Revista Pulso Regional

La Revista del Sur | Año 05 | #48 - Octubre de 2021

En vez de debatir y reflexionar el terrorismo, los políticos optan por descalificar, satanizar y vincular con la violencia a quienes piensan diferente.

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El fantasma del terrorismo

2 / Editorial

La última.

EDITORIAL ES MOMENTO DE TRABAJAR El gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones cumple dos meses. Este periodo ha estado marcado por la dura confrontación con los sectores conservadores y la oposición congresal, que forzó la salida de un ministro y ahora exige la reconfiguración del gabinete ministerial.

Lo llamativo y sorprendente de este momento político es que el protagonismo lo han asumido el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, y el presidente del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. Mientras que el presidente Pedro Castillo se ha caracterizado más por sus indecisiones que por sus decisiones.

La cercanía del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, con el presidente de la República genera preocupación. Y es que los atestados policiales que lo vinculan con atentados de Sendero Luminoso son tan contundentes que este no debería permanecer por más tiempo en el gabinete ministerial. Por menos que eso, Castillo sacó de Relaciones Exteriores a Héctor Béjar.

De igual forma, los nexos de Maraví con profesores del Sute Conare, que tiene vinculación con Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, dan la señal de que el gobierno de Castillo no está dispuestos a marcar distancia y menos deslindar con estos grupos antidemocráticos.

A esto hay que agregarle la designación de personajes que no reúnen el perfil para ocupar altos cargos -como Julián Palacín en Indecopi y otros- infringen el principio de idoneidad del código de ética de la función pública y debilitan al gobierno del presidente Castillo.

Todo eso es capitalizado audazmente por la oposición política y mediática para debilitar al gobierno y así crear condiciones para una eventual interrupción del actual régimen. No le perdonan nada como sí lo hicieron con los gobernantes anteriores y eso debería entenderlo Castillo.

Mientras las indecisiones y la permanencia de personajes cuestionados en altos cargos marcan el debate político y la cobertura mediática, hay poco que destacar de la administración Castillo. El gobierno ya debería entender que es momento de trabajar en vez de solamente confrontar.

Nota al cierre de edición

Los incendios forestales matan personas Víctor Cruz Mollohuanca madrugó el día que iba a morir. Ocurrió el 20 de septiembre último cuando salió de su casa, se unió a una de las brigadas de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo (Cusco) y partió a sofocar el gran incendio que afectaba tres distritos: Saylla, Oropesa y San Jerónimo.

Mientras batallaban con el fuego en el cerro de Saylla comenzó un viento intenso que hizo agigantar las lenguas de fuego. La brigada tuvo que retroceder. Cuando Cruz Mollohuanca se alejaba de la zona del incendio tropezó y rodó a un barranco de unos 50 metros. Sus compañeros trataron de auxiliarlo cuando todavía estaba con vida. Sin embargo, su cuerpo no aguantó los fuertes golpes y murió.

Víctor Cruz Mollohuanca se desempeñó como Gerente de Desarrollo Humano y Social de San Jeró-

nimo. Antes fue director de la Ugel Cusco y director del colegio nacional de Ciencias.

La muerte del profesional es consecuencia de la irresponsable e insana práctica de quemar cerros. De acuerdo a datos del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco (COER), de enero a la fecha, se han reportado 191 incendios forestales en toda la región imperial, los que han destruido aproximadamente 10.593 hectáreas de pastos naturales, plantas de eucaliptos, pinos, entre otras especies. Asimismo, han provocado la muerte de animales silvestres.

El director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad, Roberto Vidal Abarca, dijo que su despacho y todas las entidades regionales están en alerta permanente en caso de que se presenten nuevos incendios (Ver más en págs. 18 y 19).

Un incendio por día en promedio se registra en Cusco, según las cifras que maneja el COER Cusco.

EDITOR GENERAL: Miguel Gutiérrez Chero

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

EDITOR PERIODÍSTICO: José Salcedo Ccama

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

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DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo

Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF

DISEÑO PORTADA: Cristian Yarin Trujillo

Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

pulsoregionalcusco Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113 Tiraje: 1.000

Informe / 3

Vacunas VIP: Los privilegiados hijos de jueces y trabajadores de Salud Escribe: José Víctor Salcedo

IRREGULAR. El 11 de septiembre pasado, 121 menores, de 12 a 18 años; 10 de 19 años, y cuatro, de 22 y 29 años, se vacunaron en la sede de la Corte Superior de Justicia, mientras miles de niños hacían largas filas en los vacunatorios autorizados para recibir la primera dosis contra la COVID-19.

El escándalo de la vacunación irregular contra la COVID-19 a hijos de jueces y administrativos de la Corte Superior de Justicia de Cusco demuestra que el aprovechamiento de los cargos públicos sigue siendo una práctica frecuente. No fueron 12 como se dijo al inicio, ni 106 como afirmaron después. La lista de vacunados de aquel 11 de septiembre, a la que accedió Pulso Regional, revela que fueron 135 los beneficiados.

Cuatro pertenecen al grupo etario de 20 a 29 años, cuya vacunación ni siquiera se abrió en Cusco; 121 son menores de 12 a 18 años, y 10 de 19 años. Todos ellos se beneficiaron con las vacunas VIP.

El aprovechamiento no quedó allí. Según el gerente regional de Salud, Javier Ramírez, al menos dos servidoras de la Geresa -que fueron a vacunar a la Corte Superior de Justicia- se valieron de sus cargos para inmunizar a sus menores

Cusco es una de las regiones donde se han registrado denuncias por el aprovechamiento en la vacunación contra la COVID-19.

hijos y familiares contra el nuevo coronavirus. Este hecho configura el delito de tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo, que se sanciona con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación para ejercer cargo público.

Se trata de las enfermeras Lida Zamalloa, Lilian Lima y Nelly Oscco. La primera además fue suspendida del cargo de Coordinadora de Inmunizaciones mientras duran las investigaciones abiertas por este hecho irregular.

Como era de esperarse, el Gobierno Regional de Cusco dispuso la conformación de una comisión sumaria que deberá efectuar una investigación con celeridad y determinar las responsabilidades administrativas y penales de cada trabajador o funcionario.

Las acusaciones mutuas El titular de Geresa, Javier Ramírez, se enfrentó a esta denuncia a escasos cinco días de haber asumido el cargo. Su primera reacción fue señalar que la autorización la dio su antecesor Juan Spelucín.

Sin embargo, Spelucín negó la acusación y aseguró que la luz verde fue -como ocurrió en otras partes del paíssolo para inmunizar a los trabajadores del Poder Judicial. “No hubo autorización para vacunar a los hijos de los trabajadores”, anotó.

En efecto, no hay documento alguno que contenga la autorización explícita de este proceso en la sede de la Corte Superior de Justicia.

Las implicadas Lida Zamalloa, Lilian Lima y Nelly Oscco aseguran que el que autorizó la vacunación fue el gerente Ramírez. No obstante, su versión no es refrendada con documentos. Dicen que solo hubo un consentimiento verbal del gerente regional de Salud.

El escándalo se hizo público cuando se conoció que el Poder Judicial se convirtió en un vacunatorio contra la COVID-19. En este lugar, vacunaron a trabajadores rezagados, mayores de 30 años, pero también a hijos del personal, mientras miles de niños hacían largas filas en los vacunatorios autorizados por Geresa.

