Derecho en corto
para promover una cultura de la legalidad
Contenido
Sergio Santiago Núñez
Galindo
EL PARO DE LABORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SUS EFECTOS PARA LOS CIUDADANOS
Yurisha Andrade Morales
EL TRIBUNAL ELECTORAL SE TRANSFORMA: CLAVES DE LA NUEVA REFORMA JUDICIAL MEXICANA.
Presentamos Derecho en corto. Suplemento de divulgación jurídca y social, una colaboración para Líderes Generando Líderes. Nuestro objetivo es proporcionar un espacio donde temas jurídicos y sociales complejos se traduzcan en información accesible y relevante para el público en general, fomentando así una cultura de la legalidad.
En esta edición inaugural, abordamos el cambio estructural del Poder Judicial en México que introduce la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Nuestros colaboradores ofrecen perspectivas diversas sobre esta transformación, reconociendo sus expectativas y preocupaciones.
En Derecho en corto nos comprometemos a presentar estas perspectivas de manera equilibrada y accesible. Y creemos que la divulgación de los asuntos que impactan a la sociedad es fundamental para fortalecer prácticas cívicas y valores ciudadanos.
Por ello, este suplemento busca promover un diálogo informado e invita a los lectores a explorar estos contenidos con mente abierta y espíritu crítico, para contribuir a la construcción de una comunidad más justa, responsable y participativa.
EDITOR ADJUNTO ALEJANDRO ORTIZ | OMAR CALDERÓN COORDINACIÓN EDITORIAL LUIS FELIPE JACINTO HERNÁNDEZ DISEÑO EDITORIAL
MARIA CARMEN GARIBAY GODÍNEZ RELACIONES PÚBLICAS ÓSCAR ASCENCIO REDACCIÓN
CÉSAR DARÍO ASCENCIO SILVESTRE CORRECCIÓN DE ESTILO Y ORTOGRAFIA
JESSICA GUADALUPE CHÂVEZ FLORES | BENJAMÍN BEDOLLA Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores. Sugerencias y comentarios: mmedina.derecho.en.corto@gmail.com http://lideresgenerandolideres.com
Consejo Editorial Consultivo
Dr. Rafael Liviano González Rector del Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán.
Dra. Martha Ochoa León Coordinadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Dr. Federico González Santoyo Presidente de la Ilustre Academia Iberoamericana de Doctores, A.C.
Dr. Víctor Antonio Acevedo Valerio Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, A.C.
REFORMA AL PODER JUDICIAL, APUESTA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA EN MÉXICO.
Eunice Arias Arias
REESTRUCTURACIÓN DEL PODER JUDICIAL EN MÉXICO: UN PASO A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
Miguel Pérez Pompa LA REFORMA (CASI) IMPARABLE.
Diana Berenice Jiménez Alanís
LOS RETOS DE LA REFORMA JUDICIAL: UNA MIRADA MÁS ALLÁ DE LA CONTROVESIA
Pedro Alberto Carreón Ramos
LA CNDH: ENTRE LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD Y LA ELECCIÓN QUE SE APROXIMA.
Martha
Camarena Reyes
LA REFORMA AL PODER JUDICIAL EN MÉXICO: UN CAMBIO TRASCENDETAL EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO.
Dr. Alfredo Raya Montaño Presidente de la Academia Michoacana de Ciencias, A.C.
Dr. Rodrigo Ochoa Figueroa, Titular del Despacho Jurídico Ochoa Figueroa y Asociados Abogados Consultores.
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Jorge Osnaya González
Mtro. Juan Carlos Velasco Procell Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
El paro de labores del Poder Judicial de la Federación y sus efectos para los ciudadanos
El reciente paro de trabajos en el Poder Judicial Federal ha generado un impacto significativo en la impartición de justicia en México. Aunque la legitimidad del movimiento no es cuestionada, pues responde a preocupaciones sobre la reforma judicial que afecta su autonomía, es necesario reflexionar sobre su efectividad como mecanismo de resistencia. Las consecuencias de esta suspensión de actividades son particularmente graves para los ciudadanos que buscan resolución a sus conflictos legales.
Los procesos judiciales, sean penales, civiles o administrativos, se han visto retrasados de manera considerable. Esta situación no solo genera incertidumbre, sino que también vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia.
