Pulso Regional

La Revista del Sur | Año 06 | #57 - Julio de 2022

En un año, el gobierno del presidente Pedro Castillo y el Congreso, bajo el mando de María del Carmen Alva, pusieron sus intereses por encima de los del Perú.

De espaldas al pueblo

2 / Editorial

La última.

EDITORIAL UN AÑO DESPERDICIADO El 28 de julio se va a cumplir un año desde que el presidente Pedro Castillo y los congresistas asumieron sus cargos. Castillo y los 130 legisladores llegaron con el encargo explícito de sacar al país de la crisis política y económica.

Sin embargo, desde el inicio, tanto Ejecutivo como Legislativo, entraron en una dinámica de confrontación que mantuvo las crisis sin solución. Ni Castillo ni los congresistas -principalmente la oposición conservadora de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, y la izquierda anacrónica Perú Libre- estuvieron a la altura de lo que demanda el Perú.

Nuevamente, como ocurrió en los gobiernos anteriores, los intereses personales o de grupos económicos dominó la agenda y relegó la atención de las necesidades de millones de peruanos que esperan cambios y mejoras en su situación económica. Un año desperdiciado.

El presidente y el Congreso de la República llegan al primer año de su gestión con un nivel altísimo de desaprobación. Según el IEP, al 30 de mayo, el Congreso cosechaba el rechazo del 87 % de peruanos, mientras que su presidenta, María del Carmen Alva, era rechazada por el 77 %. Las cifras de Ipsos al 12 de junio señalan que Alva es desaprobada por el 69 %.

En la otra vereda, el presidente Castillo era desaprobado, en base a datos de IEP, por el 70 %. Cuando empezó esa cifra era de 46 %. Eso quiere decir que cada mes un 2 % de la población terminaba desaprobando el caótico y desorientado gobierno nacional. La encuesta de Ipsos arrojaba ya en junio también un 70 % de desaprobación a Castillo. Ambos poderes entraron en la lista de las instituciones menos aprobadas por los peruanos.

En el caso de Pedro Castillo su devaluación ocurrió por sus desaciertos en la designación de ministros y funcionarios de alto rango, la aparición de graves indicios de corrupción que llevaron a que la Fiscalía de la Nación abriera, por primera vez en la historia, una investigación a un jefe de Estado en funciones, la ineficiencia en el manejo del Estado, la desatención a los campesinos afectados por la crisis mundial de fertilizantes, y el incumplimiento de sus compromisos electorales. En varias regiones el descontento crece y podría desencadenar en protestas en contra del jefe de Estado.

Y el Congreso se ganó a pulso el rechazo. Actuó irresponsablemente alentando la vacancia presidencial pese que no había una causal constitucional que justificara una medida de esa magnitud y alentó una comisión investigadora sobre un fraude inexistente en las elecciones porque no aceptaron su derrota. También porque en estos meses hizo contrarreformas como el desmantelamiento de la Sunedu, la anulación del enfoque de género en el currículo escolar, y blindó a los corruptos ex fiscales que conformaban la organización criminal los Cuellos blancos, así como protegieron al usurpador Manuel Merino y su premier Ántero Flores Araoz para que no sean investigados ahora mismo por la muerte de dos jóvenes en las movilizaciones de noviembre de 2020.

EDITOR PERIODÍSTICO: José Víctor Salcedo Ccama DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo DISEÑO PORTADA: Cristian Yarin Trujillo

Nota al cierre de edición

Quillacoop estaba en manos de una presunta organización criminal Doce personas fueron detenidas en el distrito de Santa Ana, en Cusco, en un megaoperativo. Doce fiscales y más de 50 agentes policiales actuaron en simultáneo para detener a los integrantes de la organización criminal bautizada como “Los finos del valle”, investigada por manejos ilícitos del dinero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillacoop.

Los detenidos, según el coronel William Javier Falcón Berrocal, el jefe de la División Policial La Convención, son David Ronald Guevara Ccanto, Alex Fernando Laura Romero, Wilbert Molero Ccasani y Daniela Stefany Pozo Follana.

También Mariela Alexandra Pozo Follana, Vicentina Silva Andrade, Michael Ángel Cáceres Ugarte y Luz Evelyn Concha Dueñas. Asimismo, Leticia Follana Rojas de Pozo, Sianet Torres Flórez, Xiomara Mercedes Cornejo Osorio y Yessica Ccoa Pro. Según la Fiscalía, estos se coludieron para sacar présta-

mos a favor de la empresa CORINPI (Corporación Inversiones Los Pinos) que habría sido creada para apropiarse de dinero de la cooperativa. CORINPI recibió cinco préstamos por un total de S/5 millones 200 mil y solo devolvió S/100,000.

Fueron los detenidos los que avalaron, desde sus cargos de decisión, la entrega de dinero que, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, fue a los bolsillos de ellos mismos. Además, usaron bienes de la propia cooperativa (el edificio de la Av. Huascar 136 en Cusco de Quillacoop) como hipoteca. Si sumamos los intereses y otros conceptos, el perjuicio ocasionado a Quillacoop asciende a S/7 millones.

Pero también aprobaron otros ocho créditos de sumas que oscilan entre S/260,000 y más de S/1 millón. Algunos de los prestamistas no tenían condiciones económicas para acceder a esas sumas y tampoco presentaron avales, como inmuebles como hipoteca, para pasar los filtros.

La cooperativa afronta denuncias por malos manejos en dar créditos.

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

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Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

pulsoregionalcusco Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113 Tiraje: 1.000

Elecciones 2022 / 3

La pobre oferta de candidatos en Cusco y Apurímac Escribe: José Víctor Salcedo Ciento veintidós listas quedaron fuera de carrera por llegar a última hora a presentar sus solicitudes de inscripción en el sistema virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Casi todos los candidatos a los cargos de gobernador, vicegobernador, consejero regional, alcalde y regidor esperaron el último día para tramitar su registro.

Se supone que con las elecciones internas del 15 y 25 de mayo, las organizaciones políticas tenían definidas sus planchas electorales a todos los cargos.

Y, además, tuvieron siete días, del 7 al 13 de junio, para subir sus solicitudes de inscripción con toda la documentación al sistema declara de la mesa de partes virtual de los Jurados Electorales Especiales (JEE). Que hayan esperado el último día es una demostración de informalidad.

Pero no solo la informalidad y falta de seriedad son rasgos de las organizaciones y sus candidatos. Las listas presentadas en una gran mayoría están presididas e integradas por personajes con pasado gris, con condenas o sospechosas de haber delinquido, y que carecen de militancia pues pasan de partido en partido en cada elección. ¿Personas así merecen llegar a cargos de tanta responsabilidad? ¿Qué nos espera si alguno de ellos gana?

El especialista en asuntos electorales, Oscar Matutti Sánchez, cuestionó la informalidad de las organizaciones políticas que esperaron el último día para iniciar el trámite de inscripción. Es una demostración, dijo Matutti, de un viejo problema: la informalidad y la irresponsabilidad de partidos y movimientos regionales. En esta nota conozca a los candidatos al sillón regional de Cusco y Apurímac.

Luizar presentó un recurso que deberá ser resuelto por el JNE. Ocho políticos consiguieron tramitar la inscripción de sus listas: Edgar Ochoa (Frente Regional Túpac), Boris Mujica (Alianza para el Progreso), Edy Cuellar (Inka Pachakuteq), Raúl del Castillo (Juntos por el Perú), Werner Salcedo (Somos Perú), Hugo Prieto (Podemos Perú), Rosmi Rivas Hurtado (Autogobierno Ayllu) y Carlos Cuaresma (Frente de la Esperanza 2021). Estas ocho listas pelearán por suceder a Jean Paul Benavente García.

Mujica, Cuaresma y Salcedo cambiaron de camiseta por lo menos dos veces en las elecciones. Ahora postulan por un nuevo grupo político. Cuellar, Rivas y Prieto postulan por primera vez a un cargo de elección popular. Y Del Castillo y Ochoa serían las cartas de la izquierda cusqueña.

La oferta en Apurímac Solo cinco de diez partidos con postulantes consiguieron tramitar sus inscripciones en la región Apurímac hasta la fecha límite: Acción Popular con Jaime Illish Zegarra Peña; Omar Merino López de APP, Percy Godoy Medina del Frente de la Esperanza 2021, Christian Anderson Zegarra Palomino del movimiento Progresista de Apurímac, y El-

vyn Samuel Díaz Tello del movimiento regional Hatariy Apurímac.

