La Revista del Sur | Año 05 | #47 - Setiembre de 2021

Congresistas de Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular y Acción Popular en campaña para destituir al presidente Pedro Castillo.

Profetas de la vacancia

2 / Editorial

La última.

EDITORIAL LA AMENAZA DE LA VACANCIA El fantasma de la vacancia presidencial vuelve a rondar Palacio de Gobierno. Las bancadas de Avanza País y Renovación Popular, que postularon a la presidencia a los conservadores Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, empujan desde el Congreso acciones para crear un escenario que permita impulsar la vacancia presidencial por la ambigua causal de incapacidad moral permanente. Avanza País presentó tres mociones para considerar las designaciones de ministros como un “acto inmoral”. Con esto es evidente que la estrategia es crear las condiciones para echar mano a esa figura que permite que el Congreso destituya al jefe de Estado. La congresista de Avanza país, Alejandra Tudela, en un acto de honestidad involuntaria, lo ha dicho: la designación del gabinete, presidido por Guido Bellido, con varios ministros cuestionados, califica de incapacidad moral. Estas acciones reciben una amplia cobertura de aquellos mismos medios de comunicación que actuaron como cajas de resonancia del fujimorismo y sus aliados cuando intentaron crear una realidad alternativa y hacer consentir que hubo fraude en la segunda vuelta electoral. Varios analistas y periodistas como César Hildebrandt han advertido que la trama de un golpe blanco -mediante la vacancia- está en curso. Algunos prevén que podría concretarse en diciembre de este año y, otros, con un pronóstico más sombrío, consideran que un acto de ese tipo podría desencadenar una guerra civil. Es necesario señalar también que el gobierno de Pedro Castillo empezó con mal pie al hacer designaciones de algunos ministros y algunos funcionarios con poca experiencia y algunos antecedentes que han alentado críticas desde diferentes sectores. Más allá de esos errores del gobierno, resulta antidemocrático pretender vacar al presidente que ha sido elegido democráticamente y en un proceso electoral calificado de transparente por todos los organismos y veedores internacionales. El Perú ha tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años y enfrenta un largo periodo de inestabilidad y confrontación, que no podemos seguir arrastrando.

Nota al cierre de edición

Anta y La Convención: la eterna disputa por Choquequirao Las autoridades y dirigentes de la provincia de Anta anunciaron una movilización en la ciudad del Cusco el 1 de septiembre para exigir al Gobierno Regional del Cusco que anule los títulos de propiedad otorgados a la Cooperativa Ausangate dentro del territorio del Área de Conservación Regional Choquequirao (ACR Choquequirao). Daniel Masías Olivera, presidente del Comité de Lucha de Anta, sostuvo que, si no hay una respuesta favorable a sus pedidos, la población anteña emprenderá una huelga indefinida que incluirá el cierre de las vías de comunicación. El 10 de agosto pasado, cientos de manifestantes de Anta bloquearon las vías en las comunidades de Yungaqui y Pacca. Allí quemaron palos y llantas para impedir el paso de los vehículos. Otro piquete bloqueó, a la altura de la comunidad de Markju, el

paso de los trenes por la vía férrea que une Cusco con Ollantaytambo y Machupichu. Mientras que el Comité Central de Lucha de la Provincia de La Convención, que defiende las posesiones de la cooperativa y la pertenencia de Choquequirao a su territorio, se movilizó el miércoles 25 de agosto último. La marcha empezó a las 09.00 de la mañana en la plazoleta Almudena y culminó en la sede del Gobierno Regional del Cusco. Desde hace más de diez años, las dos provincias se disputan la pertenencia del sitio arqueológico, porque, según sostienen desde ambas partes, este se encuentra dentro de sus territorios. Esto ha generado un conflicto de límites que no han podido resolver ni el Gobierno Regional del Cusco ni la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La ciudadela de Choquequirao es conocida como la hermana gemela de Machupicchu.

EDITOR GENERAL: Miguel Gutiérrez Chero

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

EDITOR PERIODÍSTICO: José Salcedo Ccama

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

www.pulsoregional.pe

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo

Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF

FOTO PORTADA: Cristian Yarin Trujillo

Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

pulsoregionalcusco Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113 Tiraje: 1.000

Informe / 3

El ministro más joven del Gobierno

El titular de Midagri, Víctor Raúl Maita, saltó de la dirigencia de gremios agrarios como la Fartac y la CNA a esta cartera ministerial a propuesta del Frente Amplio.

Escribe: José Víctor Salcedo

GRAN RETO. Víctor Raúl Maita Frisancho fue designado como ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por el presidente Pedro Castillo. “Por la seguridad alimentaria, sí, juro”, respondió aquel 29 de julio por la noche ante el jefe de Estado. ¿Qué planea hacer desde esta cartera? ¿Cuál será la importancia de la agricultura familiar? Estas son algunas de las preguntas que responde en esta entrevista con Pulso Regional.

Víctor Raúl Maita Frisancho, con 29 años, es el ministro más joven del primer gabinete ministerial del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. A su corta edad aceptó el encargo de manejar las riendas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Cusco), pero su trayectoria está mejor marcada por su desempeño como dirigente campesino y agricultor. Maita Frisancho empezó en el mundo sindical como dirigente de la provincia de Paruro, una de las localidades más pobres de la región Cusco. Después asesoró a la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco (Fartac), gremio del que posteriormente fue su presidente. Este año saltó a la presidencia de la Confederación Nacional Agraria (CNA), que tuvo que dejar para colocarse

4 / Informe

La principal propuesta que liderará Maita Frisancho, en el largo plazo, en concretar la segunda reforma agraria.

el fajín ministerial. “Es chocante porque -hay que ser sinceros- uno no conoce todo sobre la parte administrativa, pero estamos para cumplir esta responsabilidad”, dice Víctor Raúl Maita cuando se le pregunta por el enorme reto de estar al frente de una cartera ministerial. Maita Frisancho combinó el activismo sindical con la política. Aunque no registra militancia partidaria, en las elecciones de abril pasado, Maita postuló como candidato al Parlamento Andino por las filas del Frente Amplio. Hablamos con el ministro la noche del 16 de agosto pasado en el auditorio del Centro Bartolomé de Las Casas (CBC). Maita Frisancho había llegado para poner en funcionamiento cuatro obras de siembra y cosecha de agua en el distrito de Pomacanchi, provincia cusqueña de Acomayo. Luego de las actividades sostuvo reuniones sucesivas con autoridades y organizaciones sociales. En el local del CBC escuchó a los dirigentes de Paruro, su tierra natal, que expusieron sus pedidos en quechua y español. “Escuchar al campesino en su propio idioma es distinto. Mis hermanos, mis compañeros expresan mejor sus demandas y necesidades en su idioma”, destaca Maita Frisancho.

¿Qué tan difícil ha sido asumir las riendas del Midagri a los 29 años en un contexto de alta confrontación? Mi designación ha sido un gesto del presidente de la república porque el apoyo a su candidatura básicamente ha sido gracias al voto rural, al Perú profundo. Yo personifico a esa población, porque he sido dirigente de la Fartac, la CNA. En este contexto, en el que hemos cumplido 200 años de la independencia, es un reto y una reivindicación de los agricultores y campesinos en los espacios de decisión. Las críticas giran en torno a la inexperiencia del primer gabinete ministerial. ¿Se siente aludido? Como dirigente, como agricultor y como campesino conozco el sector -quizás de manera empírica-, pero conozco los problemas y, consecuentemente, debo decir que el problema del agro en estos últimos 30 años no es técnico, sino político. Pasa por decisiones que se deben tomar desde el Midagri. No hubo voluntad política de apoyar a los pequeños y medianos agricultores, así como tampoco a la agricultura familiar. Como representante y ministro quiero darle una orientación para que Midagri también esté al servicio de estos sectores.

