abogacía, #28, junio 2023

LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SUSPENSIÓN JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO < EL RECHAZO A LOS REFUGIADOS PAULINA PALENCIA MÉNDEZ

JUAN JAIME GONZÁLEZ:

LA SCJN Y LOS ESPACIOS DIVERSOS

EN DEFENSA DE LA HIPOCRESÍA:

GUILLERMO SHERIDAN

Raúl Contreras Bustamante: AUTORITARISMO, DERECHO Y LITERATURA: EL CASO NICARAGUA

ALBA NIDIA MORIN FLORES

Año 3, núm. 28, Junio de 2023

| $99.00

EDUCACIÓN Y DERECHO

JESÚS

SILVA-HERZOG: ANDAR Y VER

Presentación

E

n su Andar y ver (Taurus, 2023) Jesús Silva-Herzog Márquez se detiene a analizar el performance Ritmo 0 de la artista serbia Marina Abramović, galardonada con el Premio Princesa de Asturias para las Artes en 2021. La pieza, consiste en que ella, objetivizada, sentada en una galería, se mezcla con otros objetos de los que los espectadores pueden hacer el uso que les venga en gana; entre los instrumentos que hay sobre la mesa a su lado se encuentran un cuchillo y un arma de fuego cargada. Describe el autor que, a pesar de que hubo momentos en que algunos visitantes estuvieron a punto de herirla de muerte y la tensión escaló a diversos grados de violencia, el performance no concluyó hasta que alcanzó el término planteado, cuando la artista dejó de ser un objeto y todos huyeron de la persona que había vuelto a ser, temerosos de la eventual confrontación que implicaría encararla. “La mujer que volvía a ser persona era, para ellos, insoportable” (p. 210), afirma Silva-Herzog.

Si replicamos el ejercicio del periodista mexicano y nos detenemos a analizar sensiblemente nuestro alrededor, nos percataremos de que lo que él observó en el performance de Marina Abramović no es algo muy distante de lo que acontece en la realidad circundante. Con una cosa uno hace lo que quiere; con una persona, cuando se halla cosificada, también.

La forma en que los vínculos interpersonales se construyen en las sociedades contemporáneas, lo hacen a partir de la relación previa que las personas tienen con los objetos; el valor de alguien, en tanto persona, se traslada a la relación que ésta guarda con las cosas a su alrededor. En este sentido, las personas son disminuidas al rango de cosas, y el trato que reciben, por ende, es el mismo que éstas.

Analicemos el caso del plantón que han hecho afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) quienes no se sienten representados por las decisiones de los ministros y que opinan que su designación debería ser producto del voto popular. En sus carpas no sólo hay maniquíes, reliquias, piñas amarradas a postes, máscaras de cerdos y un sinfín de objetos que reducen la vida y los pensamientos de quienes ocupan las sillas del máximo tribunal mexicano a cosas que pueden ser pintadas, golpeadas y quemadas; sino que la oposición a sus consignas, cuando aparece encarnada en personas, se torna insoportable y deviene insulto, seña obscena y agresión, como aconteció en la reciente marcha que se trasladó del Monumento a la Revolución al recinto jurisdiccional.

Andar y ver, como hace Silva-Herzog, tiene tres implicaciones, además de las obvias. La primera, detenernos; la segunda, situarnos en el presente; la tercera, reconocer y dialogar con

las personas desde ese estadio. ¿Dónde y cuándo detenemos nuestro andar? ¿Cómo dialogamos con otras personas a partir de lo que vemos? Esta publicación se presenta como una respuesta a estas preguntas, como la posibilidad de reconocer a los otros como personas y de encontrar en ellos, antes que lo insoportable, el diálogo a través de sus expresiones, y el presente por medio de sus inquietudes actuales. Así, cuando nos encontremos con otra persona, antes de cosificarla y, en consecuencia, tratarla como cosa, podremos encararla como a un semejante, con base en la empatía. Este proceder, además, resulta trascendental para el ejercicio del Derecho y la defensa de los derechos de las personas.

En un esfuerzo por situarnos en el presente mexicano, en esta edición de abogacía nos hemos detenido a platicar con Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, acerca la pedagogía jurídica y la autonomía universitaria; asimismo nos hemos aproximado, a través del podcast Upstanders, a Juan Jaime González, secretario de estudio y cuenta de la ministra Margarita Ríos Farjat, para conocer a la scjn como un espacio diverso, y a Jesús Silva-Herzog Márquez, con el objetivo de que, desde los márgenes del Derecho, se reflexionen algunos de los tópicos que pueden servir a la abogacía para nutrirse con otros saberes. ¡Sean bienvenidos a esta, nuestra vigesimoctava edición! 7

Cordialmente, Mateo Mansilla-Moya Director editorial

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 1

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revistaabogacia abogacía. La voz y la pluma de los juristas, año 3, núm. 28, junio de 2023, es una publicación mensual editada por Base Legal, S.A. de C.V., con domicilio en Altavista 28, Col. San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm.

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Juan Velasquez ACGM-782

Guillermo Sheridan

EN DEFENSA DE LA HIPOCRESÍA

D

ice el Lic Andrés Manuel López Obrador, Supremo de la Patria, que “la verdadera ideología de los conservadores es la hipocresía”. La frasecita es una de sus favoritas y suele llenarse la boca de satisfacción durante sus autocelebratorias mañaneras. Dice el Supremo que es frase de Monsiváis a quien, en efecto, le molestaba la hipocresía, que para él significaba “la duplicidad política”. Pero, por orden presidencial, sus amigos y aliados, el Morena y él mismo han quedado exentos de hipocresía (ideología tampoco hay mucha...).

Una ideología (para decirlo brevemente) es un sistema de ideas que contiene unos objetivos y la estrategia para alcanzarlos. La hipocresía, por su parte, consiste en la simulación con fines interesados de creencias o ideales, sentimientos o valores de los que se carece.

Sostener que la hipocresía puede convertirse en una ideología es, obviamente, algo que Monsiváis dijo irónicamente, en tanto que la hipocresía es un defecto no sólo de los mexicanos y no sólo de los políticos.

Pero al presidente se le escapa la jiribilla y lo toma en serio, lo que implica suponer que la hipocresía es un logro de las ideas, no una carencia de moralidad; que la hipocresía está hecha de convicciones, no de intereses mezquinos.

Para el Supremo, la hipocresía es sinónimo de simulación, que es lo más opuesto a él, un hombre que no es avaro, pero sí modesto, a la hora de adjudicarse todas las virtudes y cuya rectitud y sinceridad le parecen tan notorias que le permiten proponer una ideología

antihipócrita, una moralidad absoluta que norme al Estado y a la patria entera; una ideología antihipócrita que imponga una moralidad social ideal que sea reflejo de su propia alma sincera no hipócrita.

Es difícil calcularlo, sobre todo cuando la hipocresía tiene tan honda raíz y acendrado arraigo en una cultura como la nuestra. El pensamiento posrevolucionario se interesó mucho en el asunto y analizó el escamoteo utilitario de la verdad a que somos proclives, así como la simulación institucionalizada que practica la clase política. Se trata de la decepción (en el sentido de engaño) de que habló Jorge Cuesta; el fingimiento que analizó Samuel Ramos; la gesticulación que ilustró Rodolfo Usigli, o el enmascaramiento que discutió Octavio Paz. En 1938, en El gesticulador, Usigli puso en boca de su personaje César Rubio esta sentencia tajante sobre México: “Donde quiera encuentras impostores, impersonadores, simuladores; asesinos disfrazados de héroes, burgueses disfrazados de líderes, ladrones disfrazados de sabios, caciques disfrazados de demócratas, charlatanes disfrazados de licenciados, demagogos disfrazados de hombres.”

Esta sinceridad, como se sabe, no le impidió al profesor Rubio simular ser un general revolucionario y acabar como candidato a la presidencia. Y en 1943 Paz escribió, en “La mentira de México”: “La mentira inunda la vida mexicana. Ficción en nuestra política electoral; engaño en nuestra economía, que sólo produce billetes de banco; mentira en los sistemas educativos; farsa en el movimiento obrero (que todavía no ha logrado vivir

sin la ayuda del Estado); mentira otra vez en la política agraria; mentira en las relaciones amorosas; mentira en el pensamiento y en el arte; mentira por todas partes y en todas las almas. Mienten nuestros reaccionarios tanto como nuestros revolucionarios; somos gesto y apariencia y nada, ni siquiera en el arte se enfrenta a la verdad”.

Pero la hipocresía no sólo es nacional, ni sólo de una ideología. Hace cuatro siglos, en uno de sus “Sueños”, don Francisco de Quevedo escribió que “la calle mayor del mundo” es la Calle Hipocresía, donde “ninguno es lo que parece”. En esa calle “el verdugo se llama miembro de la justicia; la putería, casa; las putas, damas; amistad llaman al amancebamiento, trato a la usura, burla a la estafa, gracia a la mentira, donaire a la malicia, valiente al desvergonzado y señor doctor al charlatán… De suerte que todo el hombre es mentira por cualquier parte que le examinéis, si no es que, ignorante como tú, crea las apariencias”.

En fin que, hipocresía o simulación, es un problema moral demasiado viejo y vago para hacerlo exclusivo de un grupo, de una época y, desde luego, de una nacionalidad.

No, la hipocresía no puede ser una ideología. Sí lo es la tartufada de proponerse la erradicación de la hipocresía (o de cualquier otro defecto moral) desde el poder político, con todo y la Presidencial Silla.

No menos tartufa es la idea de ordenar desde ese mismo poder que sea el amor lo que guíe a los ciudadanos.

La convicción de que por órdenes superiores se puede crear un “hombre nuevo” y bueno, libre de defectos, y de que aún le compete al Estado vigilar la ética individual, es algo que ha figurado en ciertas ideologías y hasta en algunos sistemas de gobierno que, invariablemente, se consideran transformacionales.

Los resultados, sobra decirlo, no mueven al entusiasmo. 7 (Septiembre de 2011)

Guillermo Sheridan es doctor en letras modernas y mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, investigador nacional nivel III del Conacyt, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y biógrafo literario de Ramón López Velarde y Octavio Paz.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 3

Contenido

14

Junio 2023

VOCES

Raúl Contreras Bustamante: Educación y Derecho

34

06

REFLEXIONES

¿Qué es la narcocultura?

María José Hernández Vargas y Karina Carbajal Muñoz

ACTUALIDAD

Torcer la lengua al punitivismo

03

38

64

En defensa de la hipocresía

Los efectos restitutorios de la suspensión, de acuerdo con la jurisprudencia de la scjn

Entender la violencia de género LOS TRIBUNALES? a partir de la relación entre el 72 Estado y la sociedad civil

REFLEXIONES

Guillermo Sheridan

08 Elecciones y representatividad

REFLEXIONES

Juan Pablo Gómez Fierro

Roberto Sanromán Aranda

10 Bloqueo en redes por parte de un ministro; ¿amparo procedente?

42 Límites formales y materiales en materia de políticas públicas Anette Chara Tanus

Martín Eduardo Castillo Nájera

18 Regulación legal de la violencia vicaria en México Erick Mena Moreno

20 Justicia alternativa para personas con discapacidad José Guillermo Olveda García

30 El acoso a las autonomías Marco Antonio Zeind Chávez

4 abogacía Junio 2023

50 Salud mental de menores en la web: la problemática de salud pública

REFLEXIONES

Emilio Vargas Chávez

24 VOCES

¿QUÉ DICEN HOY

DERECHO Y LITERATURA

Autoritarismo, derecho y literatura: El caso Nicaragua Alba Nidia Morín Flores

Juan Jaime González: La scjn y los espacios diversos

74

46

Milk, cine y diversidad sexual

MÁRGENES

DERECHO Y CINE

Jesús Silva-Herzog: Andar y ver

Jaime Vázquez

60

LOS UNIVERSITARIOS HABLAN

Víctor Tubilla Rodríguez

VISIÓN GLOBAL

56 El jaque a las democracias latinoamericanas: De la disfuncionalidad a la inconstitucionalidad

Paulina Palencia Méndez

Carolina Elizabeth Vásquez Regalado

70

El rechazo a los refugiados 68 EL NOTARIO RESPONDE

La forma en la era digital Roberto Garzón Jiménez

76 Malas prácticas parlamentarias 78 PARA LEER

80 CARTÓN

I

l

o ! d e c a l n a nce l a d o ! a a aa nce l a d o ! a aa nce l a d o ! a aa nce l a d o ! a aa nce l a d o a aa a

ca a ca c a ca aa c ca aa a a

Actualidad Ca nc e

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TIPU N I T I V N A MO

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CON OS VERS SAD R E V ACIO ERGI NES A NTIPUNITIVISTAS PARA TIEMPOS T

Emilya Rendón

A

lo largo de la extensa historia del movimiento feminista en México, uno de los principales problemas como sujetos políticos ha sido el aparato del Estado y sus diferentes instituciones, como el sistema de justicia.

Todos los días hay denuncias públicas en los tendederos de las universidades, o denuncias formales convertidas (algunas de ellas) en un archivo interminable de tipificaciones penales resguardadas en el búnker que esperan su turno para ser atendidas con “justicia”.

Las denuncias forman parte de un proceso actual sobre la visibilización de violencias sistemáticas heredadas por civilizaciones occidentales, patriarcales y capitalistas. Sin embargo, estas mismas denuncias públicas o formales pueden llegar a romper el tejido social por el carácter punitivo y no generan cambios constructivos en el ámbito social, sino que más bien propician marginalización a corporalidades por medio del castigo debido a las agendas políticas actuales del Estado mexicano. Estos mismos cuerpos sociales son

6 abogacía Junio 2022

expuestos a una asimilación constante de patrones que legitiman una condicionante segregativa, violenta, necropolítica, de poder asimétrico y de un sistema de justicia construido con base en el populismo punitivo, la subordinación, la burocratización y la criminalización selectiva y generador de violencia patriarcal.

La violencia de género representa un problema social de raíz estructural que merece cuestionarse desde la opresión: el género. Sin embargo, no podemos caer en un feminismo institucional hegemónico, que constantemente busca ser heterogéneo con las opresiones que atraviesan diferentes corporalidades, como el racismo, la condición socioeconómica, el colonialismo, el capacitismo, el edadismo, etcétera, ya que cada una de ellas representa diferentes matices de desigualdad que existen en México y en América Latina.

La cultura punitivista se ha manifestado en diversos ámbitos a través del tiempo, donde quienes no se adecuan a la norma son excluidos y segregados. Por eso, en la plataforma de

investigaciones geopolíticas culturales Multipolar decidimos crear una nueva iniciativa: Torcer la lengua punitivista: conversaciones antipunitivistas para tiempos tergiversados.

Torcer la lengua punitivista pretende generar conversaciones preventivas al punitivismo para aquellas corporalidades que se sientan víctimas de distintas opresiones. Pretendemos reflexionar sobre los organismos —como el sistema de justicia, la educación, la política, los medios de comunicación o la cultura— y generar reflexiones proactivas, no estigmatizantes y no excluyentes, para reunir herramientas colectivas de acuerpamiento y no de abandono.

Primera mesa: “Punitivismo vs. punitivismo: cartografías de la denuncia en la cultura punitiva, discursos de odio, desigualdad y derechos humanos”. En esta mesa-taller reflexionaremos sobre los orígenes de la cultura punitiva, las problemáticas en torno de las desigualdades sociales en el tejido social, la marginalización, la moral, los ámbitos colonial-cultural, patriarcal y militarizado frente a los discursos de odio y a la polarización de opinión en las redes sociales. Asimismo, revisaremos los efectos del punitivismo y de la criminalización reflejada en corporalidades racializadas, lgbtq+, mujeres cis y trans, masculinidades y sexodivergentes. Nos acompañan en la mesa Larazasosa, Alexandra Ruiz, Aitana Villamar, entre otros invitados sorpresa, y actividades planeadas como ejercicios que procuran ofrecer herramientas para analizar las matrices de opresión, llamadas cartografías de la denuncia.

Segunda mesa: “Esbozos para feminismos y transfeminismos antipunitivistas: Problematizando el sistema judicial”.

En esta mesa-taller reflexionaremos sobre el feminismo y

el transfeminismo antipunitivista, una corriente del feminismo que cuestiona el sistema de justicia penal que nos rige actualmente y que aboga por una justicia con perspectiva de soluciones alternativas, en lugar de limitarse a la sanción del delito, la cancelación, la prisión o el castigo, abordando las causas estructurales y culturales: la violencia patriarcal. Nos acompañan en la mesa Natalia Lane, Paola Zavala, Silvana Carranza, Majo Martínez y Mikaelah Drullard para reflexionar sobre el papel del feminismo y el transfeminismo antipunitivista actual y terminar con un ejercicio asesorado por Ocupa. mx llamado Torciendo la lengua del Código Penal: imaginarios políticos para una justicia feminista y transfeminista, en el que utilizaremos algunas tipificaciones del Código Penal de la Ciudad de México para analizarlas, entenderlas y proponer herramientas colectivas que tuerzan los signos establecidos.

Queremos incluir en esta experiencia al público en general que no pueda asistir o que se encuentre fuera de la Ciudad de México, por lo que contamos con la modalidad en línea y con actividades gratuitas que se desarrollarán de la mano de distintas colectivas, organizaciones y perspectivas diversas sobre el punitivismo, con diferentes problemáticas sociales en torno de la cultura del castigo.

Te esperamos de manera presencial el próximo sábado 24 de junio de 2023, de 13:00 a 20:00 horas.

Para inscripciones y mayor información, accede al QR, escribe a los siguientes correos, o escúchanos vía Radio Nopal: info@multipolaridades.com o multipolaridades@gmail.com.

Búscanos en nuestras redes sociales (Instagram y Twitter) como @multipolar_mx y entérate de nuestras actividades.

Necesitamos espacios que generen reflexión, no marginalización. 7

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 7

Roberto Sanromán Aranda

ELECCIONES Y REPRESENTATIVIDAD

Las elecciones deben ser un reflejo de la voluntad del pueblo, en la medida en que nuestros representantes sean elegidos democráticamente de modo consciente por los ciudadanos. El sufragio es universal porque es para todos, pues todos tienen derecho al voto, independientemente de su raza, su sexo, su religión, su condición social, etcétera. El voto es un derecho y una obligación que redunda en el bienestar de la colectividad.

8 abogacía Junio 2023

E

n la medida en que el ser humano vive en sociedad pugna por satisfacer sus necesidades, tanto físicas como intelectuales y morales, por lo cual requiere de sus semejantes para convivir y ayudarse mutuamente. Los grandes grupos de personas requieren organizarse, por lo cual eligen —a través de un voto o sufragio— a representantes que los lideren para proporcionarles una mejor calidad de vida y de ese modo lograr su cometido.

De conformidad con lo anterior, es importante recordar que “la ciudadanía refiere a un sentido de pertenencia con una determinada comunidad política, tiene un componente jurídico y también está relacionada con la participación en los asuntos públicos de un país” (ine, 2020).

Particularidades de una elección democrática En los países en los que se ha instaurado la democracia se busca una representación en función de la opinión del pueblo, por lo que en la medida en que los ciudadanos estén conscientes de sus actos frente a la elección de sus representantes se propiciará la formación de un mejor gobierno elegido democráticamente.

Todos los ciudadanos son responsables de sus actos al momento de emitir su sufragio, por lo que es importante reflexionar sobre la calidad de vida que han tenido durante los gobiernos que han administrado el país en los años anteriores, lo cual puede ser un factor importante para votar1 por determinado partido o candidato. En la medida en que sea objetivo y no se deje llevar por factores que influencien su voto, su sufragio será congruente con la situación que ha vivido y que podrá seguir teniendo en el periodo del nuevo gobierno.

De lo anterior resulta la responsabilidad que tenemos de emitir nuestro voto en la sociedad en la que vivimos, ya que es un encargo tanto jurídico como moral que redundará en la calidad de vida de nuestro futuro próximo.

Existe un derecho y una obligación de emitir el sufragio, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala, entre otras cosas, que “son derechos de la ciudadanía: i. Votar en las elecciones populares” (artículo 35) y que “son obligaciones del ciudadano de la República: i. Votar en las elecciones, las

consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley” (artículo 36).

Pero también existe una sanción por no votar, pues, de conformidad con el artículo 38 de la ley en comento, “los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: i. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley”.

En lo que toca a la responsabilidad moral, se puede afirmar que la moral establece lo que es bueno y lo que es malo y en función de eso tomamos una decisión que de alguna manera nos afecta, tanto material como moralmente. Incluso de lo anterior puede resultar una afectación a nuestra calidad de vida, pues si nos abstenemos de emitir el sufragio estamos anulando una determinada cantidad de votos para el representante que hubiéramos querido que nos representara y que posiblemente nos hubiera beneficiado de manera colectiva.

Desde la educación básica las escuelas —públicas y privadas—, deban inculcar a los niños el amor por la patria y por sus semejantes, la necesidad de organizarse de modo armonioso, así como sus derechos políticos, para que al llegar a la mayoría de edad emitan su voto de manera libre y responsable a favor de sus representantes. Esta educación debería implementarse para todos los grupos sociales y para todos los niveles de educación media y superior y, por qué no, en los ámbitos nacional y universal, en

un contexto armónico, en el que se respete a los representantes elegidos en sus respectivos países, de un modo libre y democrático. Sin embargo, no únicamente en la educación formal, sino también en los medios de comunicación y en las redes sociales, entre otros, para que los que no tengan acceso a esa educación formal pero que tengan acceso a la información cívica ejerzan su derecho al voto de manera libre y consciente.

El sufragio se debe emitir para beneficio tanto individual como colectivo, ya que al hablar de democracia nosotros, como parte del pueblo, elegimos a los representantes que queremos que nos gobiernen, mediante una decisión libre y consciente.

Considero que es fundamental que no desperdiciemos nuestro voto, ya que lo emitimos a favor de un beneficio colectivo —así como de las familias y de nuestra persona— tanto material, como social, cultural, intelectual, moral y político.

En conclusión: • Emitir el sufragio es un derecho y una obligación.

• Hay una gran responsabilidad, tanto moral como jurídica, al emitir el voto.

• Nuestro sufragio podrá significar el mejoramiento o el detrimento de nuestra calidad de vida en el futuro próximo.

• Debemos ser libres y conscientes de nuestros actos al emitir el sufragio universal de modo secreto, personal e intransferible.

• Votar en las elecciones de manera libre y responsable repertcute en beneficio de la colectividad, de nuestras familias y de nuestra persona. 7

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: Artículo 7. 1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los representantes políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. 3. Es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta ley. 4. Es derecho y obligación de la ciudadanía votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y en los procesos de revocación de mandato, en los términos que determine la ley de la materia y en los procesos de participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente. 5. Los derechos político-electorales se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 6. En ningún caso se podrán suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía por sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales.

1

Referencias bibliográficas • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, México, vigente.

• Instituto Nacional Electoral, “Ciudadanía y participación”, 2020. Consultado el 25 de abril de 2023 en https://ijpc192.juridicas.unam.mx/derechos-de-la-ciudadania/.

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cámara de Diputados, México, vigente.

Roberto Sanromán Aranda es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 9

La interacción digital, por medio

de redes sociales, entre servidores públicos y ciudadanía, en múlti-

ples ocasiones ha resultado pro-

blemática. Si un servidor público

bloquea a un usuario impidiéndole conocer el contenido de caracter público que comparte desde

su usuario público, ¿le está negando algún derecho? ¿Qué dicen

los tribunales al respecto? Martín

Eduardo Castillo Nájera responde a estos cuestionamientos.

Martín Eduardo Castillo Nájera

BLOQUEO EN REDES SOCIALES POR PARTE DE UN MINISTRO ¿AMPARO PROCEDENTE? 10 abogacía Junio 2023

A

ctualmente uno de los acercamientos más comunes de la población para conocer la activi dad de los organismos públicos se produce mediante las redes sociales, a través de plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, entre otras, pues aquellas son las que permiten una interacción más directa y actualizada en comparación de otros medios de comunicación masiva.

Por medio de estas plataformas los servidores públicos de manera individual o los organismos públicos de los que son parte instituyen un canal de comunicación con los gobernados, porque tienden a divulgar todo tipo de información pública de interés para los gobernados e incluso para interactuar con ellos.

comparte? ¿Qué criterio han sostenido los tribunales al respecto?

Existen diversos juicios de amparo indirecto en los que se reclamó el bloqueo en redes sociales por parte de servidores públicos, principalmente en Twitter.

Amparo indirecto 216/2017 (bloqueo en Twitter por parte de un presidente municipal) En el juicio de amparo indirecto 216/2017, tramitado ante el juez quinto de distrito de Sonora, el quejoso reclamó el bloqueo en Twitter de su cuenta por parte del presidente municipal de Nogales.

En la sentencia de este juicio se consideró inconstitucional este bloqueo en Twitter en virtud de que se viola el derecho de acceso a la información de interés público

La respuesta a un derecho de petición que no deriva de un procedimiento jurisdiccional corresponde a una actividad materialmente administrativa.

Sin embargo, por cuestiones propias de este vínculo de comunicación que otorgan las redes sociales, en ocasiones los gobernados interactúan —o pretenden interactuar— con las autoridades, muchas veces de manera reiterada y notoriamente insistente, ya sea respondiendo directamente el contenido de la comunicación (sea un tweet, un post o una publicación), formulando críticas, apoyo u oposición, o replicando la difusión de ese contenido en otros medios de comunicación, complementado con sus opiniones.