El gobernador regional, Jean Paul Benavente, dijo que no conocía de este hecho irregular. “En ningún momento se ha coordinado absolutamente nada conmigo”.

4 / Informe

El terruqueo como arma de destrucción del oponente no solo anula las ideas. Por ejemplo, una protesta social es vinculada por algunos sectores con el terrorismo.

El “fantasma” del terrorismo agita la política peruana

FALTA DE DEBATE DE IDEAS. El uso del terrorismo como arma para destruir al que piensa diferente no solo deteriora el debate de ideas, sino pone en riesgo la democracia. La muerte de Guzmán debería reafirmarnos en el rechazo al terrorismo, pero también en la convicción de que la tolerancia y el respeto mutuo son el camino correcto.

Cuando uno habla de terrorismo en el Perú solo lo asocia al terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Se ignora por omisión -muchas veces interesada- el terrorismo de Estado y las otras violencias que ocasionaron terror a lo largo de la historia en el país.

Entonces, hablar de terrorismo es una ocupación de alto riesgo. Se corre el riesgo de ser terruqueado si se da una visión histórica de lo que la historiadora Cecilia Méndez llama “los terrorismos” antes de Sendero Luminoso.

El escritor, historiador e investigador, José Carlos Agüero, dice que, en estos días, pensar es casi un prole-

gómeno a hacer terrorismo, o a hacerle juego al terrorismo. “Estamos en un momento donde pensar casi está prohibido, lo que tienes que hacer es seguir”, caso contrario el riesgo es que te digan terrorista. Y así es: hay un uso político -como un arma arrojadiza- del terrorismo para atacar al que no piensa como uno.

Mientras que el escritor y doctor en Antropología Social, Lurgio Gavilán, dice que en lugar de atacarnos unos a otros necesitamos entender lo que pasó y por qué pasó. “Nos necesitamos unos a otros. Debemos olvidarnos de la discriminación o de la idea de que la sierra es sinónimo de atraso”.

La muerte de Guzmán y el gobierno La muerte del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, la mañana del 11 de septiembre, volvió a agitar el fantasma del terrorismo en el país. La cobertura mediática del deceso del criminal fue superficial. Solo hicieron un repaso reiterativo del atentado en la calle Tarata de Miraflores (Lima) que dejó 43 muertos, y la matanza de 69 campesinos en Santiago de Lucanamarca, en Ayacucho, en abril de 1983, como si hubiesen sido los únicos casos.

No dijeron nada de que las regiones más afectadas fueron Ayacucho y Junín con casi el 70% de las víctimas, que la mayoría de asesinados eran quechuahablantes o de idiomas nativos, que el grueso de víctimas eran analfabetos o tenían apenas primaria completa. Inclusive apareció el excandidato presidencial, Hernando de Soto, diciendo cínicamente que fue “la víctima más importante de Sendero Luminoso” y con ello banalizó la gravedad del terrorismo.

Informe / 5 Solo algunos historiadores, periodistas independientes y algunos medios alternativos hicieron el esfuerzo de explicar las causas sociales y políticas que desataron el baño de sangre.

Eso sí, la muerte de Guzmán fue usada para atacar al gobierno de turno y desacreditar al contrincante, lo que fue alimentado por la indecisión del Estado sobre qué hacer con el cadáver de Guzmán, así como por el desinterés del presidente Pedro Castillo en este tema y el silencio del primer ministro Guido Bellido.

La muerte de uno de los más sanguinarios criminales solo mereció un mensaje en Twitter del presidente Pedro Castillo. “Falleció el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas. Nuestra posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable.

Solo en democracia construiremos un

Perú de justicia y desarrollo para nuestro pueblo”, escribió el jefe de Estado.

Desde la oposición, salieron a cuestionar el silencio. Por ejemplo, la excandidata presidencial e investigada por lavado de activos y organización criminal, Keiko Fujimori, arremetió contra el presidente. “Creo que la simpatía por Abimael (Guzmán) quedó más que nunca al descubierto. Denúncienme por decir la verdad”, escribió el Twitter.

El gobierno desaprovechó la ocasión perfecta para deslindar del terrorismo de Sendero Luminoso al que se le ha vinculado desde la campaña electoral. Y con ello reforzó la idea de que hay algunos filosenderistas dentro del gobierno de Perú Libre.

Entre ellos está el primer ministro Guido Bellido entusiasta admirador de la exterrorista Edith Lagos y ahora investigado por apología al terrorismo; EL COMERCIO

La muerte del terrorista Abimael Guzmán volvió a generar debates, pero no sobre temas de fondo.

PUCP

Es necesario estudiar el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

el congresista Guillermo Bermejo, con un proceso judicial en etapa de juicio oral por terrorismo, así como el ministro de Trabajo y Promoción de Trabajo y Empleo, Iber Maraví, quien aparece en sendos atestados policiales sobre su participación en atentados terroristas en Ayacucho.

Maraví sigue en el cargo pese a que el propio Guido Bellido le pidió su renuncia. Eso es un indicativo de que Castillo respalda al cuestionado ministro de Trabajo, que tiene mucha cercanía con el sector del magisterio que tienen vínculos con el Conare, una versión edulcorada del Movadef (el brazo político de Sendero Luminoso). Por menos que eso fue echado del gabinete ministerial el sociólogo Héctor Béjar.

El terruqueo Con el terruqueo se trivializa el terrorismo y los años del Conflicto Armado Interno (CAI) que golpeó y desangró al país durante casi dos décadas y dejó 69.000 muertos, de los cuales más de 30.000 fueron obra de Abimael Guzmán. Porque este concepto es usado por grupos conservadores que ven a Sendero Luminoso en cada acto gubernamental y lo usan para criticar al presidente Castillo.

El exintegrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Rolando Ames, le dijo a La República que “acá (en el Perú) terruqueas, acá todos son SL, y hay que salir de esa mirada desfasada”.

La historiadora Cecilia Méndez refiere que el terruqueo es el arma política más vigente, porque no se quiere ver los problemas más urgentes. “Aún vivimos la época de la antipolítica, donde la política es vista como una guerra y se tiene que eliminar al enemigo [al que piensa diferente]. Se olvidan de que la política es la acción entre los diversos, con el terruqueo solo creamos fantasmas que nos evaden de la realidad”, reflexionó.

El riesgo, según Méndez, es que al ingresar a ese terreno se pone en riesgo la democracia. “Tenemos a la derecha y a los propios medios cayendo en la polarización por el terruqueo, no se dan cuenta de cuánto nos ha costado salvarla y estamos a un filo de perderla”, advierte.

Asimismo, el escritor y doctor en Antropología Social, Lurgio Gavilán, sostiene que mantener casi vigente a Sendero Luminoso le ha ayudado para vivir a algunos políticos. “Cada vez que levantamos alguna protesta en la universidad, nos gritan terrucos. Siempre habrá radicales, pero gente que buscamos la paz no estamos en estas cosas”.

“Además, Sendero Luminoso -porque yo estaba ahí, lo conozco- eran pocas personas. Estaba conformado por niños, mujeres, varones. Ahora en el Movadef seguro hay, pero no son tantos.

Nadie quiere la violencia en el Perú. Si uno camina en Ayacucho, por ejemplo, las personas están preocupadas en sus quehaceres familiares, buscando el pan”.

