GLOSA DEL QUINTO INFORME DE GOBIERNO. Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo

GLOSA DEL QUINTO INFORME DE GOBIERNO PROCURADOR ALEJANDRO HABIB NICOLÁS

Contenido 5 PRESENTACIÓN 8 INDICADORES TÁCTICOS 20 TEMAS PRIORITARIOS 29 NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO 59 PROSPECTIVA DE TRABAJO 65 ANEXO ACCIONES COVID-19

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Presentación La procuración de justicia y la efectiva aplicación de la ley son demandas sensibles que la sociedad reclama, esto implica realizar una valoración temporal, histórica y estructural de las instituciones, así, nuestros retos deben de referirse de una manera contextual con base en el pasado, presente y futuro institucional.

Las funciones esenciales de la procuración de justicia deben de desarrollarse mediante la planeación eficiente y ordenada de una serie de acciones que tengan como finalidad el brindar certeza jurídica a la ciudadanía.

El Ministerio Público cuida los intereses de la sociedad al investigar y perseguir los delitos, y vigilar que en todas sus actuaciones se respeten los derechos humanos; es quien debe demostrar la existencia – o no – de un hecho ilícito y la responsabilidad de quien lo cometió.

Así, los puntos sustanciales en el Sistema de Justicia Penal vigente en el país, a partir de la reforma constitucional de 2008 y, en el mismo sentido, la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimiento Penales (CNPP), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, con lo cual se cerró la vigencia del Código Federal de Procedimientos Penales y en

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nuestro caso, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, estableciendo con ello una serie de criterios homologados referentes a las reglas del procedimiento penal con la finalidad de brindar certeza jurídica y seguridad a la población, y fijar como principios: la presunción de inocencia, oralidad, contradicción, inmediación, continuidad, la garantía de protección de derechos humanos, la garantía de protección de los derechos de las víctimas, derecho a una defensa técnica y adecuada, la igualdad procesal, el deber de fundamentación, principio de publicidad, principios de eficiencia y eficacia, la incorporación de mecanismos alternos y formas de terminación anticipada de la pena, entre otros.

La labor del Ministerio Público, con relación a su deber de proteger derechos humanos de las víctimas, acorde a las reglas que fija este precepto, la reparación del daño debe ser plena, efectiva y proporcional a la gravedad del daño causado, así como a la afectación que el hecho delictivo causó en la víctima u ofendido.

Dicha reparación debe comprender, en términos generales, el restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito, o en su caso la restitución del bien obtenido por el delito, el pago del deterioro o menoscabo de los derechos afectados.

De igual forma, debe comprender la indemnización del daño material y moral causado a la víctima o a los ofendidos, el cual debe ser suficiente para cubrir el pago de los tratamientos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de su salud física y psicológica.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.

El Ministerio Público para cumplir su deber legal en la materia observará la voluntariedad, información clara y completa, confidencialidad, flexibilidad y simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad.

Con respecto a la función constitucional del Ministerio Público, está obligado a que todas sus acciones respeten los derechos humanos, y para facilitar este aspecto, la norma le ha establecido nuevos mecanismos dentro del proceso penal para generar una actividad constructiva mediante la adopción de acciones encaminadas a la construcción de una política de persecución penal acorde

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con las circunstancias subjetivas y objetivas, considerando factores sociales, económicos y geográficos.

La exigencia de seguridad jurídica de la sociedad, como un deber público en el actuar institucional, conlleva adecuaciones estructurales al interior de la Procuraduría, que respondan a sus necesidades operativas y tracen el camino para el cumplimiento de su obligación constitucional.

Desde el inicio de la actual administración estatal se definieron una serie de objetivos generales prioritarios con la finalidad de realizar una procuración de justicia con trato humano; estos objetivos son 1) Procuración de justicia eficaz, eficiente , transparente y evaluable ; de género ; y

2) Procuración de justicia con perspectiva

3) Prevención de delitos de alta frecuencia e impacto.

Así, teniendo como principios la dignidad, esfuerzo, honestidad, respeto, integridad, lealtad y justicia, así como una actitud proactiva hacia la atención de las personas que necesitan de nuestra intervención y en cumplimiento al artículo 71 fracciones Quinta y Vigésimo quinta, y al artículo 56 fracción Vigésimo primera de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y al acuerdo emitido por la Junta de Gobierno de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, en seguimiento al Quinto Informe de actividades del gobernador O mar F ayad M eneses , en el marco y en apego al principio de autonomía técnica, que establece la Constitución del Estado, se presenta la glosa del Informe que corresponde a las responsabilidades, facultades y obligaciones de la Procuraduría General de Justicia.

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Indicadores tácticos El construir una batería de indicadores nos permite medir y cumplir con una serie de objetivos normativos e institucionales, fortaleciendo la labor de la procuración de justicia en la investigación de los fenómenos delictivos, a través de una continua descripción, recopilación, sistematización y evaluación de variables, con la misión de difundir, informar, discutir y proyectar los hallazgos obtenidos.

Corresponde a la procuración de justicia una labor que implica la búsqueda de la manera más satisfactoria para articular los esfuerzos humanos y los recursos disponibles, aprovechándolos al máximo, para obtener los resultados esperados para garantizar el acceso a la justicia.

A continuación, se desglosan los indicadores que dan seguimiento a los requerimientos específicos, problemas y oportunidades de mejora para garantizar el ejercicio de una procuración de justicia con trato humano e igualitario, que otorgue la atención y protección a las víctimas de algún ilícito o afectación, desde el momento en el que se presentan a realizar una denuncia o querella hasta la representación social en los procesos judiciales.

Para servir a la sociedad hidalguense a través de una procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y evaluable, que contribuya a un Hidalgo seguro, sin desigualdades, con respeto a los derechos humanos en la prevención, investigación y persecución del delito con personal calificado, procedimientos y trámites optimizados, sensible a las necesidades de la población en materia social, económica y ambiental, corresponde a la Procuraduría una labor que implica la búsqueda de la manera más satisfactoria para articular los esfuerzos humanos y los recursos disponibles, aprovechándolos al máximo, para obtener los resultados esperados para garantizar el acceso a la justicia.

A continuación, se desglosan los 12 indicadores tácticos que dan seguimiento a los requerimientos específicos, problemas y oportunidades de mejora para garantizar el ejercicio de una procuración de justicia con trato humano e igualitario, que otorgue la atención y protección a las víctimas de algún ilícito o afectación, desde el momento en el que se presentan a realizar una denuncia o querella hasta su persecución frente al órgano jurisdiccional.

Cabe destacar que los siguientes indicadores evolucionaron luego de un proceso de revisión en el que se contó con el acompañamiento de la unidad de Planeación y Prospectiva, con el fin de que en su nueva composición refleje de una manera más clara la actividad del Ministerio Público y sus resultados.

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Objetivo 1. Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y evaluable Porcentaje de medidas de protección para víctimas del delito otorgadas y solicitadas por el Ministerio Público, y cumplidas por la Policía Investigadora.

Con las medidas de protección brindamos cuidado, seguridad e integridad a las personas involucradas en un delito, ya que en ocasiones durante la investigación pueden presentarse situaciones de riesgo para las personas involucradas.

Este indicador mide el porcentaje de medidas de protección a víctimas de algún delito que atenten contra su seguridad en relación con las medidas de protección solicitadas por las víctimas.

A través de la Policía Investigadora y en cumplimiento al mandamiento del ministerio público se atendieron 4,576 medidas de protección a víctimas, de un total de 4,851, lo que representa el 94 por ciento de efectividad.

Con el fin de impulsar y supervisar que las carpetas de investigación se integren con base en estándares que garanticen los derechos humanos, se creó el O bservatorio C iudadano para la P rocuración de Justicia con P erspectiva de

Género.

Este Observatorio cumple con la finalidad de evaluar las acciones y las políticas en materia de procuración de justicia en favor de las mujeres y está conformado por organizaciones y representantes de la sociedad civil, con quienes se trabajó el diseño de dos protocolos de actuación que próximamente se publicarán.

Brindamos la capacitación “Sensibilización del Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo”, en la que participaron 89 áreas. como la Fiscalía para la Atención de Delitos de Género, la Fiscalía Especializada de los Delitos de Trata de Personas, la Coordinación de Atención a la Familia y a la Víctima, la Unidad de Análisis y Contexto, la Unidad de Investigación Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Delito, la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, Centro de Justicia para Mujeres, Fiscalía de Personas Desaparecidas, Policía Investigadora Grupo Género, Trabajo Social y Medicina Legal y Forense.

Porcentaje en la resolución de carpetas de investigación por delitos de corrupción.

La corrupción puede ser definida como un intercambio clandestino entre dos “mercados”: por una parte, el “mercado político y/o administrativo”, y por

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la otra, el mercado económico y social. Este intercambio es oculto porque viola las normas públicas, legales y éticas, y también porque sacrifica el interés general en aras de intereses privados (ya sean individuales, corporativos, partidistas, etc.).

De igual forma, “(…) los actores públicos corruptos, al participar en esta transacción que permite que los actores privados accedan a los fondos o a las decisiones públicos de una manera privilegiada, obtienen beneficios materiales inmediatos o futuros para ellos o para las organizaciones de las que son miembros.

Por lo tanto, la corrupción está muy extendida donde existe una interacción entre intereses públicos y privados y, en particular, en aquellos sectores que no están sujetos a reglas totalmente obligatorias”1 En este sentido, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción tiene el objetivo de investigar, perseguir y el ejercer la acción penal en contra de los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares, así como el delito de distracción de recursos públicos.

Del periodo que se informa se iniciaron 722 carpetas de investigación de las cuales 264 fueron determinadas, en las formas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales: ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstención a investigar, no ejercicio de la acción penal, criterio de oportunidad, incompetencia, acumulación, sobreseimiento, lo que representó el 37 por ciento del total de los casos.

En este contexto y con la participación de la fiscalía, el 27 de abril de 2021, en Primera Sesión Ordinaria, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo aprobó por unanimidad la P olítica E statal Anticorrupción de H idalgo.

Con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Embajada de Estados U nidos de A mérica (INL por sus siglas en inglés ), el 30 de agosto de 2021, 9 servidores de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción concluyeron el curso “Investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción”.

En reconocimiento a su participación como miembro de la Comisión Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), el 21 de septiembre de 2020 el titular de la

Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción fue nombrado vicepresidente

de la zona centro .

1 MENY, Yves; “Política, corrupción y democracia”; Revista Política y Gobierno; Ed. CIDE; pp. 157

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Porcentaje de calificación buena o excelente en la percepción de la atención que se ofrece en las áreas de atención de la Procuraduría.

El indicador tiene la finalidad de detectar, observar y prevenir tempranamente sobre riesgos en la atención de usuarios que buscan algún servicio de la Procuraduría, como mala infraestructura o prácticas inadecuadas reiteradas por parte de nuestro personal. De esta manera podemos emprender acciones precisas para el adecuado y óptimo funcionamiento de esta institución.

En ese sentido, se aplican de manera permanente encuestas de satisfacción a personas que solicitaron los servicios de la Procuraduría, de las cuales se obtiene un promedio del 82 por ciento de calificación en la percepción del trabajo de las y los servidores públicos que los atendieron; este sondeo se aplicó en 23 agencias.