En ocasiones se ha identificado que esta interacción puede llegar a generar cierto fastidio por parte de las autoridades y, como consecuencia, que éstas bloqueen de sus redes sociales las cuentas de las personas que discrepan con el contenido que comparten, privándolas de manera unilateral, intempestiva e indefinida, de la información y el contenido que se comparta por ese medio.

Pero, ¿qué pasa cuando una autoridad bloquea la cuenta de un gobernado impidiéndole visualizar el contenido que

que se difunde a través de esa red social, además porque el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora señala que las autoridades pueden establecer canales de comunicación con los ciudadanos a través de redes sociales y porque voluntariamente el presidente municipal es quien utiliza esta red para compartir información relacionada con su función pública, lo que hace obligatorio respetar este derecho humano.

Amparo indirecto 20/2018 (bloqueo en Twitter por parte de un diputado federal) En el juicio de amparo indirecto 20/2018 tramitado ante el juez tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, se reclamó el bloqueo en Twitter de diversas cuentas por parte del diputado presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

En la sentencia se estimó inconstitucional el bloqueo en Twitter por la violación a los quejosos de su derecho LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 11

humano de acceso a la información, ya que el diputado comparte información sobre su gestión pública, lo cual se vuelve de interés general para la población.

FUNDAMENTACIÓN Patricio J. Gómez Garcés a Giovanna Enríquez 1. por un lado.... por un lado− quiero mudarme contigo al Río donde el tiempo se bañó dos veces dos veces Heráclito y los asuntos de su mente manecilla quiero mudarme contigo al Río entrar a casa en medio de dos corrientes que se cruzan y ser nosotros esas dos aguas nuestro propio cauce la orilla a la que van nuestras infancias a romper quiero salpicarme contigo de Río de agua nocturna de clamor de libélulas.

Amparo en revisión 1005/2018 (bloqueo en Twitter por parte de un fiscal general) En este asunto tramitado ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quejoso se ostentó como periodista y reclamó el bloqueo de su cuenta por parte del fiscal general de Veracruz de Ignacio de la Llave. En el recurso de revisión el fiscal alegó que su cuenta es de carácter personal y que tiene el derecho a la privacidad.

La Segunda Sala resolvió que aquel funcionario no utiliza su cuenta de Twitter de modo personal, porque de la misma se desprende que esa persona se ostenta como fiscal y mediante aquella da a conocer algunas de sus actividades relacionadas con su cargo, por lo cual es evidente que esa información es de interés público y que está expuesta a un escrutinio social, lo que incluye el seguimiento y el reportaje por parte de periodistas que desempeñan una actividad de prensa, la cual es trascendente y esencial para la sociedad; de ahí que resulte inconstitucional el bloqueo que realizó en Twitter. ¿Y cuando un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bloquea a un gobernado en alguna red social? ¿Procede el amparo?

Para atender este cuestionamiento es pertinente recordar la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción ii, de la Ley de Amparo, que señala expresamente que el juicio de amparo indirecto es improcedente “contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El vocablo actos no es definido por la Ley de Amparo, así como tampoco se establece si

por “actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” también se comprenden los actos de sus funcionarios públicos —en el ejercicio de sus atribuciones—, y en los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación tampoco se han acotado estas interrogantes, de manera que no existe certeza sobre i) si la palabra actos solamente se refiere a resoluciones, acuerdos internos, circulares, o si también comprende cualquier acto que realice la Corte, y ii) si de los actos de la Suprema Corte también forman parte los de sus integrantes.

De los criterios que existen respecto de esta causal de improcedencia apenas pueden inferirse interpretaciones de lo que posiblemente debe entenderse lo que comprenden estos “actos” y si también los comprenden los emitidos por quienes integran la Corte. i. En la tesis de rubro “presidente de la suprema corte de justicia de la nacion. amparo improcedente en su contra” se estableció que resulta improcedente el juicio de amparo contra el presidente de la Corte porque aquella persona forma parte de la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, el amparo es improcedente, ello a pesar de que se trate de una petición que no atienda.

En este caso, no debe perderse de vista que la respuesta a un derecho de petición que no deriva de un procedimiento jurisdiccional corresponde a una actividad materialmente administrativa, suponiendo que la petición puede estar encaminada a solicitar cuestiones ajenas a los juicios o a los procedimientos que se tramitan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de modo que esta tesis permite al presidente de la Corte desatender una petición que se le formuló, a pesar de que en amparo en revisión 245/2022 la Primera

En la sentencia se estimó inconstitucional el bloqueo en Twitter por la violación a los quejosos de su derecho humano de acceso a la información, ya que el diputado comparte información sobre su gestión pública, lo cual se vuelve de interés general para la población.

12 abogacía Junio 2023

Sala ya resolvió que la autoridad está obligada a responder peticiones a través de redes sociales (Twitter). ii. En el mismo sentido, en el criterio de rubro “suprema corte de justicia de la nación, la secretaría general de la presidencia y la oficialía mayor son parte de ella, amparo improcedente contra dichas autoridades” se sostuvo que es improcedente el amparo contra la Secretaría General de Presidencia y la Oficialía Mayor de este organismo, ya que son parte de la Corte, además de que resultaría ilógico que la Suprema Corte conociera de la impugnación de sus propios actos.

De manera que puede aducirse que la palabra actos hace referencia, genéricamente, a todo acto que emane de la Corte como autoridad estatal o de los servidores públicos que la integran en lo individual, incluyendo a los ministros.

Bajo esas premisas, en el caso de que un ministro o un a ministra de este Máximo Tribunal sea titular de alguna cuenta de redes sociales, difunda contenido inherente a su función pública y bloquee la cuenta de algún gobernado, privándolo de la visualización del contenido que comparte, lo cual es información de relevancia pública, y el gobernado quisiera presentar su demanda de amparo para impugnar dicho bloqueo, entonces se actualizaría la causal de improcedencia del artículo 61, fracción ii de la Ley de Amparo, porque los actos de la Suprema Corte, así como de sus integrantes, son inimpugnables a través de este juicio constitucional.

Lo anterior, a pesar de que las cuentas de redes sociales de las que fuere titular el ministro se utilizaran para divulgar información de interés público, pues, conforme a esta interpretación, la causal de improcedencia comprende todos los actos de la Corte y de sus integrantes, lo que haría nugatoria la justicia constitucional.

En conclusión, existen sentencias que declaran procedente el amparo indirecto, e incluso que estiman inconstitucionales los bloqueos en redes sociales por parte de funcionarios que integran el Poder Ejecutivo —local y federal—, así como el Poder Legislativo, por considerarlos violatorios de derechos humanos; pero, por otra parte, en lo que se refiere a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —incluyendo a los ministros—, la propia Ley de Amparo con la causal de improcedencia de la fracción ii del artículo 61, permite que estos funcionarios públicos puedan impedir unilateralmente —a través del bloqueo— a los gobernados acceder al contenido y a la información difundidos en las redes sociales de las que son titulares y a través de las cuales comparten datos de relevancia pública.

Por eso convendría evaluar el contenido de esta causal de improcedencia o interpretarla de manera que exista certeza de su alcance, lo que no sucederá sino hasta en tanto exista un juicio de amparo (o varios) en el que se dicte resolución que resuelva la duda sobre la procedencia del amparo indirecto en contra de un acto como el bloqueo de redes sociales por parte de un ministro o una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cualquiera de sus integrantes, del cual derive una nueva interpretación de esta causal de improcedencia en ese sentido, más ajustada a la actualidad. 7

LICENCIATURA ESPECIALIDADES MAESTRÍAS DOCTORADOS

Martín Eduardo Castillo Nájera es estudiante de Derecho en La Salle.

Voces

Mateo Mansilla-Moya

Raúl Contreras Bustamante:

Educación y Derecho Raúl Contreras Bustamante es el director de la

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautor de más de 22

libros, entre los que destaca su reciente estudio sobre la autonomía universitaria. Su trayectoria académica y profesional, reconocida en diver-

sas ocasiones por el Congreso de la Ciudad de México, lo sitúan como uno de los educadores jurídicos más relevantes del país, habiendo logrado colocar a la Facultad de Derecho en el lugar 26 del qs World University Rankings 2023.

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Pedagogía, autonomía universitaria, prestigio académico y reconocimiento a docentes, entre otros temas, son los que abordamos con el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la unam.

En este momento, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) ocupa el lugar 26, a nivel mundial, en el ranking que elaboró QS World University Rankings 2023 para calificar a las mejores facultades de Derecho. Ha subido tres lugares en el último año. ¿Qué nos puede platicar sobre esto, doctor?

Es un motivo de gran satisfacción. Hemos avanzado, en los últimos cinco años, de manera progresiva, mejorando la posición que tiene la Facultad de Derecho en el ranking de la empresa británica QS University World Ranking —la empresa más reconocida a nivel mundial— que evalúa a más de 1,500 universidades. Este año estamos ubicados en el sitio 26 del globo y en el primero en el mundo de habla hispana. No hay una facultad de Derecho latinoamericana ni en la Península Ibérica, incluido Portugal, que esté mejor calificada que la de la unam.

Esto resulta sumamente importante porque toca un tema trascendental: el hecho de que se pueda impartir educación masiva este año en la Facultad de Derecho —hay más de 17,000 alumnos, incluidos los de posgrado—. Atender a tantos miles de alumnos y ofrecer a la comunidad que asiste a la universidad pública la mejor educación jurídica que hay en el país, se traduce en brindar condiciones de igualdad plena en el desarrollo de su profesión. Más de 70 por ciento de los alumnos que están en esta facultad provienen de familias de muy escasos recursos. Ingresar aquí es una gran oportunidad para vencer condiciones adversas y tener las mejores herramientas para alcanzar el éxito en su vida profesional. n Recientemente, la ministra en retiro Margarita Beatriz Luna Ramos fue designada por el Consejo Universitario como integrante de la Junta de Gobierno de la unam.

La ministra Luna Ramos es el prototipo del egresado ideal que aspira a tener esta facultad. Es una persona que proviene de Chiapas y que ha tenido que trabajar toda su carrera; de hecho, entró a trabajar desde el primer semestre que estuvo aquí. Empezó desempeñando los empleos más sencillos: desde mecanógrafa, oficial y actuaria hasta secretaria de estudio y cuenta, jueza de distrito, magistrada de circuito, magistrada electoral y ministra de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación. Tiene una carrera impresionante. Cuando Margarita estudió, 10 por ciento del alumnado eran mujeres; hoy, esa población constituye 53 por ciento, pero en esa época las condiciones en que se desenvolvía una mujer eran muy adversas.

Ella hizo su licenciatura, su especialidad, su maestría y su doctorado aquí; siempre estuvo muy ligada a la vida de la facultad.

Incluso, en la medida en que sus actividades jurisdiccionales se lo permitían, daba clases en este recinto. En cuanto terminó su encargo como ministra, continuó esta labor. No cobra.

De manera unánime, todos los colegios de profesores la propusieron. Recientemente, en sesión del Consejo Universitario, resultó electa como integrante de la Junta de Gobierno de la unam. Es la única abogada allí. n El Consejo Universitario nombró a cuatro profesores eméritos, entre los cuales se encuentra el doctor Jorge Fernández Ruiz.

Sí, en la misma sesión; fue una fecha muy importante para la facultad. El doctor Jorge Fernández Ruiz, que tiene más de 40 años de profesor y 30 años de investigador, fue propuesto por la Facultad de Derecho como profesor emérito de la unam y fue votado por unanimidad. Estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara, luego economía en el Instituto Politécnico Nacional y después vino aquí a hacer su doctorado. Si no hubiera pasado eso, la unam se habría perdido de tener al mejor exponente del Derecho administrativo a nivel nacional y al de mayor reconocimiento internacional; es un profesor realmente ejemplar.

A pesar de que tiene 92 años, todos los días acude a impartir clases. Es el director de la revista de la Facultad de Derecho, considerada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como una revista de calidad internacional y referente mundial. Él sigue yendo al Instituto de Investigaciones Jurídicas y publicando libros y artículos. Es un profesor ejemplar y pienso que la unam hizo un gran reconocimiento a su trayectoria y a su entrega de tantos años a favor de los jóvenes. n Usted ha impulsado a muchos jóvenes de la universidad; entre otras cosas, ha publicado libros como Combate a

la corrupción (Porrúa/Info Ciudad de México, 2022) que integra a los estudiantes a las discusiones que se llevan a cabo en el ámbito profesional. Este esfuerzo también ha servido para colocar a la facultad en el lugar en el que ahora se encuentra. ¿Cómo ha sido para usted su función como director y qué siente haber colocado en ese sitio a la Facultad de Derecho?

Ha sido el reto más importante que he tenido en mi vida profesional y el más trascendente encargo que he recibido y que he desempeñado con mucha responsabilidad.

Si uno ve la historia de la Facultad de Derecho, durante sus 470 años solamente cinco directores hemos permanecido dos periodos al frente de la facultad, lo cual dice mucho de la complejidad que tiene la vida política en este espacio. Desde que me hice cargo de la dirección, el principal objetivo de la administración ha sido que los alumnos tengan mejor educación.

La autoridad siempre ha estado del lado de los alumnos y eso ha sido parte de mi éxito. Lo primero que hicimos fue una investigación para modificar los planes y los programas de estudio, luego de percatarnos de la problemática que vive México. Todos sabemos que la impartición de justicia en este país está congestionada, es decir, que los tribunales de todas las especialidades, federales o locales, tienen una sobrecarga de trabajo. Así que nos dedicamos a estudiar el tema y llegamos a la conclusión de que si metiéramos en un gran saco todos los juicios de carácter federal y local de todas las especialidades tendríamos 40 por ciento de origen familiar, 30 por ciento de origen civil y otro 30 por ciento de todo lo demás.

Por lo anterior, conviene cambiar el perfil del abogado, por lo cual hemos tratado de enseñar a los alumnos que, efectivamente, tienen que aprender el litigio, pero que éste podría ser el último recurso que deben recomendarle a quienes confían en ellos, pues más bien tendrían que recurrir, principalmente, a la mediación, esto es, a las medidas alternativas de solución de controversias, para acabar con el esquema de abogados litigantes, en que la figura de Don Quijote de la Mancha era el icono. Hoy queremos que el abogado se ponga al servicio de la sociedad y la ayude a resolver sus controversias, sin crear más problemas, y que no contribuya a hacer más complicados los litigios. Lo LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 15

Voces necesita una sociedad sumamente dividida que padece una terrible violencia a flor de piel. Por eso tenemos que comenzar por pacificar el país. En esa labor, los estudiantes han estado muy presentes, escribiendo libros y participando en concursos internacionales de litigio estratégico. La facultad está tratando de que salgan a conocer otras realidades para dar solución a los problemas de la nuestra. n En el ejercicio de su encargo ha habido algunas reformas a la legislación universitaria, en particular las que tienen que ver con los títulos de los estudiantes y las revocaciones. ¿Puede platicarnos un poquito acerca de esas reformas?

Recientemente se aprobó una reforma muy importante al estatuto y a tres reglamentos de exámenes, que tiene que ver con todas esas cuestiones. Hoy por hoy somos la única institución de educación superior, de las 40 que hay en el país con autonomía, que tiene en su legislación procedimientos legales para revisar y, en su caso, declarar la nulidad absoluta de sus propios títulos, exámenes y grados. La unam sigue siendo una institución de buena fe que confía en la integridad y en la honestidad académica de sus profesores, de sus alumnos y de sus trabajadores.

No obstante, posee los instrumentos y las autoridades facultadas para llevar a cabo un proceso de revisión que pudiera llegar al extremo de declarar la nulidad de un examen, de un título o de un grado. n ¿Cómo se vincula la pedagogía de la facultad con temas como la democracia, la construcción del Estado de Derecho y con los que resultan trascendentes para el ejercicio de la profesión?

En esta facultad no formamos licenciados en derecho ni abogados. Formamos juristas. Esto quiere decir que tratamos de proporcionarles una formación mucho más integral y humanística y mucho menos apegada al litigio.

Procuramos que sean egresados con una gran conciencia social; les explicamos que aquí todos son becarios porque el hecho de que no paguen colegiaturas no quiere decir que la educación sea gratuita, pues la paga México a través de sus impuestos y esto los convierte en un grupo privilegiado de estudiantes que pueden ingresar a la universidad

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de la nación y por eso tienen que estar al servicio de quien pagó su educación: el pueblo de México. Promovemos en su pensamiento una gran conciencia social y un gran sentido de pertenencia a la institución. El hecho de que estén estudiando en la mejor Facultad de Derecho en el mundo de habla hispana no sólo los beneficia por el valor de su título, sino que también los obliga a conducirse con integridad, honestidad y ética profesional. n La autonomía universitaria es un tema de mucha importancia. ¿Cómo se ha construido en la actualidad?

La autonomía universitaria es el principal atributo que tiene una institución de educación superior. Punto. Las instituciones que tienen autonomía constitucional poseen un atributo que las diferencia de las demás y eso tiene que ser entendible y explicable como producto del desarrollo que ha tenido la universidad, que le garantiza la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la libertad de difusión de la cultura y de las

expresiones que se generan en su seno. Lo anterior permite que los alumnos tengan acceso al conocimiento universal; no a una tendencia, no a un pensamiento único, no a una predeterminación pedagógica, sino que tengan profesores que comulguen con todas las ideologías, que asuman distintas posiciones de ver al mundo y a la sociedad, lo cual les permite a los alumnos conocer la realidad social del país. Creo que la autonomía se ve materializada en el éxito que ha tenido la unam a nivel internacional.

La autonomía es producto de una conquista y, como todas las conquistas, tiene que ser defendida. Siempre existe la tentación a tratar de que el conocimiento, cuando está al servicio de otros intereses, proporcione poder. Nosotros procuramos que este conocimiento y este poder que se genera con la conjunción de tantas inteligencias sean puestos al servicio de la sociedad mexicana y no al de ningún grupo en particular, ni al de ningún gobierno, sin importar el signo que lo caracterice. 7

Erick Mena Moreno

Regulación legal de la violencia vicaria en México Nombrar a la diversidad de violencias que existen no es suficiente para contrarrestarlas. Entre otras medidas, su inclusión en las estructu-

ras jurídicas resulta trascendental. Erick Mena

Moreno reflexiona sobre su inclusión en las legislaciones locales de México.

E

l 12 de diciembre de 2022 se publicó, en el número 999 bis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el decreto por el que se adiciona la fracción x al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México1 con el fin de que se considere como un tipo de violencia contra las mujeres la violencia vicaria, definida como “la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o haya mantenido una relación de hecho o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque la separación de la madre con sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia, para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo, que ocasionen o puedan ocasionar un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo a ella y a sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, e incluso el suicidio a las madres y a sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, así como desencadenar en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su progenitor”.

La adición de la fracción x al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que la violencia vicaria puede cometerse también a través de familiares o personas con relación afectiva de quien comete este tipo de

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violencia y que es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y el acceso a la justicia, al no reconocerla, emiten determinaciones, resoluciones y sentencias sin perspectiva de género vulnerando los derechos humanos de las mujeres y el interés superior de la niñez.

Diversas legisladoras del Congreso de la Ciudad de México señalaron que después de la adición de la fracción x al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México que incorpora la violencia vicaria, el siguiente paso será incorporar esa figura en el Código Civil del Distrito Federal como una modalidad de violencia familiar cometida específicamente en contra de las mujeres, y en el Código Penal del Distrito Federal como un delito, lo cual deseamos suceda en los próximos meses.2 A nivel federal, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el 8 de diciembre de 2022 el dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia vicaria, por lo que en las próximas semanas el pleno de la Cámara de Diputados deberá aprobar el dictamen, después de lo cual éste deberá ser aprobado en el Senado de la República y, finalmente, promulgado el decreto por el presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación para que sea una ley aplicable en todo el país.3

En algunos estados la figura de la violencia vicaria ya está contemplada en la ley, como sucede en Yucatán, donde desde el 7 de junio de 2022 el Congreso del estado aprobó diversas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal.4 El 20 de octubre de 2022 el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con información de Colectiva Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria (cam-cai), en seis estados de nuestro país se reconoce la violencia vicaria en sus códigos penales y civiles (Puebla, Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí e Hidalgo); además, en Quintana Roo su tipificación es mixta, pues puede ser cometida en contra de hombres y mujeres, lo cual es un error en su regulación pues hace nugatorio el principio de protección a las mujeres y de juzgar con perspectiva de género.

También con información de cam-cai, en nueve estados se reconoce la violencia vicaria en las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Estado de México, Ciudad de México,

Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Campeche).5 La violencia vicaria es una modalidad de violencia activa o pasiva que sólo exclusivamente puede ser cometida en contra de las mujeres por sus parejas, por terceros con quienes la mujer tenga una situación de afecto, así como por autoridades con la finalidad de causarle un daño físico, psicológico, económico, patrimonial o de cualquier tipo, utilizando como medio a sus hijos, familiares, mascotas o bienes de la mujer que sufre el daño, y que en algunos estados está tipificada como violencia civil, y en otros, como delito con penalidades promedio de cuatro a ocho años de prisión, por lo que se trataría de un delito grave que no alcanzaría fianza.

Asimismo, algunas legislaciones otorgan medidas cautelares para inhibir las conductas de violencia vicaria, y algunas otras legislaciones, medidas de reparación, terapias y seguimiento a favor de las víctimas.

Es fundamental que el marco normativo de las entidades federativas de nuestro país regule a la brevedad esta modalidad de violencia contra las mujeres. 7

El decreto está disponible en https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/26aebce87d247463653b7c1930484e2c.pdf.

La nota puede consultarse en https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-comision-congreso-cdmx-reconoce-violencia-vicaria-ley-3935-1.html.

3 Para más información, consúltese la nota de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Disponible en https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/ boletines/comision-de-igualdad-de-genero-avala-dictamen-en-materia-de-violencia-vicaria.

4 El decreto está disponible en https://congresoyucatan.gob.mx/storage/uploadCey/7a62cf_v.vicaria-minuta.pdf.

5 La información de cam-cai está disponible en https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/16/la-violencia-vicaria-ya-es-delito-en-15-entidades-sin-embargo-sigue-siendo-un-reto-para-la-sociedad-473603.html.

1 2

Erick Mena Moreno es doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Alta Formación; maestro en Derecho (máster en leyes) por la California Western School of Law de San Diego; socio del despacho Capin Abogados, S. C., e investigador del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho.

Para leer

Para acceder al libro:

REALIDADES FRAGMENTADAS DEL TURISMO POR LA COVID-19 El libro Realidades fragmentadas del turismo por COVID-19 reviste singular importancia. Describe el giro de 180° que experimentaron los distintos componentes del sector por la crisis de salud desde lo mundial, lo regional, lo estatal y lo local. Analiza la coyuntura simultánea que se dio por el desdoblamiento de medidas sanitarias a nivel global y en distintos ámbitos, así como las repercusiones del cierre de fronteras.

Destaca la fuerza de la cooperación multilateral para disminuir los efectos provocados por el SARS-CoV-2 y sus variantes, bajo la intersección turismo ? salud. En este contexto, hilvana la necesidad de fortalecer el turismo y hace referencia a la relevancia de las tecnologías de la información y la inteligencia

artificial. La autora argumenta sobre la tensión de derechos humanos, priorizando la seguridad de la vida ante otros derechos -movilidad, tránsito y vinculados al ejercicio del turismo, tema que la pandemia puso de manifiesto y supone gran responsabilidad de los tomadores de decisiones. Entre las aportaciones del libro están el protocolo de viaje para brindar seguridad y confianza a los visitantes; las lecciones aprendidas y por aprender en materia de salud-turismo; una nueva regulación y gestión del turismo, es decir, la necesidad de renovar la agenda legislativa y una política regulatoria integral que responda a las nuevas tendencias y nos aproxime hacia un turismo comprometido.

Rosario E. Graham Zapata Tirant lo Blanch 2023

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 19

Jorge Guillermo Olveda García

Justicia alternativa para personas con discapacidad Para que funcionen adecuadamente los mecanismos alternativos para la solución de controversias es necesario que, además de que las partes tengan la voluntad de resolver sus conflictos por la opción pacífica del diálogo, estén en un plano de igualdad que posibilite esto último. Para ello, hay facilitadores que coadyuvan a que las partes puedan situarse en un plano de igualdad para dialogar. Pero ante determinados casos, los facilitadores no están preparados para ello. José Guillermo Olveda García analiza el caso en el que las personas con discapacidad se someten a esta forma de justicia.

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L

as siguientes son algunas reflexiones que como profesor de la materia de mecanismos alternativos de solución de controversias que imparto en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, y como mediador y conciliador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, desde hace tiempo me he planteado acerca de la evidente limitación que tienen las personas con discapacidad al acceso a la justicia alternativa.

Debemos partir de que el acceso a la justicia es un derecho que tenemos todos los seres humanos, el cual está garantizado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma está protegido en diversos instrumentos internacionales.

Por ejemplo, lo encontramos en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;1 en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está previsto en el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,2 así como en el numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3 Por lo tanto, es evidente que el acceso a la justicia, como derecho humano, debe ser para todas las personas en condiciones de igualdad; pero ¿qué sucede con quien posee alguna incapacidad?, ¿se logra garantizar plenamente esta prerrogativa en su persona?

Podemos identificar la discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales en la vida diaria, y puede ser causada o agravada por el entorno económico y social, como lo establece el artículo primero de la Convención Interamericana para la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.4 A su vez, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad5 señala que son aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar en diversas situaciones, limitan su participación plena y efectiva, quedando en desventaja respecto de los demás.

