Revista de Coahuila Número 396 - Octubre 2024

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¿Cuál

es el estilo de vida de los estudiantes?

La investigación realizada por los catedráticos e investigadores de la FCEyH, contó con la participación de 435 estudiantes de entre 17 a 25 años, pertenecientes a instituciones como la UAdeC Unidad Saltillo y el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el municipio de Ameca, Jalisco.

La metodología utilizada fue de tipo cuantitativa y consideró aspectos generales de los participantes como el género, edad, trabajo, vida sexual, factores familiares, así como la actividad física, tipo de alimentación (saludable y no saludable), consumo de alcohol y cigarro, hábitos de estudio, sedentarismo y ocio, entre otras dimensiones que afectan el estilo de vida de los jóvenes.

Los resultados confirmaron que hay diferencias significativas por género en el estilo de vida, en donde los hombres realizan más ejercicio, actividad física, deporte, consumen más alcohol, cigarro y son más sedentarios, mientras que las mujeres tienen puntajes más altos que los hombres en los hábitos de estudio.

Jesús Alberto García García, es Doctor en Ciencias de la Educación y docente e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la UAdeC, actualmente, es responsable del Departamento de Investigación de los Fenómenos Educativo y Humanista del plantel. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran los temas de calidad de vida, estilos de vida saludables, sobrepeso y obesidad, actividad física y rendimiento escolar; el Dr. García ha publicado 19 artículos en revistas indexadas, 6 capítulos de libros, 2 libros y diversas contribuciones en congresos científicos, además, ha participado en la dirección de 19 tesis. jegarciag@uadec.edu.mx

De manera general, se observó que una proporción considerable de la población tiene dificultades para tener o mantener un estilo de vida saludable, debido a que hay una tendencia hacia la alimentación no saludable, sedentarismo, consumo de alcohol y cigarro, con diferencias estadísticas por entidad federativa.

Los investigadores destacaron que el estudio tiene un impacto social importante, debido a que, a partir de los resultados, se hace evidente la necesidad de acercarse a la población estudiantil, a las colonias y localidades para promover estilos de vida saludables, en donde cada plaza, calle o casa, pueda ser un espacio para la recreación, la actividad física y el deporte.

La investigación apunta que los programas de promoción de la salud que implementan los gobiernos y las instituciones de salud, deben considerar que una parte de la población joven es sedentaria, por lo que se sugiere el desarrollo de programas de actividad física idóneos y atractivos, pláticas y conferencias que logren concientizar y mejorar su estilo de vida. También, sostiene que la participación voluntaria de los ciudadanos en este tipo de iniciativas, permitirá generar esfuerzos y propuestas en donde la sociedad sea el centro de la promoción de la salud para la toma de decisiones y de la adopción de ciertos hábitos de vida en dos estados como Coahuila y Jalisco, entidades donde la diversidad y el contexto cultural tienen gran relevancia.

Por último, los investigadores buscarán desarrollar modelos de intervención educativos para que desde la escuela se forme a los estudiantes y aprendan sobre conceptos importantes como el autocuidado, actividad física, nutrición, crecimiento espiritual, responsabilidad en salud y manejo de estrés, con posibilidad de gestionar financiamiento para implementar estos programas en más municipios y estados de la República Mexicana.

Conoce más sobre esta investigación: “Estilo de vida en alumnos universitarios. Estudio comparativo entre Coahuila y Jalisco” Revista Regiones y Desarrollo Sustentable, No. 41, Colegio de Tlaxcala: http://coltlax.edu.mx/openj/index.php/ ReyDS/article/view/160.

Julio Cu Farfán López, es Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene estudios postdoctorales en Teoría de la Ciencia y actualmente se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo en la FCEyH y cuenta con perfil deseable PRODEP. Su principal línea de estudio es la “Calidad de vida como problema socio educativo” y ha publicado diversos artículos en revistas de difusión; El Dr. Cu Farfán ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales y es asesor de proyectos de investigación tanto del corte cualitativo como cuantitativo.

INSTAGRAM: J Cufarfan

Foto con participante
Explicando instrucciones de la encuesta
Práctica de deporte en ambos estados
Consumo de alcohol en ambos estados

Coahuila trabajará en equipo con la presidenta Claudia Sheinbaum

El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a Claudia Sheinbaum Pardo en la ceremonia en la que se le tomó protesta como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y en los eventos posteriores en donde se dirigió a las y los mexicanos.

“Tuvimos una reunión en Palacio Nacional con las Gobernadoras, los Gobernadores, Embajadores, Jefes de Estado, el Gabinete de la Presidenta, y en el Zócalo, donde presentó sus proyectos, programas

y obras en los diferentes estados y hay buenas noticias para Coahuila”, destacó.

Jiménez Salinas resaltó que, dentro del mensaje en el que dio a conocer sus compromisos, se incluyera a Coahuila en obras prioritarias como la modernización y ampliación de la carretera 57, que va desde los Chorros, en el Sur del estado, pasando por las regiones Centro y Carbonífera, hasta la región Norte.

Además de un plan de reestructura para AHMSA, proyectos que

ya había tenido la oportunidad de plantear directamente con ella.

“Aquí ya estamos preparando un plan con el equipo de la presidenta y también con el Consede de la región Centro Desierto de Coahuila”.dijo.

El gobernador de Coahuila resaltó el tema del tren de pasajeros que irá desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo y que tendrá una estación en Saltillo, además de proyectos de agua en La Laguna, entre otros.

“Vamos contentos de regresar a

Coahuila y como lo he venido comentando, vamos a trabajar de la mano con la Presidenta de México para bien de nuestro estado, para bien de nuestra gente y para bien de México, aquí vamos puro pa’ delante a pasos de Gigante”, apuntó.

De la misma manera, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum le informó que Coahuila será de los estados que estará visitando en sus primeros 100 días de gobierno para anunciar obras o programas, lo que es una señal más para pensar que a nuestra entidad le irá mejor.

DIRECTORIO

Dirección

Martín G. González Ramos

Diseño editorial

Portada:

Erasmo Bernadae

Interiores:

Florentino Durón Gómez

Colaboradores

Álvaro González

Daniel Herrera

Marcela Valles

Gerardo Lozano

Rodrigo Tejeda

Eugenia Rodríguez

Asesoría

ASFI/C.P. Heriberto Rodríguez

Impresión

de Coahuila

de impresión

Artes Gráficas

Coahuila

Abasolo 693 Ote.

/ Fax: 01(871) 7136149

ÍNDICE

dinero han acumulado ‘El

El costo del ‘sueño americano’: los migrantes que mueren debido a

CLAUDIA: A VER SI PUEDE, A VER SI QUIERE

Sería una gran pena que la primera mujer que llega a la presidencia de la república sea una mandataria atada al hombre que en teoría se va

ajo el pretexto de la continuidad del proyecto de la nueva transformación o 4T, que no es otra cosa que lo que se le ocurra a AMLO, tenemos una transición de poder sexenal, donde la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, corre, presurosa, a cumplir aún los caprichos del presidente saliente, quien le ha impuesto la mitad de gabinete, el control del partido oficial, que considera de propiedad familiar, el control del legislativo, y no le ha dado, al menos hasta el día de su toma de posesión, el respeto y el espació que debería. Ni tan siquiera tuvo la cortesía de salirse del Palacio Nacional con un tiempo razonable para el cambio de la mudanza.

Es más que evidente la intención de AMLO, un hombre enfermo de poder y quien no tiene confianza en nadie (tenía intervenidos los teléfonos de todo el pequeño círculo más cercano de Claudia Sheinbaum), de establecer un Maximato, al estilo del que impusiera el siglo pasado Plutarco Elías Calles. Todo dependerá de Claudia Sheinbaum si puede y si quiere asumir con independencia su cargo presidencial, pues podría suceder que quiera, pero se encuentre atada a todos los controles que le imponga desde fuera López Obrador, con quien parece tener un gran temor de distanciarse o, aún más, de fijar su independencia.

Sería una gran pena que la primera mujer que llega a la presidencia de la

república sea una mandataria atada al hombre que en teoría se va.

Esto en lo político, en lo partidista y en lo ideológico, porque en lo referente a lo administrativo y a las finanzas públicas, aunque se quisiera establecer una continuidad, sencillamente no se puede.

López Obrador deja malas finanzas públicas, de tal manera que será imposible seguir con obras faraónicas, con gasto ilimitado en programas de tipo social-clientelar y en despilfarro de recursos, como el que se le concede al Ejército. También será imposible seguir con la misma política fallida de seguridad pública, entre otras cosas.

AMLO había anunciado que, terminando, se iba a su rancho de ‘La Chingada’, en Palenque, Chiapas, pero fiel a su mitomanía, ahora ha declarado que estará un tiempo en la ciudad de México. Su propó-

sito es ‘verificar’, de primera mano, que el nuevo gobierno vaya como él quiere, después del desorden adicional que ha dejado con las reformas de septiembre, algo que en rigor ya no le competía.

¿Qué tanta voluntad de poder y carácter tendrá Claudia Sheinbaum ya puesta en la silla presidencial? Es algo que se podría decir que se desconoce, pero hay cierto pesimismo, que se deriva del comportamiento que tuvo de la elección a la toma de posesión, donde se convirtió en una sombra de AMLO hasta la ignominia.

Pero habrá que guardar esperanza y el deseo de una nueva presidenta que, a medida que tome las riendas del poder, que en este caso es enorme, se vuelva independiente, y lo haga para el bien de México, no al capricho de un hombre enfermo de poder que teme que su ‘legado histórico’ se pierda.

¿CUÁNDO FUE QUE

EL PAN DE COAHUILA SE PUDRIÓ?

Actualmente, por lo menos en Coahuila, el último estado priista, el partido parece estar sin alternativas y sin futuro posible

En 1997 el PAN de Torreón llegó por primera vez al gobierno municipal de Torreón con Jorge Zermeño Infante, un político que mostró la capacidad de olfatear oportunidades; un cazador de cargos públicos. La llegada al poder cambió el ambiente de un partido que había sido siempre un perdedor, lo que atrajo a un grupo de jóvenes recién egresados de la universidad como abogados, entre los cuales surgió el liderazgo de Guillermo Anaya Llamas, un muchacho ambicioso, pragmático y astuto, quien no tenía ninguna formación ideológica y doctrinaria, pero si muchas ganas de alcanzar el éxito profesional y económico a través de la política.

En ese periodo de gobierno el PAN en general cambió su rumbo al probar los beneficios del poder; nunca más sería un partido de oposición de centro-derecha soportado por el romanticismo y la vieja doctrina de su fundador: Manuel Gómez Morín. Ahora se trataba de obtener el poder y disfrutarlo.

Guillermo Anaya formó grupo con personas como Jesús de León, Luis Fernando Salazar, Fernando Gutiérrez, Alfonso Tafoya, Manuel Acuña y María del Carmen Fernández, entre los más visibles.

Todos medrarían del poder desde ese año de 1997 y aprovecharon, hasta el extremo, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, a quien incluso harían padrino y compadre.

Solo para comenzar, Jorge Zermeño fue senador en el 2000; Guillermo Anaya diputado local en el mismo 1997, diputado federal en el 2000 y presidente municipal de Torreón en el 2003, a partir de donde se vuelve el jefe del partido, no solo en Torreón sino en Coahuila. Jesús de León fue síndico en 1997 y diputado federal en el 2006 y Luis Fernando Salazar diputado local en el 2003.

A partir de este período Jorge Zermeño gozaría de una carrera

repleta de canonjías y de cargos. Los que no lo fueron, buscaron ser presidentes municipales y, si fracasaban, se convertían en diputados federales o en senadores, o bien en delegados de redituables secretarías de estado, pero nunca al margen del poder que estaba a su alcance. Faltos de una formación ética, de una ideología y de una doctrina, cayeron en la corrupción.

Hoy todos son millonarios, viven en mansiones ubicadas en los sectores más caros de Torreón y siguen medrando, no como en los mejores años, pero siguen haciéndolo.

Su momento apoteósico fue el gobierno de Felipe Calderón. Jorge Zermeño hace su padrino de segundas bodas al expresidente; Guillermo Anaya lo hace compadre, lo que les da senadurías, diputaciones federales y hasta una embajada en España para Jorge Zermeño, como pago al controvertido acto de toma de posesión, donde el grupo Torreón se encargó de la maniobra de entrada por la puerta trasera de Felipe Calderón. Existe inclusive una fotografía emblemática.

Zermeño Infante se fue a España por cinco años, donde vivió, literalmente, a cuerpo de rey, cuando originalmente era un modesto vendedor de aceite automotriz.

Guillermo Anaya se quedó como jefe del partido y, desde su posición de senador y compadre del presidente, montó toda una operación, que incluía una oficina exprofeso, para dedicarse a hacer negocios con dependencias federales. Luego intentaría ser gobernador del estado, perdiendo la elección de 2011, pero como consolación se hizo otra vez diputado federal.

EL INICIO DEL DERRUMBE

La ambición de este grupo lleva al deterioro moral del partido y, como consecuencia, a su derrumbe como la oposición en Coahuila frente al PRI, una posición que le ha arrebatado Morena, el nuevo partido oficial.

En 2015 Jorge Zermeño trata de ser diputado federal, pero fracasa. En 2017 Guillermo Anaya se lanza como candidato a la gubernatura y la pierde en un litigio

Guillermo Anaya formó grupo con personas como Jesús de León, Luis Fernando Salazar, Fernando Gutiérrez, Alfonso Tafoya, Manuel Acuña y María del Carmen Fernández, entre los más visibles.
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Zermeño Infante se fue a España por cinco años, donde vivió, literalmente, a cuerpo de rey, cuando originalmente era un modesto vendedor de aceite automotriz.

legal larguísimo, pero el PAN parecía tener aún una gran fuerza, sin embargo al siguiente año aparecería en el escenario nacional y estatal Morena.

