Revista "Abogacía", #7, septiembre de 2021

abogacía LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

El derecho al futuro

Año 1, núm. 7, septiembre de 2021

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$99.00

Ana Laura Magaloni

< La Suprema Corte y la protección del secreto bancario Luis David Coaña < La importancia del análisis económico del derecho Ismael D. Valverde < El horizonte de un mundo mejor

< A 200 años de la consumación de la Independencia

Miguel Carbonell

José Manuel Villalpando

E

Presentación

l inicio de funciones de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión durante septiembre pone en la mesa diversos temas que vale la pena considerar desde una perspectiva legal —más allá de la dimensión política que, desde luego, también habrá que seguir con interés—.

Para comenzar, ya se ha anunciado la presentación, por parte del titular del Ejecutivo, de diversas iniciativas de reforma constitucional relativas a la industria eléctrica, a la Guardia Nacional y a la materia electoral. ¿Se lograrán las mayorías para aprobarlas? ¿Con qué modificaciones respecto de los proyectos originales? ¿Se promoverán, de nueva cuenta, acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas que se logren aprobar?

Por otro lado, para nadie es novedad la dinámica con la que se ha legislado a nivel federal: aprobación fast-track de las iniciativas propuestas por el Ejecutivo o por el partido mayoritario que, sin mayor discusión o análisis, culminan en la inmediata publicación y entrada en vigor.

Así sucedió —a modo de ejemplo— con la Ley de Hidrocarburos, propuesta con el objetivo de lograr el máximo factor de producción de los hidrocarburos y los petrolíferos, garantizar el suministro de los mismos y alcanzar la seguridad y la soberanía energéticas (cuyos críticos han señalado que desincentiva la inversión privada en el sector y desalienta la entrada de nuevos competidores, convirtiendo a Petróleos Mexicanos en un monopolio); con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo propósito es mejorar la impartición de justicia y combatir la corrupción y el nepotismo (a la que se ha criticado, entre otros aspectos, por el artículo transitorio que permite la ampliación de mandato del ministro presidente de la Suprema Corte y de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal), y con la Ley Federal del Trabajo, modificada para regular el outsourcing e impedir la subcontratación laboral, la evasión fiscal y el incumplimiento de obligaciones con los trabajadores (cuestionada por la afectación económica que provocará a numerosas empresas que llevan a cabo esta práctica de forma legal).

En este escenario, ¿qué posibilidad existe de que las reformas puedan ser conocidas claramente por sus destinatarios antes de que entren en vigor, tanto para realizar las adecuaciones pertinentes como para impugnarlas oportunamente, si fuera el caso? La complejidad de las leyes, el

análisis y la interpretación de su contenido, y la relevancia de los temas que involucran obligan —si queremos dotar de racionalidad y certeza a nuestro sistema legal y fomentar la cultura jurídica y el respeto al Estado de derecho— a contar con plazos razonables para la entrada en vigor de las normas.

Como bien se ha señalado, la iniciación de la vigencia de las normas jurídicas determina su existencia y su eficacia.

Así, valdría la pena que en la tarea legislativa se recuperara el concepto jurídico de vacatio legis como condición de certidumbre para todos: quienes se ven afectados por la norma, quienes han de aplicarla y quienes han de interpretarla. Como bien señala don Eduardo García Máynez —que aparece en nuestra foto del ayer—, la vacatio legis es el término durante el cual racionalmente se supone que los destinatarios del precepto estarán en condiciones de conocerlo y, por ende, de cumplirlo. Así, si no se respeta este mínimo de racionalidad, a pesar del principio jurídico, lo que no se conoce a cabalidad, difícilmente traspasará la frontera del derecho vigente al positivo.

Cordialmente, José Ángel Villalobos Magaña Presidente del Consejo de Administración

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

1

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Consejo editorial

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Impresa por Impresos de Calidad Sebastian, S.A. de C.V., Miguel Ángel 35-B, Col. Santa María Nonoalco, Benito Juárez, 03700, Ciudad de México. Las opiniones expresadas por los articulistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de los editores de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos y las imágenes de la publicación sin previa autorización de la editorial.

Contenido

Septiembre 2021

28 VOCES

El derecho al futuro Ana Laura Magaloni

40

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EXPERIENCIAS

REFLEXIONES

Niñez a ambos lados de las rejas

El horizonte de un mundo mejor

Gabriel Dombek

Miguel Carbonell

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EL PASADO DEL PRESENTE

A 200 años de la consumación de la Independencia José Manuel Villalpando

10 REFLEXIONES

La propiedad social: una propiedad amarga Pascual Alberto Orozco Garibay

16 REFLEXIONES

Una radiografía de la génesis del delito Rubén Darío Merchant Ubaldo

20 vLEX

Políticas públicas en salud mental: un reto pendiente por superar en la región Daniel Trejos Trejos

24 REFLEXIONES

La Suprema Corte y la protección del secreto bancario Luis David Coaña Be

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PERSPECTIVA ECONÓMICA

La importancia del análisis económico del derecho Ismael D. Valverde Ambriz

50 ¿QUÉ DICEN HOY LOS TRIBUNALES? Denise Tron Zuccher

Mariana Ruiz Albarrán

42 REFLEXIONES

Ley de Amparo y vulneración al principio de igualdad jurídica

54 VISIÓN GLOBAL

Carlos Gabriel Villasana Beltrán

Pacta sunt servanda en el siglo XXI

Eduardo Lima Gómez

Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

4

abogacía Septiembre 2021

58

EXPERIENCIAS

La excelencia: un retorno hacia lo humano David F. Uriegas

62 NUEVOS TALENTOS

Aspectos esenciales de los derechos humanos en México Mónica Yeraldy Ortiz Galindo

68 DERECHO Y LITERATURA La lección del zorro Mateo Mansilla-Moya

72 PARA LEER

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[ El pasado del presente ]

José Manuel Villalpando

A 200 años de la consumación de la Independencia México cuenta con dos propuestas, con dos actas de Independencia y con dos postulados constitucionales derivados de cada una. Por eso, ahora que conmemoraremos los 200 años de la consumación de ese movimiento libertario quizá lo mejor sería estudiarlas a ambas y conseguir una fusión de lo mejor de las dos opciones en lugar de disputar por la preeminencia de alguna de ellas.

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U

n ligero conocimiento de la historia de México permite saber que en nuestro devenir como nación libre y soberana contamos con dos actas de Independencia, ambas emanadas de programas ideológicos que las sustentaron y que, a su vez, también desembocaron en sendos proyectos constitucionales, fracasados los dos, por cierto.

En efecto, la primera acta fue emitida por el Congreso de Anáhuac, en la ciudad de Chilpancingo, el 6 de noviembre de 1813. La segunda, por su parte, fue expedida por la Junta Provisional de Gobierno, en la ciudad de México, el 28 de septiembre de 1821. Las dos forman parte de nuestra historia política y jurídica; las dos fueron resultado de dos distintos procesos independentistas: del impulso que a la causa insurgente diera José María Morelos y Pavón, la primera, y la segunda, gracias al esfuerzo consumador de Agustín de Iturbide y Aramburu. Las dos, casualidad de la historia podría pensarse, pero en realidad imposibilidad práctica y fáctica de su vigencia, tuvieron una

existencia limitada, efímera, pues la que promovió Morelos sólo pervivió en tanto este sacerdote caudillo pudo encabezar el movimiento insurgente; la que Iturbide proclamara, si bien es la oficial hasta la fecha, no sobreviviría como fundamento jurídico de la nueva nación, más allá de la existencia del sistema monárquico al que dio origen.

Por supuesto, si nos atenemos a la definición clásica de la palabra acta, ésta corresponde a la de un documento en el que consta por escrito un hecho fehaciente. Indudablemente, en este sentido, la que puede considerarse, y de hecho se considera, como Acta de Independencia, legalmente hablando, es la 1821, pues es evidente que a través de ella se constató el hecho objetivo y auténtico de la consumación de la independencia de México. En este mismo sentido, a pesar de que se llame “acta” también, pues así lo estipularon sus redactores, la de 1813 es más bien la exposición de una propuesta, de un deseo, pues a todas luces aún no se había alcanzado independencia y en plena guerra contra el gobierno virreinal era imposible plantear, siquiera, una real y verdadera independencia. Sin embargo, así la denominaron y como “acta” se le conoce también.

Pero más allá de la semántica de la palabra, la realidad histórica confirma que si bien las dos actas tienen una naturaleza jurídica diferente, ambas constituyen piezas ideológicas fundamentales para comprender la naturaleza política de la guerra de Independencia, sobre todo por su decisiva influencia en la creación de las dos concepciones teleológicas y políticas que desde entonces y hasta el día de hoy han constituido la terrible dicotomía mexicana, dividiendo a la nación en dos bandos aparentemente irreconciliables cuyo origen, en el sentido de cuáles fueron los fines y los propósitos de la Independencia, bien puede rastrearse a partir precisamente de estas dos actas de Independencia y de los planes que dieron origen a ambas, así como de las propuestas constitucionales que se desprendieron de ellas.

No es propósito de este texto superar esa dicotomía ni tratar de conciliar los pensamientos opuestos. No se pretende señalar a alguna de las dos actas de Independencia como legítima, en detrimento de la otra; antes, al contrario, es posible obtener de los dos elementos coincidencias entre sí y hasta agradables sorpresas, pues en muchas materias quienes participaron en la redacción y la confección de los documentos que integran cada una de esas propuestas fueron innovadores y hasta profetas.

Hay que insistir que México cuenta en su historia con dos propuestas de independencia: la insurgente y la trigarante. Ninguna de las dos pudo fructificar: la primera, sofocada por la guerra en contra del gobierno español; la segunda, aniquilada por la guerra entre facciones que se desató en el corazón del país. Ambas propuestas partieron de planes redactados personalmente por sus promotores e impulsores: José María Morelos, quien escribiera los inspirados Sentimientos de la nación, y Agustín de Iturbide, que

La falta de concordia, de compromiso en la causa común, de capacidad para entender, negociar y ceder, el ansia de sobresalir y de mandar han sido las constantes de nuestra historia.” personalmente ideó y formuló el Plan de Iguala. Una notable coincidencia histórica es que ambos personajes fueron oriundos de la misma ciudad, la antigua Valladolid, la capital de Michoacán, hoy Morelia.

Las propuestas insurgente y trigarante siguieron la misma ruta: un plan, una declaración de independencia consignada en un acta, y como lógica conclusión, un proyecto constitucional en el que se expresaron los conceptos fundamentales para la organización de un Estado, los límites al poder, los deberes del gobierno y los derechos reconocidos al pueblo. Ambos proyectos también, en todo tiempo, reconocieron la necesidad de la independencia, coincidieron en sus definiciones acerca de la soberanía y aceptaron la intolerancia religiosa cuando expresaron su fidelidad a la religión católica.

Obviamente hay diferencias muy marcadas, principalmente en dos asuntos: en la forma de gobierno que adoptaría la nación —republicana en el caso insurgente y monárquica en el caso trigarante—, pero en las dos está clara la presencia de una norma fundamental —constitucional— que regula la actuación de los órganos del Estado, cualquiera que fuera la forma adoptada, con lo que sin duda se puede apreciar la modernidad de sus postulados. En cambio, otra diferencia, que sí es capital, es la exclusión, la discriminación y el rechazo a los extranjeros por parte de Morelos y los insurgentes, y la promoción de la unidad de todos, incluidos los nacidos en otros países y otros continentes, a través de la integración en una ciudadanía basada en la residencia, como lo propusieron Iturbide y los suyos.

Es digno de resaltar también que las dos propuestas consideraron como fundamentales los “derechos humanos”, anticipando incluso algunos de ellos —como la presunción de inocencia— que apenas hoy en día, 200 años después, recién se han incorporado a nuestra Carta Magna.

Y sin embargo ambos proyectos constitucionales están sepultados en el olvido. Políticamente es muy conveniente LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ El pasado del presente ]

Ambos proyectos constitucionales están sepultados en el olvido. Políticamente es muy conveniente recordar a Morelos y sus ideas; en cambio, resulta repulsivo en ese mismo ambiente hacer referencia a Iturbide y las suyas.

Pero tampoco se atiende a lo expresado por el Siervo de la Nación ni mucho menos a lo que postuló el Libertador.” recordar a Morelos y sus ideas; en cambio, resulta repulsivo en ese mismo ambiente hacer referencia a Iturbide y las suyas.

Pero tampoco se atiende a lo expresado por el Siervo de la Nación ni mucho menos a lo que postuló el Libertador.

El olvido comenzó hace mucho tiempo, desde que México, liquidado el Primer Imperio, al adoptar definitivamente la forma republicana de gobierno, en su primera Constitución federal, la de 1824, en lugar de tomar como base, modelo o inspiración lo que ya se había avanzado en materia constitucional, prefirió como modelos a seguir tanto la Constitución de Cádiz como la Constitución de Estados Unidos de América.

En cambio, para consumo político, las dos propuestas aparecen como contradictorias, sin serlo en esencia, y como banderas de lucha contemporánea, porque hay quienes se dicen continuadores de la obra de los insurgentes y califican de traidores y conservadores a quienes no comparten sus ideas.

Y ésta es la mayor tragedia que ambas propuestas pudieron

sufrir: verse involucradas en peleas que tienen que ver más con ambiciones particulares que con conceptos como la patria.

Repito y concluyo: México cuenta con dos propuestas, con dos actas de Independencia y con dos postulados constitucionales derivados de cada una. Por eso, ahora que conmemoraremos los 200 años de la consumación de ese movimiento libertario quizá lo mejor sería estudiarlas a ambas y conseguir una fusión de lo mejor de las dos opciones en lugar de disputar por la preeminencia de alguna de ellas. El precio por no haberlo hecho antes, y que seguiremos pagando si no lo hacemos, es que seguirá vigente la profecía maldita del oidor Miguel Bataller, último regente de la audiencia virreinal, allá en septiembre de 1821, cuando al entregar el gobierno virreinal a los trigarantes, espetó a quienes lo escuchaban: “No puede darse a los mexicanos mayor castigo que el gobernarse por sí solos”, terrible frase que recuerda otra más, la proferida pocos años antes por el obispo Campillo a los insurgentes de su tiempo, cuando les echó en cara la evidente “incapacidad de los americanos para unirse, porque se destruirían entre ellos mismos”. Resultaron ciertas ambas advertencias, formuladas a los dos bandos, pues desde entonces la falta de concordia, de compromiso en la causa común, de capacidad para entender, negociar y ceder, el ansia de sobresalir y de mandar han sido las constantes de nuestra historia. 7

José Manuel Villalpando es abogado por la Escuela Libre de Derecho y titular de la materia de historia del derecho en México en esa institución. Su actividad se ha centrado en la divulgación de la historia mexicana. Es autor de 44 libros y de centenares de ensayos y artículos en esa especialidad.

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abogacía Septiembre 2021

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Pascual Alberto Orozco Garibay

LA PROPIEDAD

SOCIAL:

UNA PROPIEDAD AMARGA La propiedad social ha sido un tema constante y preocupante en México y las propuestas constitucionales y legislativas a partir de 1917 no han resuelto el problema de la pobreza de los ejidatarios y los comuneros. Por ello, el autor formula una serie de propuestas que pueden ayudar a erradicar la miseria en que se encuentran tanto ejidatarios y comuneros agrarios como poblaciones indígenas, permitir la libre circulación de esas tierras —volviéndolas más productivas— y, en última instancia, fomentar el desarrollo del país.

L

a propiedad social es un tipo de propiedad que abarca la mitad del territorio nacional, regida por los artículos 2 (V y VI) y 27 (VIII) constitucionales y por la Ley Agraria, de la que son titulares los ejidos, los ejidatarios, así como las comunidades y los comuneros.

El Constituyente de 1917 planteó tres objetivos fundamentales en materia agraria: i) eliminar los latifundios, ii) restituir sus tierras a las comunidades y a los pueblos y iii) dotarles de las mismas a quienes carecían de ellas. Este proceso de reparto agrario duro setenta y cinco años, concluyendo en 1992. En este periodo se entregaron alrededor de 100 millones de hectáreas.1 Derivado del contenido original del artículo 27 constitucional en materia agraria, el Estado mexicano asumió dos

posturas fundamentales con respecto a las comunidades agrarias y a los ejidos: i) el reparto agrario (ya sea mediante restitución o a través de dotación a las comunidades y a los pueblos) y ii) la prohibición de las enajenaciones de las tierras ejidales y comunales, ya que únicamente se les otorgaba el usufructo de las mismas, reservándose el Estado la nuda propiedad.

A partir de 1992, con la modificación constitucional al artículo 27, se facultó a los ejidatarios a ser propietarios de sus parcelas, y al ejido, a aportar las tierras de uso común para la constitución de sociedades mercantiles o civiles, formando parte de ellas.

Es importante recalcar que los distintos marcos normativos que han regulado la propiedad social, así como las políticas LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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públicas implementadas, han sido un factor determinante para impedir el desarrollo del país y para erradicar la miseria en que se encuentran los ejidatarios, los comuneros agrarios y las comunidades indígenas.

La riqueza inmobiliaria que comprende la propiedad social se encuentra de alguna manera paralizada por las disposiciones legales aplicables, ya que han impedido la libre circulación de esas tierras y una mayor productividad de las mismas.

La propiedad social hoy en día es equivalente a las otras dos grandes concentraciones de tierras que han existido en México: a) de 1824-1856, que permitió el acaparamiento de grandes extensiones de terrenos a favor de la Iglesia, y b) de 1857-1917, que mediante la desamortización de los bienes eclesiásticos y las enajenaciones de terrenos baldíos consolidó las haciendas y los grandes latifundios en muy pocas personas.

Distribución de la propiedad social En 2020, de acuerdo con el Registro Agrario Nacional, el total de tierras ejidales sumaba 82,229,4532 hectáreas, las cuales estaban distribuidas de la siguiente forma: a) se encontraban parceladas 31,995,541 hectáreas;3 b) las destinadas a uso común eran 49,443,468 hectáreas;4 c) las destinadas al asentamiento humano, 1,122,419 hectáreas,5 y d) 491,642 hectáreas eran solares urbanos.6 En lo referente a la superficie de las comunidades, en 2020 ésta estaba integrada por 17,479,218 hectáreas.7 En consecuencia, el total de la superficie de la propiedad social (ejidal y comunal) ascendía a 99,708,671 hectáreas.

Asimismo, el referido registro reportó que existían 29,728 ejidos y 2,410 comunidades,8 así como 2,948,049 ejidatarios y 857,281 comuneros,9 de los cuales 41 por ciento de los ejidatarios y 78 por ciento de los comuneros se localizan en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.10 Por su parte, el total de la superficie que comprende la propiedad social en las entidades federativas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz suma 19,731,185 hectáreas.11 Propiedad social y pobreza Paradójicamente, en las entidades federativas donde existe una mayor cantidad de hectáreas sujetas a la propiedad social se presenta mayor pobreza.

De acuerdo con el Anexo Estadístico de Pobreza en México 2018, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)12 en 2018, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla eran las entidades federativas con más de 50 por ciento de su población en condición de pobreza, con porcentajes de 76.4, 66.4, 66.5, 61.8 y 58.9, respectivamente.13 En el Informe de Medición Multidimensional de la Pobreza 2018-2020 el Coneval reportó que 55.7 millones de personas

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abogacía Septiembre 2021

El punto de partida radica en eliminar cualquier tipo de requisitos para que los ejidatarios y los comuneros sean dueños de sus parcelas. Es de justicia que finalmente dichos individuos, después de más de 100 años de promulgada la Constitución, puedan ser dueños de las tierras que trabajan y sean plenamente libres para decidir qué hacer con sus parcelas, así como para designar a todos los herederos y legatarios que quieran.”

se encontraban en situación de pobreza y 10.8 millones en pobreza extrema.14 Particularizando, en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz en 2020 los resultados son los siguientes: Estado

Pobreza

Pobreza extrema

Chiapas

4,218,000

1,623,100

Guerrero

2,363,200

907,600

México

8,342,500

1,401,900

Oaxaca

2,569,800

860,500

Veracruz

4,749,600

1,129,800

Total

22,242,900

5,922,900

(39.93%)

(54.84%)15

Dependencia alimentaria y producto interno bruto Adicionalmente al grave problema de la pobreza se debe añadir el de la dependencia alimentaria, ya que México, de ser un país exportador de granos, hoy en día es importador. Las importaciones de granos y oleaginosas al primer semestre de 2021 ascendieron a 19.84 millones de toneladas con un valor de 7,613.3 millones de dólares.16 En lo que respecta a la aportación que realizaron las actividades primarias al producto interno bruto en el primer trimestre de 2021, ésta no rebasó 3.4 por ciento, cantidad muy baja en relación con las actividades secundarias y terciarias.17 Recapitulando, la propiedad social no ha logrado: • mejorar las condiciones de vida de los ejidatarios y los comuneros, quienes continúan sumergidos en la miseria; • lograr la autosuficiencia alimentaria, y • que la aportación de las actividades primarias al producto interno bruto sea importante.

Seguridad jurídica Igualmente, es necesario destacar la falta de seguridad jurídica que permea a la propiedad social. La realidad ha rebasado la regulación normativa en el campo mexicano y por eso las cesiones y las enajenaciones de parcelas, lo mismo que su fraccionamiento, han sido una constante ilegal.

El gran inconveniente de esta situación es que los adquirentes de las mismas no son reconocidos como dueños, ya que no cumplieron con los requisitos para su validez y, en consecuencia, no cuentan con un documento que acredite la titularidad sobre la misma y, por ende, no pueden gozar de los derechos de todo cesionario o comprador. Esta irregularidad sin lugar a dudas violenta la seguridad jurídica de los adquirentes, ya que no se les reconoce ese carácter.