Como puede apreciarse, existen diferentes tipos o categorías de discapacidad: la física, la intelectual, la mental y la sensorial, con sus variantes: visual, auditiva y vocal; sin embargo, para los objetivos de este artículo me referiré únicamente a las auditivas y a las vocales, y no me ocuparé de la accesibilidad que prevé el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece las medidas de integración que garantizan y facilitan el acceso a los inmuebles y edificios, o bien, a otros obstáculos arquitectónicos, de transporte, entre otros, sino a la garantía de un adecuado acceso a la justicia para este sector de la población a través de los medios de comunicación que implican ajustes razonables, y a las obligaciones que tienen quienes prestan este derecho humano que, en este caso, son los operadores públicos y privados de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Respecto del acceso a la justicia de este grupo de personas, los instrumentos internacionales a que he hecho referencia indican que los Estados deberán asegurarlo y garantizarlo en igualdad de condiciones, mediante ajustes de procedimientos y la promoción de la capacitación adecuada de los operadores, como lo establece el artículo 13, fracciones 1 y 2, de la Convención sobre los Derechos de las

Deberá reforzarse la formación y la profesionalización de los aplicadores de los métodos alternativos, en un marco de respeto a los derechos humanos, en beneficio de una cultura de paz.

Personas con Discapacidad. A su vez, los gobiernos deberán adoptar medidas de cualquier índole para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración de autoridades (las jurisdiccionales) y de las entidades privadas (los prestadores de los mecanismos alternativos de solución de controversias) en la prestación del derecho al acceso a la justicia, como lo prescribe el artículo 3 de la Convención Interamericana.

En México, de acuerdo con el último censo de población, de 2020,6 la población del país ascendía a 126,014,024 personas, de las cuales 1,350,802 no pueden oír, aun usando aparato auditivo, y 945,162 no logran hablar ni comunicarse, lo que da un total de 2,295,964 personas con incapacidad auditiva y vocal, aproximadamente 8 por ciento de los mexicanos.

En nuestro país, la justicia alternativa tiene rango constitucional a partir del 18 de junio de 2008, con la reforma al artículo 17 de la Constitución federal que garantiza el acceso a la justicia a través de los tribunales del Estado, pero con la adición al párrafo 4º se amplió esta prerrogativa al indicar que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.

En lo que respecta a la materia penal, regulará su aplicación, asegurará la reparación del daño y señalará los casos en los que se requiera supervisión judicial.

En consecuencia, podemos aseverar que por medio de esta reforma se garantiza el acceso a la justicia a través de métodos alternos de solución de conflictos, mismos que deben implementarse y desarrollarse en estricto apego a la protección y la defensa de los derechos humanos, por lo que cualquier violación, por distinción o por discriminación, vulnera los derechos fundamentales de los individuos.

Tomando en cuenta lo anterior, puede plantearse la siguiente pregunta: ¿cómo garantizar el derecho humano al acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias para personas con discapacidad auditiva o vocal que permita encontrar, por medio de los canales de comunicación, los acuerdos que pongan fin al conflicto?

Cuando planteo esta pregunta a mis alumnos, a mis colegas abogados y a distintos operadores de la justicia alternativa, la respuesta general que me dan casi es siempre la misma.

La más obvia: utilizar los servicios de algún intérprete de lenguaje de señas; sin embargo, aunque parezca correcta esa sugerencia, considero que no es la solución para garantizar plenamente el derecho humano al acceso a la justicia de este grupo vulnerable.

Si bien el documento de la Organización de las Naciones

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Unidas conocido como “Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad”7 marca algunas pautas para garantizar ese derecho; por ejemplo, que todos ellos tienen capacidad jurídica y, por lo tanto, a nadie se le negará el acceso a la justicia por motivos de sus limitaciones sensoriales, y que se deberá proporcionar intermediarios o facilitadores, cuando sea necesario, para permitir una comunicación clara, que en este caso podrían ser los intérpretes de lenguaje de señas.

No obstante, aun con las medidas señaladas antes, considero que no es suficiente hacer un ajuste razonable al procedimiento de una mediación o conciliación con el apoyo de un intérprete para lograr entablar la comunicación y conocer el origen, el desarrollo, la magnitud y el impacto entre las partes del conflicto y descubrir los verdaderos intereses para generar los acuerdos que pongan fin a la controversia, porque estaríamos enfocándonos en un solo canal de comunicación, el verbal,

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aunque sea asistido, pero sería deficiente respecto del principio de inmediatez que rige a los mecanismos alternativos de solución de controversias.

En la capacitación que recibimos para obtener la certificación y al implementar estos métodos, los mediadores y los conciliadores hemos aprendido y desarrollado ciertas habilidades con la idea de que en la justicia alternativa se privilegia la oralidad; tan es así que en las definiciones que ofrecen las leyes respecto de la mediación y la conciliación, entre sus principales características, encontramos que son métodos no adversariales en los que un mediador o un conciliador propicia la comunicación entre las partes para encontrar la solución a un conflicto.

Pero en este caso la comunicación sería indirecta, a través del intérprete de lenguaje de señas, si bien las palabras son el canal que privilegiamos en los mecanismos alternativos de solución de controversias para generar el diálogo por medio del canal verbal. También es muy

importante recurrir a otros canales, como el lenguaje no verbal, que nos ayudará a interpretar los gestos, los movimientos de las manos y del cuerpo en general a través de sus posturas, y el paraverbal, con el que identificamos la forma en que se emite un mensaje. De lo que se trata es de conocer de una manera correcta lo que se comunica para que podamos comprender las percepciones, las emociones, las necesidades, los deseos, los intereses y las restricciones de las partes, lo cual estaría muy

limitado con la asistencia única de un intérprete.

Por consiguiente, deberá reforzarse la formación y la profesionalización de los aplicadores de los métodos alternativos, en un marco de respeto a los derechos humanos, en beneficio de una cultura de paz; en particular, se requiere conocer, directamente por parte de sus operadores, los lenguajes y las formas de comunicación de las personas con discapacidad auditiva y vocal, para que, con plena observancia del principio de inmediatez, sean los conciliadores y los mediadores los que interpreten y transmitan el mensaje verbal, no verbal y paraverbal, pues, como vimos, en México existe una población muy grande con este tipo de incapacidad que tiene el derecho humano al acceso a la justicia, lo que nos permitirá resolver sus conflictos a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

En conclusión, de acuerdo con la información recabada en México, a la fecha no existe ningún mediador o conciliador certificado que cuente con las suficientes capacidades y habilidades para generar directamente la comunicación con este importante sector de la población. 7

Adoptada en París por resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.

2 Aprobada en Bogotá durante la Novena Conferencia Internacional Americana de 1948.

3 Suscrita en San José del 7 al 22 de noviembre de 1969.

4 Adoptada en Guatemala el 6 de julio de 1999.

5 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

6 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Recuperado el 25 de octubre de 2022 de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PersDiscap21.pdf.

7 Adoptada en Ginebra en agosto del 2020.

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Jorge Guillermo Olveda García es doctor en Derecho, profesor de la División de Estudios Jurídicos de la udg, miembro del Claustro Académico del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y presidente de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario.

Voces

Ibrain Hernández Rangel

Juan Jaime González:

La scjn y los espacios diversos Juan Jaime González, secretario de estudio y cuenta de

la ministra Margarita Ríos Farjat, ha trabajado en diversos

espacios de la scjn. En esta entrevista, realizada en colaboración con Upstanders, comparte su experiencia en el tribunal constitucional y su reflexión, desde su identidad, sobre los espacios diversos.

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Juan Jaime González Varas es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, maestro en derechos humanos y democracia por la flacso México, en derechos humanos y garantías por el itam, y en derechos fundamentales por la Universidad de Génova, Italia.

Se ha desempeñado en la labor jurisdiccional en la scjn, ocupando diversos cargos desde hace más de dos décadas en la presidencia de la Corte y en ambas salas. Actualmente es secretario de estudio y cuenta coordinador de la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

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Voces Siempre quisiste ser abogado? ¿Por qué estás en el Poder Judicial?

La experiencia sobre el descubrimiento de mi vocación profesional ha sido un camino largo. No siempre quise ser abogado. De hecho, aun cursando la preparatoria quería ser médico; me gustaban mucho las ciencias biológicas y de la salud y las matemáticas.

Sin embargo, cuando culminé la prepalo primero que hice fue estudiar ingeniería en sistemas computacionales y electrónica.

Allí duré un semestre. En ese vaivén me fui involucrando con temas más sociales y humanísticos que tienen que ver con conocer gente y sus intereses. Tal vez por eso me gustaba la medicina, porque comparte con la abogacía un perfil de servicio humanitario, de estar con la gente, aunque son profesiones totalmente distintas. Y de ahí nació mi interés por el Derecho, porque creo que es una carrera multidisciplinaria, multifacética y en la que hay muchas áreas de oportunidad.

La verdad, no tenía claro en qué área del Derecho me iba a desempeñar: si iba a ser litigante, si iba a trabajar en el Poder Judicial, si iba a ser político: un actor político; lo que me lleva a recordar que me gustaba mucho la actuación, pues también quería ser actor. Eso ya lo sabe la ministra. Pero al final elegí Derecho por el perfil social y para estar cerca de la gente, abonando a la sociedad, construyendo un Estado de Derecho.

Cuando uno tiene 18 años de edad no sabe bien a qué se tiene que dedicar. Uno sigue corazonadas e intuiciones. Entonces, con mi intuición, elegí Derecho porque me convencí de que con esa carrera podría moverme después en el ámbito de lo social, de lo político, de lo jurisdiccional, para ser litigante. n ¿Has encontrado un punto en el que se encuentren el Derecho y la ingeniería?

No, pero con las matemáticas desde luego que sí. Ahora trabajo muchísimo más con derechos humanos, pero después de estudiar Derecho también estudié contaduría y me especialicé en Derecho fiscal. De hecho, llevo muchos años trabajando con derechos humanos, pero empecé en la Corte atendiendo asuntos financieros, fiscales y

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de competencia económica. Al final, con el turno de asuntos, a mí me tocaba revisar todo lo que tenía que ver con números, o sea, temas fiscales y financieros y leyes de ingresos.

Esto es interesante porque aquí en la Corte abordamos temas constitucionales y yo empecé a darme cuenta de que muchos problemas de los criterios en materia de constitucionalidad estaban relacionados con el hecho de que las personas abogadas no dimensionan ni aterrizan los criterios en la realidad. Es decir, los temas constitucionales no son ajenos de la legalidad y al final es lo que impacta en la vida diaria de las personas. El Derecho constitucional está arriba,

Al final, la invitación es a transformar espacios con mucha fuerza. Me da mucho gusto estar aquí porque la ponencia de la ministra Ríos Farjat es un espacio moderno y transformador y es una ponencia que tiene todo ese compromiso por hacerlo. pero no es una cosa suprema, no es una cosa alejada, desvinculada totalmente, ni de las personas ni de su ámbito de aplicación. Justamente en estos problemas fiscales empecé a percatarme de que era muy fácil hablar de que una norma violaba proporcionalidad tributaria. Y cuando te das cuenta, esas persona ni siquiera tenían idea de cómo se llevaba, por ejemplo, una contabilidad, o cuál era el impacto financiero que iba a tener en las empresas, o cuál es el impacto que tiene en la realidad. ¿Cómo, entonces, se puede evaluar, desde el ámbito de la Constitución, la proporcionalidad de una medida si no sabemos cuál es el impacto que tiene en la realidad?

Entonces, esa parte me ayudó muchísimo a escarbar y a aprender. Tanto, que antes de estudiar contaduría estudié una especialidad en impuestos para contadores.

No para abogados, sino para contadores; porque justamente quería ver cuál era el impacto de las decisiones jurisdiccionales en la vida real y eso lo vi desde la perspectiva de las matemáticas y desde la perspectiva

del Derecho fiscal. Y esto no es ajeno al tema de los derechos humanos ni tampoco al tema de los criterios jurisdiccionales.

En general, la Corte está aprendiendo a reconocer que la decisión en materia de constitucionalidad no es aislada: no son nada más estudios dogmáticos, no son nada más temas desvinculados, ni de la realidad de la gente, ni de la aplicación de las normas. n Me parece interesante que digas que el Derecho es multidisciplinario y multifacético. ¿Crees que esta perspectiva ha cambiado desde que eras estudiante de Derecho hasta la actualidad?

Claro, ha cambiado y debe seguir cambiando. De hecho, empecé mi carrera profesional trabajando en un instituto de investigación, en el área de Derecho a la Información, Transparencia y Corrupción.

Me dedicaba a la implementación de las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, y trabajaba mucho con periodistas y con medios de comunicación.

Mi labor consistía en enseñar a utilizar las herramientas jurisdiccionales para generar contenido con un sustento periodístico al momento de emitir notas, el lenguaje que deben utilizar y la manera de comunicarlo a la gente. Ahí se aprende de las dos partes.

El abogado tiene que aprender a comunicar de manera sencilla, pues las sentencias no tienen que ser incomprensibles. En la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat tenemos un compromiso muy firme con la justicia abierta. Ella ya lo ha dicho y parte de mi labor de coordinador es respetar y hacer cumplir esos objetivos, pero eso es sumamente difícil.

Por ejemplo, me doy cuenta, por la formación de los abogados y de las abogadas que han pasado por la ponencia, que a veces, cuando intentan escribir sus sentencias, lo más difícil es escribir y transmitir las ideas porque uno las lee y no las entiende.

Eso ha sido un reto grandísimo durante esta ponencia, sobre todo como coordinador.

Tratar de contar y de transmitir la narrativa de los hechos —que más que hechos son historias— es muy complicado, porque es un problema formativo que viene desde atrás y por eso digo que debe cambiar. Esta ponencia tiene el compromiso muy firme no sólo de hacer sentencias comprensibles para

todas las personas a través de un principio de justicia abierta, sino también de acercarnos a la sociedad y a la gente. Hemos tenido la posibilidad de escuchar tanto a las autoridades como a la sociedad civil; por ejemplo, tenemos muchos amparos que están bajo una perspectiva de litigio estratégico abordadas por la sociedad civil y escuchamos tanto a la parte peticionaria como a la autoridad.

La idea aquí es siempre sacar mejores resoluciones en pro de la justicia.

La ministra tiene un doctorado en política pública y entiende muy bien la trascendencia de una decisión judicial y creo que hacemos buen equipo de trabajo. Yo fui bailarín y quería ser actor, y ella, poeta.

Tenemos un sentido muy amplio de la proyección de la estética y de la comunicación, porque hacer sentencias es un arte y creo que por eso formamos un buen equipo porque tenemos un perfil multidisciplinario. n Tú llevas más de 10 años en la Corte. ¿Cómo surgió la colaboración con la ministra Margarita Ríos Farjat y cómo es la relación de trabajo con ella?

Efectivamente, llevo más de 10 años en la Corte y creo que la vida propició nuestro encuentro. Estoy agradecido por el reconocimiento a mi trabajo, y a ella, porque creo que hemos hecho un buen equipo de trabajo. Me parece que fue casi el destino, pues hacemos un buen equipo porque compartimos principios e ideales. Yo siempre he estado muy contento en la Corte pero han sido dinámicas de trabajo muy distintas. He colaborado con buenos titulares, pero desde luego es necesaria esta dinámica de comunicar las historias que hay detrás de las sentencias y los hechos que son importantísimos. A veces, por la formación de la abogacía, nos cuesta muchísimo trabajo comprender los hechos de una sentencia. Entonces tenemos sentencias de hace 10 años que nos enseñan que hubo un juicio familiar inicial y que luego hubo una segunda instancia y después un amparo y nos señalan que los conceptos de violación en materia de constitucionalidad son dos y los agravios en éstos y se contestan, pero uno lee la sentencia y entiende el criterio jurisdiccional y luego uno dice: “¿De dónde salió todo esto?” La ministra Ríos Farjat ha tenido todo este compromiso de visibilizar, de entender y de hacer nuestras las historias, porque las historias de las personas son las LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 27

Voces

que dan cuenta de la necesidad de la implementación y de los criterios jurisdiccionales que está tomando la Corte.

Además nos entendemos muy bien en principios y en valores. Tengo experiencia en temas de transparencia y comunicación con medios y entiendo esta necesidad de hacer sentencias sencillas, comprensibles y con historias y sustento, no sólo con criterio jurisdiccional. n Los estudiantes de Derecho vemos a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero casi nunca nos ponemos a pensar en el equipo que hay detrás de ellas y ellos. ¿Qué hace un secretario de estudio y cuenta, por ejemplo?

Todos los ministros y las ministras tienen secretarios de estudio y cuenta. Estructuralmente, hay otros niveles de secretarios; por ejemplo, aquí les llaman secretarios auxiliares. Para hacer una analogía, la gente entiende el diseño de la administración pública federal porque es mucho más visible y hay un titular del Ejecutivo, que es el presidente, quien tiene secretarios de Estado que atienden diversas materias y con eso se integra una especie de gabinete en el Poder Ejecutivo que le da cuenta de los temas y los asuntos del orden público en función de cada materia.

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Aquí funciona de manera similar, pero no idéntica. Claro, la presidencia también tiene un jefe de oficina de la presidencia o un coordinador de asesores. Aquí hay un secretario de estudio y cuenta coordinador y varía mucho la administración porque cada ministro o ministra decide si todas las personas secretarias van a atender todas las materias o si hay especialización por secretaría. Pero finalmente hay alrededor de ocho o 10 secretarios de Estudio y Cuenta y estas personas son las que hacen un proyecto de materia, hay un turno de asuntos, se distribuye la carga de trabajo entre esas personas, revisan los expedientes, hacen una propuesta para la que la ministra la pueda ver, revisar, corregir, cambiar, estudiar, etcétera.

El coordinador de ponencia, que no deja de ser secretario de estudio y cuenta, lo que hace también varía por cada ponencia, pero en general realiza una distribución general de la carga de trabajo entre esas personas para que puedan dar cuenta y cuidar los principios y los valores elementales de la titular.

A mí los secretarios me entregan los proyectos y yo no puedo pasarle a la ministra algo para su revisión si yo sé que no cumplen ciertos estándares. Entonces, hago una especie de administración de trabajo, un control de calidad, una especie de filtro, y coordino muchísimas cosas. La idea es que se comuniquen los criterios y las sentencias y estar al

pendiente de las sesiones del pleno y de las salas. Al final se trata de un acompañamiento permanente, aunque las decisiones judiciales son de los ministros y de las ministras, pero la labor de un coordinador es de acompañamiento en la discusión.

En conclusión, está la ministra, el coordinador de ponencia, luego una estructura de secretarios de estudio y cuenta que hacen tanto proyectos como opiniones de otros proyectos de otros ministros y ministras (eso se le llama dictamen), pero también hay que elaborar una opinión de eso. Luego tenemos secretarios adjuntos, secretarios auxiliares, que también son secretarios formados, pero por la distribución del trabajo a lo mejor atienden asuntos menos complicados o un poquito más sencillos, y abajo todavía hay una base muy grande de personal operativo que apoya con muchísimas cosas relacionadas con la revisión de expedientes, incluso redactando algunos documentos. Ahí es donde uno empieza su formación como secretario o secretaria. n Aún existen historias de estudiantes que muestran cierto temor por formar parte de este gremio jurídico por su orientación sexual. ¿Cómo ha sido tu experiencia como parte de la comunidad lgbt+ ejerciendo la profesión de la abogacía?

Cuando estudié la licenciatura en Derecho tuve cuando menos dos profesores —los recuerdo muy bien porque eran magistrados federales— que me dijeron que una persona homosexual no podía ser juzgadora porque estaba vedada de sus sentidos. Claramente es un tema que duele y afecta. Una cosa es que uno siga esforzándose y otra cosa es que, en su momento, me hayan lastimado. En la universidad no dije nada; me callé, pero continué y agarré fuerzas para entender que hay momentos para hablar y que hay un poco de esperanza.

Entiendo la pregunta desde la perspectiva de que puede preocupar el hecho de uno no siempre se puede mostrar al mundo como es. En aquel entonces, hablar de orientación sexual o de la identidad de género personal en un contexto legal era casi un suicidio profesional. Entonces uno hacía un ejercicio de ponderación sobre si mostrarse a sí mismo o seguir un desempeño profesional aceptable. Mi primera terapia, que así la llamo yo, consistió en estudiar una maestría en derechos humanos. Fue hasta ese momento cuando empecé a discernir y construir, cuando me percaté de que estaba siendo doblemente inconsistente: primero, con quién soy; segundo, con lo que defiendo.

No podía ser así.

Lo entendí y agarré la fuerza para mostrarme al mundo; desde luego, entiendo que mi contexto puede ser más favorable que el de muchas otras personas, pero también que gracias a éste tengo la responsabilidad de mostrarme como soy para generar esperanza y abrir los caminos para las personas que no pueden hacerlo. Aun cuando lo entendí desde 2011, con una de mis maestrías, no fue inmediato. No recuerdo exactamente cuál fue el momento en que empecé a hablar abiertamente de mi orientación sexual. No tuve una salida del clóset oficial, pero estoy seguro de que no fue cuando entré a la Corte.

Internamente, la Corte no puede ser inconsistente entre lo que defiende, lo que proyecta y la calidad de vida de las personas que trabajamos aquí. Cultural e internamente, las personas que trabajan aquí fueron abriéndose a la diversidad y al respeto.

Desde luego, ayuda mucho trabajar con una ministra como con la que yo colaboro, que siempre busca la felicidad personal para que uno pueda defenderse y desempeñarse de la mejor manera posible en su trabajo.

Actualmente no sólo me siento feliz, sino

que también me siento pleno mostrándome como soy, donde estoy, con lo que hago.

Le digo a las personas que dudan estudiar Derecho: nadie está obligado a salir del clóset; no duden por eso estudiar esta profesión. Todas las personas deberían tener la posibilidad de hacerlo cuando lo quieran hacer. A veces es complejo porque el contexto social genera estigmatización y cierra muchas puertas. Sigan su camino, sigan trabajando, sigan esperanzados en que las cosas están cambiando; eso es un hecho. El contexto, no sólo jurisdiccional sino culturalmente hablando, también a través de decisiones jurisdiccionales, se está transformando.

Los espacios diversos son transformadores y responden a la esencia del Derecho. Hay que transformar la manera de entender, aprender y enseñar la profesión.

Van a encontrar espacios en los cuales puedan mostrarse como son y espacios donde no. En algún momento entenderemos que los espacios diversos, los espacios respetuosos, son los espacios verdaderamente valiosos; los espacios cerrados, estereotipados y estigmatizadores pierden peso frente a éstos. No podemos pensar en la evolución del Derecho como principio de orden social sino como un Derecho pensado desde la diversidad. Ese es justamente el gran problema: el Derecho se ha pensado, interpretado y legislado a través de una visión del hombre blanco, hetero, cisnormado, patriarcal y machista.

Los espacios diversos son transformadores y responden a la esencia del Derecho.

Hay que transformar la manera de entender, aprender y enseñar la profesión. Pensando en los profesores a quienes aludí antes, ellos tenían una gran responsabilidad en lo que estaban diciendo; en retrospectiva, encuentro penoso que hayan sido magistrados federales, pues estaban hablando de

derechos de las personas y tenían una visión muy limitada del Derecho, de quién podía aplicarlo y de quién podría interpretarlo, y estaban formando a otras personas.

Al final, la invitación es a transformar espacios con mucha fuerza. Me da mucho gusto estar aquí porque la ponencia de la ministra Ríos Farjat es un espacio moderno y transformador y es una ponencia que tiene todo ese compromiso por hacerlo. n ¿Hay alguna lección que hayas obtenido de tu experiencia en la ponencia de la ministra y que haya transformado tu perspectiva, ya sea profesional o personal?

Me ha transformado en el sentido de nunca perder de vista las historias, la narrativa de lo que está pasando atrás. Siempre sentimos curiosidad por tener muy claro qué está pasando e investigar. Un ejemplo claro es que muchos amparos directos en revisión a veces aquí se fallaban sólo por inconstitucionalidad de normas y por dos bloques de papeles, donde en uno solo estaba la demanda de amparo y en el que se encontraba el recurso de lo que se estaban quejando. Siempre teníamos el juicio principal; lo que es el principal es donde casi siempre viene la historia de vida, ahí están las cuestiones probatorias, las cuestiones que generalmente la Corte ha visto de legalidad, pero ahí se va mucha información de la narrativa del caso que estamos resolviendo. Y ahora integramos expedientes, inclusive con el juicio principal. En el mejor de los casos, hay veces que la demanda de amparo transcribía muchas cosas del juicio de origen, y sí, es cierto que no siempre es necesario para resolver la constitucionalidad de una norma, pero siempre es necesario para entender la historia de las personas, porque ahí es donde está todo. Parece sorprendente ahora entender que se resolvían cosas sin entender ni siquiera por dónde empezar.

De manera personal, soy alguien que tiene mucha confianza en lo que hace. Me siento muy pleno en el lugar donde trabajo, haciendo lo que hago, siendo como soy, mostrándome como soy al mundo y con la tranquilidad de que hago un buen equipo con la ministra y que puedo ser yo. Ella sabe que siempre voy a ser yo porque en el momento en no sea así éste no será mi lugar de trabajo.

