Tantaccalla, una comunidad quechua que podría desaparecer

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AMENAZA. Un ex hacendado consiguió un fallo sobre la propiedad de más de 200 hectáreas. Sobre esas tierras viven decenas de familias de esta comunidad campesina de Paruro. El fallo fue dado por la exjueza Bony Gamarra, destituida y ahora en la clandestinidad. Un juez ordenó prisión preventiva por 9 meses en su contra. Se le acusa de haber recibido un soborno de 50 mil dólares de una de las socias de Consettur, a cambio de un fallo favorable.

Con una orden judicial de desalojo, de un plumazo, pretenden desaparecer a la comunidad originaria quechua Tantaccalla del distrito de Huanoquite, en la provincia de Paruro. El 24 de marzo, más de 1000 pobladores de la comunidad consiguieron que se suspenda esa orden. Esa mañana hicieron un plantón en contra de la decisión que, según dicen, constituye un acto de despojo y violación de sus derechos. No quieren ser desaparecidos del mapa como si no tuvieran derechos.

Luis Gustavo Paz Vizcarra, heredero de un ex hacendado, reclama el predio como suyo. Consiguió que se le reconociera como dueño con una demanda de nulidad de título de propiedad otorgada a la comunidad de Tantaccalla. El predio abarca 464 mil 3024 hectáreas, de las cuales 218 mil 302 corresponden al predio rústico Mallma Alto, que está en disputa. El Juz- gado Mixto de Santiago declaró fundada la demanda en 2009. Las instancias superiores ratificaron ese fallo cuestionado por los comuneros y emitió una orden de desalojo que no se pudo ejecutar en cuatro ocasiones. El 24 de marzo se suspendió, por cuarta vez, por un mes (Ver galería de fotos en Contraportada).

La jueza que falló a favor del ex hacendado fue Bony Eve Gamarra Flórez, ex jueza del Juzgado Mixto de Santiago. Gamarra Flórez ha sido destituida por la Junta Nacional de Justicia y desde inicios de este mes está en la clandestinidad. Un juez ordenó prisión preventiva por 9 meses en su contra. Se le acusa de haber recibido un soborno de 50 mil dólares de una de las socias de Consettur para que emita un fallo a su favor.

El desalojo ha sido suspendido en cuatro ocasiones. No había garantías. Para

Miguel Guti Rrez

el cuarto intento fallido, el juez pidió el envío de 1000 policías a Paruro para ejecutar la orden judicial. Especificó que debían ser agentes de las unidades especiales USE, Kallpas, Depincri, Divmri, Seguridad del Estado y caballería. “Se faculta expresamente a dicho personal comisionado si el caso amerita procedan a la detención corporal de las personas que obstaculicen el normal desarrollo de la diligencia, sin perjuicio de la investigación correspondiente y poner en conocimiento de la Fiscalía Penal Provincial de Paruro”, señalaba la resolución.

El juzgado también autorizó el uso de maquinaria pesada para destruir las casas. No solo eso. Amenazó a las comunidades aledañas de Chanka, Quenkonay, Tiwicty, Maska y otras para no interfieran. O serían detenidos.

Tantacalla tiene existencia formal desde 1926 y obtuvo su título de propiedad sobre su territorio de acuerdo al procedimiento administrativo de deslinde y titulación en 1988. Abarca 1320 hectáreas: 218 mil 302 se encuentra en litigio, y en dos de estas hectáreas está la población del sector Marcura. En Marcura hay 78 viviendas que habitan 400 personas, casi la mitad de la población comunal. Marcura cuenta con servicios básicos (agua potable, desagüe y energía eléctrica), un colegio de nivel inicial y primaria y sembríos de trigo, cebada, tarwi, papá, etcétera.

El despojo ha sido considerado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos como un peligro para los pueblos indígenas. Señaló también que la sentencia es arbitraria y vejatoria. Precisa que el denunciante, un ex hacendado, presentó solo como “título de propiedad” un certificado de inscripción registral derivado de un testamento, documento que ha prescrito.

“Dicha sentencia vulnera el derecho de los territorios ancestrales, amparados en instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, puede generar, en las actuales circunstancias que vive el país, altos costos sociales y humanos” dijo Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la coordinadora. Jugo pidió no ejecutar la sentencia y defender los territorios ancestrales.

Tantacalla sufrió el despojo y reparto de sus territorios ancestrales hasta la reforma agraria. La comunidad registra su existencia formal desde 1926. Obtuvo su título de propiedad sobre su territorio de acuerdo a procedimiento administrativo de deslinde y titulación en 1988. Sin embargo, en el 2005, Luis Paz Vizcarra denunció a la comunidad por “nulidad e insubsistencia parcial del título de propiedad, cancelación parcial del asiento de inscripción registral y reivindicación de las tierras de la comunidad”.