Pulso Regional

La Revista del Sur | Año 06 | #51 - Enero de 2022

En 2021, Ejecutivo y Legislativo prefirieron ponerse de espaldas al país e impulsar sus intereses particulares. En regiones, la incapacidad es manifiesta.

Un año fallido

2 / Editorial

La última.

EDITORIAL UN NUEVO AÑO INCIERTO El 2021 cerró con un fallido intento de vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Y el 2022 empieza en ambiente de incertidumbre sobre en qué momento las fuerzas opositoras volverán a apelar a la “permanente incapacidad moral” de Castillo para destituirlo del cargo.

Pareciera que todo depende de lo que haga el gobierno en estos primeros días del año. A cinco meses de iniciado el actual régimen se ha hecho patente la ineficiencia del gobierno, así como la falta de virtudes para encaminar esta gestión.

Además, abonan las dudas y sospechas contra el presidente Castillo sus reuniones con proveedores y lobistas.

Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País volverán a intentar la vacancia. Hay varios caminos que se pueden vislumbrar. Según algunos analistas, por un lado, querrán -como lo intentó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en España- involucrar a países extranjeros para deslegitimar al régimen.

Mientras que desde el lado del empresariado continuarán agitando la idea de que este gobierno es antiminero y que con sus medidas ahuyenta las inversiones. Dos parecen ser sus propósitos: por un lado, evitar cualquier otra posibilidad de una reforma tributaria (la del MEF fue rechazada en diciembre) que grave con más impuestos a la minería ahora que hay un súper ciclo del precio del cobre; por otro lado, buscan -como lo señalaban los directivos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en su chat de la Cofradía del piscocrear un ambiente de caos para deslegitimar al presidente.

Así, con esas estrategias y los desatinos del jefe de Estado, sumado a su ineficiencia para solucionar los problemas de la ciudadanía e incapaz de enfrentar a la oposición sería más fácil de vacar.

Mientras que, en el Congreso, una alianza de facto entre las fuerzas de izquierda anacrónica, representada por Perú Libre, y de la derecha y la derecha conservadora, conformada por Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País, empezaron a desmontar aquellas reformas que ayudaron en alguna medida a mejorar la salud, la educación y el transporte.

Nota al cierre de edición

Alcalde de Megantoni fuga de la justicia para no ir a prisión Daniel Ríos Sebastián fugó de la justicia la noche del 13 de diciembre del 2021. La jueza provincial de Echarati, Mónica Maccapa Asto, ordenó 36 meses de prisión preventiva para él y sus co investigados Cristóbal Ríos Álvarez, Edgar Piño Díaz, Katia Sánchez Chorano, Helman Lavilla Zúñiga y Nicanor Ríos Sebastián.

El alcalde es investigado por integrar una organización criminal y cometer delitos informáticos, falsificación de documentos, uso de documentos falsificados, falsedad ideológica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Los investigados son acusados de cometer seis delitos cuyas penas oscilan entre tres y 20 años de cárcel.

Según la Fiscalía, la conducta desplegada por los imputados empata con la figura de concurso real de delitos, es decir, que las penas deben sumarse.

Sí Ríos Sebastián y sus coacusados son hallados culpables en juicio serán sentenciados a no menos de 27 años

de cárcel. “[…] previendo la posible aplicación del extremo mínimo de este tercio y haciendo la sumatoria de los delitos, obviamente se habla de no menos de 27 años de pena privativa de la libertad”, recoge la jueza, Mónica Maccapa Asto, en su resolución.

En 2019, Daniel Ríos Sebastián, conocida la solicitud de vacancia, la cabeza de la organización criminal, Daniel Ríos Sebastián, puso en movimiento todo su aparato criminal con el objetivo de alterar, borrar, suprimir y clonar los documentos físicos e informáticos, que contenían información sobre la contratación de sus familiares. Ríos Sebastián pasa a la lista de alcaldes de La Convención que cayeron por corrupción.

Megantoni es el distrito más millonario de la región Cusco y uno de los más millonarios del Perú. Solo este año tiene un presupuesto modificado de S/184’768.819, gracias al canon y las regalías por la explotación del gas de Camisea.

Daniel Ríos Sebastián está siendo buscado por la justicia tras haberse dictado prisión preventiva en su contra.

EDITOR GENERAL: Miguel Gutiérrez Chero

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

EDITOR PERIODÍSTICO: José Salcedo Ccama

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

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DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo

Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF

FOTO PORTADA: Cristian Yarin Trujillo

Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

pulsoregionalcusco Impreso en: ARTEYPAPEL Calle Kuychipunku N° 500-A, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113 Tiraje: 1.000

Informe / 3

JULIO ANGULO

Cuando llega la Navidad, en Santo Tomás (Chumbivilcas) empieza la fiesta de las peleas con puños limpios. Una tradición cuyo origen se pierde en el tiempo.

Takanakuy: Cuando la sangre hierve Los pobladores de Chumbivilcas, en Cusco, se reúnen en la plaza de toros de Santo Tomás cada 25 de diciembre para participar en el takanakuy, una costumbre ancestral. Hay varios motivos por los que se concurre y se celebra este encuentro en el que los conflictos interfamiliares o interpersonales se resuelven a golpes. Una tradición que tiene sus orígenes en otras costumbres de nuestros antepasados.

Es Navidad. Mientras que en la mayoría de hogares suenan villancicos, en Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas, a casi siete horas de viaje en combi de Cusco, suena la wayliya. Es un único ritmo de no más de tres notas musicales. Wayliya, Waylihiya, Wayliya...

Grupos de varones recorren las calles de Santo Tomás con dirección al coso de toros. Danzan dando saltos y golpeándose amenazantes los brazos, las piernas y el pecho. En el recinto tendrá lugar el takanakuy.

“El ritmo del marco musical y los pasos marciales de los disfrazados danzarines de la wayliya marcan el compás o el tiempo con una sonaja hecha de un palo que se asemeja a la letra y que en quechua es el tanka. Entre los dos extremos cruza un alambre en el que se en-

cuentran insertadas varias hojas de lata que generan sonidos propios del metal.

La sonaja es acompañada por el violín y el arpa que armonizan incesantemente durante la fiesta del cargo”, señala el investigador Víctor Laime Mantilla.

Los orígenes de la wayliya se remontan a los resultados del gran movimiento cultural, religioso e ideológico Taki Unquy (1560). Aún supervive en la provincia de Chumbivilcas, y en Cotabambas y Grau, en Apurímac, precisa Mantilla.

El Taki Unquy fue una respuesta violenta a la colonización europea del Perú, que tuvo como base la tradición indígena con dos vertientes, el taki o cantar histórico (ideológico) que sirvió como vínculo integrador de la comunidad con su pasado, y el otro, los rituales nativos,

especialmente aquellos de las festividades orientadas a la prevención de males.

La wayliya fusionada al takanakuy, como es visto y practicado por las comunidades, podrían ser, según Laime Mantilla, el gran resurgimiento del movimiento nuevo taki unquy.

Existen varios motivos por los que se concurre y se celebra el takanakuy en Navidad. Por deporte, principalmente para los jóvenes que quieren demostrar voluntariamente sus habilidades físicas o su valentía, para alcanzar el estatus de ser el mejor peleador.

Por haber adquirido un compromiso anticipado para pelear con una amistad. “Vienen a cumplir la promesa o la palabra empeñada”, señala Mantilla.