La suspensión de audiencias y trámites urgentes, como amparos o cautelares, afecta especialmente a personas en situaciones de alta vulnerabilidad, dejándolas en un estado de indefensión preocupante. Aunque el paro es una manifestación legítima, su eficacia para contrarrestar la reforma judicial es cuestionable. El costo social y el desgaste de los derechos ciudadanos deben ser la prioridad para el Poder Judicial. Es imperativo buscar alternativas que permitan continuar la lucha por los derechos de los trabajadores judiciales sin afectar a terceros. La reforma judicial, tema que será abordado en futuras discusiones, parece ser prácticamente imparable. En este contexto, el paro de los trabajadores judiciales federales solo está generando un retraso adicional en un sistema de justicia ya de por sí sobrecargado. Esta acción, además de afectar negativamente la percepción pública de los jueces federales, ha resultado en la paralización de miles de trámites de amparo, lo que se traduce en personas detenidas, propiedades en riesgo y sentencias potencialmente injustas sin posibilidad de ser impugnadas.
Si bien la reforma aprobada puede no ser la solución ideal para el sistema judicial mexicano, el paro actual parece estar exacerbando el descontento público y haciendo poco por mejorar la imagen, a menudo malinterpretada y desconocida, del Poder Judicial de la Federación. Se ha perdido una oportunidad valiosa de educar a la ciudadanía sobre la importancia de contar con jueces independientes, una tarea que debe haber sido iniciada hace años y que ahora se intenta realizar de manera apresurada en cuestión de semanas.
Así, mientras se buscan soluciones a largo plazo para fortalecer la independencia judicial, es crucial encontrar métodos de protesta que no comprometan el acceso a la justicia de los ciudadanos. El diálogo constructivo y la educación pública sobre el papel del Poder Judicial en una democracia sana podrían ser estrategias más efectivas para abordar las preocupaciones actuales sin sacrificar los derechos de quienes más necesitan la protección del sistema judicial.
DIARIO LIBRE, CD. MÉXICO, AGOSTO 2024
El Tribunal Electoral se transforma: Claves de la nueva reforma judicial mexicana
La reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación marca un hecho relevante en la historia jurídica de México. Impulsada por el gobierno y sus aliados tras las elecciones del 2 de junio, esta transformación fue oficializada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. El Instituto Nacional Electoral, en respuesta, emitió un acuerdo el 23 de septiembre para iniciar la preparación de las elecciones judiciales,
seguido por reformas a leyes secundarias y una convocatoria del Senado el 15 de octubre, estableciendo los primeros cargos a elegir en el proceso electoral. extraordinario del 1º de junio de 2025.
El cambio más significativo introducido por esta reforma es la elección popular de jueces, magistrados y ministros, que se llevará a cabo cada tres años, coincidiendo con las elecciones federales. La convocatoria específica que se elegirán una magistrada y un magistrado para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que el mandato de las magistraturas actuales se ampliará hasta 2027. Además, se seleccionarán diez magistradas y cinco magistrados para las salas regionales del Tribunal.
Las modificaciones constitucionales y legales establecen nuevas condiciones para las magistraturas del TEPJF. Sus remuneraciones no podrán superar la del titular del Ejecutivo federal, y su mandato durará seis años. La presidencia del Tribunal será rotativa cada dos años, iniciando con la persona que obtenga la mayor cantidad de votos.
La administración del Tribunal será responsabilidad de un nuevo órgano que gestionará todo el Poder Judicial, mientras que las posibles infracciones serán tratadas por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
En el ámbito jurisdiccional, las reformas amplían la competencia del Tribunal para atender impugnaciones durante el proceso judicial electoral, extendiendo el alcance de los recursos y juicios previstos en la legislación. Estas modificaciones, sin precedentes en México y con pocos referentes internacionales, representan un cambio radical en el sistema de justicia electoral. Sus efectos en la democracia mexicana y en el funcionamiento del sistema judicial electoral se podrán evaluar una vez que la reforma sea implementada y se observe el desempeño de los nuevos jueces elegidos por voto popular.
Esta transformación del Poder Judicial mexicano plantea desafíos y oportunidades únicas. Por un lado, busca aumentar la participación ciudadana en la conformación del sistema judicial, potencialmente incrementando su legitimidad democrática. Por otro, surgen preocupaciones sobre cómo mantener la independencia judicial en un sistema donde los jueces son elegidos popularmente.
El éxito de esta reforma dependerá de su implementación cuidadosa y del compromiso de todos los actores involucrados para preservar la integridad y eficacia del sistema judicial electoral mexicano.
