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La Revista del Sur| Año 05 | #41 - Marzo de 2021

Candidatos al Congreso deben debatir sobre minería, salud, educación y agricultura. Págs. 8, 9, 14, 15, 16 y 17.

Elecciones

2021 Informe especial

PANDEMIA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

Cómo la peste afectó a los comuneros de Cusco, Apurímac y Puno. Págs. 4, 5, 6 y 7.


2 / Editorial

La última.

EDITORIAL ¿EL OTOÑO DE LA DEMOCRACIA? Cumplimos 20 años de vida en democracia sin interrupciones desde la caída del régimen fujimorista. En abril (en junio la segunda vuelta) se realizará la quinta elección sucesiva en democracia. No obstante, la “primavera democrática” parece estar acabando o al menos tiene grietas que la hacen peligrar. Los acontecimientos del último quinquenio han minado el optimismo con el que se veía a la democracia y al país de cara al Bicentenario de la Independencia del Perú. Son varias las causas de esta crisis. Desde el escándalo de corrupción Lava Jato que arrastró al lodo de la ignominia a casi toda la política nacional, pasando por los Cuellos Blancos, que demostró que el sistema de justicia estaba secuestrado por impresentables, hasta el último remezón del “vacunagate”, una demostración de que la clase política ve al Estado como un botín o como el lugar al que se llega para sacar ventaja en beneficio propio. Desde que nos independizamos de España en 1821 nunca habíamos vivido tantos años en democracia. El Perú siempre anduvo al filo del abismo o de la dictadura. Cada cierto tiempo aparecía un militar o un caudillo y pateaba el tablero e instauraba una dictadura. Y en medio de la crisis se desarrolla la carrera presidencial sin grandes propuestas ni planteamientos a favor del país. No hay un candidato, más allá de su tendencia ideológica, que nos explique qué país quiere a corto y largo plazo; por el contrario, se pierden en vaguedades, declaraciones altisonantes y propuestas demagógicas o populistas. Hace mucho tiempo que el debate ideológico y programático ha sido reemplazado por el insulto sectario y la desacreditación anodina. Aun así, en este contexto de múltiples crisis, de todas las formas de gobierno, la democracia sigue siendo la menos mala. En efecto, es así. Pero también es cierto que la democracia prospera siempre y cuando ceda la palabra y las decisiones a una diversidad de voces. El reto de todos los peruanos es justamente sobreponernos a la desesperanza y recuperar la democracia.

Nota al cierre de edición

La represión policial vuelve a imponerse en Apurímac

La mañana del 20 de febrero pasado, un contingente policial ingresó a la comunidad campesina de Pumamarca del distrito de Tambobamba, provincia apurimeña de Cotabambas, para desalojar a los campesinos de las tierras que la empresa minera MMG Las Bambas reclama como suyas. Unos 200 comuneros exigen a la empresa la devolución de sus tierras pues consideran que la venta hecha en el 2011 presenta vicios en cuanto a la información y al costo que la empresa pagó como justiprecio. Aquel 20 de febrero, la Policía lanzó bombas lacrimógenas con lo que se vuelve a usar la represión como instrumento para contener los conflictos sociales que tienen razones justificadas y que deben ser atendidos y resueltos mediante el diálogo. El colectivo de abogados y abogadas de Muqui Sur alertó sobre posibles actos de represión de las fuerzas policiales.

No hay que perder de vista que Cotabambas ha sido el epicentro de conflictos sociales por incumplimientos y afectaciones a los campesinos por parte de la minera MMG Las Bambas. A su vez, esta provincia ha sido declarada en estado de emergencia durante mucho tiempo como una forma de frenar las manifestaciones. MMG sostiene que la transacción de hace 10 años se hizo cumpliendo todos los requisitos de acuerdo a lo previsto por Ley. A su vez conminó a los protestantes a respetar las decisiones judiciales puesto que el reclamo fue archivado y no se presentó una apelación. En tanto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) invocó a la comunidad de Pumamarca a continuar el proceso de diálogo para avanzar en la búsqueda de consensos y acuerdos definitivos.

Gobierno y minera MMG Las Bambas usan la fuerza en comunidad campesina Pumamarca.

EDITOR GENERAL: Miguel Gutiérrez Chero

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

EDITOR PERIODÍSTICO: José Salcedo Ccama

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

VISITANOS: www.pulsoregional.pe

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo

Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF

SÍGUENOS:

FOTO PORTADA: Andina

Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

pulsoregionalcusco


Informe / 3

Endeudados hasta el 2036 Escribe: Pablo Villa Incanttito – Centro Bartolomé de Las Casas (CBC) PAGOS. Gobierno regional y gobiernos locales del Cusco deben pagar este año 87 millones de soles, de los cuales 45 millones corresponde a los municipio y 42 millones de soles al GORE. Los gobiernos locales y regionales a nivel nacional accedieron a préstamos otorgados desde el Estado peruano. Estos recursos en algunos de los gobiernos sub nacionales sirvieron para la ejecución de proyectos de inversión y la adquisición de maquinarias. No obstante, los créditos generan el pago del capital más los intereses, comisiones y otros derivados del uso del préstamo, que se deben cancelar periódicamente, según lo acordado en los respectivos contratos suscritos. En los últimos años, el gobierno regional y los gobiernos locales de la región Cusco cumplen con pagar el servicio de la deuda pública. En el caso del Gobierno Regional del Cusco, la deuda obedece a los contraídos para la ejecución de los proyectos del “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1”, del proyecto “Mejoramiento de la transitabilidad peatona y vehicular de la avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco”, entre otras obras de infraestructura vial, agropecuaria y de salud. El proyecto de la “Vía Expresa” inició la etapa de construcción en el 2012. Para empezar, tuvo dos fuentes de financiamiento: canon y sobre canon, regalías, rentas de adunas y participaciones y la fuente de recursos por operaciones oficiales de crédito. Este último alcanzó un presupuesto total de 348.31 millones de soles, de las cuales han ejecutado 270.73 millones de soles, recursos que deben ser canceladas con las amortizaciones del capital, intereses y otros gastos. Para el 2020, el pago del servicio de la deuda pública por parte de algunos gobiernos locales ascendió a un total de 69 millones de soles, de los cuales 203 mil soles corresponden al pago de los intereses generados. En el caso del gobierno regional, el pago de la deuda fue de 31 millones de soles, 6.44 millones de soles por intereses y 157 mil soles por concepto de comisión y otros gastos. Entre las principales municipalidades endeudadas está Espinar, cuyo pago alcanzó el monto de 25.18 millones de soles. Luego están las municipalidades distritales de Echarati, San Sebastián,

Santiago y la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas (Santo Tomás). En tanto, para el 2021, el presupuesto asignado para el pago del servicio de la deuda pública en la región Cusco asciende a 87 millones de soles, de los cuales 45 millones corresponde a los gobiernos locales y 42 millones de soles al gobierno regional. Finalmente, según el cronograma de pagos de la deuda pública en la región Cusco, la cancelación total se hará en 2036, periodo que se puede ampliar según los nuevos contratos que vayan adquiriendo tanto el gobierno regional como los gobiernos locales. Un aspecto

a resaltar en el tema de deuda pública es la disminución de los recursos del canon y regalía minera e hidrocarburos, lo que propicia que los gobiernos sub nacionales recurran en mayor medida a contraer más deuda pública. Las deudas acarrearán un problema en vista de que el pago en su mayoría se hace con fondos provenientes del canon y regalías. Entonces, cada vez será más crítica la situación presupuestal de los gobiernos subnacionales a medida que el endeudamiento se incremente y no se cumpla con las reglas fiscales establecidas por ley, situación que debe constituir una señal de alerta.


4 / Informe especial MIGUEL GUTIÉRREZ

Cuando empezó la pandemia, las rondas campesinas controlaron el ingreso y la salida para evitar los contagios en las comunidades.