6 / Informe

ANDINA

Grupos del poder político, representados en el Congreso, han querido traerse abajo la reforma político-electoral. No lograron su propósito.

Alentando la dictadura partidaria La esencia de las “primarias” Escribe: Alberto García Campana (*)

MALOS PRECEDENTES. Las cúpulas centralistas han pretendido enterrar la democracia interna. Pero no lo han conseguido. Sin embargo, hace ya un buen tiempo que los partidos no quieren democratizar los procesos internos y evitar la prosecución de esa forma vertical, autoritaria y antidemocrática de escoger a los candidatos: la “dedocracia” en lugar de la democracia.

A mediados de septiembre último, la Comisión de Constitución del Congreso de la República propinó un alevoso ataque a los intentos de la reforma electoral, al decretar la eliminación de las elecciones primarias, mecanismo que debería servir para que los partidos políticos conformen la lista de candidatos tanto para los gobiernos regionales y municipales como para el Parlamento Nacional.

Afortunadamente, el Congreso de la República rechazó 45 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones el texto sustitu-

torio que proponía suspender las elecciones primarias para las Elecciones Regionales y Municipales del 2022.

Sin embargo, hace ya un buen tiempo el proceso electoral regional y municipal es el blanco de este tipo de iniciativas que entierran los esfuerzos que se realizaban en algunos espacios para democratizar los procesos internos de los partidos y evitar la prosecución de esa forma vertical, autoritaria y antidemocrática de escoger a los candidatos: la “dedocracia” en lugar de la democracia.

En democracias sólidamente constituidas, los procesos electorales empiezan con el desarrollo de elecciones primarias que sirven para que las personas interesadas en postular a cargos de elección popular, den a conocer tanto su trayectoria como sus propuestas. Los respaldos conseguidos en esa primera etapa alientan a continuar en carrera o, si el apoyo es magro, a decidir el retiro.

Muchos de quienes se creen “candidatos naturales” consideran accesorias y poco relevantes las elecciones internas. En el Perú, las elecciones primarias se instituyeron como elecciones internas, lo que sin embargo no aportó mucho a la democracia interna, pues al ser estos procesos en los que participaban solamente los militantes carnetizados, la elección de los candidatos siguió la dirección que señalaban los dirigentes de los partidos. No causaba preocupación el hecho que un “candidato natural” no participe en los procesos internos e incluso que, aun participando en ellos, consiga un insignificante respaldo. Por eso, de manera frecuente se observó que los postulantes que no recibieron respaldo en las bases, se fueron a Lima con algunos presentes para los dirigentes nacionales y regresaron con su designación bajo el brazo. Entonces, las elecciones internas terminaban en una farsa.

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Luego, para aparentar un fortalecimiento del proceso eleccionario interno, se decidió que las elecciones internas fuerzan abiertas, es decir, que no solamente votaran los militantes inscritos en los partidos, sino también los simpatizantes, los familiares de los aspirantes y hasta los firmantes de otras organizaciones políticas. El resultado fue que ganaba la nominación el candidato que llevara al mayor número de sus “conocidos” para que votaran por él en las elecciones internas abiertas. Esto tampoco funcionó en términos de fortalecimiento de la democracia interna, porque el postulante que contaba con mayores recursos económicos, que podía trasladar a “sus” electores en camiones, era el que lograba la mayor votación.

En Lima se decide “¿Para qué inviertes tu dinero en las elecciones internas si al final Lima decide?”

Esa era la pregunta/reflexión que se escuchaba muy frecuentemente a la interna de los partidos. La percepción generalizada era que las elecciones internas constituían meras formalidades, pues al final, la composición de las listas se decidía en Lima.

Con profunda indignación, el candidato que había obtenido amplio respaldo en las elecciones internas había quedado relegado en la nómina final e incluso había sido retirado de la lista.

Se recuerda mucho en Cusco el caso del propietario de un hotel ubicado en la avenida El Sol que, muy solícitamente atendía al entonces candidato Alberto Fujimori cuando éste llegaba al Cusco. Sin mayores méritos, ese empresario apareció en lugar destacado de candidatos al Congreso de la República en 1995.

Se podría referir casos similares con el expresidente Alan García y con los jerarcas de otros partidos políticos, quienes priorizaron sus afectos personales por encima de la decisión de las bases.

Sin embargo, al margen de esas debilidades, la democracia requiere de la participación masiva desde los primeros pasos, esto es, las elecciones internas.

La eliminación de las elecciones internas constituía sin embargo un grave retroceso en la reforma electoral que tibiamente había sido emprendida a mediados del año pasado, cuando se plantearon iniciativas que entregaran a las bases la facultad de elegir a sus candidatos.

El fantasma de la “adecuación” Si los partidos políticos aplauden las decisiones del Congreso de la República en materia electoral, los movimientos regionales han empezado a tambalearse a partir de nuevas exigencias que también han sido establecidas por el legislativo.

Quienes pretendan llegar a los gobiernos municipales y gobiernos regionales, deberán acreditar al menos un año de militancia en el movimiento por el que desean postular. El plazo, inicialmente es-

tablecido, vence el 3 de octubre próximo, es decir un año antes de las elecciones municipales y regionales. Pero, además, la norma exige que los movimientos regionales cumplan en sus dirigencias con la equidad de género y la alternancia, algo que, en tan corto plazo, es casi imposible de alcanzar.

Aun cuando el plazo para la citada adecuación ha sido ampliado, es evidente que no todos los movimientos podrán participar en igualdad de condiciones con los partidos políticos de alcance nacional.

En consecuencia, una vez más, se apunta a fortalecer la dictadura de las cúpulas partidarias en la designación de candidatos y, paralelamente, a menoscabar la participación de las bases, convirtiendo a la democracia interna en una farsa. (*) Catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Los partidos políticos no quieren sufrir una nueva derrota. Nueve perdieron su inscripción tras su fracaso en las elecciones del 2021.

ANDINA

La pandemia como pretexto La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, Patricia Juárez, esgrimió como argumento para la alteración de algunas normas electorales vigentes, la circunstancia de la pandemia provocada por el coronavirus y la necesidad de utilizar mejor los recursos del Estado.

La legisladora recordó que la cifra de fallecidos en el Perú por la COVID–19 se aproxima a los 200 mil, y que el dinero público debería destinarse a combatir al virus antes que a implementar los mecanismos inherentes al proceso electoral.

Lo que no dijo es que la presión de las dirigencias de los partidos políticos es tan fuerte que pretende debilitar toda forma de democracia interna, dejando fuera de peligro la prerrogativa de las cúpulas partidarias de escoger a sus candidatos.

La “dedocracia” casi siempre se impone en las elecciones regionales y municipales.

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Las propuestas de Pedro Castillo bajo la lupa JUAN CARLOS TORO

La educación en el Perú fue declarada en estado de emergencia por los efectos que ocasionó la pandemia de la COVID-19. La medida durará hasta el 2022.

Escribe: José Víctor Salcedo

CAMINO SIN CLARIDAD. El presidente de la República anunció la recuperación del gas de Camisea, declaró en emergencia el sector Educación y prometió el ingreso directo a las universidades públicas. Expertos en estos temas y algunos ministros han descartado la viabilidad de estos planteamientos. ¿Puro populismo o desconocimiento?