Además, para ventilar públicamente conflictos familiares o personales.

En este caso los chumbivilcanos asisten para solucionar públicamente sus conflictos interfamiliares o interpersonales.

También para delimitar situaciones sentimentales, es decir, personas que se enamoraron de la misma joven.

Dos jóvenes entran al medio del ruedo. Alzan los puños. Los ronderos, encargados del orden, autorizan el inicio de la pelea. Uno, dos, tres. En el tercer golpe cae uno. De su rostro cae un hilo de sangre. El takanakuy ancestral ha empezado.

4 / Informe ANDINA

El presidente Pedro Castillo transita entre la mediocridad de su entorno y los intentos de destituirlo de la oposición.

2021: otro año fallido Escribe: Alberto García Campana (*) PERÚ EN CONTEXTO. El color gris y la intrascendencia fueron las dos principales características de las gestiones de las autoridades nacionales y subnacionales durante el 2021. Pedro Castillo encabeza un gobierno ineficiente, deslucido y con serias sospechas de corrupción, mientras que gobernador y alcaldes llegan a su último año de gobierno sin grandes logros en la ejecución de obras.

El balance final arroja cifras en rojo desde la perspectiva nacional, regional y local, y no a partir de una mirada pesimista de la realidad, sino desde la constatación de que otra vez, como ocurrió en el 2020, los peruanos hemos transitado en medio de las tinieblas, con crisis permanentes en los planos político, económico y social.

Castillo, el malabarista La asunción del profesor Pedro Castillo a la presidencia de la República, el 28 de ju-

lio del presente año, en lugar de inaugurar un mandato estrenado con una luna de miel habitual en otros gobiernos, representó el inicio de un periodo de graves confrontaciones, con al menos cuatro actores plenamente identificados: el Ejecutivo, con Castillo Terrones a la cabeza; el Congreso de la República, mayoritariamente controlado por partidos de derecha y extrema derecha; el empresariado, que utilizó armas vedadas como el incremento en el precio del gas, los alimentos de primera necesidad y la cotización del dólar estadounidense, y, fi-

nalmente, los medios de comunicación, en específico la llamada “gran prensa“ capitalina.

No hubo tregua para el presidente Castillo, y al parecer, los opositores mantendrán su cada vez más evidente rechazo al mandatario. Las denuncias de un inexistente fraude electoral no dejaron en paz al mandatario y el pedido de nuevas elecciones sacudió las calles limeñas.

El partido que llevó al profesor cajamarquino a la presidencia de la República tampoco estuvo a la altura de las exigencias del país. Perú Libre se encontró probablemente con el premio mayor de la lotería. Sus principales líderes, entre ellos los hermanos Cerrón, confesaron que, al momento de inscribir la candidatura de Castillo Terrones, la expectativa mayor era pasar la valla electoral y a partir de una reducida representación parlamentaria, construir un nuevo proyecto político en el país.

Con la suerte electoral favorable, Pedro Castillo se instaló en Palacio de Gobierno, pero pronto comprendió que no la tendría fácil, y desde el mismo 28 de julio, se especializó en el malabarismo, tratando de aferrarse a la cuerda para no precipitarse al vacío. Lo consiguió hace algunas semanas, pero esa primera valla sorteada no le asegura estabilidad ni a él ni al gobierno que encabeza en los próximos cuatro años. Los nuevos

Informe / 5 pedidos de vacancia volverán a ser presentados, sin duda, y cada vez con mayor contundencia.

Región sin rumbo Si bien el gobierno central ha ido de tumbo en tumbo en estos últimos cinco meses, la administración regional en Cusco ha seguido el mismo camino, pero desde su instalación en enero del 2018. La gestión regional no ha tenido una consistente oposición política, no ha sido maltratado por la prensa y se ha llevado más o menos bien con el empresariado, pero la ausencia de obras ha sido tan evidente que la ciudadanía ha terminado preguntándose cómo y en qué se han gastado los ingentes recursos económicos provenientes de las transferencias del tesoro público y el canon y regalías por concepto de la explotación del gas de Camisea.

Las llamadas “obras emblemáticas” permanecen tal cual estuvieron hace muchos años. De manera frecuente se anuncia el inicio de trabajos físicos para el Aeropuerto Internacional de Chinchero, pero de avance real no hay mucho.

El Hospital Antonio Lorena, por cuyo reinicio de trabajos, después de muchos años de paralización hasta se realizaron actos celebratorios, se yergue como el monumento mixto a la incapacidad y a la corrupción. Incapacidad de la gestión actual que se ha limitado a esperar decisiones del Gobierno central para retomar los trabajos y avanzar hacia la culminación de la infraestructura, previa demolición de la parte inservible, hasta la puesta en funcionamiento, lo que debe pasar por la adecuada implementación y la capacitación al personal encargado del mantenimiento de los equipos y calificación del personal encargado de brindar los servicios de salud.

Cuando asumió el cargo en enero del año 2018, el gobernador regional Jean Paul Benavente ofreció que antes de los seis meses de gestión, el gas de Camisea llegaría a todos los hogares cusqueños a

través del gasoducto sur peruano. Tres años después de ese anuncio, no solamente no hay gas en los domicilios de los cusqueños, sino que el balón de dicho combustible ha llegado a sobrepasar en muchos casos los 60 soles en la ciudad del Cusco, precio no solamente inalcanzable para muchos hogares, sino incluso insultante para quienes somos propietarios del más importante bolsón de gas natural del país.

El pretexto de la pandemia La emergencia sanitaria provocada por la abrupta irrupción del nuevo coronavirus en diciembre del 2019, representó un magnífico pretexto para que los alcaldes optaran por no hacer nada. Las cuarentenas y las medidas de restricción sirvieron como argumento para que las obras de interés local queden paralizadas, los proyectos cancelados, pero, contrariamente, el presupuesto continuó gastándose.

Las autoridades municipales, premiadas por la falta de control social y vigilancia, con consejos de coordinación local inmovilizados, asumieron por iniciativa propia la materialización de obras que no figuraban en los planes de gobierno, como intervenciones tramadas entre gallos y medianoche en centros históricos, maquillaje de algunos espacios públicos, colocación de monumentos a personajes de dibujos animados, etc. Y todo eso, obviamente, con recursos del Estado que debieron ser destinados a enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria, a generar empleo, a promover desarrollo, a garantizar seguridad ciudadana, a mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado y muchas obras más que reclaman urgente atención.

Las gestiones municipales han adoptado el color gris y su sello ha sido la intrascendencia. Pequeñas obras han sido exhibidas como grandes logros, y se ha omitido casi por completo la obligatoriedad de la rendición de cuentas. Los ciudadanos no saben cómo y en qué se gastaGORE CUSCO

El gobernador Jean Paul Benavente no ha cumplido ninguno de sus compromisos de campaña.

ron los millones de soles transferidos a las municipalidades provinciales y distritales.

Incluso en medio de la pandemia, el dinero entregado por concepto de canon gasífero ha sido cuantioso, y las transferencias del tesoro público no han sufrido merma.

La desinformación El año que culmina ha presentado ante los ojos y los oídos de los peruanos la sinfonía monocorde de los grandes medios de comunicación asentados en la ciudad de Lima. El conglomerado mediático encabezado por el llamado “decano de la prensa nacional” ha dedicado casi la totalidad de sus portadas y pantallas desde el 28 de julio último, a lanzar denuncias contra el régimen de Perú Libre, apuntando sus dardos a la desestabilización a partir de crear en la población una sensación de total desconfianza.