Señor ministro, al tercer día de que el presidente Pedro Castillo juró al cargo se empezó a hablar de vacancia presidencial. ¿Cómo han evaluado esta amenaza dentro del gabinete? Estamos en una lucha política. Pedimos al Congreso de la República que escuche al pueblo, que escuche a las poblaciones más vulnerables que claman cambios y apoyo. Ese es el caso, por ejemplo, de nuestro sector. No podemos seguir en esta incertidumbre si al gabinete le dan el voto de confianza. Para el bien de nuestro país, para salir de esta crisis sanitaria y económica, debemos apostar por la institucionalidad del Estado y la democracia. Usted fue candidato por el Frente Amplio al Parlamento Andino. ¿Qué lo une ideológica y programáticamente al gobierno de Perú Libre? Tanto Perú Libre como el Frente Amplio son partidos de izquierda y coincidimos en muchas de las propuestas. Por ejemplo, coincidimos en avanzar en una asamblea constituyente, apostamos por una nueva Constitución Política, por un Estado plurinacional y pluriétnico, y también queremos potenciar y defender la agricultura en nuestro país. Por eso estamos dentro del gobierno de Pedro Castillo.

Informe / 5 ¿Cuáles serán sus prioridades al frente del Midagri? Tenemos medidas a corto, mediano y largo plazo. Una de nuestras medidas a corto plazo es solucionar los problemas coyunturales como el alza del precio de los alimentos, de los fertilizantes. En la sierra ya empezó la época de sembríos y consideramos que a ellos tenemos que apoyarlos con semillas y fertilizantes. A mediano plazo están, por ejemplo, (los proyectos de) siembra y cosecha de agua, construcción de presas y de reservorios para cerrar la brecha de estrés hídrico que se ve en nuestra región y en el resto de las regiones. ¿En qué consistirá la segunda reforma agraria que ha generado temores en algunos sectores?

Ahí se tienen que corregir muchas cosas. Debe regularse muchos aspectos. Si bien se derogó la Ley Chlimper, ahora las demandas de los agricultores siguen siendo las mismas: continúa la explotación y los salarios mínimos. El Midagri y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo están viendo propuestas. No vamos a esperar que exploten las protestas nuevamente. El 28 de julio, el presidente Pedro Castillo anunció la entrega de 3 mil millones de soles para el Fondo FAE AGRO. ¿Cuándo empieza? Ya se habían destinado 2.000 millones de soles. La propuesta del presidente fue aumentar otros 1.500 millones de soles para alcanzar esa meta. Eso se hará en el corto plazo.

Esa es justamente nuestra propuesta a largo plazo. La segunda reforma agraria implica revisar la primera reforma. Debemos hacer un análisis de la primera reforma (la de Juan Velasco Alvarado) considerando que esta tenía tres etapas: entregar las tierras al campesino, capacitar y movilizar al campesino, y tecnificar el agro. Se frustró la tercera fase y queremos retomar eso, fortaleciendo la asociatividad, las cooperativas agrarias y la industrialización.

¿Es un hecho que Agrobanco dará créditos al pequeño productor agropecuario y de la agricultura familiar o eso está en evaluación?

¿Qué importancia tendrán la tecnificación e industrialización del agro nacional y de la agricultura familiar?

¿Cuándo empezará el plan nacional de repoblamiento ganadero del que habló el presidente Castillo?

Ese es nuestro principal objetivo. Es importante el capital, la asistencia técnica, el sistema de riego tecnificado y darles valor agregado a nuestros productos con la industrialización. Paralelamente debemos garantizar el mercado, que es lo que necesita el productor.

Nos hemos reunido con Conveagro, que reúne a todos los gremios agrarios, productores de leche, ganaderos y criadores de camélidos sudamericanos, para trabajar una propuesta de política pública que apunta a ese objetivo.

Se avanzó con dar financiamiento a organizaciones, asociaciones, cooperativas y otros gremios. Eso se debe continuar. Y a largo plazo queremos que sea un banco de primer piso que dé créditos a todos los agricultores.

Somos un país donde el racismo y la discriminación son dos males recurrentes. ¿En algún momento de su vida se ha sentido discriminado? Sí, en muchas ocasiones. He sufrido discriminación. Hemos visto que esto se ha acrecentado en estas elecciones. Por el solo hecho de tener un determinado color de piel uno es discriminado. Somos discriminados por nuestros orígenes andinos y ese es un problema que tenemos que superar. Es un problema étnico-cultural que todavía existe en nuestro país en pleno siglo XXI. Desde el gobierno hay una política de trato horizontal, porque no hay culturas superiores ni culturas inferiores. ¿Cómo ministro ha sido discriminado, objeto de gestos de menosprecio o desprecio? Como ministro, de manera directa, no. Pero sí de manera indirecta. El hecho mismo de que discriminen al presidente (Pedro Castillo) o al premier (Guido Bellido) implica que también me discriminan a mí. Eso es algo concreto. Las comunidades campesinas, en su mayoría, apuestan por el cambio constitucional. ¿Este gobierno empezará de todas formas el proceso constituyente? Nuestra mayor propuesta es el cambio constitucional y por eso la población nos respaldó. Ahora estamos viendo el mecanismo de cómo podemos avanzar en una asamblea constituyente: recolectando firmas, presentando un proyecto de ley al Congreso o que el mismo Legislativo apruebe una reforma para el cambio de la Constitución.

Se habló de “disminuir y reorientar la importación de alimentos, dando preferencia a la agricultura andina y orgánica, e impulsando la diversificación productiva del agro”. ¿Esto incluye la prohibición de las importaciones de algunos productos o no necesariamente? Este es un proceso. No podemos, en este momento, cerrar las fronteras porque todavía no estamos preparados para eso. Esto implica también darles herramientas a los agricultores para que puedan producir en mayor cantidad, cubrir la demanda y pensar en una soberanía alimentaria. En este momento no podemos decir que en el país hay soberanía alimentaria. Nuestra alimentación depende de cinco u ocho agroindustrias y los oligopolios no son buenos. Lo que debemos hacer es fortalecer a la agricultura familiar y avanzar a una verdadera soberanía alimentaria. Un tema que no se terminó de resolver es la explotación laboral en torno a la agroexportación. ¿Habrá alguna reforma que impulse la agroexportación y a la vez proteja a los trabajadores?

El impulso a los proyectos de siembra y cosecha de agua será otro de los ejes prioritarios de su gestión.

6 / Informe ANDINA

Desde que Pedro Castillo juró como presidente, la oposición levantó la bandera de la vacancia presidencial. Hay toda una estrategia para conseguir ese propósito.

La vacancia ronda Palacio de Gobierno Escribe: José Víctor Salcedo

TIEMPOS RECIOS. Desde el tercer día de iniciado el gobierno de Pedro Castillo se empezó a hablar de vacancia presidencial. En este artículo analizamos qué puede pasar en el país fruto de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué escenario es más probable? Algunos dicen que la vacancia presidencial y otros consideran que también podría haber disolución del Congreso. “Si así es la luna de miel, no me imagino cómo será el Gobierno”, respondió el cuestionado presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, cuando fue consultado acerca de que el régimen de Pedro Castillo no ha tenido este periodo de gracia.

La respuesta no debe sorprender. La oposición y los sectores conservadores empezaron a hablar de vacancia presidencial tres días después de que Pedro Castillo jurara como presidente de la República. Políticos y partidos de derecha y

ultraconservadores se niegan a aceptar que Pedro Castillo ganó las elecciones así sea solo por poco más de 40.000 votos. Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y una facción de Acción Popular alientan posturas antidemocráticas y han impulsado acciones para en el futuro vacar o forzar la renuncia de Castillo. Por iniciativa de Renovación Popular, el Congreso aprobó conformar una comisión que investigará las supuestas irregularidades en la segunda vuelta del proceso electoral, pese a que los organismos y observadores internacionales reconocieron que el proceso fue transparente y que no hubo indicios de fraude. En el lado de los políticos que azuzan la ruptura del orden democrático podemos identificar a Rafael López Aliaga, figura principal de Renovación Popular y deudor del Estado con más de US$ 28 millones; Alfredo Barnechea, ex aprista y ex candidato presidencial en el 2016, quien, antes de la proclamación de Castillo, llamó desde una plaza pública a las Fuerzas Armadas a desconocer al ganador de la segunda vuelta electoral, entre otros.