Estudio en el sur andino: diez reflexiones preliminares sobre las trayectorias comunales en tiempos de pandemia Escriben: Raphael Hoetmer, Javier Alarcón y Eduardo Cáceres V.

ESTUDIO. En los últimos meses del 2020, se hizo la primera fase de una investigación participativa sobre las realidades y procesos sociales en las comunidades del sur andino en el contexto de la pandemia del COVID-19. Se aplicó más de 250 entrevistas en 25 comunidades de 12 provincias de Cusco, Apurímac y Puno. Este artículo contiene algunos hallazgos iniciales, que serán profundizados en la segunda fase de investigación. Diez instituciones impulsan el trabajo: Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Centro Bartolomé de Las Casas (CBC), Centro para el Desarrollo de los Pueblos - CEDEP AYLLU, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Broederlijk Delen, Asociación Entrepueblos, CooperAcción, Centro de Investigación y Capacitación Campesina (CICCA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

Uno de los elementos fundamentales del Perú contemporáneo, y particularmente del sur andino, es la vigencia de sus comunidades campesinas. Las casi 3000 comunidades campesinas puneñas, cusqueñas y apurimeñas ocupan la mayor parte de las provincias andinas de las tres regiones. Hasta el día de hoy, en las tres regiones, alrededor del 80 % de la población se auto-identifica como indígena (Puno con 90,2 %, Apurímac con 84,4 % y Cusco con 75,8 %), incluyendo una parte sustancial de las poblaciones urbanas. Las comunidades a la vez tienen raíces culturales e históricas ancestrales, que se transforman para enfrentar los desafíos y oportunidades internas y externas en sociedades muy dinámicas. En las últimas décadas, las realidades que las comunidades han tenido


que enfrentar incluyen una relación más dinámica entre el campo y la ciudad, la expansión de la actividad minera en sus regiones, la presión sobre el territorio por el crecimiento poblacional, la migración a las ciudades, el impacto del cambio climático y de la contaminación ambiental, entre otras. Ante esto, las comunidades están creando, lo que Ramón Pajuelo ha llamado, distintas “trayectorias comunales”: distintas decisiones colectivas sobre cómo dar forma a su presente y futuro. En este contexto de cambios, oportunidades, desafíos y dilemas para las comunidades llegó la pandemia del COVID-19. Hay evidencia que, en crisis sociales anteriores de la historia peruana, las comunidades supieron responder de forma eficaz por su capacidad de autogestión y resiliencia, y particularmente por su autonomía alimentaria de ese entonces. A través de la investigación buscamos comprender cuál es la situación en la actualidad y cómo la pandemia afecta a las trayectorias comunales descritas. Nuestras conclusiones son muy preliminares, tanto porque la pandemia está en pleno desarrollo como por el hecho de que estamos a medio camino de la investigación.

3.

La encuesta evidencia una evaluación en general muy crítica de la performance de las instituciones del Estado y un nivel de confianza baja en los actores externos de la comunidad. Hay un claro patrón: quienes están más cerca y presente en la vida comunitaria son más confiables. Los actores estatales con una evaluación menos negativa -más de 50 % de entrevistados ven sus servicios de regular por arriba- son el Ministerio de Salud (Minsa), el municipio distrital, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Educación (Minedu). Llama la atención la evaluación bastante crítica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el alto nivel de desconocimiento del Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial.

4.

Informe especial / 5

La investigación evidencia que las mujeres tienen una evaluación aún más crítica de los actores con los que interactúa la comunidad, posiblemente porque siguen siendo más excluidas de la interlocución directa. Las tres excepciones a ello son el Ministerio de la Mujer y el Midis, cuyo servicio a la comunidad está evaluado de forma similar por hombres y mujeres (incluyendo el alto nivel de desconocimiento sobre su servicio en el caso del Ministerio de la Mujer), y la Iglesia evangélica, que es el único actor en el que las mujeres confían más que los hombres (en un nivel similar de confianza en la Iglesia católica). Los dos problemas que las mujeres plantean con más fuerza que los hombres son la violencia contra la mujer (más que todo planteado por las mujeres jóvenes) y la contaminación ambiental. MIGUEL GUTIÉRREZ

1.

Los resultados de la encuesta evidencian a las comunidades como actores políticos y espacios colectivos de reproducción de la vida dinámicos y vigentes, que enfrentan una serie de dilemas y desafíos de formas diversas. Por un lado, queda claro que las prácticas comunitarias y la identidad colectiva mantienen su importancia para la negociación frente a actores externos y la defensa del territorio y de los derechos, pero, por otro, existe una serie de tensiones y conflictos internos (por agua y tierra) como presiones de parte de actores externos (particularmente empresas mineras) que las afectan. La comunidad se encuentra en un nivel medio, entre las aspiraciones individuales y familiares frente a la economía y el ascenso social, y la necesidad de incidir, negociar y defenderse colectivamente ante los planes de actores extraterritoriales privados y estatales.

2.

La encuesta evidencia que los cuatro problemas más mencionados por los entrevistados y entrevistadas son el acceso al agua y a la tierra, el impacto del cambio climático y la contaminación ambiental. Y, en la coyuntura, la necesidad de capital para reflotar la producción agropecuaria. En este sentido, una función central de la comunidad tiene que ver con la gestión del territorio y de los conflictos en torno a los bienes comunes, que claramente son la principal fuente de conflicto con actores externos (empresas mineras), otras comunidades (conflictos por linderos o fuentes de agua), así como dentro de la comunidad (acceso a la tierra y al agua). El futuro de la comunidad, en este sentido, depende en gran medida de su capacidad de procesar tantos conflictos.

Uno de los problemas de los campesinos es la falta de semillas para sembrar.


6 / Informe especial

5.

El contexto de la pandemia no ha cambiado ello. La percepción general es que el Estado principalmente dispuso la cuarentena y el aislamiento, pero no tomó acciones más proactivas por la salud de la población. En gran parte, las comunidades se auto-organizaron para cuidar su territorio colocando tranqueras en los puntos de ingreso y en algunos casos rondas o comités de vigilancia. La única acción del Estado que en la encuesta sale con un nivel de aprobación de regular para arriba (70 % de las respuestas) es la entrega de bonos, que han sido recibidos por el 75 % de los entrevistados y entrevistadas. Al contrario, una clara mayoría no ha recibido servicios básicos de salud frente a la pandemia como las pruebas de descarte del COVID-19, no han recibido equipos para que los niños y niñas accedan a clases virtuales y un significativo grupo no ha recibido ningún tipo de clases durante todo el año (20 % de las familias). Diera la impresión que los comuneros y comuneras han sido librados a sus propios esfuerzos y recursos para enfrentar las consecuencias de la pandemia.

6.

Donde trabajan las ONG aumenta la confianza y donde hay actividad minera esta baja. La confianza en los distintos actores es mayor en las comunidades donde se percibe la presencia de las ONG, que en las comunidades donde no. Ello incluye a la Po-

licía Nacional y a las empresas mineras, entidades sobre las que la confianza no disminuye en ámbitos donde trabajan las ONG, contradiciendo la acusación de que estas últimas fomentan el rechazo de la minería y alientan protestas. Lo contrario sucede en las zonas donde hay presencia de empresas mineras. En este caso, los niveles de confianza bajan para todos los actores, pero de forma más significativa para la Policía Nacional (en zonas mineras no confían o confían poco 80 %, mientras que en zonas sin presencia de empresas lo hace solo 39 %), el Midagri, la municipalidad provincial y las Fuerzas Armadas, evidenciando cómo la presencia de empresas mineras afecta significativamente el tejido social y las relaciones de confianza en determinados territorios.

7.

