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La otra cara de la pandemia:mujer -clase
Melissa Carpio Gálvez1
melissa199504@outlook.es
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La pandemia por COVID-19 mostróla cara brutal del capitalismo: el apetito voraz de burgueses y transnacionales por la sobreacumulación del capital,a cuestas de la vida de millones de trabajadores. Por tal motivo, se permitieron despidos masivos de obreros, en su mayoría, latinos y negros, que como era de esperarse provocaron gran crisis en varias ciudades de los Estados Unidos.
En las sociedades capitalistas,la condición de la mujer se agrava al punto de hundirlas en la marginalidad, oprimidas por el miedo y la miseria. Esto empeora todavía más frente a los continuos casos de violencia dentro del entorno familiar; bajo esta situación son pocas las que consiguen hacerse de un espacio.
La violencia de género se acrecienta de manera alarmante, sobre todo en los países subdesarrollados de África, América Latina, y países Islámicos; sin embargo, situaciones similares viven los inmigrantes en los países donde se concentra la industria en su máximo nivel como lo es Estados Unidos y la Europa capitalista.
1 Bachiller en Antropología Social por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Integrante de la agrupación Juventud Socialista.
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Para las mujeres el riesgo que implica la cuarentena es, en muchos casos, mayor que el virus; sobre todo para quienes deban de convivir con su agresor, de manera que en Argentina se registraron un total de 45 feminicidios, 17 en Honduras, 5 en Boliviay en Chile 11. Lasllamadas a los teléfonos de emergencia para víctimas de violencia machista y doméstica también se hanincrementadodurante este periodo; como es el caso deColombia, con un aumento del 103 %; México con un 60 % y Argentina con un 39%. Del mismo modo en países como Inglaterra, Francia e Italia las denuncias por violencia doméstica se incrementaron hasta en un 25%. De ahí que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió a los gobiernos incorporar planes contra los abusos de género como parte de las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia.
En el caso peruano se registraron 55 feminicidios; además, las violaciones se incrementaron en un promedio de 400 víctimas, respecto al mismo periodo del año anterior, de las cuales el 60% fueron menores de edad (niños, niñas y adolescentes), una proporción similar a la de los miles de casos de violación quese denuncian anualmente. Asimismo, se registraron un promedio de 2.600 casos de violencia doméstica; como evidencia de ello, la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró un total de 5438 llamadas por violencia contra la mujer.
En la región de Ayacucho, el MIMP expuso las estadísticas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el contexto COVID-19, en cuyas cifras se indican que, durante este período, la Comisaría de Familia de Ayacucho recepcionó 343 denuncias por violencia: 193 por maltrato psicológico, 138 por violencia física y 12 por violencia económica. Por si esto fuera poco, en el mes de abril se produjeron 3 feminicidios, este caso impactó bastante en los ayacuchanos. El último registro de feminicidio se dio el 17 de julio, la víctima se trató de una menor de edad de 16 años quien fue estrangula
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por su pareja de 19, el hecho se suscitó en la comunidad Ccachubamba de la Provincia de Vilcas Huamán. Estos hechos han conmocionado a la población en general.
Estas cifras son muy preocupantes y nos refleja la cultura patriarcal y el machismo imperante en el cual vivimos. Muchos de los abusos sexuales y violencia sean físico, psicológico, y económico no son denunciados ya que el mismo entorno social enviste a la víctima culpándola de lo sucedido y justificando la violencia. Las cifras que se muestran son de mujeres que tuvieron el valor de enfrentar a su agresor a pesar del que dirán en una sociedad que culpa a la víctima y justifica al victimario.
Es lamentable que existan mujeres que no logran reconocer la violencia en su hogar, revistiendo el golpe y la humillación con el amor enfermizo, normalizando la violencia, dando paso a una nueva luna de miel, esperando el cambio en su agresor, pero enla mayoría de los casos termina matándola, cerrando así un expediente más de un feminicidio que pudo haber sido evitado.
No son solo cifras, son historias desgarradoras de violencia continua que arrastran a familias trabajadoras emparentadas con la negación sistemática del acceso a derechos como el trabajo, salud, educación y vivienda. Los más pobres están inmersos en los suburbios de la gran ciudad, hacinados y marginados por una sociedad en desigualdad estructural. Muchas sufren desde hace tiempo el desempleo y otras tantas son trabajadoras informales que no tienen derecho a ningún seguro, viven solas en un sistema depredador.