Todavía en ese año de 2017 y en el 2018 Jorge Zermeño gana por segunda y tercera ocasión la presidencia municipal de Torreón, pero ahora gobierna en compañía de sus hijos, quienes se dedicaron a hacer negocios utilizando distintas dependencias gubernamentales, lo que generaría un gobierno sumamente desaseado, opaco y con serios problemas de corrupción. Sería la peor despedida de este político ya veterano.

En ese mismo año de 2018, por la ambición de seguir con su carrera política, Luis Fernando Salazar se pasa a Morena, siendo diputado federal por el PAN, llevándose con él a una parte de la estructura territorial del partido.

Fernando Gutiérrez se suma al PRI, con el gobierno de Miguel Riquelme, separándose también del grupo original.

Unos años antes, en 2010, Gui-

llermo Anaya suma al grupo a otro abogado, este litigante: Marcelo Torres Cofiño, a quien hacen primero regidor y, en 2012, diputado federal, pero con la peculiaridad que Torres Cofiño hace relaciones personales con el grupo político de Ricardo Anaya y Marko Cortés, lo que le llevaría a ocupar, de forma muy breve, la dirigencia nacional interina del partido que le permite en 2018 convertirse en diputado local y ocupar la presidencia del Congreso local.

Para el 2020 el PAN se derrumba en las urnas. En las elecciones a diputados locales el PRI gana 16 de las 16 diputaciones en juego, con lo cual el PAN se queda con tan solo tres diputados plurinominales, después de haber tenido nueve y uno de estos tres se pasaría a Morena.

El 2021 resulta aún más desastroso. Jorge Zermeño pide licencia como alcalde para buscar una diputación federal y pierde. Lo mismo le sucede a Marcelo Torres Cofiño, quien se lanza como candidato al gobierno de Torreón y queda rele-

El gobierno municipal de Monclova era casi lo único que le quedaba al PAN en Coahuila, así que realiza una alianza con quien había sido su rival político desde su fundación, bajo el supuesto de contener el avance de Morena.

gado a un tercer lugar, además de exhibido ante la opinión pública por todo un entramado de riqueza inexplicable.

Luis Fernando Salazar se presenta como candidato de Morena y es descalificado por el INE, lo que obliga a poner a su padre, del mismo nombre, como candidato, lo que es un completo fracaso.

Guillermo Anaya no puede obtener cargo alguno, pero sigue siendo el jefe del partido, controlando entre 270 y 300 ‘militantes efectivos’ de los 1,060 que tiene el PAN en Torreón, quienes son conocidos en el argot político como ‘padroneros’. Con esa cantidad, más los que suma en cada asamblea, es suficiente para seguir manteniendo el control.

LA ALIANZA CON EL PRI Y EL DESASTRE

Ante el derrumbe de los niveles de votación del partido y el crecimiento de Morena como la segunda fuerza política en el estado, Guillermo Anaya, junto con otros panistas de Monclova, como Mario Dávila co-

mienzan a manejar una alianza con el PRI y el PRD; la misma que se daría a nivel nacional.

El gobierno municipal de Monclova era casi lo único que le quedaba al PAN en Coahuila, así que realiza una alianza con quien había sido su rival político desde su fundación, bajo el supuesto de contener el avance de Morena.

En la elección de 2023 se decide la gubernatura y las 16 diputaciones de mayoría del Congreso del Estado. El PAN logra que le den 5 diputaciones locales y se hace un acuerdo firmado sobre un papel cualquiera, que al conocerse se convierte en un escándalo, ya que se negociaban magistraturas, notarías y hasta algunas candidaturas a presidentes municipales, entre otros cargos públicos.

En la elección el PAN se derrumba y logra sumar apenas el 6% de la votación global, cayendo entre los partidos menores, lo que propició un conflicto entre Manolo Jiménez y Marko Cortés, el dirigente nacional del PAN.

La dirigencia estatal, que encabeza Elisa Maldonado y Gerardo Aguado, secretario general, pese a ese rompimiento, sigue manteniendo sus relaciones con el gobernador del estado y opera en ese sentido, manejada por Guillermo Anaya y Mario Dávila, quien pediría para sí la reelección como alcalde de Monclova.

Hay un nuevo convenio de facto. El PAN pondría candidatos a modo, que no sumaran en las elec-

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la

En Torreón, sin elección interna, se hizo candidato a Sergio Lara Galván, quien no fue electo internamente sino designado, fingiendo una campaña y sin más propósito que el convertirse en regidor del próximo cabildo de Torreón.

ciones de candidatos a presidentes municipales en 2024, a cambio se les cedió tres candidaturas a diputados federales, una de ellas para Guillermo Anaya, por supuesto, y otro paquete de beneficios, entre ellos una nueva notaría pública para el propio Guillermo Anaya, otra notaría para el hermano de Jesús de León Tello y una oficialía del registro civil para la mamá de Elisa Maldonado, y la oportunidad de reelección para Mario Dávila, entre otras cosas.

En Torreón, sin elección interna, se hizo candidato a Sergio Lara Galván, quien no fue electo internamente sino designado, fingiendo una campaña y sin más propósito que el convertirse en regidor del próximo cabildo de Torreón.

Jorge Zermeño manifestó la intención de ser candidato, pero más como un amago para que no se aplique la ley sobre un grupo de funcionarios de su último gobierno, quienes tienen abiertos procesos ju-

diciales. Su impedimento principal fue el expediente en relación a los negocios realizados por sus hijos durante su gobierno.

Guillermo Anaya ganó como diputado federal, con el voto del PRI, mientras que Marcelo Torres Cofiño, quien es amigo de Marko Cortés, logró colocarse como diputado federal plurinominal. A Jesús de León Tello no le alcanzó para lograr un puesto semejante, así que lo compensaron con otra notaría pública. Mario Dávila, al final, fue dejado a su propia capacidad de maniobra político-electoral y perdió la reelección como presidente municipal de Monclova.

Luis Fernando Salazar ganó la senaduría, sin hacer mayor campaña, pero con el impulso de los votos de la campaña presidencial de Morena. Quiere volver a ser candidato del partido oficial a la presidencia municipal de Torreón.

El Comité Municipal del PAN ha quedado en manos de José Antonio

Murillo, un regidor del cabildo que va de salida. Es una persona del todo incompetente para el cargo, al grado que no tiene la capacidad de dirigir una asamblea; un perfil acabadamente mediocre, pero a nadie parece preocuparle, ni siquiera a Guillermo Anaya, quien sigue siendo el jefe político

En noviembre habrá renovación del presidente nacional del partido y, desde ahora, se perfila Jorge Romero, un personaje del grupo de Ricardo Anaya y Marko Cortés. Más de lo mismo, sin ningún proceso de autocrítica y de renovación. Los 1,060 “padroneros” o “miembros efectivos” del partido en Torreón se disponen a votar por él.

Por lo menos en Coahuila, el último estado priista, el PAN parece estar sin alternativas y sin futuro posible. No hay ningún movimiento interno de cambio y las camarillas que lo han llevado al desastre siguen controlando lo que queda del que fuera el principal partido opositor.

En
elección el PAN se derrumba y logra sumar apenas el 6% de la votación global, cayendo entre los partidos menores, lo que propició un conflicto entre Manolo Jiménez y Marko Cortés, el dirigente nacional del PAN.
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¿Cómo se usó en Coahuila todo el nuevo ingreso del IMSS?

Las deficiencias en el servicio, la falta de equipamiento y en general la capacidad de atención, desde la simple consulta hasta la medicina de especialidad, siguen siendo las mismas de 2018 y, en varios aspectos, han empeorado

Al cierre del sexenio de AMLO, el pago al IMSS de un trabajador que ya pagó su crédito del INFONAVIT, y está registrado con dos salarios mínimos, ha alcanzado, en mes non, 3 mil 135 pesos y en mes par 1 mil 210 pesos, a lo que hay que sumar mensualmente el Impuesto Sobre Nóminas, que es de 247 pesos, lo cual es, pesos más, pesos menos, más del doble de lo que se pagaba al inicio del sexenio.

Esto significa que los ingresos del IMSS han crecido de una forma proporcional, lo que es un crecimiento enorme, pero el servicio de la institución tiene las mismas o aún peores deficiencias, y también la misma infraestructura.

Para la región lagunera de Coahuila, a lo largo de los últimos seis años, solo se han construido dos obras: La Unidad de Medicina Familiar en el ejido La Joya, y el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Matamoros.

La primera tiene una capacidad de solo 10 nuevos consultorios de atención para medicina de primer nivel, y el segundo tendrá, supuestamente, 30 camas censables de capacidad. Ambas obras a un 70 por ciento de avance a finales de junio de 2024, cuando fueron visitadas por el director general del IMSS, Zoé Robledo.

Adicionalmente se lleva a cabo una rehabilitación del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.16 de Torreón, donde se está invirtiendo en renovar 21 de los 32 servicios que se ofrecen.

La Unidad de Medicina Familiar tendrá una inversión de solo 89 millones 360 mil pesos. Es una obra que se inició desde 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se reanudó en este gobierno, pero las obras duraron paradas durante cuatro años.

No existe información oficial ac-

Las deficiencias en el servicio, la falta de equipamiento y en general la capacidad de atención, desde la simple consulta hasta la medicina de especialidad, siguen siendo las mismas de 2018 y, en varios aspectos, han empeorado.

tualizada de cual es el monto de la inversión que se ha realizado en la región durante el sexenio que terminó, pero, de acuerdo a los estimados iniciales, que no son los que al final se reportan, apenas excede un poco los 200 millones de pesos, lo que arroja un promedio de tan solo 34 a 35 millones de pesos anuales, para toda la región lagunera de Coahuila.

UN SISTEMA OBSOLETO E INSUFICIENTE

De acuerdo al censo general de 2020, la población de Torreón ascendió a 720,848 habitantes, de los cuales un 54.5% son derechohabientes del IMSS, lo que representa una población derechohabiente de al menos 350 mil personas. Resta toda la población de los otros cuatro municipios. En conjunto la región está ya muy cerca del millón de habitantes.

Para atender esa población se cuenta con una infraestructura que

tiene, por lo menos, un atraso de 20 años en servicios de atención del nivel básico hasta el de especialidad. No obstante, el gran incremento de recursos económicos que se han tenido en los últimos años, las dos únicas dos obras en construcción no podrán ser concluidas a tiempo, lo mismo que la rehabilitación del viejo hospital No.16.

Las deficiencias en el servicio, la falta de equipamiento y en general la capacidad de atención, desde la simple consulta hasta la medicina de especialidad, siguen siendo las mismas de 2018 y, en varios aspectos, han empeorado.

En estos años se ha dado un desabasto de medicamentos, algo que no sucedía en gobiernos anteriores, pero ahora se ha convertido en algo crónico. Hay una mala atención en las farmacias, pero principalmente faltante de medicamentos, varios de ellos de alta especialidad, como los oncológicos, pero también con frecuencia medicamentos mucho más básicos, lo que representa un quebranto económico para las familias, que los tienen que adquirir de manera privada, después de haber hecho colas de horas en las farmacias y de haber ido en repetidas ocasiones.

La consulta de especialistas es todo un problema. Los médicos de medicina familiar o de primer contacto, alargan la cita con los médicos especialistas, pero una vez que dan el pase, se puede tardar la cita hasta dos o tres meses, lo que es sumamente delicado, pues se da como un hecho que si hay necesidad de ver a un especialista el paciente comúnmente tiene un problema delicado de salud. Si ponemos solo como ejemplo las enfermedades cardiovasculares, una espera de tres meses con el especialista es algo crítico, ya no digamos en el caso de la oncología o padecimientos de cáncer, cada vez más frecuentes en la región.

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La capacidad actual instalada de servicios de cirugía es otro problema. Es de lo más común esperar meses para poder ser intervenido e incluso, ya internados, muchos pacientes tienen que salir del hospital y esperar una nueva cita, pero hay otros que pueden durar internados hasta un mes en espera de un espacio de quirófano, como ocurre con gran frecuencia en especialidades como la neurología, por padecimientos del cerebro o del sistema nervioso en general.

La corrupción entre médicos especialistas es algo cada vez más frecuente, al lucrar con los pacientes que no pueden tener acceso a una cirugía o a un determinado tratamiento, lo que aprovecha el médico especialista para ofrecer sus servicios privados, lo que es un gran negocio, que daña severamente la economía de muchas familias.

Para dar una idea del nivel de deterioro de las instalaciones y de la eficiencia de la infraestructura del IMSS en la región, en este año de 2024, que ha sido especialmente caluroso, la llamada Torre de Especialidades o clínica 71, se quedó varias semanas sin aire acondicionado, cuando las temperaturas en la región estaban en 40 o más grados centígrados. La incapacidad de respuesta fue un problema hasta para el propio personal del IMSS, habrá que imaginar lo que pasaron los pacientes internados.

LAS MENTIRAS DE ZOÉ

ROBLEDO

El 14 de agosto de 2019, en los inicios del gobierno de AMLO, Zoé Robledo el director nacional del IMSS, visitó Coahuila y estableció lo que se suponía era un compromiso.

Anunció que se invertirían 8 mil 360 millones de pesos, lo que permitiría que en Coahuila, considerado en ese momento como el primer lugar a nivel nacional en formalidad laboral, se pasara de 1,210 camas censables a 2,219 camas censables, es decir habría un aumento de 1,009 camas, para poder tener una cama por cada 1,000 derechohabientes, todo esto dentro del proyecto 2020-

El 14 de agosto de 2019, en los inicios del gobierno de AMLO, Zoé Robledo el director nacional del IMSS, visitó Coahuila y estableció lo que se suponía era un compromiso.

