opiniOn n fechas cercanas al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se difunde la muerte de Sergio Barraza Bocanegra, yerno de la activista chihuahuense Marisela Escobedo y asesino de la hija de ésta, Rubí Marisol Frayre. La noticia alegró a quienes creen en la muerte como castigo, y sobre todo a las autoridades que encontraron la oportunidad de librarse de un dolor de cabeza. Con la muerte de Barraza se cierra el caso Rubí, pero en el presente evidencia la ineficacia de las instituciones, y para el futuro, la extinción de fe en la justicia. La historia es así, Sergio Barraza, trabajador de una carpintería de Marisela Escobedo, empezó una relación con Rubí, hija de ésta, quien abandonó el hogar materno para vivir con él y convertirse en madre a los 16 años de edad. En agosto de 2008, en un ataque de celos, Barraza asesinó a golpes a Rubí, le prendió fuego y tiró su cuerpo en una marranera. Poco después, al no encontrarla, Marisela denunció a su hija como desaparecida, y nadie, o al menos nadie mejor que ella, investigó el asunto; Escobedo con sus averiguaciones inexpertas supo del homicidio, de la responsabilidad de su yerno, y que éste se refugiaba en Fresnillo, Zacatecas. El apoyo que recibió Marisela de las autoridades consistió en 20 mil pesos de Gobierno del Estado de Chihuahua y 5 mil del municipio de Juárez, lugar que habitaba (Nota de Gregorio Prieto, Grupo Informativo OMNIA, 16 de diciembre de 2010). Tras su captura, Sergio Barraza Bocanegra confesó el crimen y el lugar donde había tirado el cuerpo. Ahí en la marranera encontraron a Rubí o lo que de ella quedaba, apenas unos cuantos restos óseos que sólo exámenes periciales pudieron distinguir de los huesos de cerdo que la acompañaban. En abril de 2010 por unanimidad los jueces del tribunal colegiado absolvieron a Barraza Bocanegra del asesinato de Rubí Marisol Frayre Escobedo. La decisión, inexplicable para quienes ignoramos de leyes, se convirtió en discusión técnica entre abogados que polemizaban si la ineptitud era del Ministerio Público responsable de acreditar las pruebas, o de los jueces que escudados en formalismos liberaron a quien había acep-
l domingo 25 de noviembre se realizó el primer foro ciudadano organizado por el movimiento #YoSoy132, denominado Diálogo por la Democratización de los Medios. A lo largo de cuatro mesas, con especialistas, legisladores, activistas y periodistas especializados en estos temas se ventilaron distintas propuestas y enfoques para analizar la agenda en torno a la democratización del régimen de medios de comunicación en México. Estuvieron presentes el presidente comisionado de Cofetel, Mony de Swaan, quien insistió en que el futuro está en la banda ancha; los legisladores Javier Corral, senador del PAN con amplia experiencia en esta agenda, y Purificación Carpinteyro, diputada federal del PRD y ex subsecretaria de Comunicaciones. Los periodistas y especialistas Virgilio Caballero, Alma Rosa Alva, Florence Toussaint, Aleida Calleja, dirigente de la AMEDI, entre muchos otros. Me correspondió compartir la última de las cuatro mesas con el colega Jorge Meléndez, la especialista Irene Levy, dirigente de Observatel, el periodista Gerardo Albarrán, actual ombudsman de MVS, y el joven Antonio Marvel, especializado en redes sociales. En la mesa, tras escuchas distintas posiciones y propuestas, les propuse a los integrantes del movimiento una lista mínima de temas que abarcan la agenda de democratización de los medios en México. Aquí comparto esta enunciación de temas. 1.-La defensa de una tercera cadena de televisión abierta, ya sea analógica o digital. En 12 años, el duopolio bloqueó esta posibilidad. Y el sexenio terminará sin concretarlo. Será uno de los desafíos del próximo gobierno. 2.-Para evitar que se vuelva a repetir el fenómeno del gran montaje de Peña Nieto a través de Televisa y medios que lo acompañan, demandar la suspensión de la venta de información en medios electrónicos. Crear un Observatorio Ciudadano que denuncie y documente estos mecanismos que violan la ley federal de radio y televisión.
Para justicia, el azar Lucía Medina Suárez
del
Real
Sergio Barraza ■ foto: LA JORNADA ZACATECAS
tado su culpa frente a familiares y policías ministeriales, y que incluso, señaló el lugar donde había arrojado el cuerpo. Otros más hacían responsables al sistema de juicios orales aplicado en el caso Rubí y recientemente implementado en Zacatecas. Mientras abogados y juristas discutían, Marisela Escobedo lograba que el Tribunal Colegiado anulara la sentencia absolutoria y condenara a su yerno a 50 años de cárcel. Pero para entonces Barraza Bocanegra ya había huido.
