún otro ex presidente. Ojalá también a Ernesto Zedillo le haya interesado escribir las suyas, al menos para corresponder a los deseos de los economistas que están ansiosos por saber cómo logró superar las crisis mexicanas y por qué aceptó la derrota del Partido Revolucionario

Institucional. Si don Ernesto lo hace, podríamos tener completa la segunda mitad del siglo XX a través de las diversas visiones y versiones de sus protagonistas.

Ya en pleno siglo XXI, cuando apenas llevamos dos décadas de él, son tres los presidentes que nos ha legado sus recuerdos: primero Vicente Fox —aunque usted no lo crea— con su libro La revolución de la esperanza, que, eso sí, ante la realidad inocultable y pública, tiene un coautor, un periodista llamado Rob Allyn, pues creo que don Vicente siempre fue ágrafo; este libro, que circuló muy poco, casi vergonzosamente, lleva un subtítulo muy bonito: “La vida, los anhelos y los sueños de un presidente”. Por su parte, Felipe Calderón ha publicado no una sino dos obras: la primera, más descriptiva que analítica, se titula Los retos que enfrentamos, una reseña de las dificultades que enfrentó en su gobierno y de las políticas públicas diseñadas para superarlos; luego, ya con la convicción de que un gobernante puede realizar un examen de conciencia autocrítico, publicó Decisiones difíciles, un relato personal donde desde sus primeras páginas anuncia cuál es el complejo y complicado deber de un presidente: gobernar es decidir. ¿Enrique Peña Nieto pensará en escribir sus “memorias”? ¿Alguien sabe algo al respecto?

Ahora aparece el libro de Andrés Manuel López Obrador, A la mitad del camino. Insisto en que publicar los recuerdos de medio sexenio es algo inusitado, cuando la tarea está incompleta por necesidad y aún faltan tres años más para quedar cesante en el empleo presidencial. No sabría decir si es conveniente escribir al calor de los acontecimientos, disputas y sinsabores; bueno, al menos no sé si lo es publicarlos, pues muchos presidentes llevaban sus diarios o sus notas, pero esperaron hasta concluir su encargo para redactarlos en forma definitiva, algunos hasta varios años. Sin embargo, con ilusión agrego este libro a mi pequeña biblioteca de “memorias del poder” mexicanas, pues tengo la esperanza de que sólo le falte un tomo más a esta obra autobiográfica. 7

José Manuel Villalpando es abogado por la Escuela Libre de Derecho y titular de la materia de historia del derecho en México en esa institución. Su actividad se ha centrado en la divulgación de la historia mexicana. Es autor de 44 libros y de centenares de ensayos y artículos en esa especialidad.

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Ángel Gilberto Adame

Reforma judicial y derechos humanos: una mirada desde adentro Loretta Ortiz Ahlf

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Voces Loretta Ortiz Ahlf, actual consejera de la Judicatura Federal, ha forjado una destacada trayectoria en el servicio público y es una reconocida académica experta en derecho internacional. En esta entrevista nos comparte sus reflexiones acerca de una diversidad de

temas que van desde el reciente —y polémico— amparo promovido por el rector de la Escuela Libre de Derecho contra la reforma judicial hasta el perfil que deben tener los

abogados en México, pasando por cuestiones como la paridad de género en el Poder Judicial y el desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

mpecemos por un tema polémico relacionado con la reciente reforma judicial. Como egresada y profesora de la Escuela Libre de Derecho, ¿qué opinas del amparo contra la reforma que presentó el rector de la Libre?

La escuela se constituyó con el objeto exclusivo de enseñar las ciencias jurídicas y sus auxiliares y como una institución independiente del poder público y ajena a todo fin político o credo religioso. El rector Ricardo Silva argumenta que tiene poderes para presentar el amparo en nombre de la escuela. Pero se trata exclusivamente de un poder para pleitos y cobranzas, es decir, para actos relacionados con la escuela.

El rector debe ser un ejecutor de las resoluciones que toma la Junta de Profesores, que es el principal órgano que decide el rumbo de la escuela. En ese sentido, estoy en total desacuerdo con su decisión de presentar el amparo a título institucional sin haber formulado una consulta previa en el seno de la escuela. n ¿No deberían estar comprometidas las escuelas de derecho con la defensa del marco legal, así como con la formación de los estudiantes?

Hay universidades que efectivamente tienen clínicas de derechos humanos o bufetes de litigio estratégico. Pero se debe analizar el objeto social de cada institución. En el caso de la Libre es exclusivamente la enseñanza.

En la Universidad Iberoamericana fui directora del Centro de Asesoría Jurídica de la Casa Meneses, que es una asociación específica de la universidad. Ahí tuve la intención de abrir un centro de mediación y no me lo autorizaron porque esa actividad no está en el objeto social de la asociación. Y no podía acudir al rector para que lo autorizara, porque él no decide por sí solo; hay órganos como el Senado Universitario y la Asamblea General de Asociados. n Entre quienes han apoyado al rector se menciona que a lo largo de su historia la Libre ha dado la pelea judicial en varias ocasiones. ¿Podemos equiparar esas otras ocasiones con ésta?

En 2006 —ironías del destino— interpuse una queja por la violación del derecho al voto en la elección de Felipe Calderón ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cómo lo hice? A título personal, a pesar de que era directora del Departamento de Derecho de la Ibero, consejera de la CNDH y profesora de la Libre. Lo que quiero decir con esto es que una acción de esta naturaleza debe ser presentada a título personal. n Se menciona que la reforma judicial propicia el autoritarismo del presidente de la Corte y de los consejeros de la Judicatura Federal. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Que no hay autoritarismo. Todas las resoluciones se toman dentro del marco legal; de hecho, la reforma fortalece la forma en que estamos trabajando.

Anteriormente, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal hacía la investigación y luego removía a jueces y magistrados contra los que se presentaban las quejas.

Pero con la reforma se separan las funciones de la Unidad de Investigación y de la Comisión de Disciplina.

También tenemos comisiones de vigilancia, de carrera judicial... Lo que hacemos es evaluar que los concursos se realicen con estricto apego a la normatividad; tenemos muchísimo cuidado de no llegue a ser juez alguien que no realice el examen correctamente y que no tenga el perfil establecido. Todo esto beneficia al Poder Judicial. Anteriormente, los juzgados estaban llenos de familiares. Ahora ya se combate ese nepotismo.

Y, por si eso no fuera poco, ahora la Escuela Judicial es autónoma y tiene su propia ley; no como antes, cuando se vendían los exámenes. n A pesar de las reformas, el titular del Ejecutivo se ha ensañado contra el Poder Judicial y ha repetido en múltiples ocasiones que está corrompido y es una mafia...

Obviamente hay corrupción en todas las instituciones y en todos los niveles. Pero se está combatiendo y no se va a arreglar de la noche a la mañana: tomará tiempo. Y también hay personas honestas que realizan una función primordial para la sociedad y merecen nuestro aplauso.

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Estamos construyendo un sistema mucho más transparente, ordenado y legalizado, aunque tengamos algunos casos de corrupción. Pero como ésta no se puede eliminar por completo, para eso existen órganos de control y para eso estamos los consejeros de la Judicatura Federal. n El famoso artículo transitorio de la reforma judicial también te beneficia a ti. Hasta ahora no has hecho ninguna declaración al respecto.

Yo tenía la certeza de que este tema se iba a resolver ante las instancias correspondientes, que iba a llegar a la Corte y se iban a presentar las acciones de inconstitucionalidad. Y decidí ser respetuosa del proceso legislativo. Si se hubiera dado el caso que se declarara constitucional, en ese momento expresaría mi decisión de ocupar mi cargo conforme a los términos constitucionales; ni un día más. n Cerrando el tema de los órganos impartidores de justicia, parece que padecen una contaminación política. Un ejemplo clarísimo es lo que sucedió con la presidencia del Tribunal Electoral. En la opinión pública queda la percepción de que hay un manoseo de los puestos, intereses personales, deseos de reelegirse, beneficios...

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Loretta Ortiz es egresada de la Escuela Libre de Derecho, con maestría en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana y doctorado en derechos humanos y derecho comunitario europeo por la UNED de España. Se ha desempeñado en dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Banco de México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y como diputada federal. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, y ha sido docente en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Iberoamericana (donde fue directora del Departamento de Derecho), en la Universidad Panamericana y en el Instituto Matías Romero.

Voces Hay órganos cuya función debería ser estrictamente jurídica, pero se mezclan cuestiones políticas. Y esta preocupación que siente el común denominador de las personas también la he sentido yo. El problema se deriva de que los nombramientos se realicen por cuotas de partidos. Debería nombrarse a magistrados, a personas no vinculadas con los partidos políticos.

En el caso concreto del Tribunal Electoral, su autonomía e independencia se pueden garantizar nombrando a personas expertas en el tema electoral. Hay muchos académicos, muy reconocidos, que no están vinculados con un partido político. n Hablando de partidos políticos, has sido muy crítica de lo que llamas el “PRIAN” y precisamente eso te llevó a ser miembro fundador de Morena. ¿Hacia dónde va este partido? Es evidente el “abandono” del presidente y las luchas internas por el control.

Yo dejé el partido cuando fui propuesta para formar parte de la Suprema Corte, pero ciertamente las cosas han cambiado mucho desde el momento en que empezó el movimiento. No estoy involucrada con la vida del partido, pero creo que, como sucede en todos, puede haber fracturas, desencuentros, movimientos... Es algo normal en la vida partidaria. Y a raíz de los resultados de la última elección, Morena tiene que repensar qué sucedió si quiere mantenerse como partido mayoritario.

Todavía hasta hace poco en el Poder Judicial, cuando impartía algún curso, me decían: “Hay garantías y hay derechos”. No fue sino hasta que se reformó el artículo primero constitucional que se garantizó el derecho humano al voto. n Ahora que mencionas el tema de los derechos humanos, me gustaría preguntarte cómo ves el desempeño de la CNDH. ¿Hemos avanzado, retrocedido o estamos igual?

Se podría hacer más. En mi opinión, es necesario modificar la Constitución para darle otras facultades y para que su marco jurídico funcione correctamente. n ¿Para que sus resoluciones se vuelvan vinculantes?

Pero no sólo es eso. La CNDH no ha funcionado correctamente. Y no me refiero a la actual presidencia, sino a todas las que ha tenido. Porque suele tardar mucho tiempo en emitir una resolución, hasta cuatro o cinco años, cuando los temas son cruciales. Lo que hemos visto es que en muchos casos el ombudsman ha sido comparsa del gobierno en la justificación de las violaciones a los derechos humanos.

Hay un principio fundamental para el manejo de las relaciones internacionales: la no intervención en los asuntos internos. No se debe intervenir. Si México se pronunciara en el caso de Venezuela habría una intervención en sus asuntos internos.”

n Los partidos siguen teniendo injerencia en las designaciones a pesar de que en las evaluaciones del nivel de confianza entre la población el Congreso se sitúa muy abajo...

Los derechos no son de los partidos, sino de las personas, y hasta que éstos no sean garantizados de manera efectiva, sin que medien los partidos, estaremos condenados.

Por ejemplo, ¿tú crees que la reforma electoral de Ernesto Zedillo, en 1995, fue por voluntad propia? Por supuesto que no. Se presentaron reclamaciones a la Comisión Interamericana pidiendo el respeto al voto, que estuvieron muy bien soportadas, y la comisión señaló la falta de mecanismos protectores del derecho al voto, independientemente de si se llamaba garantía individual o derecho humano.

n Llama la atención su silencio, no se le oye para nada. Porque la violencia y la violación de los derechos humanos en el país están como nunca antes.

Mientras no concluya este periodo, no podemos hacer una evaluación completa. Solamente quienes están en el seno de la CNDH, los consejeros, pueden analizar integralmente la problemática.

n Como experta en derecho internacional y política exterior, ¿qué opinión tienes del momento actual que vive la diplomacia mexicana? Tenemos el caso reciente del cese del agregado cultural de México en España y la polémica sobre quién debía sustituirlo, en la que también se involucró el presidente. ¿No se está rompiendo el esquema de la diplomacia tradicional al ventilarse públicamente estos temas?

Realmente no. Los principios de política exterior están en el artículo 89; se trata de decisiones del gobierno federal y de personal interno de la embajada. Habría una incidencia a nivel internacional si se tratara de un asunto como declarar persona non grata a un presidente extranjero que quisiera LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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“La abogacía, junto con la medicina, es una de las profesiones más nobles que tenemos. Pero debe haber un mayor control de los abogados a través de la colegiación obligatoria.”

intervenir en cuestiones políticas internas o dijera que en nuestro país no hay democracia, como sucedió alguna vez. n ¿En este mundo globalizado es válido no pronunciarse por las violaciones a los derechos humanos que suceden en otras latitudes? Por ejemplo, México, que no se pronuncia en el caso de Venezuela.

Hay un principio fundamental para el manejo de las relaciones internacionales: la no intervención en los asuntos internos.

No se debe intervenir. Si México se pronunciara en el caso de Venezuela, habría una intervención en sus asuntos internos.

Ahora bien, hay organismos internacionales adecuados para tomar acciones y retirar a ciertos países de esos organismos.

Pero no se trata de la relación con un solo Estado, sino de una decisión en foros internacionales, básicamente en las Naciones Unidas, o a nivel regional (la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, etcétera). n Te veo como ejemplo de una abogada exitosa en nuestro país y actualmente muchas mujeres eligen esta carrera.

Pero en tu época de estudiante no fue así. ¿Ya dejamos atrás el tema de la paridad o debemos seguir insistiendo en que se asignen cuotas a las mujeres para que accedan a los cargos públicos?

Personalmente no tuve ningún problema en el ejercicio de la profesión; sin embargo, con los años me he dado cuenta de que sí había discriminación y que sí estamos obligadas —las que estamos de este lado de la barrera— a hacer múltiples cosas para ayudar al ejercicio profesional de las mujeres. En la Libre a las mujeres nos mandaban a nuestra casa a cocinar, a tejer... Y había cuotas, pero en sentido contrario: no podía haber ni una mujer más allá del 50 por ciento, aunque fuera más competente que un hombre, porque se decía que los varones iban a ser el sostén de su familia. Pero en realidad

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hay muchísimas mujeres que son el sostén de la familia. Lo que debe haber es piso parejo.

En el Poder Judicial Federal ya existe un área de derechos humanos y cuestiones de género, concursos paritarios y acciones afirmativas. Pero todavía falta que quienes estamos en puestos de poder nos comprometamos a buscar que lleguen las demás. Muchas piensan que si a ellas les costó trabajo, a las demás también les tiene que costar. Es algo absurdo, pero muchas veces así sucede. n Para cerrar nuestra entrevista, considerando tu faceta como profesora desde hace 42 años, me gustaría preguntarte: ¿qué tipo de abogados necesita México?

Creo que la abogacía, junto con la medicina, es una de las profesiones más nobles que tenemos. Pero debe haber un mayor control de los abogados a través de la colegiación obligatoria.

Me ha tocado saber de muchas personas que se presentan como abogados y ni siquiera tienen un título profesional.

En mi opinión, se necesitan al menos cinco años de preparación para el ejercicio de la profesión. También hay conocimientos mínimos indispensables que se requieren: tratados de derechos humanos, derecho ambiental, derecho constitucional, obligaciones... Igualmente, se requiere una formación teórico-práctica sólida. Desgraciadamente estamos acostumbrados al sistema de conferencia; habría que mezclarlo con los casos. Y me parece necesario estudiar uno o dos semestres en el exterior; eso proporciona una amplitud de miras impresionante.

Finalmente, se debe enseñar ética profesional. Muchos abogados que litigan rebasan los cánones de la ética y justifican sus estrategias para efectos de ganar. Pero el fin no justifica los medios. La ética es fundamental donde se ejerza la profesión, sea en el servicio público, como consultores o como académicos.

Se necesitan principios y valores. 7

¿Qué dicen hoy los tribunales?

Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

En las últimas semanas el Pleno de

Derecho civil

Nación (SCJN) resolvió distintas ac-

n Reducción de pensión alimenticia cuando nace un nuevo hijo

la Suprema Corte de Justicia de la

ciones de inconstitucionalidad sobre

los derechos a la vida, a la autonomía reproductiva, al derecho a decidir y

a efectuar una objeción de concien-

cia. Esas resoluciones de la SCJN contaron con mayoría calificada por lo

que son de aplicación obligatoria y

vinculante para los órganos jurisdic-

cionales del país, tanto a nivel federal como a nivel local. Esta colaboración presenta una síntesis de dichas re-

soluciones, así como de diversos criterios publicados en el Semanario

Judicial de la Federación referentes a la nulidad de cláusulas pactadas por

abogados para recibir el pago de sus

honorarios sobre los bienes en litigio y el primer criterio sobre vacunación

anticipada por Covid-19, entre otros.

La Primera Sala de la SCJN determinó que el nacimiento de un nuevo hijo del padre, deudor alimentario, no constituye prueba suficiente para que los juzgadores procedan, en automático, a realizar la disminución solicitada por el padre en la acción de reducción de pensión alimenticia. En este criterio la Primera Sala señaló que el padre debe aportar más elementos de prueba para que el juzgador pueda valorar si procede o no la reducción de la pensión de sus primeros hijos. Esta decisión deberá atender al principio de proporcionalidad, considerando las posibilidades económicas del padre, las necesidades de sus primeros hijos, así como la cantidad que destina para cubrir los alimentos del nuevo hijo. Registro: 2023537. n Honorarios de abogados se declaran nulos

El Código Civil para el Distrito Federal establece que los abogados no pueden adquirir los bienes de sus clientes y tampoco pueden ceder los derechos que tengan sobre los mismos (artículo 2276). Un Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) de la Ciudad de México declaró nula la cláusula en un contrato entre el abogado y su cliente en la que se pactó que los honorarios constituirían un porcentaje de los bienes objeto del litigio. El abogado planteó en amparo que el artículo 2276 violaba los derechos a la igualdad y a la no discriminación, por establecer un tratamiento específico en cuanto a los bienes. La Primera Sala de la SCJN determinó en jurisprudencia que la diferencia de trato tiene una justificación objetiva y razonable en tanto busca proteger a los clientes de un posible abuso por parte de sus abogados, quienes por su conocimiento jurídico se encuentran en una posición ventajosa. Se señaló que es una medida proporcional porque la prohibición no es absoluta, sino que se limita a los bienes materia de los juicios tramitados por los abogados. Registro: 2023591.

Juicio en línea n Carta poder que se adjunta a la demanda de amparo

P D e A

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Pérez de Acha Ibarra de Rueda

abogacía Noviembre 2021

Los TCC en materia laboral sostuvieron posturas contrarias al resolver si se debía desechar o no la demanda de amparo indirecto presentada en línea por el apoderado especial de la quejosa, quien exhibió de forma digitalizada una carta poder para acreditar su personalidad. Un Pleno de Circuito determinó que en este caso sí es posible acreditar con carta poder la personalidad del promovente, siempre que se señale en la demanda si el documento que se exhibe es original, copia certificada o copia simple, y que se manifieste bajo protesta de decir verdad que ese documento digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Esto último con el fin de dar seguridad

jurídica a las partes. El juzgador podrá requerir de forma excepcional al promovente la exhibición del documento original para verificar su coincidencia. Registro: 2023527.

momento en que entrarán en vigor las resoluciones tomadas por el Máximo Tribunal.