Debido a lo anterior es importante reformar el marco jurídico que rige actualmente y modificar las políticas públicas implementadas.

Propuestas El punto de partida radica en eliminar cualquier tipo de requisitos para que los ejidatarios y los comuneros sean dueños de sus parcelas. Es de justicia que finalmente dichos individuos, después de más de 100 años de promulgada la Constitución, puedan ser dueños de las tierras que trabajan y sean plenamente libres para decidir qué hacer con sus parcelas, así como para designar a todos los herederos y legatarios que quieran. Sería el corolario de una lucha centenaria por ser hombres libres (en la miseria la libertad se esfuma) y propietarios de sus predios. Así podrán gozar y ejercitar de manera efectiva tres derechos humanos importantísimos: propiedad, libertad y seguridad jurídica.

Esta tesis conlleva muchas ventajas, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 1. Al ser propietarios, sabrán y decidirán qué hacer con su parcela, ya sea dividirla, arrendarla o venderla, consolidándose como una forma tangible de respetar su libertad y reconocer su dignidad como seres humanos.

2. Fomentar el dinamismo económico, al propiciar que millones de hectáreas se puedan transmitir libremente a medianos o grandes empresarios agrícolas, lo que permitirá inyectar recursos al campo y generar una mayor cantidad de fuentes de trabajo en la localidad y una mayor productividad.

3. La libre circulación de inmuebles conlleva una mayor captación de contribuciones, tanto federales como estatales y municipales.

4. Al ser dueños, podrán acceder a muchas más opciones de crédito y financiamiento para satisfacer sus necesidades.

5. Podrán elegir, sin ninguna limitante, quiénes serán sus herederos, y no como ocurre actualmente que sólo pueden designar a uno,18 lo cual evitará muchos juicios agrarios y conflictos familiares19 (de 1992 a 2018 los tribunales agrarios recibieron 1,013,643 asuntos).20 6. Es un patrimonio que podrán utilizar en cualquier momento.

7. Es una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con ellos desde hace más de 100 años y es el momento de saldarla.

8. La propiedad es un derecho humano que se les ha negado a ellos durante mucho tiempo o, en el mejor de los casos, se les ha obstaculizado su acceso y su pleno ejercicio.

Necesariamente se debe replantear el uso y el destino de las tierras de uso común para que las asambleas de ejidatarios y comuneros elijan: LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

13

a) mantenerlas como están hoy en día; b) fraccionarlas y distribuirlas entre los casi tres millones de ejidatarios y 850,000 comuneros; c) venderlas y repartirse el ingreso entre todos; d) aportarlas o enajenarlas a empresas con proyectos ya sean inmobiliarios, turísticos, energéticos o, en su caso, agrícolas, ganaderos y forestales; e) crear personas morales en cuyo régimen estatutario se determine que sean administradas por empresarios privados y que el ejido o la comunidad no tengan derecho de voto en las asambleas, pero en contraprestación gocen de un mayor porcentaje de los dividendos; f) afectarlas en fideicomiso, lo que daría confianza y certeza a los inversionistas, ya que la iniciativa privada no los quiere tener como accionistas y por eso la creación de sociedades en las que el ejido o la comunidad aporta tierras de uso común formando parte de ellas no ha funcionado.

Las propuestas anteriores facilitarán la puesta en circulación de un alto porcentaje de las hectáreas que comprenden las tierras de uso común, lo que puede coadyuvar a elevar el nivel de vida de los ejidatarios y los comuneros e incrementar la productividad (disminuyendo así muchas importaciones) y los ingresos tanto a la Federación como a las entidades federativas y a los municipios.

Se debe admitir que la propiedad social no ha funcionado como sus creadores lo concibieron hace muchos años. Por eso se requiere modificarla radicalmente.

Debido a lo anterior la propiedad social debe transformarse para dejar de ser una propiedad amarga. 7 Guillermo Teutli Otero, “La cuestión agraria mexicana. Breve introducción a su evolución y marco legal”, en Emilio Zebadúa y Jorge Moreno Collado (coords.), Cien años de derecho agrario en México. Evolución, retos y perspectivas, tomo I, Porrúa, México, 2017, p. 56.

2 http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/2_SER-2020.pdf. Consultado el 4 de agosto de 2021.

3 http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/8_SEJCPAR-2020.pdf. Consultado el 4 de agosto de 2021.

4 http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/10_SEJCUC-2020.pdf. Consultado el 4 de agosto de 2021.

5 http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/6_SEJCAH-2020.pdf. Consultado el 4 de agosto de 2021.

6 http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/13_SEJSOLAR-2020.pdf. Consultado el 4 de agosto de 2021.

7 http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/17_SCR-2020.pdf. Consultado el 4 de agosto de 2021.

8 http://datos.ran.gob.mx/conjuntoDatosPublico.php. Consultado el 20 de julio de 2021.

9 http://datos.ran.gob.mx/conjuntoDatosPublico.php. Consultado el 2 de agosto de 2021.

10 Resultado obtenido con base en datos proporcionados por el Registro Agrario Nacional, en http://datos.ran.gob.mx/conjuntoDatosPublico. php. Consultado el 2 de agosto de 2021.

11 Resultado obtenido con base en información proporcionada por el Registro Agrario Nacional, en http://datos.ran.gob.mx/conjuntoDatosPublico.php. Consultado el 2 de agosto de 2021.

12 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/IEPDS 2018.pdf. Consultado el 9 de agosto de 2019.

13 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx. Consultado el 4 de agosto de 2021.

14 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx. Consultado el 6 de agosto de 2021.

15 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Pobreza_multidimensional_2018_2020_CONEVAL.pdf. Consultado el 6 de agosto de 2021.

16 https://gcma.com.mx/reportes/comercio-exterior/granos-y-oleaginosas/. Consultad el 2 de agosto de 2021. Se importaron 9 millones de toneladas de maíz, 132,800 toneladas de frijol y 500,000 toneladas de arroz, entre otros.

17 https://www.inegi.org.mx/temas/pib/. Consultado el 2 de agosto de 2021.

18 Artículos 17 y 18 de la Ley Agraria.

19 Según el Registro Agrario Nacional, “el 30 por ciento de los juicios en los tribunales unitarios agrarios del país se debe a la falta de designación de sucesores...” https://www.gob.mx/ran/ prensa/deposito-de-lista-de-sucesion-un-tramite-del-ran-que-brinda-seguridad-juridica-y-evita-con flictos-familiares-79525. Consultado el 23 de octubre de 2019.

20 https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/informe/2018/informemcmml2018.pdf. Consultado el 26 de agosto de 2020.

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Pascual Alberto Orozco Garibay es profesor de derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho y doctor en derecho por la misma institución.

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Rubén Darío Merchant Ubaldo

UNA RADIOGRAFÍA DE LA GÉNESIS DEL DELITO

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¿Cuál es la causa de que una persona cometa un delito? Como señala el autor, la conducta delictiva tiene su explicación en múltiples factores y la antropología criminológica busca, precisamente, conocer las causas, el origen o la génesis de un evento delictivo o conducta antisocial. En esta colaboración nos ofrece un “mapa antropológico criminal” en el que se exponen algunos de esos factores.

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urante muchos años la antropología ha concentrado su atención en el ser humano, esto es, desde sus características físicas hasta su comportamiento cultural con base en su entorno. Incluso, existen diversas especialidades de la antropología (económica, filosófica, forense, genética, arqueológica, biológica, lingüística, social y cultural).

Recientemente, la antropología se ha interesado por descubrir las causas por las cuales el ser humano, indistintamente mujer u hombre, delinque, por lo que surge la antropología criminológica, que es una derivación de la criminología y también es una ciencia que abona a la explicación y la prevención de la comisión de diversas conductas antisociales, dentro de las que se encuentran los delitos.

Asimismo, la antropología criminológica se apoya en la etiología, que permite conocer los factores que condicionan la comisión de los delitos o conductas antisociales y que técnicamente pueden ser multifactoriales, interdisciplinarios, internos y externos. Para una mayor comprensión sobre el tema consideré pertinente hacer una radiografía de la génesis del delito a través de un mapa antropológico criminal, cuyo contenido se presenta a continuación.

Factor físico Si bien las teorías del italiano Cesare Lombroso ya no resultan aplicables en la actualidad, también lo es que son un buen referente para la criminología, para advertir las causas por las cuales el ser humano delinquía, principalmente con estudios con base en el aspecto físico o en la dimensión craneal.

Inclusive, hace una clasificación de delincuentes (nato, loco moral, epiléptico, alcohólico, histérico, pasional y ocasional).

Factor cultural Los choques culturales son muy frecuentes en la sociedad, de lo cual resultan variantes de conductas antisociales como machismo, sexismo, clasismo, racismo, entre otros. Desde luego, lo anterior también es objeto de estudio de la sociología criminológica como área de especialización de la criminología.

Regularmente, en algunos lugares de Latinoamérica suelen surgir estereotipos anormales de discriminación en contra de personas que provienen de la capital del país del que se

trate, del resto de las provincias, los departamentos o los estados; por ejemplo, los porteños (Argentina), los chilangos (México), etcétera.

Factor social El ambiente en el que se desarrolla la persona influye en la comisión de diversos flagelos; por ejemplo, el entorno tanto familiar como social, lo cual incluye el aspecto digital (internet o redes sociales). Si la persona se desenvuelve en un círculo vicioso de delincuencia, normalmente eso influirá de manera negativa en su comportamiento. Máxime si carece de principios, valores o educación.

Factor biológico Increíblemente, el aspecto biológico también puede influir en el hecho de que se cometan diversos delitos. Prueba de lo anterior es el caso de Charles Whitman, un estudiante de la Universidad de Texas y ex marine que mató a 15 personas e hirió a 32 en el campus de esa universidad, el 1º de agosto de 1966, tras haber asesinado a su esposa y a su madre. Cabe señalar que mediante una necropsia que se le practicó a este sujeto se le detectó un tumor en el cerebro, que al parecer condicionó la comisión de tan atroces conductas. Incluso, el mismo asesino dejó una carta manifestando que padecía intensos dolores de cabeza y escuchaba voces que lo incitaban a asesinar, y sugirió que una vez que lograra matar a sus víctimas, si fallecía, le abrieran la cabeza.

Factor migratorio En algunos países como Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala se ha producido un fenómeno migratorio recurrente y masivo que afecta a naciones vecinas como México, Colombia, Perú y Brasil, entre otros. Por supuesto, lo anterior también es detonante para que en ciertos casos se presenten algunos ilícitos penales como robos, daño en bienes, lesiones, homicidios, invasiones a la propiedad privada de los migrantes o actos discriminatorios y xenofobia.

Factor psicológico y psiquiátrico Los aspectos psicológicos y psiquiátricos son predominantes cuando se trata de conocer las causas que originan ciertas LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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conductas antisociales; verbigracia, casos de psicopatía pueden derivar en asesinatos o lesiones, así como en violencia en el núcleo familiar.

Factor económico La precaria situación económica y la falta de oportunidades laborales en una demarcación territorial (país, estado, provincia, departamento o municipio) en ocasiones conlleva la comisión de delitos como robos por estado de necesidad, fraudes, extorsiones y algunos más lacerantes como secuestros, delincuencia organizada y narcotráfico.

Factor alcoholismo y drogadicción En la mayoría de eventos como violación, violencia intrafamiliar, robo, secuestro, asesinato, por mencionar algunos, el sujeto se encuentra bajo el influjo del alcohol, de las drogas o de enervantes, ya sea para cometer diversos delitos como los ya descritos para continuar manteniendo su vicio.

Factor circunstancial y situacional Existe una frase que sentencia: “La ocasión hace al ladrón” y que tiene relación con el aspecto circunstancial (posición de ocasión) del sujeto para cometer delitos y con el aspecto situacional (ignorancia, estilo de vida ostentoso) de la víctima, como en el robo, el fraude o el secuestro exprés.

Factor de creencias o cultos de índole religioso Tratándose de delitos, la religión puede verse desde dos puntos de vista: ya sea como generadora o como reductora de la criminalidad; por ejemplo, algunas sectas satánicas involucradas en ciertos casos de abuso sexual infantil, homicidio, violación, lesiones y pedofilia. Empero, la religión también es parte de la readaptación social de las personas en prisión. Asimismo, puede ser una limitante para que el ser humano no delinca por temor a una divinidad en la que cree.

Factor de poder La superioridad jerárquica y las relaciones de poder pueden dar originen a la exteriorización de los denominados delitos de cuello blanco, como tráfico de influencias, lavado de dinero, peculado, cohecho y delincuencia organizada. Cabe señalar que el factor de poder no sólo puede ser público, sino también de índole privado, como en el caso del fraude que se comete en las empresas por parte de los directivos o los gerentes.

Factor ocio Existe una frase que sentencia: “El ocio es la madre de todos los vicios”, pues es el generador de algunos delitos; por ejemplo,

la extorsión que realizan los presos en los centros penitenciarios, como consecuencia de la situación de ocio en la que se encuentran los internos y que actúan en contubernio con las autoridades penitenciarias. Asimismo, los ciberdelitos que se cometen en internet en la mayoría de los casos se derivan de la situación de ocio del perpetrador.

Factor amor y pasión Poco frecuentes, pero el amor y la pasión también pueden ser generadores de ciertos delitos, como crímenes pasionales entre personas heterosexuales u homosexuales, lo que implica la comisión de ilícitos penales como asesinatos, lesiones y daño en bienes, con la característica peculiar del vínculo afectivo, el parentesco o la filiación entre las personas.

Por todo lo anterior resulta pertinente que, a través de otras áreas de especialización de la criminología, como el análisis sociológico del delito, el análisis psicológico de la conducta criminal, la política criminológica, el derecho penal, entre otros, se contribuya al conocimiento y la experiencia para lograr el objetivo primordial que es la prevención y la reducción de los índices de criminalidad regional, local o mundial, así como la atención integral de las víctimas y el mantenimiento de la paz social, fines primordiales de la noble ciencia que es la criminología. 7

Resulta pertinente que, a través de otras áreas de especialización de la criminología, se contribuya al conocimiento y la experiencia para lograr el objetivo primordial que es la prevención y la reducción de los índices de criminalidad.”

Rubén Darío Merchant Ubaldo es licenciado en derecho, con especialidad en derecho penal, maestría en derecho civil, maestría en alta dirección y doctorado en alta dirección. Es catedrático de posgrado en la Universidad Anáhuac México Norte. @DarioMerchant

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POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD MENTAL: un reto pendiente por superar en la región Daniel Trejos Trejos

El desarrollo de políticas públicas en torno de la salud mental constituye un aspecto esencial respecto de las funciones del Estado de propender por la calidad de vida, el bienestar y el desarrollo humano del conglomerado social. En esta colaboración, el autor repasa la situación que, en general, prevalece en Latinoamérica y señala cuáles son los focos rojos que hay que atender.

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n punto de la atención para la salud mental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho un llamado constante para que los países miembros lleven a cabo programas que promuevan este aspecto de la integralidad del ser humano y creen legislación sobre la protección tanto de los derechos de los pacientes con enfermedades mentales como de sus familias.1 De acuerdo con la OMS, entre los diversos factores que las enfermedades mentales suelen afectar de manera general a las naciones se encuentra el impacto negativo en el aspecto económico, puesto que disminuyen los ingresos personales de quien sufre el trastorno y limitan a su vez el trabajo de quienes fungen como cuidadores.

Al realizar una aproximación al estado en que se encuentran las políticas públicas de la región en materia de salud mental es necesario mencionar que durante 2018 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a conocer un estudio denominado “La carga de los trastornos mentales en la región de las Américas”,2 en el que, entre otros aspectos, se destaca que el gasto asignado a la salud mental como porcentaje del gasto público destinado a la salud en la región de las Américas oscila entre 0.2 por ciento en Bolivia y 8.6 por ciento notificado por Suriname. Asimismo, se advierte que el promedio destinado para gasto en hospitales psiquiátricos respecto del presupuesto para salud mental es de aproximadamente 61 por ciento, situación que, de acuerdo con el informe ya mencionado, puede resultar cuestionable, debido a que los hospitales psiquiátricos carecen de datos probatorios de la eficacia, son notoriamente ineficientes y, de hecho, pueden dar lugar a prácticas yatrógenas.3

Los datos anteriores no sólo demuestran que las políticas en salud en la región siguen una marcada tendencia por atender preferentemente la intervención de los trastornos mentales de manera intrahospitalaria con todas las implicaciones y los costos que eso significa desde el aspecto clínico, sino que deja en evidencia la poca prevalencia que se da a la promoción y la prevención de la salud mental.

Una problemática importante en la región se da respecto de la oportunidad para el acceso real a los servicios de salud mental, debido a las serias dificultades de carácter económico, geográfico y cultural a las que se ven abocados los pacientes, situaciones que además deben ser asociadas a la percepción que tienen los usuarios del sistema de salud en cuanto a la poca capacidad resolutiva de sus necesidades por parte del sistema de salud, en general, y de su salud mental, en particular, la cual además está estigmatizada por parte de la sociedad, lo que constituye otra barrera de acceso a una atención eficaz y oportuna, situación que desmotiva y limita el uso de los servicios, generando un consecuente desmedro en el estado de salud que a su vez aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas y de alto costo.

Estas barreras de acceso a los servicios de salud mental también se pueden explicar en parte por la escasez de psiquiatras y, en general, de personal de la salud mental, y su concentración en las grandes ciudades:4 la imposibilidad de acceder a terapias psicológicas con enfoques determinados (cognitivo-comportamental, interpersonal, de pareja, de familia y grupal), como consecuencia de que los profesionales con esta formación no tienen una amplia demanda por parte

El gasto asignado a la salud mental como porcentaje del gasto público destinado a la salud en la región de las Américas oscila entre 0.2 por ciento en Bolivia y 8.6 por ciento notificado por Suriname.”

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de las instituciones de salud, por lo que en muchos casos es necesario que el paciente tenga que contratar estos servicios de manera particular; en consecuencia, se vuelve un “lujo” acceder a un terapeuta.

Ahora bien, respecto de la legislación sobre salud mental, es menester afirmar que también es un componente específico y que por lo general se centra en aspectos como la protección de los derechos humanos de los pacientes con trastornos mentales, la atención intrahospitalaria y el tratamiento involuntario, el alta médica tutelada, la capacitación profesional en la humanización del servicio y los esquemas de los servicios. La Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (CRPD) representa el documento internacional de referencia sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad mental.5 En las Américas, en 2017, unos 26 países reportaron tener una ley independiente de salud mental, lo cual significaba 60 por ciento de las naciones de la región y 67 por ciento de los que presentaron una respuesta (39 países). Entre ellos, 12 (46 por ciento) habían actualizado su legislación de salud mental en los últimos cinco años (desde 2012). Sin embargo, un alto porcentaje de los que manifestaron contar con dicha legislación no han realizado una actualización de la misma por lo menos desde 1990 (27 por ciento, esto es, siete países). De los 13 que declaran no tener una ley independiente para la salud mental, ocho cuentan con legislación sobre salud mental integrada en la ley general de salud o de discapacidad.6 Todo el esfuerzo de los países respecto de la valoración del progreso hacia la consolidación de una legislación de salud mental con los instrumentos internacionales de derechos humanos se ha centrado en que sean los mismos Estados los que autocalifiquen sus criterios sobre la existencia y el nivel de funcionamiento y gestión de una autoridad dedicada de manera concreta o un organismo independiente que permita evaluar el cumplimiento de dicha legislación.

En el caso colombiano, se han proyectado políticas de salud tendientes a superar las fisuras para el diagnóstico, el tratamiento y la transformación de la realidad de los pacientes que sufren trastornos mentales; sin embargo, nueve años después de promulgada la ley 1616,7 la cual buscaba la equidad en la salud mental, sigue siendo una constante en el sistema de salud.

La implementación de dicha norma no ha supuesto cambios sustanciales, pues la norma mencionada carece de coherencia con la realidad, pues cuando se trata de políticas públicas se pueden escribir muy bien las leyes en el papel, pero no tienen la capacidad suficiente para transformar un sistema de salud que cada vez se encuentra más fragmentado y hundido progresivamente en su crisis.

En relación con la prevención y la promoción de la salud mental,8 9 el impacto real puede catalogarse como precario o nulo, como consecuencia de que los lineamientos que se

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El promedio destinado para gasto en hospitales psiquiátricos respecto del presupuesto para salud mental es de aproximadamente 61 por ciento, situación que puede resultar cuestionable debido a que los hospitales psiquiátricos carecen de datos probatorios de la eficacia, son notoriamente ineficientes y, de hecho, pueden dar lugar a prácticas yatrógenas.”

pretenden aplicar son muy amplios, sin relación con las necesidades reales de la población, sin una articulación desde el ámbito gubernamental y de poca socialización con la comunidad.10 Todo lo anterior terminó de hacerse más evidente y de ser mucho más profundo con la pandemia por Covid-19, pues el sistema de salud no sólo reveló su falta de preparación para la atención de la causa principal de la crisis sanitaria, sino también para ofrecer servicios de manera eficiente en torno de una de las principales secuelas de dicha situación, que ha sido precisamente el incremento de consultas en los servicios de salud mental.

Sin duda, no se puede negar el esfuerzo y la voluntad de los países por generar políticas eficientes en torno de la salud mental, incluso desde la escena legislativa; sin embargo, esas acciones distan de manera sustancial de las necesidades reales de la sociedad americana respecto de la prestación de servicios integrales de salud, y, en consecuencia, la inversión y la correcta administración de recursos en pro de la salud mental de la región. 7

Organización Mundial de la Salud, “Invertir en salud mental”, Ginebra, Suiza, 2004.