Agenda para democratizar los medios Jenaro Villamil
3.-Emprender la reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Un elemento central de esta reforma es la creación de un órgano autónomo constitucionalmente regulador. Fijar límites a la concentración del espectro (no más de 30 por ciento) y modernizar los capítulos de contenidos (incorporar el must carry y el must offer). 4.-Continuar con la vigilancia y crítica a la actuación de la “telebancada” en el Congreso de la Unión. 5.-Impulsar una reforma reglamentaria al artículo 6 Constitucional sobre el derecho a la información. Incorporando múltiples temas de la agenda ciudadana, como el libre acceso a las plataformas digitales, el derecho de réplica, la prohibición de venta de espacios informativos como propaganda gubernamental, el impulso a los medios independientes, etcétera. 6.-Establecer en la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la Ley Federal de Radio y Televisión políticas promotoras de triple y cuádruple play para todos los jugadores y empresas involucradas en el sector. Al mismo tiempo, plantear la máxima conectividad en telefonía móvil y los mínimos precios. 7.-En el marco de la reglamentación del derecho a la información, defender los derechos mínimos para los trabajadores de la información y los periodistas (secreto profesional, salario digno, medidas de emergencia a periodistas amenazados, etcétera).
MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE DE 2012
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En julio de 2010 Marisela Escobedo localizó nuevamente en Fresnillo, Zacatecas, a Sergio Barraza, pero éste logró escapar. Incansable, la activista mantuvo sus protestas por la justicia robada, y se instaló afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde la asesinaron con total impunidad el 16 de diciembre. Al día siguiente un comando armado le prendió fuego al negocio del viudo de Marisela y se llevó al cuñado de la misma. El mismo día, mientras sepultaban a su madre, Juan Manuel Frayre, hermano de Rubí, huyó con su sobrina (hija de Rubí y Sergio) a Estados Unidos por amenazas de muerte. Ahí pidieron asilo político que les concedieron en mayo de este año. Ahora que Barraza murió en un tiroteo contra el Ejército en Joaquín Amaro, Zacatecas, las autoridades de Chihuahua tienen un respiro; todavía no se esclarece el homicidio de Marisela, pero pueden apostarle al olvido de esta historia. Para la familia de Rubí quizá termine la pesadilla, para las autoridades de Chihuahua también. Para los demás, los que vivimos en la perpetua ruleta rusa esperando que nada nos pase no hay alivio, el Estado no puede garantizarnos bienestar, y tampoco una tumba digna, un lugar donde nuestras familias vayan a llorar cuando la muerte nos alcance. La procuración de justicia fue incapaz de develar el asesinato de Rubí, y de encontrar a Sergio Barraza; lo tuvo que hacer Marisela. Tampoco pudieron dar certidumbre legal para encarcelar al homicida. Sí, es cierto, el Ejército terminó con la vida de Sergio Barraza, pero lo hizo sin siquiera saber quién era. Casi por azar. Fue Barraza, pero pudo ser otro, hasta un ingenuo en malas compañías. Afortunados los que creen que esto es consuelo, si sólo podemos atenernos al azar, el karma o Dios para obtener justicia ¿qué sentido tiene vivir en civilización, qué sentido tiene el Estado, las leyes, los impuestos? Confiar en Dios, en el destino o en lo que se crea, es derecho de los individuos, pero que las autoridades se atengan a que las figuras de fe hagan su chamba, es absolutamente inaceptable. ■ Twitter: @luciamedinas
8.-Acceso universal de los ciudadanos mexicanos a la banda ancha, establecer metas específicas para eliminar la “brecha digital” e impulsar el máximo uso de esta plataforma tecnológica. 9.-Vigilar y conocer la disponibilidad del espectro radioeléctrico, sobre todo, en las próximas licitaciones. En especial, qué sucederá con la banda 700 Mhz y con el litigio en la banda 2.5Ghz. 10.-No a legislaciones que impliquen control y censura en las redes sociales y otros medios digitales. No al ACTA ni a la ley SOPA o a los intentos de criminalizar a los usuarios de redes sociales, como ha ocurrido en Veracruz. 11.-Estatuto jurídico claro para los medios públicos, tanto para las estaciones de televisión existentes (Canal 11, Canal 22), como el IMER, el Imcine, Radio Educación y otras estaciones, administradas por los gobiernos de los estados. Acabar con la idea de que los medios públicos son “medios gubernamentales”. 12.-Incorporar en la Ley Federal de Radio y Televisión derechos como el de la salud, el del sano esparcimiento, el respeto a los derechos humanos, como la no discriminación a mujeres, indígenas, gays-lesbianas, personas de la tercera edad, etcétera. En especial, frenar la intensa mercantilización de los “productos milagro”. 13.-Reforma integral a la anticuada Ley de Imprenta para actualizarla y promoción de los medios impresos. 14.-Una Ley de Equidad Publicitaria para evitar la concentración del gasto público en televisión, impulsar la máxima transparencia en los contratos entre entidades gubernamentales y medios impresos, electrónicos y digitales. Hoy 70 por ciento de estos recursos públicos se destina a dos televisoras. 15.-Denunciar y documentar fenómenos de censura y autocensura en los medios electrónicos, privados y públicos, en los medios impresos y en los digitales, en alianzas con organizaciones dedicadas a la promoción de la libertad de expresión y el derecho a la información. ■