Esta emergencia sanitaria golpea a todos, aunque no por igual. Las mujeres son doblemente golpeadas por este aislamiento social. Este es el caso de muchas mujeres peruanas luchadoras que no se dan por vencidas para sacar a su familia de la pobreza. Sin embargo, en las fábricas conviven bajo un trabajo precarizado, explotadas y mal remuneradas. En
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la actualidad la gran mayoría han sido despedidas bajo la modalidad suspensión perfecta a causa de la pandemia, con derechos laborales no favorables y sin pagos por compensación de tiempo de servicios (CTS).
El pasado 23 de junio 46 obreras y obreros SITOBUR de limpieza de la Municipalidad de Lima fueron reprimidas y encarceladas por reclamar su justo derecho al trabajo en planilla. El 5 de julio la dirigente Isabel Cortés fue detenida. De estos casos hay muchos, pues en medio de la situación de la emergencia se han estado implementando leyes en contra de la clase trabajadora, vulnerando sus derechos laborales.
Cientos de miles de trabajadores, mujeres y hombres, agotados e inestables, llevan a sus hogares la violencia laboral causada por el miedo al contagio y a perder su trabajo. Al interiorlas familias viven tensas. Esta es la disyuntiva brutal a que expone el capitalismo y los gobiernos a las familias de los trabajadores en plena pandemia. Además, para muchas mujeres, los abusos sexuales son parte de las reglas del juego para mantener el trabajo. Asimismo, tampoco cuestionan el maltrato de sus parejas en tanto aporten con dinero para alimentar a los hijos. Más tiempo en el hogar puede significar más tiempo con los feminicidas y el agresor, más exposición al peligro. Mantenerse a salvo del contagio y del agresor, en una casa de 40 metros cuadrados, donde vive una familia de hasta 8 personas, es imposible.
Por tal motivo, para las mujeres esa situación es doblemente agobiante, en especial cuando son las únicas que sostienen el hogar. Casi el 30% del trabajo informal lo concentran mujeres. El 70% de los trabajadores de salud, son mujeres. Algunas de ellas cuentan con otras mujeres para el cuidado de sus hijos pequeños o familiares postrados o dependientes. Este círculo de pobreza, de dobles jornadas, de inseguridad laboral y social, se completa con violencia doméstica.
Esta realidad palpable vista desde muchos ángulos, recreada en varios espacios, y en distintas lenguas, apuntan a un solo objetivo de
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luchar por la liberación de la mujer, que no es una tarea puramente femenina, sino de la clase trabajadora como un todo, hombres y mujeres.
¡Vivas nos queremos! Las mujeres trabajadoras, al igual que los hombres, necesitamos proteger nuestras vidas y la de nuestras familias. Debe asegurarse el 100% de los salarios, sin tocar nuestras pensiones como se ha estado haciendo en los últimos meses. Toda la producción y servicios esenciales deben mantenerse con turnos mínimos necesarios y con las máximas medidas de seguridad para sostener la vida de toda la población durante la cuarentena y el estado de emergencia. En cuanto a la economía informal se necesita implementar un plan de acción desde los gobiernos locales para no dejar desamparados a miles de familias que viven de este sustento. El Estado, además, debe garantizar el uso de la totalidad de los recursos y capacidad instalada de la salud, servicios sanitarios, de abastecimiento, transporte y distribución. En ese plan mayor, se deben incluir medidas de urgencia para preservar la vida de miles de mujeres, niños y adolescentes que son víctimas de violencia intrafamiliar.
Que el gobierno declare ya la Emergencia Nacional por violencia de género, para destinar presupuesto a mujeres y disidencias en situación de violencia. Para garantizar asesoría jurídica gratuita, campañas en los medios masivos de comunicación, mayor personal en las líneas de emergencias (como la línea 100) y que de allí mismo envíen personal entrenado para resguardar a la víctima. También la creación de más casas refugio para mujeres y sus hijos, y garantizar un salario medio para las mujeres en esta situación y para hijos de las asesinadas.
Si quedarnos en casa es para cuidarnos, entonces exijamos recursos para combatir la violencia machista. Si de verdad nuestras vidas importan, que el Estado dé respuestas concretas a nuestras urgencias, no basta con gestos y palabras bonitas, lo que necesitamos son políticas concretas y estas deben partir desde el no pago de la deudaexterna.
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Bibliografía
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