PROSPECTIVA DE TRABAJO

Como es un hecho público, el pleno de la anterior legislatura aprobó la reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo que establece la figura de la Fiscalía General de Justicia como un órgano constitucional autónomo. El cumplimiento de esta reforma constitucional una vez que la misma sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, requerirá un amplio proceso de transformación institucional que permita lograr esa migración de Procuraduría a Fiscalía.

Este proceso debe contemplar primero que el personal de la Procuraduría está contratado laboralmente por el Gobierno del Estado, de manera que se debe realizar un estudio para resolver la situación de las y los servidores públicos que actualmente laboran en la Procuraduría, considerando que por la naturaleza de las funciones del Ministerio Público no pueden dejar de prestar sus servicios y cumplir con las obligaciones constitucionales de investigación y persecución del delito, y por otro lado, prever los costos y necesidades que implica constituirse como persona moral con obligaciones patronales, fiscales y de seguridad social, administración de nómina y todo lo que jurídicamente deriva de la administración del personal.

En segundo lugar, resolver la situación de los bienes muebles e inmuebles, sistemas, entre otros, que son propiedad o están arrendados por el gobierno del Estado y que requiere el Ministerio Público para el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de las obligaciones constitucionales, esto junto con los costos y trámites jurídicos que se requieren para regularizar dicha situación.

Deberán establecerse las fases en la transición para su desarrollo,

implementación y mejora de los servicios a cargo del Ministerio Púbico, que es parte de la intención legislativa que motivó la reforma constitucional en mención.

Se requiere llevar a cabo la elaboración de diagnósticos, análisis de indicadores, estadísticas y la estimación de recursos financieros, avalúos de inventarios de bienes muebles e inmuebles, análisis de recursos humanos, así como la generación del Plan Estratégico de Transición y Plan de Persecución Penal.

También se diseñarán los lineamientos de la transición con la persecución penal estratégica, el Modelo de Investigación Criminal y la certificación, reclutamiento, profesionalización y separación del personal.

Se instaurarán y fortalecerán áreas administrativas que actualmente no existen en la Procuraduría para dar soporte a las estrategias y acciones de la transición en áreas sustantivas.

Se deberá proponer el presupuesto de los recursos necesarios para implementar los cambios organizacionales y de personal requerido, para asegurar la continuidad de la procuración de justicia.

Personal

En cuanto al personal se cuenta con una plantilla de 2,227 personas, de las cuales 1,053 son mujeres, que representan el 47 %, y 1,174 hombres que son el 53 %.

De acuerdo al tipo de plazas contamos con 53 sindicalizadas y 2,174 de confianza.

Conforme al tipo de puesto y personal especializado se cuenta con 357 agentes del Ministerio público investigador, 451 agentes del Ministerio Público auxiliar y 56 facilitadores.

En cuanto a los agentes de Policía Investigadora se tiene una plantilla de 424 elementos, 41 comandantes y 41 jefes de grupo. Asimismo, se dispone de 268 peritos y 589 personas que conforman el personal directivo y administrativo.

El factor humano de la hoy Procuraduría es su principal activo, las investigaciones y los servicios que presta la institución del Ministerio Público, se resuelven directa o indirectamente por las y los servidores públicos. Por ello, es una prioridad analizar los esquemas de contratación laboral que resulten idóneos para migrar a Fiscalía, sin menoscabar los derechos laborales que hoy tienen las personas.

Infraestructura

Actualmente los servicios de procuración de justicia disponen una superficie total en terreno de 103,568 metros cuadrados y una superficie de construcción en instalaciones por 52,160 metros cuadrados.

Contamos con 48 edificios, 16 son de propiedad de Gobierno del Estado y 32 son rentados. En Pachuca de Soto se tienen 19 inmuebles y en otros municipios un total de 29.

El segundo momento de la planeación para la transición es resolver la situación jurídica de los espacios en los cuales actualmente prestamos los servicios a la población y prever los costos que dicha regularización significará.

Equipamiento y Mobiliario

Se dispone de un parque vehicular de 500 vehículos, de ellos, 360 son propios

En cuanto a mobiliario de oficina en las que se incluyen escritorios, sillas, sillones, anaqueles y archiveros, se tiene un total 12,578 unidades.