Como parte de la mejora continua y la automatización de los servicios, se diseñó una encuesta con un enfoque más humano y de mayor precisión para identificar áreas de mejora en la calidad del servicio. Además se utilizaron recursos tecnológicos y ahora se puede contestar a través de internet mediante un código QR, que conecta a la población a un cuestionario para que nos aporte información respecto de la atención recibida en las agencias del Ministerio Público.

Además, instalamos 57 buzones que recabaron 1,442 encuestas de satisfacción en las 23 agencias del Ministerio Público con el propósito de aumentar el alcance en la evaluación respecto de la atención y confianza que percibe la población al acudir con el Ministerio Público.

Con los resultados obtenidos se diseñó e implementó el Protocolo de Atención Inicial a las personas que acuden a las agencias del Ministerio Público, con el propósito de hacer más eficiente el inicio de carpetas de investigación, y mejorar la atención en el ingreso y registro de las y los usuarios.

La norma ISO 9001:2015 es el estándar internacional de carácter certificable que regula los Sistemas de Gestión de la Calidad, a través de este método se promueve la adopción de un enfoque basado en procesos; así, certificamos a 23 áreas de la Procuraduría y como parte de esta certificación, sistematizamos, optimizamos y documentamos

el método de operación a través de la actualización

de manuales de procedimientos de todas las áreas de la institución, con el objetivo de mejorar los procesos en la atención ciudadana.

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Porcentaje de carpetas de investigación determinadas por el Ministerio Público.

A través de este indicador podemos evaluar el desempeño de las y los agentes del Ministerio Público con el objetivo de mejorar la investigación de las carpetas que se encuentran en integración y con ello, reducir los niveles de impunidad en el estado.

En el marco del desarrollo efectivo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, es necesario incentivar y sensibilizar al agente del Ministerio Público para aprovechar las distintas figuras procesales que brinda la legislación procesal penal con la finalidad hacer eficiente el sistema y evitar que colapse, y que aquellos delitos de alto impacto lleguen a la etapa de juicio.

Se determinaron 10,018 carpetas de investigación que se encontraban en trámite durante el periodo, en las diferentes formas de terminación de la investigación que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, como archivo temporal, no ejercicio de la acción penal, abstención de investigar, ejercicio de la acción penal y criterios de oportunidad.

En cuanto al sistema de justicia penal tradicional, en este periodo se resolvieron 4,806 averiguaciones previas en la región oriente, 1,625 de la región poniente y 3,579 de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, esto suma 10,010 averiguaciones concluidas.

Porcentaje de intervenciones periciales realizadas.

Los servicios periciales son el conjunto de disciplinas técnico-científicas que auxilian al Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos con características de delito que le compete investigar.

Las intervenciones periciales permiten que las determinaciones del Ministerio Público estén sustentadas de manera científica o técnica, brindando certeza a la investigación de los delitos.

En este sentido, logramos atender el 89 por ciento de las intervenciones periciales, solicitadas; dimos respuesta a 75,580 de las 84,943 originadas.

El rezago de 9,363 solicitudes es resultado de no contar con el personal pericial suficiente, afectando tanto a la debida integración y resolución de las carpetas.

Obtuvimos la reacreditación de los laboratorios forenses de Criminalística de

Campo, Genética Forense, Lofoscopía y Química Forense a través de ANAB (ANSI

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National Accreditation Board) bajo la norma ISO/IEC 17020:2017 y 17025:2017, lo cual nos coloca como uno de los estados con un avance significativo al contar con procesos que son validados por normas internacionales.

Un trámite importante para la población es la expedición de constancias de No Antecedentes Penales, entregamos 27,628, que da certidumbre a quienes las solicitan.

Anteriormente, solo se contaba con la oficina localizada en la ciudad de Pachuca de Soto, para la tramitación de este documento. Gracias a las gestiones y el apoyo del Gobierno del Estado, logramos la apertura de cinco oficinas ubicadas en Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo, Tula de Allende, Tizayuca y Huejutla de Reyes, con ello acercamos este trámite a las personas de los municipios con mayor demanda de este servicio y disminuimos la centralización de trámites.

Porcentaje de cumplimiento de órdenes de aprehensión.

Son órdenes de detención inmediata que se expiden por el órgano jurisdiccional a solicitud del Ministerio Público, y se cumplen por la policía investigadora en contra de una persona que no ha comparecido en el proceso o bien, que por la naturaleza jurídica del hecho delictivo o de los factores de riesgo o peligro se requiere salvaguardar su presencia en dicho proceso. Este indicador mide la eficiencia del desempeño de la Policía Investigadora al ejecutarlas para el esclarecimiento y persecución de hechos que la ley señala como delitos.

Bajo este tenor tenemos una respuesta de atención del 73 por ciento en el cumplimiento de órdenes de aprehensión: de un total de 1,138, se han ejecutado 832.

Es importante señalar que debe darse una respuesta a los asuntos sin resolver para hacer expedita la justicia a través de la correcta integración de expedientes o carpetas de investigación con el objetivo de evitar deficiencias y reducir el rezago. Asimismo, mantenemos acciones para mejorar la profesionalización de nuestro personal para esclarecer los hechos, proteger a las víctimas y que los delitos no queden impunes.

Para ello, necesitamos focalizar y aumentar los recursos, tanto al personal como los recursos materiales, priorizar la persecución del delito y elevar los estándares en el desempeño, particularmente en la protección de derechos humanos.

Por ese motivo implementamos la estrategia “Investigamos contigo” dirigida

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a las personas que han sido afectadas en sus derechos, con el fin de tener mayor cercanía y comunicación con las víctimas, y una adecuada integración de las carpetas de investigación. Consiste en la participación proactiva de las víctimas para brindar información a las y los agentes que dirigen la investigación. La participación en la entrega de información es útil en la localización de personas con denuncia de su desaparición.

Porcentaje de cumplimiento de mandamientos ministeriales.

Son las instrucciones ordenadas por el Ministerio Público y que no requieren control judicial, para esclarecer los hechos materia de su investigación.

A través de este indicador medimos la efectividad de la Policía Investigadora con relación a la elaboración de informes, con el propósito de hacer más eficiente la obtención de datos en la investigación.

De esta forma concretamos el 98 % de los mandamientos ministeriales, de 56,213 se dio cumplimiento a 54,891, que se integran en las carpetas de investigación para su respectiva determinación.

Además, detuvimos a 174 personas en calidad de probables responsables por la comisión de hechos con características de delito en flagrancia.

La policía investigadora puso a disposición del Ministerio Público para su respectivo aseguramiento conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, un total de 237 objetos diversos, 10 armas de fuego cortas, 20 armas de fuego largas y 135 armas diversas.

Porcentaje de vehículos devueltos.

Este indicador tiene como objetivo, medir la devolución de vehículos recuperados con reporte de robo que son puestos a disposición del Ministerio Público, por las instituciones de seguridad pública municipales, estatales y federales.

En el periodo materia del presente, se logró la recuperación de 2,601 vehículos con reporte de robo en el Estado de Hidalgo y en otras entidades federativas, devolvimos 1,338 a sus legítimos propietarios, que representa el 51 %.

Se determinaron 1,371 carpetas de investigación en robo de vehículos, de las cuales 1,291 fueron incompetencias, 54 acuerdos reparatorios y se obtuvieron 26 sentencias condenatorias.

La Unidad de recuperación de vehículos respondió a 8,112 consultas de reportes de robo en las diferentes agencias del Ministerio Público adscritas a la

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Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Fiscalía General de la República y de los distintos juzgados civiles en el estado.

Un trámite que se proporciona y da certidumbre a la ciudadanía, es la expedición de constancias de vehículo no robado. En el periodo que se informa se entregaron 734, de las cuales 273 corresponden a consultas y revisiones solicitadas por particulares, y 461 requeridas por distintos juzgados de Hidalgo para el trámite de factura judicial.

Este instrumento permite a las personas que van a realizar una compra venta de vehículos tener la certeza de que dicho bien no cuenta con reportes de robo o no fueron alterados sus medios de identificación, de manera que en la medida que la población realice este trámite disminuye la posibilidad de fraudes y otros delitos patrimoniales conexos.

Porcentaje de acuerdos reparatorios generados.

La justicia restaurativa constituye una solución alterna al conflicto penal, cuyo objetivo es reparar el daño causado a la víctima mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, que tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo. Asimismo, los acuerdos reparatorios son los convenios celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público y cumplidos por las partes, tienen como efecto una solución al conflicto.

El objetivo que buscan los acuerdos reparatorios no solo consiste en la reparación del daño en valor económico, también atiende su alcance en función a las posibilidades del imputado y en aspectos de no repetición de las conductas.

De los 5,145 expedientes de justicia restaurativa, 2,596 asuntos llegaron a un acuerdo reparatorio y a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias logramos el pago por concepto de reparación del daño a víctimas por

32 millones 173 mil 171 pesos y 65 centavos.

Para fortalecer la cultura del uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el Centro de Justicia restaurativa llevó a cabo 31 pláticas dirigidas a estudiantes de los diferentes niveles educativos en diversos municipios de Hidalgo. Así como difusión de infografías en redes sociales.

En apego a las medidas sanitarias recomendadas ante la contingencia sanitaria

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provocada por covid-19, llevamos a cabo sesiones

de mediación en línea

mediante la colaboración con Procuradurías y Fiscalías de otros estados, lo que ha permitido que personas de distintas entidades resuelvan su conflicto a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Objetivo 2. Procuración de justicia con perspectiva de género Porcentaje en la resolución de carpetas de investigación por delitos de violencia a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y feminicidio.

Por medio de este indicador evaluamos los procesos de actuación e investigación en delitos cometidos contra niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y mujeres por razón de género, para procurar justicia en delitos de violencia contra personas y grupos de atención prioritaria.

Con base en el principio de igualdad y no discriminación actuamos con la debida diligencia en favor de las víctimas en la restauración de sus derechos y en la reparación integral del daño derivado de la comisión del delito.

La incidencia registrada por este indicador muestra que 1,549 carpetas de investigación , que representan

el 54 por ciento de 2,872, se relacionan

con delitos de violencia en contra de estos grupos.

En el periodo que se informa se iniciaron 16 carpetas de investigación por feminicidio, de estas, 14 fueron judicializadas obteniéndose nueve autos de vinculación a proceso con persona detenida, se encuentran vigentes 5 órdenes de aprehensión y dos casos en integración.

Adicionalmente se judicializaron 8 carpetas más por feminicidio, obteniéndose 6 autos de vinculación con persona detenida y en dos casos se informa encuentra vigente la orden de aprehensión.

Y se obtuvieron 9 sentencias condenatorias por feminicidio.

En un hecho histórico para Hidalgo, por primera vez obtuvimos la vinculación a proceso por feminicidio

en agravio de una mujer transgénero, esto constituye

un precedente jurídico en materia de perspectiva de género, en defensa y protección de derechos humanos en favor de la comunidad LGBTTTIQ+.

En cumplimiento de los requerimientos y diligencias para la investigación de muertes violentas de mujeres, se creó un grupo de policías de investigación especializados en delitos de género, quienes actúan con mayor especialización

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en los protocolos relacionados con estos fenómenos delictivos.

