La prisión preventiva como arma de represión

Escribe: Helio Cruz Chuchullo (*)

CASO PISAC. Cuatro jóvenes, comuneros calificados de la comunidad originaria quechua Cuyo Grande, están presos por orden judicial. Se les responsabiliza de actos contra la propiedad privada en una de las protestas antigubernamentales que hubo en febrero pasado en Cusco. Da la impresión de que el gobierno usa a las víctimas, cuyas propiedades fueron dañadas, para poner tras las rejas a los comuneros.

El 31 de enero las comunidades campesinas del distrito de Pisac, provincia de Calca, llegaron a la ciudad del Cusco a participar de las marchas de protesta en contra del régimen de Dina Boluarte y para cuestionar el actual modelo económico y social.

Ese día hubo en torno al Mercado Rosaspata y en la avenida de La Cultura una serie de eventos de afectación a la propiedad privada. En palabras de la Fiscalía fue un “… atentado contra personas que estos realizan de manera permanente, así como impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento del transporte público y privado…”. Mientras que el relato de la Policía en el acta de intervención dice: “… esta persona se encontraba tirando piedras al personal policial en inmediaciones de la calle Puputi…”.

Los hechos ocurrieron a las once de la mañana. Las detenciones de cuatro jóvenes, comuneros de la comunidad quechua Cuyo Grande de Pisac, se produjeron a las cuatro y treinta de la tarde, cuatro horas después de los actos narrados por la Fiscalía y la Policía.

La versión de comuneros y dirigentes de Pisac es que llegaron a Cusco a movilizarse. En el recorrido se hizo sin acompañamiento de la Policía como ocurrió en las marchas de los días anteriores. Los agentes prefirieron resguardar a las personas de polo blanco que protestaban con violencia en contra de los comuneros movilizados. Incluso, los “polos blancos” agredieron físicamente a personas delante de los policías. Estos no hicieron nada. Además, mientras organizaban su marcha fueron víctimas de discriminación, de insultos y hasta de provocación. Esto pudo desencadenar esa serie de reacciones y enfrentamientos que luego hemos visto por los videos.

Ahora bien, cinco jóvenes fueron detenidos, cuatro de ellos, hasta hoy, están con prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Varones de Cusco (Quencoro). Los enviaron a prisión sin fundamento jurídico. Ante ello la pregunta es: ¿Qué garantiza la prisión preventiva? Podemos ensayar una respuesta un mixta, con cargo a hallar muchas más: a) La prisión, como parte de una pena anticipada, forma parte de la represión del Estado. En este caso, se trata de jóvenes sin antecedentes penales ni policiales. La mayoría concluyó apenas el primer grado de primaria, con el agregado que son comuneros de la comunidad campesina originaria Cuyo Grande. b) De acuerdo al curso de la investigación, se conoce que hay denuncias de agraviados quienes exponen una afectación económica y por tanto quienes resulten responsables previamente identificados deben iniciar con la reparación económica. Estando en prisión no hay ninguna posibilidad de reparación. El acceso al trabajo en el penal es difícil y tiene apariencia de explotación laboral. c) La prisión es un centro de rehabilitación, reeducación y resocialización. Sin embargo, los informes de los centros penitenciarios, incluidos los de Cusco, están aglomerados, hay sobrepoblación y, por tanto, más inseguridad y exposición al crimen.

Con estos puntos queda claro que el encarcelamiento no va a garantizar la reparación económica que aspiran los “agraviados”. Al contrario, el Estado (Fiscalía – Poder Judicial) se olvida de las víctimas y las utiliza únicamente para poner tras las rejas a los comuneros, con el propósito de generar más temor en las comunidades. Se les limita el derecho a protestar.

La prisión preventiva

El 24 de febrero pasado, los jueces Víctor

Hugo Silva, Yuri Pereira Alagón y Maximiliana Cornejo Sánchez confirmaron 9 meses de prisión preventiva para Richard Camala, Ferdinán Huacanqui, Redy Huamán y Joel Hivallanca.

Los abogados de los jóvenes advirtieron una cadena de irregularidades durante las detenciones y los procesos posteriores. Uno de esos vicios es que los policías buscaron en camionetas a los supuestos afectados y los llevaron hasta la Comisaría de Tawantinsuyo para que hagan la denuncia.

Los jueces confirmaron la decisión de la jueza de primera instancia, Yohanna Beny Gallegos Paúcar. Para la jueza no es importante la procedencia de los jóvenes, que son integrantes de una comunidad campesina, y tampoco que carecen de antecedentes penales.

La decisión de los jueces carece de una mirada intercultural: Vivir en la ciudad da más arraigo que ser comunero empadronado de una comunidad campesina originaria. En los fundamentos referidos al arraigo domiciliario, laboral y familiar, por ejemplo, señalan que, aunque los jóvenes presentaron constancias de posesión y sean comuneros calificados, no tienen “arraigo de calidad”.

Cuando se refieren específicamente a Richard Camala dicen: “Tener la condición comuneros es la de ser usufructuarios de la tierra, mas no propietarios, hecho este que determina que su arraigo domiciliario no sea de calidad, aunado a ello se tiene que el mismo llegó a acreditar como arraigo familiar a sus padres quienes también serían comuneros calificados de la comunidad de Cuyo Grande”.

Miopía en la Fiscalía

La Fiscalía sin tener clara la individualización, vinculando los elementos de convicción y la conducta de los jóvenes, pidió prisión preventiva con el grado de participación como autores de supuestos delitos. En contraste, respecto de la muerte por bala del dirigente campesino Remo Candia y otras ejecuciones extrajudiciales, no se ha visto hasta la fecha ningún pedido de prisión preventiva. Ante detenciones arbitrarias no hemos visto sanciones. Ante evidentes actos de intervención policial con vestimenta civil (ternas) no iniciaron ninguna investigación. Los vieron participar en acciones violentas y no se abrieron carpetas fiscales.

Nadie niega los hechos. Todas ellas circulan en Internet. Pero es evidente que la investigación en sede policial a causa de la publicidad e imprecisiones ha sido contaminada. Pudo más la presión mediática y gubernamental.

El Estado peruano optó por utilizar el derecho penal del enemigo y se aleja cada vez más del derecho penal democrático. Y eso es bastante peligroso porque abre paso a la persecución sin garantías de los derechos fundamentales.