Disponible en https://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf.

2 Organización Panamericana de la Salud, “La carga de los trastornos mentales en la región de las Américas”, Washington, 2018. Disponible en https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49578/9789275320280_spa.pdf?sequence=9#:~:text=En%20 la%20Regi%C3%B3n%20de%20las%20Am%C3%A9ricas%2C%20una%20proporci%C3%B3n%20considerable%20de,presentan%20tasas%20de%20mortalidad%20 altas.

3 Organización Mundial de la Salud, “Plan de acción sobre salud mental 2013-2020”, Ginebra, OMS, 2013.

4 L. González, R. Peñaloza, M. Matallana, F. Gil, C. Gómez-Restrepo y A. Landaeta, “Determining Factors in the Access to Mental Health Services by the Adult Colombian Population”, Revista Colombiana de Psiquiatría, núm. 45, 2016, pp. 89-95.

5 Organización de la Naciones Unidas, “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, Nueva York, 2008. Disponible en https://www.un.org/esa/socdev/ enable/documents/tccconvs.pdf.

6 Organización Panamericana de la Salud, “Atlas de la salud mental en las Américas”, Washington, 2018. Disponible en https://iris.paho.org/handle/10665.2/49664.

7 N. Ardón-Centeno y A. Cubillos-Novella, “La salud mental: una mirada desde su evolución en la normatividad colombiana, 1960-2012”, Revista Gerencia y Políticas de Salud, 11(23), 2012.

8 Congreso de Colombia, “Ley 1616 del 21 de enero del 2021, por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones”.

9 Ministerio de Salud y Protección Social, “Dimensión social y salud mental”, Plan Decenal de Salud Pública, Colombia 2012-2021, Bogotá, 2013. Disponible en http:// www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20Decenal%20-%20 Documento%20en%20consulta%20para%20aprobaci%C3%B3n.pdf.

10 M. M. Novoa-Gómez, “De la salud mental y la salud pública”, Revista Gerencia y Políticas de Salud, 11(23), 2012.

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Daniel Trejos Trejos es abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en derecho médico por la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en derecho médico por la Universidad Externado de Colombia, maestrante en bioética de la Pontificia Universidad Javeriana y fundador y vicepresidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico de Colombia.

Colaboración exclusiva de vLex para la revista abogacía, coordinada por Paola Robayo y Viridiana Moreno, Content & Editorial Coordinators para Latinoamérica de vLex. probayo@vlex.com vmoreno@vlex.com

LA SUPREMA CORTE Y LA PROTECCIÓN DEL

SECRETO BANCARIO Luis David Coaña Be

Uno de los temas que ha ocupado el centro de la discusión tanto para las autoridades como para los abogados penalistas y fiscalistas en los últimos años ha sido el relativo al secreto bancario y el nivel de protección que éste debe tener en investigaciones penales, dado su carácter de derecho fundamental. ¿Debe ser judicializado? ¿Basta que el Ministerio Público solicite información bancaria para que se le otorgue? ¿Es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autoridad idónea para determinar en qué casos debe proceder la solicitud? El autor aborda estas interrogantes que ya llegaron hasta nuestro Máximo Tribunal.

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esulta interesante darnos cuenta de que, por un lado, las autoridades —la Fiscalía General de la República, el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera— aducen que el secreto bancario les estorba para llevar a cabo sus investigaciones por delitos financieros, fiscales y patrimoniales, en tanto que los abogados señalan que debe tener el máximo nivel de protección posible para evitar abusos y arbitrariedades por parte de aquéllas.

Dicho debate no ha sido ajeno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De hecho, ha sido la propia Corte la que ha propiciado ese debate y, al parecer, también es la que le pondrá fin.

Pero empecemos por definir qué es el secreto bancario.

Se puede definir como el deber que tienen las instituciones de crédito de no dar noticias ni proporcionar información de depósitos, servicios o cualquier tipo de operación, salvo cuando así lo disponga la ley o cuando lo faculte el cliente.

Hay que recordar que el secreto bancario presenta una doble vertiente, pues, por un lado, impone la obligación de resguardar la información de los usuarios y, por otra, defiende el derecho a oponerse a la entrega de información bancaria del cliente en los supuestos que no se encuentren previstos en la ley. En relación con esto último, la Segunda Sala de la SCJN ha determinado, desde 2008, que el secreto bancario guarda relación con la vida privada de las personas en su condición de clientes o deudores de las entidades bancarias, en cuanto a que el acceso a la información no es libre, pues se refiere a información privada o confidencial.1 Ahora bien, centrándonos en el tema medular del presente artículo, la facultad del Ministerio Público para requerir información bancaria relacionada con la comprobación de delitos y la probable responsabilidad de una persona no estaba contemplada antes de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito del 30 de diciembre de 2005.2 En efecto, por medio de esa reforma se ampliaron los supuestos de excepción al secreto bancario con el fin de incluir, entre otras autoridades, a los procuradores generales de justicia a nivel federal y de los estados, así como a los subprocuradores, a efecto de solicitar información que fuera útil “para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado”. Como podemos ver, la condicionante radicaba en que dichas autoridades podrían solicitar información bancaria de los clientes a las instituciones financieras, siempre y cuando dicha información se vinculara con la investigación de un delito y su probable autor. Asimismo, se estableció que esa solicitud se haría en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que les resultaren aplicables. Además, debía formularse con la debida fundamentación y motivación y por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El secreto bancario guarda relación con la vida privada de las personas en su condición de clientes o deudores de las entidades bancarias, en cuanto a que el acceso a la información no es libre, pues se refiere a información privada o confidencial.”

Posteriormente, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, el texto del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito se trasladó al artículo 142 de ese ordenamiento, conservando idéntica su redacción. Finalmente, la última reforma a la fracción II del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito se llevó a cabo el 17 de junio de 2016, para ajustar el texto al sistema penal acusatorio.3 Ahora bien, en 2017 la Primera Sala de la SCJN señaló que el artículo 117, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, en su texto anterior a la reforma publicada el 10 de enero de 2014, viola el derecho a la vida privada, pues consideró que la permisión que otorga dicho precepto a la autoridad ministerial no forma parte de la facultad de investigación de delitos contenida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la extensión de facultades de irrupción en la vida privada expresamente protegidas por el artículo 16 de la propia Constitución; además, porque el acceso a dicha información implica que tenga la potencialidad de afectación del derecho a la autodeterminación de la persona, quien como titular de los datos personales es la única legitimada para autorizar su circulación; de ahí que la solicitud de información bancaria realizada por la autoridad ministerial —como señaló entonces la Corte— debía estar precedida de autorización judicial.4 La decisión anterior implicó, en la praxis, un gran dolor de cabeza para la autoridad ministerial, pues provocó que muchas investigaciones ya iniciadas literalmente se vinieran LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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abajo, pues los datos de prueba consistentes en información bancaria de personas investigadas y que fueron obtenidos sin mediar la autorización judicial eran considerados como prueba ilícita y, por ende, no valida para ser valorada dentro del caudal probatorio de delitos financieros, fiscales y patrimoniales, principalmente.

Por la gran trascendencia del tema, la SCJN volvió a abordarlo, pero ahora actuando en Pleno. En aquel entonces, en sesión del 27 de noviembre de 2018, se discutió por primera vez el amparo directo en revisión 1762/2018, donde seis de los 11 ministros que integraban entonces el Pleno de la SCJN votaron en contra del proyecto formulado por el ministro José Ramón Cossío (su última aparición en el Pleno, por cierto), el cual declaraba inconstitucional el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, y, por ende, la mayoría avaló que la Procuraduría General de la República pudiera obtener información de cuentas bancarias sin la necesidad de la orden previa de un juez.

Debido a lo anterior, returnaron el asunto y volvieron a discutir el amparo directo en revisión 1762/2018 donde una nueva integración del Pleno de la SCJN finalmente se decantó por avalar el proyecto del también entonces ministro Eduardo Medina Mora, que declaraba inconstitucional el mencionado artículo 142, fracción I, por las mismas razones previamente otorgadas en el proyecto del ministro Cossío; a saber, por no requerir orden judicial previa.

Sin embargo, grande fue la sorpresa para muchos de nosotros cuando, días después de discutido y aprobado el proyecto en sesión pública del Pleno, la SCJN avaló el desistimiento que hizo la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del amparo directo en revisión 1762/2018, dejando sin efecto su resolución de declarar inconstitucional el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito lo que en la praxis implicó una clara indefinición en el tema y dejaba vigente el criterio de 2017 de la Primera Sala de la SCJN. ¡Vaya drama con el tema!

Así, llegamos a la actualidad, cuando recientemente la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo en revisión 971/2019, en cuyo proyecto dio marcha atrás al criterio de 2017 y finalmente decretó la constitucionalidad del artículo 142, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito.

En ese proyecto de amparo en revisión la Primera Sala de la SCJN concluyó que el artículo 142, fracción II, de la legislación antes referida es constitucional pues —según aduce— supera el examen de proporcionalidad, en la medida en que se trata de una intervención a un derecho humano (vida privada) que se encuentra prevista en la ley, tiene una finalidad constitucionalmente válida, es idónea para el éxito en la integración de la carpeta de investigación, la cual está relacionada con operaciones y transferencias bancarias que

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Ha habido un auténtico sube y baja en los criterios de la SCJN respecto del tema, que sin duda ha generado gran inseguridad jurídica tanto para imputados como para víctimas de delitos financieros, patrimoniales y fiscales.” realizan los usuarios del sistema financiero, y es proporcional porque en el marco de una investigación se abre la posibilidad para que el Ministerio Público continúe o no con la misma.

Empero, ese amparo en revisión finalmente quedó sin materia, pues la parte promovente (el presidente de la República) se desistió del recurso; sin embargo, nos deja entrever claramente cuál sería la línea a seguir en casos futuros.5 Como podemos ver, ha habido un auténtico sube y baja en los criterios de la SCJN respecto del tema, que sin duda ha generado gran inseguridad jurídica tanto para imputados como para víctimas de delitos financieros, patrimoniales y fiscales. No obstante, con el criterio más reciente que hemos comentado, queda en evidencia que, una vez más, al parecer, prevalecerán las razones de seguridad y supuesta eficacia en la investigación de delitos, por encima del respeto a los derechos fundamentales de las partes que debe existir en cualquier procedimiento penal.

Nadie pone en tela de juicio la necesidad de garantizar el éxito de las investigaciones penales ni la agilidad que para ello deben tener las autoridades competentes; sin embargo, existen derechos que deben ser salvaguardados con un estándar de protección más elevados (control de un juez), tal como es el caso, por ejemplo, de la inviolabilidad del domicillio, que requiere una orden de cateo emitida por una autoridad judicial como medida excepcional. Considero que el secreto bancario debe ser uno de esos derechos que, sin duda, debiera ser salvaguardado bajo estándares máximos. Veremos cómo acaba esta historia. 7

Véase el siguiente criterio: “secreto financiero o bancario. es parte del derecho a la vida privada del cliente o deudor y, por tanto, está proDe los artículos 2º, 5º y 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en relación con el 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, se advierte que el secreto financiero o bancario guarda relación con la vida privada de los gobernados, en su condición de clientes o deudores de las entidades bancarias, por lo que si bien no está consagrado como tal explícitamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estar referido a la historia crediticia de aquéllos, puede considerarse como una extensión del derecho fundamental a la vida privada de la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de los gobernados, protegido por el artículo 16, primer párrafo, constitucional” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Novena Época, Segunda Sala, tesis 2a. LXIV/2008, registro 169607, tesis aislada, mayo de 2008, p. 234).

2 El artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito en su redacción hasta esa fecha establecía lo siguiente: “Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales. Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas, en caso de revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen. ”Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten.”

3 La redacción vigente en la actualidad reza: “Artículo 142. La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente ley tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. ”[...] Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades: ”[...] II. Los procuradores generales de justicia de los estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado [...] Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o información a que se refiere este artículo en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que les resulten aplicables. ”Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse con la debida fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores...”

4 El criterio que derivó de dicha resolución es el siguiente: “secreto bancario. el artículo 117, fracción ii, de la ley de instituciones de crédito, en su texto anterior a la reforma publicada en el diario oficial de la federación el 10 de enero de 2014, viola el derecho a la vida privada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el secreto bancario o financiero es parte del derecho a la vida privada del cliente y, por tanto, está protegido por el principio de seguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 117, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, que prevé como excepción a la protección del derecho a la privacidad de los clientes o usuarios de las instituciones de crédito, la obligación de dar noticia o información, cuando las autoridades que la soliciten sean los procuradores generales de justicia de los estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, viola el derecho a la vida privada, toda vez que la permisión que otorga dicho precepto a la autoridad ministerial no forma parte de la facultad de investigación de delitos contenida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la extensión de facultades de irrupción en la vida privada expresamente protegidas por el artículo 16 de la propia Constitución; además, porque el acceso a dicha información implica que tenga la potencialidad de afectación del derecho a la autodeterminación de la persona, quien como titular de los datos personales es la única legitimada para autorizar su circulación; de ahí que la solicitud de información bancaria realizada por la autoridad ministerial debe estar precedida de autorización judicial. Lo anterior es así en virtud de que el carácter previo del control judicial, como regla, deriva del reforzamiento que en la etapa de investigación penal se imprimió al principio de reserva judicial de las intervenciones que afectan derechos fundamentales, toda vez que el lugar preferente que ocupan en el Estado se expresa a través de los controles que deben mediar para su afectación, como lo prevé en el artículo 1º de la Constitución Federal” (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, Décima Época, Primera Sala, tesis 1a. LXXI/2018, registro 2017190, tesis aislada, libro 55, junio de 2018, p. 977).

5 Agradezco al maestro Juan Jaime González Varas, secretario de Estudio y Cuenta de la Primera Sala de la SCJN, la precisión que me hizo llegar sobre este desistimiento vía Twitter.

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tegido por la garantía de seguridad jurídica en su vertiente de derecho a la privacidad o intimidad.

Luis David Coaña Be es socio director de Coaña Aguirre-Abogados y profesor de derecho penal y amparo. @LCoanaBe

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Ángel Gilberto Adame Rodrigo García Galindo

El derecho al futuro Ana Laura Magaloni

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Voces Destacada abogada mexicana que ha dedicado su vida a descifrar los problemas del sistema de justicia mexicano y proponer soluciones a éstos, Ana Laura Magaloni Kerpel es una mujer innovadora. Su trabajo académico y profesional se caracteriza por proponer nuevas miradas y solu-

ciones a los problemas relacionados con el sistema de impartición de justicia, en especial con la

justicia constitucional. La doctora Magaloni nos recibe en su casa, donde se ha refugiado durante la contingencia sanitaria, rodeada de un amplio jardín que cuida con esmero. Su charla gira

en torno de la necesidad de cuestionar las formas de mirar el Derecho, de innovar y de analizar-

lo desde ángulos nuevos o alternativos. Una actitud provocadora que, como el arte y los colores brillantes que decoran sus paredes, anuncia que el mundo está cambiando.

uizá podemos empezar por tu nueva etapa profesional: la creación de Magaloni Abogadas, un despacho de litigio constitucional y estratégico compuesto por mujeres. Sabemos que, combinando esas dos áreas características de Magaloni Abogadas —litigio constitucional y estratégico— y ante la preocupación de la crisis climática, e inspiradas en el caso Kelsey Cascade Rose Juliana et al. vs. United States of America y otros litigios climáticos en el mundo, promovieron un litigio estratégico contra la contrarreforma energética en nombre de tu hija y un movimiento de jóvenes que agrupa más de 30 ONG’s y colectivos.

Tengo una hija de 16 años que realmente piensa, come y vive de una manera distinta a la mía y que se fija en cosas en las que yo no me fijaría de no ser por ella. Su generación considera la agenda del medio ambiente como la posibilidad de imaginar su futuro. Un día cualquiera me dijo: “Mamá, yo no sé si voy a poder tener hijos. Es muy difícil tomar decisiones sobre mi futuro porque creo que no nos va a alcanzar el planeta”. A su edad yo nunca tuve que soportar sobre mis hombros la losa del cambio climático para decidir qué iba a hacer con mi vida. Con esa preocupación, junto con mi socia Nora Cabrera, empezamos a concebir un litigio climático que pudiera representar y llevar hasta la Suprema Corte la preocupación de toda esta generación de jóvenes. Cuando fundamos el despacho Nora y yo, nos entusiasmaba, entre otras cosas, innovar en los contenidos y las estrategias del trabajo probono que realizan los despachos en México. Creo que este litigio climático es un buen ejemplo de ello.

n ¿Cómo frenar una política energética centrada y aferrada a los combustibles fósiles y que termina con la transición energética en el sector eléctrico?

Primero surgió un grupo pequeñito de jóvenes compuesto por amigos y conocidos con el fin de reclamar la incons-

titucionalidad de la famosa Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía. Dicha política fue derogada y con su derogación se sobreseyeron los miles de amparos en su contra, incluido el nuestro. Sin embargo, poco tiempo después se repite la misma política energética, pero esta vez se plasma en la Ley de la Industria Eléctrica. Para esa fecha, ese primer grupo chiquito de jóvenes que presentó la primera demanda ya había entrado en contacto con muchísimos otros jóvenes que compartían su preocupación por el cambio climático y la falta de políticas de mitigación de la presente administración. Fue muy emocionante atestiguar cómo se fueron articulando y conectando tantos jóvenes en México preocupados por la viabilidad del planeta. Todos y todas han articulado un verdadero movimiento social exigiendo su derecho al futuro en México. A diferencia de cualquier otro movimiento social que recuerde, éste tiene una dimensión global que yo no había visto. Lo que México no haga en términos de reducción de emisiones de CO2, no sólo afecta a México, sino al resto del planeta.

En este litigio, Nora Cabrera y yo hemos sido las traductoras al lenguaje jurídico y, en particular, al lenguaje constitucional de las preocupaciones de los cientos de jóvenes que conforman el movimiento contra el cambio climático. Vamos a ver si tales preocupaciones logran ser escuchadas y atendidas por la Suprema Corte.

n En su estrategia de litigio también incorporan este enfoque muy novedoso de ciencia y derecho...

Litigar sobre el clima es muy complicado, porque es un fenómeno cuyos cambios son difíciles de demostrar en el ámbito jurisdiccional. En cualquier juicio climático hay que aportar evidencia científica y dejar hablar a los especialistas en crisis climática. Es muy importante que los jueces comprendan que la crisis climática no es un asunto de una película apocalíptica de ciencia ficción, sino que es algo que ya está ocurriendo LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Ana Laura Magaloni tiene la serenidad de quien llega a cierta edad luchando, con ese hormigueo en las venas que da la certeza de que nunca hay suficiente tiempo para seguir aprendiendo. Así es ella: una educadora, alguien que ha decidido luchar para hacerle justicia a uno de los principios más íntimos y más básicos del ser humano: el derecho a seguir soñando con el futuro.

y que lo que se avecina para México y para el mundo puede ser devastador.

movimientos de jóvenes en el mundo que buscan lo mismo que ellos. Eso no existía en nuestra época.

n Existe sin duda una desconexión entre la generación gobernante y las preocupaciones de los jóvenes. Nuestra generación está pensando constantemente en el presente cuando ellos están obsesionados con el futuro. Esta contraposición de prioridades y enfoques está generando un choque generacional...

Sí. Y también genera un vacío para ellos. Las y los jóvenes necesitan que su agenda sea escuchada y que nosotros entendamos que el mundo al que se están enfrentando no es el mismo con el que lidiamos nosotros. La generación de mi hija es una generación que nació en la globalidad y que ha tenido acceso a tecnología que le permite conectarse y relacionarse con el mundo. Ello la hace ser una generación que piensa y se organiza de forma distinta. Todos ellos cuentan con nuevos canales de comunicación e instrumentos para hacerse escuchar.

En el caso, por ejemplo, de los juicios climáticos, es impresionante ver que el movimiento de jóvenes en México conoce perfectamente qué está pasando con otros litigios similares en otras partes del mundo y tiene contacto con esos otros

n Esta posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional es justamente uno de los frutos principales de la transición a la democracia que protagonizaron nuestras generaciones. ¿Cómo ves al Poder Judicial en este nuevo rol y en este momento?

Yo creo que el Poder Judicial está a prueba. Estamos viviendo un momento único en la historia. Espero que esté a la altura del reto.

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n Tú has sido muy crítica del Poder Judicial desde la academia. Por ejemplo, del gasto que ejerce la Corte.

Hoy sería crítica de otras cosas. En el momento político que estamos viviendo, la Corte tiene un rol central. Como nunca antes en nuestra historia democrática, la Corte tiene la responsabilidad de seguir preservando nuestra democracia constitucional; de hacer valer el principio de que la democracia no solamente se trata de la regla de la mayoría, sino también de la protección de las minorías, cualesquiera que éstas sean. En este cambio de correlación de fuerzas sociales hay una ruta

Voces

de lo posible y ciertas acciones inadmisibles. Es responsabilidad del Poder Judicial trazar esos límites entre los posible y lo inadmisible.

Creo que el Poder Judicial se encuentra en una encrucijada compleja y no es momento de hacer esas viejas críticas acerca del uso de los recursos, sino de blindar a los jueces y confiar en su capacidad para establecer y dibujar los límites constitucionales del ejercicio del poder. Es la primera vez en nuestra joven democracia que existe tanta concentración del poder. Ello, evidentemente, es amenazante para las minorías.

Hasta ahora el Poder Judicial lo ha hecho bastante bien, pero vienen los dos años más desafiantes.

n Contrario a la “prudencia” institucional de la Corte, el Poder Judicial ha sido muy vocal ante las señales de avasallamiento. Constantemente atestiguamos pronunciamientos de asociaciones de juzgadores sobre distintos temas que atañen al Poder Judicial.