Reforma al Poder Judicial, apuesta para fortalecer
la democracia en México
La reciente reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada por las cámaras legislativas y congresos locales, introduce la elección popular de ministros, jueces y magistrados en México. Esta transformación promete fortalecer la democracia a través de una mayor participación ciudadana en el sistema judicial. La reforma busca aumentar la conexión entre el pueblo y quienes imparten justicia, fomentando una democracia más participativa donde la ciudadanía influye directamente en la composición del Poder Judicial. Con esta modificación, se espera que la rendición de cuentas en el ámbito judicial se vea reforzada. Los funcionarios judiciales deberán someterse al escrutinio público mediante campañas y elecciones periódicas, lo que los obligará a justificar sus decisiones y mantener un historial transparente. Este mecanismo de control podría contribuir a prevenir la corrupción y el abuso de poder, ya que la permanencia en la carga dependerá, en parte, de la confianza pública en su desempeño.
La legitimidad del sistema judicial también podría verse beneficiada por esta reforma. Al permitir que el electorado seleccione a personas que representen sus valores y preocupaciones, se espera reducir la percepción de elitismo o desconexión con los problemas reales de la sociedad. Esta legitimidad democrática podría generar un sistema de justicia más incluyente y representativo, disminuyendo la idea de que las decisiones judiciales favorecen a grupos de poder o intereses particulares. Sin embargo, la independencia judicial es un aspecto que ha generado preocupación entre los críticos de la reforma. Se argumenta que la implementación de mecanismos adecuados de protección será crucial para asegurar que los jueces no sean influenciados por intereses políticos o presiones de la opinión pública. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la rendición de cuentas y la autonomía necesaria para que los jueces tomen decisiones basadas únicamente en la ley.
Un aspecto positivo adicional es la posible aproximación de la justicia a los ciudadanos.
Se prevé que los jueces, magistrados y ministros electos
adopten una postura más cercana y sensible a los problemas sociales. Esto podría resultar en una mayor humanización de las sentencias y una interpretación más progresista y dinámica de las leyes, respondiendo mejor a las necesidades y expectativas de la sociedad. En conclusión, esta reforma judicial representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la democracia en México. Aunque presenta desafíos, especialmente en lo que respecta a la preservación de la independencia judicial, ofrece oportunidades para mejorar la rendición de cuentas, la legitimidad y la cercanía del sistema judicial a la ciudadanía. La implementación cuidadosa de esta reforma, asegurando la autonomía de los jueces y la transparencia del proceso electoral, podría transformar positivamente la relación entre el Poder Judicial y la sociedad, consolidando así los fundamentos de una democracia más participativa y representativa en México.
Reestructuración del Poder Judicial en México: Un paso a la democracia
participativa
La historia del sistema judicial mexicano se remonta a los tiempos de la independencia, cuando José María Morelos y Pavón concibió el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana en Ario de Rosales, Michoacán. Este primer intento de establecer un tribunal supremo sentó las bases para el actual Poder Judicial Federal. A lo largo de los años, los métodos de selección de jueces han evolucionado, desde la elección por el Poder Ejecutivo con aprobación del Senado, según la Constitución de 1857, hasta la reciente reforma que introduce la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Esta nueva reforma judicial representa un cambio paradigmático en la estructura del Poder Judicial mexicano. Se busca transitar hacia un sistema más participativo, donde la ciudadanía desempeñe un papel directo en la selección de sus representantes judiciales.
Además, se han propuesto medidas de austeridad republicana para alinear las remuneraciones de los funcionarios judiciales con los principios constitucionales, estableciendo que ningún salario debe superar al del presidente o presidenta de la República.
La participación activa de los ciudadanos se considera fundamental para mejorar la calidad de la democracia. Esta participación no se limita al voto, sino que se extiende al involucramiento en procesos políticos, reestructuras institucionales y toma de decisiones. Se espera que este enfoque fortalezca la confianza en las instituciones democráticas y asegure que estas reflejen mejor las necesidades de la población.
Un aspecto destacado de la reforma es su objetivo de proporcionar justicia de calidad en condiciones de igualdad, especialmente para los grupos vulnerables. Se busca crear un sistema más equitativo y accesible para quienes han enfrentado históricamente dificultades para acceder a la justicia. La eliminación de privilegios como la pensión vitalicia para ministros, magistrados y jueces, pretende contribuir a una percepción de mayor equidad dentro del sistema judicial.
La introducción de elecciones por voto popular para cargos judiciales federales representa un cambio significativo en la democratización del sistema judicial.