La corrupción entre médicos especialistas es algo cada vez más frecuente, al lucrar con los pacientes que no pueden tener acceso a una cirugía o a un determinado tratamiento, lo que aprovecha el médico especialista para ofrecer sus servicios privados, lo que es un gran negocio, que daña severamente la economía de muchas familias.

2023, con lo cual tanto Saltillo como Torreón tendrían, cada uno, 260 camas censables más.

San Pedro de las Colonias, Múzquiz y Ramos Arizpe tendrían, cada uno, 144 camas de nueva creación.

Al final del sexenio la “expansión” de la infraestructura del IMSS en la región lagunera ha quedado en 12 camas en el Hospital Rural de Matamoros No.79, que estaba inconcluso todavía en este 2024.

¿Cómo se puede mentir de esa manera? Es parte del sexenio de AMLO: mentir y crear una realidad ficticia que solo existe en los discursos oficiales.

En febrero de 2023, cuando ya eran evidentes las mentiras de Zoé Robledo, visitó Torreón la Directora de Prestaciones Médicas del IMSS a nivel nacional y declaró que la torre de especialidades No.71 tendría 50 nuevas camas, pero fue una declaración confusa pues se hablaba de “desocupar” camas, no de crear. La torre de especialidades tiene 120 camas censables, las mismas que sigue teniendo en este 2024 al cierre del sexenio.

¿Dónde está entonces toda la nueva recaudación que ha ingresado el IMSS con el aumento a los salarios mínimos y, en consecuencia, el aumento de las cotizaciones que pagan patrones y trabajadores?

Coahuila sigue estando entre los tres estados a nivel nacional con mayor formalidad laboral, lo que implica un crecimiento constante de derechohabientes, pero también un incremento de aportaciones que le colocan, proporcionalmente, como uno de los estados del país que más aporta al IMSS.

En su sexto y último informe, AMLO afirmó, con un cinismo y un espíritu de provocación indignante, que el sistema de salud de México no es igual que el de Dinamarca: ¡es mejor!, lo que fue obviamente motivo de una crítica generalizada a nivel nacional, pero a los dos días, con el mismo cinismo y sorna declaró que solo lo había dicho “´para dar nota”.

De esta manera se cierra el pésimo desempeño en materia de salud pública durante el gobierno de AMLO, quién dejará un enorme saldo a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, pero también le hereda al director nacional del IMSS, Zoé Robledo, quién, inexplicablemente, repetirá en el cargo para el nuevo gobierno.

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AMLO entrega la frontera sur al narco

Al menos desde hace un año la violencia se ha recrudecido por la guerra territorial que llevan a cabo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes se disputan las rutas para el tráfico de drogas y de migrantes, este último un muy lucrativo negocio

Todo el sexenio de AMLO nos la pasamos escuchando hasta el hartazgo que ‘ahora le toca al sur’, donde se gastó casi un billón de pesos en las dos mega obras de El Tren Maya y la Refinadora de Dos Bocas. El Tren Maya no se sabe todavía a quién beneficia realmente, pero sí dejó una nueva camada de ricos, mientras que la refinería de Dos Bocas beneficiará, cuando finalmente opere, al estado de Tabasco, pero mientras se construían estas obras gigantescas, el crimen organizado trabajaba muy activamente en un siniestro propósito: apoderarse de la frontera sur del país y todos los datos indican que ahora es su territorio.

Durante el mes de julio de este 2024 comenzó a suceder algo que nunca antes se había dado en Chiapas: grupos de desplazados, formados por mujeres, ancianos y niños, cruzaron la frontera hacia Guatemala para escapar de los grupos del crimen organizado, quienes tienen asoladas las comunidades, y están reclutando jóvenes a la fuerza para utilizarlos en sus actividades delictivas.

Grupos de pobladores de Amatenango, campesinos muy pobres que viven de la siembra de maíz, el cual venden en el mercado del municipio de Comalapa, tuvieron que escapar hacia el municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango, Guatemala, para protegerse de la violencia, mientras los hombres y jóvenes huyen hacia otras comunidades para no ser reclutados.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró a los medios que al menos se encontraban en territorio guatemalteco 500 refugiados chiapanecos.

Al menos desde hace un año la violencia se ha recrudecido por la guerra territorial que llevan a cabo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes se disputan las rutas para el tráfico de drogas y de migrantes, este último un muy lucrativo negocio.

Al igual que en la selva de Chiapas, un territorio sumamente propi-

El número de militares y miembros de la Guardia Nacional se ha incrementado en la frontera sur, con la detención de algunos grupos armados, pero el problema está ya muy generalizado y abarca gran parte de la frontera con Guatemala, por lo que esta será otra de las herencias de AMLO al próximo gobierno morenista.

cio para poder operar y controlar la frontera con Guatemala, por donde pasa todo el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica, de países caribeños y de otros lugares del mundo, los carteles del narcotráfico han convertido en un paraíso los destinos turísticos de Quintana Roo, donde controlan el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la explotación sexual y el lavado de dinero.

Mientras los militares mexicanos y la Guardia Nacional tratan de reprimir el flujo de migrantes que ingresa, en forma de caravanas, a través de la frontera con Guatemala, los carteles del narcotráfico se han ido apoderando del territorio chiapaneco, con la omisión, como en el resto del país, de las fuerzas del gobierno federal y de la incapacidad del gobierno estatal, de extracción morenista.

La mayoría del territorio chiapaneco está habitado por pueblos y comunidades que viven de la agricultura de sobrevivencia, sólo una parte menor del territorio es ocupada por ganaderos y agricultores privados que operan a una escala

presidente Andrés Manuel López Obrador, afirman que se trata de conflictos entre grupos locales, desestimando la escalada de violencia hacia las familias de campesinos, en la que está considerada como una de las regiones más pobres de México. El problema de los desplazados hacia Guatemala le ha dado más visibilidad al problema, pues inclusive ha obligado al gobierno guatemalteco a realizar una labor humanitaria, lo que es una vergüenza para México.

Debido a esto, se ha incrementado el número de militares y miembros de la Guardia Nacional, con la detención de algunos grupos armados, pero el problema está ya muy generalizado y abarca gran parte de la frontera con Guatemala, por lo que esta será otra de las herencias de AMLO al próximo gobierno morenista.

comercial, pero en general este estado sigue enfrentando las mismas condiciones de pobreza, de extrema pobreza y subdesarrollo crónico, sí acaso mitigado en parte por algunos programas e inversiones públicas a raíz del movimiento zapatista de 1994, hace ya 30 años.

LOS MIGRANTES Y LAS DROGAS

Desde hace varios gobiernos los carteles del narcotráfico han tenido presencia en la zona fronteriza de Guatemala, sobre todo en la parte que da al océano Pacífico, en colindancia con Oaxaca, para establecer rutas de introducción y traslado de cargamentos de drogas, pero ahora hay una guerra de carteles por apoderarse del territorio, y eso lleva a buscar el control de los pueblos y comunidades rurales, donde este año han estado generando violencia en varios municipios.

Ante la evidencia de los hechos violentos, inclusive la toma de comunidades completas, como ocurre en Michoacán y en Guerrero, el gobierno federal, en voz del propio

Los carteles controlan ya la mayor parte del flujo de migrantes e inclusive han establecido rutas desde Chiapas hacia algunas ciudades de la frontera norte. Para dar una idea del negocio, los migrantes están pagando entre 6 y 7 mil dólares cada uno, para ser transportados a la frontera norte. Si se niegan y quieren ir por su cuenta pueden ser hostigados, agredidos e inclusive en algunos casos desaparecidos. Los migrantes llegan a territorio chiapaneco por miles, en un flujo que se ha vuelto permanente. Se trata de un drama humanitario que parece empeorar en lugar de disminuir, pese al endurecimiento de las políticas migratorias de los EEUU.

En el tráfico de drogas, se ha establecido un corredor que cruza toda la zona del pacífico, donde carteles como el de Sinaloa han logrado cada vez más influencia, al aumentar la infiltración de gobiernos estatales y municipales, ayudados también por la omisión de las fuerzas federales de seguridad.

El CJNG ha tenido una expansión sumamente agresiva en este sexenio, logrando una presencia en la mayor parte del territorio nacional, y la frontera sur es estratégica para sus operaciones.

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Voto popular a jueces: fracaso anunciado

La reforma propuesta pone en riesgo la garantía que tenemos los mexicanos para ser escuchados por un tribunal competente e imparcial

La principal medida que promueve la reforma al Poder Judicial, el voto directo para elegir a las personas juzgadoras, puede ocasionar estos efectos nocivos en el sistema de justicia.

Estamos frente a una batalla política por la impartición de justicia. La reforma al Poder Judicial se enfoca en debilitarlo como contrapeso. Busca descomponer el equilibrio que este poder ha ejercido y puede seguir ejerciendo para limitar las políticas públicas contrarias a la Constitución que el actual gobierno ha impulsado.

A pesar de que la justicia todavía no es una realidad para la mayoría de los mexicanos, debemos reconocer que los jueces sí han emitido sentencias que han logrado revertir o limitar el impacto negativo de varias políticas sobre los derechos de las personas y en los mandatos de organizaciones empresariales y civiles. Por ejemplo, los jueces que han procesado cientos de amparos en contra de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica que afectan a empresas, o aquellos que se han pronunciado en contra del grave desabasto de medicamentos que sufren los pacientes.

EL CASO DE BOLIVIA COMO UNA ADVERTENCIA

En mi columna anterior expliqué cómo la propuesta de reforma no busca mejorar la efectividad de las instituciones encargadas de la justicia, como las fiscalías, a pesar de que generan una gran impunidad porque no logran resolver los conflictos penales. De mil delitos, solo reciben denuncia de 100 y, de esos, solo resuelven en promedio cuatro.

Ahora, en esta columna les quiero platicar sobre los efectos nocivos que el voto directo para elegir a las personas juzgadoras, la principal medida que promueve la reforma, puede ocasionar en la justicia. Ésta plantea que los candidatos a “minis-

A pesar de que la justicia todavía no es una realidad para la mayoría de los mexicanos, debemos reconocer que los jueces sí han emitido sentencias que han logrado revertir o limitar el impacto negativo de varias políticas sobre los derechos de las personas y en los mandatos de organizaciones empresariales y civiles.

tros, magistrados y jueces” sean propuestos por los tres poderes, incluido el Congreso. Luego el Senado —un órgano político— será quién “verifique los requisitos” de la preselección de candidatos y “seleccione” la lista definitiva a ser votada por los ciudadanos.

Este proceso es similar a lo que ya sucede en Bolivia. De acuerdo con el informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, el sistema de designación de las altas cortes en Bolivia se ha politizado, principalmente, porque el proceso de preselección de candidatos es conducido y decidido por un órgano político, la Asamblea Legislativa Plurinacional, y por la elección por sufragio universal. Lamentablemente, el Relator concluyó que debido a este mecanismo, se ha llegado a designar a jueces que no tienen los conocimientos, experiencia e independencia —algo que, desde mi punto de vista, es toral para garantizar sentencias justas.

En pocas palabras, esto nos avisa que la reforma propuesta pone en

riesgo la garantía que tenemos los mexicanos para ser escuchados por un tribunal competente e imparcial. No es asunto menor: contraviene un amplio conjunto de compromisos internacionales que México ha suscrito, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El voto popular no debe de interferir con la independencia de los jueces

El Relator Especial también aseguró que la elección por voto directo generó poca legitimidad. Observó que la participación ciudadana fue más baja que en las elecciones de otro tipo de cargos y con una porción considerable de votos blancos o nulos. Es decir, en la práctica, los ciudadanos no se involucran y el proceso abre la puerta a candidatos que no cuentan ni con las credenciales técnicas ni con la libertad o lejanía suficiente del poder político y económico.

Una de sus principales recomendaciones —después de valorar la disfuncionalidad que el voto popular para elegir jueces generó en

Bolivia— apunta a que los procesos para designar jueces no obedezcan consideraciones políticas. Incluso subrayó que es conveniente que la designación de los jueces debe alejarse lo más posible del poder político. En esa misma línea, el Relator insiste que el proceso de designación de jueces debe diseñarse para identificar a los perfiles con el mayor mérito profesional e independencia de criterio.

El voto popular para elegir jueces no debe considerarse irreductible, pero en caso de que lo sea, es prioritario fortalecer la fase de la preselección de candidatos. Que se garanticen candidaturas idóneas y que la verificación del cumplimiento de los requisitos de candidatos esté a cargo de un órgano independiente. Si aseguramos que dichos procesos privilegien los criterios de mérito, experiencia e independencia, entonces el voto popular podría adquirir un carácter simbólico que ratificaría una elección meritoria en las fases previas de preselección y selección de candidatos.

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Guanajuato bañado en sangre por la discordia política, la ineficiencia y la perversidad

El estado tiene 30 años gobernado por el PAN y una fiscalía transexenal, lo que es tiempo suficiente para haber desarrollado un sistema policiaco municipal y estatal muy fuerte, con equipos de fuerzas especiales y tecnología de punta en materia de inteligencia. ¿Qué pasa entonces?

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El domingo 9 de junio en la colonia Industrial de León, Guanajuato, ingresaron a un domicilio privado 5 elementos de la Guardia Nacional, salieron unos minutos después, cargando uno de ellos una bolsa grande de plástico, cuyo contenido se desconoce. Apenas unos minutos más tarde un grupo de sicarios ingresaron al domicilio y asesinaron, de forma brutal y a sangre fría, a cuatro mujeres y a dos menores, un bebe de meses y el otro de tan solo dos años de edad.

Los miembros de la Guardia Nacional no contaban con que había una cámara instalada apenas unos metros más adelante, la cual los grabó, de otro modo nadie se entera.