Los otros temas que completan el cuadro de la corrupción, como los perpetrados por Fuerza Popular en sus intentos de esconder los aportes a sus campañas, fueron dejados de lado. Ni siquiera la pandemia con sus nuevas expresiones, las otras variantes de la Covid – 19, los escándalos frecuentes en el Congreso y los asesinatos diarios registrados en Lima, llamaron la atención de esas empresas periodísticas.

Para esos empresarios, salvo derrocar a Castillo, todo es ilusión.

La información distorsionada o los datos irresponsablemente manipulados, han generado desinformación, y ella ha contribuido a profundizar la crisis política.

Resignación social

Si el presidente Castillo ha puesto en evidencia su vocación de piñata, gozoso de recibir golpes a cada instante, la derecha política y el empresariado, controlando los grandes medios de comunicación, han dominado el escenario. Pero, también ha sido lamentable el comportamiento de las instituciones sociales.

En el Cusco, la otrora poderosa FDTC ha naufragado este año en sus propios líos internos, con dos dirigencias que van de tumbo en tumbo sin norte definido. Igual están los colegios profesionales, reducidos a espacios burocráticos, sin iniciativa y sin vocación de fiscalización.

No se ha escuchado la voz de ningún representante de los entes deontológicos con respecto a la vergüenza que significa el hospital Lorena, el engaño de la llegada del gas de Camisea a los hogares cusqueños, el retraso del Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Arrastrada por el inmovilismo de las instituciones, la sociedad se mantiene adormecida, con tibias protestas que terminan en el anecdotario. En resumen, el 2021 fue un año fallido. El balance final arroja cifras en rojo. El 2022 se realizarán las elecciones municipales y regionales, y nada hace pensar que esta vez elegiremos mejor. (*) Analista y catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

6 / Entrevista / Karin Kancha Sucno - Directora ejecutiva la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos IDEELE

Jennie Dador Tozzini sostiene que los derechos humanos son inherentes a todos y todas, sin distinción alguna.

“El Estado no garantiza derechos básicos como la salud y la educación”

Escribe: José Víctor Salcedo La pandemia mostró que muchos derechos fundamentales -inscritos en la Constitución Política de 1993- no son garantizados por el Estado. Solo como ejemplos podemos citar que el derecho a la salud y a la educación han sido permanentemente incumplidos. La precariedad del sistema de salud pública y la voracidad e insensibilidad de las clínicas privadas provocaron cientos de muertes. La especialista Jennie Dador analiza cómo están los derechos en el Perú a dos años de la llegada del nuevo coronavirus.

Cerramos el 2021. ¿Cuál es el balance de la situación de los derechos humanos en el Perú?

El balance no es muy optimista. Hay asuntos pendientes referidos al cumplimiento de las indemnizaciones por el periodo de la violencia, luego hay casos pendientes de justicia y el asunto de reparaciones que todavía están pendientes para las víctimas del conflicto armado interno, así como a aquellas víctimas de las esterilizaciones forzadas. A esto hay que sumarle la

situación de las víctimas de los últimos años como los del 14 de noviembre del 2020 (marcha contra Manuel Merino), el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos, etc. Entonces, la agenda va creciendo en términos de derechos humanos y son pocos los avances.

Por supuesto que se han construido desde el Estado algunas políticas y algunos mecanismos, sin embargo, estas todavía no logran funcionar en su plenitud, no se asignan presupuestos suficientes. Tampoco hemos avanzado con dar garantías de no repetición, es decir cuánto hemos aprendido de los errores del pasado para no volverlos a cometer. ¿Cómo afecta al país, a los derechos, que el Estado no haya conducido eficientemente el proceso de reconciliación del que habló la Comisión de la Verdad?

Afecta muchísimo. De alguna manera hay poco conocimiento de los hechos que ocurrieron durante los 20 años de conflicto armado interno y cuáles son las causas históricas de lo que ocurrió. Es decir, sa-

ber por qué ocurrió lo que ocurrió, lo que nos permitiría cambiar la situación para no volver a vivir lo mismo. Eso hace que la vigencia de los derechos humanos vaya perdiendo legitimidad como discurso o como garantía y como una apuesta de la democracia. ¿Qué derechos son los que menos se hacen cumplir y afectan más a las personas?

Esa pregunta es bien difícil, porque nuestra apuesta está siempre en la integralidad de nuestros derechos. Aunque te parezca que un derecho no guarda relación con el otro, pues todos tienen que ver. Por ejemplo, el derecho a la participación tiene que ver con la utilización de la protesta para reclamar tus derechos, pero también es un puente que te permite ya sea protestar o reclamar tus derechos por la salud, la reforma educativa, contra los feminicidios.

Entonces, es un derecho en sí mismo, pero te permite actuar para lograr la vigencia de tus otros derechos. ¿Y el Estado garantiza esa integralidad de derechos?

Más allá de discutir ideológicamente sobre cuál es el modelo en el que se va a estructurar el Estado, si será más chico o más grande -que es la discusión entre izquierda y derecha- deberíamos discutir que este cumpla sus funciones. Cualquiera que sea la forma en que se organice el Estado, este no puede dejar de cumplir su rol, no puede dejar de ser regulador. Aquí estuvo pasando que el Estado no regulaba nada y de pronto era un convidado de piedra, y no era garante de los derechos humanos.

Entrevista / 7 El acceso a la salud se ha vuelto en un privilegio en vez de un derecho. ¿Qué podría hacer el gobierno para evitar los abusos de las clínicas privadas?

Ese es un aspecto que tiene que ver con el rol regulador del Estado, que debe ejercerse a través de los entes correspondientes.

Pero el gobierno carece de instrumentos y protocolos, por lo que en la pandemia aceptamos que los adultos mayores iban a morir porque no podían acceder a un respirador o a oxígeno medicinal. Y eso no puede suceder. Las personas no son descartables.

En la pandemia cobraron casi un millón por una cama UCI. Hace poco un joven accidentado no quiso ser atendido en la clínica Javier Prado. ¿Qué tipo de reformas hacen falta para superar ese nivel de mercantilismo en el sector salud?

Lo que pasó en la Javier Prado no puede ocurrir, porque si es un accidente todos tienen que ser atendidos si tiene o no

nombre. Eres un ser humano y debes ser atendido. Eso debe garantizarse y, luego, se debe sancionar, no se debe permitir la impunidad. Además, en la pandemia hemos visto todos los temas de corrupción, venta de camas UCI, especulación con el precio del oxígeno medicinal. Necesitamos una comisión de la verdad para saber lo que ocurrió en la pandemia.

En educación la situación no es muy diferente. Miles de estudiantes llevan casi dos años sin ir a clases. ¿Cuánto afecta eso al derecho a la educación de los alumnos?

Ahí se habla de una afectación que tardaríamos generaciones en revertir y recuperar lo que significa para los chicos estar dos años fuera de la escuela. Además, hay muchísimos que ya desertaron, que ya no van a volver a la escuela. Ahora la educación se ha vuelto un lujo, porque muy pocas escuelas pueden abrir sus aulas.

El daño es irreversible, porque también hubo una afectación a la salud mental y

los efectos de la violencia que se ha dado en el terreno doméstico. El embarazo infantil forzado en menores de 10 años se ha cuadruplicado en pandemia y ese año es irreparable.