Sin duda se han blindado, se han agrupado, y creo que el Poder Judicial de la Federación, en su conjunto, tiene bien puesta la camiseta. Yo trabajé en el Poder Judicial y sé de su mística, algo poco común en las burocracias mexicanas. Quizá el Banco de México la tiene y también, en cierta medida, el Instituto Nacional Electoral. Pero desde antes de la democracia, el Poder Judicial ya tenía un sentido de pertenencia, de compromiso y de respeto a la institución. n Estamos en un momento en que ciertas críticas de corte republicano en un contexto de normalidad democrática pueden usarse para roer los cimientos de las instituciones...

Además, el tema de los recursos presupuestarios del Poder Judicial es de los que más amenazan su independencia: si le restas recursos, le restas capacidad al servicio civil de carrera, a la gente que está ahí apostándole a tener cierta estabilidad económica y ciertas seguridades, como seguro de gastos médicos o ahorros para el retiro. Creo que hay que blindar al Poder Judicial frente al propósito de someterlo a la ley de austeridad que les aplicaron a todas las burocracias federales.

Si precarizas a los funcionarios, precarizas a la institución. n La impartición de justicia es un tema principal en tus intervenciones mediáticas. Por ejemplo, te ocupas del asunto constantemente en tu columna quincenal en Reforma. En algunas ocasiones estas opiniones han sido polémicas respecto de la forma en que delibera la Corte. ¿Qué crees que podría hacerse en este terreno para fortalecerla?

Creo que en este contexto de concentración del poder los árbitros deben buscar estrategias para fortalecer su legitimidad. En el caso de la Suprema Corte, la forma en que delibera y toma

Ana Laura Magaloni es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctora en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Formó parte de la terna que el presidente de la República envió al Senado para ocupar el asiento que dejó vacante el ministro Eduardo Medina-Mora Icaza, para el cual finalmente fue designada la actual ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

sus decisiones le resta fuerza y legitimidad. Es completamente atípico que un tribunal constitucional delibere públicamente.

Ello da la impresión de que la decisión y el derecho son producto de 11 voluntades aisladas, casi como un seminario académico: cada quién expone su punto de vista. Ello debilita la fuerza de nuestro máximo tribunal. Los tribunales tienen que hablar con una sola voz: la voz del tribunal. Que las sentencias de la Corte sean la voz razonada que nos explica el sentido y alcance de los preceptos constitucionales a la luz de controversias concretas. Ello requiere una metodología de trabajo completamente distinta a la que utiliza nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.

n ¿Crees que debe hacerse un esfuerzo para acercar posiciones y buscar la unanimidad? Un trabajo más intenso en las sesiones privadas, digamos... ¡Sí! Exacto. Construir la mayoría antes que el proyecto de sentencia y el ponente se encargue de redactar un proyecto que tome en cuenta los puntos de vista de esa mayoría previamente definida. Así trabaja la Suprema Corte norteamericana.

Lo relevante es privilegiar los consensos sobre las posiciones individuales. Ello le da fuerza a todo tribunal. Tan relevante es el consenso que cuando la Corte norteamericana decidió echar abajo la segregación racial en las escuelas públicas de Estados Unidos, Warren —presidente de la Corte en ese momento— consiguió muy rápido la mayoría para sacar el veredicto, pero se esperó a tejer una resolución que lograra la unanimidad, porque sabía que en un asunto tan crucial, que iba a cambiar toda la estructura social, era necesario que la Corte hablara inequívocamente sobre lo que dice la Constitución. En cambio, en México, cuando tú ves a las y los ministros deliberando individualmente, ¿te queda claro qué dice la Constitución?, ¿cómo nos protege?, ¿cuál es el límite? Claro que no. n Por ejemplo, después del veredicto de la Corte en el asunto de la consulta sobre los ex presidentes, ¿cómo crees que quedó? Vimos a una Corte muy dividida, en LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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la que era obvio que el ministro presidente hizo hasta lo imposible por sacar una mayoría, que resultó raquítica, y con votos disidentes que resonaron mucho más en la opinión pública que los votos de la mayoría.

Sin duda. A nadie le quedó claro qué era lo que estaba interpretando la Corte. Cuando lees el proyecto y la sentencia final descubres que no tienen una clara conexión con el proceso de deliberación que vimos en la televisión. Hay un divorcio clarísimo entre lo que se discute y lo que queda escrito en la sentencia. Además, en términos de la prensa y el debate público, cuando finalmente saca el engrose la Corte, el asunto ya no está en la agenda pública y prácticamente nadie va a leer la sentencia. Entonces, ¿qué sabemos acerca de la constitucionalidad de esta consulta? Parece una decisión absolutamente politizada y a modo, producto de fuertes presiones en términos políticos. Por eso creo que es clave que la Corte cambie su metodología de trabajo, su forma de tomar decisiones.

n La toma de decisiones judiciales es todo un asunto en México, sobre todo en casos de alta exposición mediática, porque la gente tiende a desconfiar siempre, a suponer que se hacen acuerdos inconfesables. Ahí también está el ejemplo de lo que está sucediendo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Hace algunos años, junto con mi colega Carlos Elizondo, escribimos un artículo argumentando justamente esto: la Corte no

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debería deliberar públicamente. Muchos de mis colegas en esos años dijeron que yo estaba en contra de la transparencia judicial; que esta forma de deliberación pública era la manera de transparentar el quehacer jurisdiccional para que no hubiera sospechas de acuerdos en lo oscurito. Esto no es así: si la sentencia es buena, razonable, inteligente, si nos da buenas razones para resolver de una u otra manera, que es lo que hace la gran mayoría de los tribunales en el mundo, entonces no vamos a sospechar que la decisión fue producto de lo inconfesable. Si las sentencias son malas, si no se argumentan bien y con claridad, se verán siempre caprichosas e injustas. En el caso de México, la Corte termina opacando la relevancia de sus sentencias a cambio de la deliberación pública en televisión.

n Además, provoca que los ministros se vuelvan innecesariamente mediáticos y se expongan políticamente.

Exhiben sus diferencias, sus distintos puntos de vista y sus tensiones, cosas que existen en todos los tribunales y que es mejor que esas diferencias se razonen en votos concurrentes y disidentes y no se exhiban en el proceso de deliberación. Peor aún, lo que vemos en las sesiones públicas ni siquiera es un debate; si acaso es un posicionamiento, como si se tratara de una disertación académica. En las sesiones públicas cada uno dice lo que cree, se suman los votos, y a otra cosa. La actividad jurisdiccional no debe tratarse del ego de cada ministro y ministra; debería tratarse más bien de que los ciudadanos

Voces tengamos claro qué dice nuestra Constitución y cómo se aterriza ello en nuestra vida.

n Pero el CIDE ya lo hace de cierta manera con sus becas y subsidios...

Sí, lo hace, pero los recortes presupuestales han afectado mucho el sistema de becas.

n Pasemos a hablar de tu faceta académica. ¿Cómo ves a la academia hoy? También nos interesa que nos platiques un poco del ascenso y el éxito del CIDE. n ¿Sirve como un igualador?

En el asunto del CIDE no puedo ser imparcial, porque yo fui la Es indispensable, pero no sólo se necesitan becas de colegiaque originalmente lancé el proyecto, junto con Blanca Heredia, tura; también de manutención, para comprar una computaLayda Negrete y Reyes Rodríguez. Nosotras propusimos una dora, para adquirir alimentos, para vivir en la ciudad si los nueva forma de estudiar y enseñar derecho. Creo que algo de alumnos provienen de provincia. Hay que igualar de muchas lo que distingue al CIDE es que elige muy bien a sus estudian- maneras. Y lo más triste del recorte presupuestal es que ha tes: es difícil entrar, hay una gran diversidad socioeconómica hecho muy complicado mantener estos esquemas. entre su alumnado, se recluta a estudiantes de todo el país y hay muchos alumnos de escuelas públicas. En el CIDE los n Tienes razón, pero percibo en ciertos sectores una estudiantes son chavas y chavos talentosos y esforzados que estigmatización del mérito. Tratando de ser optimistas, creen que su educación es el vehículo más importante que ¿ves alguna política pública efectiva que busque romper tienen de movilidad social. Eso los hace tener garra; son muy estas desigualdades? trabajadores y disciplinados. El CIDE también tiene unas A mí me gusta poner a la desigualdad en el centro del debate reglas de permanencia muy duras y su nivel de exigencia público, hablar de las asignaturas pendientes de la élite con es muy alto. Pero al mismo tiempo es la institución que más los que menos tienen y desde ahí hacer un ejercicio crítico becas otorga y tiene un programa para encontrar la mejor manera de subsidios muy focalizado. Los de atajar las brechas: discutamos “Para quienes nos tocó vivir la transición profesores nos tomamos en serio cómo hacerle para cerrarlas, cómo el trabajo de ser profesores, hay generar una sociedad más pareja, a la democracia, una de las agendas más mucha supervisión personalizada cómo hablar de la desigualdad sin relevantes estaba en el mundo del derecho y tenemos grupos muy pequeños, poner a la gente a la defensiva. lo cual propicia que conozcamos Me gustan las transferencias; me penal, los derechos humanos, el debido bien a cada alumno, sus circunsparece que mientras el Estado proceso, la presunción de inocencia, las tancias y sus necesidades. social no funcione, éstas pueden aliviar grandes males y hacen senlibertades y los derechos básicos. Pero n Cuando hablas del CIDE te tir a la gente que la están viendo, la agenda del futuro, la de las nuevas enfocas mucho en la exigencia que es importante. Sin embargo, y en el mérito, asuntos que me no hay forma de igualar la cancha generaciones que ya crecieron en un país parecen fundamentales en una sin servicios públicos de calidad. democrático, incluye dos grandes temas: educación de calidad, lo que sin La gran agenda pública pendiente. duda es una de sus fortalezas. género —mujeres, particularmente— y Sin embargo, estamos en un n El problema con las transfemedio ambiente. Se trata de una agenda punto de inflexión en el que se rencias es que deben salir de avizora una tormenta perfecta: algún lado y no hay para todo: innovadora, fresca y propositiva.” por un lado, el populismo edual tiempo que entregas dinero cativo y, por otro, una creciente en efectivo, desmantelas todo lo guerra de la progresía contra el mérito. ¿Qué piensas al demás. Por ejemplo, las becas en el CIDE, o las estancias respecto? infantiles, o los refugios. Eso sin discutir si los programas En un país tan desigual el mérito es algo muy complejo. De realmente están siendo efectivos, si llegan a la gente, si entrada, porque no empezamos todos iguales: desde la alimen- tienen forma de evaluar su impacto real. Entregar dinero tación hasta las experiencias vividas. Es muy difícil igualar la no es todo y se dice más fácil de lo que es. cancha. Tendríamos que hablar primero del punto de partida: A mí me encantaría ver una política de servicios públicos, que tienes que establecer cuotas al inicio, como sucede en el caso se cerraran las brechas a través de un Estado benefactor, un de las mujeres o de los estudiantes de escasos recursos. Creo Estado social. Y esa no es la apuesta de este gobierno, pero creo que es mejor hablar de nuestras desigualdades y empezar a que sin ello no va a ser posible una sociedad más incluyente pensar cómo hacerlas menos dramáticas que hablar sólo del e igualitaria. Me gustaría un servicio de salud transversal y mérito como forma de movilidad social. universal, con estándares mínimos de calidad, que no es lo que LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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La doctora Magaloni se ha alejado de la televisión y ha renunciado a formar parte de la comentocracia televisada, que requiere tomas de postura inmediatas y no pocas veces sin suficiente información.

Es escéptica de la vanidad de opinar. Es una mujer que nunca abandona el rigor académico y que no se siente cómoda opinando de todo lo que sucede en los vaivenes de la política. Está consciente de que no se puede saber de todo y prefiere circunscribirse a los temas y problemas que ha estudiado y que conoce. pueda ser un árbitro imparcial y lo suficientemente poderoso para hacer una gestión efectiva ajena a presiones e intereses.

Tampoco sé quién podría cumplir ese papel en un país tan diverso, tan complejo, tan desigual y tan grande. ¿Cómo podemos establecer estándares de desempeño y formas de sanción a la profesión legal? Ello en México sigue siendo una gran asignatura pendiente.

estamos viendo. Pero eso no quita la utilidad de las transferencias mientras ese Estado benefactor no funcione y no pueda proveer dichos servicios públicos. Ojalá nos ahorráramos el dinero de Dos Bocas y otras cosas para hacer un servicio de salud ejemplar, en lugar de tirarlo en inversiones que no creo que vayan a tener mucho futuro. Pero, más allá de errores y aciertos, pienso que es momento de que nos demos cuenta de que este orden social tan vertical, jerárquico y excluyente no es sostenible, y esa discusión pública me entusiasma.

n En línea con la modernización de la enseñanza y de la práctica del derecho, ¿cuál es tu opinión acerca de la colegiación obligatoria?

Creo que es muy importante establecer estándares profesionales y éticos para la profesión legal y hacerlos efectivos, pero hay muchas cosas que no están claras: ¿quién colegia?, ¿cómo será la colegiación?, ¿cómo se va a sancionar?, ¿cuánto va a costar? Actualmente no identifico ninguna institución que

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n Para concluir, ¿qué te emociona leer?

Hace tiempo que no leo novelas. En este momento me parece muy interesante el ensayo científico y la neurociencia: entender cómo funciona la mente y las emociones, cuáles son nuestros mecanismos para tomar decisiones, cómo nos construimos como personas y quiénes somos. Últimamente he regresado también a mis viejos libros de derecho constitucional y me he acercado a lecturas sobre cuestiones judiciales: cuál es el rol de los jueces, cómo toman decisiones, cuáles son los debates y dónde están las tensiones. Esa es una literatura interesantísima. En el doctorado me sumergí en ella y ahora, después de varios años de haber estudiado el derecho desde una perspectiva empírica y sociológica, estoy regresando al derecho constitucional con una mirada nueva debido al momento que está atravesando el país. Me parece particularmente interesante regresar a esos libros para entender qué le toca hacer al aparato de justicia en un contexto político tan complicado como el que estamos viviendo.

Sin embargo, después de más de un año de pandemia, lo que más me emociona es la jardinería. Mi jardín no se veía así como ahora; finalmente estoy teniendo el tipo serenidad interna que se necesita para cuidar un jardín y comunicarme con las plantas. La jardinería te hace observar la sutileza de la vida y poner atención a lo realmente importante. Así que muchas veces, para desconectarme, no me pongo a leer sino a plantar, a regar, a sorprenderme y a agradecer. 7

[ Experiencias ]

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Miguel Carbonell

EL HORIZONTE DE UN MUNDO MEJOR Pese al desastre de la pandemia, tenemos motivos para el optimismo, sostiene el autor, al hacer un repaso por algunos indicadores que muestran, en perspectiva histórica, los grandes avances que ha logrado la humanidad en su historia reciente, sin que por ello dejen de existir grandes desafíos, a los que también se refiere en esta colaboración.*

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l tremendo impacto que ha tenido la pandemia de Covid-19 nos puede hacer pensar que vivimos en un mundo sin esperanza y que nos ha tocado un tiempo terrible para estar vivos. Tomando en cuenta los millones de muertos, la debacle económica, la incapacidad de muchos gobiernos para conseguir o distribuir las vacunas y la desazón de ver nuestras escuelas y nuestros negocios cerrados, no es difícil tender hacia el pesimismo.

Pero si ampliamos un poco la mirada y nos fijamos en lo que la humanidad ha sufrido en el pasado es posible que podamos modificar nuestra perspectiva y concluir que la dureza de los tiempos actuales quizá no lo sea tanto. Estamos pasando por un bache en un camino que se dirige hacia un desarrollo mayor que el que pudieron tener las anteriores generaciones de seres humanos. Veamos.

La tasa de pobreza extrema en el mundo (personas con ingresos inferiores a 1.9 dólares al día) era de 44.3 por ciento a nivel global en 1981. En 2015 había bajado hasta 9.6 por ciento. Una disminución espectacular, nunca vista en la historia de la humanidad. De hecho, la tasa de pobreza global era de 94 por ciento en 1820, de 82 por ciento en 1910 y de 72 por ciento en 1950. China, que es el país más poblado del mundo, logró disminuir la pobreza de 90 por ciento en 1981 hasta 10 por ciento en 2016. No es poco lo que la humanidad ha avanzado desde entonces, aunque todavía tenemos mucho por hacer en el combate a la pobreza.

En las sociedades humanas de la prehistoria, cuando éramos cazadores-recolectores, la esperanza de vida se ubicaba entre 20 y 30 años. En las civilizaciones clásicas que dieron lugar al alumbramiento del mundo moderno, en la antigua Grecia y en el Imperio romano, la esperanza de vida se ubicaba entre 18 y 25 años. En la Gran Bretaña de la Edad Media las personas vivían, en promedio, entre 17 y 35 años. Antes del siglo XIX ningún país europeo tenía una esperanza de vida superior a 40 años.

El gran aumento de la esperanza de vida que hemos visto en los años recientes solamente ha sido disfrutado por cuatro de las 8,000 generaciones de seres humanos que han habitado el planeta desde hace 200,000 años. La gran noticia es que el amable lector de este artículo y quien la escribe formamos parte de esos elegidos.

A finales del siglo XIX la mortalidad infantil promedio (muertes antes de cumplir cinco años) se movía entre 10 y 25 fallecimientos por cada 100 nacimientos. Actualmente oscila entre dos y cinco muertes por cada 100 nacimientos, lo cual nos obliga a hacer todo lo posible por seguir reduciendo esa estadística.

La esperanza de vida en América Latina ha subido de 50 años en 1950 hasta 74 años en la actualidad. En África ha aumentado de 37 hasta 57 años en el mismo periodo, a

Vivimos en un mundo mejor. A veces no nos damos cuenta y pensamos que los avances de los que disfrutamos han sido una constante a lo largo de la historia. No es así.” pesar de los devastadores efectos de la epidemia de VIH en ese continente.

El aumento en la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad infantil son resultado del incremento de la riqueza.

Ningún país del mundo con una renta per cápita superior a 10,000 dólares anuales tiene un rango de mortalidad infantil superior a 2 por ciento, como resultado del aumento de la inversión en salud, drenaje, agua potable, mejor alimentación y medicina más avanzada.

Y no solamente vivimos más años, sino que la calidad de vida en los tiempos actuales es infinitamente superior a la que han tenido las generaciones anteriores de habitantes del planeta. No olvidemos que antes de la Revolución industrial se vivía sin medicinas, sin antibióticos, sin agua potable, sin cubrir las necesidades de ingesta calórica diaria, sin electricidad y sin drenaje en las ciudades.

Hace 150 años se requería el trabajo de un día completo de 25 personas para cosechar una tonelada de grano. Hoy la tecnología permite que esa cosecha la logre una sola persona y se tarde seis minutos en realizar la tarea. En 1947 la mitad de la humanidad sufría desnutrición crónica, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Actualmente, la desnutrición y el hambre afectan a 9 por ciento de los seres humanos (unos 690 millones de personas a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud [OMS] correspondientes a 2019), lo cual es demasiado y se debe trabajar para erradicar por completo el hambre en el mundo. Entre 1961 y 2009 las tierras dedicadas al cultivo aumentaron 12 por ciento a nivel mundial y su productividad se disparó 300 por ciento.

La OMS alerta sobre la alimentación deficiente. Millones de seres humanos ya no padecen hambre pero todavía no han logrado acceder a una dieta adecuada para su sano desarrollo.

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Se estima que 3,000 millones de personas en el mundo tienen una dieta deficiente. Los alimentos más nutritivos, como los productos lácteos, las frutas, las hortalizas y los alimentos proteínicos de origen animal o vegetal, todavía son demasiado caros. Una dieta saludable cuesta cinco veces más que paliar el hambre ingiriendo solamente almidones. La tarea, por tanto, no consiste sólo en terminar con el hambre, sino en procurar que la alimentación que tenemos sea la adecuada.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha elaborado un interesante índice de desarrollo humano que destaca desde 1990 cuestiones complementarias al simple crecimiento del producto interno bruto (PIB), añadiendo dimensiones como la expectativa de vida al nacer, la igualdad de género, los años de escolaridad. El índice se enfoca en las capacidades con las que cuentan los seres humanos para tener una vida mejor. En el informe correspondiente a 2020 se analizaron 189 países y territorios reconocidos por la Organización de las Naciones Unidad. México aparece

en el lugar 74, en una situación semejante a la de Ucrania.

Entre 1990 y 2019 la esperanza de vida aumentó 4.2 años; los años promedio de escolaridad 3.3, y el ingreso per cápita con valores constantes 4,500 dólares. Nos falta mucho por avanzar, pero sin duda hay datos alentadores.

El progreso de la humanidad ha sido una constante en los siglos recientes y, especialmente, en los años recientes.

Cada vez más personas cuentan con formación académica; cada vez somos más sensibles frente a la discriminación y a la desigualdad; cada vez se hacen mayores esfuerzos para aminorar el impacto ambiental de las actividades humanas; cada día surgen nuevos avances médicos y científicos; cada ciclo escolar los alumnos se esfuerzan más para alcanzar el conocimiento que les permitirá tener una vida más plena. La lista de avances podría ser muy larga.

Vivimos en un mundo mejor. A veces no nos damos cuenta y pensamos que los avances de los que disfrutamos han sido una constante a lo largo de la historia. No es así. Pese al desastre de la pandemia, tenemos motivos para el optimismo.