La brutalidad, los asesinatos múltiples, se han convertido en algo tan frecuente, sobre todo en ciudades como Celaya y pueblos cercanos, que se ha perdido la capacidad de asombro. Hay un promedio de 3,000 asesinatos por año en un estado que podía ostentarse, hace, digamos, 10 años, como uno de los más seguros del país; un estado próspero, con una población alta y también uno de los estados más emblemáticos del país por su historia.

La pregunta es obligada ¿Qué pasa en Guanajuato?

Y es que hay muchas cosas que no concuerdan, visto todo esto desde un estado como Coahuila, el cual puede considerarse como el estado más seguro del norte del país, y tiene experiencia exitosa en esto del tema de la seguridad.

Guanajuato no tiene fronteras con EEUU, lo que alienta mucho la operación del crimen organizado. Guanajuato no tiene un historial de operación de organizaciones del crimen organizado, como Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco o más recientemente Michoacán. Guanajuato no tiene puertos y tampoco es zona estratégica de paso para el trasiego de drogas y de contrabando en general. Estados vecinos, como Querétaro

La brutalidad, los asesinatos múltiples, se han convertido en algo tan frecuente, sobre todo en ciudades como Celaya y pueblos cercanos, que se ha perdido la capacidad de asombro.

y Aguascalientes, que también son gobernados por el PAN, no tienen problemas semejantes de inseguridad. Guanajuato tiene 30 años gobernado por el PAN y una fiscalía transexenal, lo que es tiempo suficiente para haber desarrollado un sistema policiaco municipal y estatal muy fuerte, con equipos de fuerzas especiales y tecnología de punta en materia de inteligencia. ¿Qué pasa entonces?

¿Por qué el crimen no opera en Querétaro si todo el sur de Guanajuato está incendiado y son vecinos por varios territorios?

Solo hay un antecedente posible: Guanajuato tiene una refinería en Salamanca y, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y muy posiblemente antes, se comenzó a dar el “huachicoleo” de gasolinas, lo que alentó la formación de grupos criminales, pero ¿No estaban enterados el gobierno federal y el estatal? Supongamos que el gobierno federal estaba en manos de un incompetente y una burocracia corrupta de Pemex ¿Pero los gobiernos estatales

tampoco estaban enterados y dejaron crecer el problema?

La narrativa de que Guanajuato fue el único estado donde perdió como candidato AMLO y ya como presidente se ha rebelado como un hombre sumamente rencoroso y vengativo, pues además Guanajuato es considerado como la cuna de los “conservadores” vale, pero no alcanza a explicar la barbarie que está sucediendo, o estamos subestimando la perversidad que puede emanar del poder central.

Pero vayamos por partes.

LA DETENCIÓN DE “EL MARRO” Y LO QUE SIGUE

El sexenio abrió con un capo apodado “El Marro” operando un cartel muy regional denominado de Santa Rosa de Lima, un pueblo del sur de Guanajuato, centro de operaciones del sujeto, quien se llama José Antonio Yépez.

No se trataba realmente de un cartel, sino de una banda criminal muy arraigada en la región del sur del estado, conocida como “el trián-

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gulo de las Bermudas”, por el cruce de los ductos de Pemex, lo que le hace un paraíso para el delito de “el huachicoleo”.

Desde el inicio del gobierno de AMLO en 2019 se dio la consigna de detener a “El Marro”, por las enormes pérdidas que le originaba a Pemex, y se lanzó todo un operativo en su búsqueda, que fue cubierto por los medios a nivel nacional.

El sujeto cobró, en el imaginario colectivo, las proporciones de un monstruo, pero cuando ya lo tenían acorralado publicó un video, donde apareció un hombrecillo joven, literalmente llorando, amenazando al gobierno y al Cártel Jalisco la Nueva Generación, CJNG, a quienes denominó como sus enemigos.

A los pocos días, el 2 de agosto de 2020, fue detenido mientras trataba de saltar la barda de una finca donde se escondía. Efectivamente era un hombrecillo de aspecto sumamente ordinario, vestido con ropa deportiva de marca, no el monstruo que se suponía. Un ladrón de “huachicol” con una banda diseminada por toda la región, eso sí.

Las cosas parecían terminar ahí, inclusive fueron detenidas su mamá y dos hermanas y puestas a disposición de la fiscalía estatal, quien las dejó en libertad al poco tiempo por “fallas en el proceso”.

Lejos de terminar las cosas con la detención del jefe de la banda, justo ahí inició un baño de sangre para los guanajuatenses, que no ha parado hasta la fecha, convirtiéndolo, en números absolutos, en el estado más violento del país.

EL ENFRENTAMIENTO ENTRE AMLO Y SINHUE Y ZAMARRIPA

Molestó por el empeoramiento de la violencia y sin resultados en el control del “huachicoleo”, AMLO públicamente acusó a las autoridades municipales y estatales de estar coludidas con el crimen. Se le olvidó incluir, por lo menos, a los funcionarios de Pemex.

Las relaciones comenzaron a tensarse, pues hay que tomar en cuenta que para AMLO el tratar con los panistas, en el único estado

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En 2019, y aquí comienzan los problemas, Carlos Zamarripa es designado fiscal por otros 9 años, con total autonomía, por lo que su periodo termina hasta el 2028 ¡nada menos que 19 años en el mismo cargo!

que lo había rechazado como candidato, no era grato, así que traía la mecha corta.

La situación hizo crisis en 2021, pues de acuerdo a filtraciones luego confirmadas, en una reunión al más alto nivel de Diego Sinhue Rodríguez y Carlos Zamarripa con el gabinete nacional de seguridad, las cosas se tensaron al nivel de un enfrentamiento. Diego Sinhue defendió que estaban bien; los funcionarios federales argumentaron que estaban mal y pidieron que Carlos Zamarripa debía dejar el cargo, en el cual ya tenía demasiado tiempo, pero el gobernador se negó y vino el rompimiento.

AMLO, colérico como es, atacó públicamente a Carlos Zamarripa, lo que atrajo la atención hacia el fiscal, quien ciertamente es todo un caso y se convirtió, a partir de ahí, en la piedra de tropiezo y escándalo. La Fiscalía General de la República abrió un expediente de investigación en contra de Zamarripa Agui-

rre, quien ya para entonces tenía 12 años en el cargo y había pasado por tres gobernadores.

Contra lo esperado, no le encontraron mayor cosa, pero la relación con la presidencia estaba dañada, y en consecuencia con el ejército, la marina y la Guardia Nacional.

Viendo todo esto había dos bestias predadoras listas para ir por su presa: el Cártel Jalisco la Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, los dos más grandes “huachicoleros” del país.

LA PUGNA QUE PAGA GUANAJUATO

¿Por qué Carlos Zamarripa es un caso especial y la piedra de la discordia entre el poder federal y el estatal? Originario de una colonia popular fincada sobre una ladera pedregosa del poniente de León llamada San Juan Bosco, Carlos Zamarripa empezó esta vida a contracorriente, desde la más baja condición social, eso nadie se lo regatea como mérito, pero como procurador y luego

Por las manos de Diego Sinhue pasaron muchos miles de millones del gasto social del estado, pues de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano sacó la gubernatura.

como fiscal, que son la misma cosa en términos prácticos, su carrera se volvió sumamente controversial.

Como procurador está en el cargo desde el 2009, cuando Guanajuato vivía en santa paz, aún en medio de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, así que se supo vender políticamente como un funcionario eficaz y eficiente, aunque ya el negocio del “huachicol” tenía conectadas cientos de tomas clandestinas de los ductos de Pemex, pero no había violencia, por lo menos no de alto impacto. Así transcurrió todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y el segundo gobernador, todos panistas.

En 2019, y aquí comienzan los problemas, Carlos Zamarripa es designado fiscal por otros 9 años, con total autonomía, por lo que su periodo termina hasta el 2028 ¡nada menos que 19 años en el mismo cargo! Es evidente que la decisión no era sensata y se debió más a la inexperiencia personal de Diego Sinhue Rodríguez, entonces de 37 años, quien llega a la gubernatura sin haber gobernado nada. Zamarripa ya estaba curtido después de 10 años de procurador y, por el cargo y el espionaje, debía conocer todos los sótanos del poder en Guanajuato, es decir toda la vida, obras y pecados de los personajes que mueven este bonito estado del bajío.

Por las manos de Diego Sinhue pasaron muchos miles de millones del gasto social del estado, pues de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano sacó la gubernatura.

Pero el caso es que Carlos Zamarripa se volvió intocable, pero con un presupuesto de 20 mil 967 millones de pesos solo en el año de 2020, cuando estalló la crisis de seguridad. Esto le permite tener centros de inteligencia, tecnologías de punta, equipos especiales e inclusive asesoría extranjera, específicamente norteamericana.

Confrontados con el poder central, es decir sin coordinación con el ejército, la marina y la Guardia Nacional, toda esta infraestructura no ha servido de nada, y así ha transcurrido el 2021,2022,2023 y 2024, de

La narrativa de que Guanajuato fue el único estado donde perdió como candidato AMLO y ya como presidente se ha rebelado como un hombre sumamente rencoroso y vengativo, pues además Guanajuato es considerado como la cuna de los “conservadores” vale, pero no alcanza a explicar la barbarie que está sucediendo, o estamos subestimando la perversidad que puede emanar del poder central.

masacre en masacre, con al menos el 90% de los crímenes irresueltos.

La inseguridad tiene así un trasfondo político: Diego Sinhue aferrado a sostener a Carlos Zamarripa, en medio de un baño de sangre, sin la capacidad de gobierno, la responsabilidad y las agallas que se esperarían de un gobernador, y AMLO, pues ya todo mundo lo conoce, tiene como pecados de cabecera la soberbia y la venganza, así que las fuerzas federales hacen como que hacen y se pasean por todo el estado, después de todo la descomposición social era un excelente caldo de cultivo para quitar a los panistas del poder en 2024, y por poco lo logran.

Aún así, si Carlos Zamarripa y Diego Sinhue hubieran hecho su trabajo no tendría el estado números tan aterradores en seguridad, así que solo caben dos hipótesis: son incompetentes o son corruptos, porque la otra posibilidad sería la omisión y la cobardía.

De fondo la dinámica del crimen

es simple. Igual que en la política, para el crimen organizado no hay vacíos, así que descabezada la banda de Santa Rosa de Lima, pero no desmembrada, entró a pelear el territorio el CJNG y el Cártel de Sinaloa, y ya se sabe que el único lenguaje que hay en las guerras territoriales del crimen son los balazos, los levantones, los secuestros, las desapariciones, en suma la ejecución de los contrarios. Y en esas están desde hace años.

La herencia que está recibiendo la nueva gobernadora, Libia Denisse García Muñoz Ledo, está de escalofrío, pero, poniéndole muchas faldas e inteligencia no es algo imposible, pero sí sumamente difícil.

La experiencia de Coahuila es muy ilustrativa y nada mal le vendría entrar en pláticas con el gobernador Manolo Jiménez, quien seguramente accedería de buena gana.

Para comenzar a barrer el basurero, lo primero que se antoja como obligado es organizarle la despedida a Carlos Zamarripa y pensarse, con

mucho cuidado, un nuevo fiscal. Lo segundo sería recomponer las relaciones con el nuevo gabinete de seguridad federal, que será nuevo, e implementar una coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales, con un mando único, fincado en la capacidad, lo cual es totalmente posible, pues la gobernadora y la presidenta tendrán sexenios paralelos, y eso suaviza el factor político, además debe ayudar mucho el que ambas sean mujeres.

Pero combatir a las poderosas organizaciones del crimen es una tarea peligrosa, que implica riesgos y costos que hay que pagar, aún desde la posición de gobernadora. Hay que vivir rodeado de un aparato de seguridad, cuidar a la familia y de preferencia mantenerla a distancia y, obligadamente, hay que tomar decisiones difíciles, pragmáticas y sin contemplaciones, más con un crimen brutal, empoderado y escondido entre la sociedad civil, donde ha echado raíces en ciudades, pueblos y ranchos.

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Demagogia o realidad crear leyes para población afromexicana en el país

Todo esto parte del censo del 2020 del INEGI, en el cual establece que en México hay una población de 2,576,213 habitantes que se consideran afrodescendientes, lo que representa el 2% de la población nacional

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a nueva legislatura, que recién inicia, aprobará una nueva Ley Sobre los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanos, con lo cual los hará sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. No es algo nuevo, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere “hacer historia” y, en sus últimos días, convertirse también en el gran protector de los pueblos indígenas u originarios.

Habría que revisar lo que hizo, durante sus seis años de gobierno, en materia de políticas públicas y de programas efectivos para apoyar a la población indígena del país, la cual, por ejemplo, está siendo brutalmente agredida por el crimen organizado en estados como Chiapas, gracias a su fallida política de seguridad.

El de los pueblos indígenas es un tema complejo, que ha sido objeto de la demagogia de muchos gobiernos anteriores y del actual, pero algo nuevo que llama la atención es la inclusión de lo que se denomina como la población afromexicana, la cual estaría considerada dentro de esta nueva ley.

Lo primero que habría que preguntarse es ¿Qué se denomina como pueblos y comunidades afromexicanas?

Todo esto parte del censo del 2020 del INEGI, en el cual establece que en México hay una población de 2,576,213 habitantes que se consideran afrodescendientes, lo que representa el 2% de la población nacional.

Los porcentajes más grandes de quienes se consideraron como tales, radican principalmente en Guerrero (6.5%), Oaxaca (4.9%) y Veracruz (3.3%), los demás están dispersos por todo el territorio nacional en proporciones muy pequeñas.

