Transicion 03

¿Hay una generación de la onda?

www.grupotransicion.com.mx Director: Carlos Ramírez

El Mollete Literario

Por René Avilés Fabila

I-II

contacto@grupotransicion.com.mx Octubre 2012, Número 3

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Transición

Índice

Editorial

01.10.2012

Editorial Lic. Carlos Ramírez Presidente y director general (carlosramirezh@hotmail.com)

Transición sinuosa A pesar de que la reforma laboral era la extraordinaria posibilidad de pactar las reformas que requiere el país para salir de la mediocridad del desarrollo, al final se impuso el faccionalismo y los cambios se darán paso a pasito.

El problema radica en la urgencia de salir del marasmo en que se ha quedado el país luego de la severa crisis de finales del sexenio de Salinas, todo el de Zedillo y los 12 años panistas: más de 20 años de darle vueltas al hecho ineludible de que el modelo de desarrollo del régimen revolucionario-priísta-neoliberal ya no funciona y que se necesita rehacer toda la economía y el sistema político de toma de decisiones.

Pero los políticos le dan vueltas al asunto.

Los resultados de la reforma electoral dejaron indicios de que así serán las reformas fiscal, energética y de Estado, decisiones aisladas, negociadas en lo oscurito, sin un contexto general y tratando de hacer cambios ligeros para irla pasando.

Por la dimensión de los pocos acuerdos, las élites políticas parece que no han comprendido la urgencia de la reconstrucción nacional.

Y cuando se quejen de que las reformas no alcanzan, entonces será demasiado tarde.

Oscar Dávalos Coordinador de Producción (odavalos@grupotransicion.com.mx) Lic. José Luis Rojas Supervisor Editorial Dr. Rafael Abascal y Macías Coordinador de Análisis Político Dr. Samuel Schmidt Coordinador de Investigación Política Violeta Cordero Zozaya Mesa de información (violeta.cordero@grupotransicion.com.mx)

Emiliano López Analista (emiliano_082002@yahoo.com) Eduardo Aguilar Malvaez Diseño Abigail Correa Redacción (acorrea@grupotransicion.com) Raúl Urbina Asistente de la dirección general Transición es una publicación mensual editada por el Grupo de Editores del Estado de México, S. A., el Centro de Estudios Políticos y de Seguridad Nacional, S. C. y el Grupo Editorial Transición. Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández. Todos los artículos son responsabilidad de sus autores. Oficinas: Durango 223, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700, México D.F. Impreso en: Imprenta de Medios, S.A. de C.V., Cuitlahuac No. 3353, Col. Cosmopolita, C.P. 02670, Azcapotzalco, D.F. Reserva 04-2012052910232300-101. Certificado de licitud de título y contenido 15670. Distribución: Grupo de Editores del Estado de México. Fecha de publicación septiembre 1, 2012.

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Dos tiempos Por Luy

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El regreso del PRI: ¿restauración autoritaria, regresión o alternancia de ida y vuelta? * POR CÉSAR CANSINO

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olo desde la ingenuidad más rampante se puede pensar que el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) convalidará el auto de inconformidad interpuesto por el Movimiento Progresista y declarará inválida la elección presidencial de 2012. Sin embargo, conviene tener claro lo que está en juego con el fallo del TEPJF, no solo para el futuro de la vida política en México sino de la propia democracia.

Que las elecciones presidenciales del 2012 presentaron un sinnúmero de irregularidades es evidente para millones de mexicanos. Los ilícitos e inequidades durante la contienda fueron tan burdos y grotescos que constituyen un agravio a todos los que vivimos en este país, incluidos los que votaron por el candidato virtualmente ganador, o sea por el priísta Enrique Peña Nieto, desde la imposición mediática del candidato de la Alianza PRI-PVEM hasta el escabroso caso del Monexgate, pasando por la manipulación de las encuestadoras, la compra indiscriminada de votos a favor de Peña Nieto, el exorbitante uso de recursos para la campaña del priísta y cientos de irregularidades más.

Fueron tantas y tan evidentes las anomalías que por momentos parecía que estábamos instalados todavía en la era de las elecciones simuladas y ficticias que el PRI montó durante décadas. Más aun, las elecciones del 2012 hacen que las inconsistencias de las elecciones precedentes del 2006 parezcan cosa de niños. La pregunta es, ¿por qué entonces las autoridades judiciales encargadas de calificar las elecciones terminarán convalidando un proceso tan enlodado como éste, recurriendo presumiblemente a todo tipo de argucias legales destinadas a minimizar el peso de las denuncias y apostando a la apatía o docilidad social? La respuesta es obvia, lo que menos interesa a los magistrados de lo contencioso electoral, es limpiar una elección llena de irregularidades y mucho menos atender el reclamo de

Enrique Peña Nieto Foto: Germán Canseco/Procesofoto una sociedad agraviada. Al igual que el IFE (Instituto Federal Electoral), cuya actuación en estas elecciones deja mucho que desear en términos de imparcialidad y transparencia, el TEPJF responde a intereses políticos muy concretos, mucho más poderosos que un efímero y poco rentable compromiso moral con la democracia. Y sin embargo, al actuar así, tanto los consejeros electorales como los

magistrados se volverán cómplices del inminente colapso de la transición democrática en México o, para ser más precisos, de la instauración fallida de la democracia.

1. ¿Por qué fracasan las transiciones?

La transición mexicana a la democracia ha sido tan peculiar en su evolución y desenlace que muchos

analistas prefieren desechar las teorías de las transiciones por considerarlas inaplicables al caso mexicano.

Sin embargo, proceder así es solo un artificio para evitarse la tarea de pensar con el rigor que exige el empleo de este corpus teórico, producto de años de investigación y miles de estudios de casos en todos los continentes. Además, desentenderse de esta teoría argumentando la especificidad del caso mexicano es una falacia, por cuanto cada proceso en consideración es único e irrepetible. De lo que se trata más bien es de enriquecer o depurar la teoría a partir de las particularidades de cada caso. Ciertamente, se puede estar de acuerdo o no con esta literatura, pero si se emplean sus categorías para caracterizar un proceso específico, deberían al menos emplearse con rigor y evitarse así especulaciones insustanciales y arbitrarias como las muchas que abundan entre los especialistas en México. En lo personal, he externado en varias ocasiones mis diferencias con la teoría de las transiciones1, pero a la hora de utilizar sus conceptos prefiero ceñirme a sus indicaciones antes que especular y alimentar la confusión.

Dicho de otra manera, estudiar un proceso de transición específico con las categorías de la teoría de las transiciones no es un ejercicio arbitrario de imaginación o interpretación, sino uno riguroso de caracterización a partir de datos duros en el que no hay espacio para ocurrencias ni posicionamientos políticamente interesados. Eso corresponde más bien a los políticos profesionales, no a los académicos.2 Dicho esto, la pregunta inevitable para quienes nos ocupamos de estudiar la política y la democracia en México es: ¿en qué momento de la transición a la democracia nos encontramos hoy, después del inminente regreso del PRI al poder por la vía electoral? Más específicamente: ¿el retorno del PRI al poder significa una restauración autoritaria, una regresión o es simplemente una alternancia de regreso en la que no se ponen en riesgo los avances democráticos alcanzados hasta ahora?; ¿en caso de una regresión autoritaria existen o no suficientes indicios para suponer que se trató de una regresión pactada, o sea que contó con el consentimiento de actores políticos clave?; y, adicionalmente, ¿qué papel desempeñan hoy las autoridades judiciales electorales en el derrotero que puede seguir nuestra democracia en el futuro inmediato?

He estudiado el tema de la transi-

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ción mexicana en innumerables ocasiones y lo menos que quiero aquí es repetirme. Por ello solo resumiré algunas cuestiones clave que me permitan aproximarme con mayores elementos a las interrogantes apuntadas arriba, no sin antes remitir a los interesados en el detalle a dichos textos.3 En estricto sentido es incorrecto seguir describiendo a México con la categoría de transición, pues ésta concluyó en el 2000 con la alternancia. La explicación teórica es muy simple: una transición culmina cuando sucumben los pilares de dominación que caracterizaron a una determinada forma de ordenación política o régimen político. Sin duda éste es el caso de México, pues con la alternancia del 2000 sucumbieron tanto el partido hegemónico encarnado en el PRI (entendido como un partido no competitivo que basaba su dominio en factores extrademocráticos) como el presidencialismo (entendido como un poder ilimitado con enormes facultades constitucionales y metaconstitucionales), las dos estructuras sobre las cuales se sostenía todo el entramado institucional del viejo régimen priísta.4 La alternancia en el poder marca pues, el fin de la transición mexicana, una transición muy larga y atípica que tuvo como eje las reformas electorales, dejando intacto el resto del entramado normativo.

Dicha apertura limitada y controlada de la arena electoral fue más producto de las exigencias de un régimen autoritario por rasguñar legitimidad por la vía democrática en coyunturas de deterioro o abierta crisis política que de una voluntad democratizadora genuina por parte de las elites priistas. Como quiera que sea, la alternancia tiene lugar en una fase terminal del viejo régimen, atravesado por innumerables conflictos internos e incapaz de neutralizar el creciente repudio social en su contra. Con la alternancia y el fin de la transición se inaugura un nuevo proceso en México que la literatura especializada denomina “instauración democrática”.5 Dicho proceso puede durar varios años

La instauración democrática consiste básicamente en la derogación inmediata de las leyes y reglas antidemocráticas generadas durante el viejo régimen autoritario y no hay ninguna seguridad de que culmine con éxito. La instauración democrática consiste básicamente en la derogación inmediata de las leyes y reglas antidemocráticas generadas durante el viejo régimen autoritario6 y el diseño y aprobación de las nuevas reglas y normas acordes con las exigencias de un régimen democrático, o sea la aprobación de una nueva Carta Magna. Cabe señalar que no ha habido hasta ahora ninguna transición democrática exitosa en el mundo que no haya pasado por una reforma integral de su Constitución, expresión normativa de los nuevos impulsos democráticos y renovadores. Como es obvio, en México no se ha podido materializar este requisito para instaurar la democracia y hacer tabla rasa del pasado autoritario. Lejos de ello, los impulsos democráticos surgidos con la alternancia han quedado atrapados en una normatividad obsoleta y predemocrática, alimentando todo tipo de perversiones y contradicciones, como parálisis decisionales, impunidad, abusos de autoridad, discrecionalidad y elecciones poco confiables. Huelga decir que sin una instauración democrática exitosa no se puede aspirar a consolidar la democracia. De hecho, solo se puede consolidar lo que se instaura, y en México no ha prosperado hasta ahora la reforma del Estado o reforma constitucional que tanto se pregonó en su momento.

Con todo, hasta las elecciones de 2012 no había razones suficientes para decretar el fin de esta etapa o

El magistrado Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TRIFE), y los magistrados integrantes, ofrecieron una conferencia.

Foto: Eduardo Miranda/Procesofoto/DF

para hablar de una “instauración fallida”, si es que vamos a utilizar correctamente las categorías de la teoría de las transiciones. Ciertamente, en ausencia de un rediseño normativo del entramado político-institucional, México se había encaminado durante los años de la alternancia hacia un híbrido entre el autoritarismo y la democracia, un régimen con una democracia electoral visiblemente defectuosa aunque funcional, pero con grandes resabios autoritarios en el ejercicio del poder, cobijados y alentados por la pervivencia de las reglas del juego predemocráticas del viejo régimen.

Además, dada la ausencia de referentes alternativos que anteponer a lo que los ciudadanos estábamos atestiguando, muchos comenzaron a dar por normal para una democracia lo que en realidad era un perversión o desviación de la misma. Pero no todo estaba perdido, existía en el país una nueva y vigorosa pluralidad política, elecciones medianamente confiables y en algún lugar dormitaba aún la idea de que para avanzar en la democracia tarde o temprano tendría que reformarse la Constitución. Después de las elecciones del 2012 todo eso quedó en el pasado y no tenemos más remedio que caracterizar el momento político actual como una “instauración fallida de la democracia”, con tres posibles consecuencias: a) un impase en la democracia de larga duración; b) un colapso de la democratización en curso; y/o c) una regresión o restauración autoritaria disfrazada.

Para fines de análisis, por instauración fallida se entiende el fracaso del proceso de rediseño institucional y normativo que sentaría las bases del nuevo régimen democrático, ya sea por la imposibilidad y/o el desinterés de los actores políticos de llegar a acuerdos sustantivos en las arenas institucionales de negociación. En estos casos, es frecuente que los actores políticos, en especial los partidos, atribuyan la falta de consensos entre ellos a la pluralidad de posiciones a veces irreconciliables en el Congreso. Pero esto no deja de ser un ardid,

pues la pluralidad constituye más bien un terreno idóneo para que los acuerdos que se tomen, si realmente hubiera voluntad de pactar, contemplen todos los intereses y posiciones presentes en la arena política. En virtud de ello, me inclino a pensar que la falta de acuerdos se debe más bien a cálculos políticos interesados, pues siempre será más rentable para los partidos políticos y los gobernantes moverse en la ambigüedad, la discrecionalidad y la impunidad que consienten las viejas reglas predemocráticas que hacerlo con nuevas más estrictas que inhiban o castiguen severamente ese tipo de conductas.

La tesis de la instauración fallida para caracterizar al México actual se sustenta en los siguientes hechos: 1. Si en tiempos de alternancia, con una nueva pluralidad en el Congreso, con el entusiasmo renovador surgido de la destitución en las urnas de un régimen autoritario de más de 70 años, no pudo concretarse la instauración democrática, o sea el rediseño institucional y normativo del nuevo régimen, esto menos ocurrirá si el PRI regresa a Los Pinos en diciembre de 2012. No ocurrirá por varias razones, pero la principal es

Si hay un partido que se siente cómodo con las reglas del viejo régimen es precisamente el PRI que no le interesa. Si hay un partido que se siente cómodo con las reglas del viejo régimen es precisamente el PRI, pues esas reglas no solo fueron edificadas por este partido para preservarse en el poder, sino que nadie sabe aprovecharlas mejor que él para sus propios intereses. El PRI se siente como pez en el agua con esas reglas y solo es cuestión de tiempo para que regresen las viejas prácticas clientelistas, corporativas y verticales que tantos beneficios le reportaron en el pasado a las cúpulas del partido.

2. La transición en México ha tenido como eje, antes y después de la alternancia, las reformas electorales, bajo la premisa a todos luces errónea de que bastaba perfeccionar las reglas de la competencia y la participación electoral para edificar una democracia. Es errónea porque un régimen político democrático es un todo integrado donde el sistema electoral es solo uno de sus componentes. A la larga, de poco sirve pretender apuntalar una democracia con reformas electorales si junto con estas no se modifican cuestiones tan básicas para una democracia como el equilibrio entre los poderes, la forma de gobierno, el federalismo, la procuración de justicia, los medios de comunicación, la rendición de cuentas, entre miles de aspectos más.7 De hecho, no se puede aspirar a consolidar la democracia electoral en ausencia de reformas al resto del edificio normativo e institucional. Huelga decir que si algo evi-

Artículo denció la elección presidenciales del 2012 fue precisamente el desgaste de la democracia electoral. Si las elecciones permitieron la alternancia en el 2000 con un buen margen de aceptación, hoy solo producen desconfianza e incredulidad. Tal parece que con la normativa electoral vigente no gana el partido o candidato más votado sino el que sabe aprovecharse mejor de las ambigüedades y vericuetos legales para comprar votos descaradamente, excederse ostensiblemente en los gastos de campaña, comprar encuestadoras para que funcionen como propaganda, comprar medios de comunicación para proyectarse y un sinnúmero de irregularidades más que enlodan y vuelven inequitativa de origen cualquier contienda electoral.

A eso hay que sumar la sospechosa actuación del IFE a todas luces parcial y discrecional a la hora de sancionar o no las querellas interpuestas por presuntos delitos electorales. Lo mismo puede decirse del TEPJF que seguramente terminará convalidando el cochinero que fueron estas elecciones. Es obvio entonces que si el PRI supo aprovechar esas reglas electorales maltrechas para regresar al poder lo menos que le interesa ahora es modificarlas para futuras contiendas, amén de que este partido contará a su favor con toda la maquinaria del poder, con recursos ilimitados y gran capacidad de movilización, tal y como ocurría en su época más gloriosa. Una razón más que evidente para decretar desde ahora el fin de la instauración democrática.

3. Todo gobierno requiere un umbral de legitimidad para mantenerse sin mayores sobresaltos. Dicha legitimidad puede ser de origen, la que proveen las urnas, o por gestión, la que se alcanza por un desempeño percibido como aceptable por parte de la sociedad. En el caso del próximo gobierno de Peña Nieto, en caso de que el TEPJF convalide su triunfo, es evidente que los cinco puntos de diferencia obtenidos por él en las urnas respecto de su más cercano adversario no son suficientes para legitimarlo, considerando las grandes desconfianzas que suscitó su triun-

De ahí que el nuevo presidente buscará invariablemente legitimarse por sus acciones. fo entre millones de mexicanos. De ahí que el nuevo presidente buscará invariablemente legitimarse por sus acciones. Ahora bien, si el PRI en el poder actúa como sabe hacerlo para neutralizar los efectos permisivos que heredará de los terroríficos gobiernos panistas8, lo más seguro es que obtenga buenos resultados para legitimarse. Pongo un ejemplo que por lo demás ya fue ensayado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que como se sabe es el principal maestro y mentor de Peña Nieto: si el

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la regresión autoritaria supone un proceso de involución en los avances democráticos alcanzados en la era postautoritaria, lo que puede conducir al colapso definitivo del régimen democrático que apenas comenzaba a asentarse. Finalmente, la alternancia simple o de regreso significa básicamente que un partido que había sido destituido del poder central por la vía electoral regresa en una elección posterior, en el marco legal establecido y sin que ello represente per se un cambio en el ordenamiento políticoinstitucional. Para variar, considerando estas categorías, el caso mexicano después de las elecciones del 2012 no entra plenamente en ninguna de ellas, sino que tiene un poco de cada una, aunque el desenlace final nos aproxima más a un autoritarismo de nuevo cuño que a una democracia incipiente. Veamos.

Con el regreso del PRI al poder es inevitable que se restituyan muchas de las prácticas autoritarias del pasado

Andrés Manuel López Obrador Foto: Germán Canseco/ Procesofoto gobierno pacta con alguno o algunos de los cárteles del narco (hoy es vox populi que el principal beneficiario de ese pacto serían “Los Zetas”), se podría “pacificar” el país, disminuir la violencia y el gobierno obtendría cuantiosos recursos provenientes del narco para impulsar políticas sociales y económicas de relumbrón.9 Por esta vía Peña Nieto obtendría la legitimidad necesaria no solo para neutralizar parte del descontento que hoy concita sino para desentenderse por completo de la exigencia de legitimarse mediante reformas electorales o reformas al régimen político, tal y como ocurrió con el gobierno de Salinas de Gortari, o sea que contará con un umbral suficiente de legitimidad como para posponer indefinidamente cualquier tipo de reformas democráticas. Es evidente que ese escenario más que factible abona igual que en los puntos anteriores a la tesis de la instauración fallida.

En una perspectiva comparada existen pocos referentes para contrastar el caso mexicano y entender mejor su especificidad. Por lo general las instauraciones democráticas en otras transiciones en el mundo pueden ser incompletas, deficientes, limitadas, parciales, pero rara vez fallidas, pues esto representaría el colapso inminente de las democracia en construcción. El carácter incompleto o limitado de una instauración puede ejemplificarse con algunos casos donde sus reformas a la Carta Magna después de la transición no ocu-

rrieron de golpe sino que tuvieron que someterse a continuos ajustes y revisiones antes de poder aspirar a consolidar la democracia. En América Latina así ocurrió, por ejemplo, en países como Perú, Bolivia y El Salvador, que experimentaron tortuosos y extenuantes procesos de reforma constitucional. Ciertamente, en ninguno de estos casos se puede afirmar que su democracia se haya consolidado, pero sí que ensayaron sendos procesos de reforma integral a sus Constituciones, o sea que sí culminaron con mayor o menor éxito sus respectivos procesos de instauración democrática. En México, por el contrario, la instauración democrática fracasó sin siquiera haberse intentado seriamente, con la consecuencia inédita de instalar al país en una suerte de limbo entre el autoritarismo y la democracia, pero donde las tentaciones restauradoras y regresivas están más vivas que nunca.

Hasta ahora hemos visto que con el retorno del PRI al poder la instauración democrática quedaría trunca por no decir abortada. Pero falta discutir si esto representa o no una restauración o regresión autoritaria.

2. ¿Restauración autoritaria, regresión o alternancia de regreso?