Mientras tanto el Congreso quiere traerse abajo la reforma universitaria, la del transporte y así resucitar a las universidades “chicha”. ¿Cómo debemos evaluar esas actitudes de la clase política?

Es una clase política mirándose el ombligo, es como si no tuviera una lectura de lo que está pasando a su alrededor. Es una mirada miope e individualista en el que priman intereses de grupo y patrimonialistas como pueden ser los de las universidades “chicha”, del transporte “chicha” o empresas legales que usan a grupos para hacerse de tierras en determinados territorios. La clase política no amerita llamarse así, porque está desconectada de lo que pasa en la sociedad y de lo que necesita el país. No proponen, más bien recortan iniciativas como la reforma tributaria para la minería.

Los defensores de derechos humanos son un grupo bastante vulnerable. Más de 70 líderes indígenas han sido asesinados, según DAR, en los últimos años. ¿Se está haciendo algo a favor de ellos?

En el caso de defensores y defensoras de pueblos indígenas recién se ha puesto la luz sobre lo que está ocurriendo. Allí estamos viendo la incapacidad del Estado que, aun pudiéndose hacer, no controlan determinados territorios donde hay narcotráfico. Y así, ellos (los defensores) están librados a su suerte en el enfrentamiento a estas organizaciones.

En el sur, los defensores son perseguidos judicialmente por defender sus derechos y sus territorios. ¿Qué medidas podrían activarse para cuidarlos?

La salud es uno de los derechos que se le ha negado a la población durante la pandemia de la Covid-19.

MIGUEL GUTIÉRREZ

Tenemos el protocolo y el mecanismo intersectorial, pero aun así sigue siendo insuficiente. Lamentablemente estos mecanismos no logran todavía garantizar una protección eficaz. Hay que afinar este instrumento, hay que garantizar presupuesto y que permanezca en la construcción de la política nacional de derechos humanos. Garantizar seguridad a los defensores necesita necesariamente presupuesto. ¿Este gobierno está en condiciones de mejorar esta crisis de derechos en el país?

Uno de los sectores afectados en sus derechos y reprimidos son los defensores y defensoras sociales.

Bien difícil. El gobierno está enfrentando sus propios problemas dentro de su partido, en la sociedad hay un problema de legitimidad, hay visos de corrupción y solo escuchamos algunas voces que levantan la defensa de los derechos humanos. Hay algunos sectores del gobierno que solo defienden algunos derechos y no todos. Es muy difícil, pero no imposible porque tenemos una premier que tiene compromiso con los derechos humanos en general.

8 / Informe

Congreso desmantela la reforma universitaria ANDINA

El Congreso pone en riesgo la educación superior al querer tumbarse a la Sunedu y salvar a las universidades “chicha”, como esta fachada de Telesup de 2019.

Escribe: José Víctor Salcedo

RETROCESO. Fuerza Popular y Perú Libre -secundados por miembros de Renovación Popular, Alianza Para el Progreso y Acción Popular- son los partidos que están detrás del intento de tumbar a la Sunedu y salvar a las universidades “chicha” que no obtuvieron su licenciamiento. Un golpe que lamentablemente es visto con complacencia por el Ejecutivo nacional.

Una foto de la fachada falsa de la Universidad Privada Telesup se convirtió en 2019 en el símbolo de la precariedad y la mala calidad del sistema universitario peruano. En mayo de ese año, la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) denegó el licenciamiento de esa casa superior de estudios, de propiedad del cuestionado líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez.

Desde enero de 2015, Sunedu es la entidad responsable del licenciamiento a las universidades, cuyo objetivo es garantizar a los jóvenes del país un servicio educativo superior universitario de calidad. Desde entonces, denegó el licenciamiento a 50 universidades, de las cuales 47 son privadas y tres de gestión pública, porque no cumplían con las condiciones básicas de calidad exigidas por la Ley Universitaria, Ley 30220.

En tanto, otorgó 94 licenciamientos a 92 universidades y dos Escuelas de Posgrado. Oswaldo Zegarra Rojas,

Informe / 9 miembro del Consejo Directivo de Sunedu, dijo que alrededor del 85 % de universidades públicas se licenciaron.

“Este es el momento para que la Sunedu y el Ministerio de Educación (Minedu) trabajen coordinadamente en la asignación de recursos públicos para el fortalecimiento de dichas casas de estudio, en aspecto que serán materia del futuro relicenciamiento”, señaló.

Desmontando la reforma Una educación superior eficiente significa profesionales de buena calidad. Sin embargo, este proceso de mejora que lleva siete años está en riesgo. La Comisión de Educación Juventud y Deporte del Congreso, que preside Esdras Medina, de Renovación Popular, aprobó en diciembre dos proyectos de ley que afectan el funcionamiento y la composición interna de la Sunedu.

Ambas normas pretenden lanzarles un salvavidas a las universidades asociativas sin fines de lucro con licencia denegada, más conocidas como universidades “chicha”. En concreto estamos ante un intento de retroceder en la reforma universitaria.

Según este proyecto que ya tiene luz verde para ser debatido en el pleno del Congreso, se le debe dar dos años de plazo adicional a las universidades “chicha” para que subsanen las deficiencias que puedan presentar y así ofrecer otra vez la enseñanza universitaria. “La presente ley es de aplicación a aquellas universidades privadas asociativas con

licencia denegada”, se lee en el texto de la norma. Votaron a favor del dictamen ocho congresistas de Fuerza Popular y Perú Libre, así como de Renovación Popular y Acción Popular.

El segundo proyecto aprobado en la Comisión de Educación es la modificación de la conformación del Consejo Directivo de Sunedu. En esencia, la propuesta es regresar a un modelo similar a la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que sometió a la educación universitaria a la deficiencia.

Quieren desmantelar a la Sunedu para que esté conformada por dos representantes de las universidades públicas, uno de las privadas, y uno de Concytec, Sineace, Minedu y Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Aprobaron esta iniciativa 11 congresistas de Fuerza Popular y Perú Libre, así como de Renovación Popular y Alianza Para el Progreso.

Sunedu está en contra Los miembros del Consejo Directivo de Sunedu rechazaron los golpes que pretende ejecutar el Congreso contra la educación universitaria. “Más de 1 millón de estudiantes pertenecen a universidades licenciadas, se incrementó la investigación universitaria y ahora contamos con más docentes a tiempo completo y mejor calificados. Este avance se vería afectado por los recientes proyectos de ley”, dijo Oswaldo Zegarra Rojas, presidente de Sunedu.

Asimismo, Waldo Mendoza BeLA REPÚBLICA

llido, integrante del Consejo Directivo, advirtió que la Reforma Universitaria está en peligro por el proyecto de ley que da “nueva oportunidad” a las universidades con licencia denegada. “Sumando el primer y el segundo proyecto tenemos una mezcla rarísima, pues si las universidades que no tienen licenciamiento empiezan a funcionar y estas pueden elegir a sus autoridades, esas autoridades podrían estar acá en reemplazo de nosotros”, señaló.

La reforma universitaria mejoró la educación superior en el país y ahora esas mejoras están en riesgo. Según Sunedu, por primera vez 7 universidades peruanas figuran en el QS ranking 2021 a nivel mundial. “En años anteriores solo llegaron a figurar 4 de ellas. Las publicaciones académicas en la reconocida base de datos Scopus se cuadruplicaron, llegando a tener 5.823 publicaciones en 2020, comparadas con las 1.770 registradas en 2014”, informó Sunedu en una nota informativa.