Este dato del INEGI requiere de todo un análisis histórico, demográfico y cultural, para poder definir con cierta consistencia en qué consiste la ascendencia afromexicana, pues todo esto está ba-

La realidad de hoy es que esta población que se denomina como afromexicana tiene generaciones, muchas generaciones, que está racial y culturalmente integrada al resto de la población y no hay registro objetivo alguno de que sea objeto de discriminación o de alguna violación de sus derechos humanos por el color de su piel.

sado en la simple pregunta de si la persona considera que tiene en su árbol genealógico alguna persona de origen africano, específicamente de raza negra.

La realidad de hoy es que esta población que se denomina como afromexicana tiene generaciones, muchas generaciones, que está racial y culturalmente integrada al resto de la población y no hay registro objetivo alguno de que sea objeto de discriminación o de alguna violación de sus derechos humanos por el color de su piel.

La historiografía disponible, no las conjeturas y “estimaciones” que están haciendo algunos nuevos historiadores, es que, a finales del siglo XVIII, antes del estallido de la guerra de independencia, la población de origen afro era muy reducida, al grado de que se le desconocía en la mayoría de las provincias.

Esto lo corroboran historiadores de diferentes tendencias ideológicas, como Lucas Alamán, José María Luis Mora o Lorenzo de Zavala.

Una de las primeras cosas que hizo Miguel Hidalgo en 1810 fue

abolir la esclavitud, pero la esclavitud no era solo un problema de la población de origen africano que, era, como se dijo, muy reducida, sino de la práctica de esclavitud hacia indios y población en pobreza extrema que era explotada por formas de trabajo equivalentes a la esclavitud, como era sumamente frecuente en las minas y en plantaciones agrícolas o haciendas.

En 1829 Vicente Guerrero, el único presidente que hemos tenido con una ascendencia de raza negra directa, pues era mulato, como se llamaba en el siglo XVI y parte del XVII en la clasificación de “las castas”, promulga nuevamente la abolición de la esclavitud.

En este caso Vicente Guerrero, quien le dio su nombre al estado actual, si debió vivir en sus ancestros el problema de la esclavitud, debido a que los mercados de esclavos que se dieron en la colonia estaban obligadamente ubicados en los puertos, en este caso en el puerto de Acapulco.

Hay algunos historiadores actuales, pocos, que están abordando el tema de la esclavitud en el periodo colonial y el siglo XIX, pero las fuentes disponibles son sumamente reducidas, por lo que se recurre a las “estimaciones”, como afirmar que al estallido de la guerra de independencia hasta un 10% de toda la población era afro y estaba sujeta a la esclavitud, lo cual es algo sin ningún fundamento de carácter histórico.

Lo que sí es demostrable es que después de la guerra de independencia, la población de origen africano deja de mencionarse como tal en los registros, publicaciones y crónicas de que se dispone, lo cual no puede atribuirse sino a la integración racial, socio cultural y económica del México independiente. De esto han transcurrido un poco más de dos siglos.

En las crónicas de la explotación laboral de las haciendas en el periodo porfiriano, a finales del XIX y

El caso mismo de Vicente Guerrero, quien es caudillo en la costa y luego presidente, deja ver que una parte de la población de origen africano se había mezclado con la indígena y la mestiza, y tenia trabajos y oficios que no estaban relacionados con la esclavitud.

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Jalisco, por citar un ejemplo, tiene regiones con un porcentaje muy alto de población de raza blanca, “güeros”, como se dice en el argot popular, pero es la gente común, de todos los niveles socio-económicos y no existen ni han existido datos de racismo alguno.

principios del siglo XX no hay referencias específicas de peones o trabajadores afromeicanos, y sí de una población indígena y mestiza.

DISPERSOS E INTEGRADOS

El censo del INEGI de 2020 no aporta más información sobre esta población que manifestó tener ascendencia afro. De los datos que proporciona se desprende que al menos un 80% de esta población está dispersa por todo el territorio nacional y está integrada, pero además no se especifica su condición socio-económica, su nivel de educación y lo próximo o lejano de su descendencia étnica, que puede remontarse a varias generaciones, por lo que hablar de una condición étnica actual se convierte en algo muy relativo.

Se podría pensar que los estados donde hay un mayor porcentaje de población con ascendencia afro, como Guerrero, Veracruz y Oaxaca, existen comunidades con una proporción afro mayoritaria, pero esto no es

Aún en Veracruz, Guerrero o Oaxaca, la mayor parte de la población que tiene algún tipo de ascendencia afro está integrada, como en todo el país, es mayoritariamente mestiza, aunque pueda ser de diversas tonalidades de piel, que pueden llegar a lo oscuro, sin que por ello haya descendencia de tipo afro.

así, salvo en casos de excepción, como Cuajinicuilapa, Guerrero, que es denominado como “el municipio negro”; un pequeño municipio donde la mayor parte de su población es de ascendencia afro, por lo cual reclama apoyos económicos.

Aún en Veracruz, Guerrero o Oaxaca, la mayor parte de la población que tiene algún tipo de ascendencia afro está integrada, como en todo el país, es mayoritariamente mestiza, aunque pueda ser de diversas tonalidades de piel, que pueden llegar a lo oscuro, sin que por ello haya descendencia de tipo afro.

No hay elementos objetivos para poder afirmar que en México existe una discriminación a las personas por el color oscuro de su piel. El uso de términos como “prieto” o “prieta” dentro de las comunidades rurales y urbanas no implica discriminación, en el sentido en que esta se da en sociedades como la norteamericana.

Las formas de discriminación que si se pueden detectar en nues-

tra sociedad, es la de algunos grupos o comunidades de raza blanca, generalmente de origen europeo, pero de clase media alta y alta y urbana, que sí suelen manifestar ciertas formas de racismo, y de clasismo, al rechazar emparentarse con gente de piel oscura o de origen indígena, pero aún en estos casos impera más la condición socio-económica que la raza.

Jalisco, por citar un ejemplo, tiene regiones con un porcentaje muy alto de población de raza blanca, “güeros”, como se dice en el argot popular, pero es la gente común, de todos los niveles socio-económicos y no existen ni han existido datos de racismo alguno.

Clasismo si tenemos en México, más siendo un país con brutales contrastes en la distribución de la riqueza y el ingreso, pero el clasismo es universal desgraciadamente, y solo se cura con el incremento de los niveles de educación y una mejor distribución del ingreso.

Siendo, desde su origen, un porcentaje muy pequeño de la población, la descendencia de la etnia afro se mezcló en el proceso de mestizaje, lo cual parece un proceso muy afortunado y, por lo menos desde el periodo de la guerra de independencia, este proceso de integración se aceleró, por lo cual equiparar a la población que tiene algún antecedente de ancestros de origen afro con los pueblos indígenas originarios de México no parece algo acertado, pues se trata de dos cosas completamente distintas, desde el punto de vista que se le quiera comparar: histórico, cultural, social y racial.

El tema de los pueblos indígenas originarios de México es sumamente importante, esencial y tal vez la deuda histórica más grande que tenemos como país, es elogiable que se le ponga atención desde el estado, pero no con demagogia, como se ha hecho hasta ahora, incluyendo a eso que llaman la 4T. Muy bien que haya leyes que les protejan, pero que se cumplan, porque de leyes estamos llenos y muchas de ellas no han servido para nada.

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Reforma judicial, México necesita aprender del fracaso de Bolivia

Desde que Bolivia modificó su sistema judicial, los magistrados supremos de los cuatro tribunales elegibles se pusieron de rodillas ante el edificio mayor de la plaza Murillo

Tras la victoria aplastante de Claudia Sheinbaum en las recientes elecciones del 2 de junio en México, el país discute ahora mismo una de las principales reformas constitucionales que piensa y, además, puede aplicar el nuevo Gobierno de izquierda.

Al contar con dos tercios del Congreso, la fuerza ganadora tiene la oportunidad de modificar la Constitución al derecho y al revés. Cuesta creer que un país que tanto ha padecido las septuagenarias súper mayorías del PRI, haya aflojado de ese modo las normas.

En los hechos, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido que gozará pronto de un segundo sexenio al mando de la república, se ha transformado, este año, en un poder constituyente. Así de claro. El partido de López Obrador puede, cuando menos en los próximos tres años, establecer un nuevo régimen político, que sólo podrá ser corregido a futuro por una fuerza electoral equivalente. Antes, en el continente, esa oportunidad estuvo en las manos de Chávez (1999), Correa (2008) y Evo (2009), y mucho antes, dicho sea de paso, de Fujimori (1993), probable fuente de inspiración culposa de la izquierda latinoamericana.

¿Cuál es el cambio que Sheinbaum y López Obrador aspiran a introducir primero en la Constitución mexicana? La reforma judicial. Ya se han divulgado encuestas y de ellas se desprende que el 80% de las personas respalda una reforma de la justicia. De su lado, el Poder Ejecutivo ha propuesto que el corazón de la transformación del Poder Judicial sea la elección de jueces mediante el voto popular. No, México, no.

Bolivia es el único país del mundo en el cual los miembros de

los más altos tribunales de justicia son elegidos por el voto popular (Luis Pásara, 2012). En Estados Unidos, Suiza, Perú, Colombia, Venezuela y Francia hay jueces electos por el pueblo, pero solo a un nivel local o municipal.

En consecuencia, si México acepta ponerse en el humilde papel de aprendiz, tiene hasta septiembre para asimilar la experiencia boliviana. Ojalá Morena tenga la madurez de dejar a un lado sus desvariados amoríos por Evo Morales para ponerse a analizar en serio los daños que la reforma ju-

dicial ha causado y sigue causando en el corazón de Los Andes.

LA GRAN MENTIRA

Partamos desbrozando el camino. Es falso que en Bolivia los ciudadanos hubiesen elegido altos magistrados en 2011 y menos en 2017. Dos tercios de los electores bolivianos anularon sus votos o dejaron las papeletas en blanco en los dos comicios judiciales realizados hasta la fecha. El mensaje de la gente fue claro y consistente: no nos pidan que acudamos a convalidar una farsa electoral.

¿Por qué fracasaron las dos elecciones judiciales en Bolivia? Primero descartemos la hipótesis más recurrente. No fue porque la ciudadanía ya se había desencantado del proyecto de poder de Evo Morales. De haber sido esa la razón, el MAS no hubiese ganado con contundencia las elecciones de 2009 y 2014. Si bien el pueblo respaldaba el rumbo constitucional y gubernamental, la reforma judicial era un fracaso. En efecto, el país tuvo oportunidad de juzgar el desempeño de los jueces electos entre 2011 y 2017 y los terminó

reprobando en un 66%.

El origen del rechazo no está en que el electorado sea renuente a elegir jueces. Lo hubiera hecho de mil amores si realmente hubiese habido una verdadera elección. El hecho deplorable es que las listas de postulantes fueron confeccionadas en los cuarteles generales del MAS y despachadas a la Asamblea Legislativa para su convalidación acelerada. Contando con dos tercios de los curules, la elección de jueces fue hecha por el partido de gobierno, no por el pueblo. Cuando la gente tuvo la papeleta en sus

manos, era consciente de que todos los aspirantes eran astillas del mismo tronco. Ahí no había nada para decidir. Una sola persona se había comprado todos los boletos de la lotería y esa persona era Evo Morales. A propósito, nada de lo descrito ilegal. El fiasco vestía sus mejores galas constitucionales.

NINGUNA AUTONOMÍA

Comprendida ya la principal falla estructural de la reforma judicial boliviana (el papel irrelevante de los electores), cabe registrar ahora su efecto más devastador.

Dado que los 80 jueces electos en 2011 y en 2017 (hoy autoprorrogados) entendieron perfectamente que su futuro profesional no dependía de los votantes, sino del partido de Gobierno, lo que hicieron fue lanzarse a sus brazos. Desde que Bolivia modificó su sistema judicial, los magistrados supremos de los cuatro tribunales elegibles se pusieron de rodillas ante el edificio mayor de la plaza Murillo. Su servilismo fue tan pronunciado que cuando Evo renunció y fugó, rindieron honores a Jeanine Añez, y cuando ésta dejó la banda presidencial, empezaron a barrer todo lo que se interpusiera en el camino de Luis Arce.

antipáticos, pero jamás corruptos o venales.

SÍ, MÉXICO, SÍ

La experiencia democrática mexicana es rica en ejemplos virtuosos. México necesita aprender del fracaso de Bolivia, tomar sus precauciones y luego mirarse.

En las elecciones, hace más de dos décadas, el Instituto Nacional Electoral (INE) elige ciudadanos por sorteo para que administren las casillas o mesas de votación. Cualquier mexicano mayor de edad puede ser convocado a cumplir ese día el rol de juez, contar los votos y entregar un acta firmada. Nunca más harán eso los militantes de los partidos.

El partido de López Obrador puede, cuando menos en los próximos tres años, establecer un nuevo régimen político, que sólo podrá ser corregido a futuro por una fuerza electoral equivalente.

Conclusión: la única manera de tener jueces imparciales y autónomos es logrando que su designación emane naturalmente de su currículum vitae. Viste toga el que tiene méritos y no simpatiza con ningún partido. La justicia es un servicio, no un espacio de representación.

Con el fracaso de la reforma judicial boliviana, México puede concluir que los juzgadores no resultan probos, porque han sido electos por la gente, sino porque precisamente no le deben a nadie su posición de poder, más que a sus méritos. Toda elección, así no haya trucos previos, conlleva un pacto con los electores, una promesa, un guiño de complicidad. No, México, no. Los jueces no llegan a sus estrados para cumplir promesas de campaña o congraciarse con alguien. Llegan para ser

En el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), decenas de académicos son elegidos por sorteo para conformar las comisiones que revisan la documentación de los que aspiran a formar parte de ese cuerpo científico. El azar está orientado a que la mayoría sean mujeres, a que haya profesionales de todos los estados y de todos los niveles. Los comisionados o jueces revisan los expedientes y deciden dónde colocar a los candidatos a formar parte del SNI. Este es un ejemplo de cómo un sorteo puede predefinir cómo debería verse su resultado (nunca, quienes terminarán electos).