Teóricamente, la idea de restauración autoritaria alude a un proceso donde se restituyen los componentes fundamentales del antiguo régimen después de un intervalo en el que dejaron de ser operantes. Por su parte,

Con el regreso del PRI al poder es inevitable que se restituyan muchas de las prácticas autoritarias del pasado, por la sencilla razón de que durante la alternancia no se reformaron las leyes que las posibilitaban y estimulaban en la era autoritaria. Regresarán, por ejemplo, el corporativismo estatal tutelado por el Estado a través del PRI, el clientelismo como un instrumento para obtener apoyos y lealtades a cambio de dádivas, las imposiciones jerárquicas desde el vértice del poder presidencial, el ejercicio discrecional del poder central, entre otras muchas prácticas. Sin embargo, ahora existen ciertos condicionantes para el ejercicio del poder que no había en la era autoritaria y que difícilmente podrían ignorarse sin un alto costo para la legitimidad y la persistencia estable del nuevo gobierno. Se trata de límites específicos que al menos teóricamente nos impiden hablar inequívocamente de una restauración autoritaria, si acaso de una restauración parcial, tales como la existencia de un pluralismo lo suficientemente consolidado en todo el país como para dejarse doblegar por los embates restauradores; una ciudadanía más crítica y participativa que ya no se traga todo lo que le venden sus gobernantes y representantes políticos; una aceptación mayoritaria de la democracia como la vía más pertinente para dirimir los conflictos y elegir a los gobernantes, entre otros aspectos. Quizá todo ello funcione en el corto plazo como un baluarte contra una restauración autoritaria, aunque nada garantiza que así sea, pues el PRI en el poder podría reeditar a su conveniencia elecciones fraudulentas y simuladas semejantes a las que celebraba durante el viejo régimen con tal de mantener sus posiciones de poder. Lo peor del caso

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es que el PRI ni siquiera tendría que reformar o “ajustar” las leyes electorales vigentes para lograrlo, pues con las que hay es posible cometer impunemente todo tipo de irregularidades e ilícitos, tal y como quedó de manifiesto con las elecciones federales del 2012. Como quiera que sea, mientras ello no ocurra y por más que se reediten muchas de las prácticas autoritarias del pasado, sería impreciso caracterizar el retorno del PRI como una restauración autoritaria.

Dicho en otras palabras, solo si el PRI optara por reproducirse en el poder mediante elecciones simuladas, inequitativas e impositivas similares a las que existían en la era autoritaria, sometiendo el pluralismo político y manipulando la voluntad popular, este partido recuperaría para sí su condición de partido hegemónico no competitivo que lo caracterizó durante décadas, o sea un partido que basa su hegemonía en factores extrademocráticos. Solo entonces podríamos hablar propiamente de restauración autoritaria. Lo mismo puede decirse del presidencialismo, el otro pilar sobre el que se sostenía el viejo régimen. Solo en un escenario en que el titular del Ejecutivo recobrara la centralidad incuestionada y todopoderosa de la era del presidencialismo imperial, ya sea imponiendo arbitrariamente su voluntad sobre los poderes Legislativo y Judicial, valiéndose para ello de todo tipo de argucias, chantajes y sobornos (situación por lo demás muy común en los gobiernos estatales donde gobierna el PRI), o actuando arbitraria y discrecionalmente a espaldas de los legisladores y ministros, sin apego a la legalidad y sin ninguna responsabilidad frente a los gobernados, podríamos hablar propiamente de restauración autoritaria. Empero, nadie podría asegurar a estas alturas que este escenario no ocurra ahora que el PRI ha recuperado el poder central.

En virtud de las consideraciones anteriores, la categoría “regresión autoritaria” aplica mejor que la de “restauración autoritaria” para caracterizar el momento que estamos viviendo en México después de las elecciones federales de 2012, al menos por ahora. La razón es simple, mientras la restauración supone el restablecimiento fiel del viejo régimen después de un intervalo postautoritario, o sea la reposición para el caso mexicano de la condición hegemónica del PRI y del presidencialismo sin pesos ni contrapesos reales, la regresión alude simplemente a una involución respecto de los avances democráticos que se habían conquistado, colocando al país en una zona más próxima al autoritarismo que a la democracia. Dicha involución no supone, a diferencia de la restauración, regresar a un autoritarismo idéntico al que existía antes del intervalo postautoritario, sino simplemente colocar al país en una dirección cada vez más distante de la democracia.

Sin embargo, mientras se mantenga la remota posibilidad de que el PRI pierda el poder mediante elecciones

Ex Presidente de México, Vicente Fox. Procesofoto: Germán Canseco

mínimamente correctas (pedir más a estas alturas, como transparencia, equidad o legalidad, es un eufemismo), la regresión autoritaria que hoy atestiguamos no dejaría de ser una muy sui generis si se consideran adecuadamente las indicaciones que la teoría establece. Me explico, que existen suficientes elementos para hablar hoy, con el regreso del PRI al poder, de una regresión autoritaria,

Pero también podemos estar atestiguando la instauración incipiente de un híbrido institucional muy peculiar entre el autoritarismo y la democracia es indudable, pero también podemos estar atestiguando la instauración incipiente de un híbrido institucional muy peculiar entre el autoritarismo y la democracia, igual que el viejo régimen priísta, que para entendernos era un régimen formalmente democrático pero autoritario en la práctica. ¿Qué cambia entonces? Si durante los últimos años del viejo régimen lo que teníamos era un autoritarismo en transición a la democracia, ahora tenemos una democracia inconclusa en transición al autoritarismo (debido a la instauración fallida). Y respecto a la era de la alternancia postautoritaria, si antes del regreso del PRI al poder el país vivía un proceso de instauración democrática lento y débil, ahora experimenta una regresión autoritaria disfrazada, considerando que la instauración democrática quedará prácticamente confinada por no convenir a los intereses de los nuevos inquilinos en el poder.

Con respecto a la última categoría indicada al inicio, la de alternancia simple o de regreso, es indu-

dable que aplica perfectamente para el caso del retorno del PRI, pues éste ocurrió por la vía de las urnas y en el marco legal establecido para el efecto. Sin embargo, el regreso del PRI al poder no constituye una alternancia más, como cualquier otra, pues lo que regresa es ni más ni menos que el partido que encarna el eslabón con el pasado autoritario. Ni al caso discutir si hay una ruptura entre el viejo PRI y un supuesto nuevo PRI, pues es evidente que este partido ha sido incapaz de democratizarse y de adecuarse a las nuevas reglas democráticas.

Sus dirigentes siguen funcionando con los mismos patrones y esquemas del pasado, pues son exactamente los mismos. En todo caso, la novedad de esta alternancia simple o de regreso radica en el hecho de que restituye en el poder al mismo partido que sometió al país al autoritarismo durante siete largas décadas, cuestión que posee una carga simbólica desconcertante y desmoralizante. De hecho, no existe en el mundo ningún caso semejante en que un mismo partido autoritario regrese al poder por la vía electoral. Nuevamente, México da la nota mundial y demuestra que hay pueblos sin memoria o incapaces de dejar en el pasado sus peores fantasmas y pesadillas, pueblos que entre la servidumbre voluntaria y la libertad eligen penosamente la primera.10 3. ¿Regresión pactada o el mundo al revés?

Hasta aquí hemos argumentado que con el retorno del PRI al poder no solo colapsa inequívocamente la instauración democrática sino que nos encaminamos a una regresión autoritaria. Toca dilucidar ahora si existen o no evidencias para sospechar que se trató de una regresión pactada, o sea si el retorno del PRI por la vía electoral contó o no con la complicidad de actores políticos clave de acuerdo a un plan preestablecido. La duda es legítima por cuanto las elecciones del 2012 generan todo tipo de suspicacias dado lo desaseado del proceso,

la tibieza y parcialidad del árbitro electoral, el comportamiento insólito de ciertos personajes, la manipulación indiscriminada de las encuestas, entre muchas otras circunstancias irregulares. Aquí sostendré una tesis al respecto, aunque debo admitir que posee un carácter altamente especulativo, en espera de mayores datos y pruebas que las disponibles ahora.

Propongo pues en lo que sigue un modelo para armar…

Instrucciones de uso Muchos creen que la política profesional es una actividad para iniciados, por cuanto la mayoría de lo que acontece en sus entrañas, como negociaciones, pactos, intrigas, rupturas, etcétera, es inaccesible o invisible para los ciudadanos. Digamos que el gran teatro político esconde para los espectadores muchos secretos, y solo alcanzamos a ver lo que los propios actores políticos quieren que veamos de ellos. Sin embargo, en algunas ocasiones, entre acto y acto, se asoman casualmente algunas imágenes o detalles que modifican de golpe nuestra perspectiva inicial. Se trata de situaciones inesperadas que bien miradas e interpretadas pueden esclarecer lo que antes parecía confuso o fragmentario, son como las piezas faltantes de un rompecabezas que solo al colocarlas en su lugar le dan sentido a la figura hasta entonces incomprensible y confusa.

Sirva esta imagen para ilustrar lo que aquí sostendré sobre la contienda electoral del 2012 en México. A los ojos de muchos, lo que tuvimos fue una contienda normal y sin grandes sobresaltos en la que, a juzgar por las encuestas, uno de los candidatos presidenciales había logrado colocarse muy por encima de sus adversarios en las preferencias electorales, y donde estos últimos hacían esfuerzos denodados por remontar sus posiciones de arranque. Sin embargo, había algunos hechos aislados que parecían no tener mucho sentido y que por lo mismo se perdían en la vorágine de

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noticias y declaraciones. Así, por ejemplo, puestos como interrogantes, ¿quién filtró a los medios una conversación telefónica privada de la candidata de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, con la que claramente se dañaría su imagen?; ¿por qué Vázquez Mota parecía desprotegida por sus propios correligionarios, con un equipo de campaña ineficaz y poco profesional?; ¿por qué Vázquez Mota aparecía visiblemente deteriorada en su salud? Y en el caso del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué se mostró tan relajado en su campaña, pese a estar tan abajo en las encuestas?, ¿por qué mantuvo tanto tiempo su infecundo e intrascendente discurso de la “reconciliación amorosa”, cuando la lógica sugería que debería retomar cuanto antes los contenidos contestatarios y radicales que lo catapultaron hace seis años?, ¿por qué no utilizó a su favor en el segundo Debate Presidencial las evidencias de compra de votos a favor de Peña Nieto ventiladas por el prestigiado periódico británico The Guardian?

La pieza que faltaba A primera vista, estas interrogantes pueden parecer irrelevantes y no tener conexión entre sí. Pero un hecho circunstancial nos obliga a reconsiderarlas y redimensionarlas en una perspectiva distinta. Me refiero al fallecimiento durante la campaña electoral del expresidente Miguel de la Madrid, y todo lo que este acontecimiento movió entre la clase política.

En primer lugar, llama la atención que los medios de comunicación más importantes e influyentes del país, ya sean electrónicos como escritos, se hayan sumado unánimemente a los reconocimientos públicos que ensalzaban la trayectoria y el legado del personaje. Así, por ejemplo, la idea que deslizaron, apostando a la desmemoria nacional, es que a De la Madrid le tocó gobernar en un tiempo lleno de complicaciones y adversidades, y que pese a ello lo hizo de manera ejemplar, con valentía y patriotismo. Obviamente, eso es insostenible a menos que se violente a conveniencia la historia. Más aun, no hubo un solo artículo editorial en la prensa nacional lo suficientemente crítico que retratara verazmente la triste realidad de aquel sexenio tan deplorable y nefasto para los mexicanos. Lejos de ello, los articulistas más dóciles a la línea de sus respectivos diarios optaron por eximir al personaje de sus desatinos con argumentos tendenciosos y baladíes. Este es el caso de Ricardo Alemán quien escribió en Excélsior que “El PRI tiene en De la Madrid un símbolo poderoso para apuntalar su victoria”; o de la sentida despedida, en El Universal, de Ricardo Raphael De la Madrid a su tío, “Un hombre limpio y honesto que sirvió con coraje a la patria”; o de Sergio Sarmiento en Reforma, para quien “De la Madrid solo heredó la irresponsabilidad de sus antecesor en el cargo”; o López Dóriga en Milenio, quien consideró injustas muchas

Sra. Josefina Vázquez Mota.

Foto: Germán Canseco/Procesofoto de las acusaciones que se prodigan a De la Madrid; o Mauricio Merino, quien en el colmo del paroxismo afirmó en El Universal que “De la Madrid ha sido el mejor presidente de México”; o el propio Carlos Marín, Director de Milenio, quien para quedar bien con toda la “familia revolucionaria”, no solo justificó por razones de salud las acusaciones infundadas de De la Madrid hacia Carlos Salinas de Gortari en recordada entrevista concedida a Carmen Aristegui, sino que reivindicó el legado del propio Salinas de Gortari.

Y aun así, es fácil comprender que los medios de comunicación, en función de sus propias apuestas para el futuro, prefieran quedar bien con el o los candidatos que consideran más seguros con tal de no comprometer los financiamientos y subsidios oficiales. Más específicamente, en plena campaña electoral, criticar a De la Madrid implicaba criticar a Peña Nieto, por sus filiaciones priístas, y de paso ganarse innecesariamente el

desaire de éste. Bien explotado por sus adversarios, De la Madrid representaría precisamente, todo lo nefasto que Peña Nieto encarnaba.

Rompecabezas resuelto Pero si el comportamiento de los medios frente a este acontecimiento tiene sentido por los muchos intereses en juego, que llevan a la sumisión o la lambisconería de los mismos hacia el entonces probable próximo inquilino de Los Pinos, alimentando un juego de simulaciones y engaños lo suficientemente sutil como para no evidenciar sus preferencias y perder credibilidad por ello, el comportamiento de actores políticos clave frente al mismo acontecimiento resulta mucho más difícil de desentrañar, como el hecho de que el presidente de la República, Felipe Calderón, se sumara inexplicablemente al cortejo de elogios hacia De la Madrid, al grado de interrumpir una reunión en el extranjero con mandatarios de Norteamérica, y precipitar su viaje de

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regreso para estar presente en los funerales. Es inexplicable, porque De la Madrid representa todo lo que el panista Calderón combatió en su juventud como opositor al viejo régimen priista: el autoritarismo, la corrupción, la simulación, la demagogia, el encubrimiento… La pregunta clave aquí es: ¿por qué Calderón se sumó a los elogios a De la Madrid, traicionando sus propias convicciones y biografía, aún a sabiendas de que criticar al expresidente y asociarlo con Peña Nieto podía ser capitalizado por la candidata de su partido, desesperada entonces por remontar su desventaja? Obviamente, esta interrogante está conectada con las otras apuntadas arriba, y su adecuada respuesta nos permitirá completar el rompecabezas del proceso electoral.

Sostener que Calderón actuó como lo hizo en razón de su investidura de Jefe de Estado es francamente ridículo, sobre todo porque el presidente no se limitó a hacer una guardia de honor y expresar sus condolencias por el deceso, sino que optó por elogiar públicamente la trayectoria de De la Madrid, aún en contra de sus convicciones de otro tiempo: “Un mexicano ejemplar, creador de instituciones e incansable luchador contra la corrupción”. Tampoco resulta convincente el análisis de quienes sostienen, como Ciro Gómez Leyva en Milenio, que “Calderón prefirió la reconciliación sobre el rencor en un acto de gran calado republicano y democrático”. No convence porque “reconciliar” solo puede significar en este contexto redimir al autoritarismo de antaño y mancillar la memoria de varias generaciones de panistas que lucharon contra el viejo régimen.

De hecho, ningún panista de cepa le siguió el juego a Calderón. Y mucho menos creíble resulta la versión de José Carreño Carlón en El Universal según la cual el presidente quiso simplemente “mandar un mensaje de civilidad para sentar las bases de un armisticio que tanta falta hará después de la elección”. No es creíble porque la reconciliación no ha sido precisamente una prioridad de Calderón en todo su sexenio. La explicación hay que buscarla pues, en otra parte.

No hace mucho, 22 mil mexicanos interpusieron una demanda ante la Corte Penal Internacional de la Haya contra el presidente Calderón por crímenes de lesa humanidad. Como era de esperarse, la prensa y los medios cerraron filas entonces con Calderón y criticaron acremente esta iniciativa por “insustancial”, “ridícula” e “infundada”. Hasta el momento, la demanda no ha prosperado y la Corte no se ha pronunciado, pero el hecho reveló intempestivamente a Calderón un escenario trágico más que factible de su propio futuro una vez que abandone Los Pinos. No viene al caso discutir aquí la mayor o menor consistencia o pertinencia de la demanda contra Calderón, pero es un hecho que millones de mexicanos se sienten agraviados por la guerra al narcotráfico emprendida por el presidente, que solo ha dejado a su paso

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muerte, violencia y luto; una guerra fallida llena de mentiras y engaños, como el número de muertos reportados oficialmente (40 mil) que contrasta visiblemente con la cifra aportada hace poco por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos (150 mil), y que para muchos ha sido más un exterminio indiscriminado que un combate entre el Estado y el crimen organizado. Pero es indudable que Calderón no puede tomar a la ligera las muchas señales de malestar que sus malas decisiones han generado y que hacen que su sexenio sea percibido por millones como funesto y criminal.

En esa perspectiva poco halagüeña, a Calderón no le quedaban muchas opciones a no ser que pactara con su sucesor en el cargo inmunidad y protección a cambio de respaldo electoral. Es muy probable que ese pacto se haya sellado durante la contienda, y que el affaire De la Madrid haya sido una muestra clara de la voluntad y el compromiso asumido por Calderón. Obviamente, me refiero a un pacto secreto entre Calderón y Peña Nieto, a quien seguramente Calderón, a partir de sus propias encuestas, ya consideraba su sucesor en el cargo. Hay momentos en la biografía de los líderes en que las convicciones pasan a segundo término para privilegiar pragmáticamente los intereses personales. Calderón terminará su sexenio desacreditado y muy cuestionado, pero por la vía de un pacto con el PRI y Peña Nieto habría logrado, cuando menos, la inmunidad necesaria para su retiro. ¿Descabellado?

Para nada. Si alguien ha mostrado ser pragmático y astuto es precisamente Calderón, un político lo suficientemente hábil y perverso para torcer las cosas a su conveniencia.

Con esta pieza se completa el rompecabezas, y lo que antes aparecía caótico se aclara. Es evidente que Vázquez Mota padeció en carne propia la traición de Calderón y con ella la de muchos panistas en los que antes confiaba. El abierto apoyo del expresidente Vicente Fox a Peña Nieto es en ese sentido paradigmático. Más aun, Vázquez Mota fue investigada, espiada y ventaneada por el propio gobierno que decía respaldarla, y se quedó muy pronto sin apoyo suficiente del PAN para armar un equipo mínimamente competitivo para la contienda. No es casual que Vázquez Mota decayera visiblemente en su estado de salud, por más que ella lo disimulara con valentía y coraje. No es casual tampoco que todos los medios de comunicación hayan cerrado filas con el PRI y su candidato. Si alguien tiene clara la película son precisamente los dueños de los medios.

De ahí que solo hay que dejarse llevar tranquilamente por la corriente para llegar a feliz puerto sin sacrificar credibilidad o imagen. Para ello están sus pseudoperiodistas con complejo de estrellas, auténticas comparsas del poder y la mezquindad, y las encuestadoras, auténticas prostitutas que se venden sin reparo al mejor postor.

nuevos gobernantes que gobernarán en el vacío, para una minoría crédula, porque cada vez somos más quienes los despreciamos.

4. El peso de las decisiones

Ex presidente Carlos Salinas de Gortari en las votaciones de 2006 Procesofoto: Etzel Espinoza

En el caso de López Obrador es difícil creer que su inexplicable tibieza durante la campaña también estuviera pactada. Me inclino a creer que fueron más bien los errores pueriles en su estrategia las que terminaron con sus aspiraciones, igual que en la campaña del 2006. En todo caso, me queda claro que tanto en esas elecciones como en las más recientes, López Obrador fue el enemigo a vencer, primero por el PAN y luego por el PRI, lo que refuerza la tesis en la que creen muchos mexicanos: así como el PRI y el PAN pactaron en lo oscurito la alternancia en el 2000, ahora pactaron el retorno del PRI, y en ambos casos la izquierda y López Obrador no estaban convidados.

Atando cabos De ser correcto el razonamiento anterior, estaríamos atestiguando un hecho insólito en la historia de las transiciones en todo el mundo: una “regresión pactada”, o sea un acuerdo cupular que posibilita el regreso pacífico y ordenado del PRI al poder (mediante la fórmula de una “alternancia de regreso”) por convenir así al presidente en funciones (adquirir de su sucesor el respaldo suficiente para blindarse ante eventuales demandas en su contra). Obviamente, el pacto estaría legitimado por un proceso electoral democrático que definirá a los ganadores y a los perdedores, pero sesgado de origen, y en esa medida impositivo y manipulado, por acuerdos entre las elites políticas. En

estricto sentido, como ya vimos, no se trata de una restauración autoritaria, pues restituir el autoritarismo de antaño sería a estas alturas poco rentable en términos de legitimidad para la clase política en su conjunto, pero sí se estaría volviendo a una situación claramente regresiva en que las elecciones no se resuelven exclusivamente en las urnas sino discrecionalmente en los corrillos del poder. Huelga decir que este desenlace es insólito para cualquier transición, pues las involuciones de la democracia al autoritarismo suelen tener como detonante rupturas y crisis, no ocurren de manera pacífica y mucho menos pactada. Pero si nuestra transición ha sido sui generis para todos los efectos por qué no habría de serlo nuestra inminente regresión al priismo, disfrazada de democracia.

Ojalá se tratara simplemente de una especulación descabellada, pues aceptarla sería tanto como reconocer una vez más que los ciudadanos solo somos testigos pasivos de intrigas palaciegas, que la democracia electoral solo existe para legitimar los juegos de poder más allá del poder, que al menos en estas elecciones todo estuvo cocinado a espaldas de los ciudadanos y que independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer, son los grupos de poder los que terminan imponiéndose de acuerdo a sus intereses. Y sin embargo, cada vez somos más los ciudadanos inconformes con las componendas de los poderosos. Que sepan de una vez los

Y así llegamos al momento culminante del proceso electoral del 2012, el momento en que el Tribunal de lo contencioso electoral, el TEPJF, deberá calificar los comicios presidenciales, impugnados por el Movimiento Progresista en vista de las muchas irregularidades que se presentaron.