Derecho penal

personas gestantes La acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 se refieren a la legislación en Coahuila. El Pleno resolvió lo siguiente: • Son inconstitucionales las normas de Coahuila que penalizan el aborto voluntario de la mujer o de personas con capacidad de gestar, cuando se realiza dentro de un breve periodo de tiempo cercano a la gestación.

• Se reconoce a nivel jurisprudencial el derecho a decidir de la mujer y de las personas con capacidad de gestar.

• Este criterio es obligatorio para todos los jueces locales y federales, por lo que deben respetar el derecho a decidir y tendrán que considerar como inconstitucionales las normas que criminalicen de forma absoluta el aborto.

• Las mujeres o las personas con capacidad de gestación pueden acudir a los tribunales para hacer válido su derecho a decidir.

• Con esta sentencia no se eliminan las normas que penalizan el aborto en otros estados de la República, pero cualquier persona podrá interponer un juicio de amparo para buscar que no le sean aplicadas, por ser contrarias a la Constitución.

• Se envía una señal a las entidades federativas sobre la inconstitucionalidad de la tipificación del aborto voluntario en los primeros meses del embarazo. Actualmente, de los 32 estados del país, el aborto está despenalizado en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

n Juez competente para resolver sobre controversias en

un centro penitenciario La Primera Sala resolvió quién es el juez de ejecución competente para conocer de una controversia sobre las condiciones de internamiento de una persona en prisión preventiva. Lo anterior, en el supuesto de que el centro penitenciario se encuentra en una entidad federativa distinta a la del lugar en el que se emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad. En jurisprudencia determinó que el juez de ejecución competente es el del mismo fuero y territorio de aquel en que se encuentre el centro penitenciario, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Registro: 2023554.

Derecho laboral n Obligación de juzgar con perspectiva de género en

juicios por acoso sexual En el caso, un trabajador de Petróleos Mexicanos fue despedido por hostigar y acosar sexualmente a un grupo de mujeres.

El trabajador promovió juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el que se ordenó su reinstalación debido a que el patrón no había ofrecido los medios de prueba suficientes. El TCC determinó que cuando existan indicios de acoso sexual contra mujeres en el centro de trabajo, las juntas deben juzgar con perspectiva de género y hacer uso del protocolo de la SCJN, incluso cuando las víctimas no sean parte procesal en el juicio laboral. Juzgar con perspectiva de género implica nivelar la situación de grupos históricamente desaventajados, como son las mujeres. Registro: 2023567.

El TCC determinó que las juntas y los tribunales laborales tienen un papel proactivo en virtud de la perspectiva de género, por lo que ante indicios de acoso u hostigamiento sexual deben allegarse, de oficio, de las actas administrativas donde consten los hechos y sus anexos, así como ordenar su ratificación con citación a la parte trabajadora, así como desahogar cualquier otra prueba con el fin de contar con los medios necesarios para visualizar la posible violencia de género. Registro: 2023566.

n Del aborto y el derecho a decidir de las mujeres y las

n El derecho a la vida y la autonomía reproductiva

Después de resolver sobre la despenalización del aborto, el Pleno de la SCJN declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución de Sinaloa por establecer la protección de la vida desde la concepción. En la acción de inconstitucionalidad 106/2018 y su acumulada 107/2018 se sostuvo lo siguiente: • Es inconstitucional prever la protección de la vida desde la concepción.

• No corresponde a ninguna legislatura local ni al Pleno determinar el origen de la vida humana.

Acciones de inconstitucionalidad Durante septiembre la SCJN resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad, todas relacionadas entre sí. A partir de las discusiones en el Pleno, exponemos las principales consideraciones de cada una de ellas. Queda pendiente aún que las sentencias se notifiquen a las autoridades demandadas, LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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¿Qué dicen hoy los tribunales?

• El Pleno reconoció que el Estado mexicano sí tiene un interés en proteger la vida del producto de la concepción y debe expresarse protegiendo a las mujeres y a las personas gestantes.

• Se reitera la calidad del feto y el embrión como bienes constitucionalmente relevantes que deben protegerse.

• Se reitera la existencia de derechos constitucionales de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir y a su autonomía reproductiva.

• Se establece que la autonomía de las mujeres y las personas gestantes, así como la protección del feto o el embrión, deben analizarse con base en una modulación gradual que respete el derecho de decidir.

• No se puede asimilar la protección jurídica del embrión y el feto con el de las personas nacidas, ya que las primeras se encuentran en un proceso contingente que va adquiriendo mayor capacidad de vida conforme avanza el embarazo. n La objeción de conciencia de médicos y enfermeras

La SCJN sostuvo que la objeción de conciencia es constitucionalmente válida, pero rechazó la forma en que está regulada en la Ley General de Salud al resolver la acción de inconstitucionalidad 54/2018: • El texto actual del artículo 10 bis de dicha ley es inconstitucional por prever este derecho de manera amplia (sólo hay dos supuestos en los que el personal de salud no puede invocarlo: cuando esté en riesgo la vida o por urgencia médica).

• Con la redacción actual se incumple con el deber estatal de disponibilidad de los servicios de salud.

• La objeción de conciencia es válida porque materializa los derechos humanos de libertad religiosa, ideológica y de conciencia, por lo cual tiene fuerza vinculante, pero no se puede considerar como un derecho autónomo general.

• Es un derecho limitado, por lo que no puede invocarse para defender ideas contrarias a la Constitución. Puede invocarse de forma individual y no por una institución pública estatal.

• Su ejercicio está vinculado con la interrupción del embarazo, la realización de trasplantes o las transfusiones sanguíneas, los procedimientos quirúrgicos riesgosos e innecesarios, entre otros.

• Por ser un derecho limitado, su ejercicio debe apegarse a determinados lineamientos que quedarán definidos en la sentencia que emita el Pleno.

Covid-19 n TCC niega vacunación anticipada

Una persona solicitó la suspensión en amparo en contra de la política nacional de vacunación (PNV) para que fuera incluida en una etapa de vacunación previa a la que le correspondía, debido a que padecía una enfermedad crónica que lo colocaba en situación vulnerable. La PNV ha sido modificada en diversas ocasiones, por lo que la versión que fue impugnada en este amparo no es la que se encuentra vigente en la actualidad. El TCC negó la suspensión con base en las siguientes consideraciones: 1) la PNV busca proteger la salud de la población, 2) la PNV fue emitida a partir de estudios científicos y 3) la Ley de Amparo señala que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público cuando se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias (a. 129, f. V). Registros: 2023603 y 2023602.

El asunto que dio origen a este criterio fue emitido en marzo de 2021 por un TCC de Jalisco y es la primera tesis publicada sobre este tema. Los criterios en el Poder Judicial de la Federación han sido distintos, ya que en algunos casos sí se ha concedido la suspensión para lograr una vacunación anticipada. 7

Los registros referidos en este artículo pueden consultarse en el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente enlace:

Denise Tron Zuccher es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asociada de PDeA Abogados y colaboradora de la organización Justicia Justa.

Mariana Ruiz Albarrán es egresada de la licenciatura de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y colaboradora de PDeA Abogados y de la organización Justicia Justa.

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abogacía Noviembre 2021

[ Visión global ]

Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

Límites a la extraterritorialidad de las leyes La aplicación extraterritorial de las leyes no siempre es posible, especialmente cuando el individuo al que se le quiere aplicar la ley se encuentra fuera del alcance del Estado sancionador o no existen escenarios de coordinación y cooperación con terceros Estados que permitan la ejecución de la ley extranjera en su territorio. En esta colaboración los autores exponen los elementos involucrados en la aplicación extraterritorial de las leyes a partir de casos recientes de alto impacto.

A

lo largo de los últimos años, la práctica internacional ha confirmado en múltiples casos que la aplicación extraterritorial de las leyes nacionales va intrínsecamente relacionada con cuatro aspectos en particular, que a continuación se exponen.

La potestad de los Estados para influir en el comportamiento de sus pares La potestad para asegurar la cooperación de gobiernos extranjeros se ejemplifica con algunos eventos que desembocaron en las sanciones coercitivas unilaterales que el gobierno de Estados Unidos interpuso al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En esa situación, a petición del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con la ejecución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, se les congelaron las cuentas bancarias en México a las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group por realizar transacciones comerciales con el régimen venezolano.

La capacidad estructural gubernamental para monitorear el apego a la ley en el extranjero Fue el caso en que Estados Unidos identificó una supuesta violación a las sanciones coercitivas unilaterales interpuestas

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en contra del régimen de Irán por parte de la empresa china de telecomunicaciones Hawei, supuestamente por defraudar a múltiples instituciones internacionales financieras en el empleo de infraestructura financiera con el objetivo de retirar sus ganancias del territorio iraní. El incidente se materializó en diciembre de 2018 cuando el gobierno de Canadá detuvo a Wanzhou Meng, alias Cathy Meng y Sabrina Ment, directora financiera de Huawei e hija de su fundador, tras la ejecución de una solicitud de detención provisional con fines de extradición remitida por el gobierno estadounidense.

El nivel de atracción para lograr que personas extranjeras tengan una conexión con el foro que los pretende sancionar Este escenario llega a cristalizarse ya sea por el hecho de que la personas mantengan bienes en el territorio del Estado extranjero o por que tengan interés por viajar a ese territorio. En el primer caso, se ejemplifica con la situación que atravesaron varios inversionistas extranjeros que habían lucrado con los bienes decomisados a nacionales estadounidenses en Cuba desde el triunfo de la Revolución cubana. Estas personas, al mantener también inversiones en Estados Unidos, se vieron expuestas a sendas demandas por los nacionales estadounidenses afectados por la entrada en vigor, en 2018, del título III de la Ley Helms-Burton.

Fotografía: Freepik

El apego de México a la Doctrina Estrada como justificante para mantenerse ajeno a la práctica de reconocimiento de gobiernos le permite escapar de un enfrentamiento con Estados Unidos.

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en la capacidad del gobierno estadounidense de respaldar sus amenazas, en el sentido de que se logró infundir el miedo suficiente a los particulares para que visualizaran dichas sanciones como reales e inminentes y no meramente discursivas.

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Un segundo ejemplo fue la detención del general Salvador Cienfuegos quien, al viajar a territorio estadounidense, en octubre de 2020, básicamente le facilitó el trabajo a las autoridades estadounidenses que ya tenían una orden de aprehensión librada en su contra.

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La determinación en la ejecución de la ley Se ilustra con el enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán que causó la amenaza del primer país a los propietarios de los buques petroleros que el gobierno de Irán empleó para enviar gasolina a Venezuela. Estados Unidos también previno que todos los puertos fuesen utilizados para reabastecer de combustible a esos navíos y amenazó que si colaboraban con el régimen iraní para facilitar esa empresa serían objeto de sanciones. El éxito de este incidente se basó

La aplicación extraterritorial de leyes y el reconocimiento de decisiones extranjeras recae en la voluntad del Estado en el que se pretende ejecutarlas.

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Cuando alguno de estos elementos se ausenta de la ecuación difícilmente se puede asegurar la aplicación extraterritorial de las leyes por más que el Estado extranjero tenga la intención de hacerlo. La ausencia de algunos de estos elementos se puede producir, ya sea por escenarios de no cooperación, cuando el Estado requerido se ampare bajo el principio de independencia y soberanía nacional, o por el desinterés del Estado sancionador de perseguir una conducta en particular.

Justamente estos dos escenarios se materializaron recientemente en dos eventos separados: la visita de Nicolás Maduro a México y la liberación de la directora financiera de Huawei, Wanzhou Meng, en Canadá.

Huawei y la diplomacia de rehenes Tras la detención de la directora financiera de Huawei en Canadá, a finales de 2018, las repercusiones diplomáticas no se dejaron esperar. El gobierno de China de inmediato implementó medidas de retorsión en contra de Canadá afectando a dos de sus nacionales, a quienes detuvo bajo circunstancias dudosas y les impuso penas exageradas. Si bien el origen del desencuentro no concernía a Canadá, éste se vio arrastrado al enfrentamiento que ya sostenía la administración de Donald Trump en contra del gobierno chino.

Tras la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, a pesar de que el enfrentamiento no se disipó por completo, se redujo de manera considerable. Mediante una oportunidad procesal se difirió la acción penal y se llegó a un arreglo entre la defensa de Wanzhou Meng y las autoridades estadounidenses, se acordó la cancelación de la solicitud de extradición que la mantenía detenida en territorio canadiense y se acordó su liberación a cambio de la aceptación de que los hechos de los que se le acusaba eran ciertos por parte de la nacional china.

Después de que Wanzhou Meng fue liberada, el capítulo de diplomacia de rehenes entre Canadá y China concluyó, puesto que el gobierno chino liberó casi de forma automática a los dos ciudadanos canadienses que mantenía detenidos en su territorio. Este capítulo evidencia cómo el cambio de política por parte del Estado que desea ejecutar sus leyes de forma extraterritorial (en este caso la falta de interés de Estados Unidos por continuar escalando el enfrentamiento que comenzó la administración Trump con China y Huawei) termina desactivando la coadyuvancia por parte de cortes canadienses en la ejecución extraterritorial de la ley estadounidense.

Nicolás Maduro en México En el galimatías de autoridades de iure (gobierno de Juan Guaidó) y autoridades de facto (régimen de Nicolas Maduro) que coexisten en Venezuela como consecuencia de los diferentes pronunciamientos de política exterior realizados por diversos miembros de la comunidad internacional, la situación en Venezuela ejemplifica la aplicación extraterritorial como consecuencia del desconocimiento de las inmunidades de las que como jefe de Estado disfruta Nicolás Maduro.

Recordemos que en marzo de 2020 el gobierno de Estados Unidos anunció el libramiento de una orden de aprehensión en su contra, y de otros altos funcionarios de su régimen, por varios delitos, entre los que se encuentran narcotráfico, narcoterrorismo y corrupción.

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Aparte de la orden de aprehensión, el Departamento de Justicia ofreció una recompensa de 15 millones de dólares para cualquier persona que ofrezca información que derive en la captura de Nicolás Maduro. Esa posición fue uno de los factores que animó, en mayo de 2020, a varios mercenarios estadounidenses y disidentes venezolanos a realizar la fallida operación Gedeón con la que se pretendía capturar a Nicolás Maduro.

Así, en septiembre de 2021 se llevó a cabo la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la Ciudad de México, en la que participó la mayoría de los representantes de los 33 Estados que integran la región de América Latina y el Caribe. Más allá de los acuerdos que derivaron de la reunión donde se acordó crear la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, y un fondo CELAC para la respuesta integral a desastres, uno de los temas subrayados por los medios de comunicación fue la llegada sorpresa de Nicolás Maduro a la reunión. En específico, llamó la atención el enfrentamiento que tuvo con los presidentes de Paraguay y Uruguay y las interrogantes en torno a si la orden de aprehensión librada por parte de las autoridades estadounidenses en su contra podía ser ejecutada en su contra o no.

El apego de México a la Doctrina Estrada como justificante para mantenerse ajeno a la práctica de reconocimiento de gobiernos le permite escapar de un enfrentamiento con Estados Unidos en la hipótesis de que hubiera transmitido una solicitud de detención provisional con fines de extradición en contra de Maduro. De esta forma, el gobierno de México sigue reconociéndole las inmunidades y la inviolabilidad personal a Nicolás Maduro como parte del reconocimiento como jefe de Estado, situación muy diferente a la que acontece en aquellos Estados que lo desconocen como presidente de Venezuela y que ha orillado al mandatario venezolano a reducir sus viajes al extranjero.

Finalmente, se puede afirmar que a pesar de que el Estado que pretenda aplicar de forma extraterritorial sus leyes debe tener la capacidad de influir en el comportamiento de otros entes soberanos para que lo auxilien, no todos los Estados la tienen. Sin duda alguna el sometimiento voluntario del individuo, ya sea de forma expresa o tácita en el foro extranjero, forma parte esencial de la ecuación. 7

Víctor Emilio Corzo es doctor en derecho y diplomático de carrera experto en derecho internacional.

Ernesto Eduardo Corzo es experto en arbitraje internacional, acreditado para ejercer en México y en Estados Unidos.

@VE_Corzo @EE_Corzo

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Amando Mastachi

Reflexiones sobre el oficio del notario público Francisco Fernández Cueto

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Voces En abril de 2021 Francisco Fernández Cueto se retiró del ejercicio profesional, renunciando a la titularidad de la Notaría 16 de la Ciudad de México, actividad a la que dedicó más de medio siglo. Durante ese tiempo pudo atestiguar numerosos cambios culturales y sociales, así como el desarrollo de adelantos tecnológicos que induda-

blemente tuvieron un gran impacto en la función notarial. De estos cambios, de sus

aprendizajes y experiencias, y de lo que hoy se debe esperar de un notario, nos habla en esta entrevista.

e gustaría comenzar preguntándole sobre la vida de la persona detrás del notario. ¿Cómo decidió que quería dedicarse al derecho?

Influyó mucho en mí el ejemplo de mi padre, que fue un próspero y muy reconocido abogado. Esa influencia, pero sobre todo los principios éticos que él me inculcó, me ayudaron en el desempeño del notariado. Lo veía trabajar, escuchaba las pláticas que sostenía sobre su práctica profesional con sus amigos abogados y por eso opté por seguir la misma carrera que él.

Así fue como en 1962 ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y, gracias al buen número de amigos que ahí conocí y que me brindaron su apoyo, colaboración y amistad (entre quienes siempre destacaron Carlos de Pablo Serna, Tomás Lozano Molina y Fernando Ysita del Hoyo), y a los grupos que se formaron con decenas de conocidos (hoy muy cercanos y queridos amigos), me convencí de no haberme equivocado al escoger la carrera de derecho para mi ejercicio profesional. n ¿Qué maestros le inspiraron la decisión de dedicarse al derecho civil?

Primero tuve el gusto de haber cursado el primer año de derecho civil con aquel gran hombre que fue Néstor de Buen Lozano, inolvidable, dotado de un envidiable don de exposición de su materia. Nos invitaba a reaccionar y a meditar sobre sus enseñanzas, inculcando en nosotros el amor al derecho civil.

Durante dos años Guillermo Floris Margadant nos condujo a través del derecho romano, llenándonos de comentarios y anécdotas inolvidables. Fue un maestro excepcional.

Pero sobre cualquiera otros de mis profesores destacó la presencia de mi gran maestro, guía, consejero y después amigo inolvidable y colega notario Manuel Borja Martínez, de quien me sentí privilegiado por haberme tratado de una manera muy especial cuando yo era estudiante. Además de haber dirigido mi tesis profesional, me llamó para colaborar con él como encargado de lo que llamó el Laboratorio de Contratos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en

la cual, poco después, me designó como su profesor suplente en el curso de primer año de Contratos.

Nadie que haya conocido al maestro Borja Martínez me dejará mentir cuando afirmo que estuvo dotado de una mente clara muy especial, de una envidiable capacidad de juicio y de síntesis, de habilidad de explicación de cualquier tema jurídico y de un trato amable (aunque a veces un tanto sarcástico, lo que lo hacía más humano, pero menos asequible a terceros). n ¿Con quién se formó en el notariado?

Mis primeros “pininos” los llevé a cabo cuando estudiaba el segundo año de la carrera, “trabajando” (si así se le puede llamar a cotejar escrituras para sobrevivir) con don Carlos Ramírez Zetina, entonces titular de la Notaría 132 de esta ciudad.

Posteriormente, en mayo de 1967, una vez recibido como licenciado en derecho, colaboré con don Humberto Hassey Cadena, titular de la Notaría 105 de esta ciudad, donde me recibió siempre con los brazos abiertos, hasta la fecha de presentación de mi examen de oposición, el 14 de febrero de 1970.

