A 100 días del boluartismo: Militarización y reactivación minera

Escribe: Jaime Borda (*)

RIESGOS. El régimen de turno quiere impulsar más proyectos mineros. El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, dijo que “el país está pacificado y que hay condiciones para invertir”. La única forma de entender esta postura es que o viven en un universo paralelo o se sienten seguros en el poder que piensan imponer con violencia y represión nuevos proyectos mineros.

Lo que está pasando hoy con la crisis política en el Perú es una ampliación de lo que ya venía sucediendo hace más de 15 años en territorios mineros, y particularmente en el sur andino.

Lo sabemos quienes hacemos seguimiento al tema extractivo minero en el país. Nos referimos a los conflictos socioambientales, la declaratoria de estados de emergencia, la criminalización de la protesta social, la violencia y la desproporción en el uso de la fuerza de la Policía, la estigmatización y el terruqueo a las poblaciones y comunidades que se movilizan.

Casos como el aimarazo en Puno; el levantamiento de Espinar, en Cusco; los problemas de Las Bambas, en Apurímac, o el caso de Tía María en el valle de Tambo, en Arequipa, son solo algunos ejemplos de cómo los sucesivos gobiernos, en alianza con las empresas mineras transnacionales, han intentado imponer proyectos mineros o han buscado desconocer las legítimas demandas de la población.

Esta especie de ampliación de los estados de emergencia en todo el país, que declaró el año pasado el régimen de Dina Boluarte, es una lamenta- ble repetición de los casos que hemos mencionado. Así como ahora muchas de las muertes, heridos y criminalizados en las protestas no han encontrado justicia ni reparación, en los conflictos mineros pasó lo mismo.

Los afectados y las víctimas de la violencia del Estado en los conflictos sociales y en las movilizaciones actuales son las mismas: las comunidades campesinas y las poblaciones rurales que hace décadas exigen cambios de fondo, cambios que prometió el gobierno de Pedro Castillo y que al día de hoy han quedado en el olvido.

En este escenario de crisis política permanente, uno de los actores que no ha perdido mucho y que por el contrario se ha beneficiado de la crisis por partida doble son las empresas mineras. Por un lado, el alto precio de los minerales como el cobre en el mercado internacional les ha favorecido y, por el otro, el gobierno de Castillo no realizó ningún tipo de cambio ni reforma en el sector minero (mantuvo el piloto automático).

Lo que observamos en los 100 primeros días del gobierno de Dina Boluarte es que el sector minero nuevamente será el más beneficiado. El premier Alberto Otárola, y los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, Oscar Vera Gargurevich y Alex Contreras Miranda, han anunciado que se vienen más cambios normativos en este sector, a través del “shock de eliminación de permisología minera”.

Quieren impulsar más proyectos mineros, tal como lo anunciaron en la convención minera más grande del mundo realizada recientemente en Canadá. Inclusive, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, dijo que “el país está pacificado y que hay condiciones para invertir en el Perú”. La única forma de entender esta postura del gobierno es que o viven en un universo paralelo o se sienten tan seguros en el poder que piensan imponer con violencia y represión nuevos proyectos mineros.

Lo cierto es que hoy las comunidades y poblaciones del sur andino peruano no reconocen como legítimo al gobierno de Dina Boluarte y que las movilizaciones no van a cesar. La masacre y la muerte de 49 peruanos y peruanas en las últimas movilizaciones han dejado un profundo dolor en la población peruana, principalmente en el sur. La ciudadanía ha señalado que no aceptará ningún ofrecimiento ni dádiva de este gobierno.

(*) Red Muqui.