Como decíamos al inicio solo desde la ingenuidad más rampante se puede pensar que el TEPJF aceptará la querella interpuesta y fallará la invalidación de la elección por anticonstitucional. Este escenario es sumamente improbable porque los órganos electorales actúan movidos por los intereses a los que sirven, o sea los intereses de los poderosos.

Una cosa es cierta, de la decisión del TEPJF depende la suerte no solo del recambio en el poder sino de la propia transición democrática del país. Calificar la elección minimizando las irregularidades y delitos que se presentaron y que tanto lastiman a la sociedad significaría tanto como decretar la muerte de la instauración democrática, en los términos expuestos arriba. La señal que enviaría el TEPJF es que las elecciones las puede ganar quien aproveche mejor para su causa las ambigüedades normativas e incurra en todo tipo de artimañas para comprar y movilizar votos, a sabiendas de que no serán sancionados, tales como imponer mediáticamente a candidatos, manipular a la población con propaganda encubierta, excederse impunemente en los topes de campaña, triangular recursos con empresas fantasma, etcétera. En ese caso, las elecciones habrán perdido para siempre cualquier rémora de credibilidad como instrumento confiable para elegir a los representantes políticos. Por el contrario, en el remoto caso de que el TEPJF decidiera invalidar la elección y solicitara al Congreso su reposición inmediata, la transición habría alcanzado la madurez necesaria para enfrentar los embates autoritarios y caminar a estadios superiores de legalidad, equidad, civilidad y transparencia.

La señal que en ese caso enviaría el TEPJF a la sociedad y a los actores políticos es que ya no se puede aspirar a ganar elecciones al margen de la ley y violentando la voluntad popular, que la ley puede ser ambigua y contradictoria, pero en su seno existen los instrumentos suficientes para impedir excesos y arbitrariedades. En síntesis, si el TEPJF convalida el cochinero electoral con justificaciones legaloides insustanciales tendremos que despedirnos como nación de la democracia y darle la bienvenida a una nueva era de regresión autoritaria con elecciones simuladas e impositivas. Por el contrario, si el TEPJF decide limpiar la elección declarándola inválida se habrá dado un paso histórico que nos aproximaría finalmente al camino mucho más promi-

Artículo sorio de la instauración y la consolidación democrática.

Desde una perspectiva comparada, muchas transiciones a la democracia han debido afrontar un momento crucial del cual dependía condenar al país al estancamiento y la regresión autoritaria o conjurar para siempre los embates autoritarios para finalmente consolidar la democracia. México ha llegado también a ese momento crucial en este 2012 y toca al TEPJF decidir la suerte del país. La decisión en manos del TEPJF es tan importante como la que tomaron en su momento otros países en transición que tuvieron que afrontar con valentía y patriotismo las amenazas autoritarias que se cernían sobre sus jóvenes democracias. Me permito citar tres ejemplos para entender mejor el tamaño del desafío y lo que está en juego en este momento decisivo para la historia de México: las transiciones española, argentina y brasileña.

El 23 de febrero de 1981 tuvo lugar un intento fallido de golpe de Estado en España perpetrado fundamentalmente por algunos mandos militares, cuyo episodio más conocido fue el asalto al Congreso de los Diputados por un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el Teniente Coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, durante la sesión de votación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo.

Dicha intentona de golpe de Estado se encuentra estrechamente relacionada con los acontecimientos vividos durante la transición española. Cuatro elementos generaron una tensión permanente, que el gobierno de la Unión de Centro Democrática (UCD) no logró contener: los problemas derivados de la crisis económica, las dificultades para articular una nueva organización territorial del Estado, las acciones terroristas protagonizadas por ETA y la resistencia de ciertos sectores del ejército a aceptar un sistema democrático. Según el plan trazado por los golpistas, un grupo de guardias civiles armados irrumpió en el Congreso de los Diputados encabezados por Tejero. Éste, desde la tribuna, gritó “¡Quieto todo el mundo!” y dio orden de que todos se tirasen al suelo. Como militar de más alta graduación allí presente y como vicepresidente del gobierno, el Teniente General Gutiérrez Mellado se levantó, se dirigió al teniente coronel Tejero y le ordenó que se pusiera firme y le entregase el arma. Tras un brevísimo forcejeo y para reafirmar su orden, Tejero efectuó un disparo que fue seguido por unas ráfagas de los asaltantes. Sin inmutarse, el anciano general permaneció indiferente al sonido de las armas. Mientras la mayor parte de los diputados obedeció las órdenes de Tejero, el diputado Santiago Carrillo y el presidente Adolfo Suárez se mantuvieron sentados en sus escaños. Suárez incluso hizo ademán de ayudar a Gutiérrez Mellado.

Durante el asalto, un ayudante de uno de los diputados sufrió un ata-

01.10.2012 que de ansiedad y golpeó a un presente en la nariz. Fueron minutos de gran tensión. Hoy se sabe que con la toma del Congreso y el secuestro de los poderes Ejecutivo y Legislativo, se intentaba conseguir el llamado “vacío de poder”, sobre el cual se pretendía generar un nuevo poder político de corte franquista. Más tarde, cinco de los diputados fueron separados del resto: el aún presidente Suárez, el ministro de Defensa y presidente de UCD, Agustín Rodríguez Sahagún, el líder de la oposición, el socialista Felipe González, el segundo en la lista del PSOE, Alfonso Guerra, y el líder del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo. Aquella noche

Hoy se sabe que con la toma del Congreso y el secuestro de los poderes Ejecutivo y Legislativo, se intentaba conseguir el llamado “vacío de poder” es recordada como “la noche de los transistores”, debido a que la Cadena SER siguió emitiendo y una buena parte de la población la pasó pegada a la radio siguiendo los acontecimientos. A las nueve de la noche, un comunicado del Ministerio del Interior informaba de la constitución de un gobierno provisional con los subsecretarios de todos los ministerios, presidido por Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, para asegurar la gobernación del Estado y en estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor. Por su parte, el rey rechazó apoyar el golpe lo que permitió abortarlo a lo largo de

El propio monarca se aseguró mediante gestiones personales y de sus colaboradores la fidelidad de los mandos militares.

la noche. El propio monarca se aseguró mediante gestiones personales y de sus colaboradores la fidelidad de los mandos militares. Conjurada la rebelión, y con ella el fantasma del autoritarismo, todas las fuerzas políticas decidieron dejar atrás sus diferencias y cerrar filas para impulsar la democracia. Huelga decir que todos los analistas políticos que han estudiado este acontecimiento histórico coinciden en marcarlo como el inicio propiamente dicho de la consolidación democrática española.

Una situación muy similar se presentó durante la transición a la democracia en Argentina. Entre 1987 y 1989 ocurrieron varios alzamientos militares contra el primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín, encabezados por un grupo conocido como “los carapintadas”, que se autodefinían como nacionalistas. El mote alude al uso de crema de enmascaramiento facial mimética por parte de los insurrectos, que tomaron varias bases militares y se batieron contra las fuerzas leales al gobierno constitucional en busca de la finalización de los procesos judiciales iniciados contra los protagonistas del terrorismo de Estado durante la dictadura.

La rebelión más importante tuvo lugar en la Pascua de 1987, en protesta contra las acciones judiciales llevadas a cabo por el gobierno contra los

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responsables de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El mayor Ernesto Barreiro, un elemento de inteligencia que había tenido participación activa en la represión al movimiento obrero y popular en Córdoba, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba en relación a cargos de tortura y asesinato que se le imputaban. Barreiro fue arrestado, a petición del juez competente, por la autoridad militar, y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel (130, entre oficiales y soldados) se amotinó, exigiendo el cese de los juicios. Otras dependencias militares se sumaron a la acción, ante la férrea oposición de la población civil, en especial las tropas al mando del teniente coronel Aldo Rico (entonces al mando del Regimiento de Infantería de San Javier (Misiones), que se acantonó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Los reclamos de los ya apodados carapintadas incluían la destitución del jefe del Ejército (planteando que los jefes que impartieron las órdenes “hoy están en libertad desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen”) y exigiendo una solución política para los juicios a los represores del proceso y “los del otro bando también”. Y decía Rico que “si quienes dieron las órdenes van a la justicia no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia, pero ningún hombre de bien que vista uniforme militar puede ampararse escudándose en el sacrificio de sus subalternos”.

Si bien el alzamiento contó con pocos apoyos públicos entre los responsaEx presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado Foto: Francisco Daniel/Procesofoto

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bles de tropa, la actitud del resto de las fuerzas armadas fue unánime: Alfonsín no contó con la subordinación necesaria entre la tropa para sofocar militarmente a los carapintadas. La actitud política y pública frente al alzamiento también fue uniforme. Los principales partidos del país (UCR, PJ, UCD, PDC, PI, PC y PS) suscribieron el “Acta de Compromiso Democrático”, oponiéndose a la actitud de los militares pero reconociendo varios grados de responsabilidad en la represión. Este último punto llevó a las fuerzas de izquierda (el MAS, el PCR, el PO y las Madres de Plaza de Mayo) a distanciarse del grupo de los firmantes. Manifestaciones populares se hicieron presentes en Campo de Mayo y la Plaza de Mayo, exigiendo la rendición de los sublevados. Alfonsín marchó a Campo de Mayo para exigir la rendición, en lo que se le cuestionaría luego como un acto de debilidad política. A su regreso, desde el balcón de la Casa Rosada, anunciaría la capitulación de los amotinados.

Barreiro huyó, y fue capturado dos semanas más tarde. Tanto él como Rico pasarían a manos de la justicia militar y civil, iniciándole una causa por sedición en los tribunales de San Isidro. A causa de este alzamiento militar, meses más tarde, el gobierno promulgó la Ley de Obediencia Debida, que satisfaría algunos de los reclamos del alzamiento. La ley había sido anunciada por el presidente en el mes de marzo. Independientemente de que el gobierno de Alfonsín tuvo que ceder a algunas presiones de los militares, tuvo la suficiente habilidad para neutralizar el conflicto que amenazaba el orden democrático y de esa manera enfilar a Argentina finalmente hacia la consolidación de la democracia.

El último caso a considerar de transiciones que pudieron enfrentar con éxito los embates autoritarios para consolidar su democracia, es el caso de Brasil con el famoso impeachment o destitución en el cargo de Fernando Collor de Mello, primer presidente de Brasil elegido democráticamente después de la dictadura militar.11 De hecho, Collor fue el primer mandatario latinoamericano destituido por corrupción en diciembre de 1992. La acusación provino del propio hermano del mandatario, Pedro Collor de Mello, quien abrió la atención con un listado de denuncias

Enrique Peña Nieto recibió la constancia que lo acredita como Presidente de la República, de manos de Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró válida la elección.

Foto: Eduardo Miranda / procesofoto / DF que contenía una red de tráfico de prebendas, contratos ilícitos, negocios ilícitos por parte de testaferros, desvíos de fondos, presiones non santas contra el Presidente de Petrobras, beneficios en la privatización de la compañía aérea VASP, y enriquecimiento ostentoso de amigos y colaboradores que habían sido colocados en lugares clave del gobierno, incluido el Banco Central. Asimismo, la primera dama, Rosane Malta, fue acusada de apropiarse de fondos públicos de la Legión Brasileña de Asistencia. La prensa recogía con naturalidad las noticias acerca de la multiplicación asombrosa del patrimonio de los Collor. Eran tantas las evidencias de corrupción que la Cámara de Diputados inició una investigación y confirmó las irregularidades e ilegalidades. Se probaron sobornos a empresarios por favores políticos, depósitos de sumas enormes de dinero negro a nombre de empresas ficticias en paraísos fiscales y transferencias regulares a las cuen-

tas bancarias de testaferros y amigos del poder. En las calles se generó un movimiento permanente de repudio popular, grandes movilizaciones que exigían la inmediata renuncia del presidente. Pero Collor respondía con discursos encendidos de soberbia y decidió convocar a la simpatía de los brasileños sin éxito. Intentó organizar actos políticos de apoyo pagando tamboriles y fracasó rotundamente.

Mientras tanto, la inflación crecía al 991% en agosto de 1992. La Comisión de Investigación de Diputados llegó a acumular un amplísimo expediente de 3 mil páginas y terminó acusando al Presidente con pruebas indiciarias de delitos suficientes para procesarlo y destituirlo del cargo. Entre los documentos, figuraban 40 mil cheques y trece colecciones de extractos bancarios. De esta manera, la democracia brasileña, y en particular el Poder Legislativo, dio una prueba de madurez y civilidad que permitió conjurar los excesos del poder tan frecuentes en

el pasado autoritario, y consolidar la democracia por los cauces constitucionales sin emplear violencia alguna.

De esta forma hemos referido tres pasajes de la historia reciente de las transiciones que marcaron la diferencia entre condenar a sus países a involuciones autoritarias o encaminarlas a la consolidación democrática, o sea a estadios superiores de civilidad, legalidad y respeto. En los tres casos, fueron políticos profesionales, partidos, autoridades, legisladores o jueces, los que tomaron en sus manos el desafío y actuaron en consecuencia, con patriotismo y responsabilidad, anteponiendo los valores de la democracia a sus intereses particulares.

Huelga decir que de este tamaño es el desafío que tiene por delante el TEPJF en México a la hora de calificar la elección presidencial de 2012. Si los magistrados actúan con el arrojo y el compromiso inquebrantable con la democracia como lo hicieron sus contrapartes en los casos referidos, o sea si invalidan la elección presidencial por contravenir los preceptos de equidad, limpieza y transparencia emanados de la Constitución, habrán dado un paso histórico para salvar nuestra democracia y la Patria se los premiará perenemente. Caso contrario, si no lo hacen, condenarán penosamente al país a una nueva espiral sin retorno hacia el autoritarismo.

5. Auto de fe No dudo que algunas de las tesis sostenidas en este ensayo generen incredulidad o escepticismo en algunos lectores. A los ojos de muchos simplemente tuvimos una elección más con vencedores y vencidos, con fortalezas y debilidades, con luces y sombras. Nada excepcional. Pero ese es precisamente el problema, o sea creer que estos comicios fueron “normales”, pese a las innumerables irregularidades que pudimos atestiguar todos. Esa presunta normalidad es la que nos condena como país al fracaso, la parálisis y la servidumbre, o sea a ser sometidos y ultrajados voluntariamente por los poderosos, por los que tienen secuestrado al país y gobiernan en el vacío, a nuestras espaldas. Por fortuna, hay una masa crítica cada vez más informada y participativa, que duda y resiste, que cuestiona y se confronta. Es ahí y solo ahí donde cabe hoy alguna esperanza para México.

* El presente artículo se entregó a la imprenta el 15 de agosto de 2012. Conviene tener presente el dato porque algunas de sus tesis solo cobran sentido a la luz de los acontecimientos de esa coyuntura, o sea unas semanas después de las elecciones federales del 2012 y unas semanas antes de que el órgano responsable de calificar las elecciones emita su resolución sobre las mismas, las cuales fueron impugnadas por uno de los contendientes por presuntas irregularidades y violaciones legales. ** Catedrático-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

1.-Véase, por ejemplo, Cansino (2008 y 2009a).

2.- El tema de la transición en México ha sido tan manoseado por todos (intelectuales, académicos, políticos, periodistas, analistas, etcétera), más con fines políticos que heurísticos, que ha terminado por ser uno de esos conceptos que significa todo y nada al mismo tiempo, por lo que se puede emplear para decir cuanta barbaridad se quiera. A ello ha contribuido no solo la actualidad del tema, que por ese simple hecho suscita controversias, sino el total desconocimiento o el conocimiento superficial de la literatura politológica sobre el particular. Véase Cansino (2011b).

3.- Véase, por ejemplo, Cansino (1994, 1997, 2000, 2004, 2007, 2009a, 2009b y 2011a); Cansino y Covarrubias (2006 y 2007) y Cansino y Nares (2011).

4.- La categoría clásica de “partido hegemónico” se debe a Sartori (1976), la definición del presidencialismo mexicano como un “poder ilimitado con enormes facultas constitucionales y metaconstitucionales” se debe a Carpizo (1978), aunque también resulta ilustrativa la definición aportada por Krauze de “presidencialismo imperial” (2002). Con todo, el primero que sostuvo que el PRI y el presidencialismo constituían los pilares de dominación del régimen posrevolucionario en México fue Cosío Villegas (1972).

5.- Véase, por ejemplo, Morlino (1980 y 2007), Schmitter y O’Donnell (1986) y Cansino (2002).

6.- En transiciones desde dictaduras militares, estos regímenes suelen considerase estados de excepción destinados a disolverse tarde o temprano una vez que se hayan logrado los objetivos que propiciaron su irrupción, como poner orden en la economía, suprimiendo para ello derechos y garantías ciudadanas. Obviamente, este no es el caso del régimen político mexicano posrevolucionario que, sin ser democrático, nunca se concibió como excepcional o transitorio, sino como un régimen formalmente democrático, aunque por sus componentes autoritarios, fuera más bien una “democracia de fachada”. Véase Cansino (2009a).

7.- Sobre este tema, véase Cansino (2004), Cansino y Nares (2011) y CERE (2004).

8.- Está por aparecer un libro de mi autoría donde evalúo los saldos del panismo en el poder del 2000 al 2012 (Cansino, 2012b).

9.- Sobre el tema del narco en México, véase Cansino y Molina (2010).

10.- Sobre el tema de la cultura política en México remito a los interesados a Cansino (2012a).

11.- El impeachment es una figura del Derecho anglosajón (específicamente en Estados Unidos y Gran Bretaña) mediante el cual se puede procesar a un alto cargo público. Para ello, el Parlamento o Congreso debe aprobar el procesamiento y encargarse posteriormente del juicio del acusado (normalmente en la Cámara Alta). Una vez que un individuo ha sido objeto de un impeachment tiene que hacer frente a la posibilidad de ser condenado por una votación del órgano legislativo, lo cual ocasiona su destitución e inhabilitación para funciones similares.

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Pemex Ineficiencia o sabotaje POR SAMUEL SCHMIDT

L

as noticias que leemos sobre la agresión contra Pemex son muy preocupantes porque son de adentro y de afuera.

Por desgracia es frecuente encontrar información sobre la continuación de la corrupción interna y la victimización de la empresa que debería ser el inicio de la solución de muchos de los problemas nacionales.

La ordeña a los oleoductos y la gran pérdida que esto representa para la empresa, parecen ya no ser incidentes aislados y podemos suponer que han dejado de ser robo hormiga para convertirse en un atraco descarado y descarnado y por lo visto muy bien organizado. Esto plantea varias preguntas: si el robo ya es en cantidades importantes, ¿acaso la empresa no ha implantado controles para reaccionar con rapidez? ¿Cuál es el destino de lo robado?, ¿cuánto alimenta la flotilla de vehículos de las distintas bandas del crimen organizado, y cuánto entra al mercado?, ¿tiene manera Pemex de saber la modificación de los consumos de los gasolineros para saber que empresarios estén ayudando a reciclar mercancía robada, lo que alimenta a la cadena del crimen?, y ¿tienen un mecanismo de reporte a Hacienda para saber quiénes son los evasores fiscales?

Dicho sea de paso, es hora que ni Pemex ni la Procuraduría de Protección al Consumidor son capaces de asegurar que los distribuidores de gasolina vendan litros de a litro y escandaliza conocer las cifras monumentales a las que llega el atraco que sufre el consumidor final por ese tipo de fraude.

La historia de la ordeña de ductos se acompaña de informes sobre secuestro de empleados de la empresa petrolera, los que podrían estar viéndose obligados a colaborar en ese delito, de esa manera uno puede explicarse que tal operación tenga éxito, aunque no parece ser muy limpia que digamos.

Franquicia de Pemex.

México, D.F. Foto: Eduardo Miranda / Procesofoto / DF

Hace ya tiempo que encontramos accidentes y desastres en instalaciones petroleras que por decir lo menos, dan mucho de que pensar. Podrían ser accidentes y deberse a mal mantenimiento e ineficiencia en la empresa, no faltara quien diga que debido al recorte que impuso el gobierno que prácticamente congelo las compras durante una buena parte de este 2012, los insumos para el mantenimiento no han llegado; pero tampoco debemos descartar la posibilidad de que las operaciones de ordeña se estén haciendo con torpeza y este provocando accidentes, y tampoco debemos descartar el sabotaje en las plantas.

Llama la atención un accidente en una plataforma en el Golfo de México en 2010, y desde el 30 de octubre Greenpeace ha contabilizado 21 derrames por parte de Pemex, con daños muy importantes en los ecosistemas. En un reporte sobre el tema ya le incluyeron el subtitulo “El derrame del día”.

Se maneja la tesis de que se está debilitando deliberadamente a Pemex para justificar la privatización, lo que no deja de ser perverso, porque mientras más dañada este la infraestructura mejor capacidad de negociación tendrán los interesados ya sea en comprar o en asociarse. Nunca es lo mismo comprar una empresa sana que una bajo asedio, y en cualquier caso quien sale perdiendo es el gobierno y el que paga impuestos.

Está también la tesis del control

Franquicia de Pemex. México, D.F. Foto: Alejandro Saldívar / procesofoto / D.F.

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creciente del crimen organizado en ciertas actividades de la empresa, por medio del secuestro de empleados y otros mecanismos de extorsión, lo que refuerza su capacidad de acción y acrecienta su dominio en áreas estratégicas.

Está también la tesis sobre la voracidad de los líderes sindicales. Es inexplicable que el líder del sindicato petrolero trate de minimizar el accidente en una planta en Reynosa que ya produjo 30 muertos, cuando que lo primero que debería mostrar es enojo por un agravio contra los trabajadores que perdieron la vida, pero hace mucho que los líderes sindicales perdieron de vista los intereses sobre los que se han hecho ricos y ahora coinciden más con los depredadores, de adentro y de afuera.