No pudieron inscribirse los candidatos de Richard Arce (Somos Perú), Teresa Sullcahuaman (Avanza País), Nancy Serrano Diaz (Partido Morado), Juvenal Huamaní Huamaní (Frepap) e Ynocencio Willer Taipe Huamaní (Perú Libre).

Votar bien Una vez que las solicitudes de inscripción de las listas sean admitidas empieza el periodo de tachas. Matutti explica que estas proceden cuando hay fundamentos para que el JEE saque de carrera a aquellos políticos por infringir o incumplir las exigencias de las normas electorales.

Suele ocurrir que algunos candidatos poco santos logran pasar los filtros por vacíos en las normas legales o por deficiencias en el trabajo del organismo electoral. Es en ese momento que le corresponde al elector decidir por quien mejor represente lo que quiere para su región, su provincia o su distrito.

“Nos encontramos en una situación difícil. Tenemos organizaciones que no gozan de la credibilidad de la ciudadanía. Sin embargo, les diría a los electores que revisen el perfil de cada candidato y que voten por personas idóneas, sin antecedentes y que tengan propuestas claras para el desarrollo de la región, provincia o distrito”, recomendó el especialista.

Es el elector, en consecuencia, el que premia o castiga al político con su voto. Y es también el elector el que vivirá las consecuencias positivas o negativas de su decisión durante los próximos cuatro años.

La oferta en Cusco Quedaron fuera de carrera al sillón regional cuatro: Tika Luizar (movimiento regional Fuerza Inka Amazónica), Saúl Sánchez (Perú Libre), Luis Alberto Soto Colque (Renovación Popular) y José Julián Becerra Campana (Frepap).

Estas son las listas de los candidatos que lograron inscribirse y los que llegaron tarde en Cusco y Apurímac.

4 / Elecciones 2022 ANDINA

Casi todos los candidatos, salvo algunos de Juntos por el Perú, esperaron el último día para pedir la inscripción de sus listas.

Los filtros poco efectivos a las hojas de vida de los candidatos Escribe: Alberto García Campana (*)

ELECCIONES 2022. Más de 9,000 ciudadanos postulan a algún cargo de elección en Cusco. Cada uno, para ser inscrito, presentó una declaración jurada de hoja de vida que contiene sus antecedentes, educación, vida política, etc.

Uno de los aspectos clave son las sentencias que poseen.

Una ausencia seria es que no se exige los procesos que están en curso y que podrían truncar su gestión en caso sean elegidos.

El domingo 2 de octubre próximo, un total de un millón 52 mil 147 electores en el departamento del Cusco concurriremos a las urnas para elegir a un gobernador o gobernadora regional, un vicegobernador o vice gobernadora regional, así como a 13 alcaldes provinciales y

más de 100 alcaldes distritales.

Además, ese mismo día serán elegidos 22 consejeros regionales, 110 regidores provinciales y más de 600 regidores distritales. En total, la voluntad popular se expresará en la elección de aproximadamente 900 autoridades.

Sin embargo, por cada elegido, habrá al menos diez postulantes que no gozarán del respaldo de los electores.

Entonces, estaríamos hablando de casi nueve mil postulantes que buscarán ser elegidos en los comicios regionales y municipales de octubre próximo.

De acuerdo a las normas electorales, todos los candidatos deben presentar, al momento de su inscripción, una hoja de vida que contenga, con carácter de declaración jurada, sus datos personales y su lugar de nacimiento.

De igual modo, las hojas de vida que exige el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a los postulantes, solicita información sobre su educación básica, estudios técnicos, estudios universitarios, estudios no universitarios, estudios de posgrado, experiencia laboral, cargos partidarios o de elección popular, relación de sentencias, ingreso de bienes y rentas, información adicional y anotaciones marginales.

La madre del cordero Es en la parte de la hoja de vida de los candidatos, referida a relación de sen-

Elecciones 2022 / 5 tencias, en la que se producen las mayores omisiones, el ocultamiento de información y la distorsión de los hechos, pues el formato del JNE especifica, en el acápite de relación de sentencias, que el postulante a cargo de elección popular solamente debe consignar los delitos cometidos, el fallo o pena que dictaron las autoridades judiciales, la modalidad del delito cometido y el eventual cumplimiento de dicha sentencia. Eso es todo.

Entonces, los postulantes que tienen procesos en trámite, que tienen denuncias asentadas en el Ministerio Público, el Poder Judicial o la Policía pueden participar libremente en el proceso, pues esas situaciones no configuran como impedimento para la postulación.

Si un candidato ha sido denunciado y no ha recibido sentencia, entonces no está impedido de postular, así el delito que se le imputa sea extremadamente grave, como pueden ser los casos de homicidio, robo, terrorismo o tráfico de dogas. También están protegidos los candidatos que tienen procesos en curso en referencia a hechos de corrupción, privación de asistencia alimentaria a los hijos o violencia familiar.

Es decir, todos pueden postular, todos pueden aspirar a ser gobernadores, alcaldes, consejeros y regidores, mientras no exista una sentencia firme del Poder Judicial.

La leche derramada Llorar sobre leche derramada es una expresión que se refiere a los lamentos, arrepentimientos y toda forma de cuestionamiento cuando el hecho materia de congoja ya se ha producido. Si alguien que tiene un proceso judicial en marcha,

una denuncia que es investigada o un fallo firme en espera, es declarado culpable cuando se encuentra en el ejercicio del cargo para el que fue elegido, urge como remedio la suspensión o la vacancia.

Aquí es donde se debe reclamar honestidad a los candidatos para diferenciar que una cosa es recibir sentencia a partir del ejercicio de la función y otra muy diferente es cuando la sentencia se produce como conclusión de un proceso judicial iniciado antes que la autoridad asuma sus funciones.

Esto sucedió con el alcalde provincial del Cusco, Víctor Boluarte, quien fue suspendido en sus funciones a los ocho meses de haber asumido el cargo, debido a un proceso judicial que se había iniciado varios años antes.

Las hojas de vida Con casi 9 mil hojas de vida de igual número de candidatos a cargos en los Gobiernos regional y municipales, los organismos electorales y de justicia se enfrentarán a la enorme dificultad de escudriñar todas las declaraciones juradas de los postulantes. Y quedan solamente tres meses para las elecciones, y en estos 90 días es muy difícil, si no imposible, que los organismos encargados de velar por la transparencia en este proceso puedan cumplir con advertir a los electores acerca de la trayectoria de todos los candidatos.

Y no se trata solamente de revisar las hojas de vida, sino de corroborar la información que en ellas se consigna.

Por ejemplo, si un candidato informa que tiene estudios de posgrado en una universidad de alguna otra ciudad que no sea el Cusco, e incluso en el extranjero, los

El Jurado tuvo que ampliar por tres días el plazo de inscripción de listas.

funcionarios del JNE, ONPE o del Poder Judicial no podrán certificar la veracidad de esa declaración porque cruzar información requiere de tiempo y recursos. Y lo mismo sucede con las declaraciones sobre bienes, rentas e ingresos. No es posible que se conozca todos los antecedentes de los candidatos.

Por eso, frente a esa imposibilidad, se impone como remedio el reclamo para que los candidatos jueguen limpio, actúen de buena fe y desistan de postular si es que en su pasado existen manchas que los descalifican para ser representantes del pueblo.

Los corruptos, los aprovechadores, los pegalones, los que niegan la pensión de alimentos a sus hijos, los que fueron pillados alguna vez conduciendo en estado de ebriedad, no deben ser candidatos. Y tampoco deben postular aquellos que tienen procesos judiciales en fase de investigación.

No todo se judicializa Otra circunstancia que concurre para dificultar el conocimiento pleno de los antecedentes de quienes postulan a cargos de elección popular es que no todos los delitos ni todas las faltas llegan a las instancias de la Policía, del Ministerio Público o del Poder Judicial.

Muchas personas que son víctimas de agresión, no formulan denuncia contra los agresores, debido en algunos casos a la desconfianza que generan las instituciones administradoras de justicia y en otros por la persistencia de esa tara que arrastran muchas familias, es decir, el “qué dirán”. Se teme más al escándalo que a los golpes, y peor aún si es que el agresor amenaza a su víctima con mayores represalias.