Informe / 7

Sin luna de miel

El factor económico

Todo indica que la oposición busca destituir al presidente Pedro Castillo. El congresista de Perú Libre, Jaime Quito, alertó hace dos semanas que en el Congreso se impulsan mociones que tienen como finalidad plantear la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente. Para el analista y experto en temas electorales, Oscar Matutti Sánchez, asistimos a un periodo de incertidumbre y el desenlace podría ser una vacancia del jefe del Estado o, en su defecto, la disolución del Congreso. “Cualquiera de los escenarios traerá serios problemas para el país y la democracia”, analiza Matutti Sánchez. Matutti Sánchez recuerda que es fácil que se apele a la ambigua causal de incapacidad moral permanente para empujar una vacancia presidencial, como ocurrió en el caso del ex mandatario Martín Vizcarra, quien fue destituido en noviembre del 2020 por las graves denuncias de corrupción que pesan en su contra. No hay que perder de vista que el Tribunal Constitucional (TC) -en un hecho irresponsable- apeló a la figura de la “sustracción de la materia” para lavarse las manos y no desarrolló con claridad a qué se refería la incapacidad moral permanente. “Hay una amplitud de la interpretación, porque no está delimitada, y eso es peligroso”, apunta el analista Oscar Matutti. En noviembre del 2020, el TC declaró improcedente la demanda competencial sobre vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Con eso perdió la oportunidad de aclarar este aspecto confuso en la Constitución y dejó las puertas abiertas para una interpretación forzada de esta causal por parte de los opositores del presidente de turno.

¿Habrá vacancia presidencial o disolución del Congreso? Jesús Manya Salas, escritor y analista, dice que todo dependerá de la política económica que implementará el actual gobierno. “La polarización de la campaña no ha sido resuelta. Hay mucho ruido político, mucho cargamontón contra el Gobierno. Creo que los grupos mediáticos, los partidos de la ultraderecha nos están distrayendo con este cargamontón a Bellido y Castillo. Ellos no quieren discutir el tema de fondo que es la política económica, que es la madre del cordero”, señala. Manya Salas recuerda que estamos en un momento en el que el precio de los minerales, sobre todo del cobre, está en un súper ciclo y está generando sobreganancias millonarias a favor de las empresas mineras. Y estos grupos de poder no quieren que se toque la posibilidad o necesidad de aplicar impuestos a las ganancias extras. Un estudio del Grupo Propuesta Ciudadana, titulado “Ganadores y perdedores de la pandemia. Análisis de los estados financieros de las empresas mineras en 2020”, revela que el sector minero -gracias al precio del cobre que superó el umbral de 4 dólares por libra- empezó a obtener más ingresos que antes. Southern Perú Copper Corporation, Cerro Verde y Minsur -que tienen grandes minas de cobre- obtuvieron ganancias durante el primer año de la pandemia. Southern, del Grupo México, registró ganancias inclusive superiores a las declaradas en el 2019 y cerró el 2020 con utilidades netas de US$ 790 millones y ventas por US$ 3.153 millones. Estas cifras representan un 7,3% más de lo que facturó en 2019. En el caso de Cerro Verde, según su información financiera anual del 2020, consolidó ingresos por US$ 2.538 millones y una utilidad neta de US$ AMÉRICA ECONÓMICA

En el Congreso, las bancadas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular apuntan a tumbarse al presidente.

274.5 millones al cierre del primer año de pandemia. En tanto, Minsur, que es parte de Breca Grupo Empresarial, registró cifras positivas al cierre del primer año de pandemia, aunque sus ingresos cayeron 44% en comparación al 2019.

La disolución del Congreso Desde Perú Libre, partido por el que Pedro Castillo llegó a Palacio de Pizarro, se han esforzado en sembrar miedo sobre una eventual disolución del Congreso. El secretario general del partido, Vladimir Cerrón, y el congresista Guillermo Bermejo dijeron que si los legisladores no otorgan el voto de confianza al Consejo de Ministros, presidido por el cuestionado Guido Bellido, se usarán las herramientas constitucionales. “La derecha se está sacando su careta y ahora demuestran que son fascistas e igual van a ser derrotados, pero si se atreven a tanto, bueno se cerrará el Congreso si no les gusta ningún Gabinete”, dijo Bermejo. Según el artículo 134 de la Constitución Política, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Y el artículo 132 establece que el Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa ministerial. La oposición en el Congreso quiere modificar este último artículo para borrar de un plumazo esa atribución constitucional y así blindar al Legislativo y atar de manos al jefe de Estado. Congresistas de Avanza País, Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP) presentaron dos proyectos de ley con el propósito de establecer interpretaciones sobre el mecanismo de la cuestión de confianza. El propósito: debilitar el principio de balance de poderes, sin pasar por una reforma constitucional, al restringir los alcances de la cuestión de confianza. El cusqueño Luis Ángel Aragón Carreño (AP) presentó el proyecto el 10 de agosto. En su propuesta normativa, plantea que el Poder Ejecutivo esté impedido de plantear cuestión de confianza sobre temas que son de competencia exclusiva del Congreso o sobre reformas constitucionales. Dos días después, los legisladores Héctor Acuña Peralta y Lady Camones Soriano (APP) ingresaron su proyecto para interpretar el artículo 132 referido a que la cuestión de confianza no abarque reformas constitucionales. Los constitucionalistas han señalado que las iniciativas son inconstitucionales porque buscan regular una norma de rango constitucional. Mientras la pelea política e ideológica continúa, el país camina a la deriva.

8 / Informe

El difícil camino hacia una nueva Constitución Escribe: Alberto García Campana (*)

RESISTENCIA AL CAMBIO. Ninguna de las doce Constituciones que tuvo el Perú ha surgido de movimientos socialistas o de izquierda. El miedo al cambio sigue siendo el instrumento de los opositores para no mejorar las reglas de juego y dotar al mercado de responsabilidad social. Un nuevo pacto social implica también romper los oligopolios que encarecen los productos de primera necesidad. El desgaste provocado por casi una década de gestión, la crisis económica, el creciente endeudamiento externo y, sobre todo, la contundencia del paro general del 19 de abril de 1977, pusieron contra las cuerdas al gobierno de las Fuerzas Armadas que se había iniciado el 3 de octubre de 1968 con

el general Juan Velasco Alvarado a la cabeza y prosiguió a partir del 28 de agosto de 1975 con el también general EP Francisco Morales Bermúdez. Los militares, mayoritariamente cuestionados por la población, no estaban, sin embargo, dispuestos a entregar directamente a un presidente civil, por

lo que decidieron establecer un puente que fue la Asamblea Constituyente. A ella se le dio el encargo de redactar una nueva Carta Magna, la que sustituyó a la que se mantenía vigente desde 1933. La Asamblea Constituyente de 1978 estuvo mayoritariamente conformada por representantes del Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano y la izquierda. Los rostros más visibles de estas fuerzas políticas fueron entonces Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Bedoya Reyes y Hugo Blanco Galdós. Con cálculo político, Acción Popular decidió no participar en las elecciones para la Asamblea Constituyente, abstencionismo que le dio resultados favorables dos años después, ya que el candidato Fernando Belaunde Terry fue ungido en primera vuelta como presidente del Perú, en los comicios del 18 de mayo de 1980. Entonces, se podría afirmar que la Constitución Política de 1978 responde a las posturas, intereses y cálculos del Partido Aprista y del Partido Popular Cristiano. La izquierda, con Blanco Galdós a la cabeza, optó por la confrontación política antes que por la incorporación de contenidos en la nueva Carta Magna. MIGUEL GUTIÉRREZ

La propuesta de cambiar la Constitución Política ha generado un choque entre el Ejecutivo y las fuerzas conservadores del Congreso y sus aliados.