Complementando estas acciones, se implementó el Carnet de Denuncia para casos de violencia de género con el objetivo de facilitar el acceso de la justicia a las mujeres , en coordinación con las organizaciones civiles I mpunidad y

Cero

Tojil “Estrategia contra la Impunidad”.

Porcentaje de cumplimiento en la producción de análisis de la información.

Los productos de análisis de información también conocidos como productos de inteligencia, comprenden: análisis de llamadas, análisis de contexto, matrices, líneas de tiempo, redes de vínculos en materia de delincuencia organizada, patrullajes cibernéticos, aportación de comunicaciones, consultas en registros públicos, en sistemas de información y extracciones forenses de dispositivos.

A través de la Unidad de Investigación Cibernética e Inteligencia Policial, la Unidad de Análisis y Contexto de la Subprocuraduría de Género y la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, hemos logrado registrar y dar seguimiento de productos de análisis para atender solicitudes del Ministerio Público y también estudiar el comportamiento de la incidencia delictiva.

En ilícitos de violencia familiar, cibernéticos, patrimoniales, económicos y fiscales de conductas presumiblemente constitutivas de delito, fueron solicitados 3,118 análisis, de los cuales se realizaron 2,581 informes de investigación, que representa el 83 %.

La Unidad de Análisis y Contexto de la Subprocuraduría de género, elaboró 21 informes sobre violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, que analizan los hechos y fenómenos delictivos.

A través de la Unidad de Investigación Cibernética Policial recibimos 3,059 solicitudes de los cuales se realizaron 2,560, que representa el 84 %.

En la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica hemos elaborado fichas técnicas de análisis patrimonial, económico y fiscal, que motivaron la apertura de 38 de expedientes de investigación en materia financiera y patrimonial.

Por medio de la Oficina de Seguridad Diplomática y la Oficina de Prevención de

F raudes

de la

E mbajada

de

E stados U nidos participamos en el curso

“Detección de documentos fraudulentos e impostores”, dirigido a analistas

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de información.

Objetivo 3. Prevención de delitos de alta frecuencia e impacto Porcentaje en la resolución de carpetas de investigación por delitos de impacto extraordinario e impacto alto.

Para contribuir en la mejora del nivel de paz en el Estado de Hidalgo, a través de la procuración de justicia de los delitos denunciados de impacto extraordinario o alto y que se consideran prioritarios por la naturaleza de su afectación, integramos registros que posibiliten emprender acciones con el fin de aumentar la resolución de carpetas de investigación de violación, homicidio, trata de personas, secuestro y simulación de secuestro, desaparición, robo a casa habitación, asalto, abuso sexual, aprovechamiento sexual, narcomenudeo, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En este sentido, logramos el 67 % en la resolución de estos casos, es decir, de 15,672 carpetas se resolvieron 10,534 con base en las formas de determinación que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Iniciamos 25 carpetas de investigación por el delito de secuestro, 15 fueron judicializadas, 9 en integración y 1 remitida por incompetencia.

Se rescataron a 27 víctimas y 23 de ellas con vida.

Desarticulamos a 16 bandas dedicadas al secuestro que operaban dentro y fuera del Estado y en este contexto, se detuvieron a 59 personas. De igual manera, se dio cumplimiento a 42 órdenes de aprehensión en Hidalgo y en otras entidades del país por este delito.

Logramos la detención en flagrancia de 46 personas dedicadas al secuestro, así como la vinculación a proceso de 55. Obtuvimos 18 sentencias condenatorias y las más significativas fueron las obtenidas por 80 y 130 años de prisión.

Además, cuatro personas imputadas por delito de secuestro fueron remitidos a la entonces

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia

Organizada (SEIDO), institución federal que ejerció su facultad de atracción de la carpeta de investigación.

A través de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro apoyamos a otras entidades federativas en la detención de tres personas que se ubicaban en Hidalgo y que contaban con orden de aprehensión.

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Desaparición de personas Se localizaron a 774 personas de 1,024 con reporte de desaparición, que representa el 76 por ciento, entre ellos a 47 menores de edad por quienes se activó Alerta AMBER conforme al protocolo.

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Temas prioritarios

Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes A plicamos el

protocolo de feminicidio en todos los inicios de carpetas

de investigación

por muerte violenta, así como por aparentes hechos de suicidio

de niñas y mujeres. El protocolo nos permite establecer si el hecho delictivo se trata o no de un feminicidio conforme a los elementos que estable el Código Penal del Estado.

Brindamos apoyo psicológico en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Hidalgo a 362 personas relacionadas con casos de menores no localizados.

En cooperación con el Institute for Economics & Peace obtuvimos tres capacitaciones sobre feminicidio, “Teoría del delito: tentativa acabada e inacabada”, “Delitos conexos: feminicidio” y “Trata de personas y desaparición” dirigido al personal de la Fiscalía Especializada de Delitos de Género.

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Desaparición de P ersonas Judicializamos cuatro carpetas de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares. Se suma a los primeros antecedentes en judicialización de este delito en Hidalgo, que por su naturaleza jurídica es complejo acreditar y muchas veces se reclasifica en otras conductas como privación ilegal de la libertad, secuestro u homicidio.

Llevamos a cabo 15 capacitaciones para mejorar la investigación del delito de trata de personas dirigidas al personal ministerial, policial y pericial.

Colaboramos con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado

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en acciones de búsqueda de larga data con la que cuenta dicha institución, en la que intervienen las y los peritos en materia de Criminalística de Campo de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.

El personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas participó en la conferencia “Atención con perspectiva de género en atención e investigación en los casos de no localización o desaparición de mujeres desde la perspectiva de género ”,

impartida por el I nstituto N acional de C iencias

Penales (INACIPE).

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P olítica de Anticorrupción Atendimos 609 quejas y denuncias interpuestas en contra de las y los servidores públicos de la institución por posibles hechos ilícitos u omisiones en su actuación, entre otras por no iniciar carpetas de investigación, por la mala o insensible atención hacia las personas, dilación en las actuaciones, actuaciones irregulares, entre otras.

Por primera vez en su historia, y a dos años de tener facultades para iniciar carpetas de investigación, la Visitaduría General, en el periodo requerido para el presente informe, inició 87 carpetas de investigación en contra de servidores públicos de la Procuraduría y efectuó 58 vistas de revisión técnico-jurídica con la intervención del Órgano Interno de Control en la Procuraduría, que permitieron detectar omisiones e irregularidades en la integración de las carpetas de investigación. Derivado de estas acciones se lograron obtener elementos de prueba para judicializar 9 carpetas de investigación que están en proceso penal, con excepción de una de ellas, en la cual se dictó sentencia condenatoria

mediante procedimiento abreviado.

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A través de 130 publicaciones en redes sociales se difundió la atención de la Visitaduría General de la Procuraduría para asuntos relacionados con quejas sobre un deficiente servicio por parte de servidoras y servidores públicos de la institución.

Llevamos a cabo 25 visitas sorpresa para la supervisión y evaluación técnicojurídica en las agencias del Ministerio Público de Huejutla de Reyes, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Tlaxcoapan, Mixquiahuala, Atotonilco, Tepeji del Río, Tizayuca y Zacualtipán, en las que estudiamos 211 carpetas de investigación, de las cuales se derivaron observaciones y recomendaciones a las y los agentes del Ministerio Público para corregir errores y mejorar la integración.

Se recibió la capacitación especializada y la profesionalización en materias de “La Fiscalía frente a la lucha contra la corrupción y la garantía de los derechos humanos”; “La suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto”; “Enjuiciamiento con perspectiva de género”; “Curso básico de redacción”; “Curso control interno institucional”; “Elaboración de dictámenes”; “Curso formación de peritos”; “Curso diligencia en la integración de delitos en materia de corrupción”; “Personas inimputables”; “Webinar Acoso laboral y “Webinar No discriminación”.

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C ombate a delitos electorales A través de las agencias del Ministerio Público de todo el estado, se iniciaron 308 carpetas de investigación y 372 actas circunstanciadas mediante vía telefónica y correo electrónico, para facilitar el acceso a la denuncia durante el proceso electoral para la renovación de los ayuntamientos.

Logramos la detención de 39 personas durante el proceso electoral para la renovación de los ayuntamientos 2020.

Se llevó a cabo un cateo en Nopala de Villagrán en donde se aseguraron 1,826 despensas y chalecos de partidos políticos, en el proceso electoral concurrente 2021.

Por primera vez en la historia de Hidalgo, y gracias al apoyo de la Universidad T ecnológica de la zona M etropolitana del V alle de M éxico , ubicada en el municipio de

Tizayuca, se desarrolló una aplicación móvil en la cual se pueden

realizar denuncias de delitos electorales de forma digital y sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Ministerio Público.

25 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Se capacitó a 5,970 personas entre las que se encuentran: funcionarios municipales, estatales, profesores, ministros de culto religioso, presidentas y presidentes municipales, síndicas y síndicos, así como regidoras, regidores y representantes de partidos políticos en 43 eventos virtuales en el tema de Blindaje Electoral .

26 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Se entregaron a los 84 ayuntamientos del Estado paquetes de difusión para la prevención de delitos electorales con leyes, trípticos, dípticos, carteles, videos y manuales para denunciar estos delitos.

Se realizaron visitas a 30 municipios y sensibilizamos a 150 funcionarios municipales para inhibir delitos electorales.

En el marco del inicio de los tres procesos electorales desarrollados en el estado, reforzamos los medios y mecanismos dirigidos a la población en general y comunidades indígenas para facilitar la atención de delitos electorales: Se distribuyeron 200 carteles relativos a ¿Cómo denunciar los Delitos Electorales? tanto en náhuatl y hñähñu, y 200 carteles relativos a ¿Quiénes somos y qué hacemos como Fiscalía Especializada en Delitos Electorales? en las mismas lenguas.

Fueron coordinados los calendarios establecidos por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para el inicio de los procesos de la elección de diputados federales, locales y las dos elecciones extraordinarias en los municipios de Ixmiquilpan y Acaxochitlán, para atender y mantener total disponibilidad para recibir las denuncias que presente la población.

El 29 de marzo de 2021 firmamos el C onvenio de C olaboración en materia de

Prevención y A tención de Delitos Electorales y Fomento a la Educación

C ívica, celebrado con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo con relación al proceso electoral local para la elección ordinaria de diputadas y diputados al Congreso del Estado de Hidalgo, así como para el proceso local extraordinario de los ayuntamientos de A caxochitlán e Ixmiquilpan 2020-2021.

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El 5 de abril de 2021 firmamos el A cuerdo de C ivilidad, B uenas P rácticas Democráticas y C ero T olerancia a la V iolencia P olítica contra las M ujeres en

R azón de G énero suscrito con los P artidos P olíticos en el estado, para

el proceso Electoral Local 2020-2021.

S e llevaron a cabo campañas de prevención de la violencia política contra las mujeres y protección de los derechos políticos electorales

mediante

cursos, difusión de videos y carteles dirigidos a las y los servidores públicos, así como a la población en general.