Es posible que nos encontremos ante un caso donde se mezcla la ineficiencia, la negligencia, la corrupción y que pone en entredicho intereses nacionales fundamentales.

Pemex hace mucho tiempo que se ve como una mina de oro para algunos. Poco importa si debe ser el instrumento para el desarrollo nacional aunque ya no podrá serlo porque la visión es exprimirlo y no buscar de que manera articularlo para sostener una estrategia de industrialización, o si debe ser un factor de desarrollo regional y no solo el instrumento para estabilizar al fisco, cosa Hacienda se asegura de que lo sea.

Pero al parecer hay una línea que se ha rebasado y cuyo retorno es muy complicado. Tal vez sea la marca de los tiempos: avance del crimen organizado, avance de los apetitos corruptos, ineficiencia desbordada, que en conjunto configuran un escenario criminal, cuyo impacto será muy doloroso y con secuelas de muy largo alcance.

schmidt@mexico.com

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Entrevista

01.10.2012

En México no hay alternancia económica desde 1982: Ciro Murayama • La falta de políticas públicas tiene secuestrado el futuro de la nación • México vive una “política económica del desperdicio” POR ABIGAIL ANGÉLICA CORREA CISNEROS

E

n entrevista exclusiva con Transición, el experto en temas de economía, Ciro Murayama, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, conductor de Observatorio 2012 de TV UNAM y columnista del periódico El Universal, habla acerca de las políticas que requiere el país para crecer y ofrecer a la población una perspectiva de futuro.

--¿Económicamente México está en riesgo de seguir los pasos de Europa y caer en una crisis económica?

--La economía mexicana desde hace años tiene un desempeño por debajo de las necesidades de la población del país. Si vamos a los indicadores importantes, que son los que tienen que ver con el bienestar de la gente, tenemos muchos déficit que se van acumulando. En términos de la llamada estabilidad macroeconómica, yo diría “estabilidad macroeconómica nominal”, números que tienen que ver con inflación, déficit, deuda, tipo de cambio, tipo de interés; las cosas mas o menos están controladas, porque este año vamos a tener una inflación mayor que la que preveía el banco de México, el déficit está continuamente maquillado. Si le sumamos la deuda de Pemex ya no tenemos el equilibrio de las finanzas que se presumen; es decir, el equilibrio que es ingresos menos gastos. Si eso queda en ceros, estamos equilibrados, ingresos públicos menos gasto público. Pero como una tercera parte

Ciro Murayama Foto: Abigail A. Correa

de los ingresos se los quitamos a Pemex, lo que estamos haciendo con la empresa es obligándola a endeudarse, porque le quitamos sus utilidades y no puede invertir. Le quitamos a Pemex una parte altísima de sus ingresos, la obligamos a endeudarse y las finanzas públicas están en equilibrio, pero la deuda de Pemex es parte del Estado mexicano, o sea que es una manera de pasar el desequilibrio a otro cajón, pero el boquete ahí está.

“No estamos tan bien como presume la versión oficial, tenemos un peso que no ayuda al crecimiento de la economía mexicana, porque es un peso relativamente sobrevaluado, de tal manera que eso hace barato comprar en el exterior. México es un país que importa mucho y eso castiga a nuestras exportaciones, cuando vemos que el dolar empieza a bajar de 14 pesos y llega incluso hasta 12, lo que estamos encareciendo son nuestras exportaciones. Entonces tenemos una estabilidad que sirve para administrar la decadencia y la mediocridad del desempeño económico, tenemos una política económica que se ha olvidado de la variable más importante y es que la política económica tiene que beneficiar a la población y eso no está pasando hace años.”

--La política de Peña Nieto sobre Pemex es permitir la inversión privada, ¿esto podría ayudar?

--El problema con Pemex es que sería una empresa eficiente si no le estuviéramos arrancando sus ingresos. El costo laboral de Pemex, es del 5%, los trabajadores no le restan competitividad a la empresa, no hay otra petrolera en el mundo con costos laborales tan bajos, entonces eso es muy eficiente. Lo que pasa es que Pemex está sacando barriles de petróleo a cuatro dólares, los está vendiendo a 100 y nosotros le estamos quitando 80, así no se puede; por eso es que Pemex no se puede privatizar, no lo compraría nadie con esas cargas fiscales que le imponemos. Si resolvemos el problema microeconómico de Pemex le generamos un problema macroeconómico al país, entonces estamos en una trampa. La salida no es traer la inversión privada a Pemex, de todas formas vamos a seguirle quitando sus utilidades, la salida es dejar de estrangular a Pemex, captando recursos públicos por otra vía, como el resto de los estados en el mundo, cobrando impuestos.

“Lo que pasa es que en México tenemos un nivel de recaudación del 12.8% del PIB, solo hay un país de América Latina que recauda menos; Haití recauda el 12.7% del PIB. Es decir, nuestro Estado, en términos de recaudación es tan

Entrevista débil como el Haití. Brasil, el caso de Petrobras, la diferencia fundamental no es que haya inversión privada sino que no tiene la carga fiscal que le estamos imponiendo a Pemex, porque no lo necesitan.

La recaudación en Brasil es 35% del PIB, casi tres veces lo que nosotros, y ahí pueden tener políticas de infraestructura, políticas de apoyo a la ciencia, políticas de apoyo a la industria y ahí vemos que a ese país le ha ido bien en los últimos años. Yo creo que el problema de Pemex es el entorno económico es el de un Estado que está petrolizado”.

--¿Parece que el próximo gobierno seguirá el mismo camino que Calderón?

--Un terreno en el que no ha habido alternancia es en la política económica desde 1982. El gran golpe de timón en la política económica ocurrió cuando el PRI estaba en el gobierno. La política que impulsó el presidente Miguel de la Madrid y el secretario de programación y presupuesto de entonces, Carlos Salinas de Gortari, nos metió a otra senda, que implicó apostar por una economía abierta de mercado, reducir el peso del sector público, lo cual no necesariamente estaba mal, porque había más de mil empresas del sector público que hacían hasta sombreros de paja; pero hubo excesos en ese viraje y quizá la gran consolidación de ese modelo se dio con el Tratado de Libre Comercio y el decreto de autonomía del Banco de México.

Desde la Madrid, luego con Salinas y Pedro Aspe, después con Ernesto Zedillo y los distintos secretarios de Hacienda, Gurría, Francisco Gil, Carstens, están cortados con la misma tijera, de tal manera que no veo que se vaya a dar un cambio importante en la política económica.

“Cuando le pregunté al candidato Peña en una entrevista para TV UNAM, si pensaba que deberíamos darle un doble mandato al Banco de México --como es el caso de la Reserva Federal en EU, la cual se ocupa de vigilar los precios, que no se desborde la inflación, promover el crecimiento y por tanto el empleo--, Peña Nieto me dijo que no consideraba necesario tocar eso y por el lado fiscal, al parecer, su preocupación sí es aumentar la recaudación pero no hay una definición para aumentarla, de forma tal que sea un mecanismo de redistribución del ingreso. Creo que ellos siguen creyendo que es a través del IVA pero este tiene dos problemas. El primero es que no nos va a dar muchos más recursos, nos dará el 1.5% del PIB, pero también nos puede generar mayor desigualdad, porque si encarecemos más los alimentos a la población le va a pegar a quienes destinan un porcentaje mayor de su ingreso al

01.10.2012 consumo básico, entonces es una política que afecta a los pobres.”

--Respecto a los TLC, los mexicanos están en desventaja con otros países para poder competir con sus precios, producción, etcétera.

--Yo creo que la firma de acuerdos de libre comercio no cambia las condiciones estructurales en que se relacionan las economías. Cuando firmamos con EU ya les exportábamos más del 80% de nuestros productos y les comprábamos una proporción mayor al 70%. Es decir, ya estábamos integrados con EU desde que se institucionalizó esa relación a través del tratado. El segundo socio comercial de México es China y no tenemos tratado, yo creo que lo que vivimos fue una fiebre de “trataditis comercial”, pero lo que no tuvimos en todos estos años fue una política de fomento y desarrollo de la industria que nos permitiera relacionarnos con otras economías de manera más favorable.

Nosotros tenemos superávit comercial con EU, y déficit con todos los demás, es decir, compramos más de lo que vendemos al resto del mundo, eso quiere decir que la inserción a la economía internacional se dio prácticamente por la puerta de América del Norte y no la hemos diversificado.

--En el panorama laboral, el presidente Felipe Calderón se autonombró presidente del empleo ¿lo fue?

--Es el presidente del empleo precario, es el presidente que acentuó la mala calidad del trabajo en México.

Por cada empleo formal creado en el sexenio se crearon 2.7 ocupaciones informales, y la gente que ganaba arriba de cinco salarios mínimos que son alrededor de 300 pesos al día, pasó de cinco millones a tres millones a lo largo del sexenio, o sea que lo que tenemos es gente cobrando menos en ocupaciones más precarias. En términos económicos los gobiernos del PAN son un fracaso. Podemos hablar de una docena trágica. 12 años sin crecimiento, sin reducción de la desigualdad y sin mejoría en la calidad del empleo. Empleo, desigualdad, pobreza, esos son los indicadores importantes, cuánta riqueza generas y cómo la distribuyes entre la gente.

La mayoría de la población obtiene sus ingresos a través del trabajo, si la calidad del trabajo se está deteriorando, también la calidad de vida. Tenemos una gran contradicción entre presentar cifras macro sanas que no corresponden con la mejoría de la calidad de vida, entonces no están tan sanas o esas cifras ocultan la realidad. “Puede que el paciente no tenga fiebre, pero a lo mejor no la tiene porque se está desangrando”.

--¿Podría crecer la economía mexicana 6%, como recientemente aseguró el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens?

--La economía mexicana tiene un amplio potencial de crecimiento por varias cosas. La primera porque somos vecinos de Estados Unidos, que sigue siendo hoy la economía más

grande del mundo. Que esa economía nos compre cosas es una gran oportunidad.

México no es autosuficiente en términos alimenticios desde los años 70, con Estados Unidos tenemos superávit, comemos más de lo que producimos, tiene que ver con el abandono de la política agrícola. Hablando de la relación con EU, dado que estamos al lado, nuestro nivel de crecimiento debería ser igual. Pero además tenemos lo que se llamó el bono demográfico, la mayor cantidad de jóvenes en edad de producir riqueza y no los estamos aprovechando. Estamos en la “política económica del desperdicio”, de nuestra juventud.

--¿Entonces, se requieren más políticas sociales?

--Yo soy muy escéptico de la política social como se ha entendido hasta hoy, que es el combate a la pobreza.

Tiene su sentido pero no está resolviendo la pobreza ni está metiendo a la gente a un sendero más productivo, en términos vitales, no solo económicos. Lo que deberíamos hacer es universalizar derechos sociales. Por ejemplo, hay que hacer un esfuerzo muy grande por pasar del listado de afiliados al seguro popular a una salud universal. No basta con estar en una lista para que se tenga atención médica, hay que construir hospitales, clínicas, contratar doctores y acercarlos a donde vive la gente, eso no se ha hecho en la magnitud que se requiere. Todo implica recursos del Estado y si no nos planteamos la reforma fiscal no vamos a llegar a eso. El problema es que nadie se la plantea, ni la derecha que no quiere pagar impuestos, el PRI no se quiere enemistar con algunos sectores, y no se lo plantea la izquierda, que en términos fiscales es una nulidad, no existe. Hay más de cien legisladores de izquierda y no han presentado una iniciativa de reforma fiscal para redistribuir la riqueza en el país y para aumentar la captación, pues si no tenemos izquierda parlamentaria estamos en serios problemas, están para las tomas de tribunas, para defender a Pemex, para un pliego petitorio elemental, de activismo estudiantil, no la tenemos para construir un Estado.

--Peña Nieto prometió el Seguro Universal durante su campaña…

--Pero se le olvidó, quién sabe dónde está. Peña lanzó sus tres iniciativas antes de llegar al poder: la de la transparencia, la corrupción y la de la relación con los medios, ¿y dónde está la agenda social? Viendo al equipo de transición me parece un desastre, es decir, si a alguien sin solvencia técnica y sin solvencia ética le dejan la parte social es una mala noticia, como es la señora Rosario Robles.

--En el asunto laboral, parece que uno de los grandes impedimentos para mejorar la situación de los trabajadores son las outsourcings, qué opina?

--No solo las outsourcings, son las prácticas del grueso de las em-

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presas que están limitando los costos laborales y los costos salariales a través de no generar derechos. ¿Cómo hacemos para generar estos derechos? entre otras cosas, deberíamos pensar en un esquema de jubilaciones no atado al empleo formal, donde el trabajador que cobra por honorarios puede ir cotizando y pueda tener un horizonte de seguridad, que el trabajador que no tiene un contrato y por lo tanto no está afiliado al IMSS pueda tener acceso a clínicas, que no sean como las del Seguro Popular, que ofrece no más del 15% de los diagnósticos que cubren el IMSS y el ISSSTE. Si el mercado de trabajo está tan deteriorado pues debemos construir un acompañamiento de seguridad de bienes públicos desde el Estado para los trabajadores precarios. Tony Judt, intelectual que escribió el libro Algo va mal, dijo “las catedrales modernas laicas son las estaciones de trenes, porque ahí se mezclan todas las clases y se mueven”, pues nosotros nos olvidamos del tren, nos olvidamos de construir estos bienes públicos, cuando se construyeron los destruimos, lo estamos haciendo con la educación, con el transporte público. Si hay ambición, imaginación y determinación política podríamos ir a otro lado.

--¿Existe algún personaje en la política mexicana que cuente con esas características?

--Hemos estado dominados por el pensamiento único, por la idea de que el mercado resuelve las cosas, yo creo que ya es hora de despertar de ese “sueño guajiro”, y creo que le ha tocado a todas las fuerzas políticas. “El divorcio entre intelectualidad y política tiene, entre otras consecuencias, el deterioro de la capacidad de hacer diagnósticos y propuestas más sólidas”. Lo que tenemos son intelectuales que se acercan a la política para ponerse al servicio de una causa y dejan de generar ideas, están al servicio de un líder. Los desafíos son muy grandes y el tiempo es muy corto, porque en esta década es cuando más jóvenes en la historia del país van a llegar a la mayoría de edad y si no les generamos oportunidades de educación y empleo, vamos a tener que seguir incrementando lo que he llamado, parafraseando a Carlos Marx, “el ejército industrial de reserva”, yo creo que en México tenemos el “ejercito delincuencial de reserva”, más de 22 millones de mexicanos entre 2010 y 2020 van a cumplir 18 años, de ellos no más del 35% va a terminar el bachillerato, qué hacemos con 14 millones de jóvenes que llegan a tocar las puertas de un mercado de trabajo que no genera empleo formal.

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Agenda Pública

¿Regreso del salinismo?

POR GUSTAVO MARTÍNEZ ROMERO

C

on el triunfo de Enrique Peña Nieto, se extiende la especulación del regreso salinista al poder. Se han documentado varias evidencias de esa presencia a lo largo de los años alrededor del presidente electo, pero también hay indicios que señalan la intención de construir una ruta propia.

El transcurrir de los hechos nos develará qué tan cierta es la presencia del expresidente, por lo que conviene tener a la mano una caracterización del proyecto salinista que en su momento buscó un impulso modernizador para México, que es el propósito de las siguientes líneas.

Carlos Salinas de Gortari profundizó los cambios iniciados por Miguel de la Madrid, rebasando las expectativas que de su gobierno se esperaban, por la debilidad con que llegó al poder.

La nueva clase política demostraba en su discurso y actuación un alejamiento definitivo de las políticas de desarrollo económico que dominaron a finales de los setenta y principios de los ochenta. Se planteaba la necesidad de realizar grandes reformas desde arriba, lográndose los apoyos a través de la concertación.

Las justificaciones, objetivos y estrategias de la modernización que se proponía, se expresaron en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. El eje central del Plan enfatiza la necesidad de reformas al Estado, para adecuarse a los cambios mundiales. Las tesis que giran sobre este propósito central son cuatro: Primera: Reorientar las funciones del Estado. Primordialmente en el aspecto económico, adecuando la rectoría del Estado a los nuevos papeles de conductor y promotor.

Segunda: Operar el cambio a través de la concertación para evitar conflictos e inconformidades.

Tercera: Remover gradualmente los obstáculos a la modernización e implementar paralelamente las transformaciones.

Carlos Salinas de Gortari, ex Presidente de México.

Foto: Octavio Gómez/Procesofoto Cuarta: Conciliar las transformaciones con los principios ideológicos de la Revolución Mexicana y del pensamiento liberal del siglo XIX, en una interpretación nueva de la realidad mexicana en la que el pasado se adapta al proyecto futuro.

Bajo esta óptica, se precisan cuatro grandes objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo: Defender la soberanía y promover los intereses de México en el mundo.

Ampliar nuestra vida democrática.

Recuperar el crecimiento con estabilidad de precios.

Elevar productivamente el nivel de vida de los mexicanos.

Estos objetivos se derivan de los Acuerdos que propuso Carlos Salinas en su campaña y que fueron ratificados cuando asumió el poder: Acuerdo para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática.

Acuerdo para la Recuperación Económica con Estabilidad de Precios.

Acuerdo para el Mejoramiento Productivo y el Nivel de Vida.

Evidentemente, la amplitud y articulación del Plan representa el esfuerzo del equipo salinista por comprender las oportunidades y riesgos que se le presentaban a México. Muestra también que esta nueva generación de gobernantes estuvo preparándose, desde sexenios anteriores, para ascender al poder.

El primer Acuerdo expresa como ideas básicas: 1.- Adecuar las instituciones políticas y sus prácticas.

2.- Preservar y hacer efectivo el Estado de Derecho.

3.- Perfeccionar los procesos electorales y ampliar la participación política.

4.- Modernizar el ejercicio de la autoridad entre poderes.

5.- Impulsar la concertación entre las organizaciones sociales y el Estado.

Se expone que el rumbo de México es ahora el “Liberalismo Social”; esto es, la conjugación entre los postulados que han dado origen a los principales movimientos sociales de la Nación y los cambios estructurales. Ello significa una nueva interpretación y terminología para explicarse los cambios.

Desde este ángulo, la modernización propuesta no viene a ser una ruptura total con el pasado, sino que concilia intereses del sistema político mexicano, a través de un paradigma que algunos analistas califican de “centro-progresista y otros de “modernización negociada”.1 Prueba de que persisten los resabios es la justificación que da el Plan del presidencialismo como “garantía de unidad entre los mexicanos, y... condición para lograr la necesaria transformación en el marco de la paz social”.

La concreción del acuerdo fue parcial, persisten inmovilismos para emprender los cambios, especialmente dentro del mismo sistema; el presidencialismo llegó a excesos sin precedente, la figura de Salinas se vendió con la mercadotecnia más avanzada; la división y equilibrio de poderes no se llevó a cabo; los procesos electorales no contaron con la confianza y credibilidad de la ciudadanía. En síntesis, son más los puntos sin resolver que los logrados. Entre estos últimos destacan el reconocimiento de algunos triunfos de la oposición y las reformas a la Constitución, así como

la imagen de apertura que dio el gobierno con muchos grupos sociales, aunque con notables excepciones.

El segundo Acuerdo, relativo a la política económica, tuvo más relevancia para el proyecto salinista; por eso la afirmación de algunos analistas en el sentido de que en México se vive una perestroika sin glasnot. Los ejes principales del acuerdo fueron: 1.- La ampliación de la inversión productiva 2.- La estabilidad económica 3.- La eficiencia del sector público A través de los que se alcanzaría un crecimiento del 6% en la productividad del país y una tasa inflacionaria equiparable a la de los socios comerciales de México.

Conseguir estas metas, plantearon una nueva forma de organizar el trabajo productivo, según lo expresa el Plan Nacional de Desarrollo. Productividad, eficiencia, reconversión, flexibilidad laboral y nuevas formas de organización, aparecen como condiciones para la competitividad de las empresas públicas y privadas. Al respecto, más adelante se abordarán las actitudes del sindicalismo frente a estos nuevos criterios.

El plan asume la idea de que la política económica tiene un carácter social, dado que la elevación de la productividad se traduce en mejores niveles de bienestar. Como se ve, la justicia social, postulado de la Revolución, no se abandona, sino que se asimila a la estrategia económica. De hecho, la asignación de mayores recursos al gasto social se argumentó para el adelgazamiento del Estado y la rigidez de la política fiscal.

La responsabilidad del Estado es conducir esta reforma siendo más eficiente, facilitando la iniciativa económica y concertando los mecanismos para la estabilidad y el crecimiento.

La política social -el tercer acuerdo- expresa cuatro líneas de acción: 1.- Creación abundante de empleos bien remunerados y estables; aumento del poder adquisitivo de los salarios y del bienestar de los trabajadores.

2.- Atención a las demandas prioritarias del bienestar social.

3.-Protección del medio ambiente.

4.- Erradicación de la pobreza extrema.

Los objetivos respecto al empleo no se cumplieron y mucho menos la erradicación de la pobreza extrema. La protección al medio ambiente resultó un intento. La atención a las demandas de bienestar social se concentró en el Programa Nacional de Solidaridad, con resultados que no lograron abatir los rezagos y que sirvieron más para fines publicitarios.

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Este es un vistazo general del raquítico cumplimiento del Acuerdo.