He luchado mucho por ello y no estaría dispuesto a dar ni un paso atrás. 7 LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 29

Marco Antonio Zeind Chávez

El acoso a las autonomías Recientemente, los organismos constitucionales autónomos han visto afectadas sus operaciones. ¿A qué se debe? ¿Por qué es importante defender su autonomía? En términos de educación, acceso a la información, protección de datos personales, transparencia y rendición de cuentas, entre otro temas, Marco Antonio Zeind Chávez nos invita a seguir obervando las acciones de los órganos políticos para señalarlas puntualmente.

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FUNDAMENTACIÓN Patricio J. Gómez Garcés a Giovanna Enríquez 2. por otro lado− porque recuerdo cuando me enteré que el polvo es piel que nos desprende: testamento de un día entrelazado entre las sábanas: el recuerdo del tacto sobre los muebles: un tratado de hipocampos fértiles: quiero que andemos empolvando estirando a las paredes el holograma gris de nuestros brazos como una palabra entre dos guiones −siempre− se alarga para abrazar los espacios blancos quiero mudarme contigo a una Casa para que la llenemos de polvo

A

propósito de esta iniciativa tan loable e indispensable de la revista abogacía de contar con un número especial sobre la educación y, particularmente, acerca de la educación jurídica, es buen momento para hacer notar los momentos complicados que en diversas latitudes viven algunas instituciones encargadas de garantizar los derechos fundamentales, entre ellos, el de acceso a la información pública, el de protección de datos personales y, desde luego, el derecho a la educación.

En principio, se debe afirmar que en la estructura institucional del Estado mexicano existen diversas instituciones públicas que si bien buscan satisfacer las necesidades de la sociedad mexicana, lo hacen de distintas maneras y bajo diferentes formas, demostrando que en un país con una tradición presidencialista la lógica democrática de la desconcentración del poder ha generado la necesidad de que las instituciones transiten por una descentralización. De esta manera se busca que la verticalidad característica del presidencialismo se reduzca e igualmente lo hagan los sesgos políticos presentes en el quehacer cotidiano de aquellas personas servidoras públicas que acceden a los cargos que ocupan por la vía del voto popular, es decir, las titulares de los poderes ejecutivos federal y locales, así como también los congresos federal y locales.

La realidad de la autonomía constitucional Por lo que corresponde a los dos primeros derechos citados tenemos que a partir de los primeros años del siglo que transcurre comenzaron a realizarse reformas en el orden jurídico mexicano que influyeron en su estructura institucional y que derivaron en la creación de instituciones que, comenzando por el ámbito federal, ha hecho que hoy se cuente con 33 órganos garantes de estos derechos que responden a distintas exigencias de las sociedades democráticas, entre las que se encuentran la transparencia y la rendición de cuentas.

La evolución de estas ideas ha llevado a que estos 33 órganos garantes hayan sido dotados de autonomía constitucional, ya que es la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) la que ordena que tanto el órgano garante nacional (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como inai) como los 32 órganos garantes locales tengan la naturaleza de organismos constitucionales autónomos (oca).

Por ser los oca órganos garantes se encuentran fuera del ámbito de competencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Y no sólo eso, sino que se ubican a la par de éstos.

Sin embargo, esta autonomía constitucional se encuentra sistemáticamente en riesgo básicamente por dos razones: • La intervención del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo o solamente de este último en la designación de los integrantes de sus órganos de gobierno.

• La aprobación de sus presupuestos anuales por parte de la Cámara de Diputados y de los congresos locales.

En el primero caso, el riesgo de que la designación de personas afines a los órganos políticos conlleve un indeseable sesgo en el desempeño de las tareas de cada oca es latente, y

en tiempos recientes, de manera inédita, la posibilidad de que los poderes Legislativo y Ejecutivo simplemente se nieguen a cumplir con la responsabilidad constitucional de llevar a cabo esas designaciones se ha convertido en una realidad.

En relación con el presupuesto, se ha convertido en una práctica ordinaria que no sólo esas 33, sino muchas de las casi 200 instituciones dotadas de autonomía constitucional en los ámbitos federal y local padezcan amenazas (o efectivamente lo hagan) de que en cada ejercicio fiscal disminuyan los recursos destinados a su operación.

La realidad de la autonomía universitaria Respecto de los derechos fundamentales mencionados al principio de este texto, es el tercero para cuya garantía, protección, promoción y defensa juegan un rol muy importante las universidades públicas autónomas (upa).

La autonomía universitaria es un atributo que encuentra su origen en México en el primer cuarto del siglo pasado, por lo que a partir de ese momento se estableció el blindaje idóneo para que la libertad académica (de examen, de cátedra, de investigación, de discusión de las ideas) fuera una realidad en la vida diaria de estas instituciones que en la actualidad suman 40 en el país.

Las autonomías constitucional y universitaria coinciden en que ambas garantizan derechos fundamentales y en que indubitablemente han tenido un papel protagónico en la transición democrática mexicana.

Se debe tomar en cuenta que todas las instituciones a las que se ha otorgado y reconocido autonomía universitaria han adquirido las dimensiones y la importancia para ser consideradas los principales centros educativos donde se encuentran asentadas y, además, algunos de los principales polos de desarrollo de la localidad. Naturalmente, la importancia que tienen en cada una de sus regiones las ha convertido en lugares muy atractivos, unas veces para dar inicio y otras para consolidar proyectos que, por definición, son ajenos al cumplimiento de las tres finalidades comunes a todas ellas; a saber: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.

La protección de la que se debe dotar a instituciones con un papel tan trascendente en la vida de la sociedad debe ser exactamente del tamaño de su importancia, por lo que al hablar de autonomía universitaria se está haciendo de un atributo sin parangón en el esquema institucional mexicano que deriva en la existencia de instituciones que pueden desempeñar la facultad de autogobernarse de manera amplia, más que cualquier otra.

Como sucede con la autonomía constitucional, la autonomía universitaria es consecuencia de una decisión política fundamental. Sin embargo, en el caso de la universitaria, es el artículo 3º

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constitucional en el que puede encontrarse su reconocimiento y la legislación secundaria que la otorga. En el caso de la de tipo constitucional, es la Carta Magna la que la otorga.

De igual manera, las autonomías constitucional y universitaria coinciden (como ya se señaló) en que ambas garantizan derechos fundamentales y en que indubitablemente han tenido un papel protagónico en la transición democrática mexicana. Empero, la autonomía universitaria tiene como particularidad su estrecha relación con la libertad académica, la cual es una condición indispensable para que cualquier institución de educación superior cumpla a cabalidad con sus finalidades y, en consecuencia, abonen a la consolidación de valores democráticos.

Los embates en contra de la autonomía constitucional Como ya se señaló, una buena cantidad de los aproximadamente 200 oca que existen en el Estado mexicano han sufrido o sufren diversos ataques desde diferentes lugares, siendo los poderes Ejecutivo y Legislativo aquellos que lo han hecho con especial frecuencia. La irrupción de los oca ha significado para ambos poderes un reto muy particular, pues el quehacer especializado que han absorbido en mayor medida del Poder Ejecutivo le ha valido que este último lo considere una amenaza debido a la gran cantidad de poder que anteriormente ejercía sin mayor control y que a partir de la aparición de éstos tuvo un decremento. Incluso, hoy algunos de estos entes se encuentran facultados para llevar a cabo funciones materialmente legislativas, lo que de alguna manera ha hecho que el Poder Legislativo deje de entrar en los espacios que ya ocupan aquellos.

Así, la llegada de instituciones que por mandato constitucional desempeñan tareas que garantizan derechos fundamentales y que se encuentran a la par de los poderes tradicionales, ha sido asumida como una mala noticia por diversos actores y se ha combatido en algunas ocasiones con los mecanismos a su alcance, entre ellos la designación de las personas que integran sus órganos de gobierno y la aprobación de sus presupuestos anuales.

Hoy, el inai vive la que seguramente es la mayor crisis institucional que ha experimentado, pues lejos de que los órganos políticos lo busquen capturar por medio de la designación de perfiles políticamente cercanos (como efectivamente ha sucedido en otros tiempos y en otros oca), simplemente han decidido incumplir con esa responsabilidad constitucional y, de facto, evitar que su órgano de gobierno reúna el quórum para cumplir plenamente con su mandato constitucional y, en consecuencia, se vea imposibilitado para garantizar el derecho a la información pública y el derecho a la protección de datos personales.

Los embates en contra de la autonomía universitaria Las upa son lugares donde el ejercicio de diversas libertades es una realidad que genera condiciones para que haya una convivencia armónica en sus comunidades. Aunado a lo anterior, estas mismas comunidades han demostrado una gran capacidad — con toda esa libertad en su actuar— para

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ser capaces de autogobernarse en ambientes de estabilidad que hacen innecesaria la intervención de agente externo alguno.

Es precisamente la protección de esas libertades la que se ha buscado que sea fortalecida por medio del establecimiento de garantías a rango constitucional y legal, anteponiendo a cualquier decisión que pueda tener un impacto en la vida interna de estas instituciones y de sus comunidades verdaderos procesos de deliberación con los que, a través del debate de ideas en sus comunidades, se tomen las mejores decisiones de manera democrática.

Entre las medidas que se han tomado se encuentra lo establecido por la Ley General de Educación Superior expedida en 2019 por el Congreso de la Unión. Entre las cosas que ahí se señalan esta la que establece que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas de las upa “deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”.

A pesar de lo anterior, los intentos de intromisión en la vida interna de estas instituciones han persistido tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, teniendo como ejemplos claros de lo segundo a la Universidad Autónoma de Sinaloa (uas) y en la Universidad Autónoma de Yucatán (uay).

• En el caso de la uas, el congreso de aquella entidad federativa decidió expedir la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa en la que se ordena que toda consulta para modificar las leyes orgánicas será convocada y organizada por el propio congreso del estado, determinación que definitivamente conlleva un intento claro de intromisión en la vida interna de esa institución y otras dos que se encuentran bajo la misma situación en aquel estado de la República mexicana, pues de manera clara contraviene el espíritu de la Ley General de Educación Superior.

• Por lo que toca a la uady, recientemente fue propuesta en el congreso local una reforma mediante la que se busca cambiar la naturaleza jurídica de esta institución, que actualmente se trata de un organismo descentralizado del Estado, para convertirse en un oca. Como ya se explicó, las upa cuentan con características de organismo descentralizado del Estado y por eso se trata de las instituciones públicas más autónomas en el seno del Estado mexicano, siendo que convertirlas en oca generaría una reducción sensible de su grado de autonomía y conllevaría, de hecho, una violación a su autonomía, pues su comunidad no ha sido consultada sobre la posible viabilidad de la reforma. 7

Conclusión Como ha podido probarse, el acoso a las autonomías es una realidad en nuestros días en este país y, por lo tanto, debemos continuar observando y señalando este tipo de actos llevados a cabo por órganos políticos que obstaculizan o pretenden obstaculizar el ejercicio pleno de diversos derechos. Indudablemente, buena parte de las controversias que con ello se han presentado irán a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la se espera tome las mejores decisiones que, siendo las que sean, será preciso que encuentren el respaldo indispensable en la sociedad mexicana.

Marco Antonio Zeind Chávez es Director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

nar co cul tu ra?

María José Hernández Vargas y Karina Carbajal Muñoz

¿Qué es la

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Fotografía: Freepik

Uno de lo graves problemas que afronta México es el de la delincuencia organizada. Además de la violencia que resienten las personas, la economía y la política exterior nos colocan en una situación compleja. La dificultad del combate al narcotráfico deriva, en parte, de que las prácticas de los grupos delictivos se han enraizado en la cultura. ¿Qué quiere decir esto? María José Hernández Vargas y Karina Carbajal Muñoz nos explican.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 35

E

n el seno de la cultura hegemónica mexicana ha surgido una subcultura en la que, a través de canciones, películas, series televisivas, redes sociales, documentales y otros medios de difusión, las personas han adoptado, por convicción, actitudes, prácticas y lenguajes propios de los narcotraficantes y del estilo de vida que los rodea.1 Nos referimos a la cultura del narcotráfico, a la cual llamaremos, por su término coloquial, en sustitución del concepto “subcultura del narcotráfico”,2 “narcocultura”.

La narcocultura es parte de un universo simbólico particular, de un sistema de valores a partir de la premisa del honor, muy al estilo de las culturas y las mafias mediterráneas: valentía, lealtad familiar y grupal, protección, venganza, generosidad, hospitalidad, nobleza y prestigio;3 formas de regulación interna —el uso de violencia física en contra de quien traicione al jefe o quiera salirse del negocio—; un consumo específico —uso de sustancias ilícitas o adquisición de joyería de valor—; un argot particular —manejo de claves como estrategia de clandestinidad—;4 modelos de comportamiento caracterizados por un exacerbado “anhelo de poder”, en una búsqueda a ultranza del hedonismo y del prestigio social, y una visión fatalista y nihilista del mundo reflejada en distintas formas de objetivar el imaginario social. Por ejemplo, el narcotraficante sabe que en su afán del goce total “tarde que temprano le llegará la muerte”.5 Y así lo manifiesta claramente el siguiente narcocorrido:

Cuando menos pensaba, enredado en la mafia me encontraba, la vida no está pelada, también hay que echarle ganas, nadie te regala nada.

Cuando me encliqué yo ya sabía que tenía que dar mi vida por el jefe, si tenía.

Cumpliré todo lo que me digan, mientras Dios me preste vida.

Pa’ la papa saco yo todos los días, el pellejo es el que rifa…

(El F1, Natanael Cano)

La narcocultura es un fenómeno social que se vive en diferentes países de América Latina, sobre todo en Colombia y en México, aunque su desarrollo ha sido distinto en el interior de cada nación por los rasgos socioculturales propios y la forma en que ha intervenido el narcotráfico en ellos.6 En México, su presencia se dejó sentir a partir de la década de 1970 con el incremento y la diversificación de la producción de películas, música y documentales relacionados con el consumo y el tráfico ilícito de drogas, pero también por la difusión mediática que ha tenido el estilo de vida de los narcotraficantes, su lenguaje, sus consumos, su vestuario, sus accesorios, entre otros aspectos.7 Un ejemplo de lo anterior es la famosa “Chapo Moda” que se produjo con la elevada venta de camisas al estilo de las que viste Joaquín el Chapo Guzmán Loera, referencia de algunas imágenes y videos de él publicados en internet.8 Esta cultura también incide en la religión, lo que podemos observar en las historias que representan los valores de la narcocultura;

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verbigracia, el respeto remarcado que existe hacia la historia de Jesús Juárez Mano, mejor conocido como Malverde, personaje que ha adquirido un rango de santidad. Según cuenta la leyenda, Malverde fue un campesino que sufrió muchas injusticias y padeció hambre; los hacendados lo maltrataban y lo golpeaban. Como consecuencia de ese maltrato empezó a asaltar y a robar a los hacendados y a las familias más adineradas de la región, con el objetivo de darle el dinero al pueblo y así mejorar la vida de los sectores más postergados.9 Hasta que un día se juntaron todos los terratenientes y le pidieron al gobernador que lo atraparan.

Finalmente fue herido de muerte y a la postre fue colgado en un mezquite, a dos cuadras de la capilla que se construyó años más tarde en su memoria en Culiacán, Sinaloa. El nombre de Malverde se debe a que el hombre se metía en el monte —“el mal verde”— para asaltar. Muchos lo describen como un santo bandido muy generoso, razón por la cual hasta nuestros días se le considera el santo de los narcos.

En este contexto no podemos dejar de lado la influencia que tiene la narcocultura en el plano musical. Son muchos los artistas y los grupos musicales que se dedican a interpretar sencillos con referencia a las prácticas de los narcotraficantes. Empero, por lo que nos atañe, solamente haremos mención de la trayectoria de tres cantantes de diferentes décadas, quienes se dedicaron o se dedican a la interpretación de los tan afamados “narcocorridos”.

Uno de ellos es Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez o el Rey del Corrido, uno de los cantantes más reconocidos de la música regional mexicana. Sánchez empezaría a componer canciones para todos los que tuvieran historias interesantes y, poco a poco, sumaría varios corridos. Lamentablemente, el 16 de mayo de 1992, dos días después de dar la que sería su última presentación, Chalino fue hallado muerto al lado de una carretera con dos heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. Se asegura que su muerte fue consecuencia de una amenaza que recibió mientras cantaba “Alma enamorada” en su último concierto.10 Valentín Elizalde, también conocido como el Gallo de Oro, fue un cantante mexicano que interpretaba sus canciones en los géneros banda sinaloense, norteño, corrido y cumbia. Siempre mostró interés en el tema de la muerte, como lo demuestran algunas de sus canciones: “Quiero charlar con la muerte” y “Cuando yo me muera”, en las que expresa lo que para él es la vida y la muerte.

Desafortunadamente Elizalde fue asesinado por un comando al salir de una presentación en el palenque de la Expo Feria en Reynosa, Tamaulipas, la madrugada del 25 de noviembre de 2006.11

Actualmente, un gran exponente de los corridos es Hassan Emilio Kabande Laija, de 23 años de edad, mejor conocido como Peso Pluma, cantante y compositor de música, específicamente regional mexicana del subgénero de corridos bélicos. Aunque el contenido bélico siempre ha estado presente en la naturaleza de los corridos, los corridos bélicos son una nueva marca del regional mexicano.

Los corridos bélicos combinan instrumentos que producen una mezcla de sonidos que fusiona el reggaetón, la banda y el corrido, creando una variante del corrido tradicional con elementos del género urbano. Este tipo de corrido se distingue por hacer referencia a actos de intimidación y de consumo de sustancias, lo cual ha generado muchas críticas. En contraste, los corridos tumbados no se centran tanto en la violencia y sus letras abordan temas distintos, mientras que los corridos bélicos se enfocan un poco más en la violencia y suelen hablar de enfrentamientos armados, crimen organizado y narcocultura.12 No es un mito que en pleno 2023 los corridos sean el tema del momento en México, razón que también ha motivado la creación de series o documentales sobre la vida de personajes importantes en la historia del narco. El auge de estas series se puede comprobar en la titulada Narcos de Netflix, todo un éxito mediático. De hecho, llegar a ser narco es una aspiración que fascina a muchas personas y que en algunos estados mexicanos como Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa algunos jóvenes comienzan

a adoptar actitudes de “capos”. Las narcoseries han configurado un nuevo modelo de valores y se han impuesto frente a las series policiacas, de manera que en lugar de promocionar el orden y la justicia se promueve esta serie de conductas que recaen en el quebrantamiento de la ley.13 El fenómeno de la narcocultura presenta una inversión entre lo normal y lo patológico, ya que las actividades ostentosas y violentas que la caracterizan son cada vez más regulares y constantes, mientras que el modelo ético de comportamiento se mantiene fuera de sus normas.14 Hablamos de que es el reflejo de los procesos históricos de violencia, corrupción y actividades ligadas al tráfico de drogas como manifestaciones pútridas que atraviesa el país.

La evolución constante de la narcocultura va creando nuevas formas para su estudio, porque responde a sucesos que dejan huella en la vida social ante el clima de violencia e inseguridad en el que está inmerso el país. En esta línea, no se puede mantener el objeto de estudio, la narcocultura, alejado del fenómeno que la alimenta, el narcotráfico, ya que es generador de escenarios sociales, culturales, económicos y políticos, e involucra, evidentemente, actos que rompen con el orden social establecido.15 El desafío será analizar otros ámbitos de la narcocultura con posibilidades de estudio,16 como el papel de las mujeres en la gestión de negocios ilícitos, el agotamiento y la complicidad de las instituciones, los imaginarios y las percepciones juveniles sobre la violencia, entre otros aspectos. 7

Aunque el contenido bélico siempre ha estado presente en la naturaleza de los corridos, los corridos bélicos son una nueva marca del regional mexicano.

Imagen Noticias, “Así es la vida alrededor de la ‘narcocultura’ ”, material audiovisual, 2017. Disponible en Youtube: https://youtu.be/A9r32ohccLw. 2 Ana Georgina Aldaba Guzmán, “La narcocultura como expresión de identidad social”, Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección de Tesis Generales, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, México, p. 5, 2013. Tomado del repositorio institucional de la unam.

3 La calidad moral del honor es una característica de las sociedades mediterráneas influidas por la cultura árabe y ha transmigrado a la cultura popular latinoamericana a través de la colonización española y la aparición de las mafias mexicanas (Héau y Giménez, 2004).

4 Catherine Héau y Gilberto Giménez, “La representación social de la violencia en la trova popular mexicana”, Revista Mexicana de Sociología, año 66, núm. 4, octubre-diciembre, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.

5 Jorge Alan Sánchez Godoy, “Procesos de institucionalización de la narcocultura en Sinaloa”, 2009. Tomado de Procesos de institucionalización de la narcocultura en Sinaloa (scielo.org.mx).

6 A. T. Becerra Romero, “Investigación documental sobre la narcocultura como objeto de estudio en México”, Culturales, 6, e349, p. 2, 2018. Tomado de https:// doi.org/10.22234/recu.20180601.e349.

7 Idem.

8 Idem.

1

“La historia de Jesús Malverde, el santo de los narcos”, Clarín, 2018. Tomado de La historia de Jesús Malverde, el santo de los narcos (clarin.com).

10 “¿Una amenaza de muerte? La vez que Chalino Sánchez recibió una nota en pleno concierto y cambió su semblante”, Milenio, 2022. Tomado de “Chalino Sánchez: qué decía la nota que le entregaron”, video, Grupo Milenio.

11 “Biografía de Valentín Elizalde: la historia, vida y legado musical de Valentín Elizalde”, Buena Música, 2011. Tomado de Valentín Elizalde. Biografía, historia y legado musical (buenamusica.com).

12 “¿Qué son los corridos bélicos? Así surgió el género musical característico de Peso Pluma”, Milenio, 2023. Tomado de ¿Qué son los corridos bélicos? Género especial de Peso Pluma (Grupo Milenio).

13 Joshua Molina Olmedo, “Las dimensiones del narcotráfico en México”, Departamento de Sociología y Antropología, Grado en Sociología, 2020. Tomado de Las+dimensiones+del+narcotrafico+en+Mexico+.pdf (ull.es).

14 Ana Georgina Aldaba Guzmán, “La narcocultura como expresión de identidad social”, Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección de Tesis Generales, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, México, p. 5, 2013. Tomado del repositorio institucional de la unam.

15 Anajilda Mondaca Cota, “Narrativa de la narcocultura. Estética y consumo”, Ciencia desde el Occidente, vol. 1, núm. 2, 2014. Tomado de 4.pdf (unam.mx).

16 Idem.

9

María José Hernández Vargas estudia Derecho en la Facultad de Derecho de la unam.

Es fundadora del Colectivo Universitario de Estudios Culturales e Internacionales y directora del Movimiento Progresista Juvenil Ciudad de México en la alcaldía Álvaro Obregón.

Edita la revista Pensamiento Jurídico Contemporáneo.

Karina Carbajal Muñoz estudia Derecho en la Facultad de Derecho de la unam y psicología en la Universidad Mexiquense Aragón. Es asesora jurídica del licenciado Porfirio Muñoz Ledo y directora de la Red por el Íntegro Desarrollo de la Mujer en América Latina.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 37

Juan Pablo Gómez Fierro

Los efectos restitutorios de la suspensión, de acuerdo con la jurisprudencia de la scjn En un artículo anterior, Juan Pablo Gómez Fierro hizo un análisis del marco constitu-

cional y legal que ha permi-

tido que la suspensión en el juicio de amparo pueda tener efectos restitutorios.

De manera complementaria, en esta ocasión realiza

un estudio de la evolución que ha tenido este tema

en la jurisprudencia de la

Suprema Corte de Justicia

de la Nación, considerando

el criterio que recientemen-

te sostuvo la Segunda Sala al resolver la contradicción de criterios 338/2022.1 38 abogacía Junio 2023

L

a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) fue la que inicialmente reconoció que la suspensión podía tener efectos restitutorios, al señalar que era procedente contra una orden de lanzamiento ya ejecutada, lo que permitiría restablecer provisionalmente al quejoso en la posesión del bien inmueble.2 En este caso, reconoció la posibilidad de que un acto consumado pudiera ser materia de una medida cautelar.

Posteriormente, la misma sala resolvió que también podía otorgarse la medida cautelar respecto de omisiones, al considerar que si bien la naturaleza de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido de la suspensión, no lo es para determinar su procedencia.3 De acuerdo con este criterio, un acto omisivo puede ser materia de una medida cautelar, ya que la relevancia que tiene la naturaleza de los actos reclamados es única y exclusivamente para determinar qué tipo de medidas podrían adoptarse en caso de ser procedente: i) paralizar un acto o ii) la restitución provisional de un derecho.

Es importante precisar que si bien la Primera Sala ha reconocido la posibilidad de que a través de la suspensión se pueda restituir al quejoso en el goce del derecho violado, ha establecido que la restitución debe ser provisional y no definitiva, al grado de que agote o deje sin materia el juicio de amparo, ya que la medida cautelar no puede coincidir exactamente con la pretensión principal del promovente.

Recientemente, la Segunda Sala de la scjn resolvió la contradicción de criterios 338/2022. En esta ejecutoria se fijaron las reglas para establecer cuáles son los parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio.

La sala consideró que con la medida cautelar se busca preservar la materia del juicio, lo cual se traduce en que el órgano jurisdiccional debe proteger el derecho que la quejosa considera afectado. Con base en esta premisa, estableció que es irrelevante que los efectos de una medida cautelar

coincidan con los de una eventual sentencia de amparo, siempre y cuando dichos efectos sean transitorios y no definitivos.