Después de recibir mi título profesional, decidí ingresar al notariado. Alrededor de esta figura profesional se movían grandes personajes, magníficos abogados cuyo ejemplo a seguir quise imitar: profesionales del derecho dedicados a la labor notarial y dotados de una capacidad intelectual envidiable y de una personalidad y una sencillez profesional excepcionales; entre otros, principalmente Francisco Lozano Noriega, Mario Monroy Estrada, Graciano Contreras, Eugenio Ibarrola Santoyo, Alberto Pacheco Escobedo, Javier Prieto Aguilera, Carlos Prieto Aceves, Juan Manuel García de Quevedo (padre e hijo), Fernando y Javier Arce, Joaquín Oseguera Iturbide, Francisco Villalón Igartúa, etcétera. ¡Grandes hombres, grandes notarios! n ¿Cuáles han sido sus mayores logros en el notariado?

En mi desempeño como titular de la Notaría 16 de esta capital destaca el hecho de que, siendo presidente del Colegio de Notarios don Joaquín Oseguera Iturbide, recibí la patente de notario a los tres meses de haber cumplido 26 años de edad. Así, LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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“Percibo un notariado que ha venido cambiando con el paso de los años, como es de esperarse, pero que desafortunadamente está dejando a un lado la responsabilidad que tiene frente a la sociedad de conservar, mantener y mejorar el bienestar social como meta de la profesión.”

me convertí en el más joven de los notarios de entonces —por escasos cinco meses, pues inmediatamente después ingresaron como notarios mis colegas y grandes amigos Ignacio Soto Borja y de Anda y Tomás Lozano Molina, quienes obtuvieron sus respectivas patentes a los 25 años—.

Después de los dos primeros años tuvieron lugar mis participaciones en los consejos del colegio presididos, respectivamente, por Francisco Villalón Igartúa, Alejandro Soberón Alonso, Manuel Borja Martínez, Carlos Prieto Aceves y Mario Pérez Salinas. A Carlos Prieto me tocó seguirlo, honrosamente, en la presidencia durante 1986 y 1987.

El gran beneficio que obtuve al haber sido invitado a participar en todos esos consejos fue que me di cuenta de la importante labor social que un notario debe desempeñar pues, éticamente hablando, él se debe a la sociedad —en su concepto más amplio— en la que se desarrolla y vive y para la cual debe trabajar. n En su trayectoria destaca la función que ejerció como presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal. ¿Qué desafíos enfrentó?

Mi primer desafío lo tuve cuando el Colegio de Notarios puso sobre mis hombros la responsabilidad de su dirección. Yo tenía apenas 42 años de edad; era muy joven y recaía en mí una gran responsabilidad.

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Mi primer reto y obligación fue hacer frente al problema social derivado de la ausencia de vivienda que se presentó en el Distrito Federal por el sismo del 19 de septiembre de 1985, entre cuyos tristes efectos destacó el hecho de que miles de personas, en un solo día, tuvieron el estatus de damnificados por haber perdido sus viviendas. En un solo día.

Entonces, bajo la regencia de Ramón Aguirre Velázquez, Manuel Aguilera Gómez —quien años después sería regente de la ciudad—, junto con su director general jurídico, Fernando Serrano Migallón, en conjunto con el Colegio de Notarios y demás autoridades del gobierno de la ciudad, logramos poner en marcha lo que se denominó “Programa de Renovación Habitacional Popular”, el cual benefició a miles de familias a quienes dotó de los medios necesarios para formar un patrimonio al acceder a una vivienda y contar con un título de propiedad válido y auténtico sobre ella.

El apoyo, la actitud, el trabajo y la entrega del notariado de esta ciudad a ese programa fue maravilloso. Logramos una gran unidad que motivó que las relaciones notariado-gobierno recuperaran e incrementaran el nivel de colaboración que por una causa desafortunada se había deteriorado, y que el respeto de nuestros gobernantes hacia el notariado se incrementase y se reconociera su labor todavía más aún.

Otro mérito del Consejo que me correspondió presidir fue el hecho de haber creado, por primera vez en la historia del

Voces notariado de nuestra ciudad, la Guía del aspirante al notariado que, como su nombre lo indica, pretendía servir de base al estudiante (aspirante) con el fin de que se preparara para el siempre temido examen de oposición. Desafortunadamente, dada la gran dificultad que suponía mantenerla actualizada, año con año, la guía se dejó de lado algunos años después y quedó en el olvido.

Por cierto, debo agregar que en ese bienio el Consejo que me honraba presidir concibió la idea de tener un símbolo externo que nos identificase social, pública y físicamente a los notarios. Así nació nuestra “roseta” que, con los colores verde (símbolo de la esperanza) y azul (representativo de la fe), quiso dar forma objetiva a la esperanza que nuestra sociedad tiene depositada en la fe notarial que, por ley, es delegada al notario. n ¿Cuál es su visión del notariado?

Percibo un notariado que ha venido cambiando con el paso de los años, como es de esperarse, pero que desafortunadamente está dejando a un lado la responsabilidad que tiene frente a la sociedad de conservar, mantener y mejorar el bienestar social como meta de la profesión. Ya lo señalé antes: el notario debe pensar primero en el bien común y, después, en su bienestar particular (que, aunque es algo normal, en sí es algo efímero).

Si el notariado ignora cuál es esa meta, la profesión tarde o temprano sufrirá grandes embates al grado de que podría

muy peligrosa para la supervivencia del notariado, pues su fuerza tiende a excluirlo tarde o temprano.

Forzosamente, el notario debe darse cuenta de esa circunstancia y actualizarse, modernizándose y adelántandose al cambio. Podré ser tachado de fatalista, pero de otra manera no veo cómo podrá subsistir el notariado sin esa actualización de todas las actividades del quehacer humano, sean del derecho o no. n ¿Cómo se ha modificado su práctica profesional con estos cambios?

Tomando en cuenta que la tecnología actúa con un certero y severo embate contra mi profesión, decidí —pensando en mi clientela y en la inminente disminución de mi futura capacidad mental (consecuencia de mi progresiva mayor edad)— que había llegado el momento de optar por el retiro voluntario. Y aquí se me presentó lo que es a todas luces evidente: vivimos una época en la que se legisla no sólo mediante nuevos ordenamientos legales, sino por medio de decretos, circulares y resoluciones de autoridades que son emitidos y puestos en marcha día a día y que, sin lugar a dudas, exigen mentes brillantes que puedan absorberlos, recordarlos y aplicarlos consuetudinariamente.

Nuestas vidas y nuestra actuación notarial se ven afectadas inmisericordemente (y créame que no exagero), y los errores y las omisiones se pueden presentar sin que el notario se dé

"La actividad notarial presenta grandes retos que se deben afrontar, como la falsificación de documentos, que tiene como objeto engañar tanto al notario como a la población." llegar a desaparecer o, por lo menos, sufrir cambios radicales durante las siguiente generaciones. n ¿Qué cambios destacaría en el notariado a lo largo de su práctica profesional?

La tecnología moderna es uno de nuestros peores enemigos.

El avance de las comunicaciones y de la cibernética es tan rápido y tan variado que ha logrado un desarrollo que hace 10, 20, 30 años no se consideraba en absoluto. Quiéralo o no, el actual notario depende de la cibernética, por lo que si un notario trabaja hoy en día sin un sistema de computación (que cada vez es más complejo), su labor se volverá mucho muy difícil, casi imposible.

Ya se escuchan voces, actitudes y estudios que abogan por la desaparición del notariado, al que se ha llegado a considerar, inclusive, innecesario. El block chain, por ejemplo, es un arma

cuenta. Y las sanciones que se aplican no sólo recaen sobre la conducta de la persona, sino también sobre su patrimonio, y son múltiples, tremendas en muchos casos, y deben ser tomadas con mucha seriedad. n ¿Cómo logró combinar su práctica profesional con su vida familiar? ¿Sus hijos siguieron sus pasos?

Gracias a Dios, siempre traté, y seguramente lo logré, que mi práctica profesional nunca interviniese con mi familia.

Mi esposa, mis hijos y mis nietos me pueden desmentir, pero siempre aprendí (gracias a Sandra, mi esposa) a respetar los horarios y los tiempos familiares y a separarlos de los concernientes a mi trabajo. Siempre hemos convivido en paz y en concordia somos felices.

Tengo cinco hijos, de los cuales son licenciados el mayor (Francisco) y el menor (Santiago). Ambos prefirieron tomar LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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otros caminos dentro del derecho, pero ninguno optó por el notariado.

Respeté, respeto y siempre respetaré su decisión, lo mismo que la de mis otros hijos: Alejandra, Javier y Diego.

Un padre siempre podrá influir en una decisión que deban tomar sus hijos, pero jamás deberá imponer su criterio o su voluntad sobre ellos.

A los hijos les debemos el respeto que ellos nos deben como padres. n ¿Qué retos representa esta nueva etapa de su vida?

Gracias a Dios, mi esposa y mi familia entera gozamos de muy buena salud. Quiero aprovechar ese hecho para disfrutar mis tiempos, a mi esposa, a mis amigos, a mis hijos y a mis nietos. En ese orden.

Mi reto consiste en alcanzar esa meta, combinándola con mi trabajo de abogado, al cual me dedico ahora. Me gusta trabajar, al grado de que siempre digo que el trabajo para mí es un hobby. Y viajar, leer, escuchar música y estar con mis amigos también son actividades que deseo conservar y practicar. n ¿Qué consejo les daría a las nuevas generaciones de notarios?

Primero, que estudien. El estudio es esencial para los notarios; si lo dejan, corren el riesgo de anquilosarse y de ser simples fedatarios “a medias”.

Segundo, que consideren siempre la labor social del notariado como una parte esencial de su profesión; que cumplan con la sociedad, que ayuden a los necesitados, que apliquen correctamente el arancel, que no se consideren indispensables.

Tercero, que mantengan la unidad gremial para luchar por la mejoría de la imagen del notario y por el respeto a la profesión que tan demeritada se ha visto en la actualidad, precisamente por notarios que no se han preocupado por defender esa imagen a carta cabal. Y que reflejen, guarden y conserven una imagen profesional correcta, gremialmente sólida y de alto nivel intelectual y competente, haciendo a un lado el boato y la presunción. 7

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En el grupo de estudiantes que formamos en la Facultad de Derecho de la UNAM destacan los nombres de Jorge Enrique Roel Paniagua, Gabino Fraga Mouret, Juan José Bremer de Martino, Ignacio Borja Martínez y Roberto Teutli Otero, entre otros.”

Patricio Emilio Marcos

Reformas y contrarreformas en la Constitución política de 1917 En sus 104 años de vida, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha experimentado más de 700 reformas, pasando de ser un documento pionero a nivel mundial —por la inclusión en su contenido de los derechos sociales— a uno de los más reformados y, quizá, desordenados e inoperantes. ¿Pero qué propósito tienen las reformas? ¿Han convertido a nuestra Carta Magna en una de las más innovadoras y mejores?

E

n México y en buena parte de lo que el embajador Michel Chevalier llama Amérique Latine, a mediados del siglo XIX, cualquier cambio a los textos denominados constituciones —lo sean o no— se consideran reformas. El Diccionario de la Real Academia Española da por sentado que esos cambios constituyen innovaciones y mejoras. ¿Si legisladores e instituciones mexicanas saben que la Carta Magna de 1917 es una de las más “reformadas” del mundo, eso quiere decir que es una de las más innovadoras y mejores?

Aristóteles reconoce seis cambios en su Tratado de las categorías,

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según afecten la sustancia de la cosa o sus accidentes: generación y corrupción conciernen a la sustancia de las cosas; sus accidentes al crecimiento; disminución, alteración y cambio de lugar.1 Acorde con estas categorías, vistas desde los principios políticos, sin lugar a dudas la gran mayoría de los cambios realizados a nuestra Constitución son corrupciones de lo generado en su texto original.2 De ahí la importancia de discernir lo que es una reforma de una contrarreforma, que, como se verá, es lo más opuesto al mejoramiento y a la innovación de la Constitución de 1917, la única ley fundamental que consiguió hacer una nación del

desgarrado México del siglo XIX, hoy en decadencia.

El epígrafe hegeliano de Jesús Reyes Heroles, como solía sostener el general Lázaro Cárdenas, no refiere a la contrarreforma sino a la contrarrevolución; los desvíos de la administración pública federal, contrarios a las leyes derivadas de las primeras causas de la Constitución queretana. Dicho epigrama niega que la contrarrevolución sea una nueva revolución y afirma que más bien es un atentado contra lo alcanzado por la Constitución de “papel”, en la articulación de las partes y de las clases de la sociedad mexicana, contrario y, por ende, destructivo para la correcta Fotografías: Freepik

“La contrarrevolución no es una revolución contraria sino lo contrario a la revolución.”

Jesús Reyes Heroles

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observancia de la forma de vida y de gobierno de México.

He aquí la cuestión que enfrenta nuestro país: volver a administrar los principios políticos esenciales para corregir las desviaciones emprendidas contra la Carta Magna de 1917 y la constitución real de México, o continuar con su decadencia y su funesta destrucción. La vuelta a esos principios de vida y de gobierno que benefician esencialmente a los gobernados y sólo por accidente a los gobernantes, requiere dejar claras tres cosas sobre las elecciones fundamentales del constituyente carrancista: cuáles y cuántos son los principios políticos de la Constitución, así como las dos clases de mezcla establecida para ellos.

Por desgracia, para esta tarea no ayuda mucho el intento por definirla del constituyente que la forja. ¿O no dice que es una república, representativa, federal y democrática? Esto no les quita el gran mérito de haber logrado crear la mejor constitución política mexicana, la única que consigue articular a las partes y a las clases sociales del país, aunque durante muy poco tiempo —entre 35 y 41 años—, después de una gran cantidad de intentos fallidos durante toda la centuria decimonona, cuyo rasero común fue el desconocimiento de México, sumado a la adopción de principios inadecuados que se importaron de otros documentos del mismo nombre, en particular de Francia y de Estados Unidos, aunque estos últimos

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nunca han contado con una constitución que realmente lo sea.

La Carta Magna de 1917 deriva de las reivindicaciones de tres facciones revolucionarias: la plutocrática de Madero,3 la democrática de Zapata y Villa, rematada por la fuerte presidencia carrancista concebida como ancla del pacto social republicano entre unos y otros. Este pacto entre ricos (plutócratas) y pobres

con el principio republicano, hecha de una fusión de plutocracia y democracia? No una república; tampoco una democracia, corrupción de aquélla, sino una presidencia republicana que combina el poder real de los artículos 27 y 28 constitucionales, atribuidos no a la institución de la corona de las monarquías sino a la nación de las repúblicas.

Estos poderes de la presidencia carrancista son opuestos a

¿Se requiere una nueva Constitución? Ninguna de las que podrían hacerse superarían a la queretana de 1917; antes al contrario, serían parecidas a la de la Ciudad de México.” (demócratas) proviene de una fusión que elimina los vicios de ambos, a los cuales Platón llamaba amantes del dinero, por razones opuestas (codiciosa vs. pródiga), porque la misión que se le asigna a la presidencia es la de renovar cotidianamente el pacto de justicia social entre aquéllos, con objeto de crear una clase intermedia libre y republicana que sea mayoritaria. ¿Qué forma de vida y de gobierno resulta de la mezcla del principio de la presidencia

los que se atribuyen al Poder Legislativo unicameral de la Carta Magna de 1857, al que Rabasa tachó de congresionalismo, en el que el sufijo ismo —al igual que el asambleísmo de la peor forma de democracia— convierte a aquélla en un desgobierno impotente por demás polémico. ¿Qué forma de vida y de gobierno resulta de ella?

Una presidencia republicana —cuyo contrario es la tiranía antirrepublicana padecida ya durante más de 66 años, sea

apoyada por los ricos o por los pobres—4 que es lo opuesto a una república presidencial.

Si la primera mezcla el poder regio de los artículos 27 y 28 constitucionales, lo hace para que la segunda permita al Ejecutivo administrar la justicia social entre ricos y pobres del artículo 123: trato igual a los iguales y desigual a los desiguales en bienes externos para hacer a ambos libres; fusión que, como sostuviera José María Morelos en sus Sentimientos de la nación, busca atemperar —templar o moderar— a los pocos demasiado ricos y a los muchos demasiado pobres. En su correspondencia con Simón Bolívar, Juan Bautista Alberdi da por supuesto que estos hombres deben poseer la prudencia de los reyes auténticos de los orígenes de los pueblos, no desquiciados ni intemperantes, con un consejo republicano de 500 ciudadanos libres, de suerte que a aquéllos no se les llame monarcas sino presidentes, por ser primus inter pares, los primeros entre iguales.

La palabra “reforma”, de origen latino, se compone del prefijo re que significa “hacia atrás”, mientras la voz forma denota “figura o imagen”. Su significado es volver a poner o dar forma a una cosa; retorno a los orígenes de la cosa por reformar, sinónimo éste de renovar o renacer, no de innovar ni de mejorar. Por eso, Nicolò di Bernardo dei Machiavelli, a quien su padre regaló los ocho libros que componen el Tratado de política de Aristóteles, lo plagia cuando habla

Según el Instituto Belisario Domínguez, hasta 2018 se realizaron poco más de

700

reformas a la Constitución en más de 233 decretos.

de la necesidad de regresar o volver a las fuentes de las auténticas constituciones para que no se administren alejadas de sus propósitos primigenios.

También el florentino utiliza y aplica a la política lo que dice Lucrecio sobre la tuberculosis en su obra De rerum natura. Si éste advierte sobre la conveniencia de que el buen médico diagnostique la fiebre de consunción en sus inicios para curarla, así el florentino, como sólo el estadista puede hacerlo, debe identificar en sus comienzos la corrupción de la vida política o despierta de una comunidad, porque cuando esos desórdenes, enfermedades o desviaciones de il vivere corrotto de las constituciones, por sus usos y sus abusos, ya son visibles para todos, entonces resultan letales.

Para facilitar al lector la comprensión de la etimología de la voz reforma, conviene compararla con la palabra revolución, para discernir las

semejanzas, pero, sobre todo, las diferencias entre ambas.

La traducción a la lengua de los castillos del vocablo latino revolutio se compone no de dos sino de tres partes: el prefijo re, “hacia atrás”, como en reforma; volvere o “dar vueltas”, además del sufijo -ción, “acción y efecto de dar vueltas a uno y otro lado”. Una revolución implica el fin y el comienzo de una sustancia que se destruye, sea de il vivere politico o del il vivire corrotto maquiavelano. Los antiguos las llaman kyklos en griego, cyclus en latín y ciclos en español, palabras que denotan un círculo de vida y muerte. Este concepto se aplica al carácter curvo, no lineal sino circular, del tiempo en la historia de los individuos y los pueblos, cuya trayectoria estándar va de las realezas heroicas de fundación de los pueblos, a su corrupción en las tiranías del final, con los subciclos individuales de los gobiernos

aristocráticos y republicanos, a su vez destruidos y reemplazados por las supremacías partidarias de las plutocracias (“capitalismos”) y de las hoy inexistentes democracias.