En general, hay una evaluación muy crítica de la minería con particular preocupación por la contaminación ambiental y las afectaciones a la salud. La respuesta más dada sobre los beneficios percibidos por la minería es “ninguna de las opciones ofrecidas”. 32 % de los entrevistados ve el trabajo como beneficio principal y el 12 % el canon minero. Llama la atención que estos números suben en las comunidades que aún no han tenido actividad minera en su territorio, mientras que comunidades con minería tienen una evaluación más crítica. Ello refleja que siempre hay promesas que la minería incumple. Se confirma en la en-

cuesta que las mujeres son ligeramente más críticas a la minería que los hombres. En tanto, las mesas de diálogo son evaluadas como muy poco útiles por los entrevistados y entrevistadas. Solo el 6 % de quienes han tenido mesas de diálogo en su comunidad ven resultados positivos, mientras que 26 % piensa que estos espacios han empeorado las cosas o que mantuvieron todo igual.

8.

Hay muy altos niveles de auto identificación como indígenas y de vigencia de prácticas culturales comunitarias. Ochenta por ciento de los entrevistados y entrevistadas se considera indígena, porcentaje que se mantiene en las generaciones más jóvenes. Más relevante quizás es que también hay una vigencia de prácticas comunitarias fundamentales como la minka/faena y ayni que, según el 81 y 78 %, se sigue realizando o se ha reforzado durante la pandemia. La medicina tradicional tomó fuerza en la pandemia, en parte porque la atención médica del Estado estuvo casi ausente. En el caso del trueque y las ofrendas a la tierra y a los apus hay una imagen más variada: vigencia en algunas comunidades y pérdida de estas prácticas en otras. Se puede deducir que frente a las prácticas comunitarias también hay distintas trayectorias con comunidades reproduciendo sus prácticas culturales enteramente y otras dejándolas en función de sus condiciones. MIGUEL GUTIÉRREZ

La agricultura y ganadería son las principales actividades económicas de los pueblos. La pandemia tuvo efectos negativos en ambos sectores.


MIGUEL GUTIÉRREZ

La falta de conexión a mercados por la emergencia impidió las ventas.

9.

En el contexto de la pandemia, las comunidades han sido esenciales pora mantener la seguridad alimentaria en el Perú. Sin embargo, hay preocupaciones fundamentales de parte de las comunidades por la actual campaña agropecuaria y el impacto de la pandemia en la agricultura familiar y comunitaria. Los productos de las familias, sean ganaderos, agrícolas o su fuerza de trabajo, han disminuido su precio (o se han mantenido igual en el caso de los jornales), mientras que los productos urbano industriales como los insumos y también las semillas (que suelen ser “importadas” de zonas semilleras especializadas) son claramente más caras o más escasas. La ausencia de ferias y dificultades en los circuitos de comercialización expresan una clara presión sobre los ingresos de las familias campesinas. En consecuencia, los entrevistados y entrevistadas señalan con claridad que los principales problemas que enfrentan para la actual campaña son la falta de capital y semillas, los problemas de transporte y las bajas expectativas sobre los precios y las ventas. El apoyo estatal al sector será fundamental para superar estas problemáticas.

10.

MIGUEL GUTIÉRREZ

Los retornantes también tuvieron su papel en la comunidad. La mayoría ya volvió a las ciudades.

Informe especial / 7

En términos generales, los entrevistados y entrevistadas están sustancialmente más optimistas sobre el futuro de las comunidades que del Perú en su totalidad. La gran mayoría considera necesario y probable cambios en el país y en las comunidades, pero está mucho más confiada en que estos se darán y serán positivos en la comunidad (66%) que en el Perú (42%). Hay ciertas variaciones relevantes: los jóvenes son los más optimistas sobre el futuro de la comunidad. Llama la atención la insistencia en que los cambios dependen de la propia comunidad, de sus dirigentes y de los jóvenes. Considerando que el 2021 es el segundo año pandémico, los hallazgos de la primera fase de la investigación deberían ayudar a elaborar mejores estrategias frente al impacto de la crisis social y sanitaria en este año. En primer lugar, queda la impresión que las comunidades –como toda la población peruana- están menos preparadas para enfrentar la segunda ola. Muchas medidas de auto-protección se han flexibilizado y la capacidad de auto-sostenerse está bajo mayor presión, mientras que la atención a la salud y educación por parte del Estado siguen siendo dramáticamente deficientes. A la vez, hay una amenaza seria a la producción agrícola y a las economías campesinas, cuyo acceso a semillas, mercados y transporte están bajo presión. Y, en tercer lugar, la pandemia plantea debates más de fondo sobre nuestro modelo de sociedad y economía, donde una vez más el rol y aporte de las comunidades se ha evidenciado como trascendental, aunque sin recibir la valoración social y el apoyo político-económico necesario. La gran pregunta es si ante estos desafíos habrá otras acciones o si se repetirán los patrones históricos de discriminación y explotación.


8 / Informe

Qué proponen los candidatos al Congreso ANDINA

El 11 de abril elegiremos a los cinco congresistas que representarán al Cusco. Hasta ahora poco se sabe de sus planteamientos electorales.

INICIATIVAS. Pulso Regional transmite en su fanpage, los martes y jueves, a las 18.00 horas, entrevistas a los candidatos al Congreso por Cusco. En este espacio varios postulantes han expuesto sus planteamientos en temas relacionados a educación, salud, minería, género, entre otros. Falta poco más de un mes para que la población acuda a las urnas para elegir al presidente y vicepresidentes, y congresistas de la República. Pese a la cercanía del 11 de abril, día de la votación, poco se sabe de los 105 políticos que quieren representar al Cusco en el Parlamento. Pulso Regional abrió un espacio de entrevistas “Tu candidato responde” a los aspirantes, a través de su fanpage (https://www.facebook.com/pulsoregionalcusco). Se transmite los martes y jueves,

a las 18.00 horas. La iniciativa permitió que varios postulantes expongan sus planteamientos en temas relacionados a educación, salud, minería, género, entre otros. El 18 de febrero expusieron sus planteamientos los candidatos Juan Ebert Quispe (número 3 del PPC) y Rosa Pino (número 2 de APP). Quispe, que es docente de profesión y que se hizo conocido porque se disfraza de personajes históricos (inca, faraón, etc.) para enseñar a sus

alumnos, sostuvo que si llega a ser elegido impulsará una norma para incrementar el sueldo del magisterio. También planea una ley para elevar el presupuesto de educación hasta el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Asimismo, tiene una iniciativa para dar soporte técnico y económico para la agricultura familiar que ha demostrado ser muy importante durante la pandemia. Por su parte, Pino, técnica en mecánica y emprendedora cusqueña, promete impulsar un proyecto de ley para revalorar a la mujer que va más allá de endurecer las sanciones contra los agresores. “Las mujeres somos capaces y se debe potenciar las capacidades. Nosotros vamos justamente a revalorar eso dándole oportunidades a las mujeres para que tengan independencia económica”, explicó. También dijo que está a favor de instaurar la pena de muerte para los violadores de niños y niñas. “Soy pro-vida,


Informe / 9 pero en estos casos apoyo la pena de muerte”, enfatizó. No obstante, hay que precisar que para implementar una medida así el Perú debería renunciar a varios tratados internacionales, algo que parece poco probable. En torno a la minería, Pino dijo que es una actividad importante porque genera divisas para el país. No obstante, refirió que se deben impulsar políticas ambientales para cuidar el ecosistema.

Candidatos con propuestas El 16 de febrero estuvieron en el programa Raúl del Castillo (2 de Juntos por el Perú) y Ana Cecilia Lucana (2 del Partido Morado). Del Castillo destacó que una de sus iniciativas será renegociar el contrato de explotación del gas de Camisea, previa modificación del artículo 62 de la Constitución Política. “Este artículo es un candado y necesitamos cambiarlo”, precisó. La segunda propuesta es aprobar una ley para declarar en “emergencia ambiental y sanitaria todas las provincias que atraviesa el corredor minero y que son afectadas por las actividades extractivas. Es un asunto pendiente que tiene que ver con el cuidado de la vida, la salud y la seguridad de los ciudadanos”, refirió. En tanto, Ana Cecilia Lucana, una joven abogada y activista de derechos humanos, refirió que impulsará acciones para incentivar que la actividad minera informal y artesanal pase a la legalidad con apoyo técnico de los gobiernos regionales. Asimismo, promete incorporar a la vigente ley de minería un acápite para que el Estado otorgue protección a las personas afectadas por los metales pesados. Una tercera iniciativa busca que el Perú ratifique el Acuerdo de Escazú para que haya protección para las defensores y defensores territoriales y ambientales.