Minedu se lava de manos El Ministerio de Educación (Minedu) se pronunció con retraso y sin fijar una posición clara en contra del retroceso.

Acerca de la nueva oportunidad a las universidades chicha señaló que rechazan cualquier decisión que entorpezca las reformas, pero “nos preocupa la situación de los miles de estudiantes que, a nivel nacional, han quedado desamparados, muchos de ellos a punto de concluir sus carreras”

Y respecto al peligro de desmontar a la Sunedu, Minedu señaló: “Defendemos la autonomía de la Sunedu. Sin embargo, señalamos con transparencia que existen aspectos de la reforma que necesitan ser mejorados y enriquecidos con el aporte de todos los sectores”.

Radiografía de la educación superior

Así votaron los partidos a favor de los proyectos que atentan contra la reforma universitaria

El II informe bienal sobre la realidad universitaria en el país revela que el 31 % de los puestos docentes a nivel nacional forman parte de la carrera docente, y que estos son mayoritarios en las universidades públicas (70.2 % de los puestos), y minoritarios en las universidades privadas asociativas (18.5 %) y privadas societarias (4.6 %). A nivel nacional, el 49.3 % de los puestos fueron ocupados por docentes con maestría y el 18.1 % por docentes con doctorado.

En tanto, los jóvenes de 21 a 35 años con estudios universitarios completos se caracterizan por enfrentar bajas tasas de subempleo invisible y de empleo informal, así como por percibir mejores remuneraciones. Los resultados encontrados muestran que los egresados universitarios tienen un 31.4 % menos de probabilidad de estar subempleados, un 58.3 % más probabilidad de encontrar un empleo formal, y ganan un 73.7 % más que sus pares sin educación superior.

10 / Informe

Dirigentes de las comunidades caminan por la basura acumulada en el río Coata, en el distrito del mismo nombre de la provincia de Puno

La espuma es el resultado fétido de la contaminación.

Los plásticos, materiales tóxicos y peligrosos par

o.

ra los peces, flotan en las aguas.

Informe / 11

Los animales beben el agua del río contaminado.

NATURALEZA MUERTA

En Puno, las comunidades aledañas al río Coata denuncian que por casi 20 años sus aguas fueron contaminadas por desechos biológicos provenientes de la ciudad de Juliaca, así como con relaves mineros de empresas formales e informales. Dirigentes y comuneros exigen una atención urgente a su situación.

Fotos: Miguel Gutiérrez Chero.

En el río hay residuos médicos.

Los desperdicios están regados en toda la ribera del afluente.

12 / Informe

Este año la población volverá a las urnas para elegir a las autoridades subnacionales para los próximos cuatro años.

Elecciones 2022: Una nueva oportunidad para elegir buenas autoridades Escribe: José Víctor Salcedo

CRONOGRAMA. El JNE aprobó el cronograma y los requisitos para la realización de las elecciones regionales y municipales el 2 de octubre de 2022. Hay más de 1.000 grupos políticos a nivel nacional que buscan inscripción para este proceso. ¿Cuáles son los plazos establecidos?

Respondemos esta pregunta en esta nota.

Los electores acudirán a las urnas el 2 octubre próximo para elegir a gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, consejeros y regidores. Desde finales del año pasado hay bastante ajetreo a la interna de los partidos políticos y movimientos regionales.

En las organizaciones con inscripción vigente se barajan nombres de vie-

jos y nuevos políticos; mientras que otras figuras políticas que no tienen partido trabajan para inscribir sus agrupaciones.

Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú y Perú Libre están a la caza de las cartas regionales y municipales. Sin embargo, en la balota aparecen los nombres del mismo elenco estable de la política regional.

A la región barajan su postulación Werner Salcedo, Héctor Acurio, Luis Wilson, Edgar Ochoa, Ernesto Meza, Carlos Cuaresma, Iván Aparicio, etc. Para la alcaldía del Cusco suenan Luis Pantoja, Luis Flórez, Policarpo Ccorimanya, Mario Loayza, entre otros. Lo que aún no está definido es con qué organización política postularán.

Según el cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las elecciones regionales y municipales 2022, las nuevas organizaciones políticas que deseen participar en el proceso electoral podrán solicitar su inscripción, ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), hasta el 5 de enero.

En Cusco, por ejemplo, se gestó la creación del Frente Regional Tupac para promover la postulación al sillón del Gobierno Regional de Cusco del excongresista Edgar Ochoa Pezo. Así, hay otros grupos que buscan entrar a la contienda.

Los plazos de las elecciones Falta poco más de 270 días para el domingo 2 de octubre, día de las elecciones regionales y municipales. Pero es en los

Informe / 13 próximos seis meses cuando se deben cumplir un conjunto de exigencias para postular. Por ejemplo, el 7 de junio es la fecha límite para la publicación de los resultados de las elecciones internas de las organizaciones políticas que aspiran a presentar sus candidatos.

Siete días después, el 14 de junio, vence el plazo para la presentación de las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE). Ese mismo día se cerrará el ROP, y es también la fecha límite para que queden inscritas las organizaciones que podrán participar en los comicios.

El 3 de agosto vencerá el plazo para la publicación de las listas admitidas y también es la fecha límite para la renuncia y retiro de candidatos. Un mes después, el 2 de septiembre, es la fecha límite para la resolución de las apelaciones sobre tachas y exclusiones de candidaturas.

La primera vuelta de las elecciones regionales y municipales es el 2 de octubre de 2022.

LA REPÚBLICA

Renuncias y licencias.

Según la Resolución 0918-2021 del JNE, los altos funcionarios públicos que quieran ser candidatos a cargos regionales tienen plazo para renunciar hasta el 5 de abril próximo. En caso de que aspiren a postular a cargos municipales, las renuncias tienen que ser presentadas por escrito, ante la entidad pública a la que prestan servicio, hasta el 14 de junio. Deben renunciar ministros, viceministros, jueces, fiscales, contralor general, defensor del pueblo, titulares de organismos públicos, superintendentes, directores de empresas del Estado, entre otros.

La carta de renuncia debe precisar expresamente que la renuncia debe hacerse efectiva como máximo a partir del 3 de agosto de 2022.

En tanto, los gobernadores y vicegobernadores que quieran postular a una alcaldía y los alcaldes que aspiran ser candidatos a gobernador o vicegobernador deben renunciar ante el Consejo Regional o Concejo Municipal, según corresponda, hasta el 4 de abril.

Por otro lado, los gerentes regionales, directores regionales sectoriales y los gerentes generales municipales, así como los prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores, que quieran postular en las elecciones regionales, deben presentar sus solicitudes de licencia hasta el 6 de junio de 2022.

Asimismo, quienes administran o manejan fondos del Estado y los funcionarios de empresas estatales deben solicitar licencia hasta el 14 de junio. En estos casos, la licencia debe hacerse efectiva a partir del 2 de septiembre. Este último plazo rige también para los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos, así como de los organismos y empresas del Estado y de las municipalidades.

Cabe precisar que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que quieran participar en las elecciones tienen que contar con pase a la

Elmer Cáceres, gobernador suspendido de Arequipa, cayó por liderar una organización criminal.

situación de retiro. El plazo límite es el 14 de junio.

La responsabilidad de la elección Esta elección será una nueva oportunidad para elegir mejores autoridades. Desde hace una década, los elegidos acaban envueltos en actos de corrupción y sus gestiones se caracterizan más por la ineficiencia que por grandes logros.