En síntesis, de lo anterior, el primer paso es identificar los recursos humanos, la infraestructura, mobiliario y equipos con los que cuenta la actual Procuraduría, ya que servirán de base para identificar los requerimientos de inversión para la futura Fiscalía.

Esto, es lo primero que se necesita para consolidar la autonomía constitucional y paralelamente lograr que la Fiscalía pueda arrancar con la menor cantidad de problemas derivados de años anteriores como dar conclusión a la mayoría de las investigaciones del sistema tradicional y disminuir o abatir el rezago de las investigaciones iniciadas en el sistema de justicia penal acusatorio.

Es indispensable la asignación y contratación de expertos para revisar los esquemas de carga de trabajo, ajustar la organización, los procedimientos, entre otros, de acuerdo con las necesidades de la Fiscalía.

Para ello, consideramos indispensable el diseño y ejecución de un programa para el abatimiento del rezago de averiguaciones previas y carpetas de investigación para que las subprocuradurías, fiscalías y unidades especializadas concluyan, ordenadamente y conforme a derecho, los asuntos que se encuentran bajo el anterior sistema penal entre 2000 y 2021, y resolver las carpetas que se encuentran rezagadas en el sistema vigente de 2014 a la fecha.

Para lograrlo es fundamental contar con un mayor número de agentes del Ministerio Público, policías de investigación y capturistas eventuales, que conllevará a la reducción de la carga de trabajo actual, habrá una mejor asignación de labores y toma de decisiones, agilizará el tiempo de los procesos, contaremos con personal más capacitado; así como de infraestructura para la creación de nuevas unidades y áreas.

A 100 años de historia del Ministerio Público en Hidalgo, estamos frente a la oportunidad de lograr una inversión estratégica del presupuesto, y la voluntad política de quienes lo asignan puede garantizar el acceso a la justicia para la población y ayudar en la construcción de una Fiscalía que cumpla con las expectativas y necesidades de la población que requiere sus servicios.

La pandemia nos demostró que las instituciones no estamos preparadas para la operación y prestación de servicios públicos mediante medios digitales. Hoy el Ministerio Público necesita transitar a esquemas digitales que den mayor accesibilidad a la justicia. Se requiere en esta transformación crear más y nuevos sistemas innovadores.

PREsUPUEsTO

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (INEGI) 2021, durante el 2020 HIDalGO ejerció 111 millones de pesos para el ejercicio de sus funciones, por lo cual oCUPa El úlTIMO lUGaR NaCIONal ya que es la entidad que empleó menos recursos en procuración de justicia. Por el contrario, la Ciudad de México fue la entidad que más recursos ejerció, con un presupuesto de 7,116 millones de pesos.

México Evalúa, que es un centro de análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental a nivel federal, estatal y local, en su publicación Hallazgos 2020 se puede observar que HIDalGO ocupa el lUGaR 23 en la distribución y asignación de recursos por cada 100 mil

habitantes, por DEBajO DE la MEDIa NaCIONal.

En esta misma publicación, Hidalgo ha escalado 9 posiciones en 4 años en el ranking para la consolidación del sistema de Justicia penal.

Al no recibir los fondos necesarios para el sistema de justicia procesal penal no se atienden necesidades de la Procuraduría, ni facilitan la consecución de los objetivos y profundizan las asimetrías institucionales.

La Procuraduría cuenta con peritas y peritos, así como con ministerios públicos, policías de investigación y personal administrativo que como trabajadores tienen derecho a una adecuada remuneración y prestaciones que les permitan satisfacer sus necesidades de sustento y vivienda.

Nuestro personal desempeña funciones indispensables para el servicio que presta el Ministerio Público a la población, y cuenta con una importante carga de trabajo debido a la incidencia delictiva que se denuncia ante esta institución y, como parte de nuestras obligaciones constitucionales, debemos garantizar el acceso a la justicia en favor de las víctimas, ofendidos, imputados y demás posibles intervinientes en una investigación.

La falta de recursos impacta negativamente en la capacidad de operación institucional. En consecuencia, genera una serie de problemas en los servicios disponibles y, con ello, hacia las personas para quienes el acceso a la justicia es una promesa incumplida.

Las plazas administrativas no han tenido crecimiento en 6 años, cuando son necesarias para cubrir un déficit de personal y responder a necesidades primordiales en procuración de justicia.