Muchas personas consideraban al excongresista Daniel Mora, promotor de la vigente Ley Universitaria, como una personalidad libre de toda sospecha, con un comportamiento ejemplar en los ámbitos público y privado y con una honorabilidad a salvo de cualquier sospecha. Sin embargo, cuando estaba en plena campaña en búsqueda de una curul, salieron a la luz las permanentes golpizas que este militar en retiro propinaba a su esposa.

Los constantes ataques contra la dama no fueron tramitados ante las instancias judiciales y quedaron solamente como “ocurrencias” en la comisaría. Si alguien no hubiera filtrado esos partes policiales, seguramente Daniel Mora seguiría siendo visto como un ciudadano ejemplar.

Y así hay muchos casos de personas que en el ámbito público predican el respeto, la consideración e incluso el amor al prójimo, pero que en el ámbito familiar cumplen todos los requisitos del energúmeno. (*) Analista político y catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

6 / Un año de crisis política

ANDINA

El presidente Pedro Castillo empieza a generar desazón en las poblaciones que lo siguieron respaldando ante la arremetida de la oposición.

Pedro Castillo: Un año sin saber qué hacer Escribe: José Víctor Salcedo

CAÓTICO Y SIN RUMBO. La intención de la oposición de sacar de la presidencia a Pedro Castillo no ha cesado. Cualquier cosa puede suceder hasta el 28 de julio. Sin embargo, más allá de lo que vaya a pasar, es necesario revisar algunos aspectos de la actual administración a casi un año de que el jefe de Estado jurara al cargo. Muchas promesas incumplidas y serias sospechas de corrupción envuelven al gobierno del profesor rural.

El presidente Pedro Castillo Terrones anunció que el mensaje a la nación del 28 de julio tendrá sorpresas. La mención del jefe del Estado obliga a echarle una mirada a su caótico y desorientado primer año de gestión. Lo que hizo y dejó de hacer, los aciertos y desaciertos de este gobierno.

Castillo llegó al poder por el hastío de los electores con la podredumbre que representa la clase política tradicional, pero en este corto tiempo decepcionó y se volvió un reflejo de esa descomposición.

Una característica de la gestión del profesor rural fue su incapacidad

para elegir personas calificadas en altos cargos. Otro rasgo es que su gobierno estuvo desde el primer día bajo el asedio de la oposición golpista, que impulsó con empecinamiento su vacancia. Y una tercera característica está relacionada con la aparición de supuestos actos de corrupción que enlodan a su entorno más cercano y a él.

El dilema moral Pedro Castillo llegó al poder con la promesa -entre otras cosas- de luchar contra la corrupción. Hizo poco para cumplir su “palabra de maestro”. Actualmente está inmerso en cuatro denuncias en trámite.

El ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió investigación preliminar en contra del presidente Castillo por sus presuntos vínculos con actos de corrupción cometidos por el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. La denuncia es por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Karelim López, lobista, empresaria corrupta y aspirante a colaboradora eficaz, contó a la Fiscalía la exis-

Un año de crisis política / 7 tencia de una presunta organización criminal enquistada en el Estado, que lideraría Castillo.

Pero no es el único caso. El presidente es investigado por la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, del distrito fiscal de Cajamarca. Los supuestos delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido, por la denuncia de plagio en sus tesis de maestría en la Universidad César Vallejo.

El otro caso surgió en enero de 2022 cuando la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar al presidente por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias) y colusión por el proceso de adquisición del biodiésel B100 en Petroperú y la licitación del proyecto Puente Tarata III en el río Huallaga (San Martín).

Desde la oposición también abrieron un proceso que podría ser usado para sacarlo del cargo. La Comisión de Fiscalización, manejada por el fujimorismo, decidió incluir al presidente Castillo como investigado por las reuniones desarrolladas en la casa de Sarratea y donde supuestamente se habrían cometido delitos. Con esa medida buscan -según los abogados- incluir al jefe de Estado en un informe con una acusación constitucional para desaforarlo.

El agro olvidado El 3 de octubre de 2021, en una pomposa ceremonia en la fortaleza de Sacsayhuaman, en Cusco, el presidente Castillo anunció la denominada segunda reforma agraria. En su discurso, el presidente dijo que era una iniciativa que apuntaba, principalmente, al fortalecimiento de la agricultura familiar, la industrialización de los productos agrarios, el impulso del cooperativismo y la apertura de nuevos mercados para la producción.

Nueve meses han pasado desde aquel día y cinco ministros han pasado por el despacho del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y casi nada se ha hecho en favor de los agricultores.

El gobierno ni siquiera ha podido afrontar la escasez y el aumento del precio de los fertilizantes que ocasionó la guerra entre Rusia y Ucrania.

Mientras que en el gremio campesino crece el descontento y ya empieza a notarse cierta decepción con el gobierno de Castillo, el incumplimiento de sus compromisos electorales.

La pequeña agricultura está en riesgo. Esta surte con alimentos la mesa de la mayoría de hogares peruanos. Se avecina una crisis alimentaria, debido a la crisis que amenaza a este sector por el alza del precio de los fertilizantes y otros insumos como semillas. El presidente de la Fartac, Walter Torres, dice que la producción caerá sustancialmente en el campo. “Aquellos que

producían 4 o 5 hectáreas ahora solo producirán para su autoconsumo, con lo que los mercados quedarán desabastecidos”.

Las mujeres sin atención Castillo prometió implementar medidas a favor de las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno del exdictador Alberto Fujimori y que incluye al actual congresista fujimorista Alejandro Aguinaga.

Unas 270,000 peruanas pobres, muchas de ellas quechuahablantes, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que se llevó a cabo en los últimos cuatro años del régimen fujimorista. Actualmente el caso está en juicio.

Así lo ve Inés Condori, coordinadora de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas. Observa que, a un año de la gestión de Castillo, las víctimas de esterilizaciones forzadas esperan que cumpla su promesa de campaña: verdad, justicia y reparaciones integrales. “Lamentablemente él no ha honrado su palabra. Queremos que nos proteja. Queremos un gobierno que no discrimine a las mujeres quechuahablantes. ¡Aún le estamos esperando, presidente!”, reclama Inés.

Los conflictos sociales Una nueva Ley de Minería había anunciado el candidato Pedro Castillo. Ya

en el poder, su primer jefe de gabinete ministerial, Guido Bellido, expuso ante el Congreso que el Estado participaría en todas las actividades del sector para aumentar la competencia y generar mayores ingresos para proyectos de desarrollo. Habló también de promover la exploración pública y privada para revalorizar yacimientos y aumentar reservas. Nada de eso se hizo.

En cambio, los conflictos sociales en zonas mineras aumentaron.

En el sur, el corredor minero, que atraviesa las regiones Apurímac, Cusco y Arequipa, es una fuente constante de conflictos sociales, porque las comunidades consideran que la minera MMG Las Bambas ocasiona contaminación o incumple con sus compromisos de responsabilidad social.

El corredor, usado para el transporte de minerales, pasa por tierras de 37 comunidades campesinas de las tres regiones. Por ahora las cosas están calmadas porque allí se han instalado varias mesas de diálogo que han logrado suspender los conflictos, aunque las causas principales del conflicto siguen latentes.

En general, no hubo ningún cambio sustancial a las reglas de juego de la actividad minera. A pesar de que todo sigue igual hubo pataletas de las empresas y los gremios mineros, que acusaron a este gobierno de impulsar acciones y avalar actos en contra de ellas. No es cierto. Lo que sí hay es -como en los gobiernos anteriores- incapacidad para atender y resolver los conflictos sociales.

Las mujeres esterilizadas exigen a Castillo que cumpla sus compromisos.

8 / Un año de crisis política

Un Congreso que destruye instituciones y blinda corruptos INFOBAE

El Congreso blindó a corruptos y aprobó contrarreformas. Su presidenta, María del Carmen Alva, es más rechazada que Castillo.

Escribe: José Víctor Salcedo

MALOS PADRES DE LA PATRIA. En un año, la mayoría del Congreso, con apoyo de Perú Libre, destruyó varias instituciones constitucionales y desmanteló políticas públicas que garantizaban derechos fundamentales y habían corregido errores en sectores como educación superior, educación con enfoque de género, etc. Este Legislativo también blindó a corruptos como los Cuellos blancos y a presuntos violadores de derechos humanos como Manuel Merino y Ántero Flores. Y ahora quieren reformar la Constitución a la medida de sus intereses.