La campaña, debido a la pandemia, no se siente en la mayoría de provincias de la región. Solo hay pintas. Elaboración: Anderson Tecsi Cruz

Los primeros entrevistados El 11 de febrero, participaron Boris Mujica (3 de Victoria Nacional) y Maritza Taboada (4 de UPP). Mujica, ex regidor del Cusco y docente universitario, sostuvo que entre sus prioridades está lograr con justicia la equidad de género. “Hoy cada vez más mujeres ocupan cargos importantes. Nosotros haremos que se cumplan las leyes en cuanto a las cuotas de género y que se sancione a los agresores”. En cuanto a minería, Mujica sostuvo que es necesario que se siga haciendo minería, pero que se debe conseguir que esta sea “responsable, que cumpla los mínimos estándares del cuidado del medio ambiente y cumpla con las comunidades cercanas a las actividades”. A su vez, Maritza Taboada, abogada de profesión, propone al elector apoyar la reforma de la Constitución para evitar que el “entreguismo siga siendo parte del sistema” y que no haya contratos ley que solo beneficien a las grandes empresas. Taboada se mostró en contra del enfoque de género en el currículo escolar. “Es un poco

liberal”, consideró. El 9 de febrero solo participó el candidato con el número 1 del Frente Amplio, Héctor Acurio Cruz. Él propone cambios a la ley de minería para que la actividad respete el cuidado medio ambiental. “No hay una sola actividad minera que respete a cabalidad las exigencias medioambientales para proteger la naturaleza. Eso debemos cambiarlo ya”, explicó Acurio. También señaló que se debe forta-

lecer las acciones de fiscalización del Organismo Especializado de Fiscalización Ambiental (OEFA), así como las labores de regulación y supervisión estatal de todos los proyectos que hay en el país. Pulso Regional continuará con su iniciativa hasta el 11 de abril próximo con el propósito de que los electores conozcan los planteamientos de la mayoría de los políticos que aspiran a ocupar un escaño en el Congreso.


10 / Informe MIGUEL GUTIÉRREZ

Durante varios meses, la población cusqueña protestó frente al Poder Judicial del Cusco reclamando la inocencia de los ex dirigentes

Se impuso la justicia Escriben: Yenay Farfán Vargas – Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)

CASO ANABI. Diez ex dirigentes, que fueron procesados por defender sus territorios de la contaminación de la minera Anabi SAC, fueron absueltos de culpa y pena tras nueve años de criminalización. La sentencia fue ratificada en segunda instancia a inicios de febrero. La persecución duró nueve años. Diez ex dirigentes fueron denunciados por apoyar una prolongada protesta contra la minera Anabi SAC que se desarrolló entre el 14 de diciembre de 2011 y el 5 de febrero de 2012. La población de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) protestó para pedir el retiro de la empresa. Temían la contaminación del río de la zona. El vía crucis terminó, por fin, el jueves 4 de febrero del 2021 cuando la Sala Mixta Descentralizada de Canchis – Sede Sicuani, conformada por los jueces Mariliana Cornejo Sánchez, Eduardo Sumire López y Ermitaño Gilberto Gil Caviedes, confirmó la absolución de culpa

y pena a los defensores chumbivilcanos, dictada por un juzgado del Cusco a inicios del año pasado. Con ello, los nueve dirigentes y la dirigenta se liberaron de una medida judicial con cariz de persecución y criminalización de la protesta social. Son y siempre fueron inocentes Jaime Mantilla Chancuaña, Juan Ataucuri Mancilla, Victoria Quispesivana Corrales, Luciano Ataucuri Chávez y Samuel Acero Hurtado. También Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Wilber García Huaycani, Grimaldo Asto Puma y Edgardo Aguirre Pacheco. El fallo representa un avance en la defensa de los y las defensoras de derechos humanos. La sentencia reconoce

serias deficiencias en la investigación fiscal: si bien se reconoció que se cometieron actos delictivos durante el desarrollo de una protesta legal, el Ministerio Público no cumplió con la labor de presentar medios probatorios suficientes que generen convicción en los jueces, no solo de la realización de los hechos delictivos, sino de la autoría de los mismos.

El papel del Ministerio Público El ordenamiento externo e interno reconoce ampliamente la titularidad del Ministerio Público para conducir la investigación del delito, promover la acción judicial y velar por la administración de justicia “indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado (…)”. En este caso, la acusación del Ministerio Público hace referencia a los hechos acontecidos entre diciembre de 2011 y febrero de 2012, periodo en el


Informe / 11 que las comunidades de los distritos de Llusco y Quiñota iniciaron acciones de protesta en contra de la empresa minera Anabi SAC. La convocatoria a la protesta fue realizada por diferentes organizaciones sociales con la finalidad de realizar acciones pacíficas para llamar la atención del Estado que hasta ese momento no había ofrecido respuesta alguna a sus reclamos. Con el paso de los días se realizaron otras acciones: la retención de tres camionetas que presuntamente pertenecerían a la empresa Anabi SAC, el supuesto secuestro de trabajadores de

la minera, la invasión a las instalaciones de la minera, la quema de pastizales y el robo de bienes y equipos propiedad de las empresas Anabi SAC, Murway SAC y Maya SAC. El fiscal a cargo del caso, sin ofrecer una descripción clara, precisa y concreta de los hechos y sus responsables, inició investigación contra los exdirigentes. Los acusó de ser presuntos coautores de los delitos de secuestro (30 años), violación de domicilio (1 año), robo agravado (12 años), contra los medios de transporte (7 años) y disturbios (7 años). Además, la Fiscalía solicitó MIGUEL GUTIÉRREZ

una reparación civil que -sumada a las pretensiones de las empresas demandantes- ascendía a cerca de 3 millones de dólares.

Los medios probatorios El representante del Ministerio Público presentó como sustento de su acusación “abundante” material probatorio: testimonios, actas de constatación fiscal, videos y tomas fotográficas. Sin embargo, a criterio del colegiado, la acusación no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por ley. Los jueces de segunda instancia refieren que los medios probatorios examinados son de carácter periférico, es decir, no son definitivos, y no cumplen con los requisitos de ley, más aún cuando los testigos ofrecidos no habrían estado directamente en el lugar de los hechos y, en su mayoría, eran ex trabajadores de la empresa Anabi SAC, lo que no garantizaba la imparcialidad de sus dichos. Las actas de constatación fiscal -si bien dejarían constancia de algunos hechos como el bloqueo de vías, la congregación de personas, la constatación de daños u otros- no signa a ningún responsable. Inclusive cuando se señala la presencia de alguno de los acusados no se le atribuye ninguna conducta delictiva. Los videos y las tomas fotográficas, tampoco serían elementos suficientes para determinar responsabilidades en acto delictivo alguno.

El derecho penal y la criminalización de la protesta social Las audiencias duraron casi tres años desde que el Ministerio Público presentó la acusación. MIGUEL GUTIÉRREZ

Algunos dirigentes chumbivilcanos que ahora dejaron de ser perseguidos por protestar.

El colegiado concuerda que no existe pruebas suficientes que generen convicción sobre la responsabilidad de los acusados en la comisión de los delitos investigados por el Ministerio Público. En consecuencia, en mérito del derecho a la presunción de inocencia se les debe absolver de culpa y pena. Las defensas de los dirigentes acusados habían advertido desde el principio que este proceso más que buscar una justa administración de justicia parecía una excusa para perseguir y criminalizar al “enemigo político”, representantes de comunidades campesinas, afectadas por las actividades de intereses privados ante la inacción de las instituciones del Estado. Este no es el primer ni único proceso en el que dirigentes sociales y autoridades locales son procesadas por su sola condición dirigencial durante el ejercicio del legítimo derecho a la protesta. La sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Canchis marca un hito en el rechazo a la instrumentalización del derecho penal en contextos de conflictividad socioambiental desde el sistema de justicia y ratifica la necesidad de un cabal e imparcial desempeño del Ministerio Público.