El 22 de septiembre del 2020 se llevó a cabo la Sesión Virtual del Observatorio de

Participación Política de las Mujeres de Hidalgo, en la que se establecieron

las tareas de promoción y proyección de la participación política de las mujeres en el estado con el fin de hacer frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el marco del proceso.

Derivado de la alta incidencia en los delitos electorales que se cometieron en el proceso electoral 2019¬-2020, el 5 de abril se firmó el Acuerdo de civilidad buenas prácticas democráticas y cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género ,

entre los partidos políticos con registro

nacional y local.

En coordinación con la FEPADE, la Guardia Nacional y la Policía Estatal realizamos 30 acciones de despliegue en todas las regiones del Estado, con el objetivo de inhibir y prevenir delitos electorales.

Participamos en el diplomado de D erecho I nternacional E lectoral en el que se capacitaron 13 funcionarios de la Fiscalía.

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Nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público Para atender las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con respecto al desfase de nuestra estructura organizacional con la que operaba desde hace casi 5 años, se elaboró un Nuevo Reglamento de la

Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual se publicó con fecha 15 de

octubre en el

P eriódico O ficial del Estado de H idalgo.

En este documento se reestructura la organización y funcionamiento de la Procuraduría, atendiendo las observaciones de asociaciones especializadas que revisaron el funcionamiento y fallas del Ministerio Público que se acumulaban desde la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio en 2014 y las reformas que posteriormente se realizaron sobre el mismo.

El reglamento anterior, que fue publicado en mayo de 2016, presentaba

29 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

un desfase normativo con la propia Ley Orgánica del Ministerio Público publicada en el Periódico Oficial del Estado el 10 de noviembre de 2014 y sus reformas, particularmente las de 2017, así como con las reformas realizadas al Código Nacional de Procedimientos Penales después de 2016, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, las reformas al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otras.

Dicho reglamento emitido en 2016, entre otras inconsistencias presentaba: una estructura orgánica desactualizada, errores de técnica normativa como la ausencia del Título Quinto que desde su publicación se omitió, facultades repetidas, funciones jurídicamente incongruentes como la obligación de la Contraloría Interna de realizar: “…el control, custodia y resguardo de los objetos, evidencias, instrumentos o productos materiales del delito”, establecía un total de 25 áreas adscritas directamente al Procurador/a, lo cual generaba una saturación del trabajo y una solventación ineficiente de los asuntos.

Desde la primera Ley Orgánica publicada el 16 de julio de 1921, han transcurrido 100 años de historia del Ministerio Público en el Estado de Hidalgo y con ello, una evolución en las normas penales sustantivas y procedimentales que han provocado diferentes cambios en la operación del servicio que brinda el Ministerio Público a la población.

Las modificaciones constitucionales, las leyes nacionales, generales y estatales, así como los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos y penal, establecieron nuevas necesidades para organizar la estructura y bases de funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y cumplir correctamente con las obligaciones constitucionales y las demandas de la población hidalguense.

Uno de esos cambios que buscan transformar el funcionamiento del Ministerio Público en beneficio de la población es la creación de la Agencia de Investigación Criminal que se prevé en este nuevo Reglamento, para corregir el trabajo desarticulado que desde hace años presentaba la policía investigadora, los servicios periciales y el análisis de información, y el cual ha sido observado en reportes de diagnóstico realizados al trabajo de la Procuraduría, como el que integró la asociación México Evalúa con financiamiento de la Fundación

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Friedrich Naumann Stiftung, quienes concluyeron: “se percibe poca pro actividad de los servicios periciales y que no existen mesas de coordinación de las investigaciones”; una conclusión similar fue emitida por la persona moral C230 CONSULTORES financiada y coordinada por Iniciativa Mérida.

Entre los hallazgos de estos diagnósticos se detectó que: “No se identificaron mecanismos de comunicación eficientes entre agentes del Ministerio Público, policía de investigación y peritos, lo cual obstaculiza el avance de las investigaciones”; finalmente, en el diagnóstico realizado por la fundación Open Society se observó “un bajo nivel de complejidad en cuanto a diseño institucional, no existen criterios claros para la distribución de los recursos humanos, limitaciones de personal y que formalmente ni en la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado ni su Reglamento definen mecanismos internos para el control del trabajo”.

Apostamos con este modelo operativo a tener mejores herramientas de análisis de información, capacidades técnicas, científicas y de organización, y consolidar esquemas de priorización en la investigación para salvaguardar a las víctimas directas e indirectas de hechos delictivos.

Como parte de la reestructuración organizacional, el nuevo Reglamento propone consolidar un esquema de atención prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres , adultos mayores y otras víctimas de aquellos delitos considerados de alto impacto

que más hieren a nuestra sociedad.

Estas adecuaciones organizacionales se consolidan en la creación de una S ubprocuraduría de delitos de género , desaparición de personas e impacto social ,

para darle un enfoque de especialización a la investigación de los

delitos de feminicidio, desaparición, trata de personas, delitos sexuales, violencia familiar, entre otros.

Otra de las políticas de trabajo que establece funciones y obligaciones de este nuevo Reglamento es facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y establecer permanentemente el desarrollo sistemas informáticos y mejora de procesos

para el control de operaciones y eficientar nuestro trabajo con la

automatización de las diferentes actividades con el objetivo de proporcionar servicios transparentes y eficaces, y esto se estableció como obligación de la Dirección del Sistema Centenario y de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con la sistematización de nuestros servicios, contaremos con información más precisa, reduciremos costos y tiempo en la ejecución del trabajo y mejoraremos la comunicación interna.

31 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Agencia de Investigación Criminal (AIC) Para llegar a las primeras bases de su creación legal en el nuevo Reglamento, se realizaron una serie de acciones consistentes en: •Convenio de colaboración con el I nstituto N acional de C iencias P enales (INACIPE) con el fin de elaborar los reglamentos específicos de funcionamientos de la Agencia.

•Perfiles y descripción de puestos con funciones.

•Gestión de $2,047,75.00 para la elaboración del Proyecto Ejecutivo, que contiene el conjunto de planos y estudios arquitectónicos y de instalaciones de ingeniería.

•Elaboración del expediente técnico para su revisión y validación, que integra la información técnica presupuestal del proyecto.

•Se llevó a cabo la gestión para obtener el terreno que hoy es bodega de Gobierno del Estado.

•Así como más de 20 reuniones de trabajo, en diferentes momentos, entre el área jurídica y las direcciones de Servicios Periciales y Policía de Investigación, con el fin de construir el reglamento específico de la Agencia.

Una parte fundamental del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público es la creación de la figura del analista de información, como parte de la división de inteligencia de la AIC y que fungirá como auxiliar del Ministerio Público para procesar la información obtenida en las investigaciones.

Política de P ersecución P enal El siguiente paso, una vez realizada la reestructuración jurídico-organizacional, es la consolidación de la Política de Persecución Penal con el objetivo de brindar una atención diferenciada a los delitos denunciados para proveer una respuesta eficiente y eficaz por parte de la Procuraduría y una atención calibrada en cada caso, a fin de generar una despresurización del sistema y dar una respuesta ágil ante la criminalidad, con acciones conjuntas en materia de justicia penal y seguridad pública, para enfrentar y combatir los delitos atendiendo a la naturaleza de los mismos y el nivel proporcional de daño o riesgos que generan en población, a través de la implementación de estrategias, acciones y directrices establecidas por la Procuraduría.

32 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Trabajamos en la construcción de los criterios generales de priorización y en los modelos de investigación para delitos considerados por esta política como de impacto extraordinario, alto, medio y bajo, atendiendo a las características objetivas y subjetivas inmersas en cada hecho delictivo.

Estos modelos y criterios serán aplicados por las y los agentes del Ministerio Público desde el momento que una persona acude a denunciar, para darle una atención empática e idónea a su problemática desde el primer instante de contacto, previendo todos los escenarios que jurídicamente son aplicables en la materia penal, como las medidas de protección, aseguramiento de bienes, mecanismos alternativos de solución de controversias, actos de investigación urgentes, entre otros. Esto permitirá dar la atención especializada a cada tipo de delito y en cada hecho, ajustando el tipo de respuesta y atendiendo a las especificidades de cada caso.

Mejora de procesos La C omisión

del

S ervicio P rofesional

de

C arrera , H onor

y

J usticia creó

las subcomisiones de Perfiles de Puestos, de Ingreso, Permanencia y Ascenso, y de P rocedimientos de S eparación y R emoción , así como sus respectivos criterios de operación.

Dos de estas subcomisiones surgieron a partir de las mesas de trabajo que se tuvieron entre el personal de los servicios periciales y el área jurídica de la Procuraduría, a raíz de las demandas realizadas por las y los peritos con relación a las críticas y propuestas que manifestaron en noviembre de 2020 sobre la situación al interior de la Procuraduría.

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La subcomisión de perfiles de puesto tendrá la facultad de realizar acciones de revisión y análisis, así como de propuesta de estos, para personal sustantivo de la Procuraduría, es decir, agentes del Ministerio Público, agentes de investigación y peritos, esto, una vez que se actualice en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, la figura reconocida en el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público, referente a la figura de analistas de información.

Por lo que toca a la Subcomisión de ingreso, permanencia y ascenso, efectuará la revisión, discusión y propuesta de las bases y reglas en materia de ingreso, permanencia y ascenso de las y los agentes del Ministerio Público, agentes de investigación, peritas/os y en su momento, de las y los analistas de información.

Se habilitaron S alas de M ando , cuya finalidad es facilitar el intercambio y coordinación de información entre agentes del Ministerio Público, Policía Investigadora y Servicios Periciales para mejorar los resultados en el desarrollo de las líneas de investigación y audiencias de juicio de los delitos de mayor complejidad o de alto impacto.

En seguimiento a estándares de mejora continua y con base a las recomendaciones generales emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal, se difundió a todas las áreas sustantivas de la institución el “Protocolo de Minessota” que establece una norma común de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita o una sospecha de desaparición forzada, así como las directrices para la investigación.

Con estas acciones la Procuraduría atendió 13 propuestas de solución y 71 requerimientos de información de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; así como 106 solicitudes realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Procuraduría subió a la calificación del 100 por ciento en materia de transparencia de oficio durante el segundo trimestre (abril-junio) con la publicación de la información que exigen las 48 fracciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con ello garantizamos el acceso a datos abiertos que pone a disposición la Procuraduría y facilitar la rendición de cuentas.

También en el periodo 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, atendimos

416 solicitudes de acceso a la información pública.

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Se creó el área de Innovación Digital dentro de la Dirección del Sistema Centenario y tecnologías de la información y comunicación, encargada del desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas que permitan a la Procuraduría emplear herramientas innovadoras para agilizar procesos de la institución.

Desde mayo del 2019, se inició un trabajo sin precedente para preservar el acervo documental y cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, las cuales establecieron nuevos sistemas para la clasificación y conservación de archivos. Considerando que la naturaleza de las funciones del Ministerio Público significa una alta generación de archivos documentales, existía un rezago significativo en el incumplimiento de estas disposiciones, lo cual generó la necesidad de establecer planes de trabajo para empezar a disminuir dicho rezago.

Al día de hoy, hemos ordenado, clasificado, cosido, etiquetado y depurado 34,361 expedientes del Sistema tradicional, en 526 cajas y 101,588 documentos en 2,436 cajas del Sistema Penal Acusatorio.