Cumplido el ciclo completo de los pueblos, el carácter político de éstos se corrompe en supremacías partidarias hasta pasar a formar parte de la historia, su cementerio.5 Vistas las etimologías y el parentesco de las palabras reforma y revolución, conviene señalar sus semejanzas y sus diferencias, con el propósito de dar respuesta al título de este breve ensayo con dos autores: el sabio escolarca del Liceo ateniense ya citado, así como un príncipe que muere a mediados del siglo XX. Los ocho libros del Tratado de política aristotélico son la más portentosa biblioteca jamás escrita acerca de las cosas políticas de ayer, hoy y siempre. Primero, citamos dos sentencias del sabio y, más

adelante, la de un conde contemporáneo. El estagirita tiene dos sentencias sin desperdicio para entender qué es una contrarreforma. La primera sostiene que “las leyes deben seguir a las constituciones, no las constituciones a las leyes”; la segunda compara la reforma de las leyes con la revolución: “Hay la misma dificultad en la reforma de una constitución, dificultad vieja, que en el establecimiento de una nueva...”,6 la cual asemeja la tarea de restablecer las primeras causas de una Constitución, pasado un lapso importante de tiempo, y la de establecer por primera vez los principios políticos de una Constitución nueva. ¿Por qué la reforma nunca es más fácil que la revolución?

No pocas veces la reforma sobrepasa en dificultad a la revolución, debido a los intereses opuestos que genera en las partes y en las clases de las sociedades: los partidarios que apoyan su renacimiento

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He aquí la cuestión que enfrenta nuestro país: volver a administrar los principios políticos esenciales para corregir las desviaciones emprendidas contra la Carta Magna de 1917 y la Constitución real de México, o continuar con su decadencia y su funesta destrucción. son pocos y débiles, mientras que quienes se benefician de sus desviaciones son más y se oponen con mayor fuerza a las reformas, porque saben que si ocurriera la auténtica reforma perderán los grandes beneficios que obtienen de aquéllas.

Cierto, las voces reforma y revolución son parientes por sus semejanzas, pero sus diferencias las separan de manera tajante. En la primera hay una tendencia a volver a las fuentes originales, para regresarlas al presente y revitalizarlas y dotarlas de una energía renovada. Por el contrario, una revolución busca erradicar esas fuentes sin dejar raíz, pues su objetivo es derruir por completo la constitución política de la sociedad. Si la reforma fortalece y regenera lo establecido, la revolución lo golpea y lo aniquila, porque aquélla busca su renacimiento, semejante al que protagoniza la mítica ave fénix que, consumida por el fuego, renace de sus cenizas cinco mil años

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después. Su gran diferencia con la revolución no puede ser más radical, porque en ésta hay destrucción completa de su esencia, cambio de la constitución de las comunidades verdaderas, a las que suceden las supremacías partidarias, las tiranías de una de sus partes o de unas clases sociales contra los demás.

En su famosa novela El Gatopardo, el siciliano Giuseppe Tomasi, último conde de Lampedusa, hace una formulación por demás sofisticada y precisa de las dos sentencias aristotélicas sobre las reformas, también la más mal entendida y vilipendiada.

Hela aquí: Si vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.7 Su traducción literal, que no literaria, sostiene que si queremos que todo permanezca como es se necesita que todo cambie.

Su versión sumaria es que todo cambie para que todo permanezca. ¿Entonces las verdaderas reformas son un

fiasco, no un progreso, sino un “gatopardismo” que sólo ve por la conservación del estado de cosas y que en vez de mejorarlo consigue que empeore?

Si esa es la naturaleza “conservadora” de las reformas, ¿podría decirse que éstas son un fraude, puesto que en vez de aportar cosas nuevas buscan mantener el pasado?

De ninguna manera. Hay un regreso a los orígenes de las cosas viejas, pero este hecho de volver al pasado no tiene más propósito que provocar el resurgimiento y la remodelación contra el deterioro y las desviaciones que surgen en el trascurso del tiempo; sobre todo si, como ocurre en nuestro caso, los supuestos gobernantes se vuelven déspotas y dejan de educar a la comunidad debido a sus severas patologías, en eso que es la vida política electa para todos los mexicanos en la Carta Magna de 1917; puesto que sin templanza alguna llevan a cabo sus trapacerías contra el régimen, algo que los transforma en los primeros deseducadores del país, de suerte que impiden que ese pasado real y republicano pueda renovarse en sus premisas, fortalecidas en un presente siempre nuevo y cambiante.

Dicho de otra manera, este príncipe de linaje noble que vive entre 1896 y 1957 define las reformas mediante una paradoja aparente, que le permite hacer una formulación enigmática pero incuestionable. La sentencia niega lo que afirma: para que las cosas permanezcan hay que cambiarlo todo, con lo cual se da el lujo de transgredir el prejuicio vulgar y común sobre las reformas. Es como si se dijera

que para vivir hay que morir, lo que, tomado literalmente, es una contradicción, porque la muerte es el término de la vida y no su comienzo.

Empero, tomado como lo que es, una verdad formulada metafóricamente, expresa de manera inmejorable lo que significa reformar la vida de los seres humanos y sus formas de gobierno individuales y colectivas.8 ¿Se requiere una nueva Constitución? Ninguna de las que podrían hacerse superarían a la queretana de 1917; antes al contrario, serían parecidas a la de la Ciudad de México. Lo que urge es reconstituir lo que Emmanuel Joseph Sieyès, representante del “tercer Estado”, la burguesía francesa contraria a la noblesse d’epée y de cloche, denomina constitución de “papel”, pero sobre todo en la realidad que se vive hoy prácticamente en todas las dimensiones. El peor delito contra la vida política de un pueblo es la impunidad; en nuestro caso, de los presidentes. El mismo sabio que establece la norma según la cual los castigos de los delitos humanos deben ser proporcionales al daño que se hace a la sociedad, sostiene que esto es cierto en toda la gama de los que se cometen por cálculo, excepción hecha de los extremos: el de hambre famélica, al que se añade ahora la falta de medicinas; opuesto al más grave y dañino de todos ellos, la impunidad, porque es el que destruye con mayor rapidez a las sociedades de nuestra especie, razón por la cual afirma la necesidad de que su castigo se realice de inmediato y sin proporción alguna. 7

La alteración suele usarse como sinónimo de corrupción o adulteración; pero es sólo un cambio de cualificaciones o cualidades, i.e., de colores de la sustancia.

2 Según el Instituto Belisario Domíguez, hasta 2018 se realizaron poco más de 700 reformas, en más de 233 decretos, de las cuales 70 por ciento (486) corresponden a la cofradía de los presidentes que usan, ellos y sus equipos, el principio del libertinaje de la ganancia económica del régimen estadounidense, desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto, a los que habría que sumar a Manuel Ávila Camacho, pero sobre todo a Miguel Alemán Valdés, además de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. A lo anterior hay que añadir la aguda observación de Montesquieu en su De l’esprit des lois, en el sentido de que la fuerza de las leyes depende de la fuerza de las costumbres, de manera que tantas mudanzas afectan gravemente los usos y las costumbres de la población.

3 Se confunde equivocadamente con “democrática” debido al subtítulo de su famoso libro La sucesion presidencial en 1910.

El Partido Nacional Democrático, que Madero copia del archidemagógico nombre que Thomas Jefferson y James Madison dan al Partido Republicano Democrático, ya entonces sólo Partido Demócrata, de plutócratas esclavistas de la dinastía virginiana como George Washington, cuyos hombres llaman a votar en su auxilio para corromper a las clases medias y pobres contra la plutocracia norteña. Véase P. Marcos, Los nombres del imperio. Elevación y caída de los Estados Unidos, Patria/ Nueva Imagen, México, 1991.

4 Daniel Cosío Villegas compone la frase “monarquía absoluta sexenal hereditaria por vía transversal” para calificar, en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, la corrupción de la presidencia republicana que devino tiranía, sea con la connivencia de ricos o pobres, y que prevalece desde Manuel Ávila Camacho, el último presidente del gremio de los generales, pasa por el sindicato de los licenciados en derecho y la cofradía de posgraduados estadounidenses, hasta nuestros días.

5 Se entiende que el ciclo completo de la historia de un pueblo sea así una revolución, ciclo de alrededor de un milenio, compuesto al menos por seis subciclos o revoluciones individuales de duración distinta. Cada círculo que termina y se cierra cumple una revolución que lleva de la corrupción de un régimen de vida colectiva a la generación de otro, sin importar aquí si es una de las tres formas de vida política o despierta política, o las correspondientes degradaciones inhumanas de la vida dormida.

6 Aristóteles, Política, IV 1, 1289a 1-6. En uno de sus excelentes artículos recientes el maestro Elisur Arteaga Nava se refiere a la dificultad, pero sobre todo a la gran responsabilidad, de lo que en nuestro país se llama, por contraste, “productividad legislativa”, ya que en la Esparta de Licurgo al ciudadano que se atreviera a proponer una reforma a la excelente constitución republicana, hecha de lo mejor de las cuatro constituciones de los cuatro clanes que la forman, le ponían de inmediato una soga al cuello. Si la reforma se aprobaba, se la quitaban; pero si no, lo colgaban. ¿Qué pasaría en nuestro país si se adoptara esta práctica, en que la currícula de diputados y senadores aumenta con el número de propuestas y cambios a la Carta Magna de 1917?

7 G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo. Novela publicada de manera póstuma en 1958 por la editorial Gangiacomo Feltrinelli, previamente rechazada por las editoriales Einaudi y Mondadori.

8 ¿No convendría que al libro La constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Texto reordenado y consolidado de 2016, elaborado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México por su director Pedro Salazar Ugarte, Diego Valadés, Héctor Fix-Fierro, Daniel Barceló, Eduardo Ferrer MacGregor, José María Serna de la Garza y Daniel Márquez, libro que “no altera las normas ni el pacto político que la sustenta, pero sí da como resultado una Carta Magna más accesible, coherente y entendible para el común de las personas que son sus titulares legítimos”, le siguiera otro que, a partir de la identificación en su articulado de las tersgiversaciones y las destrucciones que padecen sus principios políticos, se regrese a sus fuentes de inspiración originales y a sus articulaciones verdaderas?

1

Patricio Emilio Marcos Giacoman es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey, maestro en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina y doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

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EVITE EL EXCESO

DERECHO ANIMAL EN LATINOAMÉRICA: RETOS Y FUTURO Fundación Derecho y Defensa Animal

Oír hablar de “derecho animal” podría generar la impresión de una disciplina incipiente o poco desarrollada. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta suposición. En la práctica, es una rama del derecho que se estudia en cientos de universidades alrededor del mundo, incluidas prestigiosas casas de estudio como Harvard Law School, la Universidad Estatal de Míchigan, la escuela de derecho de Lewis & Clark y

la Universidad Autónoma de Barcelona. Este artículo nos sitúa en el estado actual de la disciplina y enumera los retos que aún existen en la materia.

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in que haya sido el primer autor que trató el tema, desde que el filósofo australiano Peter Singer presentó la primera versión del aclamado libro Liberación animal en 1975, se comenzó a discutir sobre la temática animalista en las aulas, pasando del pensamiento abstracto a la materialización del tema en el área jurídica.

A partir del desarrollo académico que ha tenido el derecho animal, se ha logrado definir a esta disciplina como “el conjunto de teorías, principios y normas destinado a brindar una protección jurídica al animal de especie distinta a la del ser humano, promoviendo y procurando su bienestar y protección”.1 Modificaciones en las cartas fundamentales latinoamericanas sobre el tema Podría parecer lejano el tiempo en que los animales no humanos se encuentren incorporados en cuerpos legales tan robustos como las constituciones de cada país, pero es un hecho patente que ya ocurre desde hace más de tres décadas y en nuestros días existen más de 50 cartas constitucionales que mencionan a los animales de manera directa o indirecta,2 desde una perspectiva basada en factores religiosos, culturales, bienestaristas y, en el caso más beneficioso para los animales, centrados en esos animales como seres individuales.

Sin embargo, a nivel latinoamericano podemos encontrar casos emblemáticos relacionados con la regulación de esta materia, como el de Brasil, que incorporó a los animales en el artículo 225 de su Constitución: “Se debe proteger la fauna y la flora, con la prohibición, en la forma descrita por la ley, de las prácticas que representen un riesgo a su función ecológica, causen la extinción de especies o sometan a los animales a la crueldad”.

En el caso de Ecuador, la consagración de los derechos de la naturaleza incorporados en 2008, bajo los artículos 71 y 73, conlleva un señalamiento indirecto al derecho de los animales y establece un deber estatal que los resguarda.

Por otra parte, Bolivia se enfoca en la preservación de la naturaleza, debido al respeto que existe hacia las cosmovisiones de esa nación: “Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo”.

De especial relevancia es la situación que ocurre en Chile, nación que se encuentra en un proceso con múltiples convencionales constituyentes encargadas de la redacción de la nueva Carta Magna y que ha acogido las demandas de la sociedad civil acerca de la inclusión de los animales en este cuerpo normativo. Destaca a este respecto la campaña Animales en la Constitución,3 impulsada por la Fundación Derecho y Defensa Animal y apoyada por más de 60 organizaciones chilenas.

En Latinoamérica, además de las innumerables universidades que han ejecutado la iniciativa de impartir esta cátedra en sus aulas, es relevante mencionar dos principales referentes en materia de estudios de derecho animal: la Revista Chilena de Derecho Animal —primera publicación latinoamericana dedicada exclusivamente al tratamiento de la materia— y la iniciativa del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, que dedica su estudio al tratamiento multidisciplinario de la materia.

Casos de habeas corpus en torno de animales no humanos Debido a que las modificaciones constitucionales no siempre resultan sencillas dado el principio de rigidez constitucional, el cual busca otorgar certeza a estos cuerpos normativos, se han intentado estrategias que aceleren el proceso de dar a los animales las condiciones acordes a sus necesidades.

Es fundamental mencionar la acción de amparo interpuesta en Argentina por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales el 18 de diciembre de 2014, que buscaba la liberación de Sandra, una orangutana cautiva en el Zoológico de Buenos Aires. La sentencia dictada por el juez Zaffaroni y la jueza Liberatori falló a favor de la liberación del animal, considerando el sufrimiento que experimentaba por estar privada de su libertad. Esa sentencia señala: “Los sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito competencial correspondiente”4 y es un contundente y explícito insumo para el derecho animal que representa un desafío que debe afrontar el resto de los países latinoamericanos.

Modificación del estatuto jurídico de los animales a nivel civil Es de público conocimiento la similitud que se halla en la base estructural de los códigos civiles de los países latinoamericanos, debido a que sus inspiraciones fueron profundamente similares, basadas en el derecho romano y en el derecho francés. Esta herencia arrastró durante muchos años un gran problema

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Actualmente existen planes de estudio de especialización en derecho animal en Estados Unidos y España, donde diversos abogados han obtenido el grado académico de doctor en el área.

para los animales no humanos: su cosificación. El grueso de esos textos legales establece una distinción entre “persona” y “cosa”, situando en una incómoda posición a los animales no humanos que, pese a ser seres vivos dotados de sensibilidad, fueron ubicados en la categoría de las “cosas”, lo cual produjo problemas evidentes en el tratamiento jurídico que no va acorde con sus características inherentes.

Por su parte, Colombia es el primer país de América en modificar el estatus jurídico de los animales en el Código Civil por el de “seres sintientes”. La modificación se realizó a través de la ley 1774 de 2016 que reformó el Código Penal, el Código Civil y el Estatuto Nacional de Protección de los Animales que data desde 1989 (Ley 84). Esa ley estableció que “los animales como seres sintientes no son cosas; recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor” (artículo 1º de la Ley 1774) y modificó el artículo 655 del Código Civil para incorporar un inciso final con el siguiente parágrafo: “Reconózcase la calidad de seres sintientes a los animales”.5 Algunos países, pese a que aún no han logrado la modificación legal, se han manifestado en contra de la situación actual. Destaca el caso chileno, donde se han presentado múltiples proyectos que buscan el cambio de estatus jurídico y es especialmente relevante el proyecto de ley 10.080-07 presentado en 2016 en la Cámara de Diputados, que cuenta con una amplia fundamentación.

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Regulación penal en materia de maltrato animal Ésta es un área que no ha heredado el legado codificador instaurado por los cuerpos legales civiles, por lo cual en muchos casos las normativas se encuentran estrechamente relacionadas con los intereses de los animales no humanos desde una perspectiva centrada en sus características inherentes: considerando su calidad de ser individual y no el interés que representa para el ser humano.

Un buen ejemplo es el caso de Chile, que desde 1989 incluye un articulado referente al maltrato animal, el cual ha evolucionado a lo largo del tiempo y fue modificado por última vez en 2017. Su artículo 291 bis señala lo siguiente: “El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales, o sólo con esta última”. A su vez, el artículo 291 ter indica que “para los efectos del artículo anterior se entenderá por acto de maltrato o crueldad con animales toda acción u omisión, ocasional o reiterada, que injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal”. Los elementos de este articulado permiten vislumbrar la robusta protección otorgada a los animales, pero puesto que no existe una regulación constitucional en ese país es imposible pensar en una armonía real en el seno de su ordenamiento jurídico.

Es similar el caso del resto de los países latinoamericanos.

Nuevas tendencias en materia de derecho animal Es de la esencia de un área del derecho incipiente sacar a la luz problemáticas escondidas que ahora tienen la posibilidad de ser resueltas de una forma más eficaz. Este es el caso, por ejemplo, del reconocimiento de la familia multiespecie, de la prohibición del testeo animal en cosmética, de la prohibición de los deportes en que se utilizan animales y de su exhibición en espectáculos, de la reestructuración de las leyes de caza, así como también de diversas problemáticas éticas que apuntan hacia el futuro, como la regulación de la carne in vitro6 y sus consecuencias jurídicas.

El concepto de familia multiespecie, presente en varias decisiones jurisprudenciales de Estados Unidos y de España,7 también tiene su reflejo en el derecho latinoamericano, en un caso colombiano en que se solicitó, en 2019, ante una Comisaría de Familia en Medellín, la custodia de un animal de compañía.

Por otro lado, la prohibición del testeo cosmético en Colombia en 2020 ha sido pionera en la materia a nivel latinoamericano y dio fuerza a campañas como Be Cruelty Free presentes en México y en Chile, donde ya existen proyectos de ley en la materia en trámite.8 Sin duda, la deuda que tenemos los seres humanos con los animales no humanos es muy grande, pero gracias a la existencia de especialistas en esta área podemos acortar la brecha que nos divide de la imperiosa justicia interespecie. 7

María José Chible Villadangos, “Introducción al derecho animal: elementos y perspectivas en el desarrollo de una nueva área del derecho”, 2016. Consultado en https://scielo. conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-00122016000200012&lng=e s&nrm=iso.

2 http://www.constituteproject.org.

3 Esta campaña pretende incorporar a los animales dentro de tres ejes centrales: la individualidad, la sintiencia y el deber estatal que permita resguardar estos intereses.

4 Cámara Federal de Casación Penal, registro 2603/14, 18 de diciembre de 2014.

5 Camila Ignacia Zárate, “Un nuevo estatus jurídico para los animales no humanos”, 2020. Consultado en http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/176822/ Un-nuevo-estatus-juridico-para-los-animales-no-humanos.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

6 Marysabel Pavez Jiménez, “Nuevas tendencias en materia de derecho animal: el desafío ético-jurídico ante la carne in vitro.” Consultado en https://fundacionarca.cl/ wp-content/uploads/2020/07/Pavez-Marysabel.-El-desaf%C3%ADo-%C3%A9tico-jur%C3%ADdico-ante-la-carne-in-vitro.pdf.