En realidad, el esfuerzo del gobierno se enfocó a replantear el protagonismo de los grupos sociales. Aparte de sus fines electorales, Solidaridad buscó recuperar los espacios perdidos por la inoperancia del corporativismo. Abundar en esta estrategia hará más comprensible los términos de la alianza histórica en este final de siglo.

El ex presidente Miguel de la Madrid en la presentación de su libro “Una mirada hacia el futuro“ Foto: Miguel Dimayuga/ procesofoto / DF

Buscando nuevos actores Dentro del proceso de cambio, tiene un papel relevante para la estabilidad del país y, por tanto, para el transitar sin tumbos de la modernización, la política de masas del Estado. ¿Por qué una nueva política de masas del Estado? Porque si éste se está reformando, dejando a un lado banderas que constituyeron por mucho tiempo el evangelio de la Revolución Mexicana y del partido del gobierno -estatismo, laicismo, agrarismo, sindicalismo, nacionalismo, populismo, corporativismo-, ha sido necesario que los interlocutores del Estado cambien sus roles.

Lo que espera e impulsa el gobierno es una sociedad que se adhiera a las transformaciones que ha llevado a cabo; sin embargo, esta ambiciosa aspiración ha desatado las fuerzas políticas, económicas y sociales, al alterar los equilibrios de poder con que había trabajado el sistema.

El desenlace es imprevisible; lo que sí quedó demostrado fue la visión de cambio y la comprensión de los sucesos del entorno mundial del equipo de Salinas. Se pueda o no estar de acuerdo en sus propuestas, no se le puede dejar de reconocer que a partir de sus concepciones tomó las decisiones de gobierno con absoluta convicción.

Pero el problema de modernización en el país es un problema de tiempo; un sexenio no fue suficiente y por eso se ha tenido que ceder y negociar, lo que no significa que se ha renunciado a la apuesta modernizadora.

Estimando que el modelo continúa y pretende permanecer por muchos años, resulta relevante analizar la concepción de la política de masas de la actual clase gobernante, a partir de lo que nos dicen los hechos.

Hasta antes de 1988, las masas en que descansaba y se validaba la política del Estado, eran el movimiento obrero y, en menor medida, los grupos campesinos. Esta relación había sido efectiva para cada una de las partes, con excelentes dividendos para el Estado, a cambio del otorgamiento de poder político y económico a sus interlocutores.2 Las cosas así, con ganancia para todos, convertían a las organizaciones obreras y campesinas en movimientos sociales pasivos, que caminaban en sus propuestas al ritmo que les marcaba la autoridad, con las salvedades de coyunturas muy particulares que alteraban mínimamente los

términos de una relación de ventajas recíprocas.

No podrían caracterizarse, por lo mismo, como típicos movimientos sociales. No porque tuvieran que mostrar un sentido contestatario, que no es el rasgo distintivo de los movimientos sociales; sino porque su ámbito de actuación no era lo social.

Ciertamente las preocupaciones del movimiento obrero y campesino -la defensa del salario y las conquistas laborales o la lucha por la tenencia de la tierra y los precios de garantía, por dar algunos ejemplos-, son asuntos de interés social; pero la tradicional forma en que se alcanzaban todas estas metas no involucraban a las masas de trabajadores y campesinos.3 Un estado complaciente con las cosas así, limitándose a la negociación corporativa en la atención a sus bases sociales, no previó la conveniencia de presentar alternativas al creciente interés de la población por participar en los problemas de su entorno.

Al tiempo que sucedía todo esto, los movimientos sociales con verdadera presencia y preocupación en torno a una amplia diversidad de objetivos -capacidad de movilización y negociación, influencia social, dominio territorial, espacios políticos, administración de productos, puestos públicos, representación popular, etc.- eran coptados, en la mayoría de sus expresiones, por las diferentes corrientes sobre la organización y lucha social de la izquierda mexicana.

Con este liderazgo de los movimientos sociales -teniendo en cuenta que la izquierda mexicana nunca ha estado unida-, se dio como constante la recomposición de los cuadros, estructuras y alianzas encargadas de protagonizar la movilización social.

Lo mismo se dio con estrategias y tácticas, permanente discusión de cómo luchar, desde ideas como el “inmediatismo”, el “precarismo” y la necesidad de “sectorizar la lucha”, hasta otras como el “radicalismo”, el “construir un frente amplio”, el “desectorizar los procesos”, el “romper el cerco y luchar en lo político-electoral”; el “avanzar de la periferia al centro”, y la lucha frontal “contra la carestía y la represión”, entre otras.4 Esto significó que estos movi-

mientos sociales, con excepciones notables en el ámbito urbano-popular, sufrieran relegación y dispersión a consecuencia del duro trato que recibieron del gobierno y a las disputas internas, principalmente las que tuvieron respecto a la forma de participar en la política electoral.

Pero, no obstante estas debilidades, para la izquierda eran terrenos valiosos para ganar apoyos y medios idóneos para el desarrollo del liderazgo y fogueo político de sus cuadros. Medios que, por mucho, fueron en su momento más enriquecedores que las instancias manipuladoras en que se han modelado los líderes del Partido Revolucionario Institucional.

Y esto es una apreciación de la misma autoridad; el Instituto Nacional de Solidaridad (INSOL) organizó, en el sexenio de Salinas, muchísimos eventos para preparar a los brigadistas de solidaridad en tareas como el asambleísmo, el volanteo, la prensa marginal y la animación de grupos; prácticas que en nuestro país, quiérase o no, tienen la patente de la izquierda social.

Las contradicciones y agotamientos del Estado que se expresaron en las elecciones federales de 1988, advirtieron al régimen de las fallas en su política social. Por eso, a los pocos días de asumir el poder, Salinas crea el PRONASOL, con el objetivo de recuperar los espacios perdidos.

De esta manera, las bases del p rograma se centraron en los sectores más marginados: los campesinos y los pobres urbanos. Población objetivo por la manifiesta necesidad de atención que requerían y, políticamente, porque en el proyecto del nuevo Estado, tendrían el encargo de convertirse en el principal sector social de validación de las acciones de gobierno, junto con el sindicalismo modernizador.

Obsérvese pues, que PRONASOL fue más allá de un populismo derrochador que buscara complacencias para asegurar el voto. En el fondo, planteó una nueva alianza histórica que desplace al movimiento obrero tradicional en su papel protagónico.

Aunque los hechos en la recta final del gobierno de Salinas originaron ajustes como el acercamiento del gobierno con el Congreso del Trabajo y

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la CTM, eso no indica que se abandonará el proyecto.

En el discurso de PRONASOL, se aprecian tres vías para articular a las nuevas bases sociales: a) la solución a demandas sociales importantes, a través de una relación en corresponsabilidad; b) la constitución de comités que decidan obras y trabajos, y c) la vinculación de los comités en instancias regionales y nacionales.5 Una nueva cooptación que políticamente invade los principales terrenos de la izquierda social, utilizando sus mismas técnicas, principalmente la democracia asambleísta y la organización sectorial; y que, por otro lado, rebasa al PRI en su capacidad de convocatoria y movilización. Con Salinas fue, sin duda alguna, un programa del presidente, por arriba del partido del presidente, puesto que éste no alcanzó a modernizarse; pero, para esto, se supone que también habrá tiempo, o acaso para desaparecerlo.

La finalidad para el Estado es contar con un movimiento social que lo apoye en sus reformas; la contradicción es que los caminos de una auténtica modernización no admiten el manipuleo. Los nuevos actores que necesita el Estado serán los que comprendan su nueva racionalidad, que se comprometan con los tiempos y formas de hacer las cosas. Por eso, si es necesario, se romperán viejas alianzas y, a través de la concertación -ya prácticamente institucionalizada- se instaurará un nuevo pacto social que incorpore a los pobres de solidaridad y al sindicalismo modernizador.

En relación a estas redefiniciones, son varios los pensadores que vienen cuestionando, desde hace ya varios años, la misión de la clase trabajadora y, por ende, de la organización sindical. Sin entrar a detalle, se observa una coincidencia de éstos (Gorz, Marcuse, Touraine, del Río, Lojkine, Wilwensky, Bell y Salinas de Gortari, éste último a partir de su ensayo “Enfoques teóricos sobre movimientos obreros”, publicado en 1973 en el número 49 de la revista ‘Pensamiento político’), en el sentido de que la clase trabajadora ha perdido su carácter revolucionario -si es que en un momento lo tuvo-, siendo absorbida por los procesos de industrialización. Se trata de un cuestionamiento a la idea marxista que le asignó a la clase obrera el rol de agente revolucionario.6

1. Esteve, Hugo: Los movimientos sociales en México, 1992, Instituto de Proposiciones Estratégicas, A.C. P. 204.

2. Id., p. 9.

3. Id., p. 10.

4. Id., p. 10.

5. Id., p. 11.

6. Esteve Díaz, Hugo: ¿Ha muerto la clase obrera?, en El Día, 12 de noviembre de 1991.

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l partido ganador de la contienda presidencial, propone que todos los partidos representados en el Congreso promuevan, antes de la toma de posesión, una reforma laboral fast track, y ya se están haciendo las negociaciones pertinentes, dicen. Sin embargo, en el pasado reciente tanto Abascal como Lozano, (ex secretarios del Trabajo) promovieron sendas propuestas de reforma y los partidos de oposición “los batearon”, a pesar de que en tres décadas se han acumulado más de 500 iniciativas de ley.

El remedio y el trapito La última modificación a la Ley Federal del Trabajo, fue una microreformita donde se recorrieron los días festivos para hacer puentes largos, (Art. 74 publicados en el DOF 17 Enero 2006).

De 1972 a 2006, solamente se incluyeron rubros más que reformas tales como: vivienda, INFONACOT, capacitación y adiestramiento, etc.

El PAN presentó al Congreso el 18 de Marzo de 2010 su iniciativa de reforma y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, y un año después el PRI presentó su iniciativa de reforma.

A lo largo del tiempo, este consultor ha analizado las propuestas partidistas PAN, PRI, PRD, generando algunas conclusiones generales resumidas sobre temas específicos de impacto laboral, que incluyen: Sindicatos, Cláusula de exclusión; Huelgas; Toma de nota; Contratos Colectivos de Trabajo; Contrato Ley; Tiempo extra; Tercerización y Externalización en resumen 12 temas.

Primero analizamos la exposición de motivos de la pequeña, limitada, corta, acotada, reducida y simple propuesta de reforma laboral del PRI, donde observamos con claridad su postura gatopardista del cambio sin cambiar nada.

Reforma Laboral ¿negociada?

POR GUSTAVO RAMÍREZ toda actualización, y toda reforma a la LFT, debe de ir en el mismo sentido de la letra constitucional, pues es la Constitución la que le otorga fundamento”, es decir, proponen actualizar o en su caso reformar, solo si no se vulnera la letra y espíritu del Art. 123 Constitucional y proponen los tres principios básicos del Derecho del Trabajo: Carácter tutelar de los derechos de los trabajadores.

Garantía de estabilidad en el empleo y, La irrenunciabilidad a los derechos de los trabajadores.

Pero, también los diputados priístas reiteran, “rechazamos que bajo el pretexto de fiscalizar la vida interna de los sindicatos, se pretenda vulnerar su autonomía y formas de organización interna que han proporcionado al país la paz laboral durante casi 80 años”.

A estos dinosaurios, los cambios mundiales, económicos, sociales y productivos no les interesan ni les resultan preocupantes, tales como: el desempleo galopante, la informalidad, y mucho menos las nuevas características del mercado laboral.

La productividad, la modernización laboral, la inversión productiva, la transparencia y rendición de cuentas, la innovación tecnológica, las competencias laborales, las nuevas formas de contratación, los nuevos métodos de organización, etc. reitero, no les importa y todo lo resumen al

incluir un nuevo concepto mareador: “TRABAJO DIGNO”, como sinónimo de respeto a las conquistas laborales, y privilegios sindicales conocidos.

En su iniciativa se hacen propuestas concretas relacionadas con el outsourcing, que dicen “no tiene como finalidad erradicar tales prácticas de organización patronal y empresarial, sino ante todo de dotarlos de un marco jurídico laboral claro que inhiba la evasión de las obligaciones legales y que den certeza tanto a trabajadores como patrones que participen de este tipo de esquemas, de sus derechos y obligaciones” y rematan: “deseamos que el llamado outsourcing no sea visto como una actividad enemiga de la clase trabajadora, sino como un sector dinámico, generador de empleos, de ingresos, siempre adecuadamente regulados por la ley”.

Volviendo a la realidad, el “nuevo” diputado Joel Ayala Almeida, Secretario General de la FSTE, expresó, “es necesario crear una nueva iniciativa de reforma laboral y no seguir con parches, nosotros tenemos que ir al enfoque real” (sic).

Para el “nuevo” PRI, su pequeña y simple propuesta de reforma laboral, está percibida sin tocar ni revisar el 123 Constitucional, e insisten en que debe ser tutelar y rechazan la fiscalización, la rendición de cuentas, la democracia y la transparencia de los sindicatos, o sea, como antes y como siempre.

Artículo Conclusión Muchos han olvidado que el verdadero enemigo de los verdaderos trabajadores, no son los patrones, a veces ni las autoridades, sino los conocidos como líderes sindicales que ostentan los sindicatos como patrimonio propio susceptible de heredar y de esos hay muchos casos actuales y vigentes.

Todos coinciden en que es necesario e indispensable modificar la LFT. El cómo hacerlo es el problema, ya que existen muchísimas propuestas, algunas coincidencias, pero su aceptación se venderá como sangre sindical, como capital político.

La obsolescencia de varios factores laborales son evidentes, como el esquema de prestaciones económicas, los aumentos salariales tradicionales, la viejas formas de negociación colectiva; todos ellos han quedado atrás y ahora hay que definir nuevas acciones para impulsar a los recursos humanos como una auténtica y real ventaja competitiva.

La modernización laboral es una forma de supervivencia productiva donde se requieren factores eficaces que respondan a las condiciones del siglo XXI, donde debe conciliarse con equidad la competitividad con la eficacia productiva y el cumplimiento de metas de bienestar social y remuneración justa.

La modernización de las relaciones laborales implica el plasmarlo en la reforma laboral de una manera simple y efectiva, implica además rebasar la forma tradicional de confrontación entre el sindicato y la empresa.

Los líderes se alimentaron y se solidificaron con los usos y costumbres del poder político: La simulación como fuente de poder y la impunidad como coto.

La prerrogativa como título nobiliario.

El corporativismo como forma de vida.

Exposición de motivos del PRI El nuevo gobierno federal con el “nuevo” PRI al frente, tiene un lastre con los sindicatos corporativos que formaron y sostuvieron al viejo PRI. Sobre su propuesta de reforma laboral, a cargo de Tereso Medina Ramírez, Presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara, Francisco Rojas Gutiérrez, José Ramón Martel López, Isaías González Cuevas y otros 234 diputados del PRI, en su exposición de motivos resaltaron lo siguiente: “Partimos del criterio de que

Trabajadores del STUNAM, SME y organizaciones sociales e independientes marchan en rechazo a la reforma laboral, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Benjamín Flores/Procesofoto/DF

Artículo Para el PRI, el objetivo de su reforma laboral es no tocar el 123 Constitucional, y eso significa no modificar las jornadas de trabajo La paz laboral como moneda de cambio.

Hoy existen condiciones esenciales para arribar a la modernización laboral a través de una reforma laboral profunda revisando el 123 Constitucional, fusionando los apartados A y B del mismo y segmentando la LFT en Derecho Colectivo, Derecho del Trabajo y Derecho Procesal.

Pero para el PRI, el objetivo de su reforma laboral es no tocar el 123 Constitucional, y eso significa no modificar las jornadas de trabajo, la edad mínima para trabajar, condiciones óptimas en seguridad e higiene, capacitación, tripartismo, seguridad social, PTU, etc.

No revisar el 123 Constitucional generará controversias constitucionales. Por ejemplo, la reforma propuesta por la STPS se inclina por flexibilizar la jornada laboral reconociendo medias jornadas, jornadas por hora o jornadas por semana, que hoy se dan, pero fuera de la ley, pero, en el 123 Constitucional, Fracción I, dice “la duración de la jornada máxima será de 8 horas”.

Otro ejemplo y también propuesta de esta reforma, el pagar salario vía transferencia electrónica, pero la Fracción X del 123 Constitucional dice, “el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal…”.

Es urgente que este “nuevo” PRI con su viejo lastre sindical, presente una nueva reforma laboral, seria, profunda y moderna y no el pasquín que presentó en la última ocasión. Para la reforma laboral fast track, se tendrán los siguientes escenarios: Escenario 1 ¡Nada para nadie! Una vez más se archivan los proyectos de reforma para otra ocasión.

Escenario 2 ¡No corre prisa! Se pasa la estafeta de la decisión a una comisión especial.

Escenario 3 ¡Lo mínimo! Se realiza otro simulacro de micro reformita, o un simple maquillaje.

Escenario 4 ¡Lo facilito! Se revisa la reforma sobre la actual, únicamente rasurándola.

Escenario 5 ¡Lo que esperamos todos! Abordar con profundidad y profesionalismo una revisión desde el Art. 123 Constitucional, pasando por una reforma laboral total e integral.

Ya veremos si el “nuevo” PRI quiere cambiar o si es más de lo mismo. ¿Y los Sindicatos Apá?

Hablar de los sindicatos es remontarnos al origen estructurado del sistema político mexicano.

Es importante destacar que en el Artículo 123 de la Constitución Polí-

01.10.2012 tica de los Estados Unidos Mexicanos, sobre este rubro prevé lo siguiente: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de los empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. La Fracción XVI dice, “Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.…..”, en concordancia con lo anterior, la Ley Federal del Trabajo (LFT), pormenoriza dicha libertad de coalición y la define como un Sindicato, establece sus derechos y obligaciones, además de reglamentar todo lo relacionado a su estructura, funcionamiento y cancelación de registro.

En los artículos 357 y 365 de la Ley Federal del Trabajo, el primero, a la letra indica lo siguiente: “Los trabajadores y los patrones tienen derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa” y el segundo, establece, que es ante esta Autoridad, ante quien debe solicitar su registro la asociación sindical naciente.

Hasta ahí la ley. A continuación las propuestas resumidas de Reforma Laboral sobre Sindicatos de los partidos políticos: Para el PAN, en el tema de sindicatos, sus propuestas imponen que cualquier injerencia indebida será solucionada en los términos de ley; deroga el sindicato de oficios varios; incluye a sindicatos industriales formados por patrones de la misma rama; impone nuevos principios y valores para el registro de sindicatos tales como: legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical; amplía los requisitos para el registro público de sindicatos como firma, estatus, versión pública de los estatutos, actualización, elección de la directiva con voto libre, directo y secreto, presentación de cuentas informando el patrimonio sindical y situación de ingresos por cuotas sindicales y sanciones a quien no cumpla; el patrimonio sindical debe ser dictaminado por un auditor externo; suspensión del pago de cuotas a quien omita información; uso de herramientas electrónicas para presentar información ante las autoridades; suprime la llamada “cláusula de exclusión”; controla con mayores requisitos las detentaciones de contrato.

Para el PRI, en el tema de sindicatos, incluye que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención en los sindicatos, a la rendición de cuentas le quitan la obligatoriedad semestral y lo remite simplemente a lo que digan sus estatutos. Eso es todo lo propuesto en su micro reforma laboral.

Para el PRD, en el tema de sindicatos, también limita la intervención de las autoridades; clarifica los conceptos de injerencia sindical como la ayuda financiera, logística, la coacción, opresión o amenaza de cierre; limita el no poder despedir a los miembros de la directiva sindical;

discriminación sindical; decisión libre de criterio organizativo, radio de acción o ámbito territorial o gremial; disminuye a que con doce trabajadores se constituya un sindicato; propone el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo; quita la toma de nota y propone un juez sindical a la cancelación del registro sindical; amplía los criterios en los estatutos creando la Secretaría de igualdad de género, asambleas trimestrales para la elección de la directiva y debe ser mediante voto libre, universal, directo y secreto; incluye cobrar cuota sindical a los trabajadores NO sindicalizados; incluye sanción por el no cumplimiento de la rendición de cuentas semestral.

Como vemos, las propuestas de los partidos son variables. Sin embargo, la propuesta de reforma laboral del PRI en el rubro o tema de los sindicatos es muy pobre y limitada, es decir, no proponen ningún cambio sustancial en los sindicatos, y se comprende, ya que al fin, son sus fieles, leales y viejos aliados y cómplices en el poder político sustentable. O parecería que la intención de la propuesta de reforma laboral del PRI fuera una vil vacilada o simplemente cumplir con el requisito o un mensaje cifrado a su modelo de corporativismo sindical, ya que en ningún momento habla de credibilidad, transparencia, rendición de cuentas o democracia.

Hoy, la mayoría de los sindicatos son entidades anquilosadas, monolíticas y con opacidad.

El punto clave con respecto a los sindicatos es la rendición de cuentas a sus agremiados. Por eso, proponemos cancelar de la Ley del ISR, el Art. 95 que dice, “Son personas morales NO contribuyentes: I. Sindicatos obreros y organismos que los agrupen” y en el Capítulo de obligaciones en el Art. 101 fracción IV dice, Contribuyentes con obligaciones exentas: “Los sindicatos obreros y los organismos que los agrupan quedan relevados de cumplir con la obligaciones…”.