El SNI y el INE usan el sorteo para elegir jueces. Los sacan de una lista integrada por pares, personas que cumplen plenamente los requisitos para ejercer la función que se espera de ellas. ¿No es ésta acaso la mejor salida para reformar un sistema de justicia? Solo habría que diseñar una institución idónea que produzca la lista de aspirantes. Gracias a la total inocuidad o asepsia del azar, los magistrados asumirían sus funciones libres de deudas con la política y la sociedad y tendrían la motivación, nunca la obligación, de ser verdaderamente imparciales. Bingo.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

Culiacán, el colapso de la tolerancia

La guerra que estalló en Culiacán dejó al gobierno descolocado y profundamente desinformado, o intentando encubrir y controlar daños

La guerra intestina en el Cártel de Sinaloa que se libra desde hace 11 días, que comenzó en Culiacán y se ha extendido a prácticamente todo el estado, metió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mayor contradicción de su estrategia de seguridad, no sólo porque está estallando en pedazos en los últimos días de su sexenio, sino porque la descomposición en esa organización criminal, que detonó la captura de su jefe máximo, Ismael el Mayo Zambada, lo dejó en medio del conflicto del grupo criminal con el cual fue tolerante, además de beneficiario del combate contra sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Presidente y los altos jefes militares están enredados. El general Jesús Leana Ojeda, comandante de la 3ª Región Militar en Sinaloa, dijo el lunes que la paz en el estado estaba en manos de las facciones del cártel, lo que el Presidente no quiso desmentir ayer cuando le preguntaron sobare los dichos, y se limitó a señalar que su gobierno estaba trabajando en la protección de la población. Qué significa y qué alcance tiene esa protección, no precisó.

La economista Cristina Ibarra analizó en Ríodoce el impacto económico de lo que está provocando la guerra: en 2020, un día de actividad económica equivalía a mil 800 millones de pesos, pero al pararse en seco por esta guerra, las pérdidas diarias podrían llegar a cuando menos 900 millones de pesos, al dejar de trabajar con normalidad más de 700 mil personas, la mitad de la fuerza laboral. El Debate reportó que el sector más afectado ha sido el transporte público porque los grupos en conflicto secuestran las unidades y las incendian. El transporte de carga y turístico han sufrido al evitar la circulación por la carretera federal 15, una de las vías más importantes de comunicación, pero bañada por el conflicto.

El secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, dijo que el gobierno desconocía qué información tenían los grupos leales a Zambada y a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán sobre las circunstancias de la detención del Mayo, y sugirió que podrían estar especulando sobre lo que sucedió.

El secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, dijo que el gobierno desconocía qué información tenían los grupos leales a Zambada y a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán sobre las circunstancias de la detención del Mayo, y sugirió que podrían estar especulando sobre lo que sucedió. El general desmintió en su cara al presidente. López Obrador ha explicado la violencia en Sinaloa a partir de la captura de Zambada y su posterior carta acusando a los hijos del Chapo de traición, a la cual él y la Fiscalía General de la República, que inició carpetas de investigación sobre sus dichos, le han dado total credibilidad.

El choque de declaraciones esconde la información que tienen sobre la captura de Zambada, que proviene de fuentes del cártel, que no pueden revelar ni actuar en consecuencia. Datos nuevos sobre la extracción del Mayo señalan a un grupo de oficiales y soldados que participaron en la seguridad perimetral del comando que lo detuvo, y que en

mar medidas diplomáticas extremas, lo que no quiere y prefiere tragarse la realidad de lo que sucedió. Tampoco puede el gobierno ir contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien involucró Zambada con el Cártel de Sinaloa, y que, de acuerdo con la información que dieron varios de sus miembros al gobierno, traicionó a su jefe al entregarlo a Estados Unidos –no está claro si hizo lo mismo con Guzmán López–. El gobernador, según fuentes de primer nivel, sí tenía relación con el Cártel de Sinaloa y era el enlace político-electoral de la Ciudad de México con el Mayo. Rocha Moya ha negado cualquier vinculación con los narcotraficantes, pero su vida, por la imputación de Zambada, está en peligro.

un aeródromo que tienen bajo control clonaron la matrícula del avión en que lo transportaron ilegalmente a Estados Unidos desde otro aeródromo que también tienen bajo su cuidado.

La información apunta a que esos militares actuaron a espaldas de sus superiores, pero el gobierno está atrapado en sus propias contradicciones. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que inició una carpeta de investigación contra Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo a quien Zambada acusa de haberle puesto una trampa, por el presunto delito de traición a la patria, no puede abrir otra contra los militares involucrados en su captura por la misma razón. Tampoco puede hacerlo contra funcionarios de Migración en Sinaloa y Tamaulipas, un estado que fue parte de la ruta que siguió el avión que trasladó a Zambada. Admitirlo sería reconocer que un comando estadounidense operó sin autorización en territorio mexicano, lo que obligaría a López Obrador a to-

Rocha Moya, según la información confirmada en la carta de Zambada, tenía nexos con las dos facciones del cártel, al que varias políticas del gobierno beneficiaron. Una carretera que comunica a Badiraguato, donde nacieron varios de los más importantes narcotraficantes, a Parral, Chihuahua, cruzando la sierra, que con territorios controlados por las milicias del Mayo, ha facilitado el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. A Los Chapitos se les advirtió desde el gobierno que había fuertes presiones de Washington para acabar con el fentanilo y les pidieron que dejaran de producirlo. Lo hicieron por breve tiempo, y luego de que regresaron a lo mismo, altos funcionarios de ese país concluyeron que el gobierno de López Obrador los estaba engañando y dejaron de hablar con él.

La guerra que estalló en Culiacán los dejó descolocados y profundamente desinformados, o intentando encubrir y controlar daños. El general Sandoval dijo el miércoles que hasta la sexta semana tras la captura de Zambada tuvieron señales de que se preparaban enfrentamientos, aunque el 12 de agosto, a casi tres semanas de la detención, The Wall Street Journal reveló que las dos facciones del cártel estaban comprando armas y reclutando sicarios para los enfrentamientos que venían.

A esta historia, definitivamente, le faltan muchos episodios.

RAYMUNDO RIVA PALACIO
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El narco impone el terror y se convierte en poder paralelo ante gobierno de AMLO

El estado está obligado a velar por la seguridad de los ciudadanos, pero por lo mismo está obligado a combatir al crimen, con todos los recursos legítimos que están a su alcance, que son muchos, por supuesto incluido el uso de la fuerza, fincada, se entiende, en los servicios de inteligencia

En Culiacán hay ahora concentrados 4 mil elementos de las fuerzas federales, más las fuerzas de seguridad estatales y las municipales, pero la sangrienta lucha entre “Los Chapitos” y “Los Mayos” se libra en las calles de la capital de Sinaloa, en los pueblos, los ranchos y las carreteras.

Van decenas de ejecutados, otro tanto de secuestrados, con ejecuciones sumarias en algunos casos. Si las fuerzas militares o de la Guardia Civil intervienen, los narcos, de ambos bandos, comienzan una escalada de terror, mediante quema de vehículos en vialidades estratégicas, balaceras, bloqueo de carreteras como la Culiacán-Mazatlán o la Durango Mazatlán, dejan cuerpos ejecutados, algunos de ellos decapitados en la vía pública y amenazan, directamente al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien luce espantado, temeroso por su vida y la de sus familiares.

Esto provoca la suspensión de clases en las escuelas de todos los niveles; la suspensión de viajes por las carreteras del estado, sobre todo en las tardes y noches, y la cancelación de al menos el 50% de las reservaciones de hotel en el destino turístico de Mazatlán. Hasta salir por la compra de despensa se tiene que hacer temprano y con miedo por parte de los habitantes de Culiacán, temerosos de verse en medio de una balacera.

Ante esta estrategia de terror, el comandante de la tercera zona militar, con cabecera en Culiacán, general Francisco Jesús Leana Ojeda, declaró que el problema no era de los militares sino de los dos grupos antagónicos de narcotraficantes; de ellos dependía el parar la violencia.

El general no dijo nada nuevo, solo puso en palabras lo que ha sido la política del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el problema de la seguridad; el famoso “abrazos no balazos”, que traducido a las órdenes superiores a los militares, consiste en evitar el utilizar la fuerza legítima del estado contra el narco, lo que no ha hecho

En Culiacán la población en general manifiesta que el gobernador Rubén Rocha es incapaz de hacer algo por la seguridad, y muchos opinan que está comprometido y tiene nexos con al menos una de las facciones en conflicto.

La primera detención de Ovidio Guzmán fue una humillación para el propio ejército. Los llamados “Chapitos” desataron una operación de terror, que incluyó la amenaza a las familias de los propios militares, la cual terminó cuando dejaron en libertad al joven capo por órdenes del propio AMLO, en lo que ha sido denominado como “el culiacanazo”.

sino empoderarlos y convertirlos en un poder paralelo al estado.

La primera detención de Ovidio Guzmán fue una humillación para el propio ejército. Los llamados “Chapitos” desataron una operación de terror, que incluyó la amenaza a las familias de los propios militares, la cual terminó cuando dejaron en libertad al joven capo por órdenes del propio AMLO, en lo que ha sido denominado como “el culiacanazo”. Nunca había ocurrido algo semejante en la lucha contra el narcotráfico.

Ahora, cada que el Ejército amaga con utilizar su verdadera capacidad de fuerza para ir en contra de los comandos del narco, los capos amenazan con desatar no un “culiacanazo”, sino un terror que se puede extender a todo el estado de Sinaloa y, por lo menos, a los vecinos estados de Nayarit y Durango, como ya lo han hecho en estos días.

La población en general manifiesta que el gobernador Rubén Rocha es incapaz de hacer algo por

la seguridad, y muchos opinan que está comprometido y tiene nexos con al menos una de las facciones en conflicto. La idea, también generalizada, es que los capos tienen el control de las policías municipales y de la estatal. Hay una sensación de vulnerabilidad, de que están completamente desprotegidos.

Por décadas la población de Sinaloa ha convivido con la gente del narcotráfico, toda ella del Cártel de Sinaloa, y por lo mismo sabe quién está metido en el negocio de la droga, pero los capos del narco que formaban la vieja generación, a la que pertenece Ismael “El Mayo” Zambada, se manejaban inclusive como benefactores de gente pobre en ranchos y pueblos, donde los beneficiados se sentían comprometidos a guardar silencio e inclusive a protegerlos.

En lugares como Mazatlán, se puede escuchar a los taxistas afirman que es mejor “pagarle la cuota a los chapitos que pagarle impuestos al pinche gobierno”.

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Gracias a esa política “benefactora” “El Mayo” Zambada pudo evadir a las fuerzas de seguridad, incluido los norteamericanos, por medio siglo.

Pero desde hace ya al menos una década, la nueva generación de narcos: jóvenes, multimillonarios, extremadamente violentos y ostentosos, se pasean por las calles de Culiacán con descaro, a bordo de autos deportivos europeos de lujo y protegidos por sicarios que usan armamento y tecnología de última generación.

La gente de bien, que es la mayoría de la población, se dedica a sus actividades, a su vida cotidiana y a sus fiestas, porque en Sinaloa la gente es de mucha fiesta, consciente de la presencia de los narcos, pero sin meterse en sus actividades. El que se mete lo hace con pleno conocimiento de causa, no por necesidad sino por ambición.

Pero no hay que engañarse: Culiacán, Sinaloa en general y la serranía de Durango solo son la zona de seguridad y de habitación de los capos, sus allegados, sus familias y su guardia, pues el Cártel de Sinaloa es una organización nacional e internacional; una de las organizaciones criminales más importantes del mundo, con presencia en todo el territorio de México y en decenas de otros países, principalmente los EEUU, su principal mercado.

El ejército y el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirman que están atendiendo la protección de la sociedad civil, mientras las dos facciones del cartel arreglan sus diferencias, lo que es una política de seguridad, además de fallida, absurda. El estado está obligado a velar por la seguridad de los ciudadanos, pero por lo mismo está obligado a combatir al crimen, con todos los recursos legítimos que están a su alcance, que son muchos, por supuesto incluido el uso de la fuerza, fincada, se entiende, en los servicios de inteligencia.

Claudia Sheinbaum y AMLO, penosamente se han visto desinformados, desorganizados y carentes de cualquier plan y estrategia frente a estos monstruos que ellos mismos han dejado empoderarse.

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada, al que AMLO se refiere como “el señor Zambada”, y de Joaquín Guzmán López, tomó por sorpresa al presidente y también a la presidenta electa. Como despedida, la fallida política de seguridad y la omisión de todo el sexenio les estalló en las manos.

tiro y sin que el gobierno mexicano siquiera se enterara.

Penosamente se han visto desinformados, desorganizados y carentes de cualquier plan y estrategia frente a estos monstruos que ellos mismos han dejado empoderarse. ¿Dónde están los organismos y agencias de inteligencia, tanto militar como civil? ¿Cómo pueden concentrar hasta 4 mil elementos de las fuerzas militares sin tener un plan táctico de acción y reacción? ¿Cómo fue que los capos tienen la capacidad de paralizar la acción de las fuerzas armadas? Todo indica que no saben tan siquiera que es lo que está sucediendo al interior del Cártel de Sinaloa, cuando las agencias norteamericanas capturaron al líder histórico y a otros de los principales capos, sin disparar un solo

López Obrador está sumamente enojado con los norteamericanos, pero no puede hacer nada, porque tendría una respuesta que no puede manejar, así que recurre a una postura que increíblemente ha estado usando durante todo su sexenio: “todo esto es para tratar de perjudicarme”. Hasta en esto ¡él es la víctima!, no la población y la sociedad mexicana toda, sino él, a ese grado llega su enfermedad del ego, más ahora que está en su momento triunfal, dejando su gobierno, pero amarrando al gobierno que viene.