Nueve de cada diez peruanos desaprueba el desempeño del Congreso de la República. A casi un año del inicio de la actual gestión parlamentaria, el rechazo alcanza el 87 % (IEP), mientras que su presidenta, María del Carmen Alva, cosecha una desaprobación de 77 %. Las cifras de Ipsos hablan de una desaprobación congresal de 69 %.

Son números negativos que inclusive superan la desaprobación del gobierno del presidente Pedro Castillo (Ver págs. 6 y 7) y ponen al Legislativo a la cabeza de las instituciones más desprestigiadas del país.

Esto ha llevado a un sector de la ciudadanía a pedir el cierre del Parlamento, como ocurrió en 2020. ¿Por qué el Congreso tiene ese nivel de rechazo? Varios factores explican el repudio ciudadano a la representación nacional. En un año, la mayoría del Congreso, con apoyo de Perú Libre, destruyó varias instituciones constitucionales y desmanteló políticas públicas que apuntaban a garantizar derechos fundamentales. Asimismo, blindó a corruptos como los Cuellos blancos y a presuntos violadores de

Un año de crisis política / 9 derechos humanos como Manuel Merino y Ántero Flores.

Obsesión por vacar Desde que Pedro Castillo juró como presidente de la república hubo una obsesión desmedida de los congresistas para destituirlo por incapacidad moral permanente.

Fueron dos intentos fallidos en menos de ocho meses. No hubo forma de alcanzar los votos necesarios para que esta medida prosperara porque la causal invocada carecía de fundamento constitucional.

El primer intento ocurrió en noviembre de 2021 con una moción presentada por la exsocia del corrupto, Alex Curi, y congresista de Avanza País, Patricia Chirinos; y el segundo lo impulsó el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante.

Los congresistas “fraudisitas” también respaldaron la creación de una comisión investigadora del inexistente fraude en las elecciones generales de 2021. El encargo lo recibió el congresista Jorge Montoya, quien en mayo pasado entregó un informe que lo único que corroboraba era que no hubo fraude. Pero irresponsablemente recomendaba iniciar procesos de acusación constitucional -que no está considerado en la Constitución- en contra de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El informe significó al país un gasto inútil de S/200,000. Su contenido era tan vacío que al cabo de unos días el propio congresista Montoya terminó diciendo que él nunca había hablado de fraude, sino de irregularidades.

Las contrarreformas En febrero de 2022, el Congreso, con el voto unánime de Perú Libre, Fuerza Po-

pular y Renovación Popular, aprobó la ley que restableció la “autonomía y la institucionalidad” a las universidades y desmontó la composición del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Con esto los “enemigos políticos” unidos se trajeron abajo la reforma de la educación universitaria.

El Ejecutivo observó la ley, pero los congresistas la podrían aprobar por insistencia. Lo que se pretende es que el Consejo Ejecutivo de Sunedu tenga representantes de las universidades públicas y privadas. Es decir, volver al esquema de la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que, a través de un organismo alterno, permitió la creación de universidades “chicha”.

De igual forma, en mayo pasado, este Congreso, con el silencio y la pasividad del presidente Castillo, aprobó la ley 904 que plantea una intervención obligatoria de las asociaciones de padres de familia conservadores en la elaboración de programas y el contenido de los materiales, textos y recursos educativos para la educación básica regular. Con esto la mayoría conservadora de Legislativo, que incluye a Perú Libre, anula la posibilidad de fortalecer el enfoque de igualdad de género en el currículo escolar.

Elección del TC La bancada de Perú Libre unida a la oposición conformada por Fuerza Popular y Renovación Popular, así como sus satélites, también eligieron sin debate y en forma poco transparente a los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Esto acrecentó el desprestigio del Legislativo, porque esa insólita alianza daba la impresión de que había habido un pacto de “impunidad” entre las organizaciones políticas que tienen deudas

En varias regiones del país hay voces que piden que el Legislativo sea disuelto.

pendientes con la justicia. El TC deberá resolver algunas acciones presentadas por Keiko Fujimori y Fuerza Popular, que son investigadas por el delito de lavado de activos y organización criminal, o Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, condenado e investigado por corrupción.

Constituyente de facto La Comisión de Constitución del Congreso rechazó la propuesta de referéndum sobre una nueva Constitución presentada por el presidente Castillo. Sin embargo, a inicios de junio, se conoció que desde el Legislativo pretenden modificar 53 artículos de la Carta Magna para, entre otras cosas, debilitar la figura presidencial y restaurar el sistema bicameral. Es decir, el Legislativo quiere hacer las veces de una asamblea constituyente de facto.

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, dijo desde el Cusco que espera que la mayoría de congresistas apruebe la instauración de dos cámaras en el parlamento nacional. No quiso responder, fiel a su estilo, sobre las críticas a esta iniciativa.

Otra reforma es que quieren ampliar sus facultades para someter a los titulares de los organismos electorales (ONPE, JNE y Reniec) a procesos de acusación constitucional. La idea es modificar el artículo 99 de la Constitución donde está delimitado quiénes pueden ser objeto de una acusación por infracción constitucional. Allí no figuran los funcionarios del sistema electoral que deben gozar de independencia.

El informe Cavero El actual Congreso también blindó a presuntos corruptos y presuntos responsables políticos del asesinato de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado durante la represión de las movilizaciones de noviembre del 2020. El congresista Alejandro Cavero firmó un informe que blinda al expresidente Manuel Merino y a otras ex autoridades de la investigación por las dos muertes.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo aprobó, pero hay un pedido de reconsideración que al cierre de esta nota no había sido debatido.

Cavero, en su informe, niega que la Policía haya usado armas letales en contra de los manifestantes, pese a la existencia de numerosas pruebas periciales, fílmicas, fotográficas y documentales. Solo se basó en los reportes y declaraciones policiales, sin evaluar ninguna prueba ni considerar a los deudos de las víctimas ni a los heridos de aquella jornada.

Al Congreso no le corresponde sancionar a Merino y compañía. Solo debía levantarles la protección que tienen por cinco años para que sean investigados por la Fiscalía y procesados por el Poder Judicial en caso haya pruebas que los incriminen por las muertes de Inti y Brian. Hubo en este caso un acto de blindaje a favor de Merino. Días antes también blindaron a los Cuellos blancos.

10 / Informe

Agroecología de altura

En el anexo Ichucancha de la comunidad de Umasbamba, a casi 4 mil metros de altitud, una familia es un ejemplo de cómo practicar la a

Escribe: Illa Liendo Tagle (*)

HAZAÑA FELIZ. En Ichucancha, un anexo de la comunidad de Umasbamba en el distrito de Chinchero, en el Valle Sagrado de los Incas, don Macario Benito cultiva productos que contradicen a cualquier manual de agronomía, porque a esa altitud, lo que es inusual, produce lechugas, nabos, ajos y brócolis. Alrededor de su casa de adobe, crecen más de veinte variedades de cultivos distribuidos en andenes.

El sol cae sobre la laguna de Piuray, sobre pastizales y cultivos floridos, como si aún fuera época de lluvias. En lugar de pastos amarillos y chacras silenciosas, sorprende observar las verdes parcelas de Ichucancha, anexo de la comunidad de Umasbamba en el distrito de Chinchero (Urubamba).

“Ni en sueños imaginaba tener esta variedad de hortalizas”, dice don Macario Benito. A 3,750 metros de altitud, sus cultivos contradicen a cualquier manual de agronomía. Inusual en esa altitud, sus lechugas, nabos, ajos y brócolis, son una excepción feliz. Alrededor de su casa de adobe, crecen más de veinte variedades de cultivos distribuidos en andenes.

A su lado, doña Matiasa Llankaytucta es quien se encarga los días de semana de cuidar los sembríos, mientras su esposo trabaja en la ciudad del Cusco. Atenta, recorre la chacra, entre hojas tiernas y flores. Sabe que los nabos amarillos están listos para ser cosechados y en pocos minutos recoge un ramo enor-

Informe / 11

ILLA LIENDO TAGLE

que siembran, que su vitalidad depende del buen estado del suelo”, sostiene Enrique Kolmans, coordinador del Área de Agroecología del CBC. La recuperación de la fertilidad natural del suelo es una de las principales metas de la agroecología, la cual integra los conocimientos ancestrales con la ecología y la agronomía. “Ellos han ido redescubriendo prácticas de su cultura, como las andenerías, terrazas o laymes.

Son prácticas enfocadas en la diversidad de cultivos y en la capacidad productiva del lugar”, añade.