Ser optimistas respecto del presente y el futuro no implica de ningún modo bajar la guardia para hacer frente a los grandes desafíos que tiene la humanidad. Los retos son enormes todavía. Hemos avanzado mucho, pero lo hemos hecho de manera muy desigual y muy lenta en algunas regiones del mundo. Los resultados educativos lo demuestran: mientras hay países con logros impresionantes en sus sistemas de educación, otros siguen anclados en conocimientos de hace siglos, preparando a sus niños para un mundo que hace años dejó de existir. Hay que esforzarnos más para conseguir mejores condiciones de vida para toda la humanidad, pero eso no nos debe cegar frente a lo mucho que hemos conseguido.

Los datos anteriores y muchos otros que se podrían aportar en el mismo sentido nos permiten afirmar con fundamento que saldremos adelante y que el mundo será mejor para las generaciones venideras. Que nadie lo dude. 7

* Los datos citados en los párrafos de este texto se han tomado de varias fuentes. Algunos son del Banco Mundial, otros de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y de los principales periódicos del mundo, como The New York Times, El País o la revista The Economist. También pueden encontrarse argumentos semejantes en el libro de Johan Norberg, Progreso. 10 razones para mirar al futuro con optimismo, Deusto, Madrid, 2017, y en las obras de Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro. El declive de la violencia y sus implicaciones, Paidós, Barcelona, 2011, y En defensa de la Ilustración. Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, Paidós, Barcelona, 2018. Para una perspectiva histórica todavía más amplia, recomiendo los tres best sellers de Yuval Noah Harari, Sapiens. De animales a dioses. Breve historia de la humanidad, Debate, Madrid, 2015; Homo deus. Breve historia del mañana, Debate, Madrid, 2016, y 21 lecciones para el siglo XXI, Debate, Madrid, 2018.

Miguel Carbonell es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, A.C. (www.centrocarbonell.online), investigador nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y autor de más de 82 libros propios y coordinador o compilador de otras 63 obras.

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[ Experiencias]

Gabriel Dombek

Niñez a ambos lados de las rejas 40

abogacía Septiembre 2021

De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, los menores pueden permanecer con sus madres, cuando éstas se encuentran en prisión, hasta los tres años de edad. ¿Cómo es la vida ahí? ¿Será sano para ellos dar sus primeros pasos en ese ambiente? ¿Y qué les espera al salir? A ambos lados de las rejas, la realidad, tristemente, no es esperanzadora, como relata en esta experiencia el realizador cinematográfico Gabriel Dombek.

E

l trabajo de un año dentro del penal femenil de Santa Martha me permitió atestiguar cómo se transforma una criatura, en sus primeros años de vida, al encontrarse con la mirada de su madre. Ser visto y tocado, reír y llorar con la persona que le dio la vida indudablemente influye en la manera en que niñas y niños se vinculan con su entorno.

Entonces participé en un taller de dos meses promovido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y en la realización de una película con el objeto de poner sobre la mesa la discusión acerca del tiempo que deberían permanecer dentro del sistema penitenciario las niñas y los niños nacidos en las cárceles. El diálogo que sostuve entonces con 18 madres y sus hijos hizo surgir una serie de preguntas.

En 2015 estaba estipulado que, al cumplir ocho años y 11 meses, los niños y las niñas dejarían de estar tras rejas, candados, paredes y puestos de vigilancia para encontrarse con la libertad. A partir de entonces regresarían a ver a sus madres sólo durante los días de visita, hasta que ellas terminaran de cumplir su condena o, incluso, en algunos casos, el resto de sus vidas. Esos encuentros quedarían, a su vez, condicionados a la disponibilidad y el criterio de quienes tomaran a su cargo la custodia de los menores.

Un año después, en 2016, entró en vigor la Ley de Ejecución Penal que, en su artículo 36, fijaba la edad de tres años como límite para que un menor pudiera permanecer dentro de un penal junto a su madre. (Algunos estados no acataron esta disposición.)

María, de tres meses; Sebas, de dos años; Cris, quien entonces tenía ocho años y 355 días; Francisco y Gaby, y todos los niños y las niñas que hoy están dentro de las cárceles junto a sus madres, con más o menos atención, viviendo mayor o menor violencia, acudiendo a los centros de desarrollo infantil o sin ningún espacio formativo, ¿estarán mejor de un lado o del otro de esos portones? ¿Serán el caló canero,

las dificultades para acceder al agua o para hacerse de alimentos nutritivos, peores que el lenguaje de las calles, la vida al pie de los semáforos, pidiendo monedas, o haciendo equilibrio sobre los hombros de un adulto, a los que se ven sometidos muchos de estos niños y niñas en “libertad”? ¿Será peor que el riesgo de “halconear” en territorios plagados de criminales? ¿Será peor que estar internado en un refugio, privado o público, expuesto a distintos tipos de abuso, como se registra con frecuencia? ¿Cómo saberlo? Dependerá de cada realidad.

Las leyes emiten disposiciones generales, y no podría ser de otra manera. En algunos países sólo se permite mantener al bebé con su madre durante la lactancia. Como ya se dijo, en México, hasta hace pocos años, la edad para retirar a un menor del sistema penitenciario era de nueve años; hoy se redujo a tres. Pero la adecuación o no de esa disposición debe remitirse a las condiciones específicas de vida que le esperan al menor al ser reintegrado a su familia.

Indudablemente, la prisión no es el mejor lugar para que una niña o un niño crezcan, sujetos a la violencia institucional y, en muchos casos, a la de su propia madre. Pero en ocasiones, cuando estos niños son reintegrados a sus familias se ven inmersos en escenarios aún más difíciles: adultos golpeadores que los explotan y, en ocasiones, abusan física y sexualmente de ellos.

Frente a esa realidad, es imprescindible analizar cada situación particular para definir cómo proceder en cada caso.

Actualmente, en México existen 500 menores nacidos en reclusión. No es un número tan inabarcable que impida revisarlos uno por uno y definir su adecuación o inadecuación a las disposiciones del artículo 36, para proponer alternativas que contemplen el pleno derecho de las y los menores.

Tal vez algún día podremos empatizar con quienes viven una realidad diferente y, sin importar qué tanto “aprieten esos zapatos”, ponérnoslos unos minutos... Ojalá. 7

Gabriel Alejandro Dombek es egresado de la Escuela Superior de Bellas Artes y director de Cultura Jurídica del Instituto Mexicano para la Justicia (IMJUS).

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Carlos Gabriel Villasana Beltrán Eduardo Lima Gómez

Ley de Amparo y vulneración al principio de igualdad jurídica Los autores explican por qué el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo —relativo a las pruebas que un quejoso puede ofrecer en un juicio de amparo indirecto contra una orden de aprehensión— implica una violación al principio de igualdad jurídica consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone que todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

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¿

Es posible admitir pruebas en el juicio de amparo indirecto promovido por el probable responsable, en contra de la orden de aprehensión dictada bajo el sistema acusatorio, a efecto de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz del artículo 75, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo?

En sesión virtual del 2 de diciembre de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la resolución a la denuncia de contradicción de tesis 171/2020, realizada por los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en

Materia Penal del Décimo Circuito ante la posible contradicción entre su criterio sostenido en la queja 92/2019 y lo sostenido por los tribunales colegiados Décimo en Materia Penal del Primer Circuito, Primero en Materia Penal del Primer Circuito, Primero en Materia Penal del Sexto Circuito, y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito.

Sin embargo, la interrogante fue construida con un paralogismo, es decir, con un argumento aparentemente bueno, pero LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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que en realidad no lo es, y eso nos sitúa ante una falacia. Lo anterior resulta de la inexistencia de la figura y el tratamiento del individuo como “probable responsable” en el sistema de justicia penal acusatorio. Recordemos la reforma del artículo 16 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la cual sostiene que “no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”.

No es un tema menor que en un Estado constitucional de derecho se cuestione la facultad de un individuo de probar la inexistencia del hecho tipificado penalmente que se le imputa o su improbable intervención en la comisión que se le atribuye, utilizando la premisa menor de que el quejoso es “probable responsable” y valiéndose de la indebida disposición de derechos fundamentales que el Poder Legislativo perpetró a la Ley de Amparo, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016.

Así, contamos con derechos fundamentales y garantías en la propia Carta Magna para que todas las personas gocen de los derechos humanos que les reconoce y de aquellos que los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte le conceden, destacando que frente a una orden de aprehensión no existe limitación constitucional a sus derechos de presumírsele inocente, a declarar o guardar silencio, a que se le reciban testigos y demás pruebas pertinentes, entre otros, para lo cual cuentan con el control constitucional, avalado por los artículos 103 y 107 de la Carta Magna.

Sin embargo, en el caso particular, la Ley de Amparo, en su artículo 75, segundo párrafo, determina una situación en la que se establece el derecho a probar, pero en su parte in fine lo restringe exclusivamente a los procesos penales bajo el sistema acusatorio.

Al respecto, el garantismo que nos legó Luigi Ferrajoli sostiene que los derechos sociales, que consisten en abstracto en lo que denomina “expectativas positivas”, no constituyen la simple ausencia de impedimentos sino, por el contrario, la presencia objetiva de determinadas condiciones que hacen posible, por ejemplo, el goce efectivo de un derecho fundamental como el derecho a declarar, a probar, y a la libertad.

En efecto, el artículo 75 a que nos referimos dispone: “Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio”.

Se constata entonces la existencia de una restricción expresa al derecho a ofrecer pruebas, tratándose del juicio de amparo

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Está contemplada por la ley la posibilidad de que los peticionarios de amparo ofrezcan pruebas cuando no hayan tenido oportunidad de haberlo hecho ante la autoridad responsable, pero ese derecho se restringe a los casos en materia penal.” indirecto en materia penal, y, en consecuencia, de proceder en contra de una orden de aprehensión. Las razones para actuar, según el texto de la norma referida, se basan en la necesidad de proteger la oralidad y los principios que rigen el proceso penal: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, según el texto del párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, el legislador perdió de vista que de ese modo se restringió de manera definitiva el derecho del quejoso a ofrecer las pruebas que no tuvo oportunidad de aportar ante la autoridad responsable; en el caso concreto, el juez que libró la orden de aprehensión.

Lo anterior es así porque si un quejoso pretendiera allegar una prueba en el juicio de amparo promovido contra una resolución, como la que se menciona en el párrafo anterior, no sería factible, dada la imposibilidad de que en ese juicio pudiera cumplirse con los principios de oralidad y contradicción en el contexto del proceso penal, pues es claro que las reglas de admisión y de desahogo de pruebas en ambos procesos son diferentes.

Además, la disposición legal que se menciona tiene una diferencia de trato injustificada en relación con los quejosos en materia penal respecto de aquellos que promueven el juicio en cualquier otra materia, pues respecto de estos últimos, en la primera parte del párrafo segundo del artículo 75, se les permite el ofrecimiento de pruebas en los siguientes términos: “No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo

indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable”.

Es decir, está contemplada por la ley, en general, la posibilidad de que los peticionarios de amparo ofrezcan pruebas cuando no hayan tenido oportunidad de haberlo hecho ante la autoridad responsable, pero enseguida, en la misma disposición, ese derecho se restringe a los casos en materia penal; con especial incidencia en aquellos en que el acto cuya constitucionalidad sea cuestionada sea una orden de aprehensión.

Tal distinción en el trato no fue debidamente sustentada por el legislador al momento de redactar el artículo 75, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, lo que en esencia implica una violación al principio de igualdad jurídica, consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone que las personas tienen derecho a igual protección de la ley.

Ahora bien, si se pretendiera aducir que esa diferencia en el trato radica en la necesidad de atender a los principios que rigen el proceso penal, entonces habría que preguntarnos si éstos deben ser considerados de mayor importancia que derechos humanos como el de defensa adecuada o el de tutela judicial efectiva.

Creemos que no es así. Por lo tanto debería privilegiarse la protección de estos últimos derechos frente a aquellos principios que hemos mencionado, cuestión que tampoco fue tomada en cuenta al establecerse en la Ley de Amparo la restricción probatoria a la que nos referimos.

Las normas y los principios procesales no deben ser aplicados de manera que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos fundamentales. En el caso concreto, eso ocurre como consecuencia de la redacción del artículo 75, párrafo segundo, parte in fine, de la Ley de Amparo, cuando el quejoso pretende ofrecer pruebas en un juicio de amparo indirecto contra una orden de aprehensión.

Estas razones, en conjunto, nos obligan a cuestionar la restricción contenida en la disposición legal de que se trata. 7

Carlos Gabriel Villasana Beltrán es licenciando en derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en derecho procesal penal y doctor en ciencias penales. Además, es abogado certificado en compliance penal para empresas, miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y socio de Villasana y Abogados Asociados, S.C. Eduardo Lima Gómez es maestro en derecho penal, en derecho administrativo y fiscal, en derecho procesal constitucional y doctor en ciencias penales. Asimismo, es socio de Villasana y Abogados Asociados, S.C.

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[ Perspectiva económica ]

Ismael D. Valverde Ambriz

La importancia del análisis económico del derecho Aunque la aplicación de herramientas económicas para el análisis de un sistema legal con el objetivo de hacerlo más eficiente no es nueva —pues sus orígenes se remontan a hace más de medio siglo—, muchos profesionales del derecho se han mantenido escépticos ante la necesidad que vincular su disciplina con otras ramas del conocimiento. ¿Por qué es necesario voltear la mirada a la economía? El autor de esta colaboración lo explica.

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asta hace poco, el derecho limitaba el uso de la economía a la legislación antimonopolio, las industrias reguladas, los impuestos y algunos temas especiales como la determinación de los daños monetarios. En estos ámbitos, el derecho necesitaba a la economía para responder preguntas como éstas: ¿cuál es la cuota de mercado del demandado?, ¿reducirán los controles de precios de los seguros de automóviles su disponibilidad?, ¿quién soporta realmente la carga del impuesto sobre las plusvalías?, ¿cuántos ingresos futuros perdieron los niños por la muerte de su madre?

A partir de principios de la década de 1960, esta limitada interacción cambió drásticamente cuando el análisis económico del derecho se extendió a las áreas más tradicionales del derecho, como la propiedad, los contratos, los agravios, el procedimiento penal y el derecho constitucional.1 Este nuevo uso de la economía en el derecho planteó preguntas como las siguientes: ¿fomentará la propiedad privada del espectro electromagnético su uso eficiente? o ¿toman las empresas

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demasiadas o muy pocas precauciones cuando la ley las hace estrictamente responsables de los daños a los consumidores?

La economía ha cambiado la naturaleza de los estudios jurídicos, la comprensión común de las normas y las instituciones jurídicas e incluso la práctica del derecho. Como prueba, consideremos estos indicadores del impacto de la economía en el derecho: en 1990 al menos un economista formaba parte del profesorado de cada una de las principales facultades de derecho de Norteamérica y de algunas de Europa occidental.

En muchas universidades importantes existen programas de titulación conjunta (un doctorado en economía y un doctorado en derecho). Las revistas jurídicas publican muchos artículos que utilizan el enfoque económico, y hay varias dedicadas exclusivamente a este campo.2 Al consultar los resultados de Google académico se puede ver que los artículos que utilizan el enfoque económico se citan en las principales revistas jurídicas estadounidenses más que los artículos que utilizan cualquier otro enfoque. Muchos cursos de las facultades de derecho de Estados Unidos incluyen ahora al menos un breve resumen

Un buen sistema legal mantiene alineados la rentabilidad de las empresas y el bienestar de las personas, de modo que la búsqueda de beneficios también beneficia al público.

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del análisis económico del derecho. Muchas áreas del derecho, como el derecho corporativo, se enseñan a menudo desde la perspectiva del derecho y la economía. A finales de la década de 1990 había organizaciones profesionales de derecho y economía en Asia, Europa, Canadá, Estados Unidos, América Latina, Australia y otros lugares. El campo recibió el máximo reconocimiento en 1991 y 1992 cuando se concedieron los premios Nobel de economía consecutivos a los economistas que ayudaron a fundar el análisis económico del derecho (Ronald Coase y Gary Becker). Bruce Ackerman, de la Facultad de Derecho de Yale, describió el enfoque económico del derecho como el desarrollo más importante de los estudios jurídicos del siglo XX. El impacto del nuevo campo se extiende más allá de las universidades hasta la práctica del derecho y la aplicación de políticas públicas. La economía proporcionó los fundamentos intelectuales del movimiento de desregulación durante la década de 1970, que dio lugar a cambios tan drásticos en Estados Unidos como la disolución de los organismos reguladores

que fijaban los precios y las rutas de las compañías aéreas, los camiones y los ferrocarriles. La economía también fue la fuerza intelectual que impulsó la revolución de la legislación antimonopolio en Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980. En otro ámbito político, una comisión creada por el Congreso estadounidense en 1984 para reformar las sentencias penales en los tribunales federales utilizó explícitamente las conclusiones del derecho y la economía para llegar a algunos de sus resultados. Además, varios destacados estudiosos del derecho y la economía se han convertido en jueces federales y utilizan el análisis económico en su opinión; por ejemplo, Stephen Breyer y Richard A. Posner. ¿Qué es el análisis económico del derecho?

Para abordar esta cuestión vale la pena hacer la siguiente pregunta: ¿por qué el análisis económico del derecho ha tenido un éxito tan espectacular, especialmente en Estados Unidos, pero también cada vez más en otros países? La economía encontró un nicho vacante en la teoría del derecho y lo llenó LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Perspectiva económica ]

rápidamente. Para explicar el nicho, consideremos esta definición clásica de algunos tipos de leyes: “Una ley es una obligación respaldada por una sanción del Estado”.

Los legisladores suelen preguntarse cómo afectará una sanción al comportamiento.

Por ejemplo, si se imponen daños punitivos al fabricante de un producto defectuoso, ¿qué ocurrirá con la seguridad y el precio del producto en el futuro? O, ¿disminuirá la cantidad de delitos si se encarcela automáticamente a los que delinquen por tercera vez?

Los abogados respondían a estas preguntas en 1960 de la misma manera que lo habían hecho 2,000 años antes: consultando a la intuición y cualquier dato disponible.

La economía proporcionó una teoría científica para predecir los efectos de las sanciones legales en el comportamiento. Para los economistas, las sanciones se parecen a los precios y, presumiblemente, la gente responde a estas sanciones de la misma manera que responde a los precios. La gente responde a los precios más altos consumiendo menos del bien más caro; presumiblemente, La economía proporcionó una teoría la gente también responde a las sanciones legales más severas haciendo menos de la actividad sancionada. La economía científica para predecir los efectos de dispone de teorías matemáticamente precisas (teoría de los las sanciones legales en el comporprecios y teoría de juegos) y de métodos empíricos sólidos (estadística y econometría) para analizar los efectos de los tamiento. Para los economistas, las precios implícitos que las leyes asignan al comportamiento. sanciones se parecen a los precios y, Consideremos un ejemplo legal. Supongamos que un fabricante sabe que su producto a veces perjudica a los consupresumiblemente, la gente responde a midores. ¿Qué tan seguro será el producto? Para una empresa estas sanciones de la misma manera que maximiza los beneficios, la respuesta depende de tres costos: en primer lugar, el costo de hacer el producto más que responde a los precios. seguro, que depende de su diseño y fabricación; en segundo lugar, la responsabilidad legal del fabricante por las lesiones sufridas por los consumidores, y en tercer lugar, la medida en que las lesiones disuaden a los consumidores de comprar el producto. La empresa que maximiza los beneficios ajustará la seguridad hasta que el costo de la seguridad adicional sea igual al beneficio de la reducción de la responsabilidad y el aumento de la demanda del producto por parte de los consumidores.

En general, la economía ofrece una teoría del comportamiento para predecir cómo responde la gente a las leyes. Esta teoría supera la intuición al igual que la ciencia supera el sentido común. La respuesta de la gente siempre es relevante a la hora de elaborar, revisar, derogar e interpretar las leyes. Un famoso ensayo sobre derecho y economía describe la ley como una catedral (un edificio grande, antiguo, complejo, hermoso, misterioso y sagrado).3 La ciencia del comportamiento se asemeja a la argamasa entre las piedras de la catedral, que sostienen la estructura en todas partes.

Una predicción puede ser neutral o estar cargada de valores sociales. Asuma, por ejemplo, que un estudio concluye que el aumento de las multas por exceso de velocidad en la carretera provocará, presumiblemente, que se produzca menos. ¿Esto es bueno o malo en conjunto? La conclusión no sugiere una respuesta concluyente. Por el contrario, supongamos que un estudio demuestra que el costo adicional de recaudar multas más altas supera el beneficio resultante de un menor número de accidentes, por lo que una multa más alta es “ineficiente”. Esta conclusión sugiere que una multa más alta sería una mala idea. La eficiencia siempre es relevante para la elaboración de políticas, porque los funcionarios públicos nunca defienden el despilfarro de dinero. Como muestra este ejemplo, además de predicciones neutrales, la economía hace predicciones parciales. Los jueces y otros funcionarios necesitan un método para evaluar los efectos de las leyes sobre los valores sociales. La economía proporciona ese método para la eficiencia.

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Además de la eficiencia, la economía predice los efectos de las leyes sobre otro valor importante: la distribución de la renta. Una de las primeras aplicaciones de la economía a la política pública fue su uso para predecir quién soporta realmente la carga de los impuestos alternativos. Para los economistas es importante entender cómo las leyes afectan la distribución de la renta entre clases y grupos. Aunque casi todos los economistas están a favor de los cambios que aumentan la eficiencia, algunos toman partido en las disputas sobre la distribución y otros no toman partido.