No solo la designación de funcionarios con antecedentes y preferencias con Sendero Luminoso, que no reúnen el perfil o que tienen conflicto de intereses, sino también la indecisión y la poca claridad en sus medidas de gobierno ponen bajo cuestión los primeros meses de la administración del presidente de la República, Pedro Castillo Terrenos.

A dos meses del inicio del actual régimen, la mayoría de medidas solo han quedado en anuncios. En el discurso de asunción del mando del 28 de julio, Castillo anunció un conjunto de medidas que, según dijo, beneficiarán a todos los peruanos.

Recuperar el gas de Camisea Uno de esos anuncios es la recuperación del gas de Camisea. A mediados de septiembre pasado, el presidente Castillo Terrones reiteró su intención de recuperar

Informe / 9 Camisea para que el combustible limpio y barato beneficie al país. Ese anuncio, hecho en un discurso en Cajamarca, se dio en medio de un periodo de incremento del costo del gas doméstico, que llegó a costar más de 80 soles en las comunidades nativas del Bajo Urubamba, provincia de La Convención (Cusco), donde se encuentra el yacimiento del Lote 88.

“Nos vamos a comprar el pleito para recuperar el gas de Camisea para todos los peruanos”, dijo el jefe de Estado.

Y luego dijo que Petroperú participará en todos los aspectos de la industria petrolera, desde la exploración hasta la explotación y el transporte de petróleo y gas natural hacia las refinerías y la comercialización de los derivados. “Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano, se eleven los precios de los alimentos y los pasajes para beneficio de una empresa monopólica”, señaló

Sin embargo, la recuperación de Camisea enfrenta un fuerte escollo legal. El magíster y especialista en Derecho, Henry Delgado Urrutia, explicó que el contrato que tiene el Consorcio Camisea con el Estado peruano tiene el rango de contratos o convenios de estabilidad jurídica. “Tiene como base jurídica en lo establecido en el Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada, que en el artículo 39 establece que el Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros y a las empresas en que ellos invierten, mediante la suscripción de convenios que tienen carácter de contrato-ley, y que se sujetan a las disposiciones generales sobre contratos establecidas en el Código Civil (Art. 1357°)”, explicó.

En consecuencia, precisa Delgado Urrutia, al ser un contrato con fuerza de Ley, el del gas de Camisea no puede ser modificado o dejado sin efecto por el Esta-

do. “Solo podrán modificarse o dejarse sin efecto por acuerdo entre las partes, dado que -como reitero- estos convenios que tienen la calidad de contratos de fuerza ley, se suscriben por interés social, nacional o público”. Es decir, solo pueden firmarse adendas al contrato siempre que haya acuerdo de ambas partes.

Para el abogado, bajo la coyuntura actual, la gestión actual plantea una medida populista cuando habla de querer recuperar el gas de Camisea. Delgado Urrutia señala que si el Gobierno realmente quiere revisar el contrato deberá ver con mayores pinzas jurídicas el asunto.

Ingreso a las universidades La otra propuesta del presidente Castillo es el ingreso directo a las universidades públicas. Actualmente un estudiante debe pasar una prueba de ingreso en un proceso de admisión que diseña y aplica cada casa superior de estudios para que ingresen los que mejor preparados están.

La propuesta del gobierno de Castillo está orientada a tres estrategias: incentivar el talento regional, complementar las clases con un ciclo cero y la ampliación de la cobertura que deben de tener las universidades.

Este tercer punto complica la viabilidad del planteamiento. Sucede que para recibir más estudiantes las universidades deberían ampliar las vacantes, mejorar su infraestructura, contratar más docentes y, para ello, necesitan más presupuesto.

Según las actas de las sesiones de Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló que existe un tope en el presupuesto que impediría que se implemente el ingreso directo de los estudiantes a la universidad estatal.

El rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UnANDINA

El ministro Juan Cadillo quiere impulsar cambios, pero no trabaja con los Gobiernos regionales.

saac), Eleazar Crucinta, dijo que el presupuesto de esta casa de estudios debería triplicarse si se quiere implementar el ingreso director. Actualmente su presupuesto es de S/ 87 millones anuales en promedio.

Educación sin horizonte “Este es el gobierno del pueblo y para el pueblo, declararemos de inmediato la educación pública en estado de emergencia, para recuperar los aprendizajes y evitar que la falta de equidad siga creciendo”, dijo el presidente Pedro Castillo en su discurso de asunción del cargo.

El 20 de agosto pasado, el Ejecutivo declaró en estado de emergencia el sistema educativo del Perú durante el segundo semestre del año 2021 hasta el primer semestre del año 2022. Esto, debido a los “efectos negativos” como consecuencia de la pandemia del COVID -19.

Según el Decreto Supremo 014-2021, el Ministerio de Educación (Minedu) debe aprobar e implementar el “Plan de emergencia educativa que contenga las medidas a adoptar en el segundo semestre del año 2021 y en el primer semestre del año 2022”.

El gerente regional de Educación de Cusco, Arturo Ferro Vásquez, dijo que la principal virtud de la declaratoria de emergencia es tomar decisiones sobre la educación que queremos en función a las demandas de la realidad actual, entre ellas el proceso de descentralización y la otra la construcción del currículo regional.

En tanto, entre las ausencias están que no hay una reestructuración en el Minedu y tampoco se habla de la creación de una nueva Ley de organización y funciones del ministerio ni de pedagogizar los cargos de confianza educativos, que actualmente están en manos de diversos profesionales y no necesariamente de maestros de aula. “También se debe regionalizar para que este ente cuente con los mejores profesionales de las regiones y que estos no solo sean de Lima y finalmente se debe descentralizar agresivamente la educación. No es justo que el currículo y los cuadernos de trabajo de los estudiantes se hagan en Lima”, señala Ferro Vásquez.

Otra falla es que los Gobiernos regionales no fueron consultados para la declaratoria de la emergencia. “Este nuevo Minedu, con profesionales del viejo Minedu, no ha tenido a bien consultarnos sobre la declaratoria de emergencia, cometiéndose otra vez el error de decidir desde una pecera técnica los destinos del país y -lo que es peor- a espaldas de las regiones”, dice el gerente.

Así la visión centralista de la educación se repite con este gobierno. A casi dos meses de la gestión no se ven cambios trascendentales. “Si se hace lo mismo de siempre, con las mismas personas, bajo los mismos enfoques y las mismas metodologías centralistas, no esperemos tener resultados diferentes. Sin embargo, aún guardo algo de esperanza de que esta situación mejore”, señala Ferro Vásquez.

10 / Informe

La entrada principal de Vitkus, el último lugar de la resistencia inka. Es uno de los sitios arqueológicos y destinos turísticos más important

El parque arqueológico de Vitkus se encuentra en la parte alta de Vilcabamba.

Batán, vestigio de la vida cotidiana de vitkus.

tes de la provincia cusqueña de La Convención.

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El colegio de Pampaconas donde habitan los descendientes y herederos del último inca.

VILCABAMBA:

el último bastión Inka Como un monumento al valor y coraje inka, se yergue la zona arqueológica de Vitkus, el último rincón de la verdadera resistencia. Se encuentra en el distrito de Vilcabamba, provincia de la Convención (Cusco). Estos muros de piedra son una muestra de la lucha constante que dieron nuestros antepasados ante la invasión española, teniendo a la cabeza a Manco Inca. Su legado debe permanecer vivo en nosotros y seguir resistiendo ante todas las amenazas que persisten hasta hoy.