Este proceso de reestructuración busca aumentar la representatividad y la rendición de cuentas de los jueces, acercando el sistema judicial a las necesidades ciudadanas. Es importante señalar que la elección de jueces por voto popular no es una práctica exclusiva de México. En Japón, los jueces de la Suprema Corte a veces obtienen una ratificación popular cada diez años. En los Estados Unidos de América, muchos jueces son elegidos por voto popular, especialmente a nivel estatal y local. Algunos estados federados de Suiza también eligen a sus jueces mediante voto popular. E, igualmente, Bolivia ha implementado este sistema desde hace más de una década. Con esta reforma, México se une a los países que colocan la democracia participativa y la rendición de cuentas en el centro de la renovación judicial. Este cambio representa un paso significativo hacia un sistema judicial más transparente, representativo y cercano a la ciudadanía, reflejando una tendencia global hacia una mayor participación ciudadana en los procesos judiciales.
La reforma (casi) imparable
La reciente reforma al poder judicial en México ha generado un intenso debate sobre si es posible detener el proceso que propone elegir a los jueces mediante voto directo. Esta reforma se encuentra en un estado avanzado y plantea una transformación significativa en cómo se seleccionan los jueces en el país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa un gran acuerdo social que organiza al país en tres poderes y puede ser modificado para adaptarse a nuevas realidades.
Es importante entender que la Suprema Corte no tiene autoridad para decidir si una Reforma Constitucional es más o menos constitucional debido a que nuestra Constitución es suprema sobre otras normas legales e incluso tratados internacionales. En 2014, esto fue reafirmado cuando se declararon improcedentes los amparos contra la Reforma Energética.
Aunque no se puede cuestionar directamente la constitucionalidad de una reforma ya aprobada, algunos jueces federales han intentado desafiar el proceso legal utilizado para implementarla. Sin embargo, estas estrategias han enfrentado obstáculos debido a las disposiciones legales actuales. Solo el Tribunal Electoral tiene competencia sobre ciertos aspectos electorales relacionados con esta reforma.
Aun cuando algunos amparos han sido aceptados por las autoridades judiciales, las suspensiones resultantes no pueden detener indefinidamente la reforma judicial. Esto se debe a que el proceso podría repetirse mientras exista voluntad política suficiente para llevar a cabo.
Esta reforma representa un cambio profundo en el sistema judicial mexicano y su implementación será clave para evaluar su impacto real en nuestra democracia.
Los retos de la reforma judicial: Una mirada más allá de la controversia
La reciente aprobación de la reforma judicial en México ha generado una ola de tensiones y debates. Sin embargo, es necesario analizar de manera objetiva los retos que esta ambiciosa reestructuración enfrentará, especialmente en el ámbito electoral. La implementación de esta reforma conlleva un costo considerable.
La renovación de plazas judiciales en todo el país requerirá recursos significativos, similar a los de cualquier elección nacional. Además, existe incertidumbre sobre la geografía electoral que se utilizará para la instalación de casillas, lo que podría afectar la representación ciudadana. Aunque se ha promocionado como un avance para grupos históricamente vulnerables, la reforma no ofrece garantías suficientes para asegurar la inclusión de mujeres y otros grupos minoritarios en cargos judiciales. La falta de medidas específicas para acciones afirmativas podría perpetuar la exclusión en la representación del sistema judicial. El nuevo esquema de selección de jueces, magistrados y ministros por voto popular presenta desafíos importantes.
Las campañas promocionales necesarias para este proceso podrían hacer que la popularidad pese más que la preparación profesional en la elección de funcionarios judiciales. Esto plantea preocupaciones sobre la capacidad de los nuevos funcionarios para cumplir eficazmente sus funciones, especialmente en los primeros meses o años de su mandato. La transición hacia este nuevo sistema no será sencilla.
La curva de aprendizaje para los nuevos jueces sin experiencia previa podría ser significativa, lo que podría afectar el principio constitucional de continuidad en los procedimientos judiciales.
La presión por resolver casos en plazos cortos, sin el conocimiento y experiencia necesarios, podría resultar en un desempeño ineficaz.
Las impugnaciones legales contra diversos aspectos de la reforma ya han comenzado a surgir. Estas acciones legales tienen el potencial de retrasar o modificar la implementación de la reforma, generando un ambiente de incertidumbre jurídica que podría afectar la estabilidad institucional del país. Finalmente, aunque la reforma judicial busca democratizar y aumentar la transparencia del sistema judicial, enfrenta numerosos obstáculos.
Los retos operativos, los costos de implementación, la transición apresurada, la falta de leyes secundarias y las impugnaciones legales son solo algunos de los factores que harán de este proceso un camino complejo. Es fundamental mantener un análisis crítico y profundo de estos desafíos para asegurar que la reforma logre sus objetivos sin comprometer la integridad y eficacia del sistema judicial mexicano.