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Fortalecimiento jurídico Reorganizamos e incrementamos el contenido de la Normateca digital de la Procuraduría, en este año nombrada “Normateca Centenario” en el marco de los 100 años de la promulgación de la primera Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo. Sin invertir un solo peso, las áreas Jurídica, de Informática y de Comunicación Social rediseñaron la Normateca digital para hacer más didáctica la búsqueda de información, y con ello facilitar la consulta de documentos normativos

relacionados con el ejercicio de las facultades

del Ministerio Público, informes de resultados, material de investigación teórico-jurídica, entre otros.

Mediante Acuerdo A/05/20 del C. Procurador publicado el 26 de octubre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, se creó el C onsejo C onsultivo de la

P rocuraduría, para establecer un mecanismo de revisión del trabajo

del Ministerio Público desde un enfoque social y fungirá como órgano de representación, consulta, análisis y participación ciudadana en materia de prevención del delito, procuración de justicia, cultura cívica y atención

36 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

a víctimas del delito; observará y propondrá acciones que fortalezcan la confianza de la población en el Ministerio Público.

Para establecer medidas de seguridad e integridad personal de quienes laboran y asisten por diferentes razones a las instalaciones de la

Procuraduría y ofrecer

un servicio adecuado para la población, además de establecer las normas básicas que deberán observar las y los servidores públicos, personal de vigilancia, personas usuarias y visitantes para su ingreso y egreso de las instalaciones de la Procuraduría, a fin de privilegiar su seguridad e integridad personal, conservar los bienes institucionales, y generar un espacio digno de trabajo, un clima laboral armónico y ofrecer un servicio adecuado para la población que acude a la Procuraduría, atendiendo a la naturaleza de los asuntos y los riesgos de seguridad que están inmersos en la función del Ministerio Público; se publicó el Acuerdo A/06/20 el 26 de octubre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, por medio del cual se emitió el R eglamento de

Seguridad, Control de Acceso y Protección Civil para los Centros de Servicios

I ntegrales de la Procuraduría.

Mediante Acuerdo A/07/20 publicado el 26 de octubre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, creamos nuestro Comité de Ética y Prevención de Conflictos de I nterés conforme a las disposiciones generales emitidas por el Poder Ejecutivo;

dicho comité fungirá como un órgano con representación integral y tiene a su cargo el fomento de la ética e integridad en el servicio público, así como la prevención de conflictos de intereses a través de acciones de orientación, capacitación y difusión en la institución.

Con el objetivo de regular el reconocimiento formal de competencias para el Ministerio Público, se publicó el Acuerdo A/08/20 el 28 de diciembre de 2020, por el que se crea el proceso de evaluación y certificación de competencias profesionales.

Esta certificación está orientada a verificar las competencias que, como agente, se requieren para coordinar y dirigir la investigación de los delitos, así como aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que necesitan para desenvolverse correctamente en el ámbito del litigio penal que represente los intereses de las víctimas, respete los derechos de las personas imputadas y la sociedad en el sistema penal.

El 2 de julio de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Estado un nuevo acuerdo por el que se establecen medidas de

seguridad sanitaria

para

la reanudación total de actividades en la Procuraduría durante el tiempo que persista la emergencia de salud por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

37 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Este acuerdo expone los lineamientos para brindar atención a las personas usuarias y visitantes que ingresen a sus instalaciones durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria, estableciendo un control de acceso que cumpla con las disposiciones y recomendaciones emitidas por las autoridades de salud.

También sugiere un esquema de semaforización para el desarrollo de las actividades y la prestación de servicios tomando como referencia el semáforo epidemiológico por regiones comunicado periódicamente por la Secretaría de Salud del gobierno federal, así como por el sistema de alerta sanitaria de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo.

La pandemia de la COVID-19 implicó el lamentable deceso de 15 servidoras y servidores públicos de la Procuraduría, así como 657 contagios para quienes trabajan en el Ministerio Público del Estado, que por la naturaleza de sus obligaciones constitucionales nunca dejó de operar desde el inicio de la emergencia sanitaria al ser considerada como actividad esencial de conformidad con el Acuerdo de la Secretaría de Salud federal por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que establece en su artículo PRIMERO fracción II, las actividades que se consideran esenciales en el marco de la emergencia sanitaria, dentro de las cuales se ubicó la procuración de justicia, el cual fue publicado el 31 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, por instrucción del Consejo de Salubridad General.

La naturaleza de las funciones que competen a la institución del Ministerio Público, implica contacto directo con la población usuaria, de manera que, para salvaguardar su seguridad e integridad de las y los servidores públicos de la institución, se tuvieron que adoptar las medidas mencionadas.

Por otra parte, firmamos convenio de colaboración con el Instituto Estatal E lectoral del E stado de H idalgo con el fin de establecer las bases para promover una cultura democrática entre las y los habitantes del Estado, mediante capacitaciones en educación cívica, participación ciudadana, difusión

38 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

cultural, derecho de acceso a la información e intercambio de información y cultura de denuncia.

Para garantizar el intercambio de información y colaboración en la detección de actos, omisiones u operaciones para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con estos, firmamos un convenio de colaboración con la Unidad de I nteligencia

Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Este convenio busca también fortalecer las acciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Procuraduría para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita en el estado, además de sumarnos al cumplimiento de la Estrategia Nacional contra el lavado de dinero propuesta por el Gobierno de México y el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del cual el Estado mexicano es parte.

La Procuraduría coadyuvó con el Congreso del Estado y dentro del periodo materia del presente informe, entregó al Poder Legislativo del Estado 51 opiniones técnico penales

que habían sido requeridas por el mismo para enriquecer

el estudio legislativo de diferentes proyectos de iniciativa para emisión de ley o de modificaciones al marco jurídico vigente. También se atendieron 6 acuerdos económicos del Congreso del Estado de Hidalgo, 6 acuerdos económicos del Congreso de la Unión y 1 acuerdo del Congreso del Estado de Chihuahua en el cual solicitó apoyo a todas las entidades federativas.

Dentro del periodo materia del presente, las áreas de administración y la jurídica de la Procuraduría, elaboraron y revisaron respectivamente un total de 301 contratos en materia de adquisiciones y prestación de servicios para atender las necesidades en el funcionamiento de la Procuraduría, suscritos en apego al marco normativo en dicha materia.

39 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Vinculación Nacional e Internacional La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo participó en conjunto con el O bservatorio N acional C iudadano en el proyecto “Sociedad civil y fiscalías trabajan conjuntamente para fortalecer la rendición de cuentas y el Estado de derecho en México” con la finalidad de promover, implementar, medir y mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la Procuraduría.

El proyecto fue un verdadero ejercicio de transparencia, ya que se dio al personal del ONC, una organización de la sociedad civil, puerta abierta a nuestros procesos y operación para que realizara una evaluación integral del estado actual de esta Procuraduría enfocándose principalmente en la rendición de cuentas y transparencia de la institución, así como en sus capacidades existentes de registro, clasificación y reporte de la incidencia delictiva.

Durante este proceso se realizaron diversas actividades como: a . I nvestigación de gabinete :

recolección y análisis de información relacionada

con el registro, clasificación y reporte de la incidencia delictiva, incluyendo al marco jurídico nacional y estatal aplicable, la estructura orgánica de la institución de procuración de justicia, la distribución de atribuciones y del personal, instrumentos de registro, etc. b.

V isita

de campo :

serie de entrevistas semiestructuradas, anónimas

y confidenciales a servidores públicos relevantes para el proceso de registro, clasificación y reporte de la incidencia delictiva, llevándose a cabo 22 entrevistas presenciales y virtuales. c.

Aplicación de Cuestionario en línea (1 mes): está conformado por preguntas

temáticas, de opción múltiple, asociadas a la Cultura de la legalidad, Estado

40 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

de derecho, Transparencia, Rendición de cuentas y Registro, clasificación y reporte de la incidencia Delictiva. Dicha Encuesta fue respondida por 1,298 a servidoras y servidores públicos de la PGJEH, es decir, el 60 por ciento de nuestro personal. d.

Capacitación virtual sobre Redición de Cuentas a 40 servidoras y servidores

públicos

Actualmente estamos en proceso de dar cumplimiento a las recomendaciones.

Gracias a los buenos resultados obtenidos, el Observatorio Nacional Ciudadano nos ha considerado para implementar el proyecto “Cambiando al sistema: Un mejor procedimiento para la presentación de denuncias” que tiene por objeto aumentar la transparencia y la rendición de cuentas a través de la interacción directa con la ciudadanía y el monitoreo desde la sociedad civil, en particular del proceso de presentación de denuncias y la presentación de quejas de posibles actos irregulares y de corrupción en la Procuraduría.

De 2020 hasta 2021 han participado un total de 579 agentes de Ministerio Público para la evaluación de conocimientos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio EXMIDA en el proceso de Certificación para la Justicia en México.

En colaboración con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) de la Embajada de Estados Unidos de América, participamos en la segunda fase de la herramienta de diagnóstico de decisiones estratégicas del ministerio público, y con la Agregaduría de Seguridad Diplomática llevamos a cabo un curso de detección de documentos falsos y fraudulentos dirigidos a agentes del ministerio público.

Con el propósito de disminuir la violencia en contra de las mujeres colaboramos con Ximena Suárez, Oficial de derechos humanos y experta en uso de la fuerza

41 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

y ejecuciones extrajudiciales, y Nira Cárdenas, Oficial de derechos humanos y coordinadora de la Unidad de Género de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México.

Nos vinculamos, a través de la Fiscalía General de la República, con la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público (AIAMP) para conocer criterios internacionales para combatir al crimen organizado transnacional mediante una videoconferencia impartida por Jorge Abbott Charme, Fiscal Nacional de Chile.

Con el objetivo de mejorar el servicio profesional de carrera y fortalecerlo con estándares internacionales, realizamos cuatro videoconferencias con la Unidad de Apoyo a la Justicia de la SEGOB y el PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado), programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que busca contribuir a la seguridad y la justicia en América Latina.

Dimos acceso al Centro de Justicia Restaurativa al equipo de la organización World Justice Project en colaboración para su investigación “Justicia para sanar: Entendiendo la justicia alternativa penal en México”.

A través de la colaboración con la Embajada de Israel, los directivos de la Policía de Investigación y de la Unidad Antisecuestro participaron en el seminario “Antidrón, concepto y soluciones”.

Establecimos contacto con la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas a efecto de conocer su funcionamiento y establecer un vínculo que nos permita cooperar en asuntos futuros.

En el marco de colaboración con la sociedad civil, participamos en el foro virtual “Retos y avances en la persecución del delito de trata de personas y en la atención a las víctimas del delito”, organizado por Unidos contra la Trata.

Con el propósito de fortalecer y profesionalizar al personal de nuestra Fiscalía de Género y Trata, el Instituto para la Economía y la Paz realizó 3 cursos de capacitación dirigidos a sus agentes del Ministerio Público, enfocándose en los delitos conexos del feminicidio, trata de personas y desaparición y teoría del delito: tentativa acabada e inacabada.