FOTOS: MIGUEL GUTIÉRREZ. Monumento a Manco Inca, el último inca en la plaza de Lucma.

A esta zona le hace falta presupuesto para mantenimiento.

12 / Informe

La violencia contra las mujeres no cesa. Es urgente que desde el gobierno se implementen políticas para proteger a este grupo de ciudadanas.

Gobierno de Pedro Castillo sin respuestas claras y firmes para combatir la violencia de género Escribe: Yulissa Casana Muñoz (*)

AVANCES Y DEUDAS. Desde 1993 hubo cambios e innovaciones legales, producto de las movilizaciones de organizaciones sociales de mujeres, colectivos feministas y de derechos humanos ante la alarmante cifra de violencia por razones de género. Pero las cifras siguen siendo de terror: solo de enero a agosto de este año, la Defensoría del Pueblo registró 107 feminicidios y 84 tentativas a nivel nacional. Además, en tres años, desde 2018 hasta julio de 2021, 46.762 niñas, adolescentes y mujeres han desaparecido.

A propósito de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, ¿cuál es el panorama nacional sobre la situación de la violencia de

género en pleno bicentenario y con un nuevo gobierno de turno?

Antes de responder a esta interrogante, es necesario hacer un re-

cuento sobre los avances normativos en estos últimos años, expuestos a inicios de 2021 en un foro virtual organizado por Derechos Humanos Sin Fronteras.

El evento contó con la participación de Aprodeh - Apurímac, Defensoría del Pueblo, Flora Tristán, el Programa Nacional Aurora y defensoras de las provincias de Espinar y Chumbivilcas.

Los avances en leyes El Perú aprobó en 1993 la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar (Ley n.° 26260), que -si bien fue la primera normativa de este tipo- no reconoce a la mujer como víctima específica de la violencia. Luego, en el 2002 y 2004, a través de la Ley n.° 27637 y Ley n.° 28236, se ordena la creación de los hogares de refugio temporal para víctimas de violencia sexual y víctimas de violencia familiar, respectivamente. Posteriormente, en el 2013, se incorpora en el Código Penal el delito de feminicidio. Ya, en el 2015, casi dos décadas después, se crea la Ley n.° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

Informe / 13 contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Desde entonces hubo varias modificaciones y a la vez la reglamentación de dicha ley. Cuatro años después, recién se aprueba el Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En el 2017, a través del Decreto Legislativo n. ° 1323, se crea el delito específico para sancionar agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Más adelante, se publica la Ley n. ° 30838, Reforma Integral de los Delitos Sexuales.

En el 2018, a través del Decreto Legislativo n. ° 1410, se incorpora los delitos de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal. El año siguiente, 2019, se publica la directiva sanitaria para el uso del kit de emergencia en casos de violencia sexual. El 2020 también fue un año importante. Se establecieron medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas e integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19.

El Ministerio Público y el Poder Judicial deben ser los garantes del cuidado de la integridad y la vida de las mujeres.

Las deficiencias Todos estos cambios e innovaciones legales hechas fueron producto de las movilizaciones de organizaciones sociales de mujeres, colectivos feministas y de derechos humanos ante la alarmante cifra de violencia por razones de género. A continuación, parte de las estadísticas: solo de enero a agosto de este año, la Defensoría del Pueblo registró 107 feminicidios y 84 tentativas a nivel nacional. Además, en tres años, desde 2018 hasta julio de 2021, 46.762 niñas, adolescentes y mujeres desaparecieron.

Dichas modificaciones han repercutido en mayor recurso económico para personal e instalaciones, creación de centros de emergencia de la mujer en los territorios, creación de juzgados y comisarías de familia, creación del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA), estrategia rural, creación de las instancias de concertación, entre otros.

Sin embargo, todavía existen problemas en la atención y sanción. Por ejemplo, en el sector salud, hay poco involucramiento y conocimiento sobre la actuación. Insuficiente información a las víctimas sobre el acceso al kit de emergencia y demás servicios. Con respecto al acceso a la justicia, las medidas de protección a las víctimas son incumplidas. El CEM y la Policía no se abastecen.

Escasa presencia de la Policía, CEM, Defensa Pública en los territorios rurales, falta de capacitación en actuación a los operadores de justicia, poco número de

En Cusco y Apurímac los índices de violencia contras las mujeres superan el 40%.

hogares temporales, sobrecarga laboral.

Mientras que, en los servicios de atención aún se cae en la revictimización, la Policía califica los hechos y omite la ruta de atención y persisten los prejuicios, clasismo y racismo, no únicamente por parte de los policías.

Agendas pendientes Asimismo, el acoso político es una forma de violencia de género que vulnera los derechos políticos y la participación de las mujeres en igualdad de condiciones. Precisamente, en abril, se promulgó la Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política (Ley n. ° 31155). No obstante, su reglamentación sigue en espera.

El caso de esterilizaciones forzadas, de igual manera, es una agenda pendiente. Las instituciones que conforman el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF) y la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas presentaron una demanda de amparo contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), por omitir el reconocimiento y garantía del derecho a la reparación de las víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Por su parte, en campaña electo-

ral, el presidente Pedro Castillo se pronunció en contra de la inclusión del enfoque de género en el currículo escolar.

En ese sentido, es urgente que el nuevo gobierno asuma la lucha contra la violencia de género de forma integral e incluya la prevención como una estrategia clave. Por eso es imprescindible que el nuevo gabinete y a la vez el Congreso de la República se comprometan y entiendan que el enfoque de género es una prioridad. No basta con emitir mensajes para calmar a la opinión pública. Es evidente el desconocimiento de algunas autoridades políticas, tanto nacionales, regionales y locales, para abordar las dimensiones de esta problemática.

Las dificultades en la aplicación de los cambios normativos generan cada vez mayor desconfianza por parte de la ciudadanía, sobre todo en las víctimas. Se debe tratar el tema desde la mirada de protección y del proceso penal propiamente. Las capacitaciones tienen que estar dirigidas no solo a los operadores de justicia y sector salud, sino también a los agentes comunitarios, quienes son los primeros en conocer los casos de violencia, incluso, antes de que las instituciones públicas lleguen o sepan de lo ocurrido. Presidente Pedro Castillo, ¿y la lucha contra la violencia de género para cuándo? (*) Derechos Humanos Sin Fronteras.

14 / Informe

El origen del conflicto en Chumbivilcas

Las comunidades de Chumbivilcas reclaman el pago por el uso de sus tierras comunales por donde pasa el corredor minero del sur. El reclamo empezó en 2019.

Escribe: José Víctor Salcedo

LOS DOS PROBLEMAS. En 2014 empezó a funcionar el corredor minero del sur. Más de 300 vehículos de la minera Las Bambas empezaron a transportar minerales desde Apurímac. En 2018, las vías comunales fueron convertidas a ruta nacional sin consultar a las comunidades. Ahora piden el pago por el uso de sus tierras. El diálogo todavía no ha dado resultados favorables.

La mañana del 2 de agosto pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, llegó a caballo a la zona de Muyoqorcco, en Chumbivilcas (Cusco), donde asumió el compromiso de resolver en 60 días las demandas de las comunidades quechuas que viven en el corredor minero del sur.