7 Juzgado de Primera Instancia 9 de Barcelona, marzo de 2008. Consultado en https:// corraltalciani.files.wordpress.com/2018/04/1a-instancia-9-sentencia-custodia-animal.pdf.

8 Proyecto de ley 13.966-11, Cámara de Diputados, Chile.

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Referencias: • Israel González Marino (2018). “Orígenes y desarrollo del derecho animal como disciplina de estudio en la educación superior”. Consultado en https://www.researchgate. net/publication/344587635_Origenes_y_desarrollo_del_Derecho_Animal_.

• Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, https://www.institutoleca.org.

• Revista Chilena de Derecho Animal, http://revistaderechoanimal.cl/ • Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales, http://revistaleca.org/journal/ index.php/RLECA. Fundación Derecho y Defensa Animal es una organización conformada por abogadas y abogados chilenos, dedicada al estudio académico, jurídico y legislativo de la rama del derecho animal. www.fundaciondyda.com contacto@dydanimal.com

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Marco Antonio de la Peña

La reformA constitucional en materia de energía:

¿es sólo una contrarreforma?

Retos jurídicos en el sector energético mexicano

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En el marco de la reforma constitucional en materia de energía propuesta por el Ejecutivo federal, el autor expone diversos argumentos encaminados a motivar una reflexión técnico-jurídica y constitucional, alejada de ideologías partidistas, sobre la política energética que conviene a nuestro país, en la que se garantice el respeto a las garantías constitucionales de legalidad, debido proceso, certeza y seguridad jurídica, irretroactividad de la ley y protección ambiental.

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espués de la profunda reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2013, en la cual, después de más de 75 años de mantener el sector energético cerrado a la inversión privada, se abrió la posibilidad de que los particulares participaran junto a las empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) en el desarrollo de actividades de la industria de los hidrocarburos y en la generación y la comercialización de electricidad en México,1 es una realidad que a partir de esta nueva administración se ha abierto un paradigma respecto del cambio estructural planteado en aquella reforma.

En efecto, resulta claro el cambio sustancial a la política energética del Ejecutivo federal con una visión económica distinta que da un golpe de timón a la apertura energética iniciada en 2013.

Desde su campaña política, el entonces candidato a la Presidencia de la República delineó en su “plan de nación” una visión diferente a la política pública de apertura en materia de energía en México. En consecuencia, los actos administrativos del Ejecutivo federal en este sector han sido consistentes y congruentes con una política que plantea una mayor intervención directa del Estado en el sector energético nacional.

El cambio de rumbo en la visión energética pasa por la colisión de los dos modelos de política económica nacional; por un lado, el abierto sujeto a libre competencia de mercado y, por el otro, el que promueve una mayor intervención del Estado en la economía; pero la pregunta es la siguiente: ¿el cambio de una política pública habilita tomar decisiones más allá del marco constitucional y del núcleo de garantías sustanciales que consagra nuestra Constitución? y, en su caso, ¿cómo instrumentar esa nueva visión de política energética dentro de un modelo constitucional que claramente refleja una política de apertura y de competencia económica en la industria energética nacional?

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En este contexto analizaremos, exclusivamente desde las perspectivas constitucional y legal, cómo se ha perfilado esta nueva política del gobierno federal, a través de actos administrativos, legislativos y, ahora, de la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía.

Hasta antes de octubre de 2021, la actual administración del gobierno federal y los representantes que tienen mayoría en el Congreso de la Unión han tomado decisiones regulares, consistentes y sistemáticas con su nueva visión de la política energética, tanto de facto como administrativa y legalmente, con el objetivo de fortalecer a las empresas productivas del Estado, a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que sean el centro de gravedad del desarrollo del sector energético de México.

Como parte de estas acciones, desde 2019 el Ejecutivo federal emitió diversos actos administrativos por conducto de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), los cuales tuvieron una influencia directa en las condiciones del mercado abierto de la energía eléctrica. A manera de ejemplo destacan, entre otros, la modificación de los Lineamientos para la Adquisición de Certificados de Energía Limpia,2 el Acuerdo del CENACE del 29 de abril de 20203 y el posterior Acuerdo de la Secretaría de Energía sobre la Política de Confiabilidad4 del 15 de mayo de 2020, cuya justificación fue garantizar la confiabilidad y la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, así como fortalecer a la CFE como empresa del Estado responsable de la transmisión y la distribución de energía eléctrica, por encima de los demás principios rectores, como los de eficiencia económica, sustentabilidad y protección del medio ambiente previstos en los artículos 25, 27 y 28 de la propia Constitución, así como en los artículos 1º, 4, 121 y 132 de la Ley de la Industria Eléctrica, en la Ley de Transición Energética y en la Ley de Cambio Climático.

En virtud de lo anterior, estos actos fueron impugnados y suspendidos mediante juicios de amparo y controversias constitucionales, habiendo resuelto finalmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que dicho acuerdo era inconstitucional según las premisas de que la política de confiabilidad así planteada afectaba los principios de competencia y libre acceso al Sistema Eléctrico Nacional, así como la garantía de protección al ambiente y de sustentabilidad en el desarrollo de la industria eléctrica, pues concede una ventaja a la CFE más allá de los principios constitucionales.5 Posteriormente, ante la judicialización de estos actos administrativos, el Ejecutivo federal decidió promover ante el Congreso de la Unión diversas reformas y adiciones, primero a la Ley de la Industria Eléctrica y, posteriormente, a la Ley de Hidrocarburos, mismas que fueron aprobadas. Mediante estas reformas, de manera general, se proveía a las empresas productivas del Estado de nuevas atribuciones, así como de condiciones más favorables en su participación en el mercado de la electricidad y de los hidrocarburos, respectivamente. No obstante, esas atribuciones, a la par de fortalecer a las referidas empresas productivas del Estado, también limitan la participación competitiva de las empresas privadas dentro del sector, razón por la cual fueron igualmente cuestionadas ante el Poder Judicial por violaciones a los principios y las garantías sustanciales consagradas en nuestra Constitución, entre las que destacan las garantías de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, así como los principios de sustentabilidad y protección al medio ambiente, y de acceso libre y no indebidamente discriminatorio, previstos en los artículos 4, 14, 16, 25, 27 y 28 de nuestra Constitución.

En efecto, una de las principales críticas a las referidas reformas es que éstas implicaban una clara violación a principios, garantías y derechos fundamentales previstos actualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el sector energía, mismos que también atienden compromisos asumidos por el Estado en tratados comerciales internacionales: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Tratado

De esta iniciativa destacan, entre otros cambios sustanciales al marco constitucional del Sistema Eléctrico Nacional, la integración de la electricidad como área estratégica del Estado, incluyendo la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, mediante la cual el Estado recupera, a través de la CFE como organismo del Estado, la planeación, el control y la operación del sistema.

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entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), así como en los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), suscritos y ratificados por el Estado mexicano. El punto sustancial es que la aprobación de estas reformas legales, sin modificar el mandato constitucional, transgredían los principios previstos en ésta y en los propios tratados y acuerdos.

En consecuencia, diversos actores de la industria optaron por presentar nuevamente demandas de amparo, las cuales en su mayoría fueron admitidas y de cuyas sentencias incidentales se han obtenido hasta ahora suspensiones con efectos de carácter general, como una excepción, por cierto, al principio de relatividad de las resoluciones de amparo.

Cabe señalar que en fechas recientes los tribunales especializados en la materia han adoptado criterios en los que revocan la suspensión de los efectos de las leyes reformadas —ya sea suspensiones provisionales y/o definitivas— argumentando principalmente que los efectos de estas normas son de carácter heteroaplicativo. Dicho de otra forma, que la publicación de las leyes en sí mismas no produce afectaciones directas a los quejosos, sino que para que existan afectaciones se requiere que las autoridades facultadas para ello lleven a cabo procedimientos y emitan actos administrativos concretos en la esfera jurídica de los quejosos en virtud de los cuales se vulneren las garantías de los sujetos regulados.

En ese contexto, ante las sistemáticas complicaciones en la instrumentación jurídica de la nueva política energética, el 1º de octubre de 2021 el Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia energética con proyecto

En el fondo del actual debate político, constitucional y legal del sector eléctrico se encuentra la disputa entre dos modelos distintos: el modelo de mercado abierto que actualmente regula nuestra Constitución y el modelo cerrado a partir de una mayor intervención del Estado, por conducto de la Comisión Federal de Electricidad.”

“La seguridad jurídica es un derecho fundamental de las personas a que nuestra conducta esté normada, a través de preceptos vinculantes, dentro de las reglas y garantías de un Estado de derecho.”

Hans Kelsen

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de decreto que propone un nuevo esquema energético acorde a la visión de la política pública actual, mediante la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. La inspiración de esta iniciativa es la de un modelo nacionalista con una mayor intervención del Estado en el sector eléctrico a través de la CFE, inspirado, según la propia exposición de motivos, en la reforma al artículo 27 constitucional del ex presidente Adolfo López Mateos de 1960.6 Al mismo tiempo, ese modelo es consistente con los actos administrativos y legislativos implementados previamente a partir de 2019 en el sector, los cuales ya hemos descrito antes.

De esta iniciativa destacan, entre otros cambios sustanciales al marco constitucional del Sistema Eléctrico Nacional,7 la integración de la electricidad como área estratégica del Estado, incluyendo la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, mediante la cual el Estado recupera, a través de la CFE como organismo del Estado, la planeación, el control y la operación del sistema.

Para ello fija como principio que la CFE generará al menos 54 por ciento del consumo eléctrico nacional de manera permanente, proponiendo una “colaboración” en la generación eléctrica con el sector privado siempre que ésta no rebase 46 por ciento de la energía requerida en el país; esto es, 54 por ciento es un piso para el Estado y 46 por ciento es un techo para la inversión privada. Asimismo, transforma a la CFE de “empresa productiva” a “organismo”8 del Estado integrado en forma vertical y horizontal, eliminando la estricta separación legal.

En el nuevo arreglo institucional desaparecen los órganos reguladores coordinados, esto es, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, como órganos creados para regular desde el punto de vista técnico y económico tanto al sector eléctrico como al de los hidrocarburos. Del mismo modo integra el CENACE dentro de la CFE, tal como se encontraba antes de la reforma constitucional de 2013.

Asimismo, dota a la CFE de la responsabilidad de ejecutar la política de transición energética. Adicionalmente, la iniciativa prevé que no se otorgarán concesiones sobre el litio ni sobre minerales estratégicos necesarios. Finalmente, para la instrumentación del nuevo Sistema Eléctrico Nacional, sus transitorios cancelan los permisos de generación eléctrica otorgados, así como los contratos de compraventa de electricidad.

Al revisar el contenido de esta iniciativa, a la luz del marco constitucional vigente, se advierte una colisión con derechos constitucionales actualmente tutelados, como los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, debido proceso, así como de irretroactividad de la ley en perjuicio de una o varias personas.”

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Si bien esta reforma constitucional requerirá para su aprobación una mayoría calificada del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales al erigirse en Poder Constituyente Permanente, es importante señalar que también tendría que contar con legitimación y certeza para replantear un nuevo modelo de Sistema Eléctrico Nacional, y en esa misma medida tendría que derivar de un ejercicio de consensos con todos los actores, soportado en el respeto al Estado de derecho y al núcleo de garantías sustanciales que históricamente ha consagrado nuestra Constitución.

Cabe señalar que si el objetivo de esta iniciativa es garantizar una economía mixta con una adecuada distribución de la inversión público-privada en la generación eléctrica del país, es recomendable definir reglas y criterios claros a la participación conjunta de ambos sectores, de forma que la propia CFE se complemente con la participación de la inversión privada en condiciones de certeza y seguridad jurídica. De ahí la importancia de encontrar el consenso con todos los actores con el ánimo de preservar la certeza, el Estado de derecho y, con ello, el bienestar de los usuarios finales del servicio eléctrico.

En este sentido, el Constituyente Permanente deberá velar por que cualquier reforma a nuestra Carta Magna respete el marco de garantías y principios constitucionales que a lo largo de su historia el pueblo de México ha plasmado en nuestra Constitución.

No obstante, al revisar el contenido de esta iniciativa, a la luz del marco constitucional vigente, se advierte una colisión con derechos constitucionales actualmente tutelados, como los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, debido proceso, así como de irretroactividad de la ley en perjuicio de una o varias personas.

Realizada esta revisión a la iniciativa, la previsión de cancelar unilateralmente y sin justificación alguna los permisos de generación eléctrica vigentes y los contratos de compraSi bien el Estado mexicano es soberano y puede autoventa de energía colisiona frontalmente con determinarse en la definición de su política pública las garantías mencionadas. en este sector, de conformidad con sus instituciones, Del mismo modo, se prevé la supresión de los órganos reguladores coordinados, contambién es una realidad que México tiene suscritos cebidos en la Constitución y en su ley como cerca de 12 tratados de libre comercio con 46 países órganos que gozan de autonomía técnica y de y 32 acuerdos para la promoción y la protección regestión, necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de exploración y cíproca de inversiones con 33 países, derivado de lo extracción, transporte, almacenamiento, discual la afectación unilateral a los inversionistas protribución y comercialización de hidrocarburos, tegidos por esos acuerdos, mediante actos que popetrolíferos y petroquímicos, así como, en el caso de la CRE, de actuar como un árbitro en drán asimilarse a los de una expropiación indirecta, la regulación técnica y en la determinación puede dar lugar a múltiples arbitrajes de inversión de tarifas de transmisión y distribución de la millonarios que el propio Estado mexicano tendría energía eléctrica. De ahí que la previsión en el sentido de que ahora estos órganos reguladores que enfrentar, con sus consecuencias económicas y coordinados se integren a la Secretaría de Enerde reputación en el exterior. gía, genera confusión en torno de los roles de responsabilidad del Estado para definir la política energética y para actuar como regulador en el sector con las consecuencias negativas que conlleva para los jugadores de dicho sector y los usuarios finales.

Igualmente, como se señaló antes, se plantea la desaparición del CENACE para integrarse en la CFE como una unidad administrativa de control operativo dentro del nuevo organismo del Estado, como sucedía cuando la CFE

La iniciativa propone una “colaboración” en la generación eléctrica con el sector privado siempre que ésta no rebase

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de la energía requerida en el país.

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ejercía el monopolio del sector hasta antes de la creación del centro en 2014. Ahora la CFE será el operador y, al mismo tiempo, quien despache el Sistema Eléctrico Nacional y defina las tarifas de conexión, así como de interconexión, a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución, con un claro conflicto de interés derivado de la confusión de roles que se plantea conferir a la CFE como organismo del Estado.

Por su parte, la cancelación unilateral de los certificados de energías limpias implica una violación a los derechos adquiridos de sus actuales titulares, quienes participaron en las tres subastas de energía, bajo premisas que ahora se plantea cambiar unilateralmente, causando serios daños económicos no sólo a sus titulares sino también a la política de transición energética prevista en tratados y acuerdos comerciales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, mismos que actualmente consagra nuestra Constitución y las leyes de transición energética y de cambio climático.

Además, en materia de transición energética en el sector eléctrico llama la atención la concentración y el control de su planeación por la CFE, definiendo como área prioritaria a las actividades de la industria relacionada con esta política con la

participación exclusiva de empresas de capital nacional, con lo cual se hace a un lado al sector privado, particularmente a la inversión y a la transferencia tecnológica extranjera, que debe ser un aliado natural en este proceso de transición energética.

Con estas reflexiones se concluye que si bien la presentación de una iniciativa de reforma a la Constitución en materia de energía podría considerarse conveniente para alinear la actual política pública del sector con nuestros principios constitucionales, también es cierto que esta reforma debe legitimarse con consensos claros de los diversos actores del sector y tiene que respetar el sistema de principios y garantías sustanciales consagrados en la Carta Magna, así como el sistema de pesos y contrapesos del Estado.

Mexico es un país de leyes con sólidas instituciones jurídicas que la Constitución ha consagrado a lo largo de una historia de lucha del pueblo por la creación de un Estado de derecho con garantías para sus distintos actores sociales. Hoy, una reforma constitucional que descuide su inserción armónica y consistente en el propio sistema constitucional vigente podría ser el inicio de escenarios de incertidumbre jurídica y de contención para todos los actores del sector, que lejos de fortalecer al sector eléctrico y a la CFE como organismo del Estado mexicano en este sector, le generaría serios problemas que podrán reflejarse inclusive en afectaciones a la continuidad y a los costos del servicio eléctrico a los usuarios finales, así como a las condiciones de certeza y seguridad jurídica de las inversiones en los sectores de infraestructura y de energía de México. Por el contrario, una reforma constitucional que cuente con amplios consensos y acuerdos, y que respete el sistema de garantías fundamentales de nuestra Constitución, permitirá el desarrollo eficiente y seguro del Servicio Eléctrico Nacional en beneficio de los propios usuarios finales. 7

Artículo 27, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.

2 “Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de certificados de energías limpias y los requisitos para su adquisición”, emitidos por la Secretaría de Energía y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014.

3 “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”, 29 de abril de 2020.

4 “Acuerdo de la Secretaría de Energía que emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020.

5 Resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 de febrero de 2021.

6 “Artículo 27. [...] Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requerirán para dicho fin.” (Referencia de la reforma constitucional de 1960 en la página 15 de la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 1º de octubre de 2021). (Las cursivas son mías.)

7 Referencia de la exposición de motivos de la inicativa de reformas a la Constitución en materia energética, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 1º de octubre de 2021.

8 No se precisa en la iniciativa si este organismo será una categoría nueva en la administración pública paraestatal o bien se trata de una nueva categoría de ente público autárquico en México, dejándose su regulación a la reserva legal.

1

Marco Antonio de la Peña Sánchez ha desempeñado distintos cargos en el sector público en posiciones relacionadas con el derecho de la energía, infraestructura y compliance. Entre otros puestos, ha sido director jurídico en BANOBRAS y PEMEX, y titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es socio en la oficina de la Ciudad de México de la firma Cuatrecasas. marco.delapena@cuatrecasas.com

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3/22/21 11:00 PM

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LOS JUR

ISTAS

[ Reportaje ]

La importancia de los estudios de posgrado en el desempeño profesional del abogado ¿Por qué no especializarse en una universidad con prestigio, con historia, con calidad académica y exigencia docente, que esté enfocada en la práctica profesional y cuyas clases sean impartidas por profesoras y profesores especialistas en su área del saber? Esto es La Salle.

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BRA a NDED CONTENT

E

n nuestro mundo jurídico la competencia es cada vez mayor y el mercado laboral se ha vuelto más exigente con la calidad de la asesoría legal que espera. Ese abogado del pasado, que sabe un poco de todo pero no es especialista en nada, tiende a desaparecer de nuestro mundo jurídico.

Cada abogado debería reflexionar si cuando estudió la licenciatura en derecho recibió una formación profesional de calidad o si fue pobre y deficiente. Debería preguntarse si hoy está satisfecho o no con su nivel de conocimiento jurídico y analizar en qué medida esas deficiencias de origen se relacionan con su situación laboral y económica de la actualidad.

El mundo laboral y el mundo de los negocios sí distingue a los abogados partiendo del tipo de formación universitaria que recibieron y de la institución en la que la recibieron, y también distingue a partir de saber si es especialista en algún área del derecho.

Por supuesto que es deseable conocer todo el sistema jurídico mexicano, pero es necesario profundizar en un área del derecho hasta lograr dominarla completamente. Eso le dará un valor adicional a la formación profesional de cualquier

abogado, lo que a la postre le abrirá oportunidades laborales y económicas que hoy no tiene. ¿Por qué no especializarse en una universidad con prestigio, con historia, con calidad académica y exigencia docente, que esté enfocada en la práctica profesional y cuyas clases son impartidas por profesoras y profesores especialistas en su área del saber?