42 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

P olítica Laboral Alcanzamos 1,758 Claves Únicas de Identificación Permanente (CUIP) mediante el examen de control y confianza de C3, para 673 agentes del Ministerio Público, 246 peritas y peritos, 46 facilitadoras y facilitadores, 315 del personal directivo y administrativo, y 478 elementos de la Policía Investigadora.

Se llegó a 217 Certificados Únicos Policiales (CUP) a través de la implementación del Servicio Profesional de Carrera, con el objetivo de que la Policía Investigadora cuente con mayor capacidad y profesionalización.

Se enviaron al Sistema Nacional de Seguridad Pública 260 evaluaciones de desempeño realizadas a las y los elementos de la Policía Investigadora, se superó la meta establecida para el año 2020, que era de 200.

Se aprobó el programa de semaforización del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del cual se determinó que 136 elementos de la Policía Investigadora son susceptibles de reevaluarse y acreditarse.

Elaboramos guías de actuación para agentes del Ministerio Público para optimizar su desempeño en la justificación de flagrancia, solicitud de vinculación a proceso y promoción de la suspensión condicional del proceso.

El Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría fue incorporado en el Registro Nacional de Instancias Capacitadoras en Seguridad Pública, con ello, se cumple con la normatividad adjetiva para aplicar los procedimientos homologados del Sistema Nacional y capacitar en materia de investigación científica y técnica al personal sustantivo.

El 22 de julio de 2020 recibimos el registro del M anual de P rocedimientos del

Servicio Profesional de Carrera de esta Procuraduría ante el Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el último de los cuatro instrumentos inherentes a la implementación del Servicio Profesional de Carrera.

A partir del 22 de septiembre del año 2020, proporcionamos a todas y todos nuestros agentes de la Policía Investigadora 522 uniformes nuevos, 108 armas y equipo para el desempeño de sus funciones de manera segura y eficiente.

43 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Formación Profesional Se realizaron 93 actividades de profesionalización que comprenden diplomados, cursos, talleres, capacitaciones, conversatorios, pláticas y conferencias, que suman 7,391 horas de clase con 1,959 participantes.

Se promovieron 56

cursos ,

23

conferencias ,

4

diplomados ,

3

talleres ,

2 conversatorios, 2 presentaciones de libros y 1 plática.

El 11 de octubre de 2020 el Instituto de Formación Profesional fue sede para la aplicación del Examen General para la Acreditación de Nivel Técnico Superior Universitario como Policía Investigador, aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL: 67 de elementos de la Policía Investigadora realizaron esta evaluación.

Se llevó a cabo, vía digital, la presentación del libro “Nuevo Modelo Policial”, con una audiencia de 2,811 personas; asimismo, presentamos el libro “Indagaciones en torno al populismo penal en

México”, con 5,878 espectadores en plataformas

44 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

digitales de Facebook y Twitter.

Se realizaron 2 conversatorios vía digital , el primero “La importancia de la actuación policial en el

Sistema de Justicia Penal” con 8,598 personas en línea;

y el segundo, “Bienestar animal un camino hacia la paz”, con 16,319 espectadores.

Por segundo año consecutivo realizamos el Segundo Concurso de Mediación Penal en colaboración que se celebró de manera virtual del 24 al 26 de agosto de 2021, en colaboración con la Iniciativa para el Estado de Derecho dependiente de la Barra Americana de Abogados (ABA ROLI), organización sin fines de lucro que promueve el fortalecimiento del Estado de Derecho en más de 60 países.

El concurso de Mediación ha sido replicado por distintas fiscalías del país.

En el marco del “D ía N aranja ” y de la C onmemoración de la

del

C entenario

P rocuraduría llevamos a cabo, vía virtual, el Ciclo de Conferencias

con las presentaciones: • “Feminicidios con perspectiva de género un enfoque desde la procuración de justicia”, con 5,606 personas alcanzadas.

• “La incorporación de la arqueología forense en la procuración de justicia: teoría, métodos y técnicas” con 693 espectadoras y espectadores .

• “El feminicidio y su problemática social e institucional”, con 33,502 personas en línea .

• Y las conferencias impartidas de forma presencial: “E tapa en materia penal

intermedia

“e“Interrogatorio y contrainterrogatorio”.

Llevamos a cabo el diplomado “E l bienestar animal como estrategia en la

45 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

prevención del delito ”, impartida por la A sociación de

A nimales , en la que

capacitamos

Hidalguense Protectora

a servidoras y servidores públicos

de esta Procuraduría.

Impartimos el “T aller

de fotogrametría forense ”

y el taller “P olicía

con capacidades para procesar ”, de los cuales se capacitaron a 74

servidoras

y servidores públicos de esta institución.

Para fortalecer la colaboración interinstitucional y en apego al objeto y fines de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, capacitamos al personal de Seguridad Pública de 17 municipios, en donde participaron 435 personas, 69 son mujeres y 366 hombres, con un acumulado de 217 horas de formación, con los temas: • Función del policía en el sistema de justicia penal.

• Primer respondiente e informe policial homologado.

• Registro nacional de detenciones.

• Cadena de custodia.

• Alteración de medios de identificación de vehículos.

• Vehículos con reporte de robo.

• Consulta a la base de datos de vehículos robados.

• Sistema de justicia penal.

• Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

• Primer respondiente e informe policial homologado.

• Registro Nacional de Detenciones.

• Cadena de custodia.

• Derechos humanos y equidad de género.

El 6 de julio de 2021 se celebró la primera reunión extraordinaria del Consejo Académico Región Centro integrado por las academias e institutos de formación

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de las fiscalías y procuradurías, así como por las dependencias de Seguridad Pública estatales y el titular de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que la Procuraduría obtuvo la presidencia de dicho Consejo.

Impartimos el curso “Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo” al grupo Búhos y al personal jurídico de la Agencia de Seguridad Estatal, y “Llenado de Informe Policial Homologado y Cadena de Custodia” a elementos de la policía adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito municipal de Mineral del Monte, así como la impartición de conferencias sobre prevención del delito de narcomenudeo en diversas escuelas del Estado.

Ayudamos a mejorar las prácticas de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, con la capacitación de su personal jurídico en los temas “Control Provisional Preventivo”, “Informe Policial Homologado”, “Cadena de Custodia”, así como “Elementos y Competencias del Delito Contra la

Salud”.

44 facilitadores del Centro de Justicia Restaurativa Penal tomaron el curso de capacitación para lograr la renovación de su certificación, en cumplimiento con los lineamientos que emite la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Con el propósito de mejorar la interacción entre la policía de investigación y el ministerio público, en lo relativo a las medidas de protección se impartieron cursos virtuales de capacitación a 230 agentes del Ministerio Público relativos a los temas de “Víctimas del delito y medidas de protección”, “Solicitud de orden de aprehensión”, “Teoría del caso”, “Control de la detención”, “Formulación de la imputación”, “Vinculación a proceso”, “Medidas cautelares” y “Etapa Intermedia” en sus fases escrita y oral, sin costo, ya que fue impartida por el mismo personal.

Once de nuestros agentes del Ministerio Público obtuvieron el primer lugar en el C oncurso N acional de J uicios S imulados , organizado por la O ficina de

A suntos I nternacionales de N arcóticos y A plicación de L ey en E stados

U nidos (INL) y la A lianza de Fiscales Generales.

Sostuvimos 37 reuniones de vinculación, de las cuales 23 fueron con Organismos Internacionales y 14 con Organismos Nacionales para adoptar mejores prácticas y estándares internacionales, así como el desarrollo de proyectos interinstitucionales.

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Con la finalidad de obtener la certificación de operadores del Sistema de Justicia Penal colaboramos con el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A. C. y la Embajada de Estados Unidos. Entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, 100 agentes del Ministerio Público presentaron el Examen de Conocimientos del Sistema Penal Acusatorio (EXMIDA), de los cuales 72 obtuvieron la certificación. Reforzamos la capacitación de las y los agentes del Ministerio Público en los criterios establecidos en el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de optimizar el valor probatorio de las entrevistas y declaraciones ante los juzgados.

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Innovación T ecnológica El 1 de enero de 2021 entró en operación el S istema C entenario , de esa manera ya que este de la primera

nombrado

2021 se cumplieron 100 años desde la promulgación

Ley Orgánica del Ministerio Público en el estado. Este sistema

fue desarrollado para automatizar los procesos y dar seguimiento digital a las carpetas de investigación que integra el ministerio público, servicios periciales y policía investigadora, para brindar certeza a procesos técnicojurídicos en beneficio de la población, a través del cual hemos iniciado 25,583 carpetas investigación. Su construcción también forma parte del cumplimiento a la recomendación

R-VG-0003-19 emitida el 11 de febrero de 2019 por la

C omisión de D erechos H umanos del E stado de H idalgo.

Entre el año 2020 y 2021 se amplió la capacidad de monitoreo a 373 cámaras de videovigilancia ,

lo que representa un incremento del 137 por ciento a la

estructura, funcionamiento y aplicación del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de la Procuraduría con respecto al año 2019, ya que solo se disponían de 272 cámaras de CCTV. Con ello, supervisamos y monitoreamos a las diferentes agencias del Ministerio Público en todo el territorio del Estado, con el propósito de identificar conductas de riesgo que puedan constituir la comisión de hechos de corrupción o violaciones a derechos humanos.

El material multimedia que se obtiene con estos equipos ha permitido atender requerimientos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en la integración de sus expedientes de queja por presuntas violaciones, la integración de las investigaciones a cargo de la Visitaduría General de la Procuraduría, así como facilitar también estos videos a imputados o sus defensas, generalmente cuando requieren verificar tiempos o condiciones presentadas durante una detención y puesta disposición por delito flagrante.

Asimismo, forma parte de un ejercicio de transparencia y asegura que la información se compila de manera oportuna y actualizada periódicamente.

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El Sistema de actividades registró 813 acciones coordinadas por el Despacho del Procurador, de las cuales 448 fueron virtuales, 363 presenciales y 2 mixtas.

Asimismo, se efectuaron 337 reuniones de trabajo, 138 actividades de difusión, 66 eventos especiales y 8 audiencias de las áreas de la Procuraduría.

Para operar el Sistema Centenario realizamos mantenimiento a la red de telecomunicaciones en las 33 agencias del Ministerio Público que conforman los 17 distritos judiciales y en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado, habilitamos la red de comunicación para que el inmueble que alberga a la hoy Subprocuraduría de delitos de género, desaparición de personas e impacto social, esté interconectado con las agencias del Ministerio Público.

Mediante el desarrollo del S istema I nformático

de

T urnos se registran

los oficios creados por el despacho que son asignados a las diferentes áreas de la Procuraduría con el fin de automatizar este proceso y llevar un control digital de los mismos.

Además, se actualizaron y agregaron nuevos módulos de operación a sistemas desarrollados por la institución, como el Sistema I ntegral de Actividades , el cual integra información de actividades relevantes, así como sus estadísticas; el S istema de C ontrol del P arque V ehicular , que automatiza el control, resguardo y órdenes de servicio para mantenimiento de las unidades oficiales; y el

Sistema de recursos financieros, para llevar el control del gasto operativo

de las 24 unidades presupuestales de esta institución.