En esta chacra agroecológica, la recuperación del suelo se ha dado gracias a la siembra de leguminosas como el tarwi, las habas y el uso de cercos vivos de ceticio, especies vegetales que captan el nitrógeno del aire y producen ricos micronutrientes. Además, sus profundas raíces retienen la humedad del suelo.

Una suma prodigiosa de factores que le devuelve a la tierra la milenaria libertad de no depender de insumos externos, de producir su propia materia orgánica y almacenar agua.

Una gran microcuenca “Trabajamos en la recuperación de saberes, relacionados a la gestión social del agua y del territorio, así como de valores culturales como la reciprocidad, la espiritualidad y el sentido comunitario”, sostiene Juan Víctor Bejar, coordinador del Equipo Territorial Hatunmayu del CBC. La microcuenca Piuray Ccorimarca, donde viven don Macario y doña Matiasa, es uno de los primeros territorios donde se implementó el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos en el Perú. Desde el año 2013, el 4.5 % del recibo de agua de la población cusqueña está destinado a las comunidades que tra-

bajan en la conservación de ecosistemas en lo alto de la cuenca.

Aquí, a casi cuatro mil metros de altitud, la agroecología no solo se ocupa de los suelos, sino también de la crianza del agua, de la recarga de los acuíferos y manantiales a través de lagunas artificiales o qochas, de la reforestación o la construcción de andenes. Porque en la naturaleza todo está conectado y en Ichucancha lo saben.

“Ellos son los pioneros. Son un ejemplo para la comunidad. Quieren autosostenerse y trabajar comunitariamente.

No solo comparten los productos, sino también las semillas”, sostiene Noe Cjuiro, especialista del Equipo Territorial Hatunmayu. Como comunero de Occotuan, una comunidad cercana, Noe ya conocía las prácticas innovadoras de esta familia y cómo habían fortalecido, también, la tradición del ayni comunal.

Sus vecinos y vecinas les visitan con curiosidad, pues además de las hortalizas convencionales tienen variedades exóticas como lechuga romana, zanahoria blanca o col rizada. “Yo les digo lleva y prueba. Para tu sopa, tu segundito o una ensalada con limón. Esto no es solamente para nosotros”, concluye don Macario.

Desde su huerto, don Macario y doña Matiasa comparten su experiencia y conocimientos con las familias de Ichucancha y la comunidad de Umasbamba.

Desinteresadamente y con una sonrisa en el rostro, buscan el bien común de su comunidad. Con la misma buena disposición reciben también a personas de otras comunidades de la microcuenca, siempre dispuestos a compartir aprendizajes, semillas y el compromiso del buen vivir, del allinkawsay. (*) Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).

ILLA LIENDO TAGLE

agroecología. me. “Estos nabos han crecido de nuestras semillas”, explica orgullosa.

Esta familia es un referente en Ichucancha. El anexo es una de las 18 comunidades, sectores y asociaciones que conforman la Microcuenca Piuray Ccorimarca, un territorio donde el Centro Bartolomé de Las Casas (CBC) viene trabajando desde hace 13 años.

Una chacra agroecológica Les gusta experimentar. Su hijo les ayuda en la chacra y a investigar por internet.

Quieren saber a qué profundidad es mejor sembrar, cómo se cultiva en otros países o cómo hacer germinados; su curiosidad no tiene fin. Cuando cosechan un nuevo producto, además, prueban diferentes formas de consumirlo.

Años atrás, un problema de salud de don Macario fue el catalizador para un cambio de vida, de ritmo, de alimentación. “Eligieron vivir sanamente. Supieron ver que su salud depende de aquello

Don Macario Benito y Doña Matiasa Llankaytucta producen lechugas, nabos, ajos y brócolis.

12 / Informe WAYKA

El paisaje natural, ubicado en los distritos de Macusani y Corani, está en riesgo porque allí hay reservas de mineral litio.

El litio pone en riesgo las pinturas rupestres de Puno Escribe: Nelson Raúl Yugra Butrón (*)

AMENAZA. Los yacimientos de litio y uranio más grandes del país se superponen a las zonas donde están las pinturas rupestres y los petroglifos. Una eventual explotación de litio en Puno tendría un fuerte impacto social, cultural y ambiental en el arte rupestre de Carabaya. Sucede que está previsto que varias empresas extranjeras, entre ellas Macusani Yellowcake, empiecen la explotación de Litio en 2026 en las comunidades campesinas de Tantamaco e Isivilla.

En Carabaya, al norte de Puno, en los Andes peruanos, se encuentra el repositorio de arte rupestre más fascinante y poco conocido del Perú. Se habla de más de cien sitios donde hay pinturas rupestres. Hay una enorme cantidad de escenificaciones de la caza de camé-

lidos salvajes y ciervos, el realismo y dinamismo en la representación de los animales, la presencia de figuras antropomorfas diminutas, premunidas de armas y de tocados cefálicos, cercando a las presas utilizando la técnica de caza por acorralamiento, y una gran gama

de colores utilizados hace de las pinturas únicas.

Las pinturas rupestres y petroglifos son parte de la herencia nacional artística y cultural que nuestros antepasados han dejado como legado histórico para las generaciones futuras, y como expresiones únicas y antiguas tienen un valor especial. Al mismo tiempo son vulnerables y fácilmente pueden ser dañados. Por otro lado, los pastores de la zona merecen ser respetados; no olviden que ellos son los habitantes nativos de la región y los vigilantes naturales de esta antigua galería de arte.

Carabaya es reconocida por ser la capital alpaquera del Perú, pero también resalta por los restos arqueológicos y paisajes naturales que posee. En 2005, a iniciativa del ingeniero agrónomo Rainer Hosting los restos arqueológicos de los distritos de Macusani y Corani fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación con Resolución Directoral 1658 del entonces Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura). En 2009 fue delimitado un área total de 36,978.6451 hectáreas y fue nombrado como Paisaje Arqueológico Pinturas Rupestres Corani-Macusani.

Informe / 13 Sin embargo, esta acción no es suficiente, ya que, dentro del área delimitada, existen más sitios rupestres por identificar que deben ser incorporados a la declaratoria de patrimonio cultural. Los avances que se tienen sobre los estudios del arte rupestre de Macusani y Corani aún son insuficientes y no deja de sorprender que una zona tan fecunda en manifestaciones rupestres de notoria antigüedad y variedad, no reciba atención de investigadores, arqueólogos nacionales y extranjeros, y del mismo gobierno.

Macusani y los demás distritos de la provincia de Carabaya ofrecen más que solo belleza escénica y testimonios artísticos del hombre prehistórico. Siguen conservando, gracias al aislamiento secular en el cual estaban sumergidos, una cultura sumamente rica y variada en tradiciones ancestrales relacionadas con ritos de fertilidad de los rebaños, con la crianza de camélidos y el cultivo de tubérculos.

Las pinturas rupestres Existen pocos paneles de pinturas rupestres en la zona de estudio que se encuentran completamente intactos.

En su mayoría demuestra diferentes grados de deterioro por causas principalmente naturales y en menor medida por influencia antrópica (humana). El mal estado de muchos de los paneles se debe a la erosión. Los fenómenos termodinámicos provocan la exfoliación de las rocas con sus efectos devastadores sobre las pinturas.

Actualmente el hombre participa directa e indirectamente en la destrucción de estos sitios. Utilizan las cuevas o abrigos con arte rupestre para fines de vivienda temporal en las épocas de siembra y cosecha de tubérculos. Parte de los paneles fueron cubiertos con capas gruesas de hollín de los fogones, dificultando el reconocimiento de las pinturas o petroglifos haciéndolos prácticamente irreconocibles.

Muchos de los abrigos más grandes han sido habilitados como corral de animales, lo que ha dañado las pinturas rupestres en la base de las paredes porque los animales rasparon sus cuerpos contra ellas y por la acumulación de estiércol que puede alcanzar entre 10 y 50 cm. de profundidad.

Por último, aunque todavía en forma incipiente, algunos sitios han sufrido el impacto de actos vandálicos, con la imitación y el agregado de figuras, la superposición o yuxtaposición de imágenes con pinturas de esmalte o de grafiti, empleando carbono o tizas de diferentes colores (Arte rupestre de Carabaya – empresa eléctrica San Gaban).

El litio Actualmente los países sudamericanos se encuentran con una gran presión para generar el intercambio industrial, mientras exportan recursos naturales.

Ven al litio como un mineral estratégico de cara al futuro dentro de las industrias con mayor grado de desarrollo tecnológico.