La CNDH: Entre la protección de la dignidad y la elección que se aproxima
En México, la dignidad de las personas se enfrenta a desafíos constantes. Frente a esta realidad, existe una institución crucial: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta entidad juega un papel fundamental en la protección de nuestros derechos y, por fin, de nuestra dignidad.
La dignidad, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un valor supremo que exige respeto hacia cada individuo. Esto significa que nadie debe ser humillado, degradado o tratado como un objeto. Para vivir con dignidad, se requieren ciertas condiciones mínimas, conocidas como derechos humanos, que el Estado está obligado a garantizar.
La CNDH es la institución que defiende estos derechos. Su labor consiste en recibir quejas sobre posibles violaciones, investigar omisiones de las autoridades, hacer recomendaciones para mejorar las prácticas institucionales y promover la educación en derechos humanos en todo el país.
Actualmente, nos encontramos en un momento crucial para esta institución. El Senado de la República ha iniciado el proceso para elegir al nuevo titular de la CNDH para el período 2024-2029.
Este proceso, que comenzó el 10 de octubre de 2024, involucra a diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y colectivos de víctimas, quienes pueden proponer candidatos.
El 24 de octubre, los candidatos se presentarán públicamente ante las comisiones del Senado. La decisión final se tomará a más tardar el 8 de noviembre de 2024, mediante una votación que requiere la aprobación de dos tercios de los senadores presentes. La importancia de esta elección radica en las responsabilidades que asumirá el nuevo titular. Entre ellas se encuentran la celebración de acuerdos con autoridades para mejorar la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del Estado en esta materia.
Como ciudadanos, es fundamental que nos mantengamos informados sobre este proceso. La persona elegida no solo representará legalmente a la CNDH, sino que también será responsable de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos.
Conocer y utilizar los recursos que ofrece la CNDH es esencial para enfrentar los problemas sociales que afectan nuestra dignidad. Al hacerlo, contribuimos a la construcción de una cultura de paz ya asegurar que todos vivamos en condiciones dignas. La CNDH es una herramienta poderosa para la sociedad, y su fortalecimiento depende, en gran medida, de nuestro interés y participación en procesos como el que está por venir.
La reforma al Poder Judicial en México: Un cambio trascendental en la estructura
del Estado
La reciente reforma al Poder Judicial en México ha generado un intenso debate sobre el futuro de la justicia y la democracia en el país. Esta transformación, impulsada por el gobierno actual, busca modificar profundamente la forma en que se eligen los jueces y se administra la justicia, planteando interrogantes sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes. La reforma argumenta que el sistema judicial actual carece de independencia y se ha distanciado de la sociedad. Se propone que la ciudadanía participe directamente en la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular.
Este cambio pretende aumentar la responsabilidad de los funcionarios judiciales ante la sociedad y hacerlos más sensibles a las problemáticas ciudadanas.
Sin embargo, este planteamiento ha sido cuestionado por voces del ámbito del derecho constitucional. Se argumenta que podría comprometer la independencia judicial, un principio fundamental reconocido internacionalmente.
Se propone eliminar los Consejos de la Judicatura y crear nuevos órganos de administración y disciplina. Estas modificaciones han generado preocupaciones sobre la posible politización de las decisiones judiciales y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. Analistas ven en esta reforma similitudes con tendencias populistas observadas en otros países. Nadia Urbinati, por ejemplo, advierte que, aunque el populismo puede surgir dentro de estructuras democráticas, tiene el potencial de alterar significativamente el discurso político y la dinámica institucional.
La preocupación radica en que estas transformaciones podrían conducir a una concentración excesiva del poder en detrimento de la división de poderes establecida en la Constitución.
La reforma al Poder Judicial representa un cambio profundo en la estructura del Estado mexicano. Mientras sus promotores la presentan como un avance hacia una mayor democratización del sistema judicial, sus críticos advierten sobre los riesgos para la independencia judicial y el equilibrio de poderes.
Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, establecidos por Naciones Unidas en 1985, enfatizan la importancia de garantizar que los jueces resuelvan los asuntos de manera imparcial, sin influencias o presiones externas. La reforma también plantea cambios significativos en la estructura administrativa del Poder Judicial.
El debate sobre esta reforma refleja tensiones más amplias entre diferentes visiones de la democracia y el papel del poder judicial en la sociedad contemporánea. En última instancia, el éxito o fracaso de esta reforma dependerá de cómo se implemente y de sus efectos a largo plazo en la administración de justicia y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales. Es crucial que cualquier cambio en el sistema judicial preserve los principios fundamentales de independencia, imparcialidad y estado de derecho que son esenciales para una democracia saludable en México.