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En la Facultad de Derecho tenemos un área de posgrado de alta calidad en la que ofrecemos diversas especialidades y maestrías: • Derecho civil • Derecho de empresa • Derecho financiero • Justicia penal • Gobernanza y estrategia internacional También ofrecemos el programa de doctorado en ciencias jurídicas, que cuenta con la acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Te esperamos en La Salle para lograr, juntos, convertirte en la mejor versión de ti. 7

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Juan Pablo Morales

La importancia del compliance en la administración pública Jorge Martínez Ocampo

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Voces El compliance en una organización o una empresa implica supervisar la observancia de toda la normativa a la que están sujetas aquéllas, desde regulaciones externas (como las legales y las económicas) hasta reglamentos internos (como los relacionados con

los compromisos con el cliente). Sin embargo, esta preocupación por el cumplimiento también debe prevalecer en las entidades de la administración pública. Jorge Luis Martínez Ocampo, director de Martínez Ocampo & Chávez Vaca, explica la actividad que sobre este tema desarrolla su firma con gobiernos a nivel local y federal.

e un tiempo a la fecha se ha puesto de moda hablar de compliance. ¿Cómo definiría este concepto?

Hablar de compliance significa alertar, prevenir y mitigar riesgos, garantizando el correcto funcionamiento del manejo y el destino de los recursos, así como evitando pérdidas financieras e, incluso, la reputación. En síntesis, consiste en establecer estándares de buenas prácticas y códigos de conducta.

En este sentido, es de vital importancia contar con la asesoría y la colaboración de un especialista en compliance para garantizar procesos transparentes, válidos y verificables. Esto resulta aún más relevante para servidores públicos en funciones y electos. El compliance ayuda al fortalecimiento y a la capacitación de las administraciones públicas entrantes y permite la entrega y la recepción de la gestión pública de manera coordinada y ordenada.

financiera sino también administrativa en cualquier área del gobierno.

n ¿Por qué decidió especializarse en compliance en la administración pública?

Mi experiencia en el seguimiento, control y asesoramiento de responsabilidades a entes gubernamentales, desde áreas básicas hasta áreas financieras y públicas, se desarrolló a partir de que vislumbré las problemáticas que afectan la reputación de un servidor público, como la corrupción por el mal manejo de recursos y falta de control en el seno de las administraciones públicas. Por eso me he enfocado en este ámbito para contribuir a evitar responsabilidades de los servidores públicos o de las personas políticamente expuestas.

n ¿Cuáles son los elementos clave para que funcione este sistema?

Para hablar de un proyecto exitoso, son básicas la continuidad, la renovación y la capacidad de adherirse a las nuevas tecnologías.

Además, debe existir coordinación: que haya coadyuvancia entre el especialista y las autoridades y que se tomen en cuenta las herramientas que aportan las nuevas figuras jurídicas.

n ¿Qué acciones se llevan a cabo para proteger a las personas políticamente expuestas?

Este sector es susceptible de tener un conflicto en cualquier ámbito de la gestión o fuera de ella, por lo que cada sistema de integridad pública cuenta con un amplio campo que se ajusta a las necesidades particulares. Algunas de las acciones que realiza el compliance tienen que ver con la prevención del lavado de activos y con otros ilícitos en materia no sólo

n ¿Qué entiende usted por sistema de integridad pública?

El cumplimiento de toda la normativa a la que se ve sujeta la administración pública, desde regulaciones externas (como las legales y las económicas) hasta reglamentos internos.

Nuestra actividad de compliance permite inhibir alertas, riesgos, sanciones o amenazas, a través de liderazgos, cultura y política anticorrupción, así como mediante la implementación de controles.

La premisa para que este sistema funcione es que se haya construido con base en las necesidades de cada gobierno y que se mantenga en actualización constante, ya que las necesidades van cambiando y debemos adecuarnos para que el sistema realmente sea eficaz.

n ¿Ha percibido resistencia de los actores públicos hacia el trabajo que usted y sus colaboradores realizan al implementar controles que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas?

Si un gobierno o algún ente institucional establece contacto con nosotros es porque tiene interés y deseo de colaborar para lograr mejores resultados. Nosotros no partimos de la imposición, sino de la propia participación, de una cultura de cambio en la forma de desempeñar los cargos.

También es indispensable hablar del recurso humano. Nos enfocamos en la capacitación, que debe ser constante, al igual LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Jorge Luis Martínez Ocampo es especialista en temas de delitos fiscales y derecho penal empresarial.

Asimismo, ha realizado diplomados sobre delincuencia organizada, lavado de dinero, insolvencia, concursos mercantiles y compliance penal, entre otras áreas.

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que la comunicación. Es fundamental verse como un equipo de trabajo de amplio espectro, más que como una firma de especialistas que se acerca ofreciendo un plan, un sistema o un documento. La capacitación, la coordinación y el trabajo en equipo son fundamentales y necesarios para el logro de los resultados.

De lo que sí estamos convencidos es de que al contar con un sistema integral las probabilidades de incurrir en una falta disminuyen de manera considerable, lo mismo que los señalamientos a los entes públicos. Diría que hay una especie de blindaje que tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica.

n Una vez que han establecido sistemas de control y seguimiento, ¿cómo se aseguran de que los usuarios del sistema no incurran en faltas o responsabilidades? ¿Se ofrece alguna certificación oficial?

Para tener una eficacia del 100 por ciento tendríamos que hablar de una ciencia exacta. Desafortunadamente, en nuestra disciplina no podemos hablar de eficacia total. Sería irresponsable de mi parte señalar que por ofrecer un sistema integral erradicaríamos las faltas o las irresponsabilidades de los entes de gobierno y de los funcionarios que desempeñan los cargos.

n ¿Cuáles son los aspectos centrales del modelo que implementa en las administraciones públicas?

Son básicamente cuatro aspectos: 1) blindaje de personas para que se desempeñen con integridad en el sector público, 2) transparencia en los procesos y efectiva rendición de cuentas, 3) contención oportuna y estratégica de personas en riesgo y 4) manejo correcto de la información para la defensa estratégica y adecuada.

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n ¿Qué diferencias advierte en la implementación de su programa en los niveles federal, estatal y municipal?

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Voces

Contamos con un grupo de programadores altamente capacitados para estar a la vanguardia en el aspecto tecnológico. Las plataformas digitales llevan de la mano a nuestros clientes, además de que les ofrecemos capacitación y acompañamiento especializado. Ahí está nuestra diferencia: participamos como equipo de trabajo en el área laboral donde nos desenvolvemos. Y además estamos en constante interacción con actualizaciones, tomando en cuenta sistemas normativos internacionales y nuevas herramientas que surgen día con día.

El programa brinda la misma efectividad, tanto para el orden federal como para el estatal y el municipal. Lo importante es realizar un buen diagnóstico y elaborar un programa que atienda las necesidades del entorno de que se trate, sin que el orden de gobierno influya en la efectividad. n Finalmente, ¿qué participación tiene la sociedad civil en los proyectos que su firma desarrolla para apoyar a los gobiernos en la lucha contra la corrupción?

La sociedad sin duda es un pilar importante para romper la cadena de corrupción, desde lo más básico: en casa se deben inculcar valores para que la cadena de buenas prácticas se reproduzca. Aunque parezca que no, las pequeñas acciones producen grandes cambios.

Y también la sociedad debe sentir confianza de acercarse a las autoridades para esclarecer sus dudas e inquietudes.

Desde luego, nuestro modelo y las herramientas que proporcionamos son de gran apoyo en ese aspecto. 7

Nuestro sistema de integridad se adecua a las necesidades de cada orden de gobierno y de su entorno, enfocándose en la prevención y en el combate de delitos por parte de todos los funcionarios públicos.”

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[ Perspectiva económica ]

Derecho y economía: Ismael Dionisio Valverde Ambriz

una unión necesaria

Continuando con su reflexión so-

bre la importancia del análisis económico del derecho, el autor ofrece en esta edición algunos ejemplos concretos que permiten apreciar cómo

se conciben las leyes desde la econo-

mía: como incentivos para cambiar el comportamiento y como instrumen-

tos para los objetivos de las políticas.

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S

e puede decir que el campo del análisis económico del derecho comenzó con Jeremy Bentham, quien examinó sistemáticamente cómo se comportarían los actores frente a los incentivos legales y evaluó los resultados con respecto a una medida claramente establecida de bienestar social (utilitarismo). Los escritos de Bentham contienen un análisis extenso y significativo del derecho penal y de la aplicación de la ley, algún análisis del derecho de propiedad y un tratamiento sustancial del proceso legal. Su trabajo quedó esencialmente sin desarrollar hasta la década de 1960 y principios de la de 1970, cuando el interés por el análisis económico del derecho se vio estimulado por cuatro contribuciones importantes: el artículo de Ronald H. Coase (1960) sobre externalidades y responsabilidad legal, el artículo de Gary S. Becker (1968) sobre el crimen y la aplicación de la ley, el libro de Guido Calabresi (1970) sobre derecho de accidentes y el libro de Richard Posner (1972) sobre el análisis Fotografía: Freepik

económico del derecho y la creación de la Journal of Legal Studies. La investigación en el análisis económico del derecho ha estado activa desde la década de 1970 y se está acelerando cada vez más.

Precio implícito y eficiencia económica en el derecho Para dar una mejor idea de qué se trata la unión entre derecho y economía, es posible recurrir a algunos ejemplos clásicos del tema. En ellos se identificará el precio implícito que la regla legal atribuye al comportamiento en cada ejemplo.

Después se predecirán las consecuencias de las variaciones en ese precio implícito y finalmente se evaluarán los efectos en términos de eficiencia y, cuando sea posible, distribución.

Ejemplo 1. Una comisión para reformar la ley penal ha identificado ciertos delitos de cuello blanco (como la malversación de dinero del empleador) que generalmente se cometen después de una “consideración racional” entre la ganancia potencial y el riesgo de ser atrapado y castigado. Después de recibir un extenso testimonio por gran parte de los economistas, la comisión decide que una multa monetaria es el castigo apropiado para estos delitos, no el encarcelamiento.

La comisión quiere saber “qué tan alta debe ser la multa”.

Los economistas que testificaron ante la comisión tienen un marco para responder a esta pregunta. La comisión se centró en los “delitos racionales” que rara vez ocurren, a menos que la ganancia esperada para el criminal exceda el costo esperado.

El costo esperado depende de dos factores: la probabilidad de ser atrapado y condenado y la severidad del castigo. Para nuestros propósitos, definamos el costo esperado del crimen como el producto de la probabilidad de una multa multiplicada por su magnitud.

Suponga que la probabilidad de castigo disminuye 5 por ciento y la magnitud de la multa aumenta 5 por ciento. En ese caso, el costo esperado del delito para el criminal sigue siendo aproximadamente el mismo. Debido a esto, el criminal probablemente responderá cometiendo la misma cantidad de delitos. Ésta es una predicción sobre cómo responde el comportamiento ilegal a su precio implícito.

Ahora evaluamos este efecto con respecto a la eficiencia económica. Cuando una disminución en la probabilidad de una multa compensa un aumento en su magnitud, el costo esperado del delito sigue siendo aproximadamente el mismo para los delincuentes, pero los costos del delito para el sistema de justicia penal pueden cambiar.

Los costos para el sistema de justicia penal de aumentar la probabilidad de una multa incluyen los gastos de aprehensión y enjuiciamiento de delincuentes, por ejemplo, en el número y en la calidad de auditores, inspectores fiscales y bancarios, policía, fiscales, etcétera. Si bien el costo de aumentar la probabilidad de atrapar y condenar a delincuentes de cuello blanco es relativamente alto, administrar multas es relativamente barato. Estos hechos implican una receta para reducir los delitos de cuello blanco a un nivel específico al menor

El enfoque empleado en el análisis económico del derecho es el que se utiliza en el análisis económico en general: el comportamiento de los individuos y las empresas se describe asumiendo que miran hacia el futuro y son racionales y se adopta el marco de la economía del bienestar para evaluar la conveniencia social de los resultados. costo para el Estado: invertir poco en detener y enjuiciar a los infractores y multar severamente a los detenidos. Por lo tanto, la comisión podría recomendar multas monetarias muy elevadas en su programa de castigos por delitos de cuello blanco. Gary Becker derivó este resultado en un famoso artículo citado por el comité del Nobel en su premio.

Ejemplo 2. Una empresa petrolera contrata la entrega de petróleo de Medio Oriente a un fabricante europeo. Antes de que se entregue el petróleo, estalla una guerra y la compañía petrolera no puede cumplir lo prometido. La falta de aceite hace que el fabricante europeo pierda dinero.

El fabricante entabla una acción contra la empresa petrolera por incumplimiento de contrato. El fabricante solicita al tribunal que otorgue daños y perjuicios iguales al dinero que perdió. El contrato no dice nada sobre el riesgo de guerra, por lo que el tribunal no puede simplemente leerlo y resolver la disputa en los propios términos del contrato. La petrolera sostiene que debería ser disculpada del desempeño porque no pudo hacer nada con respecto a la guerra y ninguna de las partes contratantes lo previó. Al resolver la demanda, el tribunal debe decidir si excusa a la compañía petrolera del desempeño basándose en que la guerra hizo que el desempeño fuera “imposible”, o si encuentra a la compañía petrolera en incumplimiento de contrato y requiere que compense al fabricante por lucro cesante.

La guerra es un riesgo de hacer negocios en el Medio Oriente que debe asumir una de las partes del contrato y el tribunal debe decidir cuál es. ¿Cuáles son las consecuencias LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Perspectiva económica ]

El análisis económico del derecho busca responder dos preguntas básicas sobre las normas legales: ¿cuáles son los efectos de las normas legales sobre el comportamiento de los actores relevantes? y ¿son estos efectos de las normas legales socialmente deseables? de diferentes fallos judiciales? La decisión de la Corte logra simultáneamente dos cosas. En primer lugar, resuelve la disputa entre los litigantes: “resolución de disputas”. En segundo lugar, orienta a las futuras partes que se encuentran en circunstancias similares sobre cómo los tribunales podrían resolver su disputa: “creación de reglas”. El derecho y la economía son útiles para resolver disputas, pero brillan particularmente en la creación de reglas. De hecho, dos preguntas centrales del análisis económico del derecho son las siguientes: “¿cómo afectará la regla articulada por el legislador para resolver una disputa en particular el comportamiento de las partes en situación similar en el futuro?” y “¿es deseable el comportamiento previsto?”

La compañía petrolera y el fabricante pueden tomar precauciones contra la guerra en Medio Oriente, aunque ninguno de ellos puede evitarla. La compañía petrolera puede firmar contratos de respaldo para la entrega de petróleo extranjero y el fabricante puede almacenar petróleo para uso de emergencia. La eficiencia económica requiere que la parte que tome la precaución pueda hacerlo al menor costo. ¿Está la compañía petrolera o el fabricante en mejores condiciones para tomar precauciones contra la guerra? Puesto que la compañía petrolera trabaja en Medio Oriente, probablemente esté mejor situada que un fabricante europeo para evaluar el riesgo de guerra en esa región y tomar precauciones al respecto. En

aras de la eficiencia económica, el tribunal podría responsabilizar a la compañía petrolera y citar el principio de que los tribunales asignarán los riesgos descubiertos en un contrato a la parte que pueda asumirlos al menor costo. Este principio, del que asume el riesgo de menor costo, es consistente con algunas decisiones en casos que surgieron de la guerra de Medio Oriente de 1967.

Derecho y economía: una unión necesaria El análisis económico del derecho une dos grandes campos y facilita la comprensión de cada uno de ellos. Probablemente piense que las leyes promueven la justicia; de hecho, mucha gente no puede pensar de otra manera. La economía concibe las leyes como incentivos para cambiar el comportamiento (precios implícitos) y como instrumentos para los objetivos de las políticas (eficiencia y distribución). Sin embargo, el análisis económico a menudo da por sentadas instituciones legales como la propiedad y el contrato, que afectan significativamente a la economía. Por lo tanto, las diferencias en las leyes hacen que los mercados de capitales se organicen de manera diferente en Japón, Alemania y Estados Unidos. Las fallas en las leyes financieras y en la contratación contribuyeron al colapso bancario de 2008 en Estados Unidos y la posterior recesión, que fue menos severa en Japón y en Alemania. Además, la ausencia de propiedad segura y contratos confiables paraliza las economías de algunas naciones pobres. Mejorar la eficacia de la ley en los países pobres es importante para su desarrollo económico. El derecho necesita de la economía para comprender sus consecuencias de comportamiento y la economía necesita del derecho para comprender los fundamentos de los mercados.

Los economistas y los abogados también pueden aprender unos de otros. De los economistas, los abogados pueden aprender el razonamiento cuantitativo para elaborar teorías y realizar investigaciones empíricas. De los abogados, los economistas pueden aprender a persuadir a la gente común, un arte que los abogados practican y perfeccionan continuamente.

Los abogados pueden describir hechos y darles nombres con resonancia moral, mientras que los economistas son obtusos al lenguaje con demasiada frecuencia. Si los economistas escuchan lo que la ley tiene que enseñarles, descubrirán que sus modelos se acercan más a lo que realmente le importa a la gente. 7

Ismael Dionisio Valverde Ambriz es maestro en economía. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre otros organismos. Es editor de exploring-economics.org y miembro del Financial Stability Working Group del Institute for New Economic Thinking. Asimismo, es articulista de Excélsior. ismael.valverde@comunidad.unam.mx @ivalverdea

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Luis Rodrigo Sánchez Gracia

Se trata de la

ciudadanía

Acostumbrados a los ejercicios democráticos y a los procesos electorales, para muchos ciudadanos es fácil olvidar que además de exigir que las elecciones y las consultas se realicen con estricto apego a la normatividad, es indispensable involucrarse y participar activamente en un diálogo honesto y auténtico con los actores políticos y las autoridades electorales. Así nos lo recuerda el autor de esta colaboración.

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n la esfera pública y en la esfera democrática hay reglas que nos dicen qué podemos hacer, qué debemos hacer y hasta dónde podemos actuar en el juego electoral. Y digo juego no en un sentido minimizador, carente de seriedad, porque no es así.

Todo lo contrario. Lo digo teniendo en mente aquella definición utilizada por la teoría de juegos cuando se analiza el comportamiento de las instituciones y la ciudadanía en la esfera pública.1 En este juego cada quien persigue finalidades distintas que, por supuesto, eventualmente confluyen en la legitimidad y la continuidad de la democracia, pero que de inicio son diferentes: las candidatas y los candidatos buscan ocupar un cargo público para representar a sus votantes, los partidos buscan posicionar sus agendas programáticas en el debate público, la ciudadanía busca que la candidata o el candidato por quien votó llegue a ocupar un cargo, y las autoridades electorales buscan que se cumplan las reglas.

Al menos, en un sentido mínimo, ésta es la manera en que interactúan las principales jugadoras y jugadores en la mesa, y las condiciones con las que lo hacen se ciñen a aquellas dictadas por la norma.

Ahora bien, hay un componente esencial en este entramado normativo que dota de sentido a los ejercicios democráticos: el diálogo Fotografía: Freepik

con la ciudadanía. Si analizamos la construcción del derecho electoral en México podremos darnos cuenta de que muchas de las normas que lo componen regulan la forma, la manera, el momento y las condiciones válidas de interacción entre partidos políticos, candidatas o candidatos y ciudadanía.