12 / Informe

La pandemia frenó las visitas a la Montaña de 7 Colores. Cientos de campesinos se quedaron sin trabajo y tuvieron que cerrar sus emprendimientos.

El turismo después de la pandemia Escriben: Alberto García Campana.

EN CRISIS. Si en 1990, por ejemplo, el Cusco recibía alrededor de 500 mil turistas por año, en el 2019, año previo a la pandemia, el número de visitantes extranjeros a la Capital Histórica del Perú fue de 2 millones 745 mil 468. Con la pandemia la industria sin chimeneas casi quebró. Son los riesgos de haber puesto todos los huevos en el mismo cesto. ¿Qué podemos hacer ahora? El investigador peruano Antonio Brack (Lima, 1940 – 2014) ofreció hacia el año 2002 una charla que fue replicada años más tarde en casi todo el país y que sirvió como elemento de reflexión y capacitación. En su exposición, Brack Egg sostuvo con firmeza y contundencia, que

el Perú podría dar el salto hacia el desarrollo con solamente utilizar de manera adecuada sus recursos naturales. No habló, desde luego, del turismo, sino de las actividades que involucraban la agricultura, la pesca, la ganadería y la explotación maderera, entre otras. Brack llegó a ser el primer ministro del Ambiente en el gobierno de Alan García en el 2008, pero muy poco o casi nada de lo que propuso pudo hacerse realidad. Las razones no son conocidas, y lo único cierto es que, desde hace varias décadas, el Cusco vive, directa o indirectamente, de la actividad turística. Si en 1990, por ejemplo, el Cusco recibía alrededor de 500 mil turistas por año, en el 2019, año previo a la pandemia, el número de visitantes extranjeros a la Capital Histórica del Perú fue de 2 millones 745 mil 468. Las masivas oleadas de turistas empujaron al Gobierno y al sector privado a impulsar proyectos que permitieran responder adecuadamente a la alta demanda del turismo. Las aerolíneas incrementaron notablemente las frecuencias de sus vuelos hacia el Cusco, los capitales chilenos, europeos y árabes abrieron nuevos y me-

jores hoteles, el servicio de trenes hacia Machupicchu también aumentó su capacidad de transporte y los restaurantes impusieron el boom gastronómico. Pero todo se derrumbó en el 2020. La pandemia generada por el nuevo coronavirus provocó que el número de turistas tuviera un drástico descenso. Hubo días en que no se veía a un solo visitante extranjero en las calles de la ciudad. La ciudadela inka de Machupicchu cerró sus puertas. Y, entonces, todos los que trabajaban en el sector turismo se vieron de pronto desempleados. Desde dueños de hoteles y restaurantes hasta guías de turismo, desde accionistas de aerolíneas hasta porteadores del Camino Inka, pasando por los vendedores de artesanías. Todos ellos pasaron de la opulencia a la precariedad económica. ¿Qué generó esta tragedia? Pues que los cusqueños pusimos todos los huevos en la misma canasta. La canasta se rompió y todos los huevos se quebraron. Nos habíamos acostumbrado a esperar que el turismo resolviera nuestros problemas económicos, y cuando los turistas dejaron de venir, entonces cayó la noche.


Informe / 13 EDUARDO HERRÁN

Las lecciones del desastre La crítica situación económica actual de quienes vivían directamente de la actividad turística en el Cusco debe obligar a replantear las líneas directrices de la economía regional y proceder a revisar aquello que se hizo mal. En el distrito de Pisaq (Urubamba) se puso en evidencia en los últimos años el fenómeno del abandono de las tierras y la migración del campo a la ciudad, convirtiéndose los comuneros en pequeños comerciantes dedicados a la fabricación y venta de artesanías. Les iba bastante bien, pues ante la caída de los precios de productos como la papa, el maíz, el trigo, las habas y otros, el dinero que dejaban los turistas les alcanzaba para vivir con cierta comodidad. Y se llegó al extremo de acudir a otros distritos a comprar los productos que en Pisaq dejaron de cultivar. Hasta que llegó la pandemia y terminó con todo. Hoy, los comuneros de Pisaq han vuelto a sus chacras, pero quizás la tierra demorará algún tiempo en producir lo que antes producía. Y esto mismo hecho se registró en otros distritos de la provincia de La Convención, donde los agricultores encontraron en el llamado turismo vivencial o turismo social, una forma de alcanzar solvencia económica. El turismo de aventura también extrajo a los jóvenes de las chacras y los convirtió en improvisados guías de turismo.

La diversidad como alternativa Colapsada la actividad turística, no queda sino volver la mirada a lo que generaba riqueza antes del auge del turismo, y ese enfoque llevará a reconsiderar las enormes potencialidades de la actividad agropecuaria tan descuidada en los últimos años. A los productos de la exportación tradicional como el café y el cacao en La Convención, deberían sumarse cultivos como la palta en Limatambo, la mashua y la kiwicha en Paucartambo y Calca, la maca en Espinar, la cochinilla en Chin-

El acceso a Machupicchu está cerrado y lo más probable es que reabrirá recién en marzo.

chaypujio y el achiote en los valles convencianos. El Cusco goza de excelentes condiciones para potenciar la agricultura, y si bien experiencias pasadas han tenido resultados lamentables, como los casos del Banco Agrario y las cooperativas de producción, no sería pertinente clausurar proyectos que permiten cosechas para la exportación. Paralelamente a ello, debería recuperarse la esencia de Industrial Cachimayo como fábrica de fertilizantes, a fin de nutrir la tierra y generar mejores cosechas. La producción agrícola escalonada podría garantizar también un traslado a los mercados con precios favorables, disminuyendo el riesgo de la masiva llegada simultánea a los centros de abastos, lo que grafica la lógica de a mayor oferta, menores precios.

Volviendo a Brack En cuanto a las potencialidades del Cusco, el biólogo e investigador Antonio Brack identificó dos que podrían en estos tiempos sustituir al turismo como fuente de rique-

Los artesanos han sido seriamente afectados por la pandemia.

za: la explotación maderera y la pesca. El científico aseguró que la provincia de La Convención era un maravilloso territorio para la actividad forestal y recomendó la plantación de especies maderables con alta demanda en los mercados extranjeros. “Si hoy plantamos árboles de buena madera en La Convención, dentro de 20 años tendremos enormes ingresos por concepto de exportación”, dijo en el año 2002 Antonio Brack. Si hubiéramos concretado esa idea, hoy La Convención y el Cusco tendrían ingentes recursos económicos facilitados por la exportación de madera. Y para las poblaciones de la cuenca del Vilcanota, Brack Egg tuvo también la receta: “depositemos alevinos en los ríos, lagos y lagunas, y en poco tiempo se podrá generar una industria conservera que competirá con éxito en los mercados internacionales”. Tampoco esto se pudo hacer realidad. Al fin de cuentas, tal vez el turismo no pasó de ser un espejismo, y lo que el Cusco tiene en realidad como gran potencialidad económica, es la actividad agropecuaria.

La actividad forestal era, según Antonio Brack, una buena alternativa.


14 / Informe

El agro y los candidatos Escribe: Juan Carlos Sacsa Díaz - CEDEP AYLLU

La agricultura familiar fue la que alimentó las mesas de los peruanos durante los peores momentos de la pandemia del COVID-19.