También descolocada, Claudia Sheinbaum ha tratado de entrar en apoyo de AMLO y de repetirlo, como en todo. Declaró a los medios que “la estrategia que sigue tiene que ver con la disminución de la violencia, pues “el objetivo es la paz y la seguridad”, para lo cual es necesario “la detención de los generadores de

violencia, pues así disminuirán los homicidios y todos los delitos de violencia”.

¿Qué dijo la nueva presidenta? ¿Que el objetivo es la paz y la seguridad? Esa es la obligación básica del estado, para ello fue creado y ella es la comandante suprema de las fuerzas armadas, sobre todo ahora que han militarizado al país ¿Pero que tiene contemplado hacer? “la detención de los generadores de violencia…”

¿Qué son los generadores de violencia? Si vuelve a emplear el discurso de que la pobreza y la falta de oportunidades de educación y de empleo son esos “generadores de violencia”, estaríamos en las mismas con respecto al gobierno de AMLO.

Los principales generadores de violencia son las poderosas organizaciones del crimen organizado, solo necesitan ver lo que está pasando hoy en Sinaloa, pero también en Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Chi-

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huahua, Baja California, Zacatecas y demás estados.

Lo que todo mundo espera escuchar es su plan de seguridad nacional para el sexenio que gobernará, no que esté replicando y defendiendo a López Obrador, quien fue un fracaso en materia de seguridad. Si es muy científica, como ahora le denomina cierta prensa, pues ahí están las estadísticas oficiales para analizarlas: heredará los saldos del peor gobierno que hemos tenido en seguridad desde el periodo revolucionario; 184 mil 471 homicidios dolosos; 50 mil desaparecidos; 18 mil 469 feminicidios, y contando.

La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública realizada por el INEGI, aporta que al menos el 73% de la población considera inseguro vivir en su ciudad. De ese tamaño es el problema, y hoy estamos menos pobres que en los gobiernos neoliberales, por lo menos esa es la teoría que manejan, así que el discurso de echar culpas al neoliberalismo y a los fantasmas conservadores del siglo XIX ya se acabó.

El gobierno de Vicente Fox registró 60 mil 73 homicidios dolosos; Felipe Calderón, el odiado enemigo, 122 mil 451, con todo y su guerra contra el narco de por medio, y Enrique Peña Nieto, tan inepto como era, sumó 150 mil 451 homicidios dolosos. No se requiere mucha ciencia para darse cuenta de lo que está pasando.

LAS ORGANIZACIONES DEL CRIMEN, SIN LÍMITES

Una mala noticia para la nueva presidenta Claudia Sheinbaum es que los gobiernos norteamericanos ya se impacientaron; no están dispuestos a seguir en calidad de espectadores ante políticas como las de AMLO, de abierta omisión, bajo el pretexto de la no injerencia en los asuntos internos. Es obligada la implementación de estrategias distintas y eficaces. Si la elección de noviembre la gana Kamala Harris, ya ha anunciado que combatirá a los carteles e inclusive ha anticipado que comenzará con el Cártel de Sinaloa, al que citó por su nombre. Si gana Donald Trump

El consumo de drogas se ha convertido en los Estados Unidos en una pandemia, con hasta 100 mil muertes por año debidas al consumo del Fentanilo que distribuyen los carteles mexicanos.

estaremos ante un problema serio, pues ahora viene en su versión recargada y podría, inclusive, declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, y habrá que reconocer que tiene inclusive argumentos válidos para hacerlo.

El consumo de drogas se ha convertido en los Estados Unidos en una pandemia, con hasta 100 mil muertes por año debidas al consumo del Fentanilo que distribuyen los carteles mexicanos.

El gobierno norteamericano le pidió a AMLO que parara la producción de Fentanilo en México, a lo cual AMLO declaró que no se tenía detectada producción de Fentanilo en el territorio nacional. Se tomaron algunas medidas, los carteles como el de Sinaloa y CJNG le bajaron a la producción un tiempo corto y volvieron hacerlo, por el gigantesco negocio que implica.

Los precursores son traídos desde China y, en menor medida, de algunos otros países asiáticos, pero

entran por puertos que están bajo la administración del ejército mexicano, lo mismo que los aeropuertos y los pasos fronterizos, lo que evidencia corrupción e indolencia del estado mexicano, que sigue negando el problema.

Pero es inexacto usar el calificativo de “carteles del narcotráfico”, realmente son carteles del crimen organizado, pues todo lo que es ilícito les interesa y en todo ello tienen puesta su mano: tráfico de personas migrantes; tráfico de personas con fines de explotación sexual; secuestro; cobro de “derechos” de piso a productores y negocios de todo tipo; lavado de dinero en todas sus formas; casinos y centros de juego con apuestas; robo de combustibles o “huachicoleo”, en suma todo lo que sea ilícito.

Los carteles no preguntan y no invitan a los pobres para convertirlos en sicarios: los reclutan a la fuerza por medio de levas forzadas, bajo amenaza de matar a sus fami-

lias, como está sucediendo ahora en Chiapas, el estado más pobre de México, o con una parte de los migrantes, a quienes también reclutan por la fuerza.

El crimen no tiene límites, lo mismo decapita adversarios que asesina candidatos incómodos, compra políticos, obliga a empresarios al lavado de dinero, o a productores agrícolas al pago de un “derecho de piso”, imponiendo inclusive tarifas por cada kilo o tonelada cosechada, está metido en todo el negocio turístico e inmobiliario y, para Claudia Sheinbaum, que presume su modelo de seguridad en la ciudad de México, el crimen opera, literalmente, en derredor de Palacio Nacional, donde cobran el derecho de piso, controlan el contrabando de mercancías, mandan en el comercio y surten de droga a toda la zona. Eso lo sabe cualquier capitalino medianamente informado. También matan y secuestran, si es necesario.

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SEGURIDAD

¿Cuánto dinero han acumulado ‘El Chapo’ Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada?

La fortuna de El Chapo se calculó, tras el “juicio del siglo”, en 12 mil 666 millones de dólares, una cantidad que rebasa, incluso, a la fortuna de algunos de los considerados hombres más ricos de México y del mundo por la lista de Forbes en la actualidad

Gracias a sus actividades delictivas, el Chapo Guzmán logró amasar una gran fortuna. Este delincuente, nacido el cuatro de abril de 1957, en la ranchería de La Tuna, y según expedientes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), fue hijo de padres campesinos. El narcotraficante vivió una infancia rodeado de pobreza y miseria, y no terminó la educación primaria. A mediados de la década de 1980 fue cuando Guzmán Loera y su compadre Héctor Luis “El Güero” Palma, decidieron formar su propia banda. En ese entonces, El Chapo era colaborador del Cártel de Guadalajara, que era liderado por quien, en ese entonces, era considerado el mayor traficante de drogas en México: Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como “El Jefe de Jefes” o “El Padrino”. Después de una serie de problemas con sus contrincantes, El Chapo acumuló un largo historial en el mundo de la delincuencia que concluyó cuando fue condenado a cadena perpetua. Su vida delictiva se prolongó por casi medio siglo.

La fortuna de El Chapo se calculó, tras el “juicio del siglo”, en 12 mil 666 millones de dólares, una cantidad que rebasa, incluso, a la fortuna de algunos de los considerados hombres más ricos de México y del

La fortuna de El Chapo se calculó, tras el “juicio del siglo”, en 12 mil 666 millones de dólares. Ismael “El Mayo” Zambada, quien tenía un imperio criminal y más de cincuenta años en el narcotráfico y otras actividades ilícitas, la fiscalía norteamericana calcula que necesitaría pagar al menos 14 mil millones de dólares para poder resarcir, en parte, el daño que ha causado.

mundo por la lista de Forbes en la actualidad.

Sin embargo, esa cantidad fue sugerida únicamente por testigos que participaron en el juicio en el que fue condenado el narcotraficante, pero no existen documentos que prueben que Guzmán Loera sea dueño de bienes o cuentas en el banco que respalden que el capo mexicano sea propietario de esa jugosa fortuna.

Un problema de la ineficiencia

y omisión del gobierno mexicano es que su Unidad de Inteligencia Financiera es empleada, principalmente, para hostigar a ciertos enemigos políticos del régimen y algunos empresarios, no para investigar las grandes fortunas de los capos del crimen, sobre las cuales si poseen alguna información, pero la mantienen bajo reserva y no es empleada para emprender acciones judiciales, de tal manera que el principal poder de los capos, ya sea libres o deteni-

dos, queda prácticamente intacto.

En años anteriores, incluso el capo de la droga llegó a aparecer en listas de Forbes, como uno de los hombres más ricos del mundo. En 2009, el líder del Cártel de Sinaloa, se posicionó en el lugar 703 en el ranking mundial de millonarios de la revista especializada Forbes, mientras que, a nivel nacional, se posicionó en el lugar siete, y se estimaba que poseía una fortuna de mil millones de dólares.

En 2010, Guzmán Loera volvió a aparecer en el listado de los más ricos de México y el mundo según Forbes, quien lo posicionó en el lugar 906 a nivel mundial, y en la novena posición en México, con la misma fortuna estimada en mil millones de dólares. Esto, más que una información confiable fue un truco publicitario de la revista, cuya estimación de las fortunas de la delincuencia es imposible, con los medios que tiene a su alcance.

Recientemente, con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, quien tenía un imperio criminal y más de cincuenta años en el narcotráfico y otras actividades ilícitas, la fiscalía norteamericana calcula que necesitaría pagar al menos 14 mil millones de dólares para poder resarcir, en parte, el daño que ha causado, pero no se sabe a cuánto asciende su fortuna y el gobierno mexicano ha evitado tocar cualquiera de sus empresas ubicadas en la economía formal, algunas de las cuales son bien conocidas en Sinaloa, aunque estén a nombre de parientes.

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Para bajar el déficit público 3 puntos en 2025, hay que estrangular el gasto

La nueva administración que inicia este 1 de octubre, solo tendrá tres meses muy buenos para empezar a controlar el desorden que actualmente se registra en el ejercicio del gasto

Pues a como van las finanzas públicas a Julio, según lo reportado por la propia Secretaría de Hacienda, en su informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, todo apunta a que los requerimientos financieros del Sector Público Federal superarán fácilmente el 6 por ciento del PIB, si la nueva administración no empieza a meter freno al desbordado gasto gubernamental, el cual reporta un aumento nominal del 16.1 por ciento en el periodo enero a julio de este año, cuando los ingresos presupuestales solo han crecido porcentualmente un 8 por ciento en términos nominales, menos de la mitad del crecimiento en el Gasto Neto Presupuestal.

De hecho, la nueva administración que inicia este 1 de octubre, solo tendrá tres meses muy buenos para empezar a controlar el desorden que actualmente se registra en el ejercicio del gasto, el cual vive en toda su magnitud y esplendor, el tradicionalmente famoso “Año de Hidalgo”.

Como sabemos, el paquete financiero Ingreso-Gasto para este año, que presentó el actual gobierno al Congreso de la Unión, y que le fue aprobado por el Congreso, rápidamente, desde el mes de febrero de este año, fue modificado por la Secretaría de Hacienda para acomodar más gasto y más déficit, seguramente por órdenes del inquilino de Palacio, con la complacencia de sus obedientes funcionarios, sin importar dejar un déficit difícil de manejar, y que implicaría colocar deuda por un monto sexenal equivalente a toda la deuda contratada por los gobiernos anteriores, desde que hay registros públicos oficiales, aunque Usted no lo crea, mientras que el discurso oficial sigue siendo que en esta administración NO se contrató nueva deuda, y que las inversiones se financiaron con “ahorros” en el gasto.

Ya modificado el programa Ingreso-Gasto que había sido aprobado por el Congreso, en Pre Criterios de Política Económica para 2025,

Como sabemos, el paquete financiero Ingreso-Gasto para este año, que presentó el actual gobierno al Congreso de la Unión, y que le fue aprobado por el Congreso, rápidamente, desde el mes de febrero de este año, fue modificado por la Secretaría de Hacienda para acomodar más gasto y más déficit, seguramente por órdenes del inquilino de Palacio

documento que por Ley debe ser presentado en el mes de Abril, se oficializa que el nuevo déficit financiero para este año 2024 se aumenta a 5.9% del PIB, que seguramente será superior al 6 por ciento (tan solo porque el PIB nominal será inferior al estimado) y se proyecta que para 2025, primer año de la nueva administración, el déficit público, medido por los requerimientos financieros, bajarán al 3 por ciento del PIB, reduciéndose a la mitad, en un 50 por ciento, en solo un año.

Sin embargo, analizando las proyecciones que presentaron para los ingresos presupuestales, los cuales BAJARÁN en 0.4 por ciento del PIB, ya que se reducirán de 21.9 por

en Pre-Criterios, equivale a una reducción en el Gasto de $1.2 millones de millones de pesos para 2025. La cereza en el pastel, es que esta reducción en el Gasto Público Federal para 2025, debe ser NETA después de considerar los aumentos INERCIALES en el Gasto, como lo son el pago de pensiones, rubro que viene creciendo a una tasa de dos dígitos, así como los aumentos decretados a las pensiones de adultos mayores y otros programas sociales, y los mayores pagos por los intereses de la deuda, los cuales, aunque Usted tampoco lo crea, los presupuestan a la baja, como proporción del PIB, argumentando reducciones en el costo del dinero, sin considerar el monumental aumento en el saldo de la deuda, que parecen no registrar. Es decir, si estas mayores erogaciones inerciales aumentan el Gasto en unos $300 mil millones de pesos, la reducción en otros rubros de gasto se elevaría a $1.5 millones de millones de pesos, para que en el neto la reducción sea de los 3.3 puntos del PIB que se necesitarían, lo cual, sin duda alguna, sería poco menos que imposible de conseguir.

ciento del PIB en 2024, a un 21.5 por ciento para 2025, queda claro que el esfuerzo para reducir el déficit de las finanzas públicas recae totalmente en la reducción del gasto, mientras que el mayor déficit asociado a los menores ingresos, se piensa que pueda ser subsanado con un menor déficit extra-presupuestal, lo cual, la verdad, está en chino.