Derivado de la pandemia por la COVID-19, se integraron dos plataformas en internet, la primera es el S istema de la expedición de constancias de

de agenda de citas para el trámite

N o antecedentes penales , para evitar

la aglomeración de usuarios; y la segunda, el S istema de agenda de citas para el trámite de

C onstancia de vehículo no robado , con fin de controlar

la asistencia de los usuarios y así evitar contagios.

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P olítica Financiera En el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico Oficial, fueron autorizados para la Procuraduría 750 millones 751 mil 630 pesos, de los cuales 671 millones 420 mil 236 pesos corresponden a servicios personales (Capítulo 1000), que representan el 89.5%; 41 millones 686 mil 702 pesos a materiales y suministros (Capítulo 2000), que equivalen al 5.5%; y 37 millones 644 mil 692 pesos a servicios generales (Capítulo 3000), que significan el 5%.

Referente al gasto de operación, se tiene una proyección en su modificación por $81,478,713.14 pesos, esto es 24% menos que en 2020, cuyo presupuesto fue de $107,311,613.00 pesos.

A la fecha de entrega del presente informe, se han liberado $78,193,089.14 pesos, debido a la situación económica nacional y estatal ocasionada principalmente por los efectos negativos de la pandemia, la Secretaría de Finanzas Públicas ha realizado recortes presupuestales en diversas partidas por

2 millones

945 mil 361 pesos y 35 centavos, lo que ha impactado en conceptos relevantes para la operación como los combustibles, mantenimientos de vehículos e inmuebles, así como viáticos en el país.

El presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en Hidalgo (FASPH) entre 2018 y 2019 pasó de $57,926,788 a $59,794,043 pesos, lo que representó un incremento del 3.2 por ciento; entre 2019 y 2020 aumentó en un 39.4 por ciento, dando un total de $83,366,851 pesos . Es de resaltar que del año 2020 al 2021 el presupuesto se mantuvo igual.

El presupuesto se distribuye en: • Cursos de capacitación para la policía de investigación, peritos, agentes del Ministerio Público en formación inicial y continúa, impartidos por el Instituto de Formación Profesional, por un monto de $5,427,000.00 pesos.

• Vehículos, geolocalizaciones, software, uniformes, arietes y binoculares para la Dirección General de la Policía Investigadora y la Subprocuraduría de Derechos Humanos, por $7,088,753.20 pesos.

• Geolocalizaciones, vehículo, computadora portátil, sirenas y estrobos para la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro por un monto de $3,624,724.65 pesos.

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• Geolocalizaciones, kit de criminalística, mobiliario y equipo, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, bienes informáticos, cámaras fotográficas para búsqueda de personas, asignados a la Subprocuraduría de Derechos Humanos con un costo de $3,133,314.96 pesos.

• Honorarios, software, pantallas y sillas para mesa de juntas de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica por $10,405,886.42 pesos.

• Adquisición de materiales, accesorios y suministros de laboratorio, otros productos químicos, prendas de protección personal, instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio; equipo médico y de laboratorio para la Dirección General de Servicios Periciales por un monto de $37,077,986.81 pesos.

• Workstation, software y geolocalizaciones para la Unidad Cibernética de Análisis de Información, que tuvo un costo de $1,366,011.00 pesos; • Servicios de internet, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, computadora de escritorio, servidor de cómputo, swicth, unidad de protección y respaldo de energía (UPS) multifuncional para la Dirección de Informática, Estadística y Telecomunicaciones por $15,243,174.84 pesos.

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P olítica de Infraestructura A través de la firma de convenio con la O ficina C oordinadora de R iesgos A segurados (OCRA), se destinó a favor de la Procuraduría el terreno para la construcción de la Unidad de Recuperación de Vehículos, con una superficie de 17,964.23 metros cuadrados. Este proyecto busca almacenar y dictaminar pericialmente vehículos que fueron puestos a disposición de la

Procuraduría

por tener reporte de robo del estado o de cualquier otra entidad federativa y que son recuperados para su respectiva devolución

de acuerdo con la autorización

ministerial al legítimo propietario o representante legal de la unidad.

En los últimos tres años, en superficie pasamos de 35,396 a 103,568 metros cuadrados, un incremento del 193 por ciento; y en construcción transitamos de 29,495 a 52,160 metros cuadrados, un crecimiento del 77 por ciento.

En este periodo pasamos de 85,604 metros cuadrados de superficie a 103,568, un incremento del 21 por ciento debido a la donación de los 17,964.23 metros cuadrados de terreno para la construcción de la U nidad de R ecuperación de

Vehículos.

En enero de 2021 entró en operación el C entro de I xmiquilpan en el que operan la

de

S ervicios I ntegrales

A gencia del Ministerio Público, S ervicios

P ericiales y P olicía de I nvestigación, el cual tiene 1,150 metros cuadrados

53 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

de construcción y

1,312 metros cuadrados de superficie, cuya finalidad es ahorrar

traslados a la población de este distrito, ya que anteriormente existían tres inmuebles en distintos puntos del municipio a los que los usuarios debían trasladarse para dar seguimiento a los servicios de procuración de justicia.

Fortalecimos y modernizamos las

bodegas de indicios

en los Centros

de Servicios Integrales (CESI) de: Pachuca de Soto, Tulancingo de Bravo y Tula de Allende. Pasamos de tener almacenes sin control y saturados a implementar espacios que aseguran el resguardo de 12,504 objetos, estos van desde valores económicos, herramientas, electrodomésticos, armas de fuego, punzocortantes, hisopos, documentos, muestras óseas, muebles, unidades de almacenamiento, aparatos de telecomunicaciones, placas vehiculares, llantas e información dactiloscópica que son esenciales en la investigación de los delitos. Hasta el momento hay una capacidad para 35,700.

Además, en las bodegas de indicios establecimos dos cámaras frigoríficas para almacenamiento de indicios: una en el Centro de S ervicios I ntegrales Pachuca y, la otra, en Tula, con una inversión de $949,709.71, que se suman a la existente en el CESI de Tulancingo.

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Dimos de baja 2,034 bienes muebles que ya no tenían condiciones de uso y llevaban años sin recibir el mantenimiento respectivo o bien, habían agotado su vida útil e incluso generaban condiciones de riesgo para el personal, otros bienes o los archivos de la institución. Esto también nos permitió liberar espacios esenciales en los almacenes de la Procuraduría y obtener una mejor distribución y ordenamiento de las áreas para un conveniente desarrollo de actividades.

Proporcionamos 766 bienes muebles para el equipamiento del nuevo Centro de Servicios Integrales (CESI) en Tulancingo de Bravo, que benefició a 106 servidoras y servidores públicos en el desarrollo de sus funciones y brindar mejores condiciones a la población usuaria.

De igual manera, entregamos 1,145 bienes muebles para el nuevo CESI en Pachuca de Soto, el cual es ocupado por 169 funcionarias y funcionarios y constituye la sede de la Procuraduría con mayor flujo de personas usuarias y mayor inicio de carpetas de investigación.

Con el apoyo del Gobernador Omar Fayad Meneses, se integraron 140 vehículos patrulla al parque vehicular asignado a la Procuraduría para personal operativo de las subprocuradurías, fiscalías, Policía Investigadora y Servicios Periciales y con ello, se facilitan las acciones de investigación y persecución del delito.

Todavía es necesaria una amplia renovación del parque vehicular, ya que es una herramienta fundamental para lograr la intervención de servicios periciales en lugares donde sucede un hecho delictivo y se debe realizar el procesamiento de indicios, cumplimiento de órdenes de aprehensión y realización de actos de investigación por parte de la policía investigadora,

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comparecencia en audiencias en las diferentes sedes del poder judicial en el estado por parte de agentes del Ministerio Público, así como todo tipo de notificaciones para personas testigos, imputadas, víctimas, defensas, asesores jurídicos y todas las autoridades a quienes se les requiere información o actuaciones como parte de la integración de las investigaciones en la Procuraduría, además de todas las actividades que requieren desahogar las áreas auxiliares como justicia restaurativa, administración, asuntos jurídicos, entre otras. La asignación de estos vehículos se desarrolló de la siguiente manera: • 65 para la Dirección General de la Policía Investigadora.

• 29 para la Dirección General de Servicios Periciales.

• 46 para las Subprocuradurías, Fiscalías y Direcciones Generales.

Por primera vez y para propiciar la conservación y mantenimiento de estas unidades, que su utilidad se prolongue el mayor tiempo posible, las y los servidores públicos resguardantes de estos vehículos suscribieron al momento de su recepción el compromiso de cumplir con las siguientes obligaciones y prohibiciones que tienen por objeto regular el uso y cuidado de los vehículos oficiales: I. OBLIGACIONES GENERALES 1. Al momento de la entrega, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la persona resguardante harán la revisión del vehículo y asentarán las condiciones en las que se entregó;

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2. Los vehículos son exclusivamente para actividades oficiales; y 3. Reportar de inmediato el robo total o parcial, asalto o accidente automovilístico, a la compañía de seguro contratada y a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; II. OBLIGACIONES DE LA PERSONA RESGUARDANTE 1. Contar con licencia vigente para conducir y proporcionar copia a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. De lo contrario y si sucediera algún percance, pagará la totalidad de la infracción y/o total de daños ocasionados al vehículo; 2. Pagar las multas que se generen por no respetar las normas de tránsito; 3. Reportar cada 10,000 kilómetros de recorrido a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para su oportuno mantenimiento.

4. Pagar los gastos derivados de averías o daños, ocasionados por no cumplir la obligación anterior; 5. Pagar la multa y regresar la documentación al vehículo, tratándose de placas o tarjetas de circulación retenidas por autoridad, en un tiempo máximo de una semana; 6. Pagar los gastos totales que se deriven en caso de accidentes sin justificación oficial, por actos particulares; 7. Pagar los deterioros detectados por el uso indebido, que se ubiquen al hacer la revisión de entrega del resguardo; 8. Para el suministro de combustible es su responsabilidad asistir personalmente los días y horas establecidos por la Dirección de Control y Validación. Deberá firmar un ticket expedido por la gasolinera, en el cual registrará su nombre completo, la placa y el kilometraje. De no asistir a la hora y fecha establecida sin previo aviso y autorización o causa justificada, se tendrá que realizar la carga hasta la siguiente semana; 9. Dar aviso a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales cuando esté próxima la fecha en que deba realizarse la verificación ambiental del vehículo y entregarlo para que sea llevado al trámite correspondiente.

En caso de no hacerlo la multa por verificación correrá a cargo de esta;

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10. Firmar la bitácora elaborada por la Dirección de Control y Validación, respecto del kilometraje recorrido junto con el consumo de combustible; y 11. Mantener limpio el vehículo en su exterior e interior; III. PROHIBICIONES 1. Manejar cualquier vehículo oficial sin licencia de conducir vigente; 2. Fumar, comer y/o ingerir bebidas alcohólicas dentro del vehículo; 3. Manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas o estupefacientes. En caso de presentarse dicha situación, se levantará un acta administrativa, se integrará en el expediente del personal y en su caso se remitirá por oficio al Órgano Interno de Control; 4. Prestar o permitir que el vehículo sea conducido por personas ajenas a la institución; 5. Efectuar cualquier alteración o modificación estética, mecánica al vehículo y/o a los equipos tecnológicos incorporados; y 6. Hacer uso indebido del vehículo durante la jornada laboral o fuera de ella.