Sin embargo, en la Ley federal del Trabajo en el Art. 374 dice, “Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para: I Adquirir bienes inmuebles”, resultando así incongruentes la LFT y la LISR. Por lo tanto, debemos exigir su derogación por inconstitucional y violatoria del Art. 31 de la Constitución… “Son obligaciones de los mexicanos…” y la fracción IV… “Contribuir para los gastos públicos…de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes…”, letra que no se cumple por la excepción de la ley con respecto a los sindicatos. Debe evitarse que los sindicatos se conviertan en entidades de lavado de dinero del crimen organizado, por decir lo menos, ya que definitivamente es un negocio redondo.

El punto clave con respecto a los sindicatos es la rendición de cuentas a sus agremiados.

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Para una reforma laboral seria y profunda proponemos: Plantear una definición estructural, es decir, revisar el 123 Constitucional ¿Se fusionan los apartados A y B? ¿Se agrupa la LFT? ¿Cuál reforma laboral de las propuestas por los 3 partidos se aprueba?

Segmentar la LFT en Derecho Colectivo, Derecho del Trabajo y Derecho Procesal.

Relocalizar a la autoridad laboral al poder judicial.

En el rubro de sindicatos los puntos clave a lograr en una reforma laboral para el siglo XXI serían: Democracia sindical, votación secreta y no relección; cumplimiento cabal de los estatutos.

Rendición de cuentas. Cuentas claras, cero opacidad, entrega de información, transparencia en los fideicomisos y patrimonio sindical, fiscalización, registro contable y auditoría fiscal.

Eliminar las excepciones. Desmantelamientos de contratos colectivos de protección, regulación del concepto de huelga; eliminación de cláusula de exclusión; eliminación de oligopolios y monopolios sindicales.

Para el PAN, en el tema de sindicatos, sus propuestas imponen que cualquier injerencia indebida será solucionada en los términos de ley Urge un cambio sustancial. Sindicalismo propositivo, generador de estabilidad del empleo, cooperativo.

Transparencia. Registro Público Nacional de Sindicatos y de Contratos Colectivos de Trabajo.

Federalización de la justicia laboral, Derecho Procesal transparente y expedito, simple; reducción de procedimientos.

Por lo pronto, el Ejecutivo federal ya envió su anteproyecto de Iniciativa de Reforma Laboral al Congreso, escudado en las reformas electorales donde se considera con carácter de Iniciativa de Trámite Preferente, y el Congreso tiene 30 días naturales para adecuarla y aprobarla.

La versión enviada al Congreso por el Presidente de la República es la conocida como la “Ley Lozano”.

Reforma Laboral del Ejecutivo Federal Exposición de motivos Para el PAN, su propuesta de reforma laboral radica en la urgencia de la modernización de la Ley Federal del Trabajo (LFT). A través del Ejecutivo y apoyado en la última reforma política, envía una Iniciativa Presidencial de Trámite Preferente al Congreso.

Ejes de la reforma El PAN, ante los escenarios cambiantes, dice que “se necesita construir el andamiaje jurídico para que la modernización de la Ley Federal del Trabajo se logre sobre cuatro

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Artículo

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ejes fundamentales: Eje 1, Promover la generación de más empleos, Eje II, lograr que aquellas relaciones laborales que se desarrollan en la informalidad, se regularicen y transiten al mercado formal, Eje III, Otra prioridad es brindar mayor certeza jurídica a los sectores productivos, a través de mejorar la impartición de justicia y de conciliación. Sin embargo, las cargas de trabajo en el ámbito de la administración e impartición de justicia laboral, representan un importante obstáculo que provoca rezagos en la atención y resolución de los conflictos. Eje IV, Modificar las bases que rigen el procedimiento laboral y modernizar y agilizar la impartición de justicia”.

Premisas del PAN El marco jurídico laboral ha quedado rebasado ante las nuevas circunstancias demográficas, económicas y sociales.

La legislación actual no responde a la urgencia de incrementar la productividad de las empresas y la competitividad del país, ni tampoco a la necesidad de generación de empleos.

Subsisten condiciones que dificultan que en las relaciones de trabajo prevalezcan los principios de equidad, igualdad, y no discriminación.

El anacronismo de las disposiciones procesales constituye un factor que propicia rezagos e impide la modernización de la justicia laboral.

A pesar de que nuestro país ha tenido importantes progresos democráticos y de libertad, aún es necesario avanzar a mejores prácticas en las organizaciones sindicales, que favorezcan la toma de decisiones.

La normatividad laboral no prevé sanciones significativas a quienes incurren en prácticas desleales e informales contrarias a la ley.

Por estas premisas considera necesario reformar la Ley Federal del Trabajo, pero sin que ello implique abandonar los derechos reconocidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Contenido de la iniciativa El anteproyecto de reforma labo-

ral panista está basado en 51 propuestas que diseñan su plataforma laboral, entre ellos: Subcontratación-outsourcing Regula la subcontratación de personal, es decir el outsourcing, con el propósito de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón; define jurídicamente la figura de subcontratación; se determina que el contrato de prestación de servicios deba constar por escrito; se prevé que la beneficiaria de los servicios tendrá la obligación de cerciorarse de la solvencia económica de la contratista y que esta cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud; establece la responsabilidad solidaria contraída con los trabajadores.

Sindicatos Con respecto a sindicatos prevé el voto libre, directo y secreto en elección de la directiva sindical y los alinea a lo dispuesto por la OIT; fortalece la rendición de cuentas por parte de los sindicatos que deberán ser dictaminados por auditor externo; incluye este concepto obligatorio en los estatutos sindicales que incluye sanciones al incumplimiento; facilita a los sindicatos el cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades mediante la utilización de herramientas electrónicas; incluye registro público de registros sindicales; se suprime la denominada cláusula de exclusión por separación; limita los trámites de huelga; incorpora como causal de inexistencia de la huelga que el sindicato no cumpla con los requisitos y la no precisión de la violación al contrato; combate los denominados contratos de protección; establece nuevas reglas de los demandantes de titularidad; precisa los procedimientos de conflictos de naturaleza económica; prevé el voto libre, directo y secreto en el desahogo de la prueba del recuento, propone establecer una vía incidental.

Autoridades laborales Amplía el concepto de concesión federal; fortalece las facultades y objetivos del Servicio Nacional del Empleo; elimina las Juntas federales y

locales de Conciliación; incorpora el principio de conciliación en el proceso laboral; incluye el servicio profesional de carrera; profesionaliza al personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; valida el uso tecnológico en las Juntas; modifica la estructura de la primera audiencia como conciliación, demanda y excepciones y, una segunda audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; establece un procedimiento sumario para tramitar conflictos; incrementa las multas.

Otros conceptos: Alinea la Ley Federal del Trabajo a preceptos establecidos por la OIT como “trabajo decente”, respeto a la dignidad humana, no discriminación, acceso a la seguridad social, salario remunerador, autonomía y democracia sindical.

Incluye nuevas modalidades de contratación, periodos de prueba, de capacitación inicial, trabajo temporal, teletrabajo.

Tipifica como delito el trabajo de menores de 14 años.

Introduce licencia de paternidad de 10 días con goce de sueldo.

Replantea mecanismos de protección jurídica; en avisos de rescisión de contrato y una nueva causal de rescisión por exigir el patrón la realización de actos o conductas que atenten contra la dignidad.

Fortalece los derechos de la mujer trabajadora; legaliza la práctica de distribución de descanso pre y postnatal.

Incluye el pago del salario por vía electrónica.

Limita la generación de salarios vencidos por la indebida práctica de prolongación artificial de un juicio a un máximo de doce meses.

Impulsa la multihabilidad con recompensa salarial.

Establece una nueva obligación patronal de afiliación al INFONACOT. Armoniza la legislación con los criterios de la SCJN. Obligación patronal de adecuar instalaciones para discapacitados.

Mejora las condiciones de trabajo de empleados domésticos, duración de su jornada, descansos.

Marcha de la Unión Nacional de Trabajadores y Sindicatos, del Angel al Zócalo capitalino.

Foto: Benjamín Flores / Procesofoto / DF

Incluye un nuevo capítulo de regulación del trabajo en las minas.

Conclusión En el documento se desprenden buenas y novedosas ideas para la modernización laboral, sin embargo, el Frente Amplio Progresista que incluye a diputados del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano, ya dijeron que no cuenten con ellos; los diputados del PAN tienen que defender la iniciativa del Ejecutivo; el PRI dice que va, pero que su iniciativa es mejor; al PANAL la iniciativa NO le gusta y la califica de “inoportuna”.

Ante este panorama, prevemos una dura lucha de poderes, de vanidades, de intereses políticos, económicos y partidistas, pero defender a los trabajadores, ¿quien sabe ahora quien los representa realmente?

El sindicato: juez y parte Quedó integrada la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura, misma que se avocará a dictaminar la Iniciativa Preferente enviada por el Ejecutivo, y que será presidida por el diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo (PRI), número dos de la CTM y secretario general de la FTDF, a la que lideró más de 30 años Joaquín Gamboa Pascoe, número uno de la CTM; Luis Ricardo Aldana Prieto, consejero del Sindicato de PEMEX en el Consejo de Administración y tesorero del mismo sindicato en la época del famoso PEMEXGATE (PRI); Marco Antonio Barba Mariscal de la CROC y Secretario General del Sindicato de Granjas y Establos de Jalisco (igual que Fidel Velázquez en el Estado de México) (PRI); Patricio Flores Sandoval, Secretario General del SITATYR desde hace17 años y sucesor de Netzahualcóyotl de la Vega, líder del mismo sindicato por más de 35 años (PRI); Jorge del Ángel Acosta, Secretario General de la sección 30 (Poza Rica) del Sindicato de PEMEX (PRI); María Leticia Mendoza Curiel, Secretaria General del Sindicato de Hospitales, Laboratorios Clínicos de Jalisco; Francisco Grajales Palacios, (PRI) Secretario de Organización del Sindicato Ferrocarrilero del nefasto Víctor Flores, de 73 y 37 años de operación sindical; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza; Elsa Patricia Araujo de la Torre y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, todos estos priistas. Siendo en total, diez diputados priistas, siente diputados panistas, seis perredistas, dos del partido Verde, uno del Movimiento Ciudadano, uno del PT y uno de Nueva Alianza.

Del PRD destaca Martí Batres Guadarrama, de licenciatura trunca, ex Secretario de Desarrollo Social del GDF de Ebrard y de López Obrador, sin ninguna experiencia sindical.

El resto de los miembros de la Comisión, aparentemente no tienen ninguna experiencia sindical, y son los responsables de dictaminar el anteproyecto de reforma laboral enviada por el Ejecutivo.

De antemano se nota la fuerza legislativa priísta que convocó a lo más

Artículo granado de su élite sindical para confrontarla, siendo sus “tiradores” los representantes de lo más antidemocrático de la lid sindical, por ejemplo la CTM del DF y nacional, sindicatos de PEMEX, Ferrocarrilero, de Radio y Televisión, de Jalisco, de la CROC, etc., pero contando para la votación abierta en el Congreso con líderes sindicales como el de la CTM de San Luis Potosí, del Sindicato de Profesionistas de la CTM, de la Federación Juvenil de la CTM, CTM de Durango, sección 10 de Veracruz del petrolero, sección 32 del Sindicato de Maestros, del Sindicato de Salud de la FSTSE, del Sindicato del IMSS, del Sindicato de Electricistas, Sindicato de Taxistas de Quintana Roo; los Académicos de la U de G, de Chalco, del Ayuntamiento de Culiacán, del Sindicato de Maestros del Estado de México.

Sí, todos ellos líderes sindicales priistas a quienes les corresponde calificar, debatir y discutir las propuestas del Ejecutivo sobre transparencia, democracia, rendición de cuentas, sindicatos, huelgas, cláusulas de exclusión, etc.

Es decir, a estos “caballeros” de alta prosapia y experiencia para darle la vuelta a la ley, les toca calificar la iniciativa. A líderes sindicales que han mantenido su propia dictadura sindical, es decir, la iglesia en manos de Lutero.

En este tema, todos los sindicatos, llámense como se llamen, corporativos, blancos, independientes o radicales, siempre han puesto o antepuesto sus posiciones personales a los de los propios sindicatos y sus trabajadores.

Para todos ellos, no es necesaria una reforma laboral ya que aducen y se escudan en sus conquistas sindicales más que en una modernización laboral. Para ellos, no está en decadencia el sistema laboral y mucho menos el sindicalismo.

Para ellos, el derecho de huelga, la negociación y la contratación colectiva están vigentes y no en crisis; para ellos, todo está bien como está y punto.

Para una reforma laboral substancial, sin duda se requiere trastocar a los sindicatos, y reconfigurar el sistema laboral, y si no, la sustancia se perderá.

La transformación y modernización laboral, por lo tanto, deberá incluir y revisar a los sindicatos.

Los sindicatos fueron concebidos e impulsados como sector obrero y aglutinados por el PRI, como grupo de control corporativo. Así, durante más de 70 años se desarrolló y creció a varios sindicatos, siendo los más

En este tema, todos los sindicatos, llámense como se llamen, corporativos, blancos, independientes o radicales, siempre han puesto o antepuesto sus posiciones personales a los de los propios sindicatos y sus trabajadores.

01.10.2012 representativos los siguientes: CTM, CROC, Telefonistas, SNTE, Sindicato Petrolero, Petroquímico, Azucarero, Ferrocarrilero, Minero, CFE, Burócratas, UNAM, UNT y CROM. En casi todos ellos, el perfil de cacicazgo o dictadura sindical prevalece e incluso hay liderazgos que heredan.

Postura del PRD Los diputados de la izquierda quieren descarrilar la “Iniciativa Preferente” aduciendo que como no existe ley reglamentaria, la iniciativa no es legal. Mientras tanto, las senadoras perredistas – Alejandra Barrales, quien fue líder sindical de sobrecargos, puesto desde donde estalló la huelga de la Compañía Mexicana de Aviación y es distinguida alumna de Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT y Dolores Padierna, ex fundadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), delegada de la Cuauhtémoc y esposa del “Sr. de las ligas” – anunciaron que se reunirán con la UNT para diseñar una contrarreforma laboral.

Postura del PRI Mientras se violenta la libertad de trabajo y la libertad contractual y se da la proliferación de sindicatos monopólicos u oligopólicos de sindicatos, sustentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a estos se les solapa a través de las autoridades laborales apoyadas y sustentadas en una Ley Federal del Trabajo obsoleta y rebasada a través de diferentes candados diseñados para el control de los trabajadores.

Entre ellos: la cláusula de exclusión, además de la falta de transparencia en la rendición de cuentas semestrales como lo establece la ley actual, donde su incumplimiento no conlleva sanción alguna.

Mientras exista falta de democracia invocando viejos estilos de votación, permitiendo las relecciones infinitas y se les arrope exentando a los sindicatos de reportar impuestos a través de la LISR, los sindicatos seguirán teniendo todo el poder económico y político que actualmente detentan. Cuando alguna autoridad pretende tocarlos siquiera “con el pétalo de una rosa” exigiendo rendición de cuentas, los sindicatos invocan la “inmaculada autonomía sindical”, como decía el ex Secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón.

En cuanto a la postura del presidente electo con respecto a la transparencia sindical, durante su campaña política dijo que para él “la transparencia no es un compromiso” y tibiamente se pronunció por democratizar a los sindicatos del país y recalcó: “La modernización de los sindicatos (no los líderes) y su democratización (no los caciques) están en los mecanismos que tengan sus agremiados (no la ley) para exigir cuentas a sus líderes”. Hasta ahí la referencia.

La reforma laboral no puede ser rehén de los sindicatos y de sus líderes, sin embargo, vemos muy difícil…

La obsolescencia de la LFT y una maquillada de modernización laboral no responden a las condiciones laborales del S. XXI “que chango viejo aprenda maroma nueva”.

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social El sindicalismo ha muerto… en el proyecto de “Iniciativa Preferente” presentada por el Ejecutivo Federal, la Comisión de Trabajo que la dictaminó, no tuvo la altura de miras para trascender históricamente y haber aceptado los cambios propuestos incluyendo la modernización de los sindicatos para insertarlos en el siglo XXI, y dejar atrás 70 años de corporativismo sindical.

Era el momento adecuado de cambiar la percepción social que se tienen de los sindicatos, desde su origen, desarrollo, estructura y operación, pero sobre todo de cambiar la percepción de los líderes sindicales reconocidos no por sus virtudes sino por sus adjetivos calificativos adversos: charros, antidemocráticos, corruptos, chantajistas, ventajosos y exigentes.

Otra oportunidad perdida fue la de incluir a la modernidad a los Contratos Colectivos de Trabajo, (CCT) pudiendo hacerlos expeditos desde el proceso de registro, el análisis, su estructura, el clausulado, etc. Pero sobre todo, de adecuarlos, ya que los actuales CCT están plagados de cláusulas algunas ya obsoletas, otras que generan privilegios, prebendas, cláusulas ventajosas, onerosas, procedimientos rígidos, burocráticos, excesivos y costosos.

En el concepto de Derecho de Huelga, se perdió la oportunidad de cambiar su concepción, que siempre ha servido como moneda de cambio para incrementar exigencias, poniendo en riesgo la inversión productiva generadora de empleo.

Este dictamen pasó sin tocar a los sindicatos, propiciando falta de certeza jurídica a los inversionistas, quedando muy lejos la libertad sindical, la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, faltando también una revisión integral para que la reforma propicie la promoción del empleo y la recuperación del poder adquisitivo del salario; desafortunadamente, los viejos acuerdos sindicales priístas, evidenciaban una Reforma Laboral Light, pero lo que es grave es que en esta propuesta de dictamen queda incompleja, coja, incongruente y compleja, quedando muchos pendientes, entre ellos: No incluyó La revisión del Artículo 123 Constitucional.

Otro gran tema que se pierde en la vorágine de las posturas partidistas, es un capítulo especializado para las PYMES, que generan el 96% de los empleos en este país, a pesar de que esta es la recomendación 189 de la OIT, y

Transición 19

ni siquiera fue comentada.

Evidentemente, al no haber revisado el Art. 123 Constitucional, por contracción constitucional no se pudo incluir la Autonomía Sindical, el Derecho de Huelga y la Contratación Colectiva, pero eso sí, se aprueban, aún en contra de la Constitución, diferentes tipos de contratación, incluyendo el pago por horas.

Lo que nunca se previó en esta iniciativa fue establecer nuevos mecanismos para fijar el salario mínimo y promover un incremento sistemático en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Parecería que este acuerdo ya estaba más que cocinado, sin embargo, como analista considero y resaltamos Lo que no viene Adecuar la jornada laboral a la realidad (48 horas Vs. 40).

Transparencia y rendición de cuentas.

Democracia sindical.

Fiscalización de recursos sindicales.

Equidad en la justicia laboral.

Contratos de protección.

Seguro de desempleo.

Regular la detentación y filtración sindical.

Eliminación de huelgas solidarias.

Eliminación de contratos ley.

Flexibilidad de la materia y su avance tecnológico.

Jornadas laborales diferenciadas para jóvenes, mujeres y discapacitados.

Capacitación alineada a la productividad, vía desempeño.

Multihabilidad.

Escalafón ciego.

Jornada laboral flexible.

Federalización de la Justicia Laboral.

Reconversión laboral.

Flexibilización de los CCT. Empleo digno para adultos mayores.

Prima de antigüedad anualizada y pagada por año.

Certificación laboral y sindical.

Voto libre y secreto para la prueba de recuento.

Limitación de dictaduras sindicales.

Cláusula de exclusión.

Sin duda quedaron muchísimos pendientes, pero denota que los viejos sindicatos siguen siendo parte del nuevo PRI, administrando sus antiguos privilegios que han sido un lastre político inclusive.

La obsolescencia de la LFT y una maquillada de modernización laboral no responden a las condiciones laborales del S. XXI, quedándonos atorados en la oportunidad de poder abordar con profundidad una reforma laboral, total e integral.

No cabe duda que el nuevo PRI, tiene viejos compromisos con sus mismos aliados, los sindicatos. De ahí inferimos: el verdadero sindicalismo, efectivamente ha muerto.

www.mundolaboral.com ramirezllaca@axtel.net

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Artículo

01.10.2012

¿Por qué perdió el PAN? • El enemigo interno, principal factor desestabilizador • El Presidente no ayudó POR EMILIANO LÓPEZ

L

a derrota electoral del PAN se debió a una suma de factores que se fueron enlazando e impactando en la percepción social de descontento contra el panismo. Estos factores se pueden centrar en seis variables principales: la crisis económica global; la estructura de poder formada durante años por el PRI; el mal desempeño de Fox y Calderón en el gobierno federal; malos dirigentes nacionales del PAN; un proceso interno panista accidentado y fragmentado para elegir candidato presidencial; una mala candidata presidencial con pésima campaña.

social y contra el gobierno en turno, por su incapacidad de controlar y solucionar la crisis económica.

La economía mexicana es altamente dependiente de EU hasta el sometimiento, que México no puede desligarse o rechazar el alineamiento económico del vecino país. De igual manera no puede sustraerse de los dictados impuestos por los organismos financieros internacionales los cuales son erróneos, en la mayoría de las ocasiones. Esta dependencia es tóxica por no diversificar y fortalecer la economía interna y con otras potencias, por ello el dicho popular de que cuando la economía estadounidense tiene un resfriado a la econo-

mía mexicana le da pulmonía.