Informe / 9

Un poco mejor que la de 1933 Si bien es cierto que la Constitución Política aprobada en 1979 no puede ser calificada como “progresista” o de avanzada, sí tiene notables avances con respecto a la Carta Magna aprobada en 1933. Por ejemplo, en la del 79, se incorpora el reconocimiento al derecho al voto de todos los peruanos mayores de 18 años de edad. La Constitución Política promulgada el 23 de marzo de 1933 por el entonces presidente Luis M. Sánchez Cerro, establecía en su artículo 33 que “gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir y, en elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de edad o casadas”. Es clara la alusión a los analfabetos, lo cual resulta absurdo en un país como el Perú que, hacia 1930, tenía una numerosa población indígena que no sabía leer ni escribir. Igualmente, era atentatoria al derecho de sufragio de las mujeres, pues se establece que ellas solamente podían participar en elecciones municipales, quedando vetadas para elegir al presidente de la República o a los diputados de la nación. La Constitución Política de 1979 corrigió esos despropósitos y acogiendo las corrientes y tendencias del momento, propuso el conjunto de normas que apuntaban a la inclusión. Las condiciones sociales, económicas y políticas determinaron la necesidad de promover la incorporación de reformas a la Carta Magna de 1979, pero la decisión del gobierno encabezado por Alberto Fujimori, quien disolvió el Congreso de la República el 5 de abril de 1992, no fue adecuar la Carta Magna a la nueva situación del Perú, sino liquidar los avances logrados en materia social para aplicar a rajatabla las recetas neoliberales cuyas consecuencias se sufren hasta hoy.

La manzana de la discordia Entre las 12 constituciones políticas que hasta hoy han regido la vida del país, no hay diferencias en cuanto respecta a los aspectos declarativos, pues todas ellas consideran a la persona como el fin supremo de la sociedad, garantizan las libertades individuales y respetan la libertad de expresión. Es en el capítulo económico en el que se manifiestan las diferencias que en los últimos años han generado numerosos conflictos sociales. En la parte denominada Principios Generales del artículo 111 de la Constitución Política de 1978, se establece que “el Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan las actividades de los demás sectores”. La Constitución de 1993 señala que “el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura bajo economía social de mercado”. No es solamente cuestión de términos, sino de interpretación y de aplicación. En la Carta Magna de 1979, el Estado for-

Una de las cosas que podría eliminar una nueva Carta Magna son los oligopolios, grupos económicos que acaparan los mercados, como el caso de Alicorp.

mula, es decir, establece y da cumplimiento a las políticas de desarrollo. La Constitución surgida del autogolpe fujimorista reduce el rol del Estado a la orientación de las políticas adoptadas principalmente para promover la inversión privada. En el apartado de Regulación Económica, la Carta Magna de 1970 señala que “están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos en la actividad industrial y mercantil”, mientras que en la de 1993 se modifica tal declaración y se la sustituye por la siguiente: “El Estado facilita y vigila la libre competencia y combate todas las prácticas que la limiten”. Para los defensores de la Constitución nacida del autogolpe de 1992, este instrumento ha permitido el crecimiento económico del país, mientras que para sus detractores ese conjunto de normas ha abierto mayores brechas sociales y es el origen de las permanentes protestas.

Monopolios y oligopolios encubiertos La absorción de las pequeñas farmacias y boticas por parte de corporaciones transnacionales ha provocado, en la práctica, la instauración de formas monopólicas en el rubro de medicamentos. Ya antes había sucedido, en medio de negociaciones secretas, en el negocio de las bebidas alcohólicas y las aguas gaseosas. Los tiempos de las peleas, incluso físicas, entre promotores de las cervezas Cusqueña y Cristal han dado paso ahora a fraternos entendimientos, todos alineados bajo las banderas de las transnacionales. En la producción de harinas y sus derivados, es evidente que también hay prácticas oligopólicas, lo cual ha generado en semanas recientes, el incremento concertado de precios, al igual que en los aceites. Y las prácticas monopólicas han adoptado formas de concentración en la propiedad de los grandes medios de comunicación capitalinos. Estas son también algunas consecuencias del neoliberalismo que es el sopor-

te de la Constitución vigente.

Camino lleno de obstáculos Aun cuando seguramente no conocen el origen ni los propósitos de la Constitución Política aprobada en 1993, decenas de personas, mayoritariamente jóvenes, han salido a las calles a defender esa Carta Magna, con el argumento que ella es garantía del desarrollo y de la prosperidad, y que sustituirla generará el caos y el retroceso en materia económica, tratando de convencer a la gente que plantear una nueva Constitución es “hacerle el juego al comunismo”. Como se ve, ninguna de las doce Constituciones que tuvo el Perú desde el inicio de su vida republicana ha surgido de movimientos socialistas o de ideologías de izquierda. El miedo al cambio parece seguir siendo el instrumento que agitan los que se oponen a mejorar las reglas de juego y a dotar al mercado de la responsabilidad social que permita mitigar los efectos de la pobreza. La correlación de fuerzas en el Congreso de la República impide, por el momento, toda posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente que le entregue al país una nueva Carta Magna. La oposición a una nueva Constitución Política está en el empresariado, en los medios de comunicación y en el Parlamento. Quienes levantan aún las banderas de una Asamblea Constituyente, han demostrado escaso peso político en el Congreso de la República, casi nula presencia en los medios y, por el momento, un inmovilismo social que puede acabar con el sueño de una nueva Carta Magna. Por ello, probablemente entre tiras y aflojas, entre concesiones y confrontaciones, se termine maquillando la Constitución vigente, incorporando algunas reformas y aplicando el principio de “cambiar algo para que nada cambie”. (*) Catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

10 / Informe

QOLCA: UN ALMACÉN ANCESTRAL PARA ALIMENTAR EL FUTURO Rodeado de montañas y águilas, Mario Quispe Hermoza, tiene 37 años, un hombre de una comunidad de las alturas del Perú ha construido una qolca de piedra y barro inspirado en tecnologías ancestrales. Este almacén de alimentos es una apuesta por un mañana sin hambre en tiempos de pandemia y crisis climática. Aquí la agricultura y la vida, funcionan bajo el principio del “uyway” o “crianza recíproca”, donde cada semilla y planta es criada con dedicación porque esta alimentará a quien la siembra; así como los padres crían a sus hijos y, a su vez, los hijos crían a los padres. La fuerza del ayni. * Proyecto realizado con el apoyo de The Pulitzer Center on Crisis Re porting. TEXTO: ILLA LIENDO TAGLE FOTOS: SHARON CASTELLANOS

Mario Quispe coloca q’olla, paja altoandina y nativa del lugar para cubrir el techo de la qolca.

Para la construcción de la qolca, se aplicó una mampostería mixta a base de piedra y arcilla.

Mario Quispe sahumar con palo santo para lim

mpiar el contorno de la qolca.

Informe / 11 ILLA LIENDO TAGLE

El día del sellado de la qolca, desde la puerta, Mario recibe los alimentos que guardará para su preservación: chuño, oca, maíz y quinua.

De la idea al diseño, boceto inicial de la ejecución de obra en el Anexo Q’ente Killay.

Pututu a los cuatro vientos durante una de las ceremonias a la Pachamama guiada por Cipriana Quispe.

12 / Entrevista

“La reconciliación sigue siendo un tema pendiente en el Perú” MIGUEL GUTIÉRREZ

Las víctimas de la violencia política siguen esperando justicia para sus seres queridos y reparaciones para los deudos.

Amparo Esquivel Pantigozo

Coordinadora Regional de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) en el Sur Andino

Escribe: Oficina de Comunicaciones Aprodeh Apurímac.

¿Cuál es el balance general de la implementación de las recomendaciones de la CVR en el país a 18 años de la entrega de su informe y 21 de terminado el periodo de violencia política?

y sus conclusiones siguen muy vigentes. Las causas que originaron la violencia, las brechas de pobreza, etc., aun cuando han podido cambiar de forma, siguen estando ahí vigentes.