En lugar de la eficiencia o la distribución, los empresarios hablan sobre todo de los beneficios. Gran parte del trabajo de los abogados vinculados con las empresas tiene como objetivo aumentar los beneficios, especialmente ayudando a las empresas a hacer tratos, evitar litigios y obedecer las regulaciones. Estas tres actividades corresponden a tres áreas de la práctica jurídica en los grandes bufetes de abogados: transacciones, litigios y reglamentación. La eficiencia y la rentabilidad están tan estrechamente relacionadas que los abogados deben utilizar los principios de la eficiencia para ayudar a las empresas a ganar más dinero. La eficiencia económica es una medida global de los beneficios públicos que incluye los beneficios de las empresas, el bienestar de los consumidores y los salarios de los trabajadores. La lógica de maximizar la medida global (la eficiencia) es muy similar a la lógica de maximizar uno de sus componentes (los beneficios). Un buen sistema legal mantiene alineados la rentabilidad de las empresas y el bienestar de las personas, de modo que la búsqueda de beneficios también beneficia al público. 7

Se dice que el campo moderno comenzó con la publicación de dos artículos emblemáticos: Ronald H. Coase, “The Problem of Social Cost”, en Journal of Law and Economics, vol. 3, octubre de 1960, y Guido Calabresi, “Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts”, vol. 70, núm. 4, marzo de 1961.

2 Por ejemplo, el Journal of Law and Economics comenzó en 1958; el Journal of Legal Studies en 1972; Research in Law and Economics, la International Review of Law and Economics, el Journal of Law, Economics, and Organization en la década de 1980, y el Journal of Empirical Legal Studies en 2004.

3 Guido Calabresi y A. Douglas Melamed, “Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral”, Harvard Law Review, núm. 85, 1972, p. 1089.

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Ismael Dionisio Valverde Ambriz es maestro en economía. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre otros organismos. Es editor de exploring-economics.org y miembro del Financial Stability Working Group del Institute for New Economic Thinking. Asimismo, es articulista de Excélsior. ismael.valverde@comunidad.unam.mx @ivalverdea

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¿Qué dicen hoy los tribunales?

Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

En esta edición retomamos los criterios más relevantes que se han emitido en lo

que va del año respecto del juicio en línea. Se trata de un tema que desde el año

pasado se ha visto impulsado con motivo de la pandemia por Covid-19 y que se encuentra en constante modificación. Los criterios son de suma relevancia para

identificar la transición de un sistema de juicio presencial o físico a un sistema digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal.

En la jurisprudencia se reconoció que la firma electrónica es equiparable a un documento de identidad y tiene los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Se determinó que el objetivo de la firma electrónica es simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia mediante actuaciones digitales.

Registro: 2019715.

n Transición del juicio iniciado físicamente a juicio en línea

El quejoso puede solicitar que el juicio de amparo promovido de forma física continúe su tramitación a través del juicio en línea, incluso después de dictada la sentencia. El juzgador debe atender favorablemente la petición por las medidas de distanciamiento social que permiten asegurar la continuidad de actividades y debido a que después de dictada la sentencia continúa la etapa de ejecución. Registro: 2022786. n Firma electrónica del actor en el juicio en línea

En 2019 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), en la que sostuvo que la demanda de amparo promovida en línea debía contar con la firma electrónica del actor, que la falta de este requisito no puede subsanarse y, por lo tanto, que la ausencia de ese requisito conlleva que la demanda sea desechada de plano.

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De conformidad con el acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), las firmas electrónicas reconocidas para promover juicio en línea son la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel), la firma electrónica del Sistema de Administración Tributaria (SAT) (e.firma) y firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado que sean reconocidos mediante convenios por el Poder Judicial de la Federación. n Firma electrónica de persona moral

Una persona moral promovió amparo y fue firmado con la e.firma de la persona moral. El tribunal resolvió que, no obstante que las personas morales cuenten con una firma electrónica, la demanda de amparo debe ser firmada por su representante legal, utilizando la e.firma de éste. En el criterio se resolvió que en este supuesto no se debe desechar la demanda, sino que el juzgador debe requerir a la persona moral para que presente la firma electrónica de su representante legal. Registro: 2022665.

En contradicción con este criterio, un Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) determinó posteriormente en tesis aislada que

las personas morales podrán realizar promociones en el Portal de Servicios en Línea del CJF con su propia firma electrónica (e.firma); lo anterior, en tanto que el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación (CFF) prevé la posibilidad de que la obtengan. La Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 establece los requisitos para conseguirla. De esta forma, los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) deberán reconocer como válidas las firmas electrónicas de las personas morales siempre que estén vigentes y certificadas por el SAT. Registro: 2022992. A la fecha, la contradicción de tesis continúa. n Excepción a la obligación de promover demanda de

amparo con firma electrónica Un TCC determinó que, como excepción, es posible promover demanda de amparo en línea sin la firma electrónica del reo en situaciones de ataques a la libertad personal, como en el caso del traslado de un reo a un centro de reclusión sin intervención judicial. Registro: 2022765. n Firma electrónica y contingencia sanitaria por Covid-19

Un TCC sostuvo que durante la contingencia sanitaria, como excepción a la jurisprudencia del Pleno de la SCJN, P./J. 8/2019 (10a.), la falta de firma electrónica al promover un amparo indirecto no provoca el desechamiento de plano de la demanda. Por lo tanto, el juez tendría que prevenir al quejoso. En la tesis se señala que los operadores judiciales deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos. Registro: 2022886.

En este mismo sentido, un TCC determinó que durante la contingencia sanitaria por Covid-19 no debe desecharse el escrito de demanda digitalizado en el que se haya plasmado la firma autógrafa en un juicio oral mercantil. Lo anterior, por considerar que la firma electrónica del actor no es un requisito prioritario. Registro: 2022887.

Por su parte, un TCC sostuvo que la demanda de amparo presentada por una persona privada de su libertad sin su firma electrónica durante la pandemia por Covid-19 debe admitirse debido a las limitaciones que existen por la contingencia sanitaria, como es promover juicios de amparo de manera física. A una persona privada de su libertad no se le puede exigir que cuente con firma electrónica cuando tiene un acceso nulo o casi nulo a internet. El TCC señaló que en este supuesto no resulta aplicable la jurisprudencia de 2019 del Pleno de la SCJN, P./J. 8/2019 (10a.). Registro: 2023288. n Posibilidad de ratificar desistimiento de la demanda

con firma electrónica Un TCC confirmó que la ratificación del desistimiento de la demanda de amparo puede realizarse por medio del Portal

de Servicios en Línea del PJF, si el escrito de ratificación es firmado utilizando la firma electrónica del quejoso. La firma electrónica tiene pleno valor probatorio y surte sus efectos como si la ratificación hubiera sido firmada ante la autoridad judicial. Registro: 2022891. n Acceso a expediente electrónico

Un TCC sostuvo que los abogados autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo no pueden solicitar el acceso al expediente electrónico en el juicio de amparo, sino que deben ser las partes o su representante legal quienes lo soliciten, ya sea para ellos mismos o para sus abogados. Lo anterior con base en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la SCJN y el CJF. Registro: 2023245. n Requisitos para autorizar a abogados

Para que un abogado promueva recurso de revisión en amparo, actuando en representación de una de las partes en el juicio en línea, es necesario que cumpla con los siguientes requisitos: • Estar autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.

• Que el abogado tenga firma electrónica del PJF o del SAT. • Que el quejoso o la autoridad responsable hayan presentado un escrito en el juicio de origen otorgando permiso expreso a sus abogados para actuar en vía electrónica.

• Que el juzgado o tribunal haya acordado favorablemente dicha petición.

Si no se cumple con estos requisitos, el recurso de revisión se tendrá por no interpuesto. Este criterio podría ser aplicable para otro tipo de recursos; por ejemplo, el de queja. Registro: 2022729. n Notificaciones electrónicas

En tesis emitida por un TCC se determinó que si bien por regla general en materia penal las notificaciones personales surten efectos al día siguiente en que se efectúen, las notificaciones por medios electrónicos configuran una regulación regida por el principio de especialidad. Por lo anterior, surten efectos el mismo día en que se confirme por el sistema que se recibió el archivo remitido. Si la notificación se efectuó por correo LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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¿Qué dicen hoy los tribunales?

electrónico, surte efectos el mismo día en que fue realizada.

Registro: 2023084. n Husos horarios y cómputo de plazos para interponer

recursos vía electrónica El quejoso interpuso un recurso de revisión en Nogales, Sonora, a través del Portal de Servicios en Línea del PJF, el cual fue desechado por extemporáneo, debido a que el horario registrado por el portal fue el de la zona centro del país. Un TCC resolvió que aun cuando en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del CJF no se prevé la diferencia de horarios para el cómputo de plazos, debe tomarse en cuenta el huso horario del lugar en el que se presentó el recurso y realizar la conversión correspondiente en el acuse que emite el portal. De no hacerlo, se afectan los términos de 24 horas, en contravención a los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución federal. Registro: 2023310. n Recursos promovidos por correo electrónico sin e.firma

En este caso, diversas autoridades interpusieron recursos en materia de amparo a través de correo electrónico, por lo que no se utilizó la e.firma ni la Firel de los promoventes. En tesis de jurisprudencia un TCC determinó que cuando se promueven dichos recursos sin la firma electrónica del recurrente los mismos carecen de validez y procede desecharlos. Lo anterior, en atención al principio de instancia de parte agraviada y por no tratarse de una irregularidad subsanable en tanto la firma es una característica con la que deben contar las promociones en el juicio de amparo. Registro: 2023118. n Documentales públicas en el juicio en línea

En tesis aislada, un TCC determinó que las documentales públicas que se ingresen al expediente electrónico tendrán valor probatorio siempre que se anexen al escrito de presentación de forma completa, sin alteraciones y con la protesta de decir verdad que el documento digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento impreso. En caso de que una prueba documental se inserte como imagen dentro de la demanda y no como anexo, no se le concederá pleno valor probatorio.

Registro: 2023071.

n Videograbaciones como prueba

El artículo 143 de la Ley de Amparo establece que para el incidente de suspensión únicamente se admitirán las pruebas documentales y de inspección judicial, y en algunos supuestos, la testimonial. En TCC surgieron criterios contradictorios respecto de si las videograbaciones configuraban una prueba documental. En jurisprudencia, el Pleno de la SCJN determinó que un documento es cualquier instrumento con capacidad para registrar datos o información. Lo principal es su capacidad de registro, y lo secundario, su formato. Concluyó que las videograbaciones sí configuran una prueba documental que puede ofrecerse en el incidente de suspensión. Para su reproducción no se requiere una diligencia especial; el juzgador debe contar con el equipo necesario para reproducirlo, o, en su caso, éste será aportado por la parte que ofreció la prueba.

Registro: 2022595. n Pruebas digitalizadas

En tesis aislada, la Primera Sala de la SCJN sostuvo que las pruebas presentadas en línea no pierden su valor probatorio al digitalizarse, por lo que deben recibir el mismo tratamiento como si se hubieran presentado en su versión física. Estas pruebas podrán ser objetadas por las partes, y, excepcionalmente, cuando el juzgador dude de la coincidencia del documento digital con el original, puede requerir que se presente el documento original. Registro: 2022826. 7

Los registros referidos en este artículo pueden consultarse en el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente enlace:

Denise Tron Zuccher es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asociada de PDeA Abogados y colaboradora de la organización Justicia Justa.

Mariana Ruiz Albarrán es egresada de la licenciatura de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y colaboradora de PDeA Abogados y de la organización Justicia Justa.

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[ Visión global ]

Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

Pacta sunt servanda

en el siglo XXI

Los pactos son sagrados. Esta regla consuetudinaria de derecho internacional encuentra su codificación en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que señala que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. A partir de esta definición se vislumbran varios elementos constitutivos que acotan su aplicación y proporcionan una guía sobre sus alcances.

P

acta sunt servanda bajo la Convención de Viena solamente aplica a los tratados, entendidos por éstos aquellos acuerdos internacionales “celebrados por escrito entre Estados y regidos por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.

La limitación conceptual de pacta sunt servanda a los tratados no es cosa menor, considerando la vasta existencia de éstos. Por ejemplo, si simplemente contamos con aquellos instrumentos registrados ante la Organización de las Naciones Unidas hablamos de un universo de más de 56,000 tratados. La definición de tratados según la Convención de Viena permite distinguirlos de otras fuentes del derecho internacional, las cuales también vinculan a los entes soberanos, pero no necesariamente cumplen con los tres elementos constitutivos de los tratados: celebrados por escrito, realizados entre Estados y que poseen carácter vinculante.

Removiendo cada uno de estos elementos se pueden identificar otros instrumentos del derecho internacional que regulan la conducta de los Estados; por ejemplo, si se remueve el carácter de escrito, se hace referencia a los pactos de caballeros; si se elimina el quid pro quo, se está hablando de actos

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unilaterales, y si no son vinculantes, se trata simplemente de declaraciones políticas.

Es importante señalar que el acotamiento de pacta sunt servanda a los tratados no evita que la aplicación de dicha regla también pueda ser aplicable a los acuerdos celebrados de manera verbal entre Estados o a acuerdos en general entre otros sujetos del derecho internacional, como los organismos internacionales o entes aún no reconocidos como Estados.

Entrada en vigor En términos generales, la obligatoriedad de un instrumento internacional surge hasta que entra en vigor “de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores”. En la praxis, puede existir divergencia respecto de la entrada en vigor, dependiendo de la esfera normativa que se quiera aplicar. De conformidad con el derecho internacional, la entrada en vigor de un acuerdo depende, primero, de lo establecido en el tratado en general, y segundo, del momento en que cada uno de los Estados va accediendo al mismo.

En el plano doméstico, la entrada en vigor de un tratado podrá coincidir o divergir de la entrada en vigor a nivel internacional. Esta irregularidad se debe a la adopción de la visión de que el sistema internacional es un cuerpo normativo ajeno

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al cuerpo normativo nacional y que el primero sólo formará parte del segundo hasta que se cumplan las formalidades que el ordenamiento constitucional establece. En el caso de México, puede no coincidir el depósito de ratificación a nivel internacional con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que es el momento en el que adquieren obligatoriedad los tratados en la esfera doméstica mexicana.

En el marco normativo de la Convención de Viena existe una graduación de obligaciones para los Estados, dependiendo del momento procesal en el que se ubiquen. En otras palabras, aun cuando el tratado no entrara aún en vigor surgen ciertas obligaciones para ciertos Estados; por ejemplo, la de no frustrar su objeto y su fin, o la de permitir la aplicación provisional del tratado.

Partes De acuerdo con la máxima res inter alios acta bajo la Convención de Viena “un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento”. En otras palabras, dichos convenios solamente generan obligaciones para los Estados parte, aquellos que han manifestado su consentimiento para obligarse al mismo o ya lo han firmado. En este aspecto se refrenda el carácter volitivo de la normativa

internacional, la cual es creada por los propios sujetos del sistema, mismos que, ejerciendo su poder soberano, se autoimponen ciertas obligaciones frente a otros entes soberanos. De esta manera, cuando el Estado expresa su consentimiento a nivel internacional queda activada la máxima pacta sunt servanda, misma que lo obliga a cumplir de buena fe con los términos del tratado.

Graduación de obligaciones Como se mencionó antes, de conformidad con la Convención de Viena, un tratado va a tener diferente graduación respecto del nivel de vinculación con los Estados. Es decir, dependiendo del momento en que uno se encuentre en la negociación del tratado y el proceso de entrada en vigor de éste, se puede proponer la siguiente graduación de obligaciones que surgirán en el hipotético caso de la negociación de un tratado bilateral entre los Estados X y Z: • Estado W no participante en la negociación entre los Estados X y Z ≠ vinculación jurídica.

• Negociación en curso entre Estados X y Z = generación de ciertas expectativas legítimas entre los Estados X y Z relacionadas con la continuación de negociaciones de buena fe para llegar a un acuerdo.

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[ Visión global ]

• Negociación concluida con un acuerdo escrito entre los Estados X y Z = expectativa del Estado X sobre el Estado Z, y viceversa, de formalizar la vinculación al tratado negociado.

• Negociación concluida con un acuerdo escrito entre los Estados X y Z + cláusula sobre aplicación provisional del tratado = creación de escenario similar al generado a la entrada en vigor del tratado ⇒ creación de obligaciones internacionales entre los Estados X y Z. • Tratado que aún no entra en vigor + firma del Estado X del tratado negociado = generación de la obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor.

• Entrada en vigor de tratado = creación de obligaciones vis-à-vis entre los Estados X y Z Todas las graduaciones descritas antes pueden llegar a considerase variaciones del principio pacta sunt servanda, el cual va evolucionando en conjunto con el tratado, para establecer en principio ciertas obligaciones parciales para los Estados, hasta que no se acciona su vinculación completa, la cual iniciaría en el momento en que el convenio internacional entre en vigor.

Cumplimiento Las obligaciones contractuales que derivan de los tratados establecen cierto estándar de comportamiento para los Estados partes, el cual variará dependiendo del régimen autocontenido del que se trate. En términos generales, el cumplimiento o el incumplimiento de cualquier tratado siempre girará en torno de un comportamiento consistente en una acción u omisión por parte del Estado, sus órganos o las personas que ejerzan el poder público, ya sea de iure o de facto. La consecuencia lógico-jurídica de una falta de cumplimiento a la máxima pacta sunt servanda es la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, misma que conlleva la obligación de poner fin a la violación del tratado, ofrecer garantías de no repetición y garantizar la reparación del daño.

Buena fe El principio de buena fe en las relaciones internacionales influye en los tratados de dos formas: primero, bajo el principio de pacta sunt servanda, y segundo, como parte de la metodología interpretativa de estos instrumentos internacionales. El principio de buena fe busca establecer un estándar de imparcialidad por medio del cual se ejecute e interprete al tratado conforme a un sentido verdadero, imparcial y objetivo, que se aleje de interpretaciones parciales alentadas por visiones subjetivas de los Estados parte. En otras palabras, el principio de buena fe busca evitar que la ejecución de un tratado sea interpretada con base en estándares nacionales, los cuales

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En el marco normativo de la Convención de Viena existe una graduación de obligaciones para los Estados, dependiendo del momento procesal en el que se ubiquen. En otras palabras, aun cuando el tratado no entrara aún en vigor surgen ciertas obligaciones para ciertos Estados; por ejemplo, la de no frustrar su objeto y su fin, o la de permitir la aplicación provisional del tratado.”

puedan ser empleados como un abuso de derecho por parte del Estado. Precisamente en esta línea se complementa el principio de buena fe con la restricción de la invocación de “disposiciones de [...] derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, que se establece tanto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, como en el artículo 32 de la resolución 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.

Vigencia La aplicación de la máxima pacta sunt servanda se extiende a los Estados parte del tratado durante todo el tiempo en el que se mantenga vigente el instrumento internacional. Esto se vuelve relevante, por ejemplo, en tiempos actuales, especialmente ante la misiva que la presidencia de la República remitió al reino de España en marzo de 2019, a través de la cual se externó el deseo del Estado mexicano de que el Estado español admitiera de forma pública y oficial su responsabilidad histórica por las múltiples ofensas y violaciones que se llevaron a cabo durante la conquista y el proceso de colonización en contra de los pueblos originarios.

Aunque dicha reclamación pudiera justificarse con base en la dogmática actual de los derechos humanos y al amparo del contexto de la obligación moderna de los Estados para la prevención de atrocidades masivas, resulta importante señalar que la misma pareciera desconocer los términos del Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República Mexicana y SMC la Reina Gobernadora de España, donde claramente se pacta que “habrá total olvido de lo pasado” entre ambas naciones, para así “olvidar para siempre las pasadas diferencias y disensiones, por las cuales desgraciadamente han estado tanto tiempo interrumpidas las relaciones de amistad y buena armonía entre ambos pueblos, aunque llamados naturalmente a mirarse como hermanos por sus antiguos vínculos de unión

de identidad de origen, y de recíprocos intereses, han resuelto, en beneficio mutuo, restablecer y asegurar permanentemente dichas relaciones, por medio de un tratado definitivo de paz y amistad sincera”.

Si bien dicho tratado data de diciembre de 1836, el contenido de éste, por la propia máxima pacta sunt servanda, no pierde su vigencia por el mero paso del tiempo. Como se puede apreciar, la máxima pacta sunt servanda proporciona la estabilidad deseada a un régimen global ya de por sí inestable por su constitución en relaciones horizontales, donde el ánimo doméstico estatal puede verse afectado por los cambios ideológicos que conllevan los cambios de gobierno en los regímenes democráticos. 7 Para más información sobre este tema, puede consultarse el siguiente video:

Víctor Emilio Corzo es doctor en derecho y diplomático de carrera experto en derecho internacional. @VE_Corzo Ernesto Eduardo Corzo es experto en arbitraje internacional, acreditado para ejercer en México y en Estados Unidos.

@EE_Corzo

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[ Experiencias ]

David F. Uriegas

La excelencia: un retorno hacia lo humano

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Más que afirmar la excelencia como sacrificio, Pablo Acosta Domínguez —egresado como licenciado en derecho— nos presenta un camino distinto hacia ella y, a través de su historia, nos brinda la posibilidad de (re)pensar el derecho y la academia desde otro horizonte.

N

acido en la Ciudad de México (1997), hijo de químicos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la vida de Pablo se desenvolvió en una familia “normal”: lejos de un legado tradicional de juristas y de privilegios derivados de las riquezas. Apasionado deportista y con un paladar siempre en búsqueda de nuevas experiencias, Pablo descubrió su apetito por la justicia desde una edad muy temprana, aun desde antes que la palabra abogado adquiriera algún significado.