Países como Bolivia, Chile y Argentina cuentan con grandes cantidades de este mineral. Son los principales exportadores a nivel mundial. El descubrimiento de reservas naturales de litio en Perú con alto grado de pureza genera una gran expectativa.

El litio es utilizado en la fabricación de baterías de última tecnología (Ion - Litio), que son usadas ya sea en la industria automotriz (vehículos eléctricos), dispositivos electrónicos, y como unidad de almacenamiento para las energías renovables.

Nos encontramos en un periodo de reconversión energética debido a la situación ambiental en que vivimos por la utilización de petróleo en los procesos productivos.

La evolución del sector minero en la explotación de litio ha generado un fuerte debate sobre su potencial y alcance como mineral clave y estraté-

gico para el futuro energético y minero. En el debate sobre el litio no faltan voces que se manifiestan con gran preocupación por el eventual impacto social, cultural y ambiental que ocasionará su explotación (Boletín lima 197, 2021 artículo Arte Rupestre Carabaya).

El litio y las pinturas El mayor peligro para la integridad del arte rupestre de Macusani y Corani y de la belleza escénica de la región proviene del afán de varias empresas extranjeras, entre ellas Macusani Yellowcake, de convertir toda esta zona en una gran mina abierta para la explotación de litio y uranio. Por desgracia, se ubican en la zona los yacimientos de litio y uranio más grandes del país.

La explotación minera prevista para el 2026 en las comunidades campesinas de Tantamaco e Isivilla afectaría grave e irreversiblemente el patrimonio cultural y natural excepcional de Carabaya, que pertenece tanto a las generaciones actuales como futuras. Tenemos la obligación de difundir este trascendental legado histórico y de idear formas de proteger y preservarlo para que los que nos sucedan en el tiempo, también tengan la oportunidad de estudiar y gozarlo (Arte rupestre de Carabaya – empresa eléctrica San Gaban pág. 33).

Si bien se tiene un perímetro establecido, no se encuentran completados los demás sitios que aún faltan catalogar por el Ministerio de Cultura.

Existen aún zonas que requieren ser investigadas y catalogadas.

La extracción del litio en la zona generaría un impacto negativo en la conservación de las pinturas que se encuentran, debido a que la manera de extracción de este mineral será a tajo abierto, más aún cuando sabemos que el Gobierno nacional no considera acciones de prevención y conservación del patrimonio cultural. (*) Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA).

Mapa de los puntos donde se encuentran las pinturas rupestres en Carabaya (Puno). Las pinturas en bajo relieve expresan un ritual de los antepasados.

14 / Análisis

Las múltiples amenazas a la agricultura Escribe: Eulogio Tapia Deza (*) FALTA DE POLÍTICAS. El campesinado dedicado al sector agrario sufre los efectos de la crisis mundial, que también ocasionará una crisis alimentaria cuyas dimensiones son todavía imprevisibles. Pero hay otros grandes riesgos que enfrenta el mundo rural como el cambio climático que añade cuotas de incertidumbre sobre los ciclos de siembra y cosecha, los fenómenos climáticos extremos que pueden destruir la producción, la migración por falta de oportunidades, etc.

La anulación del segundo proceso de adquisición de fertilizantes realizado por Agro Rural y la destitución de su director, en medio de cuestionamientos sobre las capacidades e incluso la honestidad de los funcionarios, en el marco de la mayor crisis mundial alimentaria del presente siglo, son el claro reflejo del desorden e improvisación que es el sello de gestión del actual gobierno.

La pandemia y la guerra han visibilizado la escasa soberanía y seguridad alimentaria en el Perú: dependemos de productos básicos importados, tanto para el consumo como para la producción. Sin embargo, a pesar de las señales y alertas que se fueron dando a lo largo del presente año, la respuesta ha sido deficiente (por decir algo amable). Ejemplos de proactividad los podemos observar en Bolivia o Brasil, sin ir muy lejos.

El sector agrario cuenta con instrumentos de gestión: el 23 de julio de 2021 se aprobó la Política Nacional Agraria 20212030 y en noviembre de 2019 el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019-2021.

Parte de la promesa de campaña del actual gobierno es la implementación de la denominada segunda reforma agraria, cuyos lineamientos se aprobaron en noviembre del año pasado. Además, también en noviembre del 2021, el Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de Ley 658, Ley de la Segunda Reforma Agraria, y hasta la fecha sigue en revisión.

La Política Nacional Agraria señala que el 97 % de los productores dedicados a la actividad agraria pertenecen a la agricultura familiar y solo el 3 % representa a los agricultores empresariales. También muestra que en la agricultura familiar se identifican tres categorías: de subsistencia, en transición y consolidada. La primera representa al 88 % de los agricultores, o sea aquellos que poseen menos de dos hectáreas y que hacen uso escaso de la tecnología. La agricultura familiar concentra a casi una cuarta parte de la población económicamente activa nacional (más de un tercio en el caso de la región Cusco), y su productividad, cuando se divide por mes, da como resultado poMIGUEL GUTIÉRREZ/CEDEP AYLLU.

breza y a veces pobreza extrema.

No se puede hablar de desarrollo agropecuario en el caso de la agricultura familiar sin considerar el desarrollo rural. El diseño de instrumentos de gestión, políticas públicas, programas y proyectos de inversión sectoriales no tienen ni tendrán resultados de impacto. Los problemas públicos complejos deben abordarse integralmente, no se puede resolver la competitividad sin mejorar el acceso a servicios de educación, salud y seguridad de calidad. Las brechas en infraestructura vial y de comunicaciones son enormes y hacen que cualquier mejora en la producción se pierda (en términos monetarios) con los costos del transporte.

Los planes mencionados y la propuesta de segunda reforma agraria siguen siendo planteadas sectorialmente y con sesgo económico: mejora de la productividad y de la competitividad, sin plantear el desarrollo rural integral. Existen experiencias como la Granja Porcón en Cajamarca con seis mil hectáreas y 1200 habitantes, que ha implementado a partir de la gestión de cuenca y la provisión de servicios de calidad una propuesta de desarrollo comunal integral.

Situación en el Cusco El Cusco es una región megadiversa, su desarrollo rural no puede gestionarse a partir de propuestas homogéneas, sino que debe diseñarse desde sus particularidades, tomando la cuenca como unidad básica.

Pero a la vez con un conjunto de servicios públicos con estándares de calidad y uso extensivo de tecnología, para la producción, la conectividad, el saneamiento, el manejo del agua y el confort.

Los grandes riesgos que enfrenta el mundo rural son el cambio climático que añade cuotas de incertidumbre sobre los ciclos de siembra y cosecha; los fenómenos climáticos extremos que pueden destruir en un instante lo construido con mucho esfuerzo; la desestructuración de la comunidad con la consiguiente pérdida de recursos culturales, y la migración ante la falta de oportunidades y el futuro incierto.

La mayor riqueza de nuestra región y el aporte que puede darle al mundo es su cultura, identidad y diversidad, que se ha construido con el paso de los siglos. A partir de esa relación particular con nuestro territorio, cada pueblo, cada comunidad tiene sus danzas, cantos, tejido, teñido, historias e incluso formas diferentes de ver la vida, ese es nuestro mayor valor. Necesitamos políticas públicas diseñadas con los ciudadanos, desde la cuenca y que articulen todas las dimensiones del desarrollo en propuestas integrales. Solo así podremos construir espacios en los que el anhelo sea quedarse y se pueda prosperar. (*) Abogado, educador/Expresidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.

Análisis / 15

Una ley europea contra la negligencia minera Escribe: Helio Néstor Cruz Chuchullo (*) LEY EUROPEA. Cuando surgen conflictos sociales, el gobierno normalmente acude a la declaratoria de estados de emergencia, al enfrentamiento de la policía contra la población. En junio, en Europa se desarrolló la campaña #EspinarNoPuedeEsperar para exigir al parlamento europeo la aprobación de la Directiva de Debida Diligencia, que podría ayudar a solucionar los problemas frente a la negligencia empresarial.

Las dos últimas décadas en el Perú están marcadas por la explotación de recursos naturales y la continua ocurrencia de conflictos sociales en los que se expone un contexto de violación de derechos humanos.

Hablamos de contaminación ambiental, afectación a la salud de las personas, despojo de sus territorios, grave afectación a la identidad cultural, criminalización o persecución penal a los defensores y representantes sociales, incumplimiento de acuerdos de las empresas con comunidades impactadas, entre otros.