En líneas generales podemos decir que no se ha avanzado como se esperaba o como se deseaba. Los avances mayores se han dado en materia de reparaciones y básicamente por lo que se hizo desde los ministerios del Gobierno central. Lamentablemente desde los Gobiernos regionales y locales no se ha trabajado como se esperaba, pues hubo poco compromiso. Creo importante seguir insistiendo en este esfuerzo, pues las recomendaciones de la CVR

¿Cuál es la responsabilidad del Estado y particularmente de los Gobiernos regionales en esta agenda? Su responsabilidad es garantizar el bienestar de su población de acuerdo a la Ley 28592. Para ello es importante conocer sus problemas, agendas y su historia. Pero lamentablemente muchos Gobiernos regionales desconocen su historia y su pasado. Muchos han olvidado el periodo de vio-

lencia política y no ven que tienen población afectada con serias secuelas de guerra que necesitan ser atendidas y reparadas. En Cusco, por ejemplo, se tiene registrado oficialmente 6.491 víctimas individuales, en Puno 7.505 y en Apurímac más de 19.000. Igualmente, Cusco tiene 143 comunidades campesinas inscritas como afectadas, Puno 226 y Apurímac 486. ¿Apurímac, Cusco o Puno avanzó más en la implementación de las recomendaciones de la CVR? Quienes han avanzado más a nivel de reparaciones -como señalé- son los ministerios a diferencia de los Gobiernos regionales. En materia de reparaciones económicas y colectivas se ha avanzado considerablemente desde la CMAN. Sin embargo, la ley obliga a todos los estamentos a implementar las reparaciones, pero los Gobiernos regionales y locales mostraron poca responsabilidad con esta agenda.

Entrevista / 13 ¿A qué se debe? Hay poco compromiso político de parte de los gobernadores regionales en abordar las reparaciones. Hay un poco de indiferencia en querer mirar esta agenda. Muchas autoridades los colocan en el saco de las personas de pobreza o de personas vulnerables, perdiendo la mirada reparadora. Ningún Gobierno regional tiene presupuesto específico asignado para atender a las víctimas, excepto las direcciones de salud para atender la salud mental. Aunque también se debe señalar que en las regiones hay instancias multisectoriales de reparación que han promovido algunas normativas importantes, pero que no todas se han implementado e, incluso, en las tres regiones, esas instancias de reparación están sin funcionar. ¿Ese hecho es solo una característica de hoy o también de los anteriores Gobiernos regionales? En Apurímac hubo una época de oro en la que las autoridades regionales, las organizaciones de afectados acompañada por ONG impulsaron esta agenda de manera importante que incluso fue referente a nivel nacional. De hecho, Apurímac fue una de las primeras regiones en tener su Registro Único de Víctimas a través de fondos regionales. Incluso se produjo importante normatividad al respecto en educación y memoria. Pero ello fue truncándose y no se avanzó más. En general los Gobiernos regionales han hecho poco. ¿Podríamos decir que, si las reparaciones dependieran solo de los Gobiernos regionales, habríamos avanzado poco o nada? Dices la verdad. No habríamos avanzado casi nada. Solo desde los ministerios se avanzó algo vía la CMAN. Los varios ofrecimientos de los Gobiernos regionales en las campañas electorales no se han cumplido, se han olvidado. No han otorgado presupuestos ni han sido sus prioridades. Sin embargo, se podría avanzar más, pero es necesario un convencimiento y voluntad política. ¿Qué reparaciones se han avanzado desde los ministerios y la CMAN? Se ha avanzado considerablemente en las reparaciones económicas. Ya se viene reparando a las víctimas que tienen dos o tres afectaciones que la Ley señala. Sin embargo, estas reparaciones económicas han generado un debilitamiento en las organizaciones de afectados. Antes de que estas se dieran, las organizaciones eran más fuertes, más exigentes. A ello se suma el desgaste de la gente por esperar muchos años las reparaciones. ¿El presidente Castillo ha señalado algo al respecto de esta agenda? Sobre el tema en concreto creo que no

hablo. Sin embargo, siempre hay esperanzas. Él proviene de un sector especial en el Perú, de un origen y formación que creemos puede dar esperanzas para trabajar este tema. Lamentablemente tenemos que depender de eso. De las miradas, de las emociones y de los sentimientos de nuestras autoridades, pero no debería ser así, porque esto es una cuestión de derecho. El trabajo con las víctimas no es un trabajo de favor, porque tengo pena, no. Es un tema de derechos que el Estado tiene que garantizar. Sin embargo, sin perder la esperanza, también dice mucho que no haya dicho nada a la fecha. También ha habido una especie de satanización en la campaña electoral terruqueando a todo el mundo. Terruco es una expresión que surgió en la violencia política y con esa denominación se humillaba, se acusaba, se mataba. Y ha habido todo un contexto de volver a estigmatizar a mucha gente en el proceso electoral. Y aunque no se crea, ese terruqueo indiscriminado intimida a muchos ciudadanos. Había ciudadanos que estaban iniciando el proceso de registro de víctimas, y no vas a creer que ese contexto social -de estar terruqueándonosha hecho retroceder a muchas personas en su registro. Precise, por favor. La ausencia de la agenda CVR en el discurso de Castillo, ¿qué tiene que ver con el terruqueo? Recuerdo que en varias oportunidades terruquearon a Castillo y todo aquel que estaba con él o lo respaldaba era considerado así. Eso tiene una carga simbólica muy fuerte. Puede ser que esa estigmatización haya hecho que esta agenda no se mencione y no se señale. La CVR señaló que Sendero Luminoso fue el mayor responsable de las violaciones a derechos humanos y eso es un dato que nos lo recuerdan permanentemente sectores de la prensa de Lima y regiones. Pero al mismo tiempo este sector dice muy poco de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en las violaciones a derechos humanos. ¿Qué opinión le merece? Yo no voy a poner en tela de juicio lo dicho por la CVR. Sin embargo, creo que hubo responsabilidades compartidas. Hubo responsabilidades sobre las cuales ahora podemos asumir una posición de crítica. Pero considero que el asunto se dio y me reservo el derecho a opinar. Lo importante hoy es que las reparaciones se están dando a todos aquellos que acrediten su condición de víctima por el Consejo de Reparaciones, sean civiles, ronderos, policías, miembros de las fuerzas del orden, etc. El contexto de las elecciones fue complejo y polarizante. En ese marco el

racismo se volvió a reposicionar con fuerza. ¿Qué nos dice eso del Perú del bicentenario después de que la CVR denunció el racismo como un problema estructural a superar? ¿Qué conmemoramos en el bicentenario? El sur tiene historias ricas que deberíamos conmemorar. No sé si tenemos que conmemorar el 1821 o 1824. Me parece que tenemos una mirada muy centralista del bicentenario, pensada desde Lima. ¿Por qué no conmemoramos el levantamiento de Túpac Amaru o la batalla de Ayacucho? Creo que deberíamos tomar estas y muchas otras acciones históricas como parte de nuestra conmemoración, pues es más andino, más nuestro. Y, bueno, Castillo, que gana las elecciones y viene del Perú profundo, ojalá pueda significar un proceso de reivindicación a estas miradas muy centralistas. Pero respondiendo la pregunta, considero que el racismo y la discriminación no están acabados porque no se ha trabajado lo suficiente como lo hemos visto con dureza en estas elecciones. Para ello, además de lo que pueda hacer el Estado, cada ciudadano debería leer, conocer y comprender lo que dice el informe final resumido de la CVR. ¿Un contexto marcado también hoy por nuevos escenarios de violencias políticas y conflictos sociales con nuevas víctimas peruanas? Así es. Casualmente las mismas zonas donde golpeó la violencia política que eran las zonas más pobres, hoy son las zonas donde se concentran los conflictos porque en ellas existen muchos recursos mineros. Pero esos recursos están siendo explotados en algunos casos de maneras muy perversas, sin ningún tipo de respeto. Entonces, pareciera que en estas zonas las personas vuelven a ser revictimizadas. Y la mirada del Estado es a la actividad minera. Pero si vieran por cuántos años de años las comunidades y ciudadanos de estas partes han buscado impulsar su desarrollo sufriendo atropellos, podría cambiar y mejorar su trabajo. La población afectada por la violencia política pareciera tener un estigma, pero ningún Gobierno se atreve a enfrentar y mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué valoración tienes de la apuesta o utopía de la reconciliación planteada por la CVR hace 18 años? Sigue siendo un tema pendiente a trabajar. Este proceso pasa por conocer nuestra historia, por comprender lo que nos pasó y por qué nos pasó. Pasa por tener un compromiso por construir nuevos ciudadanos, nuevas autoridades. Tiene que pasar también por el cumplimiento de las responsabilidades de nuestras autoridades, de asumirnos como personas con derechos y deberes. Tiene que pasar también por cuestionar nuestras propias prácticas racistas y discriminatorias.