Desde pequeño —recuerda— siempre le había atraído “esta noción de defender a las personas, de ayudar a la gente que no siempre se puede defender”. Ya sea por su gran estatura o por razones que le tocara descifrar con el tiempo, reconoce en ese apetito la necesidad por comprender qué es lo justo y de qué manera puede obtenerse. En su memoria hablada también evoca los recuerdos de su madre, quien al notar las cualidades argumentativas de su hijo decía, como suelen decir los padres: “Seguramente serás un buen abogado”. Como todo niño, aquella imagen augurada por los padres se instaló en él y prefiguró la búsqueda que hasta el día de hoy lo atraviesa: ¿qué es un buen abogado? En sus andanzas comenzó “a descubrir qué era lo que quería ser”; que quizá no sería “el abogado típico que uno ve en las películas, pero quería ser alguien que estuviera allí”, defendiendo. A sus padres les está profundamente agradecido.

El cliché del abogado, no obstante, atravesó nuestra conversación al punto de guiar los temas que decidimos abordar.

Y no sólo por la manera en la que las películas nos presentan la imagen aspiracional del abogado competitivo, sino también porque hay una realidad que atraviesa esta profesión, ya sea como objeto de consumo, de chiste o, incluso, como forma de vida caída en la corrupción y el descrédito. En la conversación, la idea de excelencia estuvo en juego, porque era bastante claro que Pablo no quería ese tipo de vida para él, cuestión que fue transformando en su tránsito académico y, de forma especial, en su tránsito profesional como auxiliar jurídico en

las notarías 6 y 142 de la Ciudad de México, donde trabaja actualmente.

Tras las valoraciones propias de un estudiante de preparatoria, Pablo encontró su lugar en la licenciatura en derecho en la Universidad Panamericana (UP). Tanto por el renombre como por los métodos de enseñanza, “sentía que era algo más para mí, a diferencia de la UNAM o de la Libre”. Su apetito por el conocimiento y su pasión por el estudio lo llevaron a obtener una beca parcial de la UP y, muy pronto, hacia el cuarto semestre, una segunda beca por la Fundación Fausto Rico, una institución que desde 2009 se ha dedicado a impulsar económicamente a estudiantes destacados de derecho en ambientes de prestigio académico.

Fue su profesor de Obligaciones, Gonzalo Ortiz Blanco —miembro de la Fundación Fausto Rico y notario de la Ciudad de México—, quien vio algo especial en su alumno, al grado de ofrecerle la oportunidad de ser un becario. Si bien Pablo lo atribuye a su buen rendimiento académico y a sus ganas de ser el mejor, quizá deba considerarse la posibilidad de que el licenciado Ortiz Blanco vio algo más en él que sólo a una persona “que tenía ganas de exigirse mucho”. Después de todo, la experiencia de los profesores tiende a extender su visión más allá de lo que se presenta como obvio. Siempre hay algo más. Y no se equivocó, así como tampoco lo hizo su profesor de Bienes y Propiedad, Claudio Hernández de Rubín —su actual jefe en las notarías—, quien acompañó y apoyó a Pablo durante este proceso.

Después de cinco años, en 2021, Pablo culminó sus estudios en la UP con el mejor promedio de su generación (9.87), convirtiéndose, además, en el primer becario de la Fundación Fausto Rico en haber obtenido ese logro académico en 11 años. Ambas instituciones, en este sentido, deberían sentirse orgullosas y, en el caso de la fundación, encontrar en Pablo la evidencia viva de que su programa definitivamente rinde frutos y que su misión como institución no sólo se ve satisfecha sino excedida por una figura como él. Siempre hay algo más.

“La excelencia, aunque requiera sacrificios, no debe estar peleada con el equilibrio individual y, mucho menos, con perder o sacrificar el sentido de lo humano con el propósito de ganar o destacar.”

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[ Experiencias ] “Todo está en saber equilibrar las cosas y sobrellevarlas unas con otras, y que haya un perfecto balance entre todo. Si bien el estudio tenía un peso importante, también lo tenía el resto de las cosas en mi vida.”

Para ambas instituciones, sin embargo, la excelencia académica es un pilar fundamental que, sin duda, atraviesa la experiencia estudiantil. Tanto ésta, como las exigencias que suponen conservar un promedio, y, además, el mantenimiento de un trabajo (por no hablar de otras exigencias), nos orillaron a pensar en el costo de la excelencia y, por tanto, en sus sacrificios. ¿No es esta la narrativa de excelencia que deberíamos observar? No. En Pablo había algo más.

Al platicar con él, se volvió evidente que estas instituciones habían becado a un estudiante particular, uno que pareciera evocar las aspiraciones éticas del pensamiento griego. Por momentos, Pablo devenía como figura de la virtud aristotélica, una vida que cultiva el espíritu filosófico que da lugar al hábito que caracteriza su excelencia: “Desde chiquito siempre he sido una persona estudiosa. Pero también fue algo que se me fue desarrollando de manera personal. [Con el tiempo] me di cuenta de que me gustaba eso, sin la necesidad de que alguien me lo exigiera. Mis padres me pedían que me fuera bien, pero nunca me exigieron que fuera una persona de 10 [...] Sólo me gustaba mucho tener buenas calificaciones y esforzarme por tenerlas. Yo mismo me puse la meta de terminar con el mejor promedio”.

Por otro lado, también pareciera evocar la virtud armónica de Platón, la idea de la vida justa como reflejo del orden y el equilibrio de todas las cosas. En medio de toda esta serie de exigencias, responde: “No considero que me haya sacrificado [...] Creo que todo está en saber equilibrar las cosas y sobrellevarlas unas con otras, y que haya un perfecto balance entre todo. Si bien el estudio tenía un peso importante, también lo tenía el resto de las cosas en mi vida [...] Claro que hay sacrificio, pero no creo que eso ha implicado el hecho de perderme de algo importantísimo”.

Quizá estas cualidades —inscritas más allá del buen rendimiento académico— son las que advirtieron los licenciados Ortiz y Hernández y, en definitiva, la Fundación Fausto Rico.

Pero esa es tan sólo una inferencia. Lo que es un hecho, sin embargo, es que estas observaciones nos permitieron reflexionar en torno de lo que significa ser excelente. En un país en el que hay una sobrepoblación de abogados y en un país, también, en el que la excelencia académica no es garantía de éxito, valía la pena poner sobre la mesa estas cuestiones y valorarlas a la luz de un contexto en el que la figura del abogado está atravesada por ideas negativas de las que difícilmente escapa.

Para el joven recién egresado, la excelencia no debiera fundarse sobre el sacrificio, la pérdida o el descuido, así como tampoco mediante la asimilación de una actitud maquiavélica ante el mundo. Su experiencia académica y profesional le ha

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permitido ponderar esto y revalorar su visión en torno de la abogacía y el tipo de profesional que quiere ser a futuro: “Todo suma —dijo—, porque la persona o el profesionista que yo quiero ser naturalmente debe tener este componente de exigencia y excelencia en todos los ámbitos de su vida. Pero también debe tener estos sentidos que a veces se pasan por alto, como los valores, la moral, de un sentido muy humano. Porque este sentido se puede perder fácilmente diciendo: ‘Dejamos todo por ser simplemente los mejores’, pero nada de eso está peleado”.

La excelencia, aunque requiera sacrificios, no debe estar peleada con el equilibrio individual y, mucho menos, con perder o sacrificar el sentido de lo humano con el propósito de ganar o destacar. Aun cuando esta valoración pareciera articularse como romántica (“propia de un estudiante”, dirían algunos) —sobre todo en un país como en el que vivimos—, su experiencia y sus palabras no deberían menospreciarse, sino volver al núcleo de las reflexiones en torno de la profesión y el deber ser del abogado: “Considero que a veces es fácil dejar de lado todo por ganar un caso, por sacar un asunto, por ganar un cliente, lo que tú quieras. Es lo que yo considero que no debe perderse, no en mi caso”.

Quizá la valoración más importante que realiza Pablo sea precisamente esa: comprender la excelencia como un retorno a lo humano, porque en ese entendimiento se construye no sólo una distinción desde el ámbito individual sino también un cuidado hacia la profesión y hacia los otros dentro de un proceso. Si bien para él no ha habido alguna desilusión con respecto a la profesión, sí planteó la angustia que atraviesa no sólo su vida sino la de muchos otros estudiantes y profesionales: “¿Realmente existe algo como la justicia?, ¿realmente podemos buscarla?” La riqueza no habita en las respuestas que puedan construirse, sino en la duda permanente que se instala en el estudio y que motiva la búsqueda por la justicia; la búsqueda por la que Pablo decidió adentrarse a este mundo: “Esto es algo que hoy no sé cómo responder, pero sigo convencido de que, hasta cierto punto, estamos aquí por eso [...] Creo que es justamente el punto de qué es lo que yo hago aquí y por qué: para encontrar esa respuesta y, con base en ello, ejercer la profesión”.

Desde este horizonte, la experiencia de Pablo Acosta se presenta no mediante una narrativa heroica con la que suele presentarse a los becarios destacados, sino como una vida a contracorriente en que la idea de excelencia puede habitarse desde otro espacio. De ahí que hayamos decidido contar parte de su historia, y de ahí que lo caractericemos como evidencia viva del trabajo de la Fundación Fausto Rico. En Pablo se satisface no sólo la visión de esta institución que lo acompañó,

La excelencia, escribió Ortega y Gasset, significa que una persona pide más de sí misma que los demás. En ese sentido, la persona excelente se inscribe razonablemente como una voluntad individual.

Pero la excelencia también se presenta como una moneda de cambio, como identidad competitiva y maquiavélica, o bien como frase publicitaria que pretende vender alguna clase de ilusión.

En cualquiera caso, la narrativa (generalmente heroica) que atraviesa la idea de excelencia parece tener al sacrificio y a la abnegación como cosas inherentes, que la negación de algo es aceptable y loable a favor de una meta. En ciertos espacios, esa narrativa se instala como objeto de deseo o incluso como componente necesario de instituciones profesionales o académicas en las que la vida sacrificial se articula casi como un requisito enaltecido. Pensar la excelencia fuera del sacrificio personal, fuera de las acciones que en ciertos casos orillan a pisar a los otros, fuera de los descuidos corporales o relacionales, resulta difícil.

Pero, ¿es posible? ¿Puede afirmarse una noción de excelencia desde otro ámbito? ¿Podemos pensarla sin que se comprometa la integridad moral?

sino también los valores que pretende fomentar en sus becarios para el desarrollo de personas íntegras y en lo que, sin duda, la UP desempeñó un papel determinante.

El relato no puede terminar, sin embargo, sin las palabras que Pablo dirigió hacia los futuros juristas de México, palabras en las que se decanta esta reflexión y su saber experiencial: “Es importante que nunca pierdan este sentido humano, que no dejen que cuestiones mundanas —como el dinero, la fama, el reconocimiento, el poder— distraigan la búsqueda de este fin último por el cual yo creo que todos (o la gran mayoría) decidimos estudiar derecho. Entramos buscando la respuesta sobre qué es lo justo y qué es lo que le corresponde a cada quien. Hay formas de ver las cosas y distintas formas de aportar. No perder el sentido humano es importante, así como aportar cada quién desde su rama. No echen en saco roto lo aprendido en la carrera y procuren que siempre se mantenga esta constante voluntad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, porque esta carrera exige, siempre, estar actualizado, siempre leyendo. De lo contrario, uno se queda atrás. Si uno tiene un título, es importante para uno y para los abogados como género decir: ‘Voy a ser un buen abogado’.

Es importante que empecemos a cambiar la idea de que los abogados son chuecos. Tenemos que trabajar para que la abogacía se convierta, otra vez, en una profesión respetable [...] El día de mañana habrá que atender a un cliente quien, al final de cuentas, es una persona de carne y hueso que tiene sentimientos, que le pasan cosas, que tiene problemas, como tú, como yo, como todos. Si sólo nos enfocamos en verlo como un billete, es muy fácil perder el propósito de por qué estudiamos derecho”. Se trata, en suma, de considerar la excelencia como un retorno hacia lo humano. 7

David F. Uriegas es licenciado en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y fotógrafo de la revista abogacía e independiente. www.duriegasphoto.myportfolio.com @duriegas

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[ Nuevos talentos ]

Mónica Yeraldy Ortiz Galindo

Aspectos esenciales de los derechos humanos en México El respeto a los derechos humanos y la existencia de mecanismos efectivos para hacerlos respetar o para restituir a los individuos en el goce de los mismos son condiciones esenciales de todo Estado democrático de derecho, afirma la autora de este artículo, y enfatiza que “no puede hablarse de democracia ni de Constitución sin respeto a los derechos humanos”. En esta colaboración explica la importancia que éstos tienen en la actualidad, así como su materialización en las políticas públicas, la legislación y las organizaciones sociales.

L

os derechos humanos son protagonistas en la historia de la humanidad desde los albores del constitucionalismo moderno y se erigen como límites al poder absoluto del Estado. No es casual que los primeros catálogos de derechos humanos coincidieran con las primeras constituciones escritas. Sin embargo, los derechos humanos durante todo el siglo XIX y la primera mitad del XX ocupaban un papel modesto en la agenda pública y social y los mecanismos para su protección eran muy limitados. No fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de los regímenes fascistas, cuando los derechos humanos adquirieron verdadera importancia. Esto se acentuó con la caída de los regímenes comunistas.1 Los derechos humanos suelen ser entendidos como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas (postulados de la Revolución francesa), las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entiende por derechos humanos lo siguiente: “Son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana”.2

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[ Nuevos talentos ]

Es decir, los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano.

Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.

Los derechos humanos poseen características importantes que los distinguen: universalidad, inalienabilidad, igualdad, indivisibilidad e interdependencia; además, se centran en la dignidad intrínseca y en el valor igual de las personas.

En este sentido, la violación de uno de esos derechos puede afectar directa o indirectamente el ejercicio de otro u otros.3 ¿Existe jerarquía entre los derechos humanos?

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece que los derechos humanos de todo tipo, sean económicos, políticos, civiles, culturales o sociales, tienen igual validez e importancia. Este hecho ha sido reafirmado Los derechos humanos son el conjunto de en la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986, la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y la derechos y libertades fundamentales para el Convención sobre los Derechos del Niño.4 Lo anterior obedece al hecho de que los derechos disfrute de la vida humana en condiciones de humanos tienen la característica de indivisibilidad, la cual plena dignidad, y se definen como intrínsecos reconoce que ningún derecho humano es intrínsecamente a toda persona por el mero hecho de pertenecer inferior a ningún otro. En este sentido, la interdependencia reconoce la imposibilidad de hacer efectivo cualquiera de los al género humano. Estos derechos, establecidos derechos humanos de forma aislada respecto de los demás.

De acuerdo con la idea de igualdad jerárquica e indivisien la Constitución y en las leyes, deben ser bilidad de los derechos, según la cual se rompe el esquema reconocidos y garantizados por el Estado. de que algunos derechos son más importantes que otros, por lo menos desde 1993, con la Declaración de Viena de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en ese año, la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos dan paso a una cabal comprensión de los derechos humanos, en que los derechos (en su amplio catálogo) vinculan de igual manera al Estado y a los particulares.

Ahora bien, recordemos que el objeto preciso de la reforma de 2011 incorpora al párrafo tercero del artículo primero de nuestra Constitución federal los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Derechos humanos: ¿son irrenunciables? La participación política La participación política es una acción que se realiza con vistas a conservar o modificar la estructura (y, por lo tanto, los valores) del sistema de intereses dominantes. Se trata de una acción que se desarrolla dentro de las relaciones de poder.

Es una serie de procesos participativos, como la irrupción de los movimientos sociales, la participación comunal (acción colectiva organizada y autónoma de organizaciones sociales en proyectos y acciones de los sectores populares) y las estrategias gubernamentales (que se realizan con el fin de controlar a las masas populares), además del ejercicio del voto y de la intervención en las estructuras de gobierno, bajo diversas modalidades.

Podemos hablar de participación política a partir del momento en que el fin o el interés de esta participación posea un interés de tipo político, es decir, que implique la búsqueda de la trascendencia y la incidencia de las opiniones de los particulares en la toma de decisiones de interés público, que de manera tradicional es una facultad de los partidos políticos y los grupos de poder. Por eso la participación política contempla,

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entre otros elementos centrales, el poder político, el cual dimensiona la actuación y el poder del Estado.5 Norberto Bobbio, en su Diccionario de política, sostiene que existen por lo menos dos formas de participación política. La primera se puede designar con el nombre de presencia y consiste en comportamientos principalmente receptivos o pasivos, como asistir a reuniones y escuchar voluntariamente mensajes políticos; en otras palabras, actividades en que el individuo no aporta ninguna contribución. La segunda forma es la activación, donde el sujeto lleva a cabo, en el interior o en el exterior de una organización política, una serie de actividades que delega continuamente o que practica de manera esporádica.6 Entre los actos que están contemplados en el seno de esta concepción se incluyen: votar en las elecciones, donar dinero para partidos y candidatos políticos, colaborar de distintas maneras en una campaña política, establecer contacto con funcionarios para expresarles una opinión o solicitarles alguna acción, integrarse a actividades de alguna organización no partidaria que estén abocadas a cambiar alguna decisión pública (por ejemplo, que se reparen las rutas locales, o protestar por el uso de la energía nuclear), manifestarse y persuadir a otros para realizar algunas de estas acciones; pero excluye: leer sobre política, pagar impuestos, poseer un sentimiento de patriotismo.7 En conclusión, la participación política no es un derecho renunciable porque, como lo anoté en los párrafos que anteceden, constituye un referente de cualquier democracia contemporánea, como la mexicana, y además porque aunque los ciudadanos decidan votar en blanco o no votar por ningún candidato, también están participando en el ámbito político, puesto que están externando su opinión. Incluso aunque los ciudadanos no se involucren directamente en un campaña política, en el ámbito pasivo escuchan las propuestas de los candidatos y las analizan, lo cual les permite emitir su voto de forma orientada; además, participan de manera política constantemente, incluso cuando no se percatan de ello; por ejemplo, cuando no hay agua en su comunidad y se ponen de acuerdo con otras personas, discuten, hacen propuestas e instrumentan un plan para conseguir lo que necesitan; en este ejemplo, el agua. ¿El Estado puede restringir los derechos humanos?

Para hablar sobre el tema de las limitaciones que puede imponer el Estado, es conveniente hacer referencia a lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del tema que nos ocupa: las limitaciones al ejercicio de los derechos humanos siempre son imprescindibles; lo diferente y decisivo es la perspectiva desde la cual dichas limitaciones son establecidas, pues obedecen a la necesidad de armonizar el ejercicio de diferentes derechos y garantizar, por esa vía, la vigencia de todos ellos. El papel del Estado consiste en lograr esa armonización en las situaciones concretas restringiendo el ejercicio de los derechos sólo con ese fin.

El derecho a la información El derecho a la información comporta la facultad de cualquier individuo de buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas de toda índole por el medio que sea de su elección, lo que implica, por una parte, que se tiene un derecho frente al Estado y, por la otra, que éste debe abstenerse de impedir su ejercicio.8 El derecho a la información es una garantía fundamental que se traduce en el derecho de todas las personas para buscar información, informar y ser informada.

Esto es, el derecho de atraerse información, que incluye las facultades de acceso a los archivos, los registros y los documentos públicos, y la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Nuevos talentos ]

Restricciones al derecho a la información Diversos preceptos constitucionales y convencionales señalan límites al ejercicio de este derecho. Respecto de los primeros, podemos señalar los artículos 6° y 7°, y respecto de los segundos, los artículos 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ambos casos, los conceptos a los que se alude para imponer restricciones tienen que ver con ataques a la moral, a la salud, a la paz y al orden públicos, así como con el respeto a los derechos y a la reputación de las personas y con la seguridad nacional.

Por lo tanto, el derecho a la información no es absoluto, pues admite ciertas restricciones. No obstante, cualquier limitación del derecho de las personas a obtener información, así como a expresar sus opiniones, aunque en principio resulte incómodo, debemos reconocer que en determinadas situaciones es algo necesario. Sin embargo, las restricciones no pueden comprometer el derecho mismo, es decir, no pueden ser tales que terminen por suprimir el ejercicio del derecho que limitan.

Existe una jurisprudencia que sostiene que el ejercicio del derecho a la información se encuentra limitado tanto por los intereses nacionales y de la sociedad, como por los derechos de terceros: “El derecho a la información consagrado en el artículo 6 de la Constitución federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o a excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la

seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como ‘reserva de información’ o ‘secreto burocrático’. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales o legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados”.9 Así pues, las restricciones deben ser necesarias para asegurar la obtención de ciertos fines legítimos. No basta que la restricción sea útil para la obtención de ese fin, esto es, que se pueda alcanzar a través de ella, sino que debe ser necesaria, es decir, que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo de un derecho protegido.7

1 Celis Quintal Marcos Alejandro, “La protección de la intimidad como derecho fundamental de los mexicanos”, en Estudios en homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano. Protección de la persona y derechos fundamentales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2006, p. 1.

2 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo”, Nueva York/Ginebra, 2006, p. 1. Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf.

3 Gonzalo Aguilar Cavallo, “Derechos fundamentales-derechos humanos. ¿Una distinción válida en el siglo XXI?”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLII, núm. 127, enero-abril, 2010. Disponible en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/article/ view/4594/5904.

4 Ibid., p. 2, nota 3.

5 Michelle Calderón Berra Santiago, “En contexto. Participación ciudadana, política y electoral en México: hacia la civil forma de decisión”, Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2017, p. 20. Disponible en http://www5.diputados.gob.mx/index. php/esl/content/download/79511/398307/file/CESOP-IL-72-14-ParticipacionCiudadana-310517.pdf.

6 Ibid., pp. 8-10, nota.

7 Idem.

8 Emma Rodríguez Cañada de Palacios, “El derecho a la información como derecho humano. Libertad de expresión y derecho a la información”, p. 4.

Disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/79.pdf.

9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XI, tesis P. LX/2000, abril de 2000, p. 74.

Mónica Yeraldy Ortiz Galindo es estudiante de la licenciatura en derecho de noveno semestre en el campus Ciudad Universitaria de la UNAM. Es practicante judicial en el Poder Judicial de la Federación, miembro de la Escuela de Cuadros del Partido Revolucionario Institucional (generación 2021) y ha participado en el Congreso de la Ciudad de México y en el Senado de la República como diputada juvenil. Actualmente presta su servicio social en el Banco de México.

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abogacía Septiembre 2021

convoca al

Premio Anual de Escritura a los nuevos talentos de la abogacía

BASES: • • • • • • •

•

Podrán participar todos los estudiantes de la licenciatura en derecho de cualquier institución educativa de la República Mexicana que sometan un artículo inédito para su publicación en la revista abogacía.

Los artículos podrán abordar cualquier temática de actualidad e interés para la sociedad, siempre y cuando contemplen un marco teórico jurídico.

Los trabajos presentados deberán ser escritos en formato de divulgación (la exposición de hechos, conceptos e ideas deberá contemplar un lenguaje claro, sintético y accesible al público no necesariamente especializado).

Los artículos deberán enviarse a la dirección electrónica editor@revistaabogacia.com en formato Word y no deberán exceder los 14,000 caracteres con espacios.

La fecha límite para enviar trabajos y ser considerados en la edición 2021 del premio es el 26 de noviembre de 2021.

El jurado calificador de los trabajos estará integrado por los miembros del Consejo Editorial de la revista abogacía.

En enero de 2022 el jurado calificador determinará al ganador único del premio entre aquellos autores que hayan sido publicados en la sección “Nuevos Talentos” de la revista, en cualquiera de las ediciones de 2021, tomando en consideración la originalidad del tema abordado, los planteamientos propuestos y el uso del lenguaje.

El premio consistirá en $10,000.00 (diez mil pesos).

Los libros, las mentes y los paraguas sólo sirven si se abren...

El fallo del jurado será inapelable. El resultado del certamen se dará a conocer el 28 de enero de 2022, a través de la página web y las redes sociales de la revista abogacía. La participación en este certamen supone la aceptación de las bases anteriormente expuestas.

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Derecho&LITERATURA

La lección del

zorro

Mateo Mansilla-Moya

Partiendo de la importancia de reflexionar sobre el fenómeno jurídico a través del arte —que sin duda puede tener una influencia positiva en nuestra perspectiva del derecho y la justicia—, el autor aborda un fragmento de la novela corta más famosa del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) con el objetivo de mostrarnos la importancia de interpretar y aplicar las normas desde la empatía y la sensibilidad que cada caso concreto requiere.

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abogacía Septiembre 2021

Ilustraciones: The Little Prince (2015), Paramout Pictures

N

o es objeto de este artículo ahondar en el todo de El Principito, sino en un momento específico de la conversación que sostienen el protagonista de la novela y el zorro cuando se conocen. Sólo diremos en relación con la novela que la mejor forma de sintetizarla es la propuesta por Beigbeder: es el único cuento de hadas del siglo XX y pudo haberse titulado “En busca de la infancia perdida”.

En la primera parte del texto presentamos el diálogo que acontece entre los dos personajes mencionados, en el que desarrollan el concepto de domesticación; posteriormente, anotamos una de las conclusiones a las que han llegado los estudios de literatura neurocognitiva y la teoría de la aritmética de la compasión, y su relación con el derecho; concluiremos reflexionando sobre la importancia de la mencionada conversación entre el Principito y el zorro para el estudio, la reflexión y la aplicación del derecho a la luz de los estudios literarios mencionados.

Una rosa domesticada En los capítulos XX y XXI de El Principito se narra uno de los momentos más conmovedores de la novela: el instante en que el joven protagonista se encuentra con un jardín florido de rosas, todas parecidas a la rosa que él había dejado en su “planeta” de origen (asteroide B612). Como se apunta en el texto, al reconocer la similitud que tenían con la suya, preguntó quiénes eran, a lo que le respondieron, confirmando el pensamiento del chico: rosas. El golpe de realidad no se hizo esperar: “Y se sintió muy desdichado. Su flor le había contado que era la única de su especie en el universo. Y he aquí que había cinco mil, todas semejantes, en un solo jardín”.1 Posteriormente, tras haber llorado el Principito ante su descubrimiento, conoció a un zorro que le explicó que para jugar con él debía “domesticarlo”, esto es, crear lazos que lo distinguieran del resto de los zorros, que lo hicieran diferente: “Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo...”2 Entonces el Principito empezó a comprender el lazo que él y su rosa habían generado y que eso la distinguía de las demás rosas con las que se había encontrado. A esto, el zorro agregó que “sólo se conocen las cosas que se domestican”3 y procedió a explicar al chico cómo podía domesticarlo a él para que pudieran jugar. ¿Podemos conocer y domesticar (generar lazos) a perLa domesticación entre el Principito y su rosa sonas a través de la literatura de ficción? ¿Importa esto al derecho? Veamos.

—el vínculo que ambos habían generado, y que

los distinguía a ambos de los demás seres de su

Empatía y derecho Los estudios sobre literatura neurocognitiva establecen los especie en el universo— ilustra la importancia de procesos mentales a través de los cuales las personas lectola individualización de las experiencias y la trasras de literatura de ficción pueden generar empatía con las historias/experiencias de los personajes que las protagonizan cendencia de conocer cada una para apreciarla y (e incluso con las de aquellos que juegan roles secundarios empatizar con ella. No es lo mismo conocer hedentro de la historia).

Dice Luis Javier Plata Rosas, en su texto Literatura neu- chos a partir de cifras, que a partir de experienrocognitiva: el poder transformador de las letras (2016), cias únicas con las que podemos relacionarnos. que “hacer que lectores y lectoras se enfrenten a la tarea de inferir pensamientos, sentimientos e intenciones de los y las personajes en sus mundos imaginados, permite que haya una mayor identificación con el/la personaje y una mayor comprensión es ésta”.

La individualización de experiencias tiene como efecto aquello a lo que Paul Slovic llama “la aritmética de la compasión” (en su teoría del entumecimiento psíquico); para el psicólogo “es más fácil generar empatía si un mensaje presenta información sobre una persona única e identificable, que cuando la información hace referencia a grupos enteros de personas o estadísticas”; el cerebro se entumece cuando tratamos de ponernos en los zapatos de decenas, LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Derecho&LITERATURA miles o millones a la vez. Dice Slovic que “la lectura puede desentumecer nuestras neuronas empáticas lo suficiente para que nos interese el bienestar de alguien más como si nosotros fuésemos ese alguien” (Artihemtic of Compassion).

Manuel Alcántara-Plá, en un texto titulado La aritmética de la compasión (2016), ilustra lo anterior con el caso de la fotografía de Aylan Kurdi, un niño sirio que apareció ahogado en una playa durante la revolución en Siria el 2 de septiembre de 2015. Hasta ese entonces, las noticias mundiales se habían reducido a la cantidad de muertos que había ocasionado el conflicto armado y el interés global no era tanto. Desde que apareció la fotografía que narraba la historia particular del pequeño hijo de migrantes que huían de las hostilidades, aumentaron la cantidad de búsquedas en internet para conocer sobre el conflicto y las formas de ayudar a familias refugiadas.

Generar experiencias individualizadas a través de la literatura de ficción que permitan a las personas lectoras conocer (y reconocer) experiencias distintas a las propias, permite, de igual forma, conocer las experiencias de categorías identitarias determinadas, “compadecerse” (en términos de Paul Slóvic) de éstas y reconocerlas en la sociedad y en sus estructuras, generando la mayor inclusión posible.

Esto adquiere trascendental importancia cuando quien lee estas experiencias codificadas en la literatura también es quien opera el derecho, pues sus decisiones (que impactan directamente la vida en sociedad de las demás personas) necesariamente serán desde la empatía.

Conclusión La domesticación entre el Principito y su rosa —el vínculo que ambos habían generado, y que los distinguía a ambos de los demás seres de su especie en el universo— ilustra la importancia de la individualización de las experiencias y la trascendencia de conocer cada una para apreciarla y empatizar con ella. No es lo mismo conocer hechos a partir de cifras, que a partir de experiencias únicas con las que podemos relacionarnos.

Para que el derecho logre concretar su fin último, la justicia, además de la aplicación de normas justas, si bien abstractas, se requiere que sean aplicadas con empatía y sensibilidad en cada caso en concreto, y no únicamente al pie de la letra. Recordemos el principio: summum ius, summa iniuria. El zorro nos recuerda que para generar empatía con alguien/algo tenemos que conocerlo: la literatura de ficción, a través de sus procesos de “empatización”, es una gran forma de conocer (y reconocer) los intereses, las inquietudes, las necesidades y las experiencias de otras personas. Esto tiene que ver con la construcción de paz, pero de eso escribiremos después. Nuevamente, la literatura de ficción se presenta como una herramienta esencial para la reflexión y la aplicación del derecho.7

* Agradezco a Manuel Jorge Carreón Perea sus comentarios a este texto.

1 Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, trad. Bonifacio del Carril, Emecé Sanborns, México, 2012, p. 76.

2 Ibid., p. 79.

3 Ibid., p. 80.

Referencias: • Alcantará-Plá, Manuel, La aritmética de la compasión, en https://inicios.es/2016/la-aritmetica-de-la-compasion/.

• Arithmetic of Compassion, en https://www.arithmeticofcompassion.org/.

• Plata Rosas, Luis Javier, Literatura neurocognitiva: el poder transformador de las letras, 2016, en https://www.nexos.com.mx/?p=29998.

• Saint-Exupéry, Antoine de, El Principito, trad. Bonifacio del Carril, Emecé Sanborns, México, 2012.

• Volpi, Jorge, Leer la mente: el cerebro y el arte de la ficción, Alfaguara, México, 2011.

Mateo Mansilla-Moya es egresado del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana y director general de Cardenal. Revista Literaria. @moya_mansilla

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Para leer FIGURAS PROCESALES EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Hace 13 años inició en México un proceso de transformación del sistema penal acusatorio mexicano que tenía como propósito hacer más eficiente la procuración y la administración de justicia, a la par de homologar normas procesales en todo el país.

Años más tarde surgió la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, la cual tuvo impacto directo en el sistema penal. En 2014, con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se logró consolidar un cuerpo legal robusto y bien definido para el proceso penal mexicano.

Estos antecedentes sirven para mostrar la importancia que tiene la realización de estudios académicos serios y focalizados en temáticas viculadas con la parte procesal del derecho penal en México, siendo un nítido ejemplo de ello la obra Figuras procesales en el sistema penal acusatorio de José Fernández de Cevallos y Torres, investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), quien tiene el gran acierto de coordinar el esfuerzo de siete especialistas en cinco textos que resultan dignos de mencionar.

El primero de ellos es la aportación realizada por Manuel Jorge Carreón Perea, Mateo Mansilla Moya y Elisa Gutiérrez Zamora, quienes intitulan su capítulo “Apuntes sobre el derecho procesal penal y derechos humanos”, temas que a simple vistan resultan llamativos por los puntos de encuentro entre estas ramas del derecho.

El siguiente capítulo corresponde al coordinador de la obra, José Fernández de Cevallos, quien realiza un análisis de la tutela judicial efectiva en el marco del proceso penal. En “Las medidas cautelares y la Guardia Nacional”, tercer capítulo del libro, Eduardo Martínez Bastida nos aproxima a dos temas polémicos que resultan de interés por la situación actual que atraviesa el país. Óscar Baez Soto redacta el cuarto capítulo, que tiene a bien titular “La entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Acierto o exceso?”, cuya pregunta nos convida a efectuar una reflexión sobre si deben mantenerse figuras polémicas y que pueden considerarse, en ciertos casos, violatorias de derechos humanos.

Como los vinos de Caná, lo mejor viene al final: se trata del texto de Héctor Carreón Perea, comisionado integrante de la Comisión Técnica de Transición hacia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien titula su capítulo “Claves para consolidar un nuevo modelo de procuración de justicia en la Ciudad de México”, el cual, estoy segura, debe ser un referente para las autoridades a cargo de la Fiscalía General de Justicia de nuestra ciudad capital.

La invitación a la lectura, misma que sirve como preámbulo de tan significativa obra, corre a cargo de Carla Elena Solís Echegoyen, que se complementa con la presentación que hace el coordinador.

Briceida Cervantes Sánchez

________ José Fernández de Cevallos y Torres Inacipe 2021

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OBEDEZCO PERO NO CUMPLO. LECTURAS PARA LOS PROGRAMAS DE IUSHISTORIA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO Al igual que célebres obras de la literatura como Moby Dick, de Melville, o Historia de dos ciudades, de Dickens, Obedezco pero no cumplo inicia con un planteamiento determinante que cito a continuación: “¿Por qué reflexionar hoy en las aulas universitarias sobre un tema aparentemente tan trillado como es el estructural incumplimiento de la ley en México?”

Esta interrogante guía el libro escrito por Rafael Estrada Michel, quien a través de tres unidades nos guía para replantear nuestra visión, muchas veces heredada con vicios, de la historia del derecho en México, a través del conocimiento de lo que podríamos llamar momentos estelares del constitucionalismo mexicano.

La obra recoge diferentes ensayos que, como refiere el autor, se escribieron en un periodo de tres lustros (2005-2020), con lo cual podemos apreciar no sólo la evolución de la pluma que caracteriza a Rafael Estrada Michel, sino el desarrollo de su pensamiento a lo largo del tiempo.

Si bien cada uno de los ensayos de esta obra goza de un tema y un estilo propios, por lo cual resulta difícil decantarse por uno en específico, son altamente recomendables los siguientes “Cádiz: ¿liberalismo y libertad?”, “Francia y México: historia de una incomprensión”, y el favorito de quien escribe estas líneas: “¿A quién y para qué sirve la ley en México? Notas sobre el Estado constitucional y democrático de derecho”.

Como escribiera Jorge Luis Borges, las palabras son símbolos que postulan una memoria compartida. Al leer esta obra nos situamos tanto en la historia jurídica de México como en la visión del autor, compartiendo lo más importante de todo: la reflexión.

Manuel Jorge Carreón Perea

Más información:

________ Rafael Estrada Michel Tirant lo Blanch 2020

Manuel Jorge Carreón es consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. @MJorgeCP

Buzón jurídico ¿Tiene algún comentario breve sobre nuestro marco legal que desee hacer público en este espacio? ¿Quiere hacer una réplica u observación a los autores de los artículos que se han publicado en esta revista? ¿Desea enviar alguna sugerencia o recomendación a los editores de la publicación?

Este espacio es para usted. Le extendemos una invitación a ponerse en contacto con nosotros al correo: editor@revistaabogacia.com

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Para leer 12 ÓPERAS PARA CONOCER EL DERECHO ¿Qué tienen en común la ópera y el derecho? Aunque pudiera pasar inadvertido a simple vista, ambas muestran aquello que nos interesa, lo que se considera bueno o malo, cómo son y cómo deseamos que sea la interacción con los otros, las implicaciones de un golpe de suerte o de la mala fortuna, el papel de las autoridades, lo que es justo, por lo que lucharíamos a muerte o lo que sería denominado como un final feliz.

El derecho está en todas partes. Desde el nacimiento, estamos rodeados de una serie de reglas, convencionalismos, ordenamientos y autoridades que moldean nuestra conducta. A lo largo de la vida, las pequeñas y grandes decisiones que tomamos tienen consecuencias de carácter jurídico.

Por eso, las óperas incluidas en este libro son el vehículo perfecto para mostrar de manera lúdica lo que cualquiera debe conocer —y comprender— acerca de las normas y, también, lo que se puede disfrutar de uno de los géneros musicales más versátiles y apasionantes que existen.

El texto, los cuestionamientos y las reflexiones sugeridas en cada uno de los capítulos de esta obra son herramientas didácticas ideales para estudiantes de los primeros años de las carreras de derecho, relaciones internacionales y economía, pero también para cualquier profesional jurídico o de disciplinas afines que tenga el deseo de aproximarse de nueva cuenta a los principios fundamentales de la ciencia jurídica.

Sumado a lo anterior, el lenguaje claro y las actividades planteadas son perfectas para el público general que desea contar con un panorama integral de los conceptos jurídicos que todos utilizan en su vida profesional y personal.

El gran reto es permitir al lector romper con los grandes estigmas que tanto la ópera como el derecho han cargado: no son aburridos, rígidos ni destinados sólo a unos cuantos.

Con un diseño interactivo en su versión digital el presente libro será un referente de dinamismo para disfrutar y conocer las diferentes óperas, paralelamente a la lectura de cada apartado y su perspectiva jurídica.

Jesús Edmundo Coronado Contreras

________ Laura Coronado Contreras Wolters Kluwer/Bosch México 2021

Jesús Edmundo Coronado Contreras es director editorial de Wolters Kluwer México.

Más información:

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abogacía Septiembre 2021

Queremos invitarlo a formar parte de una gran causa que durante más de 30 años ha ayudado a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de cientos de jóvenes mexicanos.

Apoyamos anualmente a 40 jóvenes para que terminen secundaria en la escuela de la Fundación Mier y Pesado.

Fundación Burton Blooms Diligencias 36, San Pedro Mártir, Tlalpan, C.P. 14650, Ciudad de México.

55 5573-8090, 55 5573-3684. www.fundacionburtonblooms.org

IN MEMORIAM

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MAURICIO OROPEZA Y SEGURA (1941-2021)

ara el foro jurídico de México y para toda la comunidad de la Escuela Libre de Derecho el fallecimiento del licenciado Mauricio Oropeza y Segura es una pérdida irreparable; especialmente para aquellos que tuvimos el honor de ser sus alumnos y por eso fuimos testigos de su amplio dominio y conocimiento del derecho y, más importante, de su inigualable calidad humana.

Egresó de la Escuela Libre de Derecho en 1965 con la tesis “El derecho de petición en México”. El maestro Oropeza —además de ser uno de los mejores abogados en nuestro país— fue profesor de la escuela durante más de 50 años, impartiendo las materias de introducción al estudio del derecho, teoría general del Estado y seminario de tesis. El respeto, el cariño y la admiración que le tuvimos sus alumnos lo llevó a participar en más de 268 exámenes profesionales, la mayoría como presidente del sínodo examinador. Ningún profesor, en los 109 años de vida de la Escuela Libre de Derecho, había presidido o participado en más exámenes profesionales que el maestro Oropeza y Segura. De ese tamaño es su legado.

Fue sucesor, en toda la extensión de la palabra, de nuestros ilustres fundadores y nos demostró que para él su prioridad absoluta como abogado siempre fue la escuela y, por eso, al concluir cada examen profesional o cada ciclo escolar nos recordó que nuestra obligación como hijos de la Escuela Libre de Derecho era acudir a ella de manera desinteresada e inmediata cuando ésta nos lo requiriera, cumpliendo cabalmente con nuestros principios que disponen que “el orden y la disciplina de la escuela quedan confiados al honor de sus alumnos y de sus maestros” y que “los servicios de los profesores serán necesaria e invariablemente gratuitos y personalísimos”.

Pero lo que más vamos a recordar y a extrañar sus alumnos es al maestro Oropeza como el ser humano extraordinario e inigualable que fue; al hombre bueno, culto, sabio, justo, espontáneo, caballeroso y de ideas y convicciones claras y definidas, que nos enseñó que lo más importante en la vida es la familia. Siempre nos platicó sobre su esposa, abogada egresada de la escuela, sobre sus hijos —su hijo Mauricio también es egresado de la escuela y fue vocal de la junta directiva de la misma— y, sobre todo, nos contó sus aventuras con sus adorados nietos y de lo orgulloso que estaba de todos ellos. Para su familia, mi más sentido pésame por el sensible fallecimiento del maestro.

Con la partida del licenciado Mauricio Oropeza y Segura se ha ido un hombre íntegro, un estupendo abogado, profesor y amigo. Todos los que tuvimos la oportunidad de estar cerca de él jamás lo vamos a olvidar y nos encargaremos de que su legado sea recordado siempre.

Como abogado y miembro de la comunidad de la Escuela Libre de Derecho no tengo palabras para agradecerle todo lo que hizo por la justicia en nuestro país y por nuestra escuela. ¡Hasta siempre, querido maestro!

Descanse en paz.

Mauricio J. Becerra Becerril

Mauricio J. Becerra Becerril es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho (ELD) y maestro en derecho por la Universidad de Harvard. Fue alumno del maestro Mauricio Oropeza y Segura y adjunto del mismo en el seminario de tesis de la ELD. Actualmente es profesor titular del seminario de tesis en la misma institución.

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Eduardo García Máynez (1908-1993)

J

urista y filósofo, egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo García Máynez se distinguió por sus aportaciones en el campo de la axiología y la lógica jurídicas, así como por su afán de describir el objeto del derecho en términos científicos.

Fue miembro de El Colegio Nacional, rector del Instituto Tecnológico (Autónomo) de México, profesor emérito de la UNAM, secretario general e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y autor de importantes obras, entre las que destaca su Introducción al estudio del derecho. Asimismo, tradujo al español la Teoría general del derecho y del Estado de Hans Kelsen.

Recibió, entre otras distinciones, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República.

Si deseas compartir una fotografía inédita de alguno de los grandes juristas de México, puedes enviárnosla a editor@revistaabogacia.com para su publicación en la revista o en nuestras redes sociales.

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Humor ¿Podría reconocer a quien le robó su celular?

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Alfonso Orvañanos

Por supuesto, nunca olvidaré su rostro... Traía un cubreboca azul clarito.

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Precio en preventa

$200MXN

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