Son muchas las maneras de acercamiento político y electoral en una contienda —que pueden ser formales, como debates entre candidatos, o informales, pero efectivas, como los videos de candidatos en TikTok—, por lo que las regulaciones en la materia electoral justamente buscan preservar que en todos y en cada uno de estos momentos de interacción con la ciudadanía se garanticen los principios de paridad, legalidad, certeza, equidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Sin embargo, la acérrima defensa de los principios electorales no es un fin en sí mismo. Hay todavía una finalidad pragmática más profunda: la creación de un acuerdo colectivo sobre el valor de la democracia. Se escucha fácil, pero es mucho más complejo de lo que parece. Llama poderosamente la atención que ante la pregunta “¿qué describe mejor a un ciudadano?”, el 36.3 por ciento de las personas de 15 años y más en nuestro país contestó “tener responsabilidades”, el 29.4 por ciento contestó “tener derechos”, y tan sólo 7.3 por ciento contestó “pertenecer a un país”.2 Esto nos dice que en México no existe, como tal, un consenso colectivo sobre el valor de la ciudadanía y la importancia de la democracia en nuestra sociedad.

Este acuerdo colectivo se logra únicamente cuando las actoras y los actores políticos y las autoridades electorales logran abrir canales efectivos de diálogo con la ciudadanía; pero no cualquier diálogo, sino uno sincero. A este tipo de diálogo Jürgen Habermas lo llama de “racionalidad comunicativa”,3 y para que una democracia sea verdaderamente deliberativa, todas las personas involucradas en la esfera política deben expresarse de manera auténtica. Deben creer en lo que dicen

y sus mensajes no deben tener otra intención más que la de entablar una conversación franca, honesta y sincera con la ciudadanía. No puede haber agendas escondidas, tapujos, ni intenciones perversas.

Entonces, la labor de las autoridades electorales no sólo es velar por que se cumplan las leyes. Su carga de responsabilidad es mucho mayor, pues tienen que cuidar muy atentamente que todos los acercamientos de quienes buscan llegar a cargos públicos con la ciudadanía sean sinceros. Por eso no es gratuito que el marco normativo electoral mexicano sea tan robusto y, en ocasiones, incluso excesivo. Es así porque precisamente ha atendido a la historia y a la realidad política de nuestro país; con cada determinación, las instituciones electorales han acercado progresiva, pero firmemente, el derecho electoral a la ciudadanía En este sentido, no se trata de defender la norma por el bien de la norma. Se trata de defender la norma por el bien del sistema democrático y de las ciudadanas y los ciudadanos.

Por supuesto, los procesos electorales son instrumentales para rotar a los representantes, para procurar alternancias en el gobierno, para introducir distintas agendas políticas en el actuar del Estado, para establecer vínculos permanentes con las electoras y los electores, para permitir la pluralidad de ideas, para tutelar y promover la participación sustantiva de las mujeres en condiciones de igualdad, para atender problemáticas y para crear propuestas. Pero más allá de estas cuestiones naturales y necesarias en cualquier régimen democrático, quien está en el centro de todo esto es la ciudadanía. Y no basta con que existan rotaciones en los cargos públicos y que el procedimiento para hacerlo se cumpla formalmente: es necesario que cualquier norma y su respectiva aplicación estén pensadas para crear un diálogo honesto y claro con la ciudadanía. Pues es ésta, y nadie más, la que decide, delibera y confía en la democracia para vivir libremente en sociedad. 7

Para que una democracia sea verdaderamente deliberativa, todas las personas involucradas en la esfera política deben expresarse de manera auténtica. No puede haber agendas escondidas, tapujos, ni intenciones perversas.

Al respecto, Rawls señala que, como en cualquier juego, los distintos actores en una institución buscarán conseguir sus objetivos propios: “Normalmente, la teoría de una institución, así como la de un juego, da las reglas constitutivas por sentadas y analiza el modo según el cual se distribuye el poder explicando cómo es probable que se aprovechen de sus oportunidades aquellos que participan en ella”. John Rawls, Teoría de la justicia, Cambridge, Harvard University Press, 1971, p. 64.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) e Instituto Nacional Electoral (INE), “Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020”. Comunicado de prensa número 188/21, publicado el 24 de marzo del 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENCUCI20_Nal.pdf.

3 Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, España, Taurus, 1998.

1

Luis Rodrigo Sánchez Gracia es abogado por la Escuela Libre de Derecho, coordinador de la Comisión de Derecho Electoral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y secretario general de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. rsanchezgracia@gmail.com

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Luis Arturo Pelayo

Claves para el ejercicio global de la abogacía Javier Cremades García Javier Cremades, abogado español fundador y presidente del bufete internacional

Cremades & Calvo Sotelo, se ha distinguido a lo largo de su trayectoria no sólo por ser un

académico experto en derecho constitucional y por su práctica en el derecho de las telecomunicaciones y en temas de libertad de expresión, sino también por su preocupación por

la dimensión social de la profesión jurídica y por su trabajo con organizaciones de la sociedad civil. En entrevista, el también presidente de la World Jurist Association nos ofrece su punto de vista sobre diversos temas de actualidad que ponen énfasis en la necesidad del vínculo y el apoyo entre los profesionales del derecho de los cinco continentes, con el fin de dar respuesta a los desafíos mundiales que plantea la realidad actual.

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abogacía Noviembre 2021

Voces n el mundo global en que hoy en día vivimos, ¿cómo vislumbra el ejercicio de la abogacía? ¿A qué desafíos nos enfrentamos en esta profesión?

Tanto en México como a nivel global enfrentamos grandes retos. Algunos de los más serios son los que inciden sobre el libre ejercicio de la abogacía, lo cual es particularmente grave cuando las presiones proceden de los gobiernos.

En otros casos estos desafíos están relacionados con el intento de algunos gobiernos por suprimir los checks and balances, imprescindibles para preservar el ejercicio democrático del poder, particularmente la independencia judicial y la autonomía de las entidades regulatorias. A esto se suma el hecho de que en algunos países se han acetuado, al amparo de las medidas de contención de la pandemia generada por el Covid-19, los fantasmas de la corrupción y el abuso de poder.

Otros desafíos que también afectan el ejercicio de nuestra profesión están relacionados con el hecho de garantizar una mayor inclusión y reconocimiento a la mujer por su gran aporte a la defensa del Estado de derecho, tanto a nivel nacional como internacional.

También debemos señalar el tema de la internacionalización del ejercicio de la abogacía, la implantación cada vez más generalizada de las tecnologías de la información y, por supuesto, las nuevas realidades relacionadas con el marco jurídico de la manipulación genética de la persona humana, el transhumanismo, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección a los menores frente a ciertos contenidos digitales, el pleno respeto a la vida humana y al medio ambiente, y la defensa del Estado de derecho como factor de desarrollo, innovación y crecimiento. n ¿Cómo debemos prepararnos para atender estos temas?

Hace poco el Foro Económico Mundial procalmó que la sociedad actual y sus instituciones se desarrollan en un escenario “volátil, incierto, complejo y ambiguo”. Y concluía diciendo que “quien cree saberlo todo está bien equipado para un mundo que ya no existe”.

Estos temas tan sensibles, tanto en México como a nivel global, serán analizados en el Congreso Mexicano de Juristas 2022, así como en el próximo “Davos del derecho” que es el World Law Congress 2021, organizado por la World Jurist Association (WJA). Se trata de un evento híbrido al que se podrá asistir de forma presencial y en línea. Como presidente de la asociación, los invito a participar para intentar desentrañar juntos la solución a estos grandes desafíos. n En su opinión, ¿qué habilidades se deben fomentar en quienes ya ejercen el derecho o se están preparando en las aulas para hacerlo?

El ejercicio del derecho es esencialmente antropocéntrico. Por esto, cada vez son más decisivas las denominadas soft skills;

es decir, las habilidades que nos permiten trabajar en equipo, con generosidad e incluyendo profesionales con trayectorias muy diversas, enriquecedoras y con un destacado componente internacional. Otra de estas habilidades fundamentales consiste en ejercitar la escucha, la empatía y el compromiso con nuestros clientes, con nuestros compañeros de profesión, y con las personas, las instituciones y la sociedad a la que servimos a través del derecho. Igualmente, una habilidad cada vez más importante consiste en adaptarse con rapidez a la incertidumbre y al cambio, haciendo de estas circunstancias el momento propicio para la innovación y el emprendimiento.

Esto sin olvidar la importancia de definir y afianzar, cada uno de nosotros, nuestro propósito de trabajar por un mundo más justo, sin olvidar que en cualquier abogado, como decía el gran jurista Ángel Ossorio, por encima de la lucidez del ingenio, debe primar la rectitud de la conciencia. n Uno de los temas en los que usted se ha especializado es el de la libertad de expresión. Las redes sociales se han convertido en el espacio por excelencia para el ejercicio de este derecho, aunque precisamente la falta de regulación ha abierto la puerta a muchas expresiones de odio e intolerancia, lo que ha propiciado la intervención de las plataformas y la consecuente denuncia de censura de muchas voces. ¿Cómo se debería regular este espacio?

La World Jurist Association, organización no gubernamental fundada en 1963, reúne a presidentes de tribunales, magistrados, jueces, funcionarios de gobierno, académicos y abogados postulantes de más de 140 nacionalidades que trabajan y cooperan para fortalecer y ampliar el Estado de derecho y sus instituciones.

En sus casi 60 años de logros y como organización no gubernamental (ONG) con un estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ha brindado un foro único para que la comunidad internacional trabaje en estrecha colaboración con los gobiernos, otras ONG y asociaciones internacionales para fomentar el diálogo cooperativo sobre la paz mundial.

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Las redes sociales son un espacio privilegiado para la libertad de expresión. El ejercicio de la libertad de expresión generalmente transcurre dentro de los cauces indicados en la ley. Sin embargo, con frecuencia hemos sido testigos La trayectoria de Javier Cremades ha de casos preocupantes en que las sido reconocida por Forbes, revista que redes sociales se han convertido en instrumentos de incitación a lo nombró Abogado del Año en España la violencia o, en otros, en meca(2015-2016), y por la World Jurist nismos de presión de algunas instituciones públicas para coartar Association, organización que lo eligió la independencia de los jueces o como Jurista del Año (2017-2018). intimidar el libre ejercicio de la abogacía.

La libertad de expresión es un derecho fundamental que protege la difusión de ideas por que atienda, precisamente, esos problemas de los que parte de individuos y colectivos sin temor a sufrir represa- depende la supervivencia de nuestra especie? lias. Este derecho, tal como está recogido en la Declaración Tal vez una de las premisas más importantes es reconocer que Universal de los Derechos Humanos, incluye la libertad de el Estado de derecho es un patrimonio que pertenece a toda expresar opiniones sin interferencias, y buscar, recibir e la humanidad, pero que no siempre es protegido de manera impartir información e ideas a través de cualquier medio adecuada. Y de él depende en gran medida el desarrollo y la sin tener en cuenta las fronteras. La libertad de expresión prosperidad de los pueblos. Sin embargo, carece de un código es una garantía institucional que oxigena el debate público genético de autoprotección y, por ende, su fragilidad nos obliga, y la formación de una opinión pública libre, lo cual resulta especialmente a los juristas, a velar por él. Como bien señala indispensable para una sociedad democrática. en su pregunta, de él depende en gran medida la supervivencia La libertad de expresión, como uno de los derechos de nuestra especie. Y contribuir a su defensa es la razón de humanos, debe ser garantizada en general y, por supuesto, ser de la World Jurist Association (WJA) desde que nació en en las redes sociales. No obstante, la dificultad se produce Estados Unidos bajo el impulso del chief justice de la Suprema cuando un derecho fundamental choca contra otro derecho Corte, Earl Warren, y de la American Bar Association (ABA), con fundamental, como puede ser, por ejemplo, el derecho al honor el permanente apoyo de personalidades como los presidentes o a la intimidad, que es lo que ocurre a veces con expresiones D. Eisenhower, G. Ford, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, de amenaza, odio e intolerancia en las redes.

Winston Churchill, Nelson Mandela, Rene Cassin (redactor de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas), y n ¿Cómo se debe proceder en los casos de conflicto entre hasta el rey Felipe VI o la justice Ruth Bader Ginsburg. dos derechos fundamentales?

La regulación debe considerar que estos derechos fundamenta- n ¿Qué papel desempeñan, en este sentido, los colegios les se limitan entre sí y es necesario analizar la situación con- y las asociaciones de abogados, especialmente aquellos creta, su contexto y sus consecuencias derivadas del ejercicio de carácter internacional? de los derechos, para entender cuál debe prevalecer sobre el Quiero destacar la gran labor que los colegios y las asociaciootro. De esta manera se debe establecer una ponderación, no nes de abogados mexicanos están realizando para defender siempre fácil, entre ambos derechos aplicados al caso espe- el ejercicio de la abogacía sin sometimiento a las presiones cífico, considerando la intensidad y las circunstancias de la indebidas que recientemente han padecido desde determinadas crítica, junto con la relevancia subjetiva y objetiva de lo que instancias. Los colegios y las asociaciones de abogados ejercen, ha sido expresado y la intensidad de afectación de los dere- nacional e internacionalmente, una labor insustituible para la chos en colisión para determinar si el ejercicio de la libertad defensa de los derechos y las libertades fundamentales y para de expresión debe prevalecer o no sobre la protección, por que el imperio de la ley avance y no retroceda. ejemplo, del derecho a la intimidad o al honor. n En el marco de la fundación de la WJA, el presidente n Actualmente, la supranacionalización de los problemas Eisenhower afirmó: “El mundo no tiene otra opción entre obliga a un ejercicio global de abogacía. ¿Qué premisas se la fuerza y el derecho: si la civilización quiere sobrevivir, deben tomar en cuenta para construir un derecho global tiene que elegir la fuerza del derecho”. Sin embargo,

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Voces abundan los ejemplos de debilitamiento del Estado de derecho a nivel global. ¿Se trata de un fracaso del derecho y de la fuerza de la razón?

El triunfo de la fuerza y el fracaso de la razón son una de las mayores catástrofes que puede sufrir cualquier país. En muchos casos este colapso del Estado de derecho se articula desde dentro, es decir, desde algunas instancias del poder que pervierten el fondo y sustraen su contenido. De esta forma se golpea a la organización judicial, al ejercicio de la abogacía, a la prensa, a la libertad individual, a la enseñanza, al sufragio, a la propiedad, y así sucesivamente. Es deber de todos nosotros, como abogados, procurar que esto no suceda.

La WJA trabaja para alertar acerca de estas amenazas y se ha convertido en la voz global del derecho, comprometida con la defensa del imperio de la ley, por lo cual aglutina de manera transversal a diferentes sectores jurídicos, es decir, desde jueces y magistrados, hasta catedráticos, pasando por notarios, fiscales y abogados en ejercicio. n En diciembre de este año la WJA realizará su congreso bienal en Barranquilla, Colombia. Pareciera que por los problemas que azotan a la mayoría de los países de Latinoamérica, predominan los estados fallidos, las dictaduras y gobiernos autoritarios, y la restricción de las libertades. ¿Cuál es la percepción que se tiene de la región desde la WJA? Muchos países latinoamericanos han logrado avances importantes en materia democrática y de fortalecimiento de su Estado de derecho. Avances que no carecen de desafíos. Sin embargo, países como Cuba, Venezuela o Nicaragua han sufrido deterioros importantes en sus instituciones. Y países como Perú o México, entre otros, generan una creciente preocupación en la comunidad jurídica internacional por algunas decisiones que afectan la seguridad jurídica, la protección al libre ejercicio de la abogacía y la independencia judicial. n Para cerrar la entrevista, ¿cuál sería su mensaje para la abogacía mexicana?

Mi mensaje es de reconocimiento y gratitud por su defensa del Estado de derecho.

Y me gustaría recordar, como lo hiciera el rey Felipe VI, cuando recibió el World Peace & Liberty Award, considerado el Premio Nobel del Derecho, y más recientemente Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que “sin el respeto a la ley no hay coexistencia ni democracia, sino inseguridad y arbitrariedad”. 7

La pandemia ha acelerado grandes cambios y ha generado oportunidades, incertidumbres y desafíos.

También ha despertado la solidaridad de muchos profesionales del derecho que han emprendido programas para la atención de personas y empresas que enfrentan momentos delicados de inestabilidad jurídica y económica.”

Javier Cremades entrega el World Peace & Liberty Award 2020 a Ruth Bader Ginsburg.

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Jaime Salvador García González

Alternativas ante la crisis económica ocasionada por la pandemia (Segunda parte)

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Ilustración: Freepik

Siguiendo con las reflexiones que en la edición pasada el autor nos ofreció sobre la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos, en esta colaboración explica en qué consiste un concurso mercantil y detalla los requisitos para que una empresa pueda acudir al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y tenga la posibilidad de reorganizarse de conformidad con la ley.

U

n procedimiento del Chapter 11 se describe como sigue: “Es un proceso [...] para lograr una reestructura financiera de las obligaciones de una empresa que cae en situaciones de iliquidez. Con la declaratoria de Capítulo 11 se logra la dispensa de los pagos de las obligaciones de una empresa [...]

La empresa no tiene la obligación de pagarle a sus acreedores y tampoco se permiten demandas futuras [...] Ningún juez [...] puede tocar el activo de la empresa [...] Nadie puede cobrar ningún pasivo [...] Sin embargo, se le permite seguir operando, lo que [...] alivia de manera considerable su situación de liquidez. Con ello, los recursos serán destinados a la operación y no al pago de los pasivos [...] Puede capitalizarse y hacerse de recursos [...] para concretar la reestructura. ”[El] Chapter 11 contempla que a la empresa ‘quebrada’ se le permita acceder a DIP Financing (Debtor in Possesion), que es un financiamiento más barato [...] que resulta sumamente atractivo [...] porque tiene una prelación ultrapreferente, ya que esta nueva deuda se liquida primero que todos los acreedores previos, inclusive los que tienen garantía. ”En un procedimiento de Chapter 11 la empresa tiene la obligación de presentar un plan de negocio y de reestructura [...] donde generalmente todos los involucrados toman una quita”.1 Aeroméxico y Grupo Famsa solicitaron “su reestructura financiera bajo la Ley de Bancarrota de Estados Unidos”.2 Aeroméxico pretendía reestructurar su deuda de 5,000 millones de dólares3 y acudió al Chapter 11 ya que sus contratos de arrendamiento de aviones y servicios de mantenimiento tienen jurisdicción en Nueva York; “entonces era natural acudir a la Corte norteamericana de bancarrota”.4 Grupo Famsa inició su Chapter 11 para reestructurar sus notas senior por 59.1 millones de dólares.5

En la Ley de Concursos Mercantiles (LCM) los sujetos objeto de un concurso mercantil (CM) son comerciantes. Los supuestos para un CM son el incumplimiento generalizado del pago de obligaciones (artículo 9) a dos o más acreedores y, además: a) que de los adeudos vencidos los que tengan mínimo 30 días de mora abarquen 35 por ciento o más de todas las obligaciones y b) que el comerciante no tenga activos líquidos para pagar al menos 80 por ciento de sus deudas vencidas, en ambos casos, a la fecha de presentación de la demanda o solicitud (artículo 10).

También procede el CM a solicitud del comerciante que manifieste que es inminente hallarse en cualquiera de esos dos supuestos en los 90 días siguientes a la solicitud.