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El Gobierno usurpó tierras comunales para abrir paso al corredor minero del sur. Eso desencadenó en un conflicto social que aún no se resuelve.

Chumbivilcas: La complejidad del conflicto socioambiental en el corredor minero Escribe: Helio Cruz (*)

TEMA PENDIENTE. En septiembre del 2019, Oefa emitió un informe sobre los impactos y afectaciones ambientales en el corredor minero provocado por el transporte de minerales. Además, las comunidades acusan al Gobierno de haber usurpado sus tierras para construir la vía. El 28 de agosto se instaló la mesa de diálogo. Como resultado del proceso electoral, en el Perú hemos sido testigos de la forma de exclusión histórica a las comunidades campesinas y nativas. Les imputan ser ignorantes porque votaron por un rondero y profesor rural en vez de hacerlo por una candidata a su medida social, propio de “ciudadanos aspirantes a primera categoría”, como recuerdo que algún extraño dijo. En la actualidad se ha hecho notable la forma de racismo estructural para

mantener la exclusión social a los pueblos originarios.

Causas del conflicto Desde el 2016, las comunidades campesinas originarias se encuentran exigiendo mayor transparencia y participación en las decisiones del Estado porque afectan sus territorios. El Estado hizo oídos sordos y desde el 2018 -hasta antes de la declaratoria de situación de pandemia- la población

de Chumbivilcas fue sometida a convivir con la declaratoria de estado de emergencia y la militarización de todo el corredor vial minero, que buscaba brindar seguridad al tránsito de camiones mineros. La madre del conflicto es la Resolución Ministerial 372-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que dispuso la “reclasificación definitiva de rutas”. Esta vía fue declarada como categoría nacional por el MTC, disponiendo arbitrariamente de tierras de propiedad privada de las comunidades campesinas de Chumbivilcas; es decir, el ministerio se apropió de tierras sin realizar el procedimiento de consulta previa, así como la adquisición o expropiación de tierras comunales. Esta resolución tiene, entre otros argumentos, el considerando octavo que señala: “[…] se suscribe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los Gobiernos Regionales de Apurímac y Cusco, la Municipalidad Provincial de Cotabambas y la Minera Las Bambas S.A., cuyo objeto es desarrollar el proyecto denominado Proyecto Corredor Vial Apurímac – Cusco […]”. Así mismo, en septiembre del 2019, Oefa emitió un informe sobre los impactos y afectaciones ambientales en el corredor vial minero provocado por el

Informe / 15 transporte de minerales. Oefa ordenó que el Estudio de Impacto Ambiental de MMG Las Bambas incorpore el corredor vial como componente minero. Entonces, la falta de atención a los impactos directos ha generado como último recurso la protesta social, que lamentablemente fue reprimida por las fuerzas policiales.

Las protestas en Chumbivilcas El pasado 23 de julio dio inicio a un paro preventivo de 48 horas. El 24 de julio se hizo compleja la protesta en la comunidad originaria de Huininquiri por la abrupta represión con el uso desproporcional de la fuerza policial o la criminalización en contra de integrantes de los pueblos originarios. La represión dejó como resultado al menos 17 personas con afectaciones a la salud a causa de los perdigones y bombas lacrimógenas que impactaron en sus cuerpos, y por la agresión física. Este evento terminó con la denuncia a dirigentes y pobladores por el delito de disturbios que se tramita en la fiscalía de Chumbivilcas.

Acuerdos y falta de implementación Ante la situación cada vez más compleja de la protesta, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, llegó el 2 de agosto al denominado corredor minero sector “Muyuy Orcco”, donde se comprometió a resolver el conflicto y pidió un plazo de 60 días. Aquel día dijo que la solución se debe concentrar en forma provincial con proveer educación, salud, acceso a internet, reducción de pobreza, entre otros, lo que en realidad parece inalcanzable, porque son problemas que tienen una mayor complejidad por la continua política de exclusión y la falta de inversión por parte del Estado. Las comunidades aceptaron el plazo para la instalación de la mesa de diálogo en periodos razonables a desarrollarse: en

la primera semana la instalación de mesa de diálogo para señalar los puntos en agenda, en el primer mes la primera evaluación y ver posibilidades viables antes de los 60 días. Sin embargo, 11 días después del 2 de agosto las comunidades no recibían información o noticias para iniciar con el proceso de diálogo que fue promesa del premier en Chumbivilcas. A esto se suma el alejamiento del diálogo de la empresa minera MMG Las Bambas con quienes se tenía ya un nivel de avance de negociaciones o conversaciones sobre el resarcimiento de impacto en el corredor vial minero. Por esta razón las comunidades decidieron retomar su medida de protesta sobre el corredor vial minero con la misma agenda. Exigieron al primer ministro que cumpla con sus compromisos y se instale la mesa de diálogo con la mayor apertura. Ante este nuevo escenario, el primer ministro Bellido contestó a los periodistas que en el corredor minero se impulsa esta protesta motivada por asesores y abogados azuzadores, pretendiendo deslegitimar las demandas de las comunidades. Luego de las declaraciones del premier, las comunidades respondieron cuestionándolo y exigiendo el mayor de los respetos, así como demandaron que cumpla sus compromisos. Ante este escenario a la PCM no le quedó otra salida que emitir un comunicado señalando fecha de reunión de inicio de la mesa de diálogo. El 21 de agosto, en la comunidad originaria de Cancahuani, del distrito de Ccapacmarca (Chumbivilcas), se desarrolló la reunión para fijar los puntos sobre la agenda. Hubo cinco acuerdos. • Que la PCM, en el marco de sus atribuciones, emita una resolución conformando la mesa de dialogo del corredor vial minero. • Se inicie con el análisis de nulidad de la Resolución Ministerial 372 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la que reclasifica a vía nacional. • Abordar sobre las afectaciones ambientales en el corredor vial minero, así como evaluar las posibles compensaciones e indemnizaciones a las 8 comunidades.

Oefa confirmó en el 2019 que el paso de los camiones mineros ocasiona contaminación en las comunidades.

Además, se implemente lo ordenado por Oefa para que las comunidades que habitan al entorno del corredor vial minero sean consideradas como área de influencia ambiental directa. • Como parte del ejercicio del derecho a beneficios de la actividad extractiva se tiene la pretensión de formar parte de la cadena de valor en forma de proveedores de bienes y servicios de la empresa minera Las Bambas. • Se conforme el subgrupo de trabajo de justicia y derechos humanos para abordar puntualmente las cuestiones de criminalización de la protesta como resultado de la represión o uso desproporcionado de la fuerza en la comunidad de Huininquiri, así como evaluar reparaciones para quienes resultaron víctimas del enfrentamiento. Luego de este primer acuerdo -que fijó los puntos sobre los que se va a trabajar en la mesa de diálogo y los objetivos que se discutieron en cada uno de ellos- se acordó que el sábado 28 de agosto, en la comunidad originaria Huininquiri, se haga público la resolución del Estado que reconoce la comisión de la mesa de diálogo y los subgrupos de trabajo. Así cómo que reconozca que la participación en el diálogo será de los representantes de las comunidades originarias, quienes -en el marco de su autonomíaconvocarán a asesores para este proceso. La comisión de diálogo también la integrarán los diversos ministerios del Estado como Energía y Minas, Ambiente y Justicia y Derechos Humanos. Como se puede ver, este conflicto socioambiental tiene una connotación de complejidad, por tanto, los funcionarios del Estado deben comprender bien el estado de la situación, saber quiénes son los interlocutores o defensores de las comunidades originarias, así como analizar el contenido de la agenda para ser atendida con una propuesta de ruta real y no ideal. También se debe considerar los informes que el Ministerio de Energía y Minas tiene como parte de los avances del diálogo sostenido desde el 2019 para comprender la magnitud del problema, que el mismo Estado generó al reclasificar en una vía nacional con tierras de propiedad de la comunidad sin antes realizar procedimientos de adquisición o expropiación. El principal beneficiario con esas medidas fue MMG Las Bambas, que a través de un Informe Técnico Sustentatorio, con aprobación del sector estatal, fue aprobado la variación de mineroducto a transporte terrestre en camiones mineros sin contar con la debida implementación del proceso de consulta previa y de la información sobre los impactos o afectaciones ambientales que en la actualidad son evidentes en los territorios que habitan en el recorrido del corredor vial minero. Las comunidades esperan soluciones a la problemática con respeto a sus autonomías y derechos colectivos, contenidos en distintos instrumentos legales de índole nacional e internacional. (*) Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).