La regla general, de acuerdo con el criterio de la Segunda Sala, es que la suspensión del acto reclamado tenga un beneficio transitorio, aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad con los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa. Lo relevante es que, aun cuando coincidan ambos efectos (medida cautelar y sentencia de amparo), llegado el dictado de esta última aquéllos se puedan retrotraer. En cambio, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo.

Considero que los criterios de las salas de la scjn son coincidentes, ya que ambas reconocen que la medida cautelar puede tener efectos restitutorios, con la limitante de que ese alcance sea provisional y no definitivo.

En mi opinión, la premisa que subyace en la reciente ejecutoria de la Segunda Sala es que si bien pueden coincidir los efectos de una medida cautelar y una sentencia de amparo, eso no es un obstáculo para su otorgamiento, siempre que al dictarse la sentencia de amparo aquéllos se puedan retrotraer.

El problema entonces no es que coincidan los efectos de la suspensión con los de la sentencia de amparo, pues eso no implica que la restitución sea definitiva. En realidad, el problema es que los efectos coincidan exactamente con la pretensión principal del promovente, como en su momento lo sostuvo la Primera Sala, ya que en este supuesto el alcance de la medida cautelar sería definitivo, lo que dejaría sin materia el juicio de amparo.

Por ejemplo, en la omisión de dar respuesta a un escrito en ejercicio del derecho de petición que reconoce el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la medida cautelar no podría tener por objeto que se dé respuesta al quejoso porque el beneficio obtenido sería definitivo. Habiéndose otorgado la medida cautelar, llegado el dictado de la sentencia no sería posible retrotraer los efectos de esa medida, ya que la respuesta habría sido otorgada en cumplimiento a la suspensión, lo que coincide exactamente con la pretensión principal del promovente.

En cambio, tratándose del lanzamiento ejecutado, la medida cautelar permitiría que se restablezca provisionalmente al quejoso

en la posesión del bien inmueble, similar a lo que sucedería con una sentencia de amparo, pero este beneficio podría ser revocado de no obtener una resolución favorable, a efecto de que el quejoso entregue nuevamente el bien inmueble. En este caso, si bien podría existir un efecto restitutorio, éste es transitorio y no definitivo, ya que la sentencia de amparo puede retrotraer la restitución obtenida con la medida cautelar.

En conclusión, considero que existe un criterio uniforme de las salas de la scjn al señalar como regla general que la suspensión de los actos reclamados sí puede tener efectos restitutorios, con la limitante de que ese alcance sea provisional y no definitivo.

La pregunta que surge entonces es si una eventual medida cautelar puede tener efectos restitutorios definitivos, al grado de dejar sin materia el juicio de amparo. Me parece que la respuesta es positiva, dependiendo de las circunstancias particulares del caso. La propia scjn ha reconocido, de manera implícita, que existe esa posibilidad.

En los asuntos en los que se reclamó la omisión de administrar la vacuna contra el virus sars-CoV-2 a la población adolescente de 12 y 17 años de edad, el Pleno resolvió que la omisión de aplicar las vacunas autorizadas

La scjn ha ido moldeando el tema de los efectos restitutorios en la suspensión de manera progresiva.

La sala consideró que con la medida cautelar se busca preservar la materia del juicio, lo cual se traduce en que el órgano jurisdiccional debe proteger el derecho que la quejosa considera afectado.

por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios coloca a la persona no vacunada en una situación de riesgo de contagio y, en caso de enfermarse, resultaría físicamente imposible restituir el derecho afectado (derecho a la salud), ya que con independencia de que la persona resulte asintomática o se cure nada restituirá el tiempo que padeció la enfermedad y, en su caso, sus secuelas.4 Al resolver este caso, sin decirlo expresamente, la scjn reconoció la posibilidad de que la medida cautelar pueda tener efectos restitutorios definitivos, ya que su otorgamiento coincidía exactamente con la pretensión principal del promovente, esto es, que se le administrara la vacuna; sin embargo, eso se justificó en el hecho de que, de no otorgar la medida cautelar, la violación alegada se tornaría irreparable, pues llegado el momento de la sentencia no se podría restituir al quejoso el tiempo que padeció la enfermedad y sus posibles secuelas.

En ese sentido, creo que si bien la regla general que subyace en la jurisprudencia de la scjn es en el sentido de que la suspensión de los actos reclamados sí puede tener efectos restitutorios, con la limitante de que ese alcance sea provisional y no definitivo, me parece que existe una excepción que podría derivarse del criterio sustentado por el Pleno, esto es, que de no conceder la medida cautelar se torne imposible restituir físicamente al quejoso en el goce del derecho violado.

En efecto, existen escenarios en los que una medida cautelar puede dejar sin materia el juicio de amparo porque su efecto coincide con la pretensión principal del quejoso, pero que, al mismo tiempo, de no concederla el juicio de amparo, quedaría sin materia, ya que una eventual sentencia de amparo no podría restituir físicamente al quejoso en el goce del derecho que aduce violado. En estos casos, el juicio de amparo, por una u otra razón, está destinado a quedar sin materia.

Me parece que frente a estos supuestos excepcionalmente podría concederse la medida cautelar con efectos restitutorios definitivos, aun cuando el juicio de amparo quede sin materia, ya que ante la disyuntiva de cuál será la razón que genere esa consecuencia (una medida cautelar o la LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 39

Existen casos que pueden dar lugar a confusión, ya que parecería que la medida cautelar tiene efectos restitutorios definitivos porque son muy parecidos a los de una sentencia de fondo, pero en realidad son transitorios. imposibilidad de restituir al quejoso en el goce del derecho violado) debe optarse por la interpretación más favorable al quejoso, que privilegia el acceso a una justicia cautelar que se deriva del derecho de acceso a la justicia que reconocen los artículos 17 de la Constitución y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Recuerdo un asunto que se promovió hace casi 20 años en un juzgado de distrito en San Luis Potosí, en el que se reclamó la orden de clausurar un espectáculo público que tendría lugar dos días después de que se presentó la demanda. En este caso, el juez de distrito se enfrentó a la siguiente disyuntiva: de conceder la medida cautelar para que no se ejecutara la orden de clausura quedaría sin materia el juicio de amparo porque coincidía exactamente con la pretensión principal del promovente (celebrar el espectáculo público) y negarla bajo el argumento de que se darían efectos restitutorios definitivos a la medida cautelar también quedaría sin materia el juicio, pues llegado el momento de dictar sentencia no habría forma de restituir físicamente al quejoso en el goce del derecho vulnerado, debido a que la fecha del evento ya había transcurrido. En este caso, se optó por la primera solución, condicionando la eficacia de la medida cautelar a que se cumpliera con las normas que regulaban el desarrollo de espectáculos públicos y las medidas de protección civil correspondientes.

Otro caso que me tocó resolver como juez de distrito en materia administrativa fue el relativo a la omisión de las autoridades de un centro de reinserción social de realizar las acciones tendientes a practicar una cirugía a un interno que había sido prescrita por su médico tratante. En este caso, la medida cautelar tuvo por objeto ordenar la realización de la cirugía, lo cual coincidía exactamente con la pretensión del quejoso, lo que a la postre dejaría sin materia el juicio, pero de no concederla impediría restituirlo físicamente en el goce del derecho a la salud durante todo el tiempo que aquélla no fuera practicada, con las consecuencias que eso producía, lo que además ponía en riesgo su vida.

Debe destacarse que existen casos que pueden dar lugar a confusión, ya que parecería que la medida cautelar tiene efectos restitutorios definitivos porque son muy parecidos a los de una sentencia de fondo, pero en realidad son transitorios. Por ejemplo, cuando se reclama la omisión de prestar atención médica o de proporcionar medicamentos recetados por un médico tratante.

En ambos casos, el efecto de la suspensión permite al quejoso acceder a los tratamientos o a los medicamentos necesarios para enfrentar su padecimiento, pero eso no deja sin materia el juicio, pues la eventual sentencia concesoria reconocería no sólo el derecho a recibir la atención médica o el suministro de medicamentos durante la

sustanciación del juicio, sino también que pudiera hacerlo en lo subsecuente.

Recuerdo también algún asunto en el que una quejosa solicitó la medida cautelar para que se le permitiera importar medicamentos recetados por su médico tratante a base de vannabidiol (cbd),5 con la finalidad de mitigar el dolor que le producía un tumor cancerígeno. La autoridad sanitaria le había negado la importación con el argumento de que en la legislación respectiva estaba prohibido su uso. En este caso, se concedió la suspensión para que se le permitiera importar dichos medicamentos, lo cual no dejó sin materia el juicio, pues la sentencia de amparo podría reconocer el derecho de la quejosa a importar los medicamentos durante la tramitación del juicio, pero también a que pudiera hacerlo en lo subsecuente.

Como hemos visto en estas líneas, la scjn ha ido moldeando el tema de los efectos restitutorios en la suspensión de manera progresiva. Las salas han sido consistentes en señalar como regla general que la suspensión de los actos reclamados sí puede tener efectos restitutorios, con la limitante de que ese alcance sea provisional y no definitivo. De igual forma, me parece que podemos derivar que excepcionalmente podría tener efectos restitutorios definitivos cuando de no concederse no pueda restituirse físicamente al quejoso en el goce del derecho que aduce vulnerado. 7

Resuelta el 12 de abril de 2023 por mayoría de tres votos. La tesis fue aprobada en sesión del 26 de abril de 2023, con el número 22/2023 (11ª). El rubro de la tesis es el siguiente: “suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador al analizar la posibilidad de concederla ante la eventualidad de que, con ello, se deje sin materia el juicio de amparo”. (Publicación pendiente en el Semanario Judicial de la Federación.)

2 Véase 1a./J. 21/2016, de rubro: “lanzamiento ejecutado. procede conceder la suspensión en su contra, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material”.

3 Véase 1a./J. 70/2019, de rubro: “suspensión. la naturaleza omisiva del acto reclamado no impide su procedencia”.

4 Dicho criterio quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 6/2022 (11a.), de rubro: “suspensión en el juicio de amparo. debe tramitarse oficiosamente en la vía incidental cuando se solicita para el efecto de que se aplique la vacuna contra el virus sars-cov-2 a adolescentes de entre doce y diecisiete años de edad”. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2025292.

5 Cannabidiol.

1

Juan Pablo Gómez Fierro es juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, así como profesor en el posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana.

40 abogacía Junio 2023

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Recientemente se aprobó la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Esto tuvo implicaciones estructurales que deben ser analizadas con cuidado. Anette Chara Tanus se detiene a realizar este ejercicio en torno de diversos aspectos que pueden poner en jaque la protección y la garantía de los derechos humanos.

42 abogacía Junio 2023

Anette Chara Tanus

LÍMITES FORMALES Y MATERIALES EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

C

omo se desprende del artículo 1º de la Constitución federal, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a respetar nuestro parámetro de regularidad constitucional. En otras palabras, se encuentran obligadas a observar en todo momento los derechos humanos de las personas.

Para no vaciar de contenido esa obligación, a lo largo de nuestro sistema jurídico se han diseñado diversas garantías encaminadas a garantizar, valga la redundancia, su cumplimiento. Esto es, las garantías de los derechos humanos se erigen como el presupuesto indispensable para que éstos no se traduzcan en una mera carta de buenos deseos.

Ahora bien, estas garantías pueden expresarse de distintas maneras, dependiendo del ámbito en el que nos encontremos.

Por ejemplo, las garantías de cumplimiento de los derechos programáticos, como los derechos económicos, sociales o culturales, no son ni deben ser las mismas que aquellas dirigidas a satisfacer derechos que únicamente le exigen al Estado no intervenir o no interferir en el ámbito de la libertad del individuo.

Lo mismo ocurre tratándose de las funciones estatales. Es decir, las garantías que se deben observar en la función jurisdiccional no son ni deben ser las mismas que deben cumplirse en la función ejecutiva o legislativa. Por poner un ejemplo, el principio de independencia judicial —que busca garantizar el derecho de acceso a la justicia— es uno que sólo debe observarse por parte de las autoridades jurisdiccionales.

Por su parte, la función legislativa también debe desarrollarse con apego a ciertos principios. Esos principios constituyen, a nuestro parecer, genuinas garantías de derechos humanos, pues se erigen en límites que ninguna mayoría legislativa puede traspasar; límites que no sólo obligan sustantivamente sino también formalmente; esto es, no sólo el qué de la actividad legislativa, sino también el cómo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) ha desarrollado una sólida doctrina jurisprudencial en torno del cómo de la actividad legislativa. En esencia, esa doctrina tiene como estandarte el cumplimiento de las reglas del procedimiento legislativo, a la luz del principio de deliberación pública.

Esto último resulta relevante para el análisis que habremos de realizar, pues las políticas públicas, si bien en su mayoría se desarrollan en el ámbito de actuación de los poderes ejecutivos de los distintos órdenes de gobierno, también pueden encontrar su fundamento en una legislación.

Es el caso de la recientemente aprobada Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, cuyo antecedente legislativo estuvo en manos de un grupo de senadores —y no del Senado, como lo expuso recientemente el ministro

en retiro José Ramón Cossío Díaz— que se valieron de su posición mayoritaria para traspasar los límites formales que todo órgano deliberativo debe observar en su actuación.

Si bien este análisis no tiene como objetivo narrar con detalle lo ocurrido el 28 y el 29 de abril de 2023, lo que busca ponerse de manifiesto es que desde el cómo se aprobó dicha legislación —la cual tiene entre sus objetivos el establecimiento de los “fines, principios y bases en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como los criterios y medios para su formulación, ejecución y evaluación”— los senadores del grupo mayoritario incumplieron al menos con dos principios que deben observarse en la implementación de las políticas públicas: el principio de deliberación y el principio de participación social efectiva.1 Dicha “sesión” (si es que se le puede llamar así), además de que fue celebrada en una sede alterna, sin presencia de ningún legislador de oposición y sobre la que existen muchas dudas acerca de si se contaba con el quórum necesario para funcionar, no fue acompañada de un ambiente de deliberación pública, ni tampoco fue resultado de un proceso de participación social efectiva, en el que se propiciara un verdadero diálogo abierto y constructivo con la sociedad. Por lo tanto, dejando a un lado, tan sólo por ahora, el contenido de la legislación aprobada, puede afirmarse que la política pública implementada en la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación no cumplió con diversos requisitos que deben observarse antes de pretender diseñar e implementar una política pública.

Como se dijo, esa legislación tiene, entre otros objetivos, establecer los fines, los principios y las bases de las políticas públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como el establecimiento de los criterios y los medios para su formulación, ejecución y evaluación.2 Lo primero que llama la atención de ese ordenamiento es que el anterior Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) será reemplazado por el Consejo Nacional de

Los senadores del grupo mayoritario incumplieron al menos con dos principios que deben observarse en la implementación de las políticas públicas: el principio de deliberación y el principio de participación social efectiva.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 43

Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Sería deseable que ese cambio fuera meramente semántico; sin embargo, ello no es así.

En primer lugar, el nuevo consejo será el encargado de coordinar la integración de una agenda nacional, la cual será la base para la implementación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas en la materia. Si bien se prevé que esa agenda deberá ser resultado de un proceso de inclusión, lo cierto es que, por la forma en que se encuentra estructurado el nuevo “Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”, se corre un gran riesgo de que las decisiones que se tomen en la materia sean resultado de una mera imposición y, sobre todo, de una centralización.

Un ejemplo claro de lo anterior es la regla que establece que el consejo podrá otorgar becas a quienes realicen actividades de investigación, desarrollo e innovación en las industrias que estén relacionadas con las áreas que defina la junta de gobierno del Consejo Nacional, conforme a la agenda nacional. Conviene tomar en cuenta que esa junta estará integrada únicamente por

el titular de la dirección general y por representantes de dependencias de la administración pública federal.

Otro aspecto que debe cuestionarse es la prevalencia que se da en materia de instrumentos públicos de fomento y apoyo a personas que realicen actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías o innovación en universidades o instituciones del sector público. En este caso, esa prevalencia puede contrastarse con el artículo 3º constitucional, en términos del cual todas las personas tienen derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. En ese sentido, la preferencia de lo “público sobre lo privado” parece reflejar que, en las épocas actuales, se prefiere el conocimiento o la innovación que se genere en instituciones públicas al que se grenere en instituciones privadas. Éstos son sólo algunos aspectos que, a nuestro parecer, deben ser cuestionados y analizados con mucho detenimiento, pues con ellos se corre el riesgo de que en México contemos con una política pública que, lejos de velar por el respeto al derecho humano a la ciencia y la innovación tecnológica, reconocido en el artículo 3º, fracción v, de la Constitución federal, lo vulnere. 7

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha definido las políticas públicas con enfoque de derechos humanos como “el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa —a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva— con el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas”.

2 Este ordenamiento fue consultado antes de su promulgación por parte del Ejecutivo federal en la siguiente liga: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/iniclave/65/CD-LXV-II-2P-296/01_minuta_296_25abr23.pdf 1

Anette Chara Tanus es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y maestranda en Derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho, así como secretaria de estudio y cuenta adjunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. @AnetteChara.

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MÁRGENES

Mateo Mansilla-Moya

JESÚS SILVA-HERZOG:

ANDAR Y VER 46 abogacía Junio 2023

Jesús Silva-Herzog Márquez es periodista.

Colabora con el portal web del sitio de noticias Latinus. Es licenciado en Derecho por la unam y maestro en ciencias políticas por la Universidad de Columbia, Nueva York. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.

Reflexionar sobre nuestro entorno con asombro, detenernos a ver aquello a lo que no le prestamos mucha atención en la cotidianidad, acercarnos a las expresiones con las que podemos generar diálogo, independientemente de nuestra área de conocimiento, implica traspasar ciertos márgenes. En esta conversación nos acercamos al politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez para platicar sobre su ejercicio de andar, detenerse y ver el mundo.

De dónde viene Andar y ver?

Me refiero, en primer lugar, al título que recuerda a Ortega y Gasset, y, en segundo lugar, a la inquietud de tener una columna y estas publicaciones desde hace más de 12 años?

El título proviene, por una parte, de una expresión popular: andar y ver como una forma de retratar la práctica del paseo, de visitar lugares, de caminar, de observar y detenerse ante lo que uno va encontrando en el camino. Pero también es, como dices, el título que escogió Ortega y Gasset para una serie de artículos que él escribía, básicamente, sobre viajes, y creo que esta fórmula es un buen rótulo para hablar de lo que podría ser el encuentro con las expresiones y las creaciones culturales que uno va descubriendo al paso. n Es curioso que una persona que tiene formación de abogado y que además se dedica al tema de las políticas públicas también se acerque al arte y que además mantenga, durante tanto tiempo, una columna sobre este tema. ¿Cuál es la relevancia de escribir sobre estos tópicos?

Creo que lo grave de nuestro clima cultural es la hiperespecialización; esa idea de que sólo quienes son especialistas, quienes han dedicado toda su vida a concentrarse en una sola rama del conocimiento, tienen el permiso exclusivo de hablar sobre esos temas. Pienso que hay que defender estos derechos de amateurismo, de la capacidad de conversar sobre las cosas que a uno le interesan, le despiertan ideas, le permiten cuestionarse a sí mismo o cuestionar el entorno. Y me parece que no hay fuente más estimulante para estas reflexiones que la creación de la cultura en todos sus ámbitos: en la música, en la arquitectura, en la pintura, en la poesía, en las meditaciones de los filósofos. Hay que darse permiso para

abordar estos temas sin tener una credencial que lo acredite a uno como especialista de una rama específica del conocimiento. n ¿A quién se dirige con estos textos?

Mi propósito es comunicar lo que a mí me interesa, lo que me despierta alguna fascinación sobre algún tema, los asuntos que se tratan en un libro, que se descubren en alguna exposición o que aparecen en la pantalla del cine. Ese es un público sin un perfil definido. Es un poco lo que uno hace al poner un mensaje en una botella para que alguien pueda encontrar alguna pista. Descubrir a un autor que quizás no conocía, ver algo que está en el entorno y a lo que no le habíamos prestado suficiente atención. Yo diría que la persona a quien se dirigen los textos es la misma que los escribe. Lo expresa muy bien Alfonso Reyes: uno no descubre lo que piensa hasta que trata de escribirlo; no se escribe sabiendo, sino buscando se escribe tratando de encontrar lo que uno piensa sobre el mundo y, en ese sentido, uno puede verse explicado cuando se lee escribiendo. n El gremio jurídico, a pesar de tener reconocidos poetas y escritores en su historia, no suele acercarse al arte. Hay un fragmento de la Introducción a la filosofía del Derecho, de Gustav Radbruch, que el autor dedica al vínculo que existe entre el Derecho y la poesía, en el que intenta explicar la aversión del gremio artístico hacia los abogados y concluye que la razón de eso reside en que los litigantes suelen abstraerse de lo que es propiamente humano: la sensibilidad. Por eso me llama mucho la atención que usted se aproxime de esa manera al arte. ¿Cree que el arte pueda influir en las políticas públicas o en el Derecho?

Yo no creo que uno escriba con una camiseta profesional. Me parece que uno escribe con

ANDAR Y VER

En 2023, la editorial taurus, de Penguin Random House, publicó Andar y ver.

Tercer cuaderno, una colección de ensayos que Jesús Silva-Herzog Márquez redactó entre 2011 y 2023 para su columna del mismo nombre en la sección cultural del Reforma. Literatura, música, pintura, performance, arquitectura y filosofía, entre otras expresiones, son el objeto de análisis y asombro del autor, quien, en su camino por la vida se detiene a observar y a dialogar sensiblemente con su entorno.

Silva-Herzog Márquez desmiente a Gustav Radbruch quien, en su Introducción a la Filosofía del Derecho, afirma que los abogados tienden a abstraerse de los rasgos que son esencialmente humanos. El autor no únicamente se aproxima a las expresiones sensibles de otras personas, sino que además dialoga con éstas y tiende interesantes puentes de comunicación entre diversos creadores.

Desde la poesía de Czesław Miłosz y la obra pictórica de Mark Rothko, hasta la Motomami de Rosalía, Silva-Herzog Márquez explora, personal y emocionalmente, diversidad de expresiones humanas en sus más diversas formas artísticas. ______ Jesús Silva-Herzog Márquez Taurus 2023

Para acceder al libro:

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MÁRGENES

Si solamente actuamos con la nariz frente al hecho, si lo hacemos solamente armados con el diccionario técnico de una especialidad, creo que entenderemos mal lo que está ocurriendo. la curiosidad de quien quiere entender lo que hay a su alrededor. En ese sentido, no es que uno piense que, como tiene tal o cual diploma en su estudio, va a hablar con tal vocabulario sobre esos temas porque le están permitidos. Uno se acerca al mundo, a los acontecimientos de la política, a las instituciones constitucionales, tratando de descifrar su sentido, su origen, sus consecuencias, y me parece que para ese trabajo todos los recursos que uno pueda encontrar pueden ser relevantes.

Uno puede descubrir pistas para entender lo que está sucediendo si es capaz de tomar una distancia, si es capaz de ver un hecho desde cierta perspectiva, si logra hacerse de un vocabulario que pueda refrescar el entendimiento de las cosas. Si solamente actuamos con la nariz frente al hecho, si lo hacemos solamente armados con el diccionario técnico de una especialidad, creo que entenderemos mal lo que está ocurriendo. n Me gustaría platicar acerca de todos los temas que aborda en este libro, pero me detendré en un caso que llama mucho mi atención. Me refiero al performance de Marina Abramović, en el que la artista se sienta en la silla de una

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galería frente a varios instrumentos —ella misma se convierte en uno— para que los espectadores hagan lo que quieran con lo que está ahí. Entre los instrumentos hay un cuchillo y un arma cargada. Al final del texto usted hace una reflexión importante sobre el desprecio que puede haber hacia la persona una vez que deja de ser objeto, a la luz de lo que acontece cuando acaba el performance. ¿Procura con sus textos transmitir alguna enseñanza?

Me parece que este caso, de esta gran artista que es Marina Abramović, es de una extraordinaria potencia acerca de cómo se puede, a través del cuerpo, de su presencia, imantar el espacio de una manera radicalmente distinta, alterarlo, para que nos enfoquemos —en esta pieza— en la permisibilidad que puede abrirse en un atmósfera contenida en una galería, donde se puede convertir a un ser humano en un objeto y tratarlo de esa manera. Creo que en el espacio de las páginas de esta revista eso nos interroga muy profundamente: de qué manera se altera nuestro comportamiento en la medida en que tenemos el rumor de un vigilante estatal que nos obliga a comportarnos de cierta manera; cómo podría llegar a alterarse, a modificarse, la interacción humana si alguien ofrece su cuerpo como trapo, como objeto. Creo que el valor de una intervención de ese tipo es que nos deja con muchas preguntas, con una gran perplejidad ante lo que acontece y con menos certidumbre de la que tendríamos antes de confrontar una acción de este tipo. n ¿En que México se inserta Andar y ver?