De tal suerte, considerando que lo más probable es que NO BAJE el déficit extra-presupuestal en 2025, el esfuerzo en la reducción en el Gasto Neto tiene que alcanzar el equivalente a 3.3 puntos porcentuales del PIB de 2025, que en pesos, considerando la proyección del PIB nominal para 2025 que presentan

Otra piedra en el camino, será la caída en el crecimiento de la economía que sin duda alguna se tendrá en 2025, versus el crecimiento real proyectado en Pre Criterios, de 2.5 por ciento, y según estima la propia Secretaría de Hacienda, por cada punto porcentual que crezca menos la economía, los ingresos tributarios bajan en $52.8 miles de millones de pesos.

Finalmente, si consideramos las declaraciones que acaba de dar la calificadora HR Ratings, en el sentido de que la calificación de la deuda soberana del País estará asociada a la pronta reducción del déficit público a niveles manejables de máximo 3 puntos del PIB, el escenario luce pesimista.

Quizás por eso ya se rumora, en círculos financieros internacionales, que el actual Secretario de Hacienda se irá junto con el paquete económico 2025.

Veremos y diremos.

El costo del ‘sueño americano’: los debido a las condiciones de trabajo

Desde agricultores y procesadores de carne hasta cocineros

los migrantes a menudo realizan trabajos peligrosos y las pasar desapercibidas para el

los migrantes que mueren

trabajo

extremas en EE.UU.

cocineros y empleados de la construcción, las muertes en el lugar de trabajo suelen el público

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El año pasado, Hugo vio morir a un amigo en un vasto campo de batatas. Su cuerpo sin vida quedó apoyado contra el neumático de un camión, uno de los pocos lugares donde había sombra en la granja donde trabajaban en Carolina del Norte.

“Lo obligaron a trabajar”, recordó Hugo. “Él seguía diciéndoles que se sentía mal, que se estaba muriendo. Una hora más tarde, se desmayó”.

Hugo, que no es su nombre real, ha pasado la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos como trabajador agrícola migrante, un empleo remunerado generalmente con el salario mínimo o incluso menor y en el que las condiciones laborales pueden ser extremas.

La BBC aceptó utilizar un seudónimo porque expresó su preocupación de que pudiera sufrir represalias por hablar sobre el incidente.

Era la primera vez que Mendoza, de 29 años, viajaba a Estados Unidos por motivos de trabajo. Murió en sus primeras semanas en la finca en septiembre de 2023. También había dejado a su esposa e hijos en México. “Venimos aquí por necesidad. Eso es lo que nos hace venir a trabajar y dejar atrás lo que más queremos, nuestras familias”, afirma Hugo.

Desde agricultores y procesadores de carne hasta cocineros y empleados de la construcción, los migrantes a menudo realizan trabajos peligrosos y las muertes en el lugar de trabajo suelen pasar desapercibidas para el público. Sin embargo, durante el último año el tema ha estado en el centro de atención debido a múltiples muertes de alto perfil y a una crisis migratoria en la frontera que ha amplificado la retórica contra los migrantes.

CALOR ABRASADOR

El calor era intenso el día que murió Mendoza. Las temperaturas rondaban los 32°C. No había suficiente agua potable para los trabajadores y la granja sólo permitía un descanso de cinco minutos durante los turnos de una hora.

El único lugar para escapar del calor era un autobús sin aire acondicionado, que estaba estacionado en un campo abierto.

Estos detalles los recoge un informe del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte, que multó a la granja Barnes Farming Corporation este año por sus condiciones de trabajo “peligrosas”.

El informe confirmó la muerte de Mendoza en la finca y mencionó que la gerencia “nunca” llamó a los servicios de salud ni brindó primeros auxilios.

En las horas previas a su fallecimiento, Mendoza “se sintió confundido, demostró dificultad para caminar, hablar y respirar, y perdió el conocimiento”, señala el reporte.

Otro trabajador agrícola finalmente llamó a los servicios de

emergencia, según el informe, pero Mendoza sufrió un paro cardíaco y murió antes de que llegaran.

La representación legal de la granja dijo en un comunicado a la BBC que se toman “muy en serio” la salud y la seguridad de sus trabajadores y están impugnando las conclusiones del Departamento de Trabajo.

“Muchos de los miembros del equipo trabajaron en Barnes durante años y regresaron nuevamente para esta temporada de cultivo, debido al compromiso de la granja con la salud y la seguridad”, dijeron.

Pero Hugo no regresó. Dice que ahora trabaja para una empresa de soldadura.

“A muchos de nosotros nos pasan cosas malas”, dice. “Sé que a mí también me podría pasar”.

MUERTES LABORALES

La industria agrícola tiene la tasa más alta de muertes en el lugar de trabajo, seguida de la del transporte y la construcción, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estado Unidos.

A principios de este año, varias muertes consecutivas pusieron de relieve algunos de estos peligros.

Seis trabajadores latinoamericanos murieron en Baltimore cuando el puente que estaban reparando durante la noche se derrumbó a finales de marzo.

Semanas después, ocho trabajadores fallecieron cuando un autobús que transportaba a trabajadores agrícolas mexicanos a los campos se estrelló en Florida.

En su intervención en la Convención Nacional Demócrata, el gobernador de Maryland, Wes

Moore, recordó el incidente de Baltimore y rindió homenaje a los trabajadores que murieron “arreglando baches en un puente mientras dormíamos”.

Tanto Mendoza como Hugo tenían visas H2A, que les permitían trabajar temporalmente en la agricultura estadounidense. El número de trabajadores nacidos en el extranjero que dependen de este tipo de visas ha aumentado durante los últimos años.

Entre 2017 y 2022, los titulares de visas H2A se incrementaron un 64,7%, lo que equivale a casi 150.000 trabajadores.

Alrededor del 70% de los trabajadores agrícolas nacieron en el extranjero y más de las tres cuartas partes son hispanos, según el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas.

La industria agrícola tiene la tasa más alta de muertes en el lugar de trabajo, seguida de la del transporte y la construcción, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estado Unidos.
RDC / ARCHIVO

“La migración es la fuente clave de trabajadores para muchos empleos en Estados Unidos”, dice Chloe East, profesora de Economía de la Universidad de Colorado en Denver, quien es especialista en políticas migratorias.

“Sabemos con certeza que los trabajadores nacidos en el extranjero están aceptando este tipo de trabajos peligrosos que los estadounidenses no quieren”.

ESCLAVITUD MODERNA

Una investigación federal de 2020 sobre trabajadores agrícolas con visa H2A en Florida, Texas y Georgia describió condiciones similares a la “esclavitud moderna”. Como resultado de la investigación, 24 personas fueron acusadas de trata, lavado de dinero y otros delitos.

“El sueño americano atrae a personas desesperadas en todo el mundo, y donde hay necesidad, hay avaricia por parte de aquellos que intentarán explotarlas”, dijo el fiscal federal interino David Estes en un comunicado de prensa en aquel momento.

Los migrantes que ingresan irregularmente al país pueden tener incluso menos protección si son contratados para trabajar, dicen los expertos. Y casi la mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados, según el Centro de Estudios Migratorios.

“Los trabajadores migrantes indocumentados se concentran en los trabajos más peligrosos, arriesgados y poco atractivos en Estados Unidos”, advierte un artículo publicado en International Migration Review, una revista especializada en migración.

LA PRODUCCIÓN DE LECHE

Uno de los trabajos más peligrosos en la industria agrícola es la producción lechera.

Los riesgos incluyen la sobreexposición a productos químicos venenosos o maquinaria peligrosa. Los pozos de estiércol generan gases tóxicos mortales, que pueden causar ahogamiento.

Los animales también pueden ser una amenaza.

“El sueño americano atrae a personas desesperadas en todo el mundo, y donde hay necesidad, hay avaricia por parte de aquellos que intentarán explotarlas”, dijo el fiscal federal interino David Estes en un comunicado de prensa en aquel momento.

Olga, quien se mudó a Estados Unidos desde México cuando era adolescente, es una trabajadora migrante indocumentada de una granja lechera en Vermont. Ella asegura que vio a su hermana casi muerta mientras trabajaba.

“Básicamente, una vaca la pisoteó y ella estaba muriendo. Tenía la lengua fuera”, recuerda Olga.

La joven de 29 años dice que aunque el incidente dejó a su hermana con un brazo y dos costillas rotas, el administrador de la finca exigió que regresara al trabajo casi de inmediato.

No fue hasta que presentó una nota del médico que demostraba que su hermana no podía trabajar que “el jefe la dejó en paz”, dice Olga. Su hermana ya no trabaja en la agricultura.

Olga, sin embargo, todavía lo hace. Afirma que trabaja “12 horas al día, todos los días”. “No hay aumentos, no hay descanso y ni siquiera pagan a tiempo”, señala. “Te pagan cuando quieren”.

“Siempre nos atacan por ser migrantes”

A principios de este verano, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos implementó nuevas reglas diseñadas para hacer que las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas temporales sean más seguras.

Estas medidas incluyen protección frente a las represalias de los empleadores contra los trabajadores que se organizan para defender sus derechos y la prohibición de que los empleadores retengan los pasaportes y documentos de migración de los trabajadores.

Pero así como las autoridades han tratado de tomar medidas enérgicas contra el abuso de los migrantes, la retórica contra ellos, alimentada por debates políticos sobre niveles récord de migración irregular a través de la frontera entre Estados Unidos y México, se ha sumado a las dificultades que enfrentan.

En múltiples ocasiones, Donald Trump se ha referido a la migración irregular como una “invasión” y ha

llamado “animales”, “narcotraficantes” y “violadores” a quienes cruzan la frontera hacia Estados Unidos.

“Me hace sentir triste, dijo Olga. “Deberían ver las condiciones en las que estamos para sobrevivir en este país”.

Las restricciones fronterizas promulgadas por el presidente Joe Biden en junio también pueden empeorar las condiciones de seguridad, dijo la profesora East.

La investigadora indicó que leyes migratorias más estrictas pueden hacer que los trabajadores tengan miedo de defender los protocolos de seguridad.

“La mayoría de la gente se queda callada porque tiene miedo de que se aprueben todas las leyes”, dice Hugo. “No te puedes quejar”.

Hugo afirma que últimamente ha notado más discriminación y recuerda una experiencia reciente en la que el dueño de una tienda se negó a venderle agua porque tenía dificultades para hablar inglés.

“La gente nos trata mal”.

RDC / ARCHIVO

Preparan proyecto para reactivar ecoturismo en Boquillas del Carmen

Como parte de los compromisos adquiridos por el gobernador Manolo Jiménez Salinas de proteger y promocionar las zonas naturales de Coahuila para detonar el turismo y generar derrama económica, así como el desarrollo de las comunidades, la presidenta honoraria del DIF, Liliana Salinas Valdés y las secretarias de Turismo, Cristina Amezcua, y de Medio Ambiente, Susana Estens, visitaron la localidad de Boquillas del Carmen, en el municipio de Ocampo.

“Reafirmamos nuestro compromiso de proteger y promocionar esta hermosa zona en Boquillas del Carmen, al norte de nuestro estado. Gracias por

su cálida hospitalidad y por sumarse a este esfuerzo en equipo, así como el gran apoyo de la alcaldesa Mara Silva”, señaló la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés.

En el marco del Día Mundial del Turismo, y acompañadas por Laura Mara Silva, alcaldesa de Ocampo; de la diputada local Edith Hernández y personal de la Secretaría de Infraestructura, realizaron una gira de trabajo por esta comunidad que colinda con el Parque Nacional Big Bend, de Estados Unidos.

El objetivo de esta visita fue comenzar con un gran proyecto para reactivar el ecoturismo en esta zona natural, generando beneficio social para las familias de esta región del estado.

Las funcionarias se entrevistaron con habitantes de Boquillas del Carmen y con directivos del Big Bend para conocer sus necesidades, escuchar sus propuestas y construir un proyecto sólido con el que atraigan más visitantes.

Durante esta visita de trabajo, agradecieron las atenciones recibidas por la superintendente del Parque Nacional Big Bend, Anjna O’Connor y todo su equipo de Rangers.

El pasado mes de julio el gobernador Manolo Jiménez Salinas supervisó las obras de construcción de la base militar El Melón, ubicada en los límites de los municipios de Múzquiz, Acuña y Ocampo.

En su momento, el gobernador señaló que desde Múzquiz hasta Boqui-

llas del Carmen es una zona que se va a potencializar de manera turística.

“Y sabemos que para que el turismo vaya hacia adelante, la seguridad es muy importante; así que seguimos trabajando en este tema para bien de Coahuila”, expresó el Mandatario estatal.

En esta gira de trabajo participaron, además, Raúl Rodríguez, subsecretario de Salud; y los arquitectos Arturo de Hoyos y Silva Morera, en donde también supervisaron las acciones de rehabilitación del Centro de Salud de Boquillas del Carmen.

Con esta visita se reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de proteger y promocionar esta hermosa zona en Boquillas del Carmen.

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