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Violencia contra las mujeres supera el 40% en Cusco y Apurímac Escribe: Jorge L. Sáenz A. (*) ALGUNOS AVANCES. Las instancias de concertación regional para la prevención y atención de la violencia tienen la tarea de prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Apurímac, Cusco, Puno y Madre de Dios publicaron ordenanzas para la creación y funcionamiento de estas instancias. A excepción de Madre de Dios, las otras tres regiones cuentan también con Observatorios Regionales de la Violencia. “La violencia contra las mujeres es una de las cosas más dolorosas de la discriminación”. (INEI. Brechas de Género, 2020). Recordemos, la Política Nacional de Igualdad de Género identifica como problema público la discriminación estructural contra las mujeres. El primer objetivo prioritario es la reducción de la violencia hacia las mujeres. Además, contamos con la Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar). Esta norma señala la creación y el funcionamiento de las instancias regionales, provinciales y distritales de concertación como parte de un sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de esta violencia. También se cuenta con los programas presupuestales 0080 (lucha contra la violencia familiar) y 1002 (productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer). Una de las brechas de género con mayor incidencia en la macro región sur del país es la violencia contra las mujeres. El INEI ubica a Apurímac con la mayor tasa de prevalencia de violencia física con un 41.8%.

Trabajo en las regiones ¿Qué están haciendo los gobiernos regionales para la prevención y atención de la violencia contra la mujer? Los gobiernos regionales de Apurímac, Cusco, Puno y Madre de Dios han promulgado ordenanzas para la creación y

funcionamiento de instancias de concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Apurímac, Cusco y Puno crearon observatorios regionales. En estas instancias participan representantes de las direcciones regionales, sectores nacionales con presencia regional, municipalidades provinciales y de las organizaciones de la sociedad civil, y tienen siete funciones. A saber. • Proponer en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), Plan Operativo Institucional (POI) y en el Presupuesto Participativo (PP) indicadores y acciones para resolver la problemática de la violencia. • Promover el desarrollo de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos específicos para la prevención y atención de la violencia. • Remitir informes al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) sobre las acciones desarrolladas. • Desarrollar campañas de sensibilización. • Promover el cumplimiento del Protocolo Base de Actuación Conjunta. •

Crear el Observatorio de Violencia.

•

Aprobar su reglamento interno.

Entonces, debemos destacar que ya se cuenta con instancias de concertación en las que participan representantes

estatales y de la sociedad civil. Nos preguntamos: ¿La problemática de la violencia ya se ha incorporado en los planes y en los presupuestos regionales?, ¿se han aprobado y se están ejecutando los planes de trabajo de estas instancias?, ¿qué actividades se han programado y se han desarrollado?, ¿cuántos informes se han elaborado y han sido remitidos al MIMP?, ¿cuentan con sus reglamentos internos?, ¿Cuántas veces se reúnen, qué temas tratan en sus reuniones y cuáles son los principales acuerdos de estas reuniones? Es de suma importancia que las y los representantes que participan en estas instancias informen a la población sobre el funcionamiento de estas instancias, sus avances y dificultades.

Los observatorios de violencia Otro avance a destacar es que en Apurímac, Cusco y Puno cuentan con Observatorios Regionales de la Violencia, que son mecanismos de articulación que brindan y generan conocimiento sobre la problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, y brindan información sobre las actividades que se realizan para la prevención y sanción. La información que se brinda en estos observatorios está relacionada al sistema nacional para la prevención y atención de la violencia, red de servicios, datos estadísticos, normatividad nacional y regional, modalidades de la violencia, contactos, noticias, y repositorio de información. Específicamente deben informar y difundir las acciones desarrolladas para la implementación de las políticas públicas, publicar estudios de investigación que identifican las causas de la violencia y proponen soluciones, señalar las acciones de incidencia desarrolladas, socializar los convenios interinstitucionales firmados, y publicar información importante relacionada a la prevención y atención de la violencia. Las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil tienen el rol de vigilar el funcionamiento de estas instancias, con énfasis en el diseño y desarrollo de actividades para la prevención de la violencia contra las mujeres, así como de una intervención intergubernamental e intersectorial. Se necesita el compromiso y la participación de todas y todos para la reducción de la violencia de género. Todas y todos somos responsables de esta situación de violencia. (*) Centro Bartolomé de Las Casas.

Informe / 17 MIGUEL GUTIÉRREZ

El precio de los productos de primera necesidad subió bastante en las últimas semanas, debido a factores externos e internos.

Precio de los alimentos está por las nubes

Escriben: Maribel Bellido y Mijael Parhuay EL FACTOR DÓLAR. En los últimos meses, en la ciudad del Cusco, el incremento del precio de los principales alimentos de la canasta básica familiar afecta los bolsillos de las familias. El economista Álvaro Hilario Castañeda dice que los oligopolios juegan con los precios de estos productos básicos. ¿Por qué se incrementó el costo de la canasta básica familiar? El economista Álvaro Hilario Castañeda Asencio dice que “el alza de los precios de los productos de primera necesidad fue a raíz de la subida del dólar en el mercado internacional”. “Es por eso que los productos que se compran de mercados del exterior están a precios elevados”, agregó. Castañeda también señaló que el cambio de Gobierno, en cierto punto, influye, ya que el oligopolio de las grandes empresas podría ser afectada con las políticas del gobierno del presidente Pedro Castillo. “La subida de precios es ocasionada por algunos grupos de poder económico. Ellos van a jugar con los precios de los productos, porque son un oligopolio en el mercado. Por ejemplo, el grupo Ali-

corp maneja una cadena de alimentos”, señaló el economista. Las vendedoras de los diferentes mercados de la ciudad del Cusco enfrentan a diario las quejas de los compradores de los productos de primera necesidad. Los productos de fábrica y cadena de alimentos son los que han estado subiendo de precio y los productos regionales mantienen su precio normal. Por ejemplo: los tubérculos, las verduras, los cereales, las legumbres, entre otros productos. El producto que más subió de precio es el aceite- Pasó a costar de S/7.00 a S/12.50. Ante esa situación, los ciudadanos buscan otras opciones. “Nosotros tenemos que buscar otras alternativas, hay productos de otras marcas a precios bajos”, dice un comprador.

El alza en el precio del aceite podría continuar hasta que se normalicen los precios internacionales del insumo y a medida que la cotización del dólar retroceda. No obstante, si el dólar sube también subirán los precios de los productos de la canasta básica familiar. El tipo de cambio del dólar pasó de S/3.60 en febrero a aproximadamente S/4.10 en agosto. Una de las razones principales es la crisis económica mundial por la pandemia. Los precios del trigo, el maíz, el aceite y la soya son variables. Están en función de la sobreproducción o subproducción y del comportamiento de la oferta y la demanda. El disparo del dólar y del precio de los productos de la canasta básica familiar no solo ocurre en el Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Bolivia y Chile. Mientras tanto, el Perú pasa por una inestabilidad económica. Los más fuertes impactos fueron por la incertidumbre política cuando asumió la presidencia un gobierno de izquierda. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, tiene un amplio conocimiento en el tema del manejo de la economía y por eso genera confianza. La economía peruana se estabilizará, pero depende del trabajo del poder Ejecutivo y de las políticas económicas que emplee.

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Los pasivos que hereda el gobierno de Pedro Castillo

El gasoducto al sur es uno de los proyectos entrampados desde hace casi dos décadas. Todos los gobiernos prometieron concretarlo y no cumplieron.