El arco temporal que abarcan los textos registra cambios muy importantes en el país. Creo que, por una parte, es un México que asienta su diversidad de manera más firme a lo largo de los años de la transición —yo creo que es un proceso que deberíamos volver a calibrar en sus métodos; en sus méritos, más bien— y, por el otra, es un país que retrocede en términos de sociabilidad —pues es mucho más bárbaro, mucho más brutal y inhóspito para millones de personas que viven bajo el manto del miedo—. 7

Consideraciones practicas para el

cumplimiento de las obligaciones del Notario en materia fiscal federal Martes 4, jueves 6 y martes 11 de julio Sesiones de 5:00 a 7:00 pm Imparte:

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Víctor Tubilla Rodríguez

Salud mental de menores en la web: una problemática de salud pública La construcción de espacios digitales seguros es de suma importancia para proteger la salud mental de los menores que tienen acceso a internet. Ciberdelitos, acceso ilimitado a sitios web, ciberacoso, retos e implicaciones legales, son algunos de los temas que aborda Víctor Tubilla Rodríguez en su amálisis del tema.

FUNDAMENTACIÓN Patricio J. Gómez Garcés a Giovanna Enríquez 3. ya luego− llamará el futuro a sus arqueólogos para que descifren uno y otro lado y no sabrán cómo empezar a explicar el portento de esta casa que se hizo duna en un Río ebrio de luz.

15/11/2021.

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Los ciberdelitos en contra de menores de edad: la principal amenaza a la salud mental de niñas, niños y adolescentes de México.

Cuando hablamos de problemáticas de salud pública estamos acostumbrados a escuchar sólo sobre aquellas que aquejan a la salud física de los mexicanos. Se piensa que esto se debe, en cierta medida, a las afectaciones que ha sufrido la salud física de millones de personas por enfermedades como el sars-CoV-2 en los últimos años. Sin embargo, a pesar de la merecida importancia de la salud física, pocas personas prestan atención a las problemáticas relacionadas con otros tipos de salud, como la salud mental.

El hecho de que las problemáticas relacionadas con la salud mental no sean tan visibles como las relacionadas con la salud física no quiere decir que éstas se encuentren menos presentes en la sociedad. El constante incremento en la actualidad de individuos que sufren trastornos como la depresión y la ansiedad es una clara muestra de lo anterior. Los factores que pueden originar esos trastornos en una persona pueden ser varios. Sin embargo, se considera que el entorno digital en el que se desenvuelve la mayoría de la gente hoy en día ha sido una de las principales causantes de las afectaciones a la salud mental. Entre los afectados destaca la presencia de quienes por su condición pueden ser más propensos a padecer afectaciones, como en el caso de los menores de edad.

El internet pasó de ser la herramienta accesoria en el pasado a una herramienta necesaria en el presente. Es indudable que este servicio ha traído consigo un sinfín de beneficios para las personas. Sin embargo, así como ha beneficiado a muchos individuos, también los ha perjudicado. La despersonalización de las relaciones entre sus usuarios ha dado pie a que muchos de ellos se aventuren a realizar acciones que no se atreverían a llevar a

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cabo si no estuvieran detrás de una pantalla. Por eso se podría afirmar que internet es un arma de doble filo, donde el impacto positivo o negativo que se pueda causar dependerá de quien la esté empuñando.

Una experiencia negativa en internet podría derivar en afectaciones graves a la salud mental de quien la experimente. Los llamados ciberdelitos pueden ser un claro ejemplo de los impactos negativos que podría sufrir una persona a través de este servicio.

Se les conoce así, coloquialmente, a los delitos que son cometidos a través del entorno digital.

Unas de las principales víctimas de los ciberdelitos son los menores de edad. El ciberbullying, el ciberacoso y la pornografía infantil son una muestra de los principales delitos que sufren los pequeños. La inocencia de la que gozan los menores, aunada a la facilidad que tienen otras personas para determinar su calidad y establecer contacto con ellos en la red, ha dado pie a que sean el blanco perfecto para recibir abusos. Por eso, al hablar de delitos cometidos en contra de los niños a través de internet, es inevitable no mencionar la importancia que tiene el derecho a la protección de los datos personales para la salvaguarda de su integridad.

La última edición del Estudio sobre ciberseguridad en empresas, personas usuarias de internet y padres de familia en México, elaborado por la Asociación de Internet MX en 2022, muestra el panorama actual de la participación de los menores de edad en la web. Para ese estudio los autores encuestaron a cientos de padres de familia y niñas, niños y adolescentes que son usuarios de internet. Allí se puede apreciar la forma en que el ciberespacio ha fijado el plano ideal para la comisión de delitos en contra de los menores de edad. Se considera que los resultados que arroja dicho estudio nos permitirán reflexionar sobre cómo, a pesar de que es claro que los niños son un constante blanco de abusos cibernéticos, no se le da la visibilidad que merece a esta

problemática. Por eso, con base en esa investigación se destacarán aquellos aspectos que permitan identificar las causas que contribuyen al estado actual de las afectaciones a la salud mental de los menores de edad mediante internet.

La mayoría de los menores de edad cuenta con dispositivos electrónicos propios sin limitaciones para su uso Más de 50 por ciento de niñas, niños y adolescentes que fueron encuestados para el estudio al menos contaban con un dispositivo electrónico propio. Gran parte de ellos no sólo contaba con uno, sino con más de tres dispositivos electrónicos. El 42.2 por ciento de los padres encuestados reconoció que no contaba con un sistema de control parental para limitar el uso que sus hijos pudieran hacer de sus dispositivos electrónicos. Una de las principales causas por las que esos padres no contaban con un sistema de esa índole fue la problemática que ellos mismos enfrentaban al establecerlos en los dispositivos que deseaban controlar. La imposibilidad para imponer limitaciones a las actividades de los menores en internet influyó en que más de uno de cada tres de los padres encuestados reconociera que sus hijos habían tenido acceso a material indebido en la web.

La disponibilidad con la que cuentan los menores de edad para navegar en internet y la falta de conocimientos de sus padres para limitar el uso que aquéllos hacen de ese servicio ha dado lugar a un fenómeno: la vulnerabilidad de los menores de edad frente a la web.

El ciberacoso es la experiencia negativa más reportada por los menores de edad De acuerdo con el estudio mencionado antes, entre 2021 y 2022 hubo un incremento en la percepción de los padres de familia sobre el riesgo de acoso hacia los menores de edad en la web. Destaca que la principal preocupación de esos padres de familia era que sus hijos pudieran ser víctimas de acoso por parte de otros adultos.

Del mismo modo, un considerable número de menores de edad reportó haber sido víctima de acoso a través de internet. Destaca que aproximadamente siete de cada 10 niños que reportaron haber sido acosados, sufrieron esa agresión por parte de otros menores de edad. Por otro lado, cuatro de cada 10 pequeños reportaron haber sido víctimas de acoso por parte de sujetos adultos. Además, se advierte que las principales plataformas en las que dichos menores sufrieron de ciberacoso fueron las redes sociales, los servicios de mensajería y las plataformas de videojuegos en línea.

Asimismo, se ubicó a las mujeres como un subgrupo vulnerable en el entorno digital, pues, a diferencia de los hombres, recibieron la mayor cantidad de mensajes ofensivos y de insinuación sexual en el periodo mencionado. Por eso se advierte que el sexo y el género desempeñan un papel determinante al momento de medir las probabilidades de ser víctimas de acoso en la web.

Implicaciones legales de la participación de los menores de edad en internet Es indiscutible que el hecho de que los menores de edad cuenten con un dispositivo electrónico propio —aunado a la incapacidad o la desidia de sus padres para limitar el uso que hagan de ese dispositivo— ha contribuido al estado de vulnerabilidad en el que se encuentran hoy en día. Sin embargo, se considera que estos dos no son los únicos factores que dan lugar a ese problema. En principio podríamos preguntar: ¿por qué es posible contactar a un menor para acosarlo en la web? Aquí es donde la protección de los datos personales de esos sujetos cobra especial importancia. El hecho de que terceras personas puedan contactar a los menores de edad, indiscriminadamente, para cometer ilícitos es una muestra de una de las principales áreas de oportunidad mediante las cuales se podría combatir esta problemática.

Las niñas, los niños y los adolescentes en México gozan del derecho humano a un desarrollo integral. Por eso se considera que la labor de proteger a esos menores en internet, además de ser responsabilidad de sus padres y de sus tutores, lo es de todos los miembros de la sociedad, en la medida de sus posibilidades. Para ser acosado en internet debe existir un canal de comunicación entre el acosador y el acosado. Esto implica que las empresas proveedoras de plataformas digitales que permiten la comunicación entre sus usuarios fungen como intermediarios en esta problemática. A pesar de la importancia de su papel, ¿por qué esas empresas no han implementado medidas para proteger a los pequeños en sus respectivas plataformas?

Uno podría pensar que la mejor solución para resolver esta problemática sería que las plataformas digitales solicitaran a los menores declarar su edad para identificarlos como tales y protegerlos en ese entorno. No obstante, la solución anterior, por más sencilla que pudiese parecer para algunos, podría implicar grandes complejidades para otros. Al hablar de la “mejor” solución es importante no olvidar cuestionar: ¿para quién?

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La minoría de edad puede ser considerada un dato personal. El hecho de identificar esta calidad en una persona podría derivar en efectos sobre ella, como hemos visto que ocurre en el caso de poder ser objeto de abusos por parte de terceros. Ahora bien, así como el reconocimiento de esta calidad puede producir efectos en los menores, también puede producirlos en terceros; por ejemplo, en los proveedores de las plataformas digitales en las que participan los niños. Pero ¿cómo la edad de los menores podría afectar a las plataformas?

Los menores de edad tienen una incapacidad legal para contraer obligaciones frente a terceros. Lo anterior implica que, en caso de que se les reconozca esa calidad en la web, eso implicará que el consentimiento que puedan otorgar a través de ese medio sería inválido. Esto tendría como resultado que sus representantes legales tendría que intervenir otorgando su consentimiento en los contratos de adhesión que permitan la participación de ellos,

Conclusión Existe una problemática de salud pública que está presente entre nosotros, pero que no es muy visible. La dificultad para su visibilización recae en que esa problemática reside en la mente y sus efectos frecuentemente no son perceptibles a simple vista: el deterioro de la salud mental de los menores de edad debido al uso de internet.

El crecimiento descontrolado en la digitalización de la sociedad ha traído consigo daños colaterales. Hemos crecido sin atender las bases sobre las que hemos actuado en el entorno digital. La falta de regulación sobre la participación controlada de los menores de edad en la web ha tenido como consecuencia que en la actualidad éstos se hayan convertido en unas de las principales víctimas de los ciberdelitos.

Las limitaciones que buscan establecer las leyes en México para acotar la capacidad de ejercicio de los niños han dado pie a que la mayoría de las empresas proveedoras de plataformas digitales decidan

como sus representados, en un sitio web o en una plataforma determinada. Lo anterior tendría como resultado que los padres de esos menores puedan protegerlos de una manera mejor ante los peligros que involucra el uso de internet a temprana edad.

La necesidad de implementar medidas adicionales para que un menor de edad pueda participar en la web, aunque benéfico para sus padres, crearía rigidez al momento de atraer usuarios a las plataformas digitales. Esas medidas irían en contra de todos los dogmas de las personas que buscan otorgar una “buena experiencia de usuario” a través de dichas plataformas. Por eso, muchos evitan reconocer la participación de menores de edad en esas plataformas, con la intención de negar lo innegable.

Aquí surge la siguiente interrogante: ¿más seguridad para los menores de edad o mejor “experiencia” para los usuarios en la web? La respuesta a esta cuestión dependerá de a quién se le pregunte.

no reconocerles su calidad de menores de edad, lo cual ha tenido como resultado que, a pesar de que los pequeños están presentes en esas plataformas, no existan medios para que aquéllos afirmen esa calidad frente a las mismas, debido a las implicaciones legales que tendría esa circunstancia. Lo anterior deriva en que los menores reciben el mismo trato que un adulto, a pesar de que no cuentan con la madurez ni la edad para que eso sea así, y pueden interactuar indiscriminadamente con otros usuarios en la web.

Todo lo anterior puede reducirse a un conflicto de intereses. Por un lado, los intereses de las empresas que no desean que se interpongan barreras para hacer sus negocios; por otro, los intereses de los padres de familia que se preocupan por el desarrollo y la seguridad de sus hijos cuando éstos acceden a la web y muchas veces no encuentran la forma de protegerlos.

Lo más probable es que las empresas sigan evadiendo la problemática; que los padres continúen sin saber cómo regular

las actividades de sus hijos cuando navegan en internet, y que los menores sigan siendo abusados por terceras personas.

La pregunta aquí sería: ¿hasta dónde queremos que lleguen estos abusos? El derecho al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes de México en el entorno digital no debería estar sujeto a la desidia y mucho menos a la negociación. Las afectaciones a la salud mental como consecuencia de la interacción en la red es un problema que sólo se agravará si no tomamos medidas para atenderlo a tiempo. Mientras más personas estén conscientes de los riesgos y los intereses que se encuentras detrás de las actividades que realizan los menores en la web, más pronto podremos darle visibilidad a esa problemática que ha pasado inadvertida en los últimos años. No olvidemos que nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes podrían ser víctimas de diversos ciberdelitos.

Contribuyamos a que el entorno digital sea un espacio más seguro para las futuras generaciones de México. 7

Asociación Mexicana de Internet (2022), Estudio sobre ciberseguridad en empresas, personas usuarias de internet y padres de familia en México, en https://irp.cdn-website. com/81280eda/files/uploaded/Encuesta%20Ciberseguridad%202022%20versio%CC%81n%20pu%CC%81blica%2020230118.pdf.

Victor Tubilla Rodríguez es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana.

Apasionado por los temas relacionados con la privacidad y la protección de los datos personales, fue ganador del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales en 2022. vtubillapersonal@outlook.com.

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jaque

Carolina Elizabeth Vásquez Regalado

El a las democracias latinoamericanas: De la disfuncionalidad a la inconstitucionalidad

¿Qué lecciones nos dejan los Estados corruptos e inseguros, pero protectores de derechos humanos, a la luz del caso del combate a la delincuencia en El Salvador? A través de un análisis comparado crítico, Carolina Elizabeth Vásquez Regalado nos invita a reflexionar sobre los ideales de libertad que perseguimos.

Creo a Macondo capaz de todo después de lo que he visto en lo que va corrido de este siglo.

Gabriel García Márquez, La hojarasca, 1955, p. 7

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Macondo: del sueño a la realidad La configuración actual de las democracias latinoamericanas está alimentada por los problemas recurrentes de su escena pública: la fórmula de la inseguridad y la corrupción que, a menudo, se alimentan una de la otra toda vez que un sistema que está corrompido en su totalidad suele debilitar las estructuras sociopolíticas o limita los recursos de un determinado país, que deberían, idealmente, servir para guiar soluciones a través de políticas públicas o programas de prevención, en la búsqueda de mejorar su propio panorama social y, por ende, político. América Latina periódicamente escucha los mismos discursos políticos que prometen un futuro mejor, siguiendo la repetida narrativa de acabar con la corrupción y la impunidad y fortalecer las instituciones públicas, entre otras muchas promesas que aseguran que esta vez todo será diferente: “Siempre he pensado que ante el problema de la inseguridad lo pertinente es atender las causas que originan la violencia y así lo haremos […]. Por eso estoy optimista, pues se está iniciando y ya vamos en el camino de lograr el renacimiento de México y nos vamos a convertir en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible; y así lo haremos, porque de esa manera construiremos una sociedad más justa, democrática, fraterna y siempre alegre”.1 Incluso así, cuando la experiencia debería guiar al pueblo, de alguna manera antepone la esperanza a la realidad: vamos, nos organizamos para participar en elecciones de vez en cuando en busca de un resultado diferente, y ahí termina el compromiso de ambos, gobernantes y gobernados. Después, la realidad tiene un escenario totalmente distinto a lo que se había predicado, con crisis de violencia, violación de derechos humanos, corrupción sistemática; un panorama que tristemente se ha normalizado en el imaginario popular. Aun cuando los Estados latinos, a la vez que se reconocen constitucionalmente, suponen sentar sus bases en los derechos humanos como reglas de observancia y en la democracia con instituciones casi tan autónomas como tan complejas, se encuentran fracturados desde dentro.

De ahí que las políticas públicas que tienen como propósito solucionar estos problemas, aun cuando no lo han conseguido, son débiles desde su planeación, en la medida en que ignoran la magnitud de su objetivo, además de su forma normativa normalizada socialmente. ¿Estas son las razones de la ineficiencia de las democracias modernas, al menos en la región?

Probablemente, pues lo mismo sucede con el fenómeno social que supone la peligrosa fórmula de la corrupción y la inseguridad que enferma a las democracias, pues desde la complejidad de los espacios en que se desarrollan estos hechos se llevan a cabo, por diferentes actores, desde conductas individuales hasta ejercicios en red, en diferentes momentos, así como en distintos territorios. Sin embargo, la teoría no ha ideado un régimen mejor que las democracias constitucionales, como máximos logros de la cultura política occidental, en el que se regulen los poderes públicos, al mismo tiempo que se reconozcan los derechos fundamentales y ciudadanos sin distinción. No obstante, ninguna de esas situaciones se lleva a cabo de la manera correcta.

El caso de Bukele en El Salvador Por lo anterior, hablar de la disruptividad del caso del gobierno en turno en El Salvador resulta tan importante; porque ahí surge una interrogante que, pese a que incomoda, es necesaria: ¿las democracias latinas aún caminan o sin darnos cuenta han ido disminuyendo el paso hasta quedarse casi inamovibles? Sucede que desde que el presidente Bukele asumió el cargo de El Salvador, en junio de 2019, hizo lo mismo con los retos de superar la pobreza, la inseguridad y la corrupción en uno de

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los países más violentos de América Latina. Por eso el Gobierno de Bukele suspendió garantías constitucionales reconocidas en El Salvador, dando pie a operativos que posteriormente propiciaron detenciones masivas, como una técnica de poder duro mediante la cual se utiliza a las fuerzas públicas, a través de las facultades del Estado, para coaccionar y reprimir con la idea de perseguir a las pandillas del país, como los Maras, una cuadrilla de jóvenes que se extienden a Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y, en menor medida, al sur de México, Canadá y Estados Unidos. Los Maras se inician en la vida delictiva alimentándose de los síntomas de América Latina: la pobreza, la falta de oportunidades, el abandono y el abuso.

Los ciclos de la violencia, como efectos colaterales de lo anterior, han determinado que la escena pública de El Salvador varíe del miedo a la represión; en la medida en que pandillas como los Maras financian su supervivencia como actores no estatales a través de la extorsión, el secuestro y la venta de armas y estupefacientes, entre otras actividades criminales. A ello se suman las detenciones arbitrarias, la encarcelación masiva, además del régimen de excepción que el Congreso del país ha concedido a solicitud del presidente; como una situación de emergencia en la que se suspende una serie de garantías constitucionales como la libertad de tránsito y expresión o la confidencialidad de las comunicaciones en El Salvador. Este llamado estado de excepción no es ajeno a nuestra realidad, toda vez que está reconocido en el artículo vigésimo noveno de la Constitución mexicana; aun cuando no se ha materializado, lo hemos identificado esbozado, por ejemplo, en los enfrentamientos contra el crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, conocidos comúnmente como culiacanazos, de 2019, y de enero de 2023. La creciente ola de violencia instó a que el derecho al libre tránsito de la población fuese moderado en razón de su seguridad, con declaraciones como evitar salir de casa o toques de queda legalmente establecidos. Aunque, claro, su naturaleza es distinta respecto del camino de represión que Bukele ha decidido seguir. Sin embargo, desde una perspectiva del Derecho internacional, la violabilidad de los derechos humanos —que

sirven como reglas no sólo de observancia sino de seguimiento por parte de todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas— debe ser, en teoría, perseguida o, al menos, más fácil de castigar que hace algunos años, teniendo en cuenta la institucionalización de la escena internacional. No obstante, las instituciones que regulan el sistema carecen de una característica fundamental de la norma jurídica: la coercibilidad; las decisiones institucionalizadas conforme al Derecho internacional son precarias en su realización, en tanto que las instituciones internacionales no poseen los medios vinculantes para hacer eficaces sus resoluciones en la escena de anarquía de la escena internacional.

La lucha contra la inseguridad se presume efectiva en El Salvador, como algo que se puede comprobar con la creciente popularidad del presidente salvadoreño, además del contento de la población, a tal punto que Bukele ha anunciado que irá por la reelección en 2024. Lo mismo se evidencia en el Latinobarómetro 2021, una recopilación de la opinión pública al menos de 18 países de la región, en la que, con 63 puntos porcentuales, la población salvadoreña afirma que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder siempre y cunado resolviera los problemas del país. La peculiaridad de la aprobación a una solución no democrática se replica en la percepción de otros países centroamericanos: República Dominicana, Honduras y Guatemala, vulnerables a los ciclos de inseguridad de la región. No obstante, la paradoja que ronda sobre El Salvador no es tan extraña de resolver: si en la medida en la que la construcción de una falsa sensación de seguridad a través de la erosión de la sociedad civil, la participación ciudadana, e incluso los derechos humanos, ha contentado a las personas, entonces supondría decir que las democracias, como las conocemos, se han ido quedando obsoletas.

Sobre lo anterior, entonces, ¿qué esperamos? ¿No por eso renunciamos a la libertad del ser para someternos a la seguridad que un Estado y, únicamente, el Estado, como ente guardián, podría asegurarnos? Siguiendo esa premisa, tal vez deberíamos comenzar por preguntar si los ideales de libertad que hemos perseguido hasta el cansancio son tan utópicos como parecen. 7

Discurso de Andrés Manuel López Obrador durante su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos Mexicanos (2018), Gobierno de México.

Recuperado de https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/discurso-del-lic-andres-manuel-lopez-obrador-durante-su-toma-de-posesion-como-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-183910.

1

Referencias • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 2014, artículo 29. Recuperado de http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/29.pdf.

• Discurso de Andrés Manuel López Obrador durante su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos Mexicanos (2018). Gobierno de México.

Recuperado de https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/discurso-del-lic-andres-manuel-lopez-obr ador-durante-su-toma-de-posesion-como-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-1839 10.

• García Márquez, G. (1955), La hojarasca, Editoras Vírgenes de Guadalupe, Barcelona. Adiós a Macondo (2021), Corporación Latinobarómetro [versión en pdf].

• “Los Maras: un ejército criminal, joven y armado” (2018), Consejo de Redacción. Recuperado de https://consejoderedaccion.org/noticias/ maras-un-ejercito-juvenil-armado.

• “Régimen de excepción: 12 meses de una medida de seguridad para proteger a la población” (2023). Asamblea Legislativa de El Salvador. Recuperado de https://www.asamblea.gob.sv/node/12709.

Carolina Elizabeth Vásquez Regalado es estudiante de Derecho y relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México; ex presidenta del comité de la Corte Internacional de Justicia en el modelo de Naciones Unidas Tecmun; miembro activo de la Coordinación de Género del Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, y, actualmente, interna de legal marketing en la empresa transnacional Colgate-Palmolive.

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[ Visión global ]

El rechazo a los refugiados Paulina Palencia Méndez

En el actual contexto internacional, las razones por las cuales migran las personas son muy diversas: las guerras, el cambio climático, la injusticia social, el colonialismo o la conquista de territorios y las crisis sanitarias. Como consecuencia de lo anterior, surgen interrogantes que vale la pena responder con seriedad: ¿la migración constituye un derecho humano? ¿Debe considerarse un acto ilegal aun cuando está inserto en el adn del ser humano buscar un lugar seguro para vivir? ¿Es un negocio? ¿Por qué se le considera un riesgo social y no una alternativa de supervivencia? ¿Qué medidas ha implementado la comunidad internacional para mitigar la migración de raíz y garantizar cobijo a los refugiados?

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esde la aparición de la especie humana (Homo sapiens), ésta ha visto la necesidad de desplazarse continuamente. Muestra de ello son las diversas teorías que existen sobre el surgimiento de diferentes poblaciones que dieron origen al sedentarismo y a la civilización per se. La subespecie del hombre moderno también conocido como Homo sapiens sapiens no es la excepción.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Tras el éxodo causado por la Segunda Guerra Mundial, en 1950 se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) con el objetivo de salvaguardar los derechos de todas las personas que han sido desplazadas voluntaria o involuntariamente de sus hogares y solicitan asilo o refugio en otro país.

60 abogacía Junio 2023

Un año después, en 1951, se firmó la Convención de Ginebra o la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,1 en la cual se hizo énfasis en que esa problemática depende de la cooperación y la voluntad política entre los Estados para resolverla. Asimismo, se definió a un refugiado como aquella persona que se siente perseguida por su país de origen por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o por opiniones políticas y, por lo tanto, solicita protección en otro país.

Setenta y dos años después, la situación es peor. Según el Informe Semestral de Tendencias Globales del acnur, de 2022, se calcula que hay 103 millones de personas desplazadas en el mundo y esa cifra aumentará como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, la crisis sanitaria en Siria tras los terremotos de febrero, las

caravanas masivas de América Latina y África al norte de América y Europa, respectivamente, así como el agravamiento de diversos conflictos armados en Sudán, Israel, Afganistán, Somalia, Yemen, etcétera.

Si bien la coordinación efectiva entre los Estados y la acnur va en aumento, también la desigualdad social y las condiciones de seguridad son más complejas, lo cual impide a los refugiados que retornen voluntariamente a sus países de origen debido a los múltiples peligros que enfrentan en el trayecto. En el informe semestral también se señala que existen 32 millones de personas refugiadas. ¿Dónde están los beneficios del multilateralismo? ¿Auspiciar un nuevo orden mundial debe desencadenar la furia del hombre para prevalecer? Es evidente que el multilateralismo está en riesgo por la falta de liderazgo y de entendimiento entre las

naciones para preservar la paz.