Los reclamos son la anulación de la Resolución Ministerial 372-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que reclasificó vías comunales a vía nacional sin consultar a las comunidades; el pago de indemnizaciones de daños y perjuicios por impactos ambientales, sociales y culturales, y el pago de los derechos de servidumbre minera.

Asimismo, quieren ser consideradas como proveedoras de bienes y servicios de la minera MMG Las Bambas, área de influencia directa ambiental y social de la mina, y que el Estado retire las denuncias existentes en contra de los dirigentes campesinos.

Informe / 15 Han pasado casi dos meses desde aquel 2 de agosto y el conflicto ha empezado a complicarse cada vez más y otras comunidades se han sumado a la protesta. Inicialmente eran siete pueblos los que protestaban; ahora ya suman diez solo en territorio de Chumbivilcas.

La última vez que se rompió el diálogo fue el 10 de septiembre pasado, cuando se reunió el subgrupo de trabajo 3, encargado de tratar el pedido de las comunidades de convertirse en proveedoras de bienes y servicios de la minera Las Bambas. La compañía dijo que no era posible considerarlas como tales, pese a que en una reunión del 29 de julio se había mostrado a favor de incorporarlas. El 13 y 22 de septiembre últimos, el Gobierno fracasó en su intento de restablecer el diálogo en reuniones realizadas en la ciudad del Cusco y en la comunidad de Cancahuani (Chumbivilcas), respectivamente. Al cierre de esta nota el bloqueo del corredor minero continuaba.

Los problemas centrales La habilitación del corredor minero se hizo a raíz de los cambios que sufrió el proyecto inicial de la mina Las Bambas. Cuando el proyecto pertenecía a Xstrata Las Bambas, se iba a construir un mineroducto para el transporte del concentrado hasta la unidad minera Antapaccay Expansión Tintaya, de propiedad de Xstrata Tintaya S.A.

Xstrata vendió el proyecto Las Bambas a la empresa china MMG Limited, en abril del 2014. Ni bien cerró el negocio, la compañía china planteó cambios. En la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) -aprobado en mayo del 2014- propuso suspender la construcción y operación del mineroducto y planteó el transporte bimodal del concentrado de minerales: en camiones y en trenes. El Estado autorizó el uso de 125 camiones cargados y 125 camiones de regreso sin carga por día, además de 60 vehículos para abastecer con insumos a Las Bambas.

El corredor minero funciona des-

de el 2014. Cuatro años después, en 2018, el Gobierno publicó la Resolución Ministerial 372 del MTC, que aprobó la reclasificación de manera definitiva como vía nacional de rutas departamentales o regionales en Apurímac y Cusco. En concreto, la resolución incluyó al sistema nacional de carreteras seis tramos viales: Puente Isuray-Congota-Mara-puente Sayhua; desvío a Ccapacmarca-Ccapacmarca-puente Sayhua; desvió Ccapacmarca-Muyuorcco; Muyuorcco-Yavi Yavi-Tiendayoc-Huincho; Huincho-Velille, y Velille-vía de Evitamiento.

El asesor legal de las comunidades de Chumbivilcas, Víctor Villa Zambrano, dice que esa norma permitió la usurpación de terrenos de propiedad privada, en este caso, de las comunidades quechuas. “Viola el derecho a la propiedad privada”, señaló.

Antes de la reclasificación, el 5 de enero de 2017, el MTC suscribió un convenio marco de cooperación interinstitucional con los Gobiernos regionales de Apurímac y Cusco, la Municipalidad Provincial de Cotabambas y la minera Las Bambas para desarrollar el proyecto denominado “Proyecto Corredor Vial Apurímac-Cusco”.

El MTC asumió el compromiso de asesorar y realizar el seguimiento y monitoreo técnico del desarrollo de los estudios de inversión para la implementación y ejecución del proyecto vial, mientras que los Gobiernos subnacionales debían autorizar y dar facilidades para concretar la obra.

El entonces gobernador del Cusco, Edwin Licona, y el de Apurímac, Wilber Venegas Torres, solicitaron la recategorización de los tramos señalados. Licona lo hizo con Oficio 562-2017-GR-CUSCO/ GR, y Venegas con Oficio 527-2017-GR APURIMAC/GR. Y la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC concluyó que era procedente reclasificar de manera definitiva los seis tramos como ruta nacional.

Sin embargo, los Gobiernos regionales solicitaron la reclasificación sin consultar a las comunidades campesinas que son dueñas de las tierras en los seis tramos

Las comunidades piden a Las Bambas ser incorporadas como proveedoras de bienes y servicios.

del corredor minero que fueron recategorizados. Inclusive hay sospechas de posibles hechos irregulares. En 2019, un grupo de congresistas presentó una moción para conformar una comisión investigadora multipartidaria que indague “posibles actos de corrupción, comisión de delitos y otros […] por acciones implementadas en territorios de las comunidades del corredor minero sur, para el establecimiento de vías nacionales”. El pedido no prosperó; las sospechas tampoco se disiparon.

Un mal comienzo El coordinador del Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Helio Cruz, dijo que la reclasificación, además de vulnerar el derecho a la propiedad privada de las comunidades, infringe la Ley de Consulta Previa a los pueblos originarios. Agregó que con esa medida administrativa solo se benefició la minera MMG Las Bambas. “La resolución nace mal, porque, sin ser propietario del territorio, imponen una vía de carácter nacional, bajo el argumento de necesidad pública, cuando la necesidad era para la empresa minera”, señaló el abogado.

Con esos argumentos, las comunidades campesinas de Chumbivilcas interpusieron -con apoyo de IDL y DHSF- una acción popular ante el Tribunal Constitucional, pidiendo la inaplicación de la Resolución Ministerial 372. El abogado Helio Cruz explicó que el caso entró a la etapa final, por lo que la resolución podría salir en cualquier momento.

“La finalidad de la acción constitucional es devolver la titularidad de las tierras a las comunidades. Y, como una medida accesoria, que se implemente un proceso de consulta previa para que las comunidades digan si (sus tierras) se pueden usar para el transporte minero o no, y que sean beneficiarias de MMG Las Bambas”, dijo Cruz.

La compra de tierras Un año y medio después de la inclusión de los seis tramos viales al sistema nacional de carreteras, el 11 de diciembre del 2019, el Gobierno nacional emitió el Decreto de Urgencia 026-2019 -modificado al día siguiente con el Decreto de Urgencia 0272019- que aprobó medidas extraordinarias para la adquisición de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales en el corredor vial. En concreto, el Ejecutivo nacional quería sanear las tierras por donde pasa la carretera.

El decreto original disponía la “liberación y expropiación” de las áreas ocupadas por el corredor vial. La palabra “expropiación” generó rechazo inmediato de las comunidades campesinas, lo que obligó al Gobierno a publicar una fe de erratas en la que reemplazó las palabras “liberación y expropiación” por “adquisición”.

Desde esa fecha, el MTC empezó a identificar a los dueños y posesionarios de los terrenos incorporados al corredor vial para pagarles el justiprecio. En el lado de Cusco, no ha habido muchos avances.

16 / Informe

En Chumbivilcas, las comunidades campesinas están en protesta desde el 2019, pero sus demandas todavía no han sido resueltas.

