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La disputa por la tierra y el territorio entre los subalternos de la ruralidad

Capítulo 5

La disputa por la tierra y el territorio entre los subalternos de la ruralidad

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Históricamente, la estructura de la tenencia

de la tierra en Colombia ha sido profundamente desigual. Sin pretensiones de exhaustividad porque no es el centro de nuestro análisis y existen trabajos precedentes que ofrecen información empírica rigurosa, la tenencia y el uso de la tierra en Colombia están atravesados por i) la distribución inequitativa, ii) la concentración excesiva; y iii) la explotación inadecuada.1 Como señalamos en la introducción de este libro, el índice de Gini ilustra los niveles de distribución inequitativa de la tierra que, a su vez, se traducen en su concentración. Es decir, la mayor parte de la superficie ubicada dentro de la frontera agrícola está dividida en predios de mediana y gran extensión, que están en manos de un reducido número de propietarios (Cabrera Cifuentes, 2009; Heath y Deininger, 1997; Ibáñez y Muñoz, 2011; Jiménez Solano, 2004; Kalmanovitz y López Enciso, 2006; Machado, 2002, 1998, 2013; Rincón Díaz, 1997).2

La explotación inadecuada, por su parte, hace alusión a la destinación de la tierra para usos diferentes a sus propiedades naturales (Cabrera Cifuentes, 2009; Fajardo, 1997; Kalmanovitz y López Enciso, 2006; pnud, 2011). De acuerdo con el Censo

1 Aquí nos basamos en un trabajo previo de una de las autoras de este libro (Güiza Gómez, Santamaría Chavarro y Blanco Cortina, 2017). 2 En línea con Antonio García, el profesor Absalón Machado expuso que, a comienzos del siglo xix, la estructura de la tierra en el país era bimodal dado el predominio del latifundio sobre el minifundio (Machado, 2002, p. 38). Sin embargo, el mismo autor moderó esa tesis unos años después cuando señaló que la estructura tiene más rasgos multimodales debido a la relevancia de la mediana y pequeña propiedad (Machado, 2017).

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La constitución del campesinado: luchas por reconocimiento y redistribución en el campo jurídico Nacional Agropecuario, pese a las potencialidades del uso del suelo para la agricultura (43,1 millones ha), en la actualidad, únicamente el 20,1 % se destina a este fin (8,6 millones ha) y el 79,7 % (34,4 millones ha) restante está destinado a usos pecuarios y pastos (dane, 2016). A ello se suma la predominancia del régimen agroexportador, el control territorial de la mano del narcotráfico, la usurpación de tierras durante el conflicto armado interno y el auge del discurso desarrollista del mundo rural (Alfonso, Grueso, Prada, Salinas y Leimatre, 2011; cnmh, 2015, 2016; Machado, 2017; Molano Bravo, 2004).

En ese contexto, las relaciones agrarias están marcadas por el acaparamiento de tierras por parte de las élites rurales y la colonización de áreas boscosas por el campesinado pobre que fue expulsado de la frontera agrícola (Fajardo, 1979, 1997; Fajardo Montaña, 2018; Molano Bravo, 2008). En varias ocasiones, esos procesos estuvieron amparados –e, incluso, impulsados– por el Estado y la legislación agraria (cnmh, 2018, p. 18; LeGrand, 2016b). Además, tales dinámicas han generado presiones en ecosistemas que, luego del establecimiento de colonos, fueron declarados zonas ambientalmente protegidas, lo que ha causado conflictos entre, por un lado, campesinos pobres y, por el otro, el Estado y algunos movimientos ambientalistas (Revelo Rebolledo, 2019).

Bajo esas condiciones, el campesinado ha sido expulsado de las áreas rurales hacia las urbanas, lo cual ha acarreado la ruptura de su territorialidad. Como lo señala la comisión académica que elaboró el concepto campesino,

Los territorios campesinos se definen y se caracterizan en el marco de su relación con el espacio físico en el que vive el campesino y el conjunto de interacciones sociales, económicas, históricas y culturales que establece. En tal medida es posible decir que el espacio propiamente rural exhibe una creciente interacción con los espacios urbanos y viceversa. (Acosta Navarro et al., 2018)

De esta forma, en medio del acelerado proceso de descampesinización y reducción de tierras y territorios, los rasgos del constitucionalismo multicultural han profundizado las tensiones que ya existían entre las territorialidades indígena,