La empresa extractiva se beneficia con los recursos naturales y las comunidades enfrentan impactos y afectaciones ambientales, lo que empeora su calidad de vida, su economía, su organización, su cultura. Esta relación evidencia una forma de convivencia conflictiva y diametralmente opuesta en intereses, así como toda una sistemática afectación de derechos humanos que el Estado no logra resolver.

Las comunidades afectadas por las empresas extractivas además sienten el abandono del Estado que no implementa mecanismos de participación ciudadana, consulta y consentimiento previo libre e informado antes de aprobar los estudios de impacto ambiental y decidir los términos y condiciones para la explotación de recursos naturales. El Estado peruano además ha aprobado políticas de flexibilización de normas ambientales.

Para resolver los conflictos sociales normalmente se acude a la declaratoria de estados de emergencia, al enfrenta-

miento de las fuerzas del orden (policía) contra la población, que deja como resultado personas heridas de bala y otros con perdigones. Se recurre también a la suscripción de convenios policiales e instalación de comisarías dentro de las operaciones mineras.

Dicho lo anterior, resulta necesario emprender mecanismos de solución que puedan contribuir al mejor relacionamiento de comunidades y empresas extractivas.

Durante junio, en Europa se desarrolla la campaña #EspinarNoPuedeEsperar con la finalidad de exigir al parlamento europeo la aprobación de la Directiva de Debida Diligencia. Esta directiva puede abrir paso a la solución de problemáticas frente a la negligencia empresarial que explota recursos naturales sin efectivizar estándares de derechos humanos.

Una ley europea El proyecto de Directiva de Debida Diligencia de la Unión Europea será un instrumento que haga efectiva la protección de los derechos humanos contemplados en los convenios internacionales de los que el Perú es parte.

Enfatizamos el derecho al medio ambiente libre de contaminación, incluso ante la gravedad y probabilidad de impactos/afectaciones se disponga de medidas prioritarias que eviten poner en situación de riesgo a las personas que habitan alrededor del proyecto extractivo.

Es importante que las empresas extractivas incorporen en su código de conducta los derechos humanos y garan-

ticen su plena vigencia, así como identifiquen riesgos, sean estos de índole ambiental, social, cultural, económica y política, para reducir sus impactos.

De acuerdo a la directiva, las empresas deberán implementar procedimientos para atender demandas o solicitudes de atención sobre afectación de derechos humanos o el medio ambiente que estén vinculados con la actividad empresarial no solo en Europa, sino con las empresas que son filiales en los Estados o que forman parte de su cadena de suministro.

La esperanza Son largos años de lucha en defensa del ambiente y calidad de vida de las comunidades indígenas pertenecientes a la nación K´ana, en Espinar, y personas afectadas por los impactos de la empresa extractiva, amparado en el principio precautorio.

Este podría ser el camino de esperanza para Espinar porque en esa misma provincia se ha concluido que las personas tienen en el cuerpo metales tóxicos que degradan su calidad de vida. Asimismo, se ha encontrado presencia de esos metales en el agua y el medio ambiente está expuesto a contaminación derivado del material particulado (polvo), la falta de cumplimiento de acuerdos que se suscriben y la omisión de procesos de consulta – consentimiento previo libre e informado.

Volviendo a la campaña #EspinarNoPuedeEsperar, es importante resaltar la necesidad vinculante de implementar procesos de consulta – consentimiento, tener claro la aplicación del principio precautorio en cuanto a los riesgos ambientales e impactos negativos y considerar la cadena de valor en la cual se debe implementar el código de conducta, principalmente el ejercicio y protección de los derechos humanos aplicable a las naciones en las que se explota recursos naturales a través de empresas filiales y relacionadas con inversiones de la Unión Europea.

Es urgente que en el Perú encaminemos una Ley de Debida Diligencia como parte del debate de las políticas públicas sobre las empresas y los derechos humano. Una ley que atienda los impactos ambientales y el cambio climático acelerado. Urge establecer reglas que garanticen a los pobladores mejor calidad de vida y acceso a servicios básicos. (*) Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).

16 / Entrevista / Javier Mujica, abogado y miembro del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD

El experto Javier Mujica explica que una Ley de Debida Diligencia ayudaría a anticiparse a la probabilidad de daños a los derechos fundamentales.

“Los principios de precaución y prevención no solo deben recaer en las empresas, sino en toda su cadena de valor” Escribe: Ricardo Prieto La Directiva de Debida Diligencia que actualmente se debate en la Unión Europea implica principios y conceptos legales enfocados en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en toda América Latina y, por tanto, en el Perú. En esta entrevista, Javier Mujica, abogado y miembro del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD, nos explica estos conceptos y recuerda que, para estar a tono con el objetivo de acceder a la OCDE, también es importante que se discuta y apruebe una Ley de Debida Diligencia empresarial en materia de derechos humanos.

¿Qué tipo de Ley de Debida Diligencia necesitaría Espinar?

Espinar, como todos lugares donde se producen impactos negativos en los derechos humanos, necesita una Ley de Debida Diligencia que cumpla el propósito de anticiparse a la probabilidad de la ocurrencia de un daño a los derechos fundamentales de su población, ya sea a los derechos de las comunidades o al de las personas y el medio ambiente. Una ley que garantice que las empresas —cualquiera que estas sean— adopten medidas para

prevenir la eventualidad de que se plasmen riesgos a estos derechos. Tanto desde el punto de vista ambiental, como en cuanto al derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo y a una vida digna. Esta es la ley que Espinar se merece, ya sea que se apruebe en la Unión Europea, a donde son exportados sus minerales, o en el Perú, donde estos minerales son extraídos. ¿Esta ley sería vinculante? ¿Por qué?

Todas las leyes son, por naturaleza, vinculantes. Es a lo que debemos aspirar: que las leyes se aprueben, no para estar colgadas en la pared, sino para que se cumpla el objeto para el que han sido concebidas. Esperamos, por ello, la aprobación de normas sobre debida diligencia que obliguen a las empresas a prevenir la ocurrencia de riesgos que supongan un daño a los derechos humanos de las personas, y para que eso ocurra, la ley debe ser absolutamente exigible y, en el supuesto de que no se cumpla, que genere consecuencias para el que la incumpla, aplicando el principio de “el que daña, paga”. Ese es el norte que debe guiar la perspecti-

Entrevista / 17 va de las normas sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y de medio ambiente. ¿Qué implica para las empresas el principio precautorio?

El principio precautorio es un componente de la debida diligencia e implica que las empresas están obligadas a efectuar un análisis de riesgos de la probabilidad de que su actuar genere daños, y para evitarlos, deben adoptar compromisos, protocolos y medidas dirigidas a que tales daños sean evitados y, que en caso de que se materialicen, sean mitigados y remediados, restituidos los derechos que hubieren sido violados, y compensados los daños que hubieran ocurrido. El principio precautorio está ligado a otro principio, que es el principio de prevención, que aplica no solo para los riesgos potenciales o probables, sino para aquellos que sean comprobadamente reales, es decir, sobre los que no existe ninguna duda de que ocurrirán, si no se toman medidas para evitarlo.

de las empresas en materia de derechos humanos. Una directiva, la de debida diligencia, cuyo borrador fue presentado a principios de este año (febrero) y será deliberada y probablemente aprobada —esperamos— en los órganos políticos próximamente. Lo que es importante, dado que muchas de las empresas que actúan en el Perú tienen capitales domiciliados en países de la Unión Europea. Pero, también es importante que se discuta y apruebe una ley de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos en el Perú, porque los principios que deben gobernar la relación entre empresas y derechos humanos son universales y carecería de sentido que se promuevan su respeto en un lugar y no en todos los demás con los que el primero se vincula.

Es la lógica que ha primado para establecer normas que —como los Convenios de la OIT, por ejemplo— fueron aprobadas para que luego se vieran reflejadas en el ordenamiento jurídico interno de todos los países del mundo que han ratificado estas normas. Si se aprueba una Ley de Debida Diligencia en Perú, además, esta debe ser entendida como un presupuesto para el desarrollo de aspectos que posibilitarán que nuestro país pueda operar en condiciones idóneas, e incluso más competitivas en el mundo globalizado que valora el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. Si Perú aspira realmente a integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), debería contar con esta ley.

¿Por qué es importante que se considere la cadena de valor en esta propuesta?

