El camino del campesinado hacia la Constitución de 1991

usualmente representaron la victoria hegemónica de una de las fuerzas en contienda tras la derrota del enemigo en el campo de batalla (Calle Meza, 2014; Valencia Villa, 2012). Así ocurrió con la Constitución de 1863, la cual fue expresión del dominio del radicalismo liberal, y la autoritaria Constitución de 1886 que cristalizó el triunfo de la “Regeneración” conservadora. Estas constituciones, impuestas por el bando vencedor, difícilmente podían ser pactos de convivencia. Si la de 1886 logró ser longeva, esto se debió a que las claves reformas de 1910 y 1936 moderaron su autoritarismo intolerante y le dieron un sentido más incluyente y nacional. Más aún, las anteriores experiencias revelan que las constituciones fueron usadas como herramientas políticas maleables, que se ajustaban a las necesidades coyunturales de las élites (García Villegas, 2009).

En clara ruptura con esa historia, la Constitución de 1991 surgió como un pacto social más incluyente, en el que muchos de los sectores excluidos tuvieron voz propia, por primera vez, en un proyecto constituyente. Con ese origen participativo, la carta política de 1991 persiguió una revolución de derechos porque, como lo sostiene el profesor Juan Jaramillo, “puso los derechos de las personas en el centro de las obligaciones del Estado” (2016). Muestra de ello es el reconocimiento y desarrollo jurídico de los derechos a favor de las mujeres, la población lgbti, las víctimas del conflicto armado interno, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y el campesinado.

A pesar de su carácter plural, el proceso constituyente también dejó en los márgenes a diversos sectores sociales que, por varias razones, no lograron representación directa en la asamblea y, en consecuencia, obtuvieron un tímido reconocimiento en

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