En la década de los 90, EU enfrentaba una recesión económica, sus déficits fiscal y comercial se incrementaban, su deuda se había triplicado en 502 mil millones de dólares en favor de los inversionistas extranjeros en ese país y sufría una crisis inmobiliaria. El escenario internacional de los 90 muestra una hegemonía económica de EU erosionada y vulnerable frente al surgimiento de verdaderas potencias en todo o en forma integral como Alemania -país fundador de la Unión Europea- u otras como China, Japón, Corea del Sur. Estados Unidos intentó levantar su economía mediante la depredación de otros

La crisis económica, motivo de descontento En todo tiempo, país y lugar, las crisis económicas generan descomposición social, protestas y estallidos políticos que derivan en la mayoría de las veces en caídas o desplazamientos de gobiernos. Las crisis afectan el nivel de desarrollo y desenvolvimiento cotidiano de la sociedad que se deteriora día a día reflejada en una sociedad estancada, polarizada desintegrada y violenta en muchos aspectos. Su mayor expresión es en el incremento de homicidios, suicidios, robos, adicciones, violencia e indigencia social, pobreza y marginación social, así como en familias caóticas, desintegradas, estresadas, deprimidas y a veces violentas.

La crisis económica polariza a la sociedad y enfrenta un sector con otros por resentimiento social por causa del desempleo, falta de oportunidades de progreso, pobreza y marginación social.

Todo lo anterior se conjunta para propiciar y generar descontento

países, invadiéndolos para tener acceso a sus recursos naturales como el petróleo y cobre; justificando y legitimando sus invasiones mediante una propaganda política como “la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia, la defensa de su seguridad nacional, guerra contra las drogas y guerra contra el terrorismo”. Invasiones promovidas por el presidente George Bush las cuales fueron un fracaso militar y económico que profundizaron la crisis económica. Debido a ello Bush fue desplazado del poder por Bill Clinton.

México no tardó en resentir los efectos de la crisis económica del país vecino, los efectos se dieron en la gestión del presidente Ernesto Zedillo de filiación priísta, que enfrentó la crisis económica con la elevación de impuestos como el IVA, el impuesto sobre la renta y a instaurar impuestos nuevos a las telecomunicaciones, estos ingresos no fueron encaminados a nuevas inversiones o proyectos productivos, sino a mantener la estructura y nómina gubernamental que consumía el 80% del presupuesto público, impuestos que aumentaron la pobreza y el descontento social que se expresó en las urnas el 2 de julio de 2000. En esta elección se desplazó al gobierno del PRI por el del PAN con Vicente Fox como presidente. En el gobierno de Calderón, la economía se caracterizó, por las presiones inflacionarias que se intensificaron en casi todo el mundo, por el aumento acelerado de los precios de las materias primas, en especial de los alimentos y el petróleo.

La globalización de la crisis encadenada a la crisis nacional influyó para la derrota electoral del PAN en la reciente elección presidencial de 2012. Este factor va enlazado con las estructuras de poder creadas por los gobiernos priístas y los que le son afines.

Estructuras de poder contra el PAN

Lic. Felipe Calderón Hinojosa.

Foto: Fernando Marroqui/Procesofoto

Todo aspirante al poder presidencial debe conocer los ejes de poder que en determinado

Artículo

01.10.2012

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Santiago Creel Miranda, Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero Arroyo, en la contienda interna del PAN. Foto: Margarito Pérez Retana / Procesofoto momento puedan obstaculizar o favorecer el ejercicio del poder público en bienestar de la mayoría de la población o la redirección de progreso que necesita la nación. Los gobiernos de Fox y Calderón no pudieron ni quisieron desmantelar la estructura de poder establecida por el PRI. En 2000, ningún partido tenía capacidad para controlar el Poder Legislativo y asegurar las reformas que se necesitaban y dar un mayor margen de maniobra de gobierno al presidente en turno.

Otro eje de poder eran los gobernadores. Fox y Calderón pudieron doblegar a gobernadores que impedían o limitaban la aplicación de políticas federales, como la de seguridad pública y combate al narcotráfico. Debió hacerse de un mayor número de gubernaturas para el panismo o negociar con el PRD para favorecer los equilibrios de poder a nivel estatal y romper la hegemonía priísta.

Otro eje de poder es el sindicalismo corporativo afín al PRI, prácticamente no hizo nada por debilitar o desaparecer al sindicalismo corrupto y anquilosado. A este eje de poder se sumó otro, el control de los institutos electorales estatales afines a los gobiernos priístas. Un factor más de poder fueron los medios de comunicación impresos y televisivos,

que tienen alianzas y complicidades con los priístas. Ellos desdibujaron, no resaltaron o fueron indiferentes o críticos a los logros gubernamentales del panismo. Asimismo, hacen linchamientos mediáticos a quienes amenazan su poderío económico.

Además, algunos organismos empresariales vinculados al priísmo o con quien tienen afinidades políticas, los cuales financian o triangulan recursos económicos para las campañas políticas. Un eje más fue la burocracia gubernamental en deuda y afín al priísmo, en lugar de desmantelarla y formar una nueva clase burocrática la enquistó con la Ley del Servicio Civil de Carrera que fue un fracaso social y aumentó el gasto gubernamental; lo razonable era desmontar esta estructura o reducirla en beneficio del erario público y del panismo. Con estos ejes el priísmo reconquistó el poder.

Mal desempeño de los gobiernos de Fox y Calderón Gobernar un país como el nuestro, con una gran complejidad, diversidad y problemática, requiere de un gobernante con las mayores herramientas posibles para enfrentar de manera adecuada y eficaz cada problema. Con las meras ganas, el voluntarismo, o tener poca experiencia y pocas herramientas intelectuales, culturales, científicas, técnicas, entre otras, no se llega a ser grande,

ni se puede hacer mejor a México. Un aspirante a gobernar el país no puede dar ni generar lo que no es o no tiene, mucho menos con herramientas limitadas. México no está, ni debe estar para aprendices de gobernantes ni debe ser un laboratorio de ensayo de apetitos personales de autoridad o de egos absurdos. Fox y Calderón fueron presidentes que no supieron ejercer el poder adecuadamente para las necesidades urgentes del país, incluso para su propio partido y su candidata presidencial. Carreras políticas cortas es igual a gobiernos caóticos o inerciales. Por regla general una carrera corta no garantiza un buen gobierno ni buenas decisiones políticas. Ni la academia o especialización del conocimiento hacen un buen gobernante. Generalmente tienden a gobernar o destacar su gobierno en su propia especialidad económico, político o social. Es decir, gobiernan con un pensamiento político unidimensional o bidimensional.

Se resalta que exgobernadores de entidades menos complejas y diversas no son buenos gobernantes para el país, como el caso de Vicente Fox, que gobernó Guanajuato. Políticos con aspiraciones presidenciales y expresidentes que no necesita o nunca necesitó México, porque le fue igual o peor. Tampoco pasar de ser empresario a gobernante es garantía de ser buen gobernante, está el caso de Silvio Berlusconi en Italia o el de Fox en

México. La característica de estos gobernantes no solo fueron cortas sus carreras sino escasa su visión, experiencia y de capacidad.

Lo peor es que reunieron en torno a él un equipo de trabajo de visión corta o especializada. En lugar de tener un equipo de trabajo con un enfoque integral sin perder la especialidad en la toma de decisiones en cada eje de gobierno.

El problema central de todo gobernante es que se enajena con su actividad y se auto engaña, o lo engañan mediante adulaciones banales. Para gobernar un país grande, complejo, multifacético e integral se necesita igual un presidente con las mismas características o por lo menos la mayoría de ellas. Para ser presidente se necesita un personaje con un conocimiento, inteligencia, capacidad, experiencia multifacética, compleja e integral. Un buen presidente no nace se hace, con un espíritu autocrítico, mentalidad abierta, decisiones sustentadas en un enfoque integral sin perder la especialidad en la materia o ramo. La especialidad no es integralidad, la especialidad es una rama o sector de la integralidad, una mentalidad o conocimiento especializado es importante pero limitado para gobernar.

El peor enemigo no son los

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partidos opositores ni un Congreso en contra, sino la deficiente forma de gobernar. Peor forma de gobernar igual a descenso o caída del poder. El panismo llegaba al máximo poder público con poca experiencia administrativa y política para gobernar. Fox y Calderón tenían en común su limitada experiencia política y administrativa, el primero fue director general de Coca Cola en México, Diputado federal por el estado de Guanajuato para la LIV Legislatura. Gobernador de Guanajuato en 1995. Sus cargos políticos no eran complejos ni de gran diversidad ni manejo presupuestal; el segundo, fue un caso similar, tuvo una carrera política meteórica, en cargos de administración pública federal duraba meses o a lo mucho un año.

El gobierno panista con Fox generó muchas expectativas de cambio, pero Fox no cumplió y solo gobernó por inercia y con contención de la crisis económica. La desesperanza y el desánimo empezaba a cundir en la ciudadanía, no quería inexpertos en el gobierno o justificaciones políticas, sino resultados contantes y sonantes. Los magros resultados logrados por Fox casi le cuestan la presidencia al panismo en la elección del 2006, donde Felipe Calderón Hinojosa ganó al perredista Andrés Manuel López Obrador con un mínimo margen de triunfo, el PAN obtuvo 15,000,284 votos contra 14,756,350 del PRD, la diferencia fue de tan solo 243934 votos. En esta elección también se consolidó como la primera fuerza en el Congreso de la Unión obteniendo mayoría relativa en la Cámara de Diputados y la de Senadores.

El panismo recibió una vez más un voto de confianza y esperanza de que tuviera una mejor gestión presidencial con un apoyo acotado en el Congreso. Fox y Calderón se destacaron por gobernar y centrarse en los grandes indicadores económicos que no se traducían en bienestar social y progreso económico de las mayorías, como en la época de Porfirio Díaz.

El sexenio de Fox se destacó por el control de la inflación el promedio sexenal anualizado fue de 4.45%; la Deuda Externa pública neta del gobierno federal pasó de 70,000 millones de dólares en el año 2000 a 49,900 millones de dólares para fines del 2006; el porcentaje de la Deuda Externa Neta con respecto al PIB corriente fue de 5.61% para fines de 2006, el más bajo desde los sesentas las reservas internacionales del país aumentaron, hubo un promedio anual de crecimiento del 11.31%; destinó el porcentaje más alto en gasto de desarrollo social, el promedio anual se ubicó en 61.5% para fines de 2006, la política social fue y es importante, pero se creó una fábrica de pobres en

dólares por barril, en tanto que en los primeros cinco años de gobierno ha sido de 75.2 dólares, y para el 2011 la media supera los 100 dólares. Además del dinero adicional que se obtuvo por más de 300 millones de dólares que se pidió prestados al Banco Mundial. Un gobernante que no solo deja en una mayor crisis y endeudamiento de México, sino que además por su incapacidad para gobernar deja casi 80 mil muertos por su guerra contra el narcotráfico. Al final de cada sexenio, México termina siempre en crisis. Los hombres de Estado son como los cirujanos, sus errores son mortales.

El gobernante cree que el poder solo es expresión de verborrea y publicidad, no de resultados. La mayoría de los gobernantes son promotores y hacedores de la ruina de México, por eso es necesaria la revocación de mandato de cualquier cargo público. La mala decisión o equivocación de un gobernante hipoteca o deja en ruinas al país y a la mayoría de sus habitantes. Y todavía se les premia con sueldos y prestaciones vitalicios. El mal desempeño de los presidentes panistas se agregó el mal desempeño de los dirigentes nacionales panistas.

Vicente Fox, ex presidente de México Procesofoto: Germán Canseco

Dirigentes nacionales panistas ineficaces y luchas internas

lugar de reactivar la micro, pequeña y mediana industria que son las que más generan empleos y distribuyen mejor la riqueza social, las empresas grandes y las transnacionales solo monopolizan y estancan la economía y el ingreso económico. La mejor política social es el desarrollo y ejercicio de capacidades, potencialidades y experiencia de cada habitante –la autosuficiencia, no la dependencia-.

Las dádivas asistenciales son importantes pero no ayudan a crecer las capacidades de las personas, ni las capacidades de un país. El desempleo, la falta de oportunidades de progreso y de ingreso se relacionan con una peor salud pública, con una mayor descomposición social y violencia social, aumentan las muertes por suicidio asociada al desempleo, asimismo aumentan los trastornos mentales y emocionales en la mayoría de la población. El gobierno foxista quedo a deber mucho a los mexicanos, en materia de crecimiento económico, empleo, reactivación del sector productivo interno, seguridad

pública, entre otros rubros.

La gestión de Calderón fue similar a la de Fox, su quehacer político y gubernamental fue de carácter cortoplacista e inercial. Felipe Calderón el autonombrado “El presidente del empleo”, deja más desempleo y pobreza. El mexicano más pobre llega a percibir hasta 27 veces menor ingreso que el más rico, en promedio, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), si bien la población en pobreza multidimensional pasó de 48.8 millones de personas en 2008 a 52 millones en 2010, la población pobre por ingresos registró un crecimiento más dramático, de 52.3 millones a 57.7 millones de habitantes en el mismo periodo. Es decir, 5 millones 414 mil mexicanos se sumaron a la pobreza por patrimonio. El problema para el Gobierno no ha sido la falta de dinero. El precio promedio del barril del petróleo en 2006 fue de 53.1

Fox, Calderón y los consejeros nacionales panistas no eligieron a los dirigentes nacionales más eficaces para su partido. No analizaron el perfil, la personalidad, la capacidad y experiencia en operación y negociación política.

Los resultados de los tres últimos dirigentes, fueron desastrosos. El Consejo Nacional del PAN eligió a Germán Martínez Cázares como nuevo presidente del PAN para el periodo 2007-2010. Este amigo y paisano de Calderón renunció tras los resultados desfavorables que obtuvo en las elecciones federales llevadas de julio de 2009.

En su gestión, el PAN perdió las gubernaturas de San Luis Potosí y Querétaro. Además, no pudo arrebatarle al Revolucionario Institucional las gubernaturas de Campeche, Colima y Nuevo León.

En la Cámara de Diputados pasó de ser la primera fuerza política a ocupar la segunda minoría. En cuanto al Estado de México perdió el llamado “corredor azul”, con las alcaldías de Naucalpan, Cuatitlán Izcalli, Tlalnepantla y Atizapán.

Otro amigo de Calderón, César Nava Vázquez relevó en la dirigencia nacional a Germán Martínez, Nava aplicó una estrategia electoral equivocada y confusa para su partido en el año 2010, en unión con otros partidos obtiene las gubernaturas de Puebla, Oaxaca y Sinaloa, además de cientos de municipios y diputaciones

Artículo en las legislaturas locales; siendo 264 Ayuntamientos obtenidos en Coalición en Chiapas, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa de los cuales 128 son encabezados por militantes del PAN. En Chihuahua, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas obtiene 188 Alcaldías con candidatos del propio partido. En este proceso electoral logró arrebatarle tres gubernaturas al PRI, pero perdió dos estados donde gobernaba el blanquiazul: Tlaxcala y Aguascalientes. Sus resultados electorales fueron limitados y con pérdida de identidad ideológica y política del panismo.

Gustavo Enrique Madero Muñoz, entre pugnas internas, fue electo como presidente del PAN, el 4 de diciembre de 2010, para el periodo 2011-2013. Calderón impulsaba a Roberto Gil Zuarth para la dirigencia y fue el último en declinar su postulación a favor de Madero, entre otros postulantes. Posteriormente Gil fue designado secretario particular del presidente Calderón. Los resultados de Madero fueron peores que los de sus antecesores, como lo muestra la tabla 1.

Las luchas internas panistas entre militantes tradicionalistas y neopanistas pragmáticos derivaron en distanciamientos y resentimientos políticos por el desplazamiento de líderes tradicionalistas e imposición de candidatos sin perfil ganador, conflictos entre dirigentes y militantes, divorcio entre el PAN y las causas ciudadanas y debilitamiento de la identidad partidista.

Proceso interno panista para

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Tabla 2 panistas. Ganó por el exceso de confianza de Calderón y Cordero, creyendo que tenían ganada la candidatura, mientras Josefina discrecionalmente amarraba votos con los delegados y militantes. Josefina celebró un triunfo interno sin un plan rápido de reconciliación y suma de fuerzas. No fue arropada por la más notable clase política panista ni por la dirigencia nacional panista, una fiesta con convidados de piedra, Josefina tuvo un final feliz interno con sabor a derrota en lo externo. El PRI y el PRD

asumió Calderón que impuso a dos dirigentes nacionales de bajo perfil político que no pudieron imponer su liderazgo al interior, ni al exterior del PAN. El panismo estaba dividido por dentro y fuera, sin ningún liderazgo capaz de unirlos políticamente y presupuestalmente para actuar en bloque regional en los estados y municipios donde se llevarían a cabo elecciones, asimismo, en bloque nacional en la competencia por ganar la presidencia del país. El PAN y sus dirigentes no aprovecharon su opor-

fueron posicionando la imagen de su candidato en la percepción de los votantes con muchos años de anticipación; mientras que el PAN esperó hasta el último momento para elegir a su candidata presidencial. Josefina ganó la contienda interna panista pero fue una mala candidata para la elección presidencial. Vicente Fox se alejó de los principios doctrinarios y humanistas del panismo gobernando con un enfoque empresarial y con excesos de pragmatismo político e injerencia desde Los Pinos en la vida interna partidaria. Actitud similar

tunidad en el poder público para ampliar y profesionalizar su estructura electoral para ganar elecciones, no practicó la prospectiva política. Esta situación y fragmentación interna y externa se trasladó al proceso interno panista para elegir al candidato presidencial.

Tabla 1 elegir candidato presidencial Ante la falta de un liderazgo que cohesione al partido y opere al interior para lograr una candidatura presidencial única, los grupos internos empezaron a fragmentarse en su lucha por ganar la contienda interna. El 12 de diciembre Josefina Vázquez Mota se registró formalmente como candidata a la presidencia. Llegó a la candidatura tarde y contra los deseos de Calderón y de la mayoría de los dirigentes

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Mala candidata presidencial Josefina Vázquez mota fue mala candidata por los siguientes elementos y por lo que proyectaba, como se muestra en la tabla 2.

Por la premura de las campañas y retraso en las elecciones internas del PAN para definir la candidatura presidencial, Josefina no supo ni tuvo tiempo para proyectar una fuerte personalidad política ante los medios de comunicación, por lo que se le observó de bajo impacto político. Se percibió que era una mala candidata porque no tenía una fuerte presencia nacional ni representaba a la mayoría de las mujeres ni tenía un equipo de trabajo altamente competente para la fuerte competencia presidencial, su equipo de trabajo era de bajo perfil, solo le sirvió para la contienda interna. En los debates presidenciales, Vázquez Mota se percibió acartonada y ensayada. No transmitió emociones, energía o cercanía de agrado con los votantes, su lenguaje corporal contradecía su lenguaje verbal (manos temblorosas sin proyectar firmeza o soltura, no miraba a sus oponentes, casi no se dirigía al televidente), se proyectaba con imagen política de funcionaria de gabinete y no como posible gobernante del país. El encadenamiento de estos factores contribuyó a la derrota electoral del PAN. La lección es que en la contienda presidencial no hay espacio para las improvisaciones, ni para los errores ni los aprendizajes políticos. Para eso existe la prospectiva política integral con objetivos y acciones a corto, mediano y largo plazo, si se quiere ser exitoso en la política y en las competencias por cargos de elección popular. Las autocomplacencias, lo autoengaños políticos, así como los conocimientos y pensamientos políticos limitados o unidimensionales son el camino de la derrota política. emiliano_082002@yahoo.com

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Escondrijos de la alforja

Equipo de traspaso (que no de transición) y gira internacional POR MARCOS MARÍN AMEZCUA

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l 4 de septiembre de 2012, Enrique Peña Nieto, ya investido como presidente electo de México, pudo presentar un equipo de apoyo para el traspaso de poderes, que no de transición, un vocablo más ligado al paso de dictaduras a democracias (que no es el caso en estos momentos y que era más apropiado en el año 2000). Ese equipo de apoyo, el doble en tamaño al requerido por Calderón y a su vez, dos veces mayor que el necesitado por Fox, le debe preparar la llegada de otro equipo, el gabinete de su gobierno y de él mismo, al ejercicio del poder ejecutivo federal.

Lo hemos expresado aquí: los tiempos de la República no se detienen en aras de la estabilidad. Su presentación rememora la parafernalia del priismo pre-año 2000.

La referida ocasión recuerda que ya habíamos superado y no echado de menos las formas cremosas de antaño, mas lo importante aparte del regreso del discurso priísta tan gustado de enaltecer los títulos académicos de sus protagonistas y que nos habíamos acostumbrado a prescindir de ellos (por aportar muy poco al bienestar del ciudadano

Enrique Peña Nieto - Foto: Germán Canseco

que los oye mentar), ahora regresa la voz engolada que toma aire para referirse al presidente electo como “el licenciado Peña Nieto”.

Se trata de un equipo de pomposo nombre que no es sino para verificar el traspaso de las diversas responsabilidades públicas.

Al igual que en su estrategia de campaña, Peña Nieto parece abarcarlo todo. Son 47 nombres y lo que falte…o sobre. Pero conformarlo representaba hacer un malabarismo entre conseguir gente que requiere de experiencia pero a su vez, que no debía contar con pésimos antecedentes. Queda la sensación de que se quedó en el intento de lograrlo.

Tal equipo asoma cuando López Obrador ha efectuado su acto de escapismo de la izquierda y ha desenmascarado su plan de largo alcance para transformar Morena en partido a su imagen y semejanza, a sus anchas y sin incómodas sombras que le sirvan de freno o conciencia (traducidas en recriminaciones que poco le han importado, después de todo), haciéndose a un lado en el camino a la presidencia. Así, está reconociendo de facto su derrota y que ni peleará contra Peña Nieto ni le impedirá su gobierno, como saboteó él, y sus seguidores, al de Calderón; aunque sus spots sigan afirmando en tono lastimero que “validar” la elección (verbo ya de por sí odioso) decíamos, que validar la elección sería reconocer quién sabe cuántas cosas indecibles. Propaganda barata, nada más.