OBRAS POR DESTRABAR. Las regiones del sur esperan el reinicio de grandes proyectos como el ansiado nuevo aeropuerto de Chinchero, en Cusco, la irrigación Majes Siguas II en la región mistiana, y el hospital de Andahuaylas para los apurimeños. La esperanza es que estas iniciativas despeguen y se hagan realidad en este quinquenio. Los últimos tres gobiernos dejaron de lado a las regiones del sur andino. De ahí que los electores sureños hayan depositado su confianza en el presidente Pedro Castillo para que asuma medidas concretas que beneficien a esta parte del país. El sur espera desde hace casi una década la concretización de grandes obras hospitalarias, aeroportuarias, energéticas y de irrigación. Se trata de proyectos paralizados y que forman parte de la agenda heredada por el anterior gobierno al actual régimen. En la lista destacan la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco; la irrigación de Majes Siguas II, en Arequipa, y el hospital de Andahuaylas, en Apurímac.

Aeropuerto de Chinchero La construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, está en marcha. En marzo del 2021, el Consorcio Chinchero, conformado por las empresas Hyundai y HBV Contratistas, firmó el contrato para la segunda etapa de remoción de tierras para la ejecución del anhelado proyecto. Los trabajos empezaron en la segunda quincena de abril, bajo la supervisión de la empresa Luis Berger WSP. En julio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el consorcio Natividad de Chinchero estará a cargo de la construcción del nuevo aeropuerto por US$ 362 millones

702 mil. El consorcio se encargará de las obras civiles como las torres de control, la pista y el terminal de pasajeros. En tanto, la supervisión del proyecto fue adjudicada al consorcio Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco por US$ 13 millones 998 mil 277. A este gobierno solo le corresponde hacer cumplir los plazos de ejecución establecidos en el contrato de concesión para que el terminal aéreo entre en funcionamiento a más tardar en cinco años. El proyecto se hace bajo la modalidad de Estado a Estado. Corea del Sur, por encargo del Gobierno peruano, se hace cargo de la asistencia técnica para licitar y acompañar la construcción de la obra.

Gasoducto para el sur La construcción de un gasoducto que transporte el gas de Camisea, en la selva del Cusco, a las regiones del sur continúa en espera desde hace tres gobiernos. Su concepción en el papel ocurrió en el gobierno de Alan García como Gasoducto Sur Andino; cambió de nombre en el régimen de Ollanta Humala a Gasoducto

Informe / 19

Sur Peruano y casi sextuplicó su costo al pasar de US$ 1.300 millones a US$ 7.000 millones. Con ese costo fue adjudicado a un consorcio que tenía como accionista mayoritario a la empresa brasileña Odebrecht, protagonista del escándalo de corrupción continental Lava Jato. En enero del 2017, el Gobierno peruano canceló el contrato porque Odebrecht y sus socios no consiguieron el financiamiento por US$ 4.125 millones para concluir la obra. La obra quedó paralizada con un avance de poco más del 30%. Actualmente, las tuberías se oxidan en la selva de la provincia cusqueña de La Convención y las alturas de Calca. Después hubo varios intentos de reactivar el proyecto gasífero, pero ninguno tuvo éxito. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski el proyecto cambió de nombre y fue bautizado como Sistema Integrado de Gas (SIT Gas). Proinversión encargó a la consultora Mott Macdonald un estudio para redefinir el trazo y costos del proyecto, que fue entregado hace pocos meses. De acuerdo con el cronograma optimizado de actividades de los estudios de preinversión de la etapa I, la licitación y entrega de la buena pro deben darse entre julio del 2022 y primeros días de junio del 2023. Mientras que la puesta en operación del gasoducto recién ocurriría a fines del 2025 o inicios del 2026. Según el trabajo de la consultora, el proyecto demandará una inversión de cerca de US$ 4.500 millones. El trazo será el mismo del proyecto Gasoducto Sur Peruano, pero adicionalmente considera los ramales regionales. El gobierno del presidente Pedro Castillo trabaja -según dijo el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellidopara que la obra avance y el sur cuente con este recurso energético, cuyo precio se incrementó exponencialmente. Antes costaba 38 soles y ahora supera los 50 soles en zonas urbanas y más de 60 soles en áreas rurales. En Camisea, donde está la reserva de gas, un balón de 10 kilos de GLP llega a costar casi 80 soles.

Majes Siguas II La irrigación Majes Siguas II fue concesionada en el 2010. Se trata de una iniciativa que consiste en la regulación y derivación de agua de las cuencas altas de los ríos Colca y Apurímac para irrigar 60.500 hectáreas de tierras nuevas en las Pampas de Majes y Siguas, región Arequipa, así como para mover las turbinas de hidroeléctricas. Desde aquel año poco avanzó el proyecto debido a cambios propuestos en el esquema financiero del proyecto que elevará sustancialmente su costo. Hace poco, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la propuesta de la adenda 13 para que el proyecto pase a costar US$ 656 millones, lo que representa un incremento de US$

El aeropuerto de Chinchero es el único que está avanzando y se espera que entre en funcionamiento en el 2025. ANDINA

Majes Siguas II, en Arequipa, no se concreta desde hace una década por problemas financieros.

104.6 millones adicionales. El cambio implica uno tecnológico del sistema de conducción y distribución de agua. Sin embargo, la Contraloría General de la República realizó 48 observaciones a la referida adenda 13. El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Gregorio Palma, dijo que la entidad revisa el expediente que implica el cambio del sistema de riego: de canales abiertos a tuberías. La Contraloría exige una mejor fundamentación a las nuevas circunstancias que llevaron a realizar los cambios y el aumento del presupuesto. Si las observaciones son levantadas, el gobierno transferirá 168 millones de soles a favor de la concesionaria para que reinicie los trabajos. No hay que perder de vista que el proyecto Majes Siguas II tiene un componente hidroeléctrico. Se trata de la Central Hidroeléctrica Lluclla, que también dará inicio con la fase de instalación y construcción. La inversión alcanza US$ 489 millones. Este proyecto tiene una potencia instalada de 288 MW y estará asentada en los distritos de Lluta y Santa Isabel de Siguas, provincia de Caylloma. Su producción anual llegará a los 1.977 gigavatios por hora (GWh).

Hospital de Andahuaylas La construcción de un hospital categoría II-2 para reemplazar al hospital Docente “Hugo Pesce Pescetto” en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, se arrastra desde el 2013. Según la concesión, la obra de S/ 59 millones debió ser concluida en octubre del 2014. La ejecución del proyecto, encargada al Consorcio Andahuaylas, no tuvo avances y su precio casi se triplicó al saltar a más de S/160 millones. El alza se debió a que hubo 20 ampliaciones de plazo. El consorcio dejó la obra en diciembre del 2018 con un avance físico de apenas 53%. Un mes después, en enero del 2019, el Gobierno Regional de Apurímac resolvió el contrato por incumplimiento injustificado. En diciembre del 2018, la Contraloría advirtió deficiencias en la edificación como fisuras en los acabados de muros y columnas, grietas en los cielos rasos y deterioros que ponían en riesgo la calidad de la estructura del nosocomio. El gobierno de Martín Vizcarra asumió el compromiso de concretar la obra por la modalidad de Estado a Estado. Este gobierno deberá continuar con el procedimiento para beneficiar a casi 400.000 ciudadanos de Apurímac.

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El arte político toma la calle Tikray es un colectivo fundado por Adalid R. Rodríguez y Cristian Astigueta, que hasta la fecha han logrado poner tres acciones escénicas en la calle con temas abiertamente políticos y cuestionadores en momentos claves de los últimos meses. "Puyucahua" (imágenes 2 y 3) es un homenaje por los 240 años del sacrificio de la familia Túpac Amaru por nuestra libertad. "Trilogía del t/error" (imagen 1) es una dura crítica a la impunidad con la que la candidata Keiko Fujimori estuvo a punto de ganar las últimas elecciones. Y, finalmente, "Banquete/bicentenario" (imagen 4 y 5) es una puesta en escena donde se planteó un cuestionamiento al bicentenario de la independencia, trabajo que realizaron junto a Ninachasca Zelada, Harold Aucca y Jazmín Álvarez. En definitiva, este es un arte distinto que viene a abrir la mente a importantes y necesarios espacios de reflexión. FOTOS: MIGUEL GUTIÉRREZ.

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