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Prospectiva de trabajo Como es un hecho público, el pleno de la anterior legislatura aprobó la reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo que establece la figura de la Fiscalía General de Justicia como un órgano constitucional autónomo. El cumplimiento de esta reforma constitucional una vez que la misma sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, requerirá un amplio proceso de transformación institucional que permita lograr esa migración de Procuraduría a Fiscalía.

Este proceso debe contemplar primero que el personal de la Procuraduría está contratado laboralmente por el Gobierno del Estado, de manera que se debe realizar un estudio para resolver la situación de las y los servidores públicos que actualmente laboran en la Procuraduría, considerando que por la naturaleza de las funciones del Ministerio Público no pueden dejar de prestar sus servicios y cumplir con las obligaciones constitucionales de investigación y persecución del delito, y por otro lado, prever los costos y necesidades que implica constituirse como persona moral con obligaciones patronales, fiscales y de seguridad social, administración de nómina y todo lo que jurídicamente deriva de la administración del personal.

En segundo lugar, resolver la situación de los bienes muebles e inmuebles, sistemas, entre otros, que son propiedad o están arrendados por el gobierno del Estado y que requiere el Ministerio Público para el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de las obligaciones constitucionales, esto junto con los costos y trámites jurídicos que se requieren para regularizar dicha situación.

Deberán establecerse las fases en la transición para su desarrollo,

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implementación y mejora de los servicios a cargo del Ministerio Púbico, que es parte de la intención legislativa que motivó la reforma constitucional en mención.

Se requiere llevar a cabo la elaboración de diagnósticos, análisis de indicadores, estadísticas y la estimación de recursos financieros, avalúos de inventarios de bienes muebles e inmuebles, análisis de recursos humanos, así como la generación del Plan Estratégico de Transición y Plan de Persecución Penal.

También se diseñarán los lineamientos de la transición con la persecución penal estratégica, el Modelo de Investigación Criminal y la certificación, reclutamiento, profesionalización y separación del personal.

Se instaurarán y fortalecerán áreas administrativas que actualmente no existen en la Procuraduría para dar soporte a las estrategias y acciones de la transición en áreas sustantivas.

Se deberá proponer el presupuesto de los recursos necesarios para implementar los cambios organizacionales y de personal requerido, para asegurar la continuidad de la procuración de justicia.

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S ituación actual previo a la transición a Fiscalía Personal En cuanto al personal se cuenta con una plantilla de 2,227 personas, de las cuales 1,053 son mujeres, que representan el 47 %, y 1,174 hombres que son el 53 %.

De acuerdo al tipo de plazas contamos con 53 sindicalizadas y 2,174 de confianza.

Conforme al tipo de puesto y personal especializado se cuenta con 357 agentes del Ministerio público investigador, 451 agentes del Ministerio Público auxiliar y 56 facilitadores.

En cuanto a los agentes de Policía Investigadora se tiene una plantilla de 424 elementos, 41 comandantes y 41 jefes de grupo. Asimismo, se dispone de 268 peritos y 589 personas que conforman el personal directivo y administrativo.

El factor humano de la hoy Procuraduría es su principal activo, las investigaciones y los servicios que presta la institución del Ministerio Público, se resuelven directa o indirectamente por las y los servidores públicos. Por ello, es una prioridad analizar los esquemas de contratación laboral que resulten idóneos para migrar a Fiscalía, sin menoscabar los derechos laborales que hoy tienen las personas.

Infraestructura Actualmente los servicios de procuración de justicia disponen una superficie total en terreno de 103,568 metros cuadrados y una superficie de construcción en instalaciones por 52,160 metros cuadrados.

Contamos con 48 edificios, 16 son de propiedad de Gobierno del Estado y 32 son rentados. En Pachuca de Soto se tienen 19 inmuebles y en otros municipios un total de 29.

El segundo momento de la planeación para la transición es resolver la situación jurídica de los espacios en los cuales actualmente prestamos los servicios a la población y prever los costos que dicha regularización significará.

Equipamiento y Mobiliario Se dispone de un parque vehicular de 500 vehículos, de ellos, 360 son propios

61 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

y 140 unidades son arrendadas.

En cuanto a mobiliario de oficina en las que se incluyen escritorios, sillas, sillones, anaqueles y archiveros, se tiene un total 12,578 unidades.

En síntesis, de lo anterior, el primer paso es identificar los recursos humanos, la infraestructura, mobiliario y equipos con los que cuenta la actual Procuraduría, ya que servirán de base para identificar los requerimientos de inversión para la futura Fiscalía.

Esto, es lo primero que se necesita para consolidar la autonomía constitucional y paralelamente lograr que la Fiscalía pueda arrancar con la menor cantidad de problemas derivados de años anteriores como dar conclusión a la mayoría de las investigaciones del sistema tradicional y disminuir o abatir el rezago de las investigaciones iniciadas en el sistema de justicia penal acusatorio.

Es indispensable la asignación y contratación de expertos para revisar los esquemas de carga de trabajo, ajustar la organización, los procedimientos, entre otros, de acuerdo con las necesidades de la Fiscalía.

Para ello, consideramos indispensable el diseño y ejecución de un programa para el abatimiento del rezago de averiguaciones previas y carpetas de investigación para que las subprocuradurías, fiscalías y unidades especializadas concluyan, ordenadamente y conforme a derecho, los asuntos que se encuentran bajo el anterior sistema penal entre 2000 y 2021, y resolver las carpetas que se encuentran rezagadas en el sistema vigente de 2014 a la fecha.

Para lograrlo es fundamental contar con un mayor número de agentes del Ministerio Público, policías de investigación y capturistas eventuales, que conllevará a la reducción de la carga de trabajo actual, habrá una mejor asignación de labores y toma de decisiones, agilizará el tiempo de los procesos, contaremos con personal más capacitado; así como de infraestructura para la creación de nuevas unidades y áreas.

A 100 años de historia del Ministerio Público en Hidalgo, estamos frente a la oportunidad de lograr una inversión estratégica del presupuesto, y la voluntad política de quienes lo asignan puede garantizar el acceso a la justicia para la población y ayudar en la construcción de una Fiscalía que cumpla con las expectativas y necesidades de la población que requiere sus servicios.

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D esarrollo digital La pandemia nos demostró que las instituciones no estamos preparadas para la operación y prestación de servicios públicos mediante medios digitales.

Hoy el Ministerio Público necesita transitar a esquemas digitales que den mayor accesibilidad a la justicia. Se requiere en esta transformación crear más y nuevos sistemas innovadores.

P resupuesto De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (INEGI) 2021, durante el 2020 Hidalgo ejerció 111 millones de pesos para el ejercicio de sus funciones, por lo cual ocupa el último lugar nacional ya que es la entidad que empleó menos recursos en procuración de justicia. Por el contrario, la Ciudad de México fue la entidad que más recursos ejerció, con un presupuesto de 7,116 millones de pesos.

México Evalúa, que es un centro de análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental a nivel federal, estatal y local, en su publicación Hallazgos 2020 se puede observar que H idalgo ocupa el lugar 23 en la distribución y asignación de recursos por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional .

En esta misma publicación, Hidalgo ha escalado 9 posiciones en 4 años en el ranking para la consolidación del sistema de Justicia penal.

63 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Al no recibir los fondos necesarios para el sistema de justicia procesal penal no se atienden necesidades de la Procuraduría, ni facilitan la consecución de los objetivos y profundizan las asimetrías institucionales.

La Procuraduría cuenta con peritas y peritos, así como con ministerios públicos, policías de investigación y personal administrativo que como trabajadores tienen derecho a una adecuada remuneración y prestaciones que les permitan satisfacer sus necesidades de sustento y vivienda.

Nuestro personal desempeña funciones indispensables para el servicio que presta el Ministerio Público a la población, y cuenta con una importante carga de trabajo debido a la incidencia delictiva que se denuncia ante esta institución y, como parte de nuestras obligaciones constitucionales, debemos garantizar el acceso a la justicia en favor de las víctimas, ofendidos, imputados y demás posibles intervinientes en una investigación.

La falta de recursos impacta negativamente en la capacidad de operación institucional. En consecuencia, genera una serie de problemas en los servicios disponibles y, con ello, hacia las personas para quienes el acceso a la justicia es una promesa incumplida.

Las plazas administrativas no han tenido crecimiento en 6 años, cuando son necesarias para cubrir un déficit de personal y responder a necesidades primordiales en procuración de justicia.

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Anexo acciones Covid-19 Al 16 de noviembre se han diagnosticado con COVID-19 a 657 trabajadoras y trabajadores de la Procuraduría y se han realizado 1,445 pruebas al personal.

Asimismo, se registraron 15 lamentables decesos por esta enfermedad y 18 casos de recontagio.

Durante la etapa crítica de la pandemia, se redujo al 70 por ciento la presencia de personal en las instalaciones que conforman a la Procuraduría.

Se han distribuido 2,948 litros de gel antibacterial, 51,920 pares de guantes y 43,118 cubre bocas, también se aplicaron 6,040.5 litros de bactericida, se entregaron 1,191 caretas protectoras y 103 termómetros. (Insumos en su mayoría proporcionados por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

El gasto adicional en material utilizado durante la contingencia ha sido de $531,868.21 pesos.

65 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Se llevó a cabo la desinfección patógena en el edificio central, así como en áreas comunes de las sedes de Pachuca (14,086.13 metros cuadrados sanitizados).

De manera continua, se realiza limpieza y sanitización de nuestras instalaciones.

En seguimiento a las medidas para la mitigación y contención de la COVID-19, desde el 17 de marzo se han entregado de manera diaria reportes a la Oficialía Mayor, a la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública y a la Unidad de Planeación y Prospectiva con las actividades que se han realizado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, que suman 473 reportes.

A partir del 4 de mayo se han generado reportes fotográficos diarios del uso de cubrebocas institucional, y que son dirigidos a la Unidad de Planeación y Prospectiva, los cuales suman un total de 425.

Desde el 18 de mayo se han elaborado reportes semanales del Porcentaje de cumplimiento a los planes de trabajo en casa por la Contingencia sanitaria por COVID-19, y que son dirigidos a la Unidad de Planeación y Prospectiva y al Órgano Interno de Control en la Procuraduría. Contiene indicadores semanales, de los cuales el promedio semanal de cumplimiento es de 96.44 por ciento de las actividades planeadas.

Este es el resumen de resultados, acciones, problemáticas y perspectivas de la Procuraduría, de cara al siguiente ejercicio fiscal 2022, considerando la reforma constitucional en puerta y otros factores que se han logrado identificar a la fecha del presente y que se informan al Congreso del Estado de Hidalgo para su respectiva valoración y especialmente para solicitar su apoyo en aquellos rubros que pueden ayudarnos a mejorar la atención a la población que acude ante el Ministerio Público, en respeto a sus derechos humanos como personas víctimas, imputadas, defensas, asesores jurídicos, terceros interesados, y en general cualquier persona que solicita una atención digna ante un problema.

66 / QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Procuraduría General de Justicia