Nuevo gobierno y viejos conflictos en el sur andino Escribe: Miguel Burgos (*)

ANÁLISIS. Las principales demandas que se dan frente a la minería no son necesariamente de oposición o rechazo, sino de inclusión al desarrollo. En función de esto último, el gobierno debe trabajar para materializarla.

El bicentenario de la República no solo contiene una carga histórica que invita a las clásicas reflexiones vinculadas al tipo de sociedad que tenemos o a los balances políticos sobre determinadas etapas de la historia del país.

También coincide con la posibilidad de destrabar viejas tensiones sociales que se vienen reproduciendo a lo largo de las últimas décadas de hegemonía neoliberal.

Cabe preguntarse entonces ¿por qué existe la posibilidad de destrabar aquellas tensiones? Principalmente por las características del actual gobierno, un gobierno con una tipología bastante distinta al de sus predecesores, y también por la exigencia de una serie de cambios que amplios sectores de la población -sobre todo rural- demandan con mayor rigor.

Detengámonos en Pedro Casti-

llo. Un profesor de origen campesino, formado en el sindicalismo docente, que además representa, desde el plano sociocultural, la culminación histórica de las transformaciones campo/ciudad que se iniciaron con la reforma agraria de finales de la década del sesenta.

Con una experiencia en gestión pública prácticamente nula, nuestro actual presidente llegó con un discurso que prometía una serie de transformaciones al modelo político-económico de los últimos treinta años, sosteniendo inclusive la necesidad elaborar una nueva Carta Magna que reemplace a la Constitución de origen fujimorista.

De la mano de aquella consigna, se ha venido sosteniendo, entre otras aristas, evitar y resolver la agudización de los conflictos socioambientales, con una postura más afín a las reivindicaciones de las comunidades campesinas afectadas por la actividad extractiva, aspecto que involucra de manera directa al sur andino. ¿Pero qué representan estos conflictos socioambientales para el nuevo gobierno?, ¿dónde se concentran las principales tensiones sociales originadas por el extractivismo? Y, lo principal, ¿cómo resolverlos?

Informe / 17

Los conflictos sociales En los últimos años, la intensificación de la actividad extractiva llevada a cabo por las trasnacionales mineras se ha desplazado hacia el sur andino, específicamente en las regiones de Cusco y Apurímac, donde funciona el corredor minero del sur. En los últimos comicios, comunidades campesinas de las provincias de Espinar y Chumbivilcas (Cusco), Cotabambas y Grau (Apurímac) apoyaron masivamente la propuesta de Pedro Castillo. Este es un indicador que evidencia la exigencia de cambios en la resolución de los conflictos socioambientales y en el posicionamiento del Estado respecto a los intereses de las empresas mineras.

Es decir, existe expectativa de los sectores más desfavorecidos. Una especie de esperanza en que el nuevo gobierno, por quien ellos votaron y defendieron, ahora no los defraude. Ante esta situación resultan interesantes las declaraciones del premier Guido Bellido, quechuahablante y natural de Chumbivilcas, en la presentación de su gabinete. Aquel día dijo que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”.

Mientras que, respecto a la prevención de la conflictividad social, precisó: “Se considerarán procesos de diálogo para evitar conflictos sociales. No hay necesidad de conflictos en el país, a nadie se le va a excluir. Ese será nuestro secreto y fortaleza”.

Al parecer, el nuevo gobierno buscará evitar situaciones de represión o violencia que afecten a la población, pero tampoco pretende superar la lógica extractivista. Queda claro que cuando el premier sostiene que “los proyectos deben brindar un aporte sostenible que brinde apoyo a la población local” y que su “gobierno apoyará e incentivará la inversión pública y privada con criterio de rentabilidad social” tiene como objetivo principal lograr una redistribución de la riqueza más participativa y eficaz entre las localidades directamente afectadas por la actividad minera.

Ojo, no hay que perder de vista que las principales demandas que se dan frente a la minería no son necesariamente de oposición o rechazo, sino de inclusión al desarrollo. En función de esto último, lo declarado por Bellido es un avance que tendría que materializarse, justamente para responder a las exigencias planteadas por la población y no desaprovechar el próximo auge en los precios internacionales de las materias primas.

se ha ido configurando a lo largo de los últimos veinte años. En las regiones de Apurímac y Cusco podemos observar, por ejemplo, las carreteras construidas en función de la actividad extractiva que terminan por establecer puntos de conexión entre los territorios.

En un segundo aspecto, vemos cómo el nuevo auge minero generará un escenario más beneficios del vivido entre el 2008 y 2012. En esta nueva etapa, las empresas mineras transnacionales experimentarán un periodo de alrededor de tres o cuatros años de mayores ingresos y sobreganancias, lo que reeditará las oportunidades y contradicciones ya vividas hace una década atrás, y que no fueron encaradas de la mejor manera.

Cierto es que en la política de los anteriores gobiernos la viabilidad de la actividad minera ha sido validada solamente por dos aspectos: el financiero y el productivo. Se dejó de lado el aspecto social y ambiental. Justamente, para destrabar esta vieja práctica se requiere impulsar algunos mecanismos políticos y legales, de lo contrario todo quedaría

en buenas intenciones.

Las mesas de diálogo, por ejemplo, deben empezar a tener un carácter realmente ejecutivo y no deben reflejar solo buenas voluntades. Se debe sancionar el incumplimiento, ya que aquello a la larga constituye un conflicto. También se debe de impulsar modificaciones en el sistema fiscal, estableciendo impuestos a las sobreganancias, los que deberían de aplicarse en ciclos de mayor rentabilidad. Del mismo modo se requiere establecer de mejor forma los permisos en la etapa de exploración, que garanticen una adecuada participación ciudadana y, finalmente, sancionar y reparar los daños ambientales cometidos por las empresas mineras.

Como vemos, la tarea de sentar las bases para una nueva política social y ambiental en el sur andino al parecer goza de mayores posibilidades que en gobiernos anteriores. Veamos cómo se desarrollan los hechos. (*) Antropólogo/Centro Bartolomé de Las Casas.

EL COMERCIO

El gobierno actual todavía no ha conseguido desbloquear los diálogos entrampados en el país.

El súper ciclo de los minerales Ahora, ¿por qué estas tensiones representan “viejos” conflictos? En primer lugar, porque existe una integración territorial como consecuencia de la intensificación de la actividad minera, integración que

Los manifestantes hacen uso de su derecho a la protesta, pero suelen ser denunciados.

18 / Entrevista / Karin Kancha Sucno - Coordinadora del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes)

Se calcula que entre enero y septiembre del 2021, los incendios forestales han destruido 10.593 hectáreas de pastos naturales en el Cusco.

“Los efectos de los incendios, al final, van a afectar directamente a los seres humanos”

Escribe: Hysha Palomino Tomaylla (*)

La erosión de los suelos, la pérdida de la cobertura vegetal, de la flora y fauna y, en algunos casos, de la vida de las personas. Son algunas consecuencias de los incendios forestales. Con el cambio climático, este problema se agravó en el mundo. Además, la disponibilidad de agua es fuertemente afectada. Muchos incendios forestales se producen en las cabeceras de cuenca, donde existen q’ochas, amunas y otras prácticas ancestrales, que son parte de la siembra y cosecha de agua. Estos trabajos se verán significativamente afectados y tardarán muchos años en recuperarse.