ELECCIONES. Las propuestas de los postulantes cusqueños no son claras respecto a la agricultura familiar que pasa por uno de los peores momentos en las últimas dos décadas. Así, los políticos desconocen la importancia de este sector que en el Perú representa el 97% de las unidades agropecuarias y emplea a más del 85% de los trabajadores agrícolas. No es raro ver cómo nuestra representación política en el Congreso pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, porque el apoyo del Estado no llega a los verdaderos forjadores del agro, quienes alimentan a más de 32 millones de habitantes. La falta de conocimiento de una cultura del agro se debe al poco interés que tienen. Es inconcebible entender que teniendo una Ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar (Ley 30355) y su respectivo reglamento no se haya logrado avanzar, pese a que tie-

ne una gran importancia que favorece directamente a las unidades productivas y, por ende, a las familias en general. Se sabe que en el Perú la agricultura familiar representa el 97% de las unidades agropecuarias y permite laborar a más del 85% de los trabajadores agrícolas. Consideramos que la agricultura familiar realiza una interrelación dinámica con el entorno social, cultural, económico y ambiental, es decir, es un modo de vida de la producción que practican tanto varones como mu-

jeres en un mismo núcleo familiar, en un territorio rural en el que está a cargo de todo un sistema productivo y diversificado, donde se desarrolla la producción agrícola, pecuaria, el manejo forestal, artesanal, acuícola, apícola, etc. En ese sentido, casi siempre hemos tenido un Ejecutivo que no sabe qué hacer con la agricultura y un Parlamento sin reacción. Todas las medidas que han tomado hasta la fecha no han tenido efecto. Lo que han hecho es ofrecer dinero sin saber a quién llegar; se ha dispuesto S/ 2,500 millones para el agro, 2,000 millones a través del FAE AGRO, que actualmente se encuentra sin procesos de licitación. Mientras tanto, el agricultor ya se encuentra descapitalizado. Actualmente, todos los peruanos consumimos la cosecha del año pasado con el riesgo de quedarnos desabastecidos. Lo que sucederá en el campo es que la producción solo será para el autoconsumo y de esa manera


Informe / 15 pondrá en riesgo la seguridad alimentaria de los peruanos. A pesar de que el artículo 88 de la Constitución Política establece expresamente que el Estado debe apoyar preferentemente al desarrollo agrario, todos los que han presidido la Comisión Agraria en el Congreso no han hecho nada porque no existe una agenda agraria. Lamentablemente la agenda de todo congresista que llega a representarnos es muy ajena al interés de los agricultores y de todos los peruanos. El Estado, a través de los gobiernos regionales, locales y el mismo Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), tienen dificultades en los gastos, no logran ejecutar en el tiempo determinado fondos que podrían utilizarse para garantizar la compra de sus campañas agrícolas a los campesinos que se están quedando con su producción. Deben generar almacenes de acopio, preparar la mercadería, instalar mercados itinerantes reales y que coordinadamente lleguen directamente a la población. Eso evitaría que los pocos mercados existentes sigan convirtiéndose en focos de contagio. Además, los agricultores necesitan comprar semillas, limpiar canales de regadío, limpiar la tierra, y esto no se está dando. Los fon-

La siembra se retrasó demasiado en algunas zonas debido al prolongado veranillo que se registró en el 2020.

dos no llegan a los agricultores, pero sí a los intermediarios. Los líderes recién reaccionarán cuando su despensa esté vacía y se sumen a los miles de peruanos que hoy no comen por escasez de productos o de dinero. Los candidatos que postulan al

Congreso dan a conocer sus propuestas respecto a la agricultura con el objetivo de revelar su compromiso con los agricultores. Sin embargo, ninguno tiene explícito la importancia de este sector para nuestra región y, por ende, para nuestro país.

Algunas propuestas que pueden ser tomadas por los candidatos al Congreso

Fomento de créditos para los campesinos de la sierra y la selva, así como el desarrollo agroindustrial en las cuencas y la tecnificación con la construcción de canales de riego, reservorios y represas. Capacitación y transferencia tecnológica al agro, así como fomentar el riego tecnificado y crear un banco de semillas autóctonas e incentivar la producción de cultivos orgánicos. Reactivación del agro y promoción de la venta de productos en los distritos con ferias "De la chacra a la olla". Impulsar la construcción y mejoramiento de los sistemas de irrigación y asistencia técnica en las cadenas productivas de mayor prevalencia en provincias y distritos de nuestra región. Reactivación del agro, promoviendo la creación de empresas en el ámbito rural. Transferencia tecnológica al agro, mediante la investigación agraria. Fomento del desarrollo agroindustrial y reforestación en las cuencas hidrográficas de la región, rescatando las plantas nativas en extinción. Control y manejo adecuado abono de los cultivos de la región.

Revertir la agricultura que solo es para el autoconsumo y un pequeño excedente para la comercialización, mejorando vías de comunicación y potencializando el desarrollo agropecuario. Potenciar una política de desarrollo agrario, capacitando al agricultor y generando un sistema de mercadeo agrícola, para optimizar la siembra y venta de sus productos. Implementar cadenas productivas y el buen aprovechamiento del potencial hídrico de la región.


16 / Informe

Estado de espaldas a las organizaciones sociales Escribe: Jessica Clemente - Aprodeh

Tres líderes y lideresas de la región Apurímac analizan en entrevista con Pulso Regional los principales problemas que surgieron en las organizaciones sociales de base y el papel que ha jugado el Estado para ayudarlos durante la pandemia del COVID-19. La evaluación de Flor Cruz Loayza, Rodolfo Abarca y Rosario Medrano Aguirre no es alentadora, porque pone en evidencia un problema recurrente: debilitamiento de los gremios y ausencia del Estado.

Flor Cruz Loayza Miembro de la Colectiva Feminista Wayra Warmikuna, Apurímac “Las nuevas autoridades deben dejar de lado sus angurrias políticas” ¿Cuáles son los principales problemas que su organización afronta en este contexto de pandemia? El año pasado teníamos muchos planes de continuar con talleres presenciales con adolescentes, pero no pudo realizarse. Sin embargo, junto a otras organizaciones aliadas, hemos tratado de sacar la Escuela Feminista de forma virtual. Hemos convocado a mujeres de diversas edades, mayores de edad en este caso. Tratamos temas como el feminismo, la violencia de género, el patriarcado y otros

con enfoque intercultural y generacional. Si bien la pandemia nos ha imposibilitado tener contacto físico, también hemos tratado de acomodarnos a la virtualidad. Otro tema es que hemos tratado de seguir haciendo acompañamiento emocional a compañeras víctimas de algún tipo de violencia física o sexual, aunque para muchas ha sido difícil, porque lamentablemente las instituciones no han funcionado como debe ser. No atendían en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o, peor aún, las comisarías se negaban a recibir las denuncias y en este contexto. ¿El Estado los está atendiendo? Recuerdo que, en el Ministerio Público, a una compañera, que estaba haciendo seguimiento de denuncia de agresión, no se le daba importancia o se reprogramó reiteradamente su caso, a pesar de que estaba denunciando un presunto feminicidio. Creo que las instituciones mismas han dejado, en algunos aspectos, de lado el tema de la violencia de género y el rol que les compete. Y a nivel nacional se han incrementado los casos y la falta de atención por parte de las instituciones. ¿Cuáles son los principales problemas que su organización afronta en este contexto de pandemia?