Sin embargo, las cifras demuestran que el multilateralismo actual ha sufrido un fracaso global en materia de derechos humanos y Estado de Derecho.

Conforme se agrave la lucha de poder en el presente mundo globalizado, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, el Derecho internacional humanitario, y todos los estatutos creados por el hombre para salvaguardar la seguridad internacionales, serán quebrantados —una y otra vez— por las mentes que apuestan a la autodestrucción, donde los juicios humanos y la realidad se encapsulan en los manifiestos de la supremacía moral de quienes se dicen líderes de los pueblos.

Xenofobia La visión amenazante que existe en relación con las caravanas

migrantes recae en la falta de empatía hacia otros seres humanos cuyas vidas están en riesgo. Esa deshumanización se ha agravado en los últimos años, no sólo en los medios de comunicación y en la opinión pública, sino también debido a la imprudencia en el sentir y en el actuar de algunos dirigentes políticos respecto de una cultura diferente, generando desasosiego entre los habitantes de un país receptor de migrantes.

La negativa perspectiva colectiva se debe al nulo compromiso y a la falta de credibilidad entre las partes para generar políticas públicas que salvaguarden los intereses de todos. De igual manera, la justicia social tiene que ser equitativa sin importar lugar de procedencia, raza, religión, género, entre otras, para evitar actos de discriminación que puedan desencadenar hechos violentos en contra de determinadas poblaciones.

Cotidianamente, la integridad de millones de personas está comprometida por el exacerbamiento del sistema mundial. Abusos contra migrantes se perciben y se viven en todos los rincones del mundo. En algunos países, esos migrantes son exterminados por la intolerancia religiosa, como lo hacen los musulmanes uigures en China o los musulmanes rohingya en Myanmar. En otros países son víctimas de la incompetencia institucional y de la corrupción procedente del conflicto de intereses y de la estigmatización. Un ejemplo de lo anterior fue lo que aconteció el 27 de marzo de 2023 en un albergue del Instituto Nacional de Migración (inm), en Ciudad Juárez, Chihuahua, México,2 donde presuntamente se protegía la integridad de los migrantes, así como sus derechos humanos. En esas instalaciones un incendio cobró la vida de 40 personas,

que fueron sentenciadas a muerte por la crueldad de los funcionarios públicos al hacer caso omiso del sentido común y negarles el auxilio. Por lo anterior, ¿este hecho debe considerarse un crimen de lesa humanidad? ¿Fue responsabilidad del Estado?

Riesgos migratorios Migrar es una aventura de alto riesgo. En nuestros días los riesgos migratorios cada vez son mayores, debido a que no sólo hay que superar las inclemencias climatológicas, sino que los migrantes también se enfrentan a una intensificación constante de la violencia en el lenguaje de algunos líderes políticos.

Aunado a lo anterior, la integridad de millones de personas —y en algunos casos exclusivamente de mujeres y niñas— se encuentra comprometida por la trata de personas y el tráfico de órganos que en ciertas regiones

convergen con el narcotráfico y el crimen organizado, responsables de frustrar los sueños de quienes anhelan vivir y dejar de sobrevivir.

En consecuencia, la actuación de los países receptores o de tránsito debe basarse en el respeto absoluto a los derechos humanos. No obstante, el entorno es diferente desde hace décadas. Para el crimen organizado y para algunos gobiernos los migrantes son percibidos como una fuente multimillonaria de ingresos, pues las personas pagan sobornos para garantizar su libre tránsito o para tener un guía hasta su destino final, lo cual implica una derrama económica inmensurable. Lo anterior se suscita en las caravanas migrantes de Centroamérica y Sudamérica que llegan a México con el propósito de solicitar asilo o refugio en su tránsito hacia Estados Unidos.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 61

[ Visión global ] recibidos con los brazos abiertos porque incentivaron la economía local en las principales ciudades del mundo. Ahora el panorama es distinto, puesto que la queja en esas ciudades radica en la falta de prevención en materia migratoria que impulsó la gentrificación y el encarecimiento de la vivienda, así como el desplazamiento social de quienes enfrentaron una situación de mayor vulnerabilidad por no poder competir con los salarios de los migrantes ricos. Entonces, ¿cuándo es viable la migración y cuándo no?

Migrar es una aventura de alto riesgo. En nuestros días los riesgos migratorios cada vez son mayores, debido a que no sólo hay que superar las inclemencias climatológicas, sino que los migrantes también se enfrentan a una intensificación constante de la violencia en el lenguaje de algunos líderes políticos.

Absorción de recursos La comunidad internacional juzga a la migración sólo cuando es ilegal, porque olvida que hay pobreza y desesperanza en los seres humanos que huyen de sus países de origen por falta

de oportunidades, por la inseguridad, por la persecución política, social y étnica de la que son objeto, y por hambre.

No obstante, en el auge de la crisis sanitaria por el Covid-19 surgieron los nómadas digitales,3

Comentarios finales La explotación masiva de los recursos naturales por parte de los europeos ha ocasionado que el orden mundial se vea alterado desde finales del siglo xx con migraciones masivas de africanos que atraviesan el Mar Mediterráneo y de latinoamericanos que sufrieron el intervencionismo y se aventuran en busca del sueño americano.

Entretanto, la región asiática concentra a tres países con el mayor flujo migratorio: Japón, Hong Kong y Corea del Sur, y las guerras civiles en Medio Oriente y en África han propiciado la creación de campos para refugiados.

¡Instalar más campamentos de refugiados no es la solución!

Denostar los motivos que orillan a millones de personas a migrar a otro país para mejorar su calidad de vida pone de manifiesto la intolerancia y la deshumanización que prevalecen en muchas partes del mundo. Por eso es necesario considerar a la migración como un factor positivo, sobre el cual debe impulsarse la cooperación de los países involucrados en el problema para hacerle frente de manera eficaz.

Apenas en diciembre de 2019 se llevó a cabo el primer Foro Mundial sobre los Refugiados.

Para algunos internacionalistas este acto solemne constituyó un hito, pues evidenció la buena voluntad de los Estados que mostraron empatía y solidaridad con los migrantes. Sin embargo, sus objetivos quedaron incumplidos.

La decadencia del multilateralismo es notoria, no por la falta de convenios, tratados o estatutos, sino por la escasa inteligencia emocional de los habitantes del mundo, absortos en los dispositivos móviles, quienes ignoran los verdaderos retos globales para contrarrestar la deshumanización del ser humano. ¡No cabe duda de que somos víctimas de nuestras mentiras colectivas! 7

Ese documento sólo consideraba como refugiados a los europeos. Posteriormente se creó el protocolo de 1967 que derogó la exclusividad de los europeos y habilitó la calidad de refugiado a cualquier ciudadano debido al surgimientos de nuevas inestabilidades.

2 Frontera con Estados Unidos.

3 Personas económicamente activas que tienen la oportunidad de laborar desde cualquier parte del mundo gracias a los avances tecnológicos.

1

Fuentes de consulta • Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Paulina Palencia Méndez es columnista de la sección Visión Global de abogacía y licenciada en relaciones internacionales por la Universidad Anáhuac.

Se ha desempeñado en el sector público, en el área de derechos humanos, y en el sector privado, en cuestiones administrativas, de logística internacional y medios digitales. Es analista de It Gossip Politics. @paupalmen.

62 abogacía Junio 2023

En este texto, Emilio Vargas Chávez se acerca al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, del Instituto Nacional de Desarrollo Social, para destacar la importancia de la coordinación entre el Estado y la sociedad civil en el combate a la violencia de género.

Emilio Vargas Chávez

Entender la violencia de género a partir de la relación entre el Estado y la sociedad civil 64 abogacía Junio 2023

N

o es una novedad para nadie que México está atravesando por uno de los periodos más complicados en cuanto al fenómeno de la violencia que sufren las mujeres por razones de género, siendo éste un problema que, aunque reconocido por el Estado, ha sido minimizado y su atención presenta deficiencias y carece de resultados palpables.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi),1 que tomó como base la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (endireh), la cual se especializa en conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres de diversos tipos, aplicada entre octubre de 2020 y octubre de 2021, los datos resultantes señalan que a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 por ciento han experimentado al menos un incidente de violencia en alguna de sus vertientes, esto es —como señala la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belem Do Para—, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Estos datos son alarmantes y aunque no constituyen nada novedoso sí son el reflejo de la escasa efectividad de las acciones gubernamentales, de las políticas públicas y de las leyes creadas para prevenir, erradicar y castigar la violencia contra las mujeres.

A nivel internacional y nacional existen esfuerzos normativos de gran relevancia que, preocupados por la violencia contra las mujeres, por constituir una ofensa a la dignidad humana, y aceptando que existe una realidad social y cultural generalizada de desigualdad entre hombres y mujeres, han reconocido jurídicamente que la violencia es un factor que impide el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y, por lo tanto, hacen el reconocimiento expreso de los derechos de éstas y establecen las obligaciones de los Estados de garantizar el goce, el ejercicio y la protección de los derechos de las mujeres.

La atención en esta materia representa retos importantes, toda vez que es difícil cuestionar y modificar los códigos culturales y las conductas asociados al género, ya que pueden estar arraigados como parte de la identidad de la población. No obstante lo anterior, justo por esta razón la intervención del Estado se considera necesaria y prioritaria y amerita una política integral (holística) de carácter transversal (gender mainstreaming)2 con acciones y políticas públicas concretas que contribuyan a la atención del problema y tengan un enfoque encaminado al pleno desarrollo de los derechos de las mujeres.

En este sentido, como parte de un enfoque de derechos en las políticas públicas y en las estrategias de desarrollo se han implementado distintos programas que forman parte de esta política pública transversal para la atención del problema de la violencia contra las mujeres. En particular, nos referimos al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social, por ser un ejemplo de trabajo coordinado entre la sociedad civil y el Estado.

La intervención del Estado se considera necesaria y prioritaria y amerita una política integral de carácter transversal con acciones y políticas públicas concretas que contribuyan a la atención del problema y tengan un enfoque encaminado al pleno desarrollo de los derechos de las mujeres.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 65

Este programa inició su operación en 2020 y su objetivo fundamental es brindar protección y atención integral y especializada —mediante el apoyo a refugios especializados y a centros externos de atención— a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos y sus hijas.

Al efecto, quienes han asumido un papel fundamental en las acciones para solucionar uno de los aspectos en la violencia de género —esto es, la atención de las víctimas de este fenómeno— son las organizaciones de la sociedad civil que, mediante la creación de refugios, buscan dar una atención integral para que las mujeres que sufren violencia de género tengan un lugar donde resguardase, ellas y sus hijos, brindándoles, además, no sólo seguridad física sino también psicológica.

Sin embargo, su participación en la creación de refugios y centros de atención, aunque valiosa, presenta varios problemas fácticos para su mantenimiento y su operación, por lo cual se requiere una intervención por parte del Estado para contribuir y apoyar a los refugios que tienen este fin.

Cabe mencionar que este programa se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 20192024 en lo referente al apartado de Política y Gobierno, así como al Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, en lo concerniente al objetivo 5 que busca contribuir a una cultura para la paz con el propósito de incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios.

El problema público en el que se busca incidir con este programa es la carencia de protección y atención especializada para las mujeres que viven en situaciones de violencia, con sus hijas y sus hijos, y que requieren un lugar seguro para salvaguardar su vida.

De acuerdo con los datos de la asociación civil Imind Strategic Consulting, encargada de la evaluación como instancia evaluadora (ie) del programa en 2021, cuya coordinación estuvo a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, ese programa abarca actualmente 72 refugios que se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional.3 Los refugios especializados y los centros de atención surgieron como una iniciativa de la sociedad civil y del movimiento

feminista en su búsqueda de colocar en la agenda pública el problema de la violencia de género como un fenómeno que impedía el libre ejercicio y el desarrollo efectivo de los derechos de las mujeres. Este compromiso en México fue positivizado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que, como parte de los compromisos del Estado, se encuentra el objetivo de favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios.

En este sentido, los refugios de la sociedad civil pueden solicitar su inclusión en este programa mediante el Sistema Informático de Refugios, acreditando su existencia, sus necesidades y su demanda de apoyo.

Ahora bien, de acuerdo con las conclusiones de la ie de este programa, si bien se apega a fines reconocidos no sólo a nivel nacional sino también internacional, esta política pública presenta algunas debilidades y amenazas.

Uno de sus principales problemas es que los refugios beneficiarios de este programa no continúan con el trabajo especializado que se requiere las 24 horas. Esto es indispensable tomando en cuenta que puede estar en riesgo la vida o la integridad física de las personas que se presentan a solicitar ayuda a estos refugios.

Otro problema que identificó el ie y que puede generar la desaparición de estos refugios es que no hay referente nacional de información sobre ellos, por lo que esta política pública es poco conocida, lo cual tiene como consecuencia la falta de presupuesto, así como la dificultad para que las víctimas de violencia puedan identificar de forma rápida y sencilla esos refugios.

Pese a esas debilidades, los refugios representan un factor positivo en la atención de un problema que es parte de la agenda pública y que por lo tanto requiere ser atendido mediante la participación de la sociedad civil con el apoyo del Estado.

La participación conjunta entre el sector público y el sector privado en un esquema de nueva gobernanza con perspectiva de derechos humanos es completamente necesaria para hacer frente a los grandes retos que representa el tema de la violencia de género. Y aunque los programas pueden tener ciertas deficiencias, lo relevante es que de manera conjunta se vaya trabajando en la solución del problema. 7

La participación conjunta entre el sector público y el sector privado en un esquema de nueva gobernanza con perspectiva de derechos humanos es completamente necesaria.

Véase https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/#General. Consultado el 5 de mayo de 2023.

Martha Lamas (s. f.), “El enfoque de género en las políticas públicas”, mimeo, México.

Instituto Nacional de Desarrollo Social e Imind Strategic Consulting (2022), “Informe final. Evaluación en materia de diseño del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”, pp. 1-63.

1 2

3

Emilio Vargas Chávez es abogado y asesor jurídico en materia de contrataciones públicas, es gerente jurídico de la empresa Ingeniería y Proyectos vmh y estudia la maestría en Derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho.

66 abogacía Junio 2023

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[ El notario responde ]

Roberto Garzón Jiménez

La forma en la era digital La evolución tecnológica de los últimos años, acelerada por la pandemia, ha implicado un proceso de adaptación en muchos ámbitos. El Derecho no ha sido ajeno a este fenómeno y desde luego no se ha quedado atrás.

El notario Roberto Garzón Jiménez presenta la forma en la que esto ha influido en los actos jurídicos.

68 abogacía Junio 2023

L

a evolución tecnológica ha impactado en el Derecho. Esto puede constatarse en las reformas que se han realizado a diversos ordenamientos legales, entre ellos, a la Ley del Notariado para la Ciudad de México, con la finalidad de dar respuestas a las necesidades de la población en esta materia.

Recordemos que la teoría general del acto jurídico —concretamente en materia de exteriorización de la voluntad y del perfeccionamiento del consentimiento—, a diferencia de lo que puede pensarse por su antigüedad, tiene un marco regulatorio general en el cual sólo fueron necesarias unas pocas reformas

para responder a las exigencias que supone la contratación digital.

Además, los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología son precisamente eso: medios por los cuales se exteriorizan las voluntades en busca de un acuerdo. Si esas voluntades son concurrentes se perfeccionará el consentimiento; existirá, en consecuencia, un contrato a través del cual se alcanzarán las finalidades directas e indirectas pretendidas por las partes.

Debemos evitar considerar a los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología como otra forma de exteriorizar la voluntad. En realidad, son el entorno en el que se manifiesta

dicha voluntad. Esto lo comprendió así el legislador de 1928 al señalar que la voluntad se podía exteriorizar por medio del teléfono y del telégrafo, no como otros modos de manifestar la voluntad, sino como los medios por los cuales la voluntad podía expresarse verbalmente en el caso del teléfono y por escrito en el caso del telégrafo.

La voluntad se puede exteriorizar de manera expresa o tácita. Será expresa cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos, y será tácita la que resulta de actos o hechos que presupongan la voluntad o que autoricen a presumirla, con independencia de que esta exteriorización de la voluntad se realice de forma presencial o por medios electrónicos, ópticos, telefónicos, telegráficos o de cualquier otra tecnología.

En el entorno digital, la voluntad se exterioriza expresa o tácitamente. Por ejemplo, estaremos en presencia de una manifestación escrita en el caso de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o cuando utilizamos el correo electrónico, pero también existen otras plataformas digitales por medio de las cuales la voluntad se puede exteriorizar de modo verbal, por signos inequívocos, y también se puede apreciar, mediante su uso, el acto o el hecho que constituye la voluntad tácita, como sería el caso de Facetime, Zoom, Google Meet, entre otras.

Ahora bien, cuando se trata de determinados actos o contratos no basta con exteriorizar la voluntad de alguno de los modos señalados en el marco general para que el contrato o el acto jurídico unilateral sean válidos, sino que esa manifestación debe hacerse respetando la forma que establece la ley para ese acto jurídico; por lo cual, si la forma que se establece es la de la escritura pública, se tiene que respetar esa formalidad para que el acto jurídico sea válido con independencia del entorno en el que se realice.

El 4 de agosto del presente año entrará en vigor la reforma a la Ley del Notariado para la Ciudad de México, la cual regula la actuación digital del notario y permite

el otorgamiento de escrituras públicas digitales, entendidas como el instrumento público electrónico original que el notario redacta y que aloja en su protocolo digital para hacer constar uno o más actos jurídicos y que, firmado por los comparecientes con su firma electrónica para la actuación digital notarial, autoriza con su firma electrónica notarial.

Sólo el instrumento digital que se otorgue de esa manera será una escritura pública, de la misma forma que actualmente sólo son escrituras públicas las que se asienten en los folios del protocolo ordinario.

Es importante recalcar que una de las principales características de la escritura pública es que el notario es su autor; es quien recibe la voluntad de las personas que acuden ante él, la interpreta, y redacta la escritura, la cual, tratándose de un instrumento físico, se asienta en los folios que son las hojas que constituyen su papelería oficial y que conforman su protocolo ordinario, y si se trata de un instrumento digital lo debe alojar en su protocolo digital; de lo contrario no se trataría de una escritura pública.

No debemos confundirnos: cuando la forma que debe revestir el acto o el contrato es la consensual, bastará con que el consentimiento se exteriorice de manera expresa o tácita, ya sea en un entorno físico o digital; por ejemplo, si dos personas llevan a cabo la compraventa de un automóvil verbalmente por medio de la plataforma Zoom el contrato es perfectamente válido; si la forma es por escrito y las partes de un contrato lo firman utilizando una aplicación, es válido; pero si la ley exige forma de escritura pública deberá otorgarse de esta manera y sólo así será válida.

No debemos confundirnos: cuando la forma que debe revestir el acto o el contrato es la consensual, bastará con que el consentimiento se exteriorice de manera expresa o tácita, ya sea en un entorno físico o digital.

No constituye escritura pública un instrumento levantado con motivo de una fe de hechos en la que un notario aprecie sensorialmente un aparente acuerdo de voluntades o la celebración de un contrato. En esos casos la naturaleza del instrumento que el notario elabora no es la de una escritura pública, sino la de un acta notarial. En estos casos el notario sólo certifica la ocurrencia de hechos, mas no es el autor del contrato, ni tampoco se hace responsable de su legalidad.

En la Ciudad de México, para evitar confusiones, la ley establece que el notario debe abstenerse de realizar una fe de hechos de la celebración de contratos que requieran forma de escritura pública, pues son inválidos.

En poco tiempo los notarios de la Ciudad de México podremos actuar en el protocolo digital y otorgar las escrituras públicas en ese entorno, lo cual permitirá a toda la población optar por ese medio de contratación con total seguridad jurídica, informática y, desde luego, en el seno del Estado de Derecho. 7

Roberto Garzón Jiménez es notario 242 de la Ciudad de México

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 69

[ ¿Qué dicen hoy los tribunales? ] Denise Tron Zuccher y Mariana Ruiz Albarrán La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre el control militar de la Guardia Nacional. En materia fiscal, validó el tope a la deducción de intereses para empresas y los nuevos requisitos para deducir pérdidas por créditos incobrables. Además, modificó su criterio de 2014 para ampliar la protección a las víctimas de delito y asegurar una reparación integral del daño.

CONSTITUCIONAL Violencia digital: compartir fotografías íntimas Compartir fotografías íntimas por medios digitales no autoriza a la persona que las recibe a difundirlas o compartirlas con otros. Si una persona difundió fotografías íntimas de una mujer, el juez que conozca del asunto debe juzgar con perspectiva de género y proteger los derechos a la intimidad, la vida privada, el honor y la propia imagen de las mujeres.

Registro: 2026347.

La Suprema Corte invalidó el control militar de la Guardia Nacional El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) analizó diversas normas que en septiembre de 2022 modificaron la organización de la Guardia Nacional y se invalidó lo siguiente: • Dirección de la Guardia Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no puede tener control directivo, presupuestal ni administrativo de la Guardia Nacional debido a que ésta tiene una naturaleza civil.

Dichas funciones deben estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que depende del Ejecutivo federal.

• Nombramiento de comandancia. La Sedena no puede proponer su nombramiento.

• Miembros de la Guardia Nacional. Los elementos que provengan del ejército y se integren a la Guardia

70 abogacía Junio 2023

Nacional no podrán considerarse miembros activos del ejército.

FISCAL La Suprema Corte validó el tope a la deducción de intereses para empresas A partir de una reforma de 2020, la Ley del Impuesto sobre la Renta estableció que no son deducibles los intereses pagados que superen 20 millones de pesos y que excedan 30 por ciento de la utilidad fiscal ajustada. En este asunto, la empresa quejosa sostuvo que el concepto “utilidad fiscal ajustada” viola el principio de seguridad jurídica, criterio que no fue aceptado por la Primera Sala, que confirmó la constitucionalidad del tope a la deducción de intereses para personas morales. Comunicado scjn 115/ 2023. isr sobre indemnización

por terminación de trabajo La Ley del Impuesto sobre la Renta no viola el principio de proporcionalidad tributaria por gravar los ingresos que obtiene un trabajador al término de una relación laboral, como indemnizaciones, primas de retiro y antigüedad. La ley establece que se tendrá que pagar este impuesto por los ingresos que excedan 90 veces el salario mínimo. Registro: 2026240.

Deducción de pérdidas por créditos incobrables En relación con el mismo impuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió que sí es válida la obligación que

tienen los contribuyentes de acreditar ante el Sistema de Administración Tributaria que se realizaron gestiones de cobro a través de una resolución emitida por una autoridad; por ejemplo, una sentencia dictada en un juicio mercantil, como requisito para poder deducir las pérdidas por créditos incobrables. Comunicado scjn 141/2023.

AMPARO Nuevas prohibiciones para venta de tabaco: no a la suspensión Dos tribunales negaron la suspensión solicitada en amparo para evitar la aplicación de las nuevas disposiciones del reglamento de la Ley General de Control del Tabaco de diciembre de 2022.

En relación con la exhibición y la venta de tabaco, un tribunal de Nuevo León negó la suspensión señalando que la finalidad de estas normas es proteger el derecho a la salud de forma progresiva, no obstante que el reglamento establece mayores prohibiciones para la exhibición y la venta de productos de trabajo que establece la ley de la materia. Registro: 2026247.

Un tribunal de Chihuahua negó la suspensión respecto del consumo de tabaco en restaurantes y lugares públicos, al señalar que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no permite el consumo de tabaco en esos lugares, por lo que debe privilegiarse la protección a un medio ambiente sano y a la

salud. [Jurisprudencia] Registro: 2026345.

PENAL Un nuevo derecho humano: la reparación integral del daño Tanto la fiscalía como los jueces penales tienen una obligación reforzada para asegurar que la indemnización para la víctima del delito sea proporcional y que efectivamente repare el daño que le fue causado, además de garantizar que se cumpla con las medidas acordadas. [Primera Sala, jurisprudencia] Registro: 2026334.

Indemnización a víctima por accidente La scnj amplió la protección al modificar su criterio. La víctima de un delito podrá demandar que se repare el daño civil a pesar de que en el procedimiento penal haya recibido una indemnización con motivo del acuerdo reparatorio que se siguió con el responsable del delito. [Jurisprudencia] Registro: 2026335. ¿Sabías qué…?

En 2014 la Primera Sala sostuvo que, al recibir una indemnización en el juicio penal, la víctima ya no podría solicitar la reparación del daño en un juicio civil.

Con la nueva jurisprudencia, las víctimas podrán recibir las dos indemnizaciones: en la vía penal y en la vía civil. [Jurisprudencia de 2014] Registro: 2007292.

Pena de prisión por extorsión agravada en Chihuahua La Primera Sala comparó la pena de prisión de 30 a 60

años prevista para el delito de extorsión agravada por el Código Penal de Chihuahua y determinó que no es proporcional en relación con el resto de los delitos que protegen los mismos bienes jurídicos —paz, seguridad de las personas e inviolabilidad del domicilio—, que tienen penas notoriamente inferiores. [Tesis aislada] Registro: 2026336.

Acceso a la carpeta de investigación La Primera Sala analizó los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y resolvió que las personas que estén siendo investigadas por el Ministerio Público tienen derecho a acceder a la carpeta de investigación cuando se encuentren detenidas, cuando sean citadas como imputadas, o bien cuando la autoridad realice actos de molestia en su contra.

Con eso se garantiza el derecho a una defensa adecuada de la persona investigada. Comunicado scjn 113/2023 .