Solo en 2021, de acuerdo al reporte de la Procuraduría Nacional Anticorrupción, hay 18 gobernadores regionales investigados por delitos de corrupción. En las regiones del sur hay un buen número de actuales autoridades que están presos y procesados por integrar organizaciones criminales para saquear las arcas del Estado.

Los recientes casos registrados en el sur muestran -en alguna medida- que los electores no supieron elegir autoridades honestas y capaces. El suspendido gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, señalado como líder de la organi-

zación criminal Los hijos del cóndor, fue enviado a 24 meses de prisión preventiva.

Luis Hidalgo, gobernador de Madre de Dios, junto a otros 9 funcionarios y madereros involucrados en red dedicada al tráfico de madera, son acusados de integrar la organización criminal los Hostiles de la Amazonía. El Poder Judicial dictó impedimento de salud para Hidalgo.

Además, Agustín Luque, gobernador de Puno, es investigado como parte de Los supremos del Altiplano y está con prisión preventiva de 9 meses. Se le atribuye haber favorecido al Consorcio Hospitalario Manuel Núñez.

No solo eso. Los gobernadores de Cusco, Jean Paul Benavente, y de Apurímac, Baltazar Lantarón, son investigados por los presuntos delitos de negociación incompatible, peculado y colusión. El primero por avalar compras irregulares y consultorías “fantasma” durante la pandemia; y el segundo, por la compra sobrevaluada e irregular de ambulancias.

En octubre elegiremos a las nuevas autoridades. No vale equivocarse otra vez.

14 / Informe

La corrupción y el deterioro de la democracia ANDINA

Las autoridades están en obligación de rechazar todo tipo de actos de corrupción para recuperar la confianza en las instituciones.

Escribe: Henry Jaersino Delgado Urrutia (*)

OBSERVACIÓN. El Perú está marcado por una corrupción sistemática. Están condenados o denunciados e investigados los expresidentes peruanos Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Martin Vizcarra por haberle sacado provecho a las arcas del Estado. Un serio problema que actualmente también hace tambalear el gobierno de Pedro Castillo.

El año pasado, nuestro país ha cumplido 200 años de República y evidentemente en el aspecto de su institucionalidad democrática no ha habido mucho que celebrar.

Este año 2022, en medio de la lucha contra la pandemia de la Covid-19 y el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, bajo una tambaleante prospectiva del actual gobierno, hay incertidumbre en la ciudadanía, y la corrupción lamentablemente sigue minando el desarrollo de nuestro país.

Bajo el contexto nada airoso, el Gobierno abierto se ha posicionado como un nuevo paradigma de mejora de la gestión pública y de ampliación de capacidades de acción de la ciudadanía a través del desarrollo de espacios colaborativos entre el Estado, las organizaciones sociales y la empresa. Todo esto para el diseño, implementación y evaluación de políticas y servicios públicos. Pode-

Informe / 15 mos definirlo como el Estado transparente y accesible a los ciudadanos, que fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño.

Falta de transparencia Sin embargo, el Perú está marcado por una corrupción sistemática. Están condenados y denunciados los expresidentes peruanos Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Martin Vizcarra. El común denominador de los mismos es que han sido investigados, se encuentran con procesos judiciales, tienen condenas e incluso han sido destituidos por el Congreso. También hubo un suicidio en medio de toda esta ola de denuncias por corrupción en contra de los ciudadanos que ocuparon la presidencia de la República. Así, el panorama es vidrioso y determina la constante inestabilidad política en el Perú.

Dentro de la gestión pública, el Gobierno abierto consiste en hacer que la información y los datos gubernamentales estén disponibles públicamente para de esta manera avanzar hacia una cultura de transparencia.

En consecuencia, la transparencia no solo es importante en un contexto democrático y social del derecho, sino que -conforme al inciso 5 del artículo 2° (derecho fundamental de acceso a la información pública) de la Constitución Política- es un principio constitucional, dado que el principio del estado de derecho obliga a autoridades y servidores públicos a conducirse conforme a las normas establecidas.

Este Gobierno abierto, que constituye un cambio de paradigma para los gobiernos, administraciones públicas, funcionarios, ciudadanos y partes intere-

sadas ha sido truncado a lo largo de estos casi 30 años.

La mega corrupción En el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) se han desencadenado los escandalosos “Vladivideos”, que judicialmente han demostrado actos de corrupción, mediante el cual su asesor, Vladimiro Montesinos, daba dádivas a distintos funcionarios del gobierno.

Ahora están presos.

Alejandro Toledo (2001-2006) se encuentra con un pedido de extradición y con un requerimiento fiscal de prisión preventiva por el conocido caso de las investigaciones por la entrega de coimas de Odebrecht. Actualmente se encuentra liberado bajo fianza por las autoridades jurisdiccionales de Estados Unidos.

Alan García (2006-2011) fue acusado por delitos de corrupción (delito contra la administración pública), como consecuencia de las investigaciones del caso Odebrecht y otros. Cuando tuvo conocimiento de una orden de aprehensión en su contra, dispuesta por el Ministerio Público, decidió suicidarse.

Ollanta Humala (2011-2016) fue opositor de Fujimori, sin embargo, después de un mal gobierno cosechó procesos judiciales por delitos de corrupción (delitos contra la administración pública). Hablamos del caso conocido públicamente como Lava Jato, por la entrega de coimas de Odebrecht a él y a su esposa. Ya hay una acusación fiscal que demanda 20 años de cárcel para Humala y 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia.

Pedro Pablo Kuczynski (20162018) renunció el 23 de marzo del 2018, por procesos judiciales relacionados a lavado de activos (caso Odebrecht y carretera Interoceánica). El Ministerio Pú-

blico determinó 36 meses de prisión domiciliaria (medida de coerción personal de acuerdo al Código Procesal Penal). A la fecha sus procesos se encuentran en plena investigación.

Martin Vizcarra (2018-2019) fue destituido por el Congreso de la República como consecuencia de presuntos actos de corrupción cuando ejerció su función como gobernador de la región Moquegua. El niega los cargos, pero fue vacado e inhabilitado por el Congreso para ejercer cargo público por diez años.

Gobierno abierto

Bajo este contexto podríamos fácilmente afirmar que la corrupción ha minado la institucionalidad democrática del país. Las repercusiones de las investigaciones del caso Odebrecht provocaron una hecatombe de “sobornos millonarios” en toda América Latina, ello reavivó la conciencia crítica de la sociedad frente a la verdadera lucha contra la corrupción.

Frente a estas circunstancias y hechos, que se encuentran en plena investigación, podemos concluir -y porque no afirmar- que la corrupción afecta las bases del Estado de derecho y la institucionalidad democrática. Con poca transparencia, el Perú no tendrá Gobierno abierto que garantice un proceso de cambio para nuestro país, restringiendo su eficacia e impacto esperado, que es la definición de responsabilidades, recursos suficientes para una verdadera implementación de los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana. ¡Reflexionemos! (*) Abogado/Ex Procurador Público Anticorrupción Descentralizado del Distrito Judicial del Cusco, docente universitario y doctorando en Gobierno y Políticas Públicas de la UNI.

Alberto Fujimori es un expresidente que ha sido condenado por corrupción y delitos de lesa humanidad. Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra son investigados por corrupción.