Los problemas de las organizaciones sociales de base de la provincia de Cotabambas son diversos. Tenemos organizaciones un poco debilitadas por falta de unidad a consecuencia de una campaña sistemática de las empresas para desprestigiar Rodolfo Abarca a los dirigentes. Asimismo, la persecución que hace el MiEx dirigente de la provincia de nisterio Público y la empresa Cotabambas, Apurímac a los dirigentes debilita a las

¿Cómo se están organizando en este contexto de pandemia? Por ahora todavía no hemos planificado nuestras actividades. Teníamos un plan para ejecutarlo el año pasado, pero estamos repensando y modificándolo para este contexto de pandemia y virtualidad. Debemos señalar que esta situación afectó mucho el aspecto emocional de muchas mujeres, porque hemos tenido familiares, amigas, amigos que han fallecido o han enfermado. Eso tampoco nos ha permitido interactuar mucho, pero estamos por organizarnos y convocarnos para ver qué hacemos. No queremos dejar de lado nuestro activismo. La vida continúa y los problemas también y, desde nuestro colectivo, podemos aportar a cambiar algo. ¿Qué aspectos o temas le exigiría trabajar a las próximas autoridades presidenciales y congresales? Lo urgente es el compromiso con el país y que dejen de lado sus angurrias políticas, los conflictos que tienen y trabajen por el país. Necesitamos que se garantice el derecho a la salud básica, universal y gratuita y, con ello, el abastecimiento de oxígeno para organizaciones y hace que los líderes tengan temor de asumir esos cargos. Hay miedo a las denuncias, a la persecución judicial, al encarcelamiento, a las difamaciones sistemáticas que hacen a través de medios de comunicación, de panfletos. Todas esas cosas hacen que las organizaciones se debiliten. Pero eso también sirve para fortalecernos, porque seguimos adelante pese a todas las cosas que nos pasan. Tenemos que seguir batallando, seguir organizando a las bases sociales: federaciones de comunidades

muchas personas que están muriendo. Que se siga prestando apoyo a las ollas solidarias que en muchas regiones del país alimentan a miles de familias que se han quedado sin recursos económicos y sin acceso a alimentos. Creo que ahorita lo importante es salvar vidas. Si nos decimos ser un país pro-vida, pues comencemos por las vidas de los más de 33 millones de peruanos, incluidos los extranjeros, más allá de los miramientos de nacionalidades. Creo que lo importante es que las autoridades entrantes y salientes se enfoquen en preservar la vida en condiciones de dignidad y, si hay acceso de vacunas, este sea de acceso libre, gratuito y que no se negocie una vez más con la vida de la ciudadanía. Y en temas de género: que se sigan realizando más políticas públicas, más inclusión y que nosotras como ciudadanas podamos elegir autoridades que nos garanticen vivir en condiciones de dignidad y libertad. Lamentablemente hay muchos candidatos presidenciales y congresales con ideas retrógradas sobre el enfoque de género, los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBI y las comunidades indígenas. Nosotras debemos elegir bien, pero también y, sobre todo, debemos ser vigilantes con las autoridades. campesinas, frentes de defensa, federación de jóvenes, federación de mujeres, etc. ¿Considera que el Estado los está atendiendo? A la fecha, el Estado está lejos de las problemáticas de las organizaciones y las comunidades campesinas o pueblos originarios. Están de espaldas a sus necesidades y sus problemas en el tema de agua y garantizar la seguridad alimentaria. El Gobierno, a través de sus ministerios, están sesgados, no ven la


Informe / 17 realidad en sí de nuestro pueblo. Pero un dirigente sí conoce a fondo esas necesidades que tienen las comunidades. Pese a que tenemos una empresa minera que opera en la provincia, esos temas (salud, educación, agua, etc.) están en situación crítica.

Todo esto nos afecta, porque estamos en zona de emergencia y no estamos autorizados para reunirnos. La policía reprime. Ahora hay problemas de conflicto en la comunidad de Pumamarca por temas ambientales y territoriales y esto (la pandemia) no permite que la población haga llegar sus recla¿Cómo se están organizando mos como debe ser. Las orgaen este contexto de pandemia? nizaciones empiezan a buscar mecanismos de comunicación La pandemia nos ha perjudica- con las comunidades, pero son do, porque no hay libertad para pocos los que utilizan los mereunirnos ni facilidad para ha- dios virtuales: pocos cuentan cer eventos, convocar y ver pro- con servicio de Internet. Ese (el blemáticas de una comunidad. no acceso a Internet) es un promitación en la comunicación con los miembros de la organización, porque no todas cuentan con la tecnología del Internet. Entonces no nos podemos comunicar con algunas. Tampoco se tiene fluida comunicación con los gobiernos locales ni regionales. No están escuchando.

Rosario Medrano Aguirre

¿Considera que el Estado los está atendiendo?

Consideramos que el Estado no está atendiendo, no apoya ni hay ningún trabajo como capacitaciones. Estamos totalmente aislados. A las autorida¿Cuáles son los principales des no les importa la organizaproblemas que su organiza- ción de mujeres. Si nosotras no ción afronta en este contexto tuviéramos apoyo de aliados de pandemia? como las ONG no estaríamos preparadas. El principal problema es la liSecretaria General de la Federación de Mujeres de la Región de Apurímac.

blema grande aquí en las comunidades. ¿Qué aspectos o temas le exigiría trabajar a las próximas autoridades presidenciales y congresales? Las elecciones están siendo opacadas, no hay comunicación, y la gente en las comunidades no tiene conocimiento de quiénes están participando. Por ende, no hay información verídica. Estamos un poco aislados. La campaña no es como debe ser. Hasta la fecha no ha llegado ningún candidato al Congre-

so de la región Apurímac a la provincia de Cotabambas. Los temas a exigir son el cambio de la Constitución, queremos que haya una nueva que refleje la real necesidad del pueblo peruano y de los pueblos altoandinos que están siendo excluidos. También el servicio de agua, educación y salud. Hay muchas cosas que requieren atención. En el sector agropecuario se necesita una mirada al pequeño agricultor, porque ellos viven de la agricultura y la ganadería. Hay que ver el asunto del reordenamiento territorial, ubicar zonas de conservación natural.

¿Cómo se están organizando revisión de los contratos con en este contexto de pandemia? las mineras en todo Apurímac. Dijeron que con la minería iba La comunicación, cuando se a haber riqueza, sin embargo, puede, es vía Zoom, a través hay más pobreza, más conde reuniones de forma perió- flicto y más sufrimiento de dica. Pero es difícil. Coordina- los hermanos de Cotabambas, mos algunas cosas, pero no es de Espinar. La minería no nos mucho. está sirviendo para nada. Los profesores son mal pagados. ¿Qué aspectos o temas le exi- Entonces, ellos tendrían que giría trabajar a las próximas pagarles bien para que enseautoridades presidenciales y ñen bien. En cuanto a la niñez congresales? hay mucha desnutrición y anemia infantil. Si no hay agro, Primero, sería el tema de la no tenemos comida, nadie del mujer en toda su amplitud: en Estado está viendo eso, no hay tema de feminicidio, violencia apoyo para la agricultura por contra nosotras. La violencia parte del gobierno regional ni sexual ha aumentado de for- local. No se cuenta con tecnoma preocupante. Quisiéramos logía ni capacitación constante ver sus propuestas en el tema a los hermanos campesinos. de las mujeres. Otro asunto es Nadie se preocupa de eso. No la siembra de agua, la consul- promueven la siembra de prota previa en zonas mineras y la ductos.

Una de las primeras tareas de los nuevos congresistas será escuchar e impulsar las medidas que reclaman los líderes y lideresas sociales.


18 / Informe

La otra pandemia: violencia contra la mujer Escriben: Gladys Pantoja y Nohemi Esquivel

Las víctimas suelen vivir una odisea cuando acuden a las autoridades para buscar justicia y sanción contra sus agresores.

SERIO PROBLEMA. Encontrar justicia oportuna para las víctimas de violencia familiar es toda una odisea. No bastó el infierno que pasaron encerradas con sus agresores durante la cuarentena y ahora tienen que enfrentarse a un sistema legal con varias deficiencias por superar. Problema que por cierto no es de ahora. Una de las mejores armas para combatir este flagelo social es la prevención, enfatizan los especialistas. En tiempo de pandemia, el Estado intentó protegernos del enemigo invisible, aquel virus que partió de China y llegó al Perú para aislarnos bajo el caprichoso miedo y apego a la vida. Sin embargo, para una parte de la población la vida pudo haber perdido el valor, pues bajo el encierro, teniendo el pretexto perfecto de aislamiento, en medio de las me-

didas sanitarias contra el COVID-19, se pudo conocer a un agresor y a una víctima. La violencia psicológica, física y sexual era como el desayuno agrio de todos los días. No importaba la edad ni condición social, mientras el dolor se incrustaba en el alma y se iban perdiendo vidas.