Cusco es una de las provincias más expuestas a incendios forestales, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). Y es la región con la mayor cantidad de emergencias históricas registradas por ocurrencias de incendios forestales originados por la acción humana, las que están relacionadas principalmente a las actividades de quemas con fines de cambio de uso

de suelos (actividad ancestral relacionada a la agricultura). Pulso Regional conversó sobre este tema con Karin Kancha Sucno, coordinadora del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes).

En los últimos años se han incrementado los incendios forestales en la región Cusco, ¿cuál es la razón?

Los incendios forestales generalmente se han dado en estas temporadas. Es una práctica que siempre estuvo presente, pero no se daba en grandes extensiones, como ocurre en estos últimos años.

Debido al cambio climático se está viendo la variación tanto en temperatura como en humedad. Cada vez la humedad es menor y la radiación solar es más fuerte. Sumado a esto tenemos que los vientos están medio locos, cambian de dirección muy rápidamente. Antes sabíamos la dirección en la cual iban. Últimamente hemos tenido grandes incendios en la región Cusco, sobre todo

en la zona de pajonal o bosques de eucaliptos, q’euñas, etc., que están cerca de las chacras de cultivo. Hasta el año pasado, los incendios forestales no estaban considerados como peligro dentro del sistema nacional. A partir de 2019 recién se considera como un peligro de origen antrópico y que afecta al medio ambiente. ¿Cuál es el impacto que genera en el medio ambiente?

Primero la pérdida de cobertura vegetal, de algunos bosques. Si hay pérdida de cobertura vegetal, no vamos a tener este colchoncito que cuando llueve tiene que absorber el agua y, por consiguiente, tiene que nutrir o recargar los acuíferos, sean manantes, bofedales u otros. Si perdemos cobertura vegetal vamos a tener problemas de erosión de los suelos.

En ese sentido, la afectación directa será en las captaciones de agua o fuentes de agua: ya no podremos almacenar agua por la pérdida de cobertura vegetal. Lo segundo es la muerte de muchos animales silvestres, así como de insectos que pueden ser benéficos para la agricultura.

Las consecuencias son fuertes e irreversibles. Si perdemos flora y fauna por efectos de la quema, no hay forma de recuperarlos. Si perdemos pastos, arbustos y árboles, recuperarlos tardará años. Mientras tanto tendremos problemas de desequilibrio hídrico y, si a eso le sumamos otra gestación del incendio forestal, la cantidad de dióxido de carbono que se emite al ambiente hará que el efecto invernadero incremente, y contribuirá al cambio climático. Reconozcamos que es una cadena, que al final va a afectar directamente a los seres humanos.

Entrevista / 19 En ese sentido, ¿es posible recuperar la vegetación perdida?

Si es que el incendio ha sido muy fuerte vamos a perder incluso la semilla y las raíces de la planta. No va a quedar absolutamente nada. Y si queremos repoblar, lo que tendríamos que hacer es recolectar semillas de otras zonas -de estas especies- y hacer una siembra de semillas donde ocurrió el incendio. No es que se va a recuperar fácilmente. Definitivamente va a demorar un par de años o tres, dependiendo del grado de afectación. ¿Qué acciones se impulsan desde el gobierno, en sus tres niveles, para prevenir o reducir estos desastres?

Dentro del sistema nacional de gestión de riesgo de desastres este problema está considerado como un peligro. Por consiguiente, desde las municipales distritales, provinciales, incluso desde el mismo gobierno regional se puede

incorporar presupuesto a la partida presupuestal 068 -de reducción de vulnerabilidad de atención a emergencias-.

Esto para trabajar la prevención de incendios, mediante charlas de sensibilización, capacitación e implementación en los distritos de sus oficinas de Defensa Civil con equipamiento para controlar los incendios forestales. Actualmente, en el Gobierno Regional de Cusco existe un proyecto de prevención de incendios forestales que trabaja la capacitación. ¿Qué acciones se están tomando a nivel comunal?

A nivel de comunidades campesinas hay un trabajo interesante. Lo que han hecho es incorporar en sus estatutos comunales sanciones específicas a aquellas personas que ocasionan incendios forestales. Si quemas y generas un incendio pueden ser incluso expulsados de la comunidad. En estas comunidades no es que ya no se queme, se sigue

haciendo la quema del rastrojo, pero lo hacen con más cuidado. Esto es algo que está funcionando, sobre todo en la microcuenca del Chuecamayo del distrito de San Salvador (Calca). Las comunidades que están en esta microcuenca han incorporado en su estatuto esta sanción. ¿Cuál es la ley que sanciona a las personas que ocasionan incendios?

Hay una que sanciona hasta con la cárcel a aquellas personas que provocan incendios. Pero en algunos casos la quema de rastrojos y cosechas es ocasionada por personas ajenas a la comunidad, que están de tránsito, de turismo o de paseo. En estos casos es difícil identificarlos. No tenemos un recuento, por ejemplo, de cuántas personas están en la cárcel por incendios forestales, porque es difícil encontrar a la persona que los ha provocado. Por eso es importante la prevención. Es importante trabajar a nivel de las instituciones educativas con los niños para que también puedan conocer los factores que generan un incendio y cómo se puede prevenirlos. Es muy importante transmitir esta información a la población para que sepan lo peligroso que puede ser.

La sensibilización y educación solo se da en estos meses, ¿consideras que debe ser permanente?

Víctor Cruz Mollohuanca ha sido la primera víctima de un incendio forestal en Cusco.

Definitivamente. Debe hacerse a nivel de instituciones educativas para que los maestros enseñen a sus niños, pero también las municipalidades deben dar información a las comunidades. Sin embargo, Cusco tiene una característica peculiar, pues la temporada que no llueve tenemos dos tipos de peligro que siempre nos afecta: uno las bajas temperaturas en el caso de la sierra y en la selva los friajes, y el otro son los incendios. Todo el año debemos enviar mensajes de prevención, pero se tienen que enfatizar a partir del mes de junio, julio y agosto. ¿Algún mensaje final?

El mensaje para toda la población es que tenemos que formar una cultura de la prevención, no podemos esperar a que pase un desastre para recién nos preguntemos ¿qué pudimos haber hecho?

En el caso de los incendios forestales, la prevención es básica. Empieza desde cómo estamos haciendo la forestación en nuestra zona, qué tipo de especies estamos usando. Entonces, necesitamos trabajar fuerte el tema de prevención. Si sabemos cómo se presenta un incendio y sabemos cómo nos afecta, necesitamos reducir vulnerabilidades para fortalecer capacidades y trabajar en una cultura de prevención.

No hay un informe sobre cuántas personas fueron condenadas por provocar incendios forestales.

(*) Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu - CEDEP AYLLU.

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Vacunas que salvan vidas

Cada día cientos de peruanos reciben la primera o segunda dosis de las vacunas contra la COVID-19. Las brigadas de salud atienden en vacunatorios en las ciudades y hacen largos viajes para llevar el antídoto a los pueblos más alejados. Solo cuando se recibe las dos dosis uno puede evitar la muerte o la hospitalización en las unidades de cuidados intensivos. Todos debemos poner el hombro para vencer a la pandemia.

FOTOS: MIGUEL GUTIÉRREZ.

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