Un CM puede iniciar por solicitud del comerciante (artículos 20 y 20 bis), o, en un CM con plan de reestructura previo, si la solicitud la firman el comerciante y los acreedores cuando menos de la mayoría simple de todos sus adeudos, junto con una propuesta de plan de reestructura (artículo 339). El CM con plan de reestructura cabe si el comerciante declara estar en uno de los dos supuestos de incumplimiento generalizado de sus obligaciones o es inminente que se ubique en uno de los mismos en un plazo de 90 días (artículo 339).

Un CM también inicia con la demanda de un acreedor, del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado o del Ministerio Público (artículo 21).

La LCM también faculta para demandar —de manera privativa— a la comisión responsable de la supervisión y la vigilancia de una institución financiera, excepto de las instituciones de crédito, de las organizaciones auxiliares del crédito (OAC) y de quienes realicen actividades auxiliares del crédito (artículo 244 bis). El CM de las dos últimas también puede demandarlo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (artículos

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255). Los bancos no pueden ser objeto de CM ni de quiebra desde las reformas del 10 de enero de 2014;6 sólo pueden ser objeto de liquidación, extrajudicial o judicial.

Un CM es “un procedimiento único, con una etapa previa denominada visita, y dos etapas sucesivas: la primera, llamada conciliación, de carácter necesario, y la segunda, de quiebra, supeditada a que no se haya podido alcanzar un acuerdo o convenio”7 en la conciliación. Hay excepciones.

La visita puede omitirse si el comerciante solicita que se le declare en CM, abriéndose directamente en conciliación, salvo que pida que se abra en etapa de quiebra (artículo 20).

Igualmente se puede omitir la visita y la conciliación si uno o más acreedores demandan que se inicie en fase de quiebra, y de allanarse el comerciante, el juez dictará sentencia de CM en etapa de quiebra (artículo 21). El CM de una institución financiera siempre iniciará en fase de quiebra (artículo 249). Declarado el CM de una OAC o sociedad que realice actividades auxiliares de crédito, la CNBV podrá solicitar que se inicie en etapa de quiebra o la terminación anticipada de la conciliación (artículo 258). En los casos de CM con plan de reestructura, el juez dictará sentencia de CM sin que sea necesaria la visita (artículo 341).

Sobre las fases de un CM cabe decir lo siguiente: en un plazo de 15 días naturales el visitador deberá rendir un dictamen al juez; sin embargo, el visitador podrá solicitar una prórroga hasta de 15 días naturales (artículo 40). La etapa de conciliación tiene una duración inicial de 185 días naturales (artículo 145). Pueden solicitarse dos prórrogas, cada una hasta de 90 días naturales, sin que la conciliación y sus prórrogas excedan 365 días naturales (artículo 145). Si no se otorga un convenio en esos plazos, se declara de plano la quiebra en sentencia. La etapa de quiebra no tiene un plazo máximo, pero la LCM ordena proceder a enajenar la masa concursal en busca de “las mejores condiciones y plazos más cortos de recuperación de recursos” (artículo 197).

Argumentos invocados para recurrir al Chapter 11 La protección de los acreedores norteamericanos Si son mayores los montos adeudados a acreedores conforme a las leyes de Estados Unidos, que lo debido a acreedores

Una de las principales ventajas de la ley estadounidense es que suele ser más ágil y, sobre todo, protege a la empresa desde el momento en que se presenta la solicitud.” mexicanos, tiene sentido acudir al Chapter 11 para proteger a una empresa de los eventuales reclamos de acreedores sólo en Estados Unidos.8 Lo anterior no implica la renuncia a iniciar simultáneamente un CM. Es recomendable promover, de manera paralela al Chapter 11, el CM “ante tribunales federales mexicanos competentes, a efecto de no dejar en estado de indefensión a todos los acreedores y evitar nulidades de todo lo actuado ante cortes en el extranjero sin jurisdicción nacional”.9 Un Chapter 11 no obliga a los acreedores mexicanos a acudir a los tribunales de Estados Unidos. Aquéllos pueden demandar un CM. Si un comerciante nacional sólo desea acogerse al Chapter 11, deberá evitar caer en el incumplimiento generalizado de sus obligaciones o negociar con sus acreedores. En el caso de Aeroméxico, los cinco mayores acreedores con adeudos protegidos por el Chapter 11 importaban más de 881 millones de dólares,10 mientras que los 30 mayores acreedores no protegidos por el Chapter 11 representaban 656 millones de dólares.11 Además Aeroméxico tenía el apoyo de sus sindicatos.12 La especialización de los tribunales de bancarrotas norteamericanos En Estados Unidos existen 90 bankruptcy courts.13 En México los jueces de distrito son competentes respecto de la LCM. Una queja recurrente era que “se avance en la profesionalización

Para los comerciantes mexicanos con problemas de insolvencia cuya mayoría de acreedores se ubiquen en Estados Unidos y sus contratos se rijan por las leyes de ese país, es un falso debate elegir entre el Chapter 11 o el CM. Lo ideal es iniciar ambos procedimientos simultáneamente. Si sólo pretendiesen acogerse al Chapter 11 deberán evitar el incumplimiento generalizado de sus obligaciones en México.

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[...] de los juzgados en esa materia”.14 Ese reclamo ha sido superado con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo artículo 59, fracción II, reza: “Las y los jueces de distrito mercantiles federales conocerán [...] de todas las controversias en materia concursal”.

Hay una aparente diferencia en el número de casos entre los dos países. A casi 21 años de creada la LCM, “en México se han llevado al menos 800 casos de ese tipo, mientras que en Texas [...] en un solo año se atendieron más de 10,000”.15 Esa comparación es injusta. Las bankruptcy courts conocen de bancarrotas mercantiles y no mercantiles, en tanto que los CM se limitan a asuntos de comerciantes.

Mayor flexibilidad en Estados Unidos Como ventajas del Chapter 11 se mencionan la protección judicial frente a una ejecución de los acreedores en Estados Unidos, las facilidades para acceder a créditos y los mayores plazos para reestructurarse. “Una de las principales ventajas de la ley estadounidense es que suele ser más ágil y, sobre todo, protege a la empresa desde el momento en que se presenta la solicitud”.16 En el caso de Aeroméxico, “el 30 de junio pasado [2020] [...] se acogió en el Capítulo 11, y al siguiente día un juez de Nueva York ya había dado resolución para salvaguardar los activos”.17 Conforme al Chapter 11 es más fácil “que la empresa deudora acceda a un nuevo crédito para que pueda mantener su operación”.18 Respecto de plazos, “el Capítulo 11 contempla un periodo de 120 días para presentar un plan de reorganización, y se puede extender hasta 18 meses más.

Luego hay un plazo de 180 días adicionales para aceptar el plan de reorganización”.19 La LCM puede mejorar si se eliminan sus “excesivos formalismos”.20 “Un ejemplo son los múltiples requisitos para que la solicitud de concurso mercantil sea admitida, los cuales son numerosos, no de fácil ni inmediata elaboración y deben cumplirse antes de obtener la protección que la ley ofrece”.21 Empero, la LCM ofrece protecciones similares al Chapter 11.

Entre los efectos de la sentencia de CM están “la orden al comerciante de suspender el pago de los adeudos [...] salvo los que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa” (artículo 43, fracción VIII) y “la orden de suspender durante la etapa de conciliación todo mandamiento de embargo o ejecución” (artículo 43, fracción IX, y artículo 65). En cuanto a financiamientos, desde 2014 se permite en la solicitud de CM, o una vez admitida, pedir al juez su autorización para la contratación de créditos indispensables, pudiendo incluso autorizar garantías (artículo 37), sin perjuicio de que en la conciliación se pida al juez la contratación de dichos créditos, bajo los lineamientos del conciliador (artículo 75).

Los créditos indispensables tienen una prelación preferente, por ser créditos contra la masa concursal y pagaderos con anterioridad a cualquier otro, salvo los salarios de los últimos dos años (artículo 224). 7 Este artículo es una versión abreviada del texto completo, disponible en nuestra página web:

Alejandra Marcos, “Chapter 11 vs. concurso mercantil”, en www.elfinanciero.com.mx, México, 17 de julio de 2020.

Judith Santiago y Claudia Tejeda, “Por la crisis del Covid-19 más empresas solicitarán adherirse al Chapter 11”, en www.eleconomista.com.mx, México, 5 de julio de 2020.

3 Idem.

4 Carlos Olvera, citado por Juan Tolentino Morales, “3 razones por las que las aerolíneas se reestructuran bajo el Capítulo 11”, en www.expansion.mx, México, 3 de julio de 2020.

5 Judith Santiago y Claudia Tejeda, op. cit.

6 Fauzi Hamdan Amad, Derecho concursal mexicano, 2ª ed., Porrúa, México, 2015, p. 30.

7 Ibid., p. 24.

8 Juan Tolentino Morales, op. cit.

9 Pablo Casas Lías, citado por Juan Tolentino Morales, op. cit.

10 Juan Tolentino Morales, op. cit.

11 Idem.

12 “Los sindicatos apoyan el proceso de reestructura de Aeroméxico”, en www.expansion.mx, México, 1º de julio de 2020.

13 Idem.

14 Fernando Pérez Correa, citado por Diego Badillo, “Urge crear juzgados especializados en concursos mercantiles”, en www.eleconomista.com.mx, México, 4 de abril de 2021.

15 Idem.

16 Federico Hernández, citado por Juan Tolentino Morales, op. cit.

17 José Alberto López, citado por Nancy Malacara, “¿Por qué las empresas prefieren el Chapter 11 en lugar del concurso mercantil?”, en www.expansion.mx, México, 6 de abril de 2021.

18 Malacara, Nancy, op. cit.

19 Idem.

20 Fernando Pérez Correa, “¿Por qué empresas mexicanas van a tribunales de EU por su concurso mercantil?”, en www.expansion. mx, México, 13 de noviembre de 2020.

21 Idem.

1 2

Jaime Salvador García González es abogado por la Escuela Libre de Derecho, corredor público número 61 de la Ciudad de México y mediador privado certificado 253 también de la Ciudad de México. jaime.garcia@formatuempresa.com.mx

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[ Grandes procesos de la historia ]

Jean-Paul Laurens, El papa Formoso y Esteban VI, 1870.

Carla Elena Solís Echegoyen Manuel Jorge Carreón Perea

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A pesar de haber sido retratado por los biógrafos como “obispo de gran santidad y ejemplares costumbres”, Formoso —papa de la Iglesia católica entre los años 891 y 896— fue sometido a juicio, acusado de perjurio y de haber accedido ilegalmente al papado. Pero el suyo no fue un juicio ordinario: tras nueve meses enterrado, su cadáver fue exhumado, se le vistió con los ornamentos papales y se le sentó en un trono para que escuchara las acusaciones. Este juicio eclesiástico póstumo promovido por el papa Esteban VI, también conocido como Sínodo del Terror, forma parte de la tradición jurídica de Occidente, por lo que bien vale la pena conocerlo, a modo de breviario cultural.

E

l nombre de Ludwig von Pastor, así como su obra Historia de los papas desde fines de la Edad Media, posiblemente sea desconocido para la mayoría de las y los abogados. Igualmente desconocida es su frase más célebre: “Yo estoy convencido de que la Iglesia católica es una institución divina. Si los malos papas no lograron destruirla es porque es divina”.

Uno de los hechos que bien podría ejemplificar lo que sostuvo Von Pastor fue el juicio denominado Concilio Cadavérico, celebrado por el papa Estaban VI en contra de uno de sus antecesores, Formoso, escena que fue recreada por Jean-Paul Laurens en su obra El papa Formoso y Esteban VI. La persona lectora se preguntará: ¿en qué consistió este proceso judicial?

Celebrado en el año 897 después de Cristo, este juicio tiene dos protagonistas principales, que no son otros que los papas antes mencionados: Esteban VI y Formoso.

A ellos dos podemos incardinar un tercer participante, al también papa Bonifacio VI, quien sucedió a Formoso después de su muerte, pero cuyo mandato al frente de la Iglesia se reduce sólo a dos semanas, sirviendo más bien como una especie de intermedio entre los dos papados.

Formoso, quien desde el inicio de su gestión como obispo de Roma fue visto con ojos críticos en su tiempo, murió de manera violenta por razones poco claras. Sin embargo, lejos de lo que podría esperarse, no pudo tener un descanso eterno de inmediato. Tuvo que esperar un proceso sórdido y vil que puede ser considerado como distintivo de los excesos a los

que puede llegar la venganza, pretendiendo ser materializada como justicia.

César Cervera, en un artículo publicado en el diario ABC, describe los hechos en los siguientes términos: “Tras nueve meses enterrado, el cuerpo de Formoso fue sacado de su tumba, vestido con los ornamentos papales y sentado ante el tribunal eclesiástico. La espeluznante escena de un cadáver en avanzado estado de descomposición y atado a la silla para evitar que se escurriera debió resultar dantesca, pero no frenó un proceso conocido como el Sínodo del Terror [...] Esteban VI acusó a los restos de Formoso, que estaban demasiado ocupados pudriéndose como para contestar a las preguntas del tribunal, de haberse dejado elegir obispo de Roma cuando ya era en ese momento la cabeza de otra diócesis [la de Porto]...

Aparentando legalidad, fue nombrado un diácono como abogado de oficio para que hablase en nombre del difunto, mientras el papa Esteban VI presidió el concilio desde su silla”.

Pocas veces en la historia jurídica de Occidente se presentaron casos como el descrito, el cual, más allá de las razones que en la época pudieron dar sustento al también denominado Juicio del Cadáver, nos heredará a las y los estudiosos del derecho una de las escenas más impactantes que podamos recordar en la tradición jurídica de Occidente, la cual ciertamente ha tenido altibajos y que aún hoy en día nos permite llegar a la reflexión: ¿se puede obtener justicia de una simulación? 7

Formoso padeció un proceso sórdido y vil que puede ser considerado como distintivo de los excesos a los que puede llegar la venganza, pretendiendo ser materializada como justicia.

Carla Elena Solís Echegoyen es secretaria de estudio y cuenta en la ponencia del magistrado Luis Espíndola en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Manuel Jorge Carreón Perea es consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y docente en la Universidad Panamericana y en la Universidad Intercontinental. @MJorgeCP

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Para leer MANUAL DE DERECHO PROCESAL, 3ª ED. La tercera edición de esta obra actualiza y complementa el texto originalmente publicado en 2016 y cuya segunda edición apareció en 2018, tomando en cuenta las modificaciones que hasta el día de hoy se han elaborado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Nacional de Procedimientos Penales, y la implementación de las nuevas legislaciones nacionales que articulan nuestro aún nuevo sistema de justicia.

Las personas lectoras podrán notar desde el principio que Dagdug Kalife profundiza en temas específicos como la etapa de ejecución de la sentencia —donde aborda aspectos como sanciones, medidas penales y medidas de seguridad—, además de introducirnos a la justicia terapéutica. Asimismo, integra nuevos capítulos sobre perspectiva de género dentro del procedimento penal, el uso de la tecnología en la aplicación del procedimiento penal y el enjuiciamiento de las personas jurídicas colectivas, entre otros, lo cual resulta especialmente llamativo no sólo por la importancia que tienen en la actualidad sino por el notorio avance en las leyes mexicanas respecto de estos temas.

Este manual, publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en coedición con la casa editorial UBIJUS, es fundamental para profundizar en cuestiones propias de la litigación respecto del nuevo sistema de justicia criminal acusatorio y adversarial mexicano, incluyendo el ámbito internacional que tiene aplicación e injerencia interna en el sistema, y de igual modo, sobre las instituciones internacionales de justicia y aplicación de derechos fundamentales que repercuten en el procedimiento penal mexicano.

Dulce Karina Flores Cruz

________ Alfredo Dagdug Kalife INACIPE/UBIJUS 2021

CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CON JURISPRUDENCIA, 2ª ED. De las muchas formas y variedades que existen cuando hablamos de material bibliográfico jurídico, posiblemente las leyes y las normatividades comentadas o anotadas, así como aquellas que incluyen jurisprudencia sobre puntos concretos, poseen un carácter especial porque facilitan la labor jurídica de muchas y muchos abogados.

Esta nueva edición de la Convención Americana de Derechos Humanos con jurisprudencia, producto del trabajo de Miguel Carbonell y Edgar González, es un claro ejemplo de la importancia de contar con este tipo de obras, que son de gran ayuda tanto en el ámbito académico como en el profesional.

Conocer las diferentes maneras en que el Máximo Tribunal Inter-americano ha resuelto diversos casos no sólo resulta útil por su carácter de información general, sino que contribuye a entender la evolución misma de los derechos humanos en América.

Finalmente, como se señala en la presentación por parte de los autores, el derecho internacional de los derechos humanos es importante para las y los juristas, pero también para todas aquellas personas que, sin haber cursado estudios de licenciatura en derecho, se encuentran vinculadas por su labor profesional y académica con estos temas. Esta obra es útil, por ende, para todas y todos.

Briceida Cervantes Sánchez

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________ Miguel Carbonell y Edgar Caballero Tirant lo Blanch 2020

EL FISCAL DE HIERRO. MEMORIAS Recientemente publicado por Planeta y convertido rápidamente en best seller, El fiscal de hierro. Memorias se suma a la reducida lista de obras publicadas en este género en nuestro país gracias a las cuales podemos conocer la “verdad” de los acontecimientos que han definido nuestra vida pública en voz de sus protagonistas, en este caso de uno de los actores más polémicos en la procuración de justicia en las últimas décadas: el abogado chiapaneco Javier Coello Trejo.

Reconocido por su labor que lo llevó a encarcelar a más de 1,200 funcionarios, ex funcionarios y empresarios involucrados en diversos delitos, entre otros el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, la Quina, y el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo —lo que le granjeó el mote de fiscal de hierro, como lo llamó el presidente José López Portillo y lo ratificó George Bush padre—, también ha llevado la representación de clientes en casos mediáticos como el de los derechos por las películas de Cantinflas —donde representó a Eduardo Moreno Laparade—, la disputa entre Jorge Vergara y su ex esposa Angélica Fuentes —cuando defendió los intereses del fallecido dueño del club Guadalajara y de la empresa Omnilife, y de sus herederos—, la denuncia de María Asunción Aramburuzabala —su mandataria— en contra de Teresa Adriana Pérez Romo, cónyuge de Joaquín López Dóriga, por presunta extorsión, y más recientemente la defensa —que finalmente dejó— del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por presuntos actos de corrupción relacionados con Odebrecht.

El fiscal de hierro es un libro que indudablemente despertará la curiosidad del lector y que, más allá de las simpatías o antipatías que pueda provocar, es de agradecer por la valentía del autor, su lenguaje llano y sin autocomplacencias, y por constituir un valioso documento para conocer, en palabras de uno de sus protagonistas más destacados, la forma en que se ha procurado e impartido justicia en las últimas décadas en México. Ojalá que el ejemplo cunda entre quienes han tenido estas graves responsabilidades y no nos leguen sólo aburridos autoelogios o ininteligibles documentos clasificados. La información pública también forma parte de la democracia. ________ Javier Coello Trejo Planeta 2021

“O se aplica la ley, tal y como es, tan fría como es, o mejor no se aplica. La ley es la ley.”

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Humor Necesitamos contratar a un experto en arbitraje internacional...

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abogacía Noviembre 2021

Alfonso Orvañanos

Modestamente, yo arbitré el partido México contra Honduras de la Sub-20 en 2017.

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