16 / Informe HYSHA PALOMINO

Valerio Huamaní Mamani y su familia viven en la comunidad campesina Toccorani. Una apuesta por la agroecología.

Agricultores del bicentenario: un testimonio de resistencia Escribe: Hysha Palomino Tomaylla (*) EJEMPLO. Valerio Huamaní Mamani espera apoyo a los productores, toda vez que la alimentación y la agricultura son dos de los ejes priorizados en la agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El gobierno en sus tres niveles y las agencias de cooperación internacional buscan unir sus esfuerzos para la disminución de esas brechas.

Valerio Huamaní Mamani y su familia viven en la comunidad campesina Toccorani de la provincia de Paruro, en la región Cusco. El mes pasado pudimos conocer la comunidad y a Valerio, que es presidente de la comunidad.

La principal actividad en la comunidad es la agricultura. En este informe compartimos un poco de su historia de resistencia.

“En 1999 decidí trabajar el campo. Primero en la comunidad, luego tuve

mi primer hijo, y decidí trabajar la chacra a orillas del río. Años atrás, mi tío y mi padre habían trabajado esos terrenos, pero en 1997 ocurre el fenómeno de El Niño, y los derrumbes se llevan toda esa parte.

También se lleva todos los huertos de la comunidad. Cinco años después yo decido recuperar esos terrenos”, cuenta Valerio, mientras nos muestra la gran diversidad de cultivos que posee en un área aproximada de una hectárea de terreno, a orillas del río Apurímac.

La alimentación y la agricultura son dos de los ejes priorizados en la agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El gobierno en sus tres niveles y las agencias de cooperación internacional buscan unir sus esfuerzos para la disminución de esas brechas.

Sin embargo, a causa de la pandemia por la Covid-19, uno de los sectores más afectados durante el tiempo de confinamiento fue la agricultura familiar. Hubo pérdida de cosechas, los productores llevaban en camiones los alimentos y botaban en las carreteras su producción y otras escenas de las que fuimos testigo.

Bajo nivel de producción El Instituto Nacional de Estadística e Informática, en su informe técnico de producción nacional, publicado en mayo de 2021, señala que “en marzo 2021, el Índice de la Producción Agropecuaria registró una disminución de 1.86 % con respecto a marzo 2020, debido a una menor producción agrícola y pecuaria”.

Asimismo, indican que los cultivos que reportaron menores niveles de producción fueron los cereales, tubérculos, productos agroindustriales, especias, granos duros y verdes, frutos y hortalizas.

“Yo fui a trabajar ahí porque no había fruta. Después del fenómeno El Niño ya no hubo esos cultivos. Empecé limpian-

Informe / 17 do los árboles caídos y la tierra daba una buena producción. Tenía bastante mercado en San Juan. En ese tiempo, el Gobierno local nos dio algunos plantones de ciruelo y durazno. Así empecé yo”, señala Valerio.

Poner fin al hambre en el mundo es uno de los ODS, sin embargo, “alrededor de 660 millones de personas todavía pueden enfrentar el hambre en 2030, en parte debido a los efectos duraderos de la pandemia de la Covid-19 en la seguridad alimentaria mundial: 30 millones de personas más que en un escenario en el que la pandemia no se hubiera producido”, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La pandemia no es el único factor.

También debemos tener en cuenta los efectos del cambio climático, que a pesar de tener muchos efectos negativos debemos resaltar que, como parte de las estrategias de adaptación, hoy encontramos cultivos que se han adaptado a algunas zonas donde años atrás era imposible su producción en esos territorios.

“Mi chacra está a aproximadamente a dos horas y media caminando desde la comunidad. Aquí tengo una gran diversidad de cultivos como tunas, ciruelos de variedades, manzana, durazno, pera, hortalizas, maíz, papa, rocoto y paltos de dos variedades. Ahora he vuelto a sembrar zapallo y vainitas con el apoyo del CEDEP AYLLU”, afirma Valerio.

Para que Valerio y su familia vendan estos productos cuentan con el apoyo de dos burros. Es el único medio de transporte de la chacra a la comunidad, ya que los caminos que nos conducen hasta ella son estrechos y empinados. A pesar de estas condiciones, Valerio no se queja, al contrario, pone más esfuerzo y dedicación a sus cultivos.

Al ser una zona alejada de la comunidad es un territorio limpio que le asegura una alta producción. El clima es un factor que le favorece y, además, no usa ningún elemento químico, es decir, todo lo que cultiva es de manera agroecológica. El sabor de las frutas y de toda su producción lo confirma.

Ante el problema de alimentación que vivimos en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propone la creación de sistemas alimentarios inclusivos. Señala que a través de ella podemos impulsar soluciones duraderas en un contexto en el que con esta alternativa solo se puede ganar, pero solo será posible si se generan esfuerzos, es decir, a través de un trabajo articulado entre todos los actores del territorio.

En ese sentido, la FAO afirma: “cuando se transforman con mayor resiliencia a los principales impulsores, incluidos los conflictos, la variabilidad climática y los extremos, y las desaceleraciones y recesiones económicas, los sistemas alimentarios pueden proporcionar dietas saludables asequibles, sostenibles e inclusivas, y convertirse en una poderosa fuerza impulsora para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición. en todas sus formas, para todos”.

Mientras Valerio dedica la mayor parte de su tiempo a la agricultura, su esposa y sus hijos se dedican a la crianza de cuyes, con lo que apoya la alimentación de su familia. Y una parte es destinada para la comercialización.

“Al gobierno del presidente [Pedro] Castillo le pedimos que apoye la agricultura. Él está identificado con los campesinos, los anteriores gobiernos han abandonado al campo. Le pedimos asistencia técnica y apoyo con semillas certificadas, de calidad, para que nosotros sigamos trabajando con fuerza”, refiere Valerio.

Valerio y su familia han demostrado ser una familia unida que, a pesar de las dificultades, continúa resistiendo y tienen esperanza que las condiciones para los agricultores puedan mejorar. Además, son conscientes de la contribución que hacen al país con su labor de agricultores.

La reforma agraria

nistro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Raúl Frisancho, y otros ministros, realizaron el lanzamiento de la segunda Reforma Agraria en Cusco, incluyendo nueve ejes estratégicos de gestión. Estos ejes son seguridad alimentaria, asociatividad y cooperativismo, infraestructura hidráulica, servicio civil agrario-(Secigra agrario), industrialización rural, mercados de productores y compras estatales, articulación intergubernamental e intersectorial en el territorio, (8) repoblamiento ganadero, y crédito desde un banco de fomento agrario al servicio principalmente de la agricultura familiar.

A partir de esa fecha, desde el Midagri, se han realizado reuniones descentralizadas con el objetivo de mejorar la política pública propuesta. Sin embargo, esperamos que el contexto político permita continuar con esta propuesta y que refleje las necesidades de los peoductores del territorio peruano.

El 3 de octubre de 2021, el presidente Pedro Castillo, acompañado por el mi-

(*) Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu - CEDEP AYLLU. HYSHA PALOMINO

En Paruro, los campesinos han logrado adaptar frutales para productor en esta zona.

HYSHA PALOMINO

Los productores esperan que la segunda reforma agraria les ayude a mejorar su situación.

18 / Informe ANDINA

La minería informal consiguió que le dieran más plazo para que se formalicen. En casi diez años no hay muchos avances.