Violencia sin control En el ámbito nacional, el departamento de Cusco ocupa un vergonzoso cuarto lugar en casos de violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres, y el tercer lugar en violencia de género, según el portal estadístico del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA. De enero a octubre del 2020, el Centro de Emergencia Mujer (CEM), reportó la escalofriante cifra de 111 casos de feminicidios a nivel nacional, una cantidad imparable, en una sociedad donde el machismo sigue ganando terreno. De ese total 3 corresponden a Cusco, donde además sucedieron 7 casos de tentativa de feminicidio. En ese mismo reporte se revelan 246 casos de violación sexual, colocando a Cusco como uno de los departamentos con mayor incidencia. La referida entidad también atendió 79220 casos de personas afectadas por hechos de violencia. De esa cifra, el 85.4% de víctimas son mujeres y el 14.6% son varones. El tipo de maltrato que sufrieron son en su mayoría psicoló-


Informe / 19 gico y físico, propinados una, dos y hasta tres veces por sus parejas sentimentales o un pariente cercano. En tanto, la Corte Superior de Justicia del Cusco, a través de los siete Juzgados de Familia, otorgó 3543 medidas de protección a favor de las víctimas de violencia familiar. La atención se dio entre el 1 de enero al 31 de octubre del año pasado. Durante el periodo de aislamiento social obligatorio por la pandemia sanitaria, los magistrados y servidores judiciales de los juzgados de familia no dejaron de trabajar. En ese mismo periodo, los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Provincia Cusco, recibieron 1450 denuncias, de estas el 38% corresponden a lesiones y violencia familiar y el 35% por agresiones en contra de mujeres e integrantes del grupo familiar.

Obligadas a la maternidad Otra triste realidad que conmueve son los embarazos en adolescentes y niñas, algunos casos son producto de violaciones sexuales. De enero al 12 de noviembre pasado, la Gerencia Regional de Salud Cusco (Geresa) registró 1173 embarazos en adolescentes (de 12 a 17 años) en la región y cuatro casos de niñas en la provincia de La Convención. Sus edades oscilan entre 9 y 11 años de edad. A su corta edad, dos de ellas ya se convirtieron en madres en junio y octubre pasado. El alumbramiento de las otras dos se programó para fines del 2020. Así informó la coordinadora regional de Cursos de Vida Adolescente, Joven y Adulto de la Diresa, María Elena Holgado, quien explicó que las cuatro niñas acudieron a los establecimientos de salud con embarazos avanzados, por lo que no se les pudo asistir con la píldora del día siguiente o Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) que forma parte del kit de emergencia para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

de la parálisis de sus miembros inferiores. Un hecho de violación sexual colectiva se registró en setiembre del 2020 en Poroy, donde una septuagenaria de iniciales V.Q.S fue víctima de ultraje sexual con agresiones graves por cuatro sujetos, tres de ellos sobrinos de la agredida. Los familiares de la víctima denunciaron dilación de parte de la Policía para detener a los presuntos autores del abominable hecho. Dos de los denunciados fueron capturados 12 horas después de sucedido el grave delito y, luego de varios días cayó el tercero. Sin embargo, el cuarto agresor y tal vez el más peligroso se encuentra en libertad. Se trata de Severino Cáceres (54), quien alega alteraciones mentales para evitar ir a la cárcel con prisión preventiva. La Montaña de Siete Colores en Cusipata también fue escenario de una violenta historia que acabó con la vida de una joven de 19 años, estudiante de turismo que apenas empezaba a forjar sus sueños. Su cuerpo desnudo, con claras huellas de abruptos golpes y sin vida, fue hallado el pasado 9 de noviembre, después de dos días de haber estado desparecida. La víctima habría sido llevada con engaños hasta la conocida zona turística por Erwin Raúl Montesinos Kana (27) y José Luis Fernández Berrio (31) para luego ser violentada sexualmente y asesinada sin piedad. Actualmente ambos implicados se encuentran en la cárcel con prisión preventiva y serán investigados por los presuntos delitos de feminicidio agravado y violación sexual.

Alta tolerancia y desidia Las víctimas, además de sufrir maltratos en su hogar, también tienen que enfrentarse a los prejuicios inhumanos de la sociedad. A esto se suma un proceso legal tortuoso por la lentitud con la que actúan los administradores de justicia. Pero el vía crucis no termina allí. La representante de la Defensoría del

Pueblo en Cusco, Rosa Emperatriz Santa Cruz, reveló que existe demora en el trámite para obtener medidas de protección a favor de la víctima. El plazo para dictar dichas medidas no puede exceder las 24 horas en los casos de riesgo severo, 48 horas si es moderado y 72 horas cuando es leve, según la Ley 30364, Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Empero, a raíz de la emergencia sanitaria, en abril pasado, se publicó el Decreto Legislativo Nº 1470 que contempla que las medidas de protección se dicten dentro de las 24 horas independientemente del nivel de riesgo. Para su cumplimiento es conveniente que los operadores de justicia implementen nuevos mecanismos tecnológicos que les permita la atención inmediata para garantizar que la víctima sea protegida.

Luz al final del túnel “La violencia no se acaba con una medida de protección, se tiene que trabajar mucho la prevención -ahora descuidado por el Estado- para erradicar este problema social”, sostuvo Edwin Béjar Rojas, juez Titular del Tercer Juzgado de Familia de Cusco, quien además enfatizó que las acciones deben ser de manera multiinstitucional y transversal, y los servicios de justicia deben funcionar en forma articulada, rápida y eficiente para garantizar el acceso a la justicia. El psicólogo Alaín Madueño argumentó que por más sanción drástica haya para castigar a los agresores, si no se realiza un trabajo constante en salud mental las estadísticas de violencia familiar no podrán revertirse. “La educación en salud mental es el punto de partida para la prevención. Es un camino arduo y largo, pero efectivo”, enfatizó. Ambos entrevistados coincidieron que las acciones de prevención se deben dar en todos los espacios, hogar, escuela, trabajo, etc.

Drama de las víctimas Los casos más crueles y que conmocionaron a la población cusqueña se registraron en los distritos de Yanatile (Calca), Poroy (Cusco), Cusipata (Quispicanchi) y Santa Ana (La Convención). En Yanatile, la víctima fue una bebé de un año y siete meses de edad. Su papá, quien debía protegerla, terminó agrediéndola sexualmente. Se trata de Domingo Quispe (50), quien se encuentra en el penal con prisión preventiva. El hecho deplorable fue alertado por el personal asistencial del establecimiento de salud de la zona, hasta donde la pequeña ingresó por emergencia, acompañada de su mamá Ayde H.M, quien puso la denuncia ante los efectivos policiales. Por su grave estado de salud, la menor fue traslada al Hospital Regional del Cusco, donde una junta médica investiga si las agresiones sexuales son la causa

Los presuntos agresores y asesinos de la joven de 19 en la Montaña de Siete Colores.


Mascarero: Amiel Cayo hace máscaras hace 20 años.

China: Aida Olave Lazo baila hace 15 años.

Nostalgia de febrero

La festividad de la Virgen de la Candelaria es una de las celebraciones más importantes del Perú. Comprende actos de carácter religioso, festivo y cultural, que tienen sus raíces en tradiciones católicas y elementos simbólicos de la cosmovisión andina. En la fiesta participan unos 170 grupos de toda la región con aproximadamente 40.000 bailarines y músicos. Sin embargo, este año la fiesta no se realizó por la pandemia del COVID-19 y la declaratoria de la provincia de Puno como zona de riesgo extremo. Más allá de eso, aún existe la nostalgia de febrero en un pueblo que vive celebrando su cultura. FOTOS: Uriel Montúfar

Diablo: Edmundo Cordero baila hace 30 años.

Identidad: María del Carmen Carpio Zea baila hace 17 años.

Fervor: Nataly Vega con traje de morenada.

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Pulso Regional, la revista del sur  

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