Es importante que las leyes de debida diligencia consideren la cadena de valor porque estas obligaciones —en el ámbito de los derechos humanos y en aplicación de los principios de precaución y de prevención— deben recaer, no solamente en las empresas matrices, sino en todo lo que se considera su cadena de suministro o su cadena de valor. Es decir, en todas aquellas entidades empresariales con las cuales la empresa matriz tiene vínculos comerciales o relaciones de subordinación jurídica. En otras palabras, hablamos de las empresas matrices, sus sucursales y filiales, pero también de otras entidades empresariales —grandes y chicas— con las que las primeras contratan y subcontratan. Toda la cadena de suministro, toda la cadena de valor, debe ser incorporada en el examen de esta obligación de debida diligencia.

Si no lo hiciéramos de esta manera, entonces el propósito que perseguimos con una ley de esta naturaleza no se cumpliría, porque estaría absolutamente restringido solo a una parte de la cadena de acciones que pueden impactar en los derechos humanos de las personas y las comunidades con las que interactúan estas empresas. La cadena de suministro y la cadena de valor tienen que ser consideradas, por ello, en una Ley de Debida Diligencia.

Una delegación viajó a Europa a explicar por qué la debida diligencia es importante.

Estamos esperando una ley que viene de Europa. Y en el Perú, ¿hay alguna propuesta similar?

En este momento la Unión Europea está discutiendo una directiva sobre una gobernanza responsable de la actividad

En Cusco se puso en marcha una campaña para que en Europa se aprueba la ley.

18 / Informe

La justicia revictimiza a una mujer MIGUEL GUTIÉRREZ

Esther Gómez espera que se haga justicia y su agresor, Marcial Maucaylle, sea sancionado con rigor. APP lo lleva como candidato a alcalde.

Escribe: Miguel Gutiérrez

PROCESO MAL LLEVADO. El 19 de mayo de 2020, el ahora candidato a la alcaldía de San Jerónimo, en Andahuaylas, Marcial Maucaylle Rincón, golpeó a Esther Gómez, su entonces pareja. El caso entró a la etapa de juicio y la defensa de Maucaylle se ha empeñado en desacreditar a la víctima con elementos ajenos a los hechos denunciados.

Esther Gómez denunció el 19 de mayo de 2020 a Marcial Maucaylle Rincón, su entonces pareja, por agresión física.

El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Andahuaylas ordenó juicio porque existen medios probatorios sobre la agresión.

Pese a la existencia de una denuncia policial en flagrancia ahora intentan desacreditar el testimonio de Esther Gómez. Además, a pesar de la denuncia, el partido Alianza para el Progreso (APP) invitó al acusado a ser candidato para el distrito de San Jerónimo, en la provincia apurimeña de Andahuaylas.

Según el expediente 431-2021-70-0302-JR-PE-03, existen medios probatorios como moretones provocados a la víctima cuando luchaba

por liberarse de su agresor. Los hechos se dieron luego de que Maucaylle y Gómez estuvieran discutiendo y ella decidiera retirarse a su casa. Es cuando Maucaylle comienza a perseguirla insistiendo que la acompañaría.

La víctima le pedía que se fuera, que ella iría sola a su casa; el denunciado la siguió y la obligó a que se escondiera en una parte aledaña al río. Después de buscarla, él la encontró.

Es en ese momento cuando la discusión entre ambos degeneró en un forcejeo porque Maucaylle le quitó el celular a la víctima que intentaba comunicarse con su hermano para que vaya a su encuentro. Maucaylle lanzó el celular al río. En su desesperación,

la mujer intentó recuperar el celular, y en ese instante Maucaylle la empujó al río. Todo esto según testimonio de la denunciante.

Dentro del río, él la revolcó en las aguas fangosas hasta que ella con esfuerzo pudo liberarse y salir huyendo con dirección a la Comisaría de Talavera.

Estos hechos están registrados en el parte policial.

El proceso está en curso. El partido Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, invitó a Marcial Maucaylle a ser candidato por el distrito de San Jerónimo. El caso se encuentra en la etapa final del juicio y en las últimas audiencias se ha intentado desacreditar el testimonio y la denuncia de la víctima por circunstancias ajenas a la agresión.

La defensa de Maucaylle aduce que la víctima tiene problemas emocionales producto de violencias familiares en la infancia. Esto ha sido tomado como prueba por la jueza, y hubo un debate entre los peritos del Ministerio Público y el contratado por la defensa de Maucaylle.

Esther no afronta esta pelea sola. Un grupo de mujeres y colectivos la acompaña tanto emocional como socialmente. El 3 de junio pasado hubo un plantón en el Poder Judicial de Andahuaylas.

La organización APRODEH también se sumó a la causa de Esther y respalda su testimonio. Esta institución exigió que se respete el protocolo de atención a las víctimas en casos de violencia de género y que no se revictimice como se está haciendo en este caso.

Entrevista / 19

La primera marcha del orgullo LGBTI en Abancay Escribe: Jessica Clemente Racua (*)

¡NO A LA HOMOFOBIA! La sociedad apurimeña tiene creencias y prácticas machistas, actos discriminatorios y violentos contra personas con orientación sexual diferente. Recientemente, el 13 de junio, René Lagos fue asesinado en el distrito de Huaccana por su orientación sexual. Mientras que el subprefecto provincial de Abancay no dio garantías y protección a la marcha pacífica.

La primera marcha del orgullo LGBTI en la ciudad de Abancay, en Apurímac, fue organizada por los colectivos Movimiento Homosexual de Apurímac - “Kaypy Kany” y Movimiento Calhei Apurímac. Este es un hecho histórico pues por primera vez se visibilizó en un acto público la exigencia de la comunidad LGBTI de respeto de sus derechos. Esta marcha se realizó el 24 de junio y el recorrido culminó en la plaza Mayor.

La homofobia mata. Un caso reciente de este tipo de actos es el de

René Lagos, quien fue asesinado el 13 de junio en el distrito de Huaccana por su orientación sexual.

Alexandra Santini Reynaga, defensora de derechos humanos y representante del Movimiento Calhei Abancay Apurimac, comenta que “el objetivo fue cambiar el concepto erróneo de la comunidad LGBTI”.

Agregó: “También mostrarnos como realmente somos: personas profesionales, estudiantes, hermanos, hijos, padres de familia, que pedimos respeto y brindamos respeto. Esto no solo es la KAYPY KANY

La comunidad LGBTI en las ciudades de la región Apurímac es víctima de actos homofóbicos.

primera marcha, también será la primera vez que nos exhibimos y estamos expuestos ante la población. Y como toda primera vez también sentimos miedo de ser juzgados, agredidos y hasta humillados, pero nuestra lucha tiene más peso y valor”.

Asimismo, uno de los representantes del colectivo Kaypy kany menciona lo siguiente: “Como comunidad LGBTI somos una de las poblaciones más vulnerables en el país y todo a raíz del machismo y la heteronorma. Pienso que hay tres leyes fundamentales que se le debe exigir al Estado”.

La primera sería una ley de identidad de género, porque la población trans no solo es vulnerable dentro de este país, sino dentro de todo el colectivo LGBTI, ya que ellas y ellos no cuentan con DNI que los identifique, lo cual dificulta trámites administrativos y cuando buscan trabajo. Muchas veces estas personas llegan a sufrir discriminación o no logran encontrar trabajo estable.

La segunda ley debe ser una contra los crímenes de odio. “Tomemos el caso del joven René que fue asesinado hace poco en Huaccana, provincia de Chincheros, por un acto homofóbico.

Para el Estado ese crimen no es considerado como tal, sino como homicidio y, al igual que este caso, hay muchos otros en los que solo se considera como agresión y no como actos homofóbicos”, dice.

La tercera ley debe aprobar el matrimonio igualitario, aunque hay una controversia entre esta y la unión civil.

Esta última solo permite que una pareja homosexual comparta sus bienes mas no permite que adopten; en cambio el matrimonio igualitario sí lo permite y es un matrimonio en igualdad de condiciones y derechos a la de una pareja heterosexual.

La sociedad apurimeña continúa teniendo creencias y prácticas machistas como actos discriminatorios y violentos a causa de la orientación sexual de una persona. En esa línea, un acto hostil ha sido la denegatoria del subprefecto provincial de Abancay a brindar garantías y protección de la comunidad LGBTI durante la marcha pacífica, a fin de salvaguardar la seguridad y el derecho a la movilización ciudadana. (*) APRODEH Apurímac.