Congreso y gobierno lanzan salvavidas a mineros informales Escribe: José Víctor Salcedo

RETROCESO. Desde hace más de una década, el Estado peruano trabaja en el proceso de formalización de la minería informal. Pero el Congreso volvió a ampliar en diciembre del año pasado el plazo de inscripción de los mineros informales en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2024. Es una medida que ha sido criticada por los especialistas como un salvavidas a los informales. También hay proyectos de ley encarpetados para ayudar a los mineros ilegales.

Hay que estar alertas.

El 17 de diciembre del 2021, con 104 votos a favor, el Congreso aprobó el dictamen que extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo para la formalización minera para la pequeña minería y minería artesanal. El plazo vencía el mes pasado, por lo que los que no se acogieron a este mecanismo pasaban a ser mi-

neros ilegales.

La norma permite que los mineros informales sigan el proceso de formalización. La diferencia entre la minería ilegal e informal radica en el lugar donde se desarrollan y en los instrumentos que utilizan. La minería informal es aquella que se realiza en lugares

permitidos, pero no cuenta con las autorizaciones correspondientes; mientras que la minería ilegal —que no se puede formalizar— es aquella que se ejecuta en áreas prohibidas, por ejemplo, orillas de los ríos, zonas protegidas, comunidades indígenas o reservas naturales. Esta última utiliza, además, instrumentos no autorizados, como dragas o artefactos similares.

Los promotores de la medida fueron los congresistas de Perú Libre, José Marticorena Mendoza y Víctor Raúl Cutipa Cama, y de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana Cavides.

La Comisión de Energía y Minas unió los dos tres proyectos de ley. Lo hizo en tiempo récord: se presentaron el 11 y 16 de noviembre, y una semana después ya tenía dictamen favorable y al cabo de un mes estaba entrando en vigencia.

Además, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) respaldó la norma, pese a que este mismo sector, pero en el anterior gobierno se mostró en contra de la ampliación del plazo. Cuando el Congreso anterior aprobó un dictamen similar, el Minem envió dos informes técnicos, elaborados por la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Dirección General de Formalización Minera. Los mismos concluyeron que la reapertura de la inscripción en el Reinfo era inviable.

Informe / 19

Minem sostenía que el procedimiento de formalización minera integral, a través de la inscripción en el Reinfo, no es la única vía para formalizarse, porque el minero puede iniciar el procedimiento regular establecido en la Ley 27651. Sin embargo, los informales prefieren evitar este último procedimiento porque los obliga a paralizar sus actividades hasta que cumplan uno de los requisitos obligatorios: obtener las autorizaciones de las autoridades competentes. Y, en caso de incumplir esta exigencia, podrían ser denunciados penalmente.

Es la cuarta vez que se extiende el plazo para la formalización minera. Desde 2010, el Gobierno peruano aprobó una serie de normas para combatir la minería ilegal e impulsar el proceso de formalización de la minería artesanal en el país.

Lo que se desmonta Reabrir el Reinfo retrasa el proceso de formalización que comenzó en 2012, con la publicación de los decretos 1100, 1101, 1102, 1103 y 1105. Los primeros referidos a la lucha contra la minería ilegal y, el úl-

timo, que establece el procedimiento para la formalización además de crear el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC).

Cuatro años después, en diciembre de 2016, el Minem, declaró de interés nacional la formalización de la pequeña minería y minería artesanal y creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a través del Decreto Legislativo 1293. Dicho padrón —el mismo que ahora se busca reabrir— tiene el objetivo de identificar a las personas que practican estas actividades y formalizar su trabajo.

Desde febrero de 2017, cuando se habilitó la web de Reinfo, el registro recibió un total de 90.385 inscripciones de operaciones mineras, que provenían de las 25 regiones, en busca de la formalización.

Pero el avance ha sido escaso: hasta enero pasado, por ejemplo, solo se habían formalizado 1.574 inscripciones. En ese sentido, el abogado César Ipenza señaló que, si el proceso de formalización no funciona, el Estado debería cerrar el Reinfo. “Abrir de manera permanente la formalización no solo extiende esta situación de ilegalidad, sino que lleva a la impunidad”, planteó.

PULSO REGIONAL

La eterna formalización No es la primera vez que los congresistas petardean el proceso de formalización. La noche del 30 de junio de 2021, mientras la mayoría de peruanos estaba pendiente de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones sobre la nulidad de los votos rurales, el pleno del Congreso aprobó, con 61 votos a favor, el proyecto de ley 5706.

Esta establecía, de forma excepcional, un nuevo plazo para la inscripción de mineros artesanales en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los congresistas también exoneraron de segunda votación la aprobación de la ley, con 62 votos.

Aquella vez, los autores de la propuesta fueron los congresistas Yessica Apaza Quispe, José Vega Antonio, Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma, Alexander Lozano Inostroza (representante de Madre de Dios), Rubén Pantoja Calvo e Hipólito Chaiña Contreras. Todos ellos pertenecían a la bancada de Unión por el Perú (UPP), a excepción del fallecido Chaiña Contreras.

El abogado y experto de DAR, César Ipenza, señala que reabrir la inscripción en el Reinfo constituye un salvavidas para aquellos mineros denunciados o que podrían ser denunciados por el delito de minería ilegal. “Si uno está haciendo minería ilegal en este momento, la Fiscalía lo identifica y lo denuncia por delito de minería ilegal. Pero, si se abre el Reinfo, uno se inscribe y con eso queda fuera del proceso penal”, explicó.

El rastro de lo ilegal

En Cusco, la minería informal crece fuerte en la zona de Choccoyo de la provincia de Chumbivilcas.

El Congreso, con aval del Minem, aprobó la ampliación del plazo para la formalización minera.

En el Congreso hay proyecto de ley dormidos que buscan que vuelva la minería ilegal. Debemos estar alertas a una intención de ese tipo. Desde 1980 hasta la actualidad, la minería ilegal ha devastado más de 100.000 hectáreas de bosques en Madre de Dios, de acuerdo con el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). Esta cifra equivale a más de 160.000 canchas de fútbol y más del triple de la extensión del Santuario Histórico de Machu Picchu. Además de contaminar el medio ambiente, esta actividad perjudica la salud de las personas, afecta los territorios de las comunidades indígenas y fomenta tanto la explotación sexual como la trata de personas.

Los peligros de seguir avalando a los informales e ilegales es que se muestra a un Estado permisivo con actividades que están al margen de la ley. La Defensoría del Pueblo considera que la formalización de la minería aluvial constituye una amenaza para el derecho de las personas a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado, y el derecho a la salud. Ya en el informe defensorial 167, esta institución había advertido que la minería ilegal causa deforestación, erosión de las áreas explotadas, colmatación del cauce de ríos, deterioro de la calidad de agua y contaminación por mercurio, además de impactos sociales, como trabajo infantil y trata de personas.

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Santurantikuy: La fiesta del Niño Jesús Desde hace décadas, el 24 de diciembre, víspera de Navidad, la plaza Mayor de Cusco se convierte en el centro de la divinidad. En el recinto se desarrolla la feria del Santurantikuy, compra de santos en español. El protagonista es el Niño Jesús, conocido como Niño Manuelito en su versión cusqueña. La fiesta es la reunión de cientos de artesanos que exponen y venden sus mejores obras de arte relacionadas con Jesús recién nacido. Este año, para evitar los contagios con la Covid-19, la feria se hizo durante cinco días, del 19 al 24 de diciembre.

Fotos: Alejandro Delgado Ticona.

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