Derecho a la no autoincriminación y toma de muestras La Primera Sala confirmó que el Ministerio Público puede obtener muestras de sangre de personas que están relacionadas con la investigación de un delito, incluso en contra de su voluntad: • No autoincriminación. Este procedimiento no transgrede el derecho a no autoincriminarse, ya que no se refiere a la credibilidad o al testimonio de la persona.

P D e A

• Tratos crueles o inhumanos.

No se considera como un trato cruel o inhumano, ya que tiene como fin conocer la verdad, lo cual es válido a la luz de la Constitución.

• Control judicial previo. Se requiere orden del juez, quien podrá negar esta práctica cuando exista otra forma de acreditar los hechos. [Tesis aisladas] Registros: 2026311 y 2026312.

Golpean a hombre y son acusados de homicidio Si un grupo de personas golpean a otra causándole la muerte, todos serán responsables del delito de homicidio a pesar de que: i) no pueda determinarse cuál fue el daño que produjo cada una de ellas y ii) no haya existido un acuerdo previo entre los atacantes.

La Primera Sala convalidó la figura de “autoría indeterminada” prevista en la legislación de la cdmx, que establece que serán responsables penalmente las personas que cometan un delito aunque no estén organizadas para actuar. [Jurisprudencia] Registros: 2026321, 2026320, 2026322.

entenderse por aquel en el que vive aquella persona. En caso de que el migrante cuente con doble nacionalidad sólo es necesario que acredite que huyó por determinadas razones del país en el que residía (Venezuela) y no de aquel en que nació (Chile).

Registro: 2026245.

CIVIL ¿Rendir cuentas de pensión alimenticia?

El padre o la madre que reciben la pensión alimenticia para sus hijos no están obligados a rendir cuentas a su ex pareja acerca de cómo administran el dinero. La Suprema Corte consideró que esto sería irrazonable y desproporcionado. [Primera Sala, jurisprudencia] Registro: 2026288. ¿Cómo probar que sí se realizó una compra en línea?

Cuando la persona realiza una compra en una tienda en línea recibe un código a su celular y lo ingresa a la página web, está verificando su identidad y con eso queda probado que fue ella quien realizó la operación. Por lo tanto, posteriormente no podrá argumentar que ella no hizo la compra. Registro: 2026259.

ADMINISTRATIVO MERCANTIL Migrante con doble nacionalidad; le niegan condición de refugiado Para obtener la condición de refugiado es necesario que el migrante acredite que huyó de su país de origen. En este criterio, un tribunal interpretó que “país de origen” debe

Negociación en juicio oral mercantil Las negociaciones que realicen las partes en la etapa de conciliación no pueden ser utilizadas como argumentos de defensa cuando se abra el juicio mercantil. Si en la conciliación la

empresa demandada ofreció un pago para llegar a un acuerdo esto no da lugar a considerar que reconoció el adeudo. [Primera Sala, jurisprudencia] Registro: 2026272.

Condena a compañía de seguros por no pago al asegurado Las compañías de seguros tendrán que indemnizar al asegurado cuando se nieguen a pagar las sumas aseguradas. Al monto de la indemnización se acumularán los intereses que se generen por cada mes de retraso —capitalización de intereses—. La Primera Sala resolvió que esta figura es constitucional en tanto busca proteger a las personas que contratan un seguro. [Jurisprudencia] Registro: 2026330. ¿Sabías qué…?

La figura de “capitalización de intereses” o “anatocismo” fue analizada por la Suprema Corte en 1998, en un caso que trascendió a todo el país. Te recomendamos consultar el comunicado de prensa publicado ese año: Comunicado snc/1998.

LABORAL Conciliación prejudicial y conflictos de competencia La etapa de conciliación prejudicial que fue tramitada en un centro de conciliación local tendrá que considerarse válida a pesar de que al momento de llegar a juicio se determine que se trata de un conflicto federal y por lo tanto debe tramitarse ante un tribunal laboral federal.

Registro: 2026235. 7

Pérez de Acha Ibarra de Rueda Denise Tron Zuccher es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asociada de PDeA Abogados y directora ejecutiva en la organización Justicia Justa.

Mariana Ruiz Albarrán es egresada de la licenciatura de Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, colabora en PDeA Abogados y es directora del área de litigio público en la organización Justicia Justa

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 71

Derecho y LITERATURA Alba Nidia Morín Flores

La literatura de ficción juega un importante rol en el cuestionamiento de la realidad. Alba Nidia Morín Flores se aproxima a la dictadura nicaragüense a través de la novela Tongolele no sabía bailar de Sergio Ramírez.

L

as naciones en América Latina comparten problemáticas sociales comunes: pobreza, precariedad laboral, inseguridad, corrupción, falta de crecimiento económico, desigualdad y mala gobernanza, constituyen claros ejemplos (cepal, 2023). De todas ellas, una de las más recurrentes y difíciles de erradicar es el surgimiento de autoritarismos y dictaduras que de forma persistente se encuentran presentes a lo largo de la historia latinoamericana desde la consumación de las independencias.

Son pocos los países del continente que han escapado al establecimiento de esos regímenes; nombres como Rafael Videla, Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner, Rafael Leónidas Trujillo o Anastasio Somoza resuenan en la memoria colectiva de las naciones por el horror que dejaron a su paso1 ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

La erradicación de conductas que violan derechos humanos, esenciales para la instauración de los sistemas democráticos, como la desaparición forzada, la tortura, las detenciones arbitrarias, la prisión por motivos políticos, así como los atentados contra la libertad de expresión, prensa y manifestación, constituyen algunos de los desafíos más urgentes a nivel continental. La eliminación del surgimiento de los sistemas autoritarios es un reto en las naciones del continente, pues su presencia todavía continúa.

En la actualidad, resalta, para el presente escrito, el caso del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, por ser uno de los sucesos autoritarios más recientes en América. Su obstinación por el poder acalló sus años de lucha en contra de la dictadura de los Somoza, pues permanece en la presidencia desde 2007, durante su quinto mandato, valiéndose, como

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en toda dictadura, de medidas para coartar la libertad de prensa, arrestando a sus contrincantes políticos y persiguiendo a sus opositores.

De acuerdo con Amnistía Internacional, desde diciembre de 2022 el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado la personalidad jurídica de más de 3,144 organizaciones y 12 universidades aludiendo a irregularidades a nivel administrativo. Además, en febrero de este año exilió a cerca de 222 personas y despojó de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses dedicados a la defensa de los derechos humanos y al ejercicio del periodismo (Amnistía Internacional, 2023).

El ataque a la libertad de expresión y manifestación de ideas ha constituido uno de los blancos principales del régimen dictatorial de Ortega, quien además de atentar contra

periodistas, manifestantes y estudiantes lo ha hecho contra literatos y poetas. De ellos destaca Sergio Ramírez Mercado (1942), figura importante de las letras, galardonado con algunos reconocimientos como el Premio Cervantes en 2017.

Ramírez, ferviente opositor de los regímenes autoritarios, al encabezar en 1977 el grupo de Los Doce contra la dictadura de Anastasio Somoza y quien fungiera como vicepresidente del país durante el mandato de Ortega de 1985 a 1990, ahora es blanco de ataque, pues en septiembre de 2021 fue acusado por la Fiscalía General de la República de Nicaragua por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, así como de conspiración y fomento e incitación al odio.

Su obra Tongolele no sabía bailar (2021) es una de las tantas publicaciones retenido en las aduanas nicaragüenses pues, de acuerdo con el gobierno de Ortega, es sediciosa. La narración se ubica en 2018 en medio de las revueltas y las manifestaciones de la población en general y, principalmente, de los jóvenes universitarios, aunque en su seno se encontraban “transeúntes, empleados de oficinas, cajeros de bancos, dependientes de comercio, vendedores callejeros, motociclistas, taxistas, conductores de caponeras, gente que acudía de los barrios” (Ramírez, 2021, p. 83), quienes alzaron la voz ante las injusticias del país.

La violenta y brutal represión por medio de grupos paramilitares y de la Policía Nacional aparece retratada en la novela con magistral nitidez, lo cual permite advertir el abuso del poder y la vulnerabilidad en la que se encuentra la mayoría de los que no apoyan a Ortega, quienes son víctimas de tortura, desaparición y exilio. En uno de los diálogos de la obra se advierte cómo “el que se atreve a hablar, después que lo llevan a dar un tour para que conozca las celdas subterráneas de El Chipote, se queda mudo para siempre…”

(Ramírez, 2021, p. 76).

El ejercicio del poder ilimitado, la violación de los derechos humanos, así como las atrocidades cometidas en contra de la población que dejó un saldo de cerca de 400 muertos forman parte de la temática central. La ficción expuesta por Ramírez es un recurso peligroso para el régimen dictatorial nicaragüense, pues a través de la estética cuestiona las

estructuras sociales y los discursos dominantes y abre una ventana para la crítica a los autoritarismos.

Así como en las principales dictaduras de mediados del siglo xx la expresión artística está nuevamente en el blanco de la censura con el objetivo de incapacitar a los agentes sociales en el entendimiento de la vida social y en la comprensión de la complejidad y la diversidad de los fenómenos de la vida colectiva. El ocultamiento de información, la prohibición de divulgación de todo pensamiento inconforme, crea un obstáculo en el desarrollo del pensamiento crítico y disidente (De Lima Grecco 2016, p. 126).

En esta tesitura, el ataque a una obra literaria en realidad es una agresión en contra del análisis, la reflexión y la crítica que fomenta la literatura, un atentado contra la imaginación y la emancipación, que al menos en nuestro continente ha jugado un papel preponderante como forma revolucionaria del pensamiento ante las circunstancias sociales y políticas de las naciones. Por eso es un peligro para los gobiernos autoritarios que pretenden ocultar y acallar las libertades fundamentales y los derechos humanos.

De nuevo, la historia latinoamericana nos muestra las dificultades de las naciones en la construcción de las democracias y la implacable búsqueda de los regímenes autoritarios por silenciar las palabras que en nuestra región han constituido verdaderas armas de lucha. 7

La cantidad de víctimas y desaparecidos es muy grande. Tan sólo en Argentina, de acuerdo con el informe “Nunca más”, cerca de 8,960 personas sufrieron desaparición forzada. “Nunca más” (1984), Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Eudeba, Buenos Aires. Consultado en http://www.desaparecidos.org/ arg/conadep/nuncamas/479.html.

1

Referencias • Amnistía Internacional, Datos y cifras: los derechos humanos en las Américas en 2022-2023. Consultado en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/03/ facts-figures-human-rights-americas-2022-23/.

• cepal, “En 2023 el crecimiento será más lento en América Latina y el Caribe: así es como se puede revertir el ciclo”. Consultado en https://www.cepal.org/es/ articulos/2023-2023-crecimiento-sera-mas-lento-america-latina-caribe-asi-es-como-se-puede-revertir.

• Lima, G. de (2016), “La censura literaria: desarrollo conceptual y teórico, los efectos de su acción y su funcionamiento”, Anuario de Literatura, 21(1), 124-141.

• “Nunca más” (1984), Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Eudeba, Buenos Aires. Consultado en http://www.desaparecidos.org/arg/ conadep/nuncamas/479.html.

• Ramírez, S. (2021), Tongolele no sabía bailar, Alfaguara, México.

Alba Nidia Morín Flores es doctora en Derecho y profesora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

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Derecho y cine Jaime Vázquez

Milk, cine y diversidad sexual

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La lucha social de los movimientos identitarios, junto con otros grandes tópicos, ha sido representada en el cine. Actores políticos y activistas que han desempeñado un papel trascendente en la inclusión de la diversidad sexual en las estructuras sociales han sido retratados en las representaciones que se proyectan en las grandes pantallas.

Este mes Jaime Vázquez nos presenta el caso de Milk.

E

n 1984 Rob Epstein dirigió Los tiempos de Harvey Park, un claroscuro sobre la adolescencia, la muerte, Milk, documental con el que ganó un Oscar en la violencia y la culpa.

1985. En 1990 obtuvo su segundo Oscar por Hilos Con guión de Dustin Lance Black, ganador de los Precomunes: historias del edredón. mios bafta y del Oscar, Milk es la historia Hay un puente que une a las dos cinde la autoafirmación y la batalla persotas: la mirada reflexiva y punzante y el nal de un activista y. al mismo tiempo, discurso sobre la inclusión, la diversidad el retrato de una época esencial en la sexual, las políticas públicas relativas lucha por abrir caminos legales y polítia las comunidades homosexuales, los cos al reconocimiento de la diversidad. derechos y la legislación que se abren Sean Penn interpreta a Harvey Milk paso a tropiezos en el reconocimiento en sus dimensiones de militante, políde una realidad social. tico en formación y consolidación, y ser Harvey Milk (Nueva York, 1930) fue humano en la búsqueda de razones y un activista por los derechos de los certezas legales que den cabida a lo homosexuales que en 1997 fue electo diverso y amplíen el mundo. miembro de la Junta de Supervisores Retrato de una época, Milk hace de San Francisco para convertirse en énfasis en la atmósfera de cerrazón el primer político abiertamente homosocial y en la búsqueda de libertad que sexual en ocupar un cargo de elección nacía en el célebre barrio de Castro en en Estados Unidos.

San Francisco.

En octubre de 2008 se estrenó en James Franco y Diego Luna dan ese país la película Milk, dirigida por Gus vida a las parejas de Milk, y Josh Brolin Van Sant, con Sean Penn en el papel asume el papel del concejal Dan White, de Harvey Milk, personaje que en ese quien compartió espacios de decisión El estreno de Milk momento ya era una figura icónica de con Milk y que, por diferencias políticas en Estados Unidos la lucha por los derechos civiles. y personales, asesinó a tiros a Milk y a Gus Van Sant (Kentuky, 1952) George Moscone, alcalde de la ciudad, fue, a la vez, escedebutó como director en 1985 con el 27 de noviembre de 1978. nario propicio para Mala noche, sobre la autobiografía del El estreno de Milk en Estados Unique diversas asopoeta Walt Curtis, y en 1989 dirigió dos fue, a la vez, escenario propicio ciaciones a favor de la aclamada Drugstore Cowboy. Otro para que diversas asociaciones a favor éxito de su filmografía fue Mente indode los derechos de los homosexuales los derechos de los mable (Good Will Hunting), que lanzó se manifestaran para exigir reformas homosexuales se mania la fama a los jóvenes Matt Damon que permitieran el matrimonio entre festaran para exigir y Ben Affleck. En 1998 Van Sant tuvo personas del mismo sexo, entre otras un estrepitoso tropiezo al filmar su demandas. reformas que permiversión de Psicosis, la obra maestra de Cine de tesis, comprometido con las tieran el matrimonio Alfred Hitchcock. Antes de emprenideas, Milk propone una reflexión neceentre personas del der Milk, Van Sant tomó la novela de saria para la inclusión, la diversidad, la Black Nelson para realizar Paranoid igualdad y la libertad. 7 mismo sexo,

Jaime Vázquez ha sido promotor cultural por más de 40 años. Estudió filosofía en la unam. Fue docente en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha publicado cuento, crónica, reportaje, entrevista y crítica y es colaborador del sitio digital zonaoctaviopaz. @vazquezgjaime

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[ Los universitarios hablan ]

Malas prácticas parlamentarias Las decisiones que ha tomado el Congreso de la Unión, a partir de cuestiones políticas antes que técinicas, y el impacto que tiene en la deformación del Derecho, son un tema que aqueja a la comunidad, incluso a la estudiantil. Mirna Molina Alonso y Arturo Yamil Alvarado Díaz Slim reflexionan al respecto.

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Crónica de un cierre de sesiones desafortunado

El Congreso de la Unión es el máximo órgano de representación de la pluralidad de nuestro país. A través de éste, formalmente se busca dar voz a cada uno de los sectores que conforman a la sociedad, pero, ¿qué pasa cuando hay una mayoría aplastante que no permite un justo plano de igualdad para la deliberación parlamentaria?

La dispensa de trámites está prevista en el artículo 82 de la Ley General del Congreso de la Unión cuando se aborda un asunto de urgente u obvia resolución; sin embargo, han existido diversos pronunciamientos de la Corte sobre cuáles son los requisitos de procedencia, entre los cuales destaca que existan determinados hechos que generen una verdadera condición de urgencia que se relacione con el contenido de la aprobación.

Sin embargo, a pesar de estos pronunciamientos, no existe una regulación precisa para poder cumplir un estándar deseable de deliberación de las minorías, lo que propicia que las consecuencias terminen recayendo en los actores legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad como medio de defensa y protección de los intereses de una sociedad que debe ser representada.

No es una figura novedosa; lo que sí es novedoso es la cantidad de veces en que en la actual legislatura se ha

utilizado para atender los caprichos de un Poder Ejecutivo que propone iniciativas sin un análisis completo de sus impactos. El problema de que no exista un contrapeso en el Poder Legislativo propicia iniciativas aprobadas sin haber sido leídas. Apenas el 23 de abril en la Cámara de Diputados se celebró el Día del Libro y la diputada Teresa Ochoa hizo el siguiente pronunciamiento: “En esta semana, en la que habrá una cascada de dictámenes, a los que tratarán de dispensar los trámites legislativos, es un bueno momento para recordar que no deberíamos votar sin leer lo que aprobamos; lo que nos hace revelador el significado de la importancia de celebrar un día como hoy.”

En esta última cascada de iniciativas, la cámara de origen fue la Cámara de Diputados, en la que se dispensó el trámite de forma integral; sin embargo, al pasar a la de Cámara de Senadores esas iniciativas sí se turnaron a comisiones. Vale la pena preguntar: ¿realmente, el simple hecho de que se turnen a comisiones dos o tres días antes de votarse en pleno, es suficiente para considerar que se cumplió un análisis exhaustivo? Hay muchas propuestas que se dictaminaron un día antes de la sesión del 28 de abril; entonces podemos asegurar que formalmente hubo dictamen. ¿Tenemos que conformarnos con esa formalidad o debemos exigir un proceso que realmente atienda el fondo de las iniciativas?

Ahora, un hecho importante que la última semana descontroló a la Cámara de Senadores, fue la falta de nombramientos para las personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya que la oposición no estaba dispuesta a sesionar hasta que no hubiera un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para después votarla en el pleno y cumplir con su obligación constitucional.

Después de múltiples intentos fallidos de sesionar en su sede habitual, se alcanzó al quórum y la votación suficientes para cambiar de sede, a la cual sólo la senadora Xóchitl Gálvez llegó para encadenarse a la silla de la mesa directiva, obligando a que los senadores de la mayoría sesionaran en el patio de Xicoténcatl.

Lo que ocurrió en la última semana de abril fue la demostración más grande de que la mayoría parlamentaria está dispuesta a evadir todos los obstáculos; no fue algo de la noche a la mañana.

Este golpe fatal al Derecho parlamentario se había ido orquestando sesión tras sesión.

Mirna Molina Alonso Escuela Libre de Derecho @MirnaMolinaAlo1

Una práctica legislativa degenerativa

Cinco horas bastaron para que el Senado aprobara 20 reformas. En sesión ordinaria del 28 de abril de 2023 se desencadenó una de las clásicas novelas políticas mexicanas que no sorprenden, pero continúan decepcionando. Previamente, la oposición ya había tomado la tribuna del Senado de la República precisamente para intentar evitar los planes de los senadores de Morena.

Iniciada la sesión en sede alterna y sin quórum, los senadores de Morena empezaron modificando ilegalmente el orden del día para obtener el quórum necesario y sesionar. Se le tomó protesta a Tanya Carola Viveros Cházaro, suplente de Claudia Esther Balderas Espinoza, quien se encontraba de viaje en Europa y la que recientemente se viralizó en redes sociales por llevar meses de retraso en el pago de la renta del departamento que habita en la colonia Del Valle. Y así se dio lugar a la sesión.

Entre las reformas y los proyectos aprobados destacan los siguientes: la nueva Ley Minera; la creación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que tomará el lugar del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuyas funciones se integrarán al imss-Bienestar, y la facilitación de la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones aeroportuarias.

Los efectos que conlleva lo que se aprobó en esas sesiones son muchos para abordarlos en un par de líneas, y la calificación de si son o no positivos merece ser visitada después de un análisis particular de cada proyecto y de cada reforma. Sin embargo, lo que amerita mayor comentario es que la mala e ilegal práctica legislativa se ha vuelto la regla en los últimos años, principalmente a causa del partido político dominante: Morena.

Si bien es cierto que antes de 2018 nunca se había visto un apoyo democrático tan aplastante por un partido y, en particular, por una persona, hay que preguntar si la legitimación popular realmente es una buena justificación para no obedecer la ley. “No me vengan con que la ley es la ley”, parece haberse vuelto el eslógan del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, pues no es la primera vez que aprovechan su mayoría en el Congreso para hacer caso omiso del debido proceso legislativo y empujar sus intereses. Un ejemplo perfecto de lo anterior es el banquete de reformas del 28 de abril, en el que llegaron a aprobar proyectos que suman cientos de artículos reformados sin siquiera discutirlos.

Así las cosas, sin pasar por alto ni ignorar que la democracia consiste en el poder de las mayorías, es momento de reflexionar sobre la fortaleza de los cimientos de nuestras instituciones pues hoy en día hemos tolerado las violaciones a la ley, ya que confiamos en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, ¿qué sucederá el día en que un solo interés controle también a nuestro Poder Judicial?

Arturo Yamil Alvarado Díaz Slim Escuela Libre de Derecho @arturoyamilads

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Para leer Dulce Karina Flores Cruz

Alejandro Olvera Fuentes

La inteligencia artificial es una combinación de algoritmos que tiene como objetivo presentar las mismas características que un ser humano y en la actualidad, la Inteligencia artificial ha ido ganando terreno dentro de nuestras vidas, un claro ejemplo es Chat GPT. Recientemente fue publicado “Inteligencia Artificial y Derecho”, dicha obra contiene trabajos de diferentes especialistas en la materia, especialistas como Bibiana Luz, Emerson Wendt, Michelle Fernanda Martins, Valquiria Cirolini, Daniel Córdova, Lorenzo Bujosa, Wilma Arellano, Armando Becerra, Mario Gómez, Alicia Guerra, Miriam Padilla, Aura Ruiz y por supuesto, Alberto Nava.

La diversidad de pensamientos que podemos encontrar en este libro es muy enriquecedora, debido a que los autores provienen de Argentina, Brasil, España y México, se nos presentan diversos artículos en los que podemos encontrar los desafíos, la regulación, los principios, la función jurisprudencial, las repercusiones e inclusive la apertura de nuevos campos como es la Neurocriminología.

El doctor Alberto Enrique Nava Garcés vuelve a acertar en esta obra, la inteligencia artificial cada vez toma más relevancia, por lo que es importante conocer la relación del derecho con ésta misma.

Esta obra es una lectura obligatoria para todos aquellos que estén interesados en la inteligencia artificial, el futuro de esta con relación al derecho y todos los desafíos que esto conlleva, además de las reglamentaciones que normen su utilización, ya que la incorporación de la IA es inminente.

Sin lugar a dudas, Roberto Gargarella es una de las mentes contemporáneas más lúcidas respecto de temas constitucionales. Desde su peculiar enfoque sociológico, histórico y jurídico siempre realiza rigurosos planteamientos acerca de las transformaciones y los retos que enfrenta el constitucionalismo latinoamericano.

Por eso no es casualidad que en esta obra vuelva a replantear ciertos fenómenos constitucionales que están ocurriendo en la región.

Este libro es una forma de elucidación de los movimientos sociales que surgieron en América Latina entre 2018 y 2019, movimientos que pusieron a temblar nuestros actuales cimientos constitucionales.

En efecto, el autor asevera que las protestas durante esos años son producto de que las instituciones vigentes no pudieron dar cabida a reclamos sociales actuales, por la sencilla razón de que su diseño en la Constitución les impide hacerlo.

Para explicar su tesis, la obra echa mano de un repaso histórico acerca de la fundación de varias constituciones en el continente, textos que comparten la característica de que fueron diseñados por grupos elitistas y redactados para dar solución a problemas de la época de su creación. Con ejemplos excepcionales muy bien descritos en la obra el autor sustenta a cabalidad sus argumentos.

Por eso afirma con lucidez que las constituciones diseñaron toda una serie de mecanismos e instituciones para velar por los fines que sustentaron la creación de los ordenamientos de su tiempo. Por esa razón las constituciones redactadas hace siglos delinearon instituciones que hoy han sido rebasadas y deben dar cabida a nuevos reclamos sociales de actores políticos emergentes que antes no existían.

Más aún, el jurista Roberto Gargarella analiza los diversos mecanismos constitucionales que son incapaces de dar respuesta a las exigencias del siglo xxi. Critica la forma como fue pensada la representación política, hoy incapaz de lograr arropar a los diversos grupos sociales; hace una sólida reflexión acerca del diseño del Poder Judicial, cuerpo elitista alejado de la ciudadanía. Asimismo, nos obliga a meditar sobre el diseño presidencial, moldeado con fundamento en el miedo a las mayorías, y plantea interesantes tesis para explicar por qué los progresistas derechos implementados recientemente en las constituciones han fracasado en su implementación.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO

EL DERECHO COMO UNA CONVERSACIÓN ENTRE IGUALES

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Nava Garcés, Alberto Enrique Porrúa 2023

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Roberto Gargarella Siglo XXI Editores 2021

Para acceder al libro:

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Para acceder al libro:

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Libros electrónicos, Ángel Boligán