Ese equipo de traspaso y de coordinación no es de funcionarios oficiales que ejercerán cargos públicos ni cuentan con facultad legal alguna. Por eso es de simple traspaso. Por si faltara, apegados al dicho del presidente electo, que se los recordó, no son el gabinete. Y por si alguien ha visto trampantojos, ya se sabe. Así que de traspaso se queda y va que chuta. Pero no hemos terminado de salir del asombro y de cierta desazón, al conocer los flamantes nombres de tal equipo. Variopinto, ciñámonos a desempeños públicos y no a debacles amorosas y personales pagadas con dinero público –que las tornan injustamente públicas y no privadas–.

Hay de todo y confirman lo que mucho se afirmó: no importaba si ganaba el PRI o Peña, sino con quiénes llegaría. El PRI la tendría difícil para encontrar rostros presentables, dados sus nada presentables antecedentes. Menuda tarea inédita en la realidad política mexicana y confirmó nuestros temores.

Hay desde ilustres desconocidos hasta mexiquenses de nula visión nacional, es decir, con experiencia no más allá de Toluca o el Estado de México. En ese grupo hay algunos que jamás regresaron a su zona conurbana de

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Transición 25 Foto de www.enriquepenanieto.com

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donde se echó al PRI por ineficaz, por decir lo menos, desde 1996.

En ese listado figuran además, desempeños y antecedentes muy cuestionables en grado superlativo, tanto políticos como en resultados, entre quienes pueden figurar, y puede que no, como candidatos a ocupar un puesto en un gabinete presidencial. Si, sí, que ya sabemos que no, que nada está garantizado para ninguno.

Pero queda claro que para nosotros los ciudadanos estupefactos, al hablar de los impresentables, el tema no es si les traspasan bien la encomienda y la reciben mejor hasta el último clip, sino en saber si sus antecedentes avalan su merecimiento a ser parte de un gabinete presidencial o para ocupar un nuevo cargo público. Ese es el tema. Y ahora llegan al gobierno federal de la mano de Peña. No es el mejor mensaje que se puede enviar a la sociedad. Podemos

cruzar los dedos, pero si aún faltan nombres por mencionar, como se ha dicho, podemos esperar el regreso de lo peor, y que esté por venir.

Y buscando el relumbrón de los viajes internacionales con grandes anuncios, emprenden una gira latinoamericana sin agenda pública y sin metas y logros identificables, más allá de la retórica de siempre, que recitamos de memoria: “es para estrechar lazos”. ¿Qué desconocen los temas bilaterales? No está tan claro si rendirá frutos, dada la confrontación comercial con Argentina (por las medidas unilaterales de Buenos Aires) y la rivalidad y frenos con Brasil (por medidas adoptadas por Brasilia) y la búsqueda de asesoría colombiana de opaco alcance. Se han cuidado de no visitar países rijosos como Venezuela y Bolivia, que ya bastante tienen con las protestas contra Peña en Santiago y Buenos Aires, y con el estrenón que significó el tropiezo con los presidentes centroamericanos, convocados

Presentación del Equipo de Transición Foto de www.enriquepenanieto.com

por el “avezado” equipo de Peña que cometió la pifia de convocarlos cual invitación a fiesta, por el conducto equivocado, debiéndoles cancelar la reunión ante tamaño error de principiantes. Una falaz y atroz impericia en su equipo de traspaso en política exterior. El tropiezo presenta desafíos que mueven a la duda en la capacidad de afrontar y resolver de forma definitiva, los problemas y no de actuar al estilo muy conocido de solo sobrellevarlos, que ha caracterizado a gobiernos de su partido, el PRI. Queda claro que la recepción a Peña obedece a un liderazgo de México preexistente. No puede el PRI pretender inventar el hilo negro. Aún nos debe el presidente electo su estrategia de combate al narco y a la violencia que genera al combatirlo tras décadas de permisión, la mayoría de ellas bajo gobiernos priistas como el que asumirá el 1 de diciembre y que le han llevado a reiterar más veces de las necesarias, el “no voy a pactar con

el crimen organizado”, a lo que se ha visto orillado Peña dados los frecuentes nexos entre priístas con aquel. No basta decir que aún no asume decisiones y por eso no revela planes, dado que ni seguimos en campaña y sí se trata del principal problema nacional, y del que se supone que ganó por ofrecer un “proyecto” aún no descifrado y por proponer una estrategia antinarco, aún no sabida. Y aunque estén en campaña electoral, los EE.UU. miran sus pasos, pues no requieren de la sobada retórica que enarbola el PRI en México, sino de contundencias que no asoman por ninguna parte desde su “avezado” equipo. Y así, a partir del 1 de diciembre, el PRI se la juega. No tiene opción.

Está frente a la enorme oportunidad histórica de hacerlo bien por primera vez...o de gobernar como siempre. No hay más cera que la que arde.

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Reforma laboral, el legado de Felipe Calderón POR DRA. LIDIA AGUILAR BALDERAS

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n el ocaso del sexenio del Presidente Felipe calderón Hinojosa, se presenta a su vez como sub producto de la reciente reforma política, la tremendamente cuestionada y controvertida reforma laboral. El asunto es hoy uno de los aspectos que más ha servido a ciertos grupos políticos y sociales para denostar muchos de los temas que se proponen en dicha iniciativa de reforma política; en este espacio, veremos algunas de las implicaciones.

El artículo 123 de la Constitución contempla las disposiciones fundamentales en materia de regulación laboral, tal como ocurre con todos los contenidos manejados en la Ley suprema, este en particular refleja el espíritu benefactor de uno de los sectores sociales más marginados, provocando con ello la confrontación en dos vertientes igualmente de pugna histórica: por un lado los sindicatos, que se adjudican una determinada cantidad de agremiados (en muchos de los casos, sin su consentimiento expreso) y por el otro lado se encuentran los cuerpos de poderosos empresarios que también tienden a organizarse y manejarse como sector, que pareciera que cada vez cobran más relevancia.

De la revisión de las reformas constitucionales, podemos decir que el mencionado Artículo 123 ha sufrido a la fecha 23 modificaciones. Su contenido ha sido regulado por dos leyes federales del trabajo: la de 1931 y la actual de 1970; esta última contiene 1010 artículos, más transitorios, pero al momento de ser publicada contaba únicamente con 890 artículos y se agregan desde luego sus transitorios.

En los antecedentes inmediatos del tema que nos ocupa, podemos decir que haciendo uso de una reciente reforma en materia política, la cual da al Presidente

la facultad de lo que se llama “iniciativa preferente”, ahora el ejecutivo federal puede someter a decisión del legislativo una serie de aspectos que considere de urgente discusión y en su caso aprobación (si así lo decide el Congreso de la Unión). Esta incorporación de temas en la mesa de discusiones, que de no haber sido por la intervención del Presidente no se hubieran abordado (al menos en el plazo inmediato), lleva a un nivel de diálogo y negociación en los poderes. Pero sobre todo, obliga a que los legisladores de los distintos grupos parlamentarios abran las puertas para el diálogo, aunque parte de la estrategia de negociación sea incluso el no entrar a la discusión en cierto tema. Así, con la inercia de la iniciativa legislativa por parte del ejecutivo, se cancela una de las formas del quehacer político que llevan al Congreso a discutir selectivamente ciertos asuntos; pero en su lugar se establece la obligatoriedad para que determinados temas sean considerados como de obvia resolución, ya sea que se apruebe o incluso que se rechace, aunque esto aún no está del todo claro para los propios legisladores, pues ante las dudas, no hay una regulación específica sobre la reforma política que permite la iniciativa preferente del Presidente.

Así, llegamos al punto en que el primero de septiembre pasado, él presidente Calderón envió al Congreso la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, según lo establecido por la reciente mencionada reforma política, el congreso tiene solo unos días Reunión de trabajo de los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en el Congreso de la cámara baja.

La comisión esta integrada por los diputados: Carlos Humberto Acéves y del Olmo, Ricardo Fidel Pacheco,Fernando Salgado Delgado, Rafael Alejandro Micalco, Martí Batres Guadarrama y Tomás Torres Mercado.

Foto: Eduardo Miranda/ Procesofoto/DF

para analizar, discutir y aprobar o rechazar la propuesta del ejecutivo.

Si tomamos en consideración la delicada situación política en la que se encuentra el país, toda vez que recién salimos de una elección federal completa en la que resultó electo el priísta Enrique Peña Nieto, no sin antes ser cuestionado por el históricamente segundo lugar en los últimas cuatro elecciones para presidente, me refiero al PRD y los demás partidos de izquierda, encontramos una situación político social, que si bien hasta ahora la institucionalidad ha sido la mejor apuesta, ello, no implica que en circunstancias agregadas de conflicto político y social, con un manejo burdo por ciertos actores y sectores, se puede llegar a la aparición de un fenómeno cuya contención será más delicada.

Se ha especulado mucho sobre esta iniciativa preferente del Presidente, uno de los puntos que más se tocan es el referido a la conflagración que existe entre el PRI y el PAN para sacar adelante dicha iniciativa. En contrapartida se tiene a la izquierda apuntalada por el PRD con el posicionamiento de que no la aprobarán.

Además, sabedores de la mayoría que hacen las fracciones parlamentarias del PRI y el PAN, esta será aprobada sin mayor problema y sin gran Ánimo de profundizar en la discusión; así, la izquierda logró mantener una sola vertiente y están manifestando que mandarán el tema a la mesa del poder judicial a través de la llamada acción de inconstitucionalidad. Algu-

nos otros usan el término incorrecto para este caso de la controversia constitucional. En ese tenor, vale la pena mencionar que la Constitución contempla en su Artículo 105 fracción II, que las acciones de inconstitucionalidad pueden ser ejercidas en contra de leyes aprobadas por el Congreso de la Unión; se requiere para ello que por lo menos el 33% de los diputados o senadores la estén avalando. La disposición es parte de los llamados “Mecanismos de Defensa Constitucional” que permite una segunda y definitiva revisión a una ley que puede ser considerada en algunos casos como violatoria de la ley fundamental, y desde luego, cuando ciertos legisladores, avasallados por la decisión de la mayoría, no puedan detener la aprobación de una ley que consideren pueda ser violatoria de la Constitución.

La Ley Federal del Trabajo motivo del hervidero político en el Congreso de la Unión, que como ya hemos mencionado es regulatoria de las disposiciones contempladas en el Artículo 123 constitucional, creada en 1970, proporciona uno de los argumentos de rechazo más usados por ciertos legisladores de izquierda, pues se sustentan (entre otros) en el Artículo tercero transitorio de la referida Ley del Trabajo que establece: “Los contratos de trabajo individuales o colectivos que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en favor de los trabajadres, inferiores a los que les concede esta ley, no producirán en lo sucesivo efecto legal, entendiéndose substituidas las cláusulas respectivas por las que establece esta ley. Los contratos de trabajo individuales o colectivos o los convenios que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en favor de los trabajadores, superiores a los que esta ley les concede, continuarán surtiendo efectos”.

En la publicación de Proceso, recuperada de internet el 24 de septiembre, apareció que la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, que recibió la iniciativa del Presiden-

Artículo te, hasta el momento ha quitado la posibilidad de que los líderes de los sindicatos deban rendir cuentas abiertas sobre los recursos que reciben de sus agremiados. No hay grandes cambios en cuanto a que darán cuentas cada seis meses, pero no es forzoso que sea personalmente, también se deja a criterio de los líderes que garanticen “el libre ejercicio del voto”, pero se elimina que sea secreto. Se presentan algunos cambios a la iniciativa presidencial, mismos que desde luego han acordado el PRI y el PAN. Es el caso de la aceptación de la subcontratación (outsourcing), pero le adiciona una serie de elementos que tienen que ver con la materia de trabajo, como lo demandó el Movimiento Ciudadano. Es decir, la subcontratación no deberá estar relacionada con el objeto social de la empresa que requiere sus servicios, ello para evitar que se “robe” la fuente de empleo de los trabajadores de la empresa que contrata a una segunda. Además, se permiten los contratos por temporada o tiempo indeterminado, sin embargo, los contratos de “capacitación inicial” estarán sujetos a la necesidad de la empresa. En el caso del “periodo de prueba”, éste será hasta por 180 días, como propone la iniciativa del Ejecutivo, sin embargo, en el caso de despido, no será “a juicio del patrón”, sino que se evaluará el desempeño del trabajador y será mediante la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento”.

Otro de los puntos conflictivos que vienen en la iniciativa del ejecutivo es que se pague al trabajador despedido y que haya ganado un juicio de reinstalación, únicamente 12 meses de sueldos caídos Otro de los puntos conflictivos que vienen en la iniciativa del ejecutivo es que se pague al trabajador despedido y que haya ganado un juicio de reinstalación, únicamente 12 meses de sueldos caídos, sin importar que el juicio haya durado mucho más. Esta propuesta aparece igual en el pre-dictamen. Los partidos PT, MC y PRD están en contra, pues demandan que se pague todo el tiempo de salarios caídos que dure el juicio. http://www.proceso.com. mx/?p=320766 En la tabla 1 en forma retrospectiva se muestran las reformas a la Ley Federal del trabajo publicada en 1970.

Si bien es cierto que desde el año 2001 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocó a empresarios, representantes sindicales, legisladores y académicos a integrarse a la Mesa Central de Decisión para la Actualización y Modernización de la Ley Federal del Trabajo, según lo dice la propia Cámara de diputados en los referentes que pone en su página de internet, se documenta cómo la mesa inició sus trabajos con la convocatoria de la Consulta Nacional, la cual acumuló 3,029 propuestas que, dicen ellos, fueron estudiadas durante 16 meses en más de 100 horas de reuniones. Lo extraño del asunto es que en realidad no se han vertido discusiones serias, convincentes y profundas sobre este tema, que realmente

01.10.2012 involucren a los diversos sectores sociales, estudiosos, medios de comunicación y público en general, pues parece que el tema ha sido más soterrado que abierto, ello a provocado suspicacias entre los detractores de dicha reforma laboral.

Se estableció igualmente que derivado del trabajo de la Mesa Central de Decisión se logran los acuerdos de los Sectores Productivos (plasmados en la Iniciativa de los Sectores, presentada ante el Pleno de la Cámara de diputados, el 12 de diciembre de 2002, por el diputado Roberto Ruiz Ángeles del grupo parlamentario del PRI). En la Instalación de las Sesiones en Conferencia de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de las cámaras de Diputados y Senadores de la Legislatura LVIII, para el Estudio y Análisis de la Reforma Laboral, la cual acordó los siguientes puntos: a) No reformar el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha sido de hecho una declaración expresa por parte de distintos actores políticos. b) Sin desestimar ninguna de las Iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo pendientes de dictaminar, se elaboró un cuadro comparativo para distinguir las coincidencias o diferencias de las propuestas. c) Derivado del estudio y análisis del Comparativo General se acordó tomar como base, a la Iniciativa presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el 12 de Diciembre del 2001, por el Dip. Roberto Ruiz Ángeles, a nombre de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PVEM, conocida como Iniciativa de los Sectores de la Producción.

Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Legislatura LIX, se instalaron en Conferencia Parlamentaria el día 21 de Abril del 2004 para continuar con el Estudio y Análisis de la Reforma Laboral retomando los acuerdos de la pasada Conferencia Parlamentaria.

Finalmente se puede decir que la Reforma Laboral, es uno de los temas que en mucho tiempo han estado pendientes en las discusiones políticas que de verdad entren a fondo para procurar el desarrollo económico y social del país en un contexto internacional que cada vez más va adquiriendo un cariz de complejidad económica, política y social, cuyas repercusiones ya se están sintiendo en México.

Entonces, no se puede decir que este sea un tema reciente, mas bien, durante mucho tiempo se ha pospuesto, pero a pesar de la aparente buena intención, habrá aspectos que resultarán incomodos para muchos sectores sociales y que seguramente traerán un costo político; el cual, por cierto, ha sido pensado para que cause los menos estragos posibles, pues el Presidente saliente asume el costo de la reforma, mientras que el Presidente entrante se compromete con su fracción parlamentaria para aprobarla, logrando con ello el respaldo político del PAN para afianzarlo, desarticulando en consecuencia, la reacción de la izquierda, que se ha visto rebasada y azorada con situaciones no prospectadas. Así, los factores reales de poder político y económico están encontrando un punto de convergencia que conviene a sus respectivos intereses, pues la hartamente mencionada Reforma Laboral es un tema que ya está cocinado, acordado y aprobado, las mayorías se imponen y las minorías acatan.

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Tabla 1

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Cinco principios para reorientar nuestra relación con Estados Unidos POR FERNANDO DWORAK

E

n política, como en la vida, es recomendable evitar hacerse expectativas falsas sobre el futuro. De lo contrario, vendrá el desengaño.

Lamentablemente impera entre nuestra clase política y la opinión pública tanto los prejuicios como el pensamiento mágico.

Ejemplo de ello es que cada cuatro años las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos generan expectativas y temores fuera de contexto sobre cómo cambiarían las relaciones bilaterales si uno u otro candidato fuera elegido. Lamentablemente casi todo se pierde entre el chauvinis-

mo y las cartitas a los Reyes Magos.

Faltan las propuestas basados en una estrategia asertiva y una visión seria sobre los intereses regionales de nuestro país: al parecer nadie en nuestra clase política tiene una idea clara de qué nos hace débiles en nuestra relación con nuestro vecino del norte. Por ello, se presentarán a continuación cinco principios para repensar las relaciones bilaterales.

Primer principio: Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses Esta frase, acuñada por Henry Kissinger, ilustra la forma en que los Estados Unidos conducen sus relaciones exteriores. Por desgracia nuestra clase política ha generado una imagen de ellos como enemigos que nos han vejado y hasta quitado la mitad del territorio. Así, reaccionamos defensivamente frente a ellos en detrimento de nuestros intereses.

Con esa mentalidad, pareciera que

nuestros políticos solo intentan conmover a los estadounidenses al negociar, en lugar de discutir una agenda común. Ejemplo de ello es el cursi letrero de “No More Weapons” en nuestra frontera común. Incluso, se llega a absurdos de buscar “la enchilada completa” de la migración con una cultura que acuñó la frase: “no existen las comidas gratis”. Si seguimos actuando como la parte débil, se nos seguirá tratando como tal –mientras terminan de construir un muro para aislarnos.

Se podría extraer un sub-principio: Principio I.1: Los estadounidenses gustan de tratos justos; si se desea negociar con ellos, sería mejor hablar de sus intereses y proponer, junto a nuestras demandas, asuntos que atiendan sus preocupaciones.

Por ejemplo, al tratar la migración, convendría incorporar temas como la seguridad regional o sistemas de trabajo eventual. Son un país de mi-

Artículo grantes, solo es cosa de tratar con ellos sin atavismos. Problemas como el narcotráfico y el terrorismo tienen magnitud regional y deben ser tratados bajo esa óptica: no nos envolvamos en la bandera.

Segundo principio: México no es el único país de la región interesado en negociar con Estados Unidos Los analistas hablan sobre el peso del llamado “voto latino” o “hispano” para impulsar la agenda bilateral. Sin embargo, el término incluye a los electores con raíces iberoamericanas. Esto representa aproximadamente el 14% de la población estadounidense con derecho a sufragar.

Aunque las personas de origen mexicano representan el 60% de este grupo, no es un bloque homogéneo.

Esto es: México no es el único que tiene interés en impulsar su agenda con Estados Unidos. Las otras naciones de la región también desean tratar materias como –digamos– la migración. Al perseguir nuestro país una agenda similar, podría ser que estemos en desventaja frente a los tomadores de decisiones. Por ejemplo, algunos legisladores estadounidenses privilegiarían las relaciones con quienes han colaborado con ellos en todo. Esto implica, por dar un tema, la invasión a Irak.

Tercer principio: los votantes de origen mexicano no son aliados para el gobierno de nuestro país en la agenda migratoria Para efectos del interés nacional, el “voto hispano” es un mito: los ilegales no votan y los hispano-estadounidenses anhelan insertarse en el país donde ahora residen. Por ello, no solo tienen poco interés en la agenda migratoria, sino que incluso se le oponen: ¿estarían de acuerdo con reformas que incrementarían el número de personas que competirían por sus fuentes de ingreso?

Cierto, podrían emitir declaraciones de solidaridad, pero a final de cuentas los más feroces antiinmigrantes son los estadounidenses de origen iberoamericano.

Cuarto principio: la migración es una válvula de escape ante la incapacidad de nuestro sistema político por brindar soluciones a los problemas de desarrollo

Manhattan, Nueva York.

Foto: Alejandro Saldívar / Procesofoto / Nueva York

Uno de las grandes banderas en la agenda migratoria es la migración, como si todo se redujese a un asunto de “trato digno” de Estados Unidos hacia la población de México e Iberoamérica.

Incluso para algunos políticos, como mostró Andrés Manuel López Obrador en nuestra última

Artículo

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¿No tienen los contactos para sacar adelante la agenda bilateral?

Al cambiar de asamblea, pierden el seguimiento de los temas que seguían: tampoco ellos son capaces de mantener su palabra.

Sin embargo, son quienes brincan de cámara en cámara los que más se oponen a la reelección legislativa, pues tienen el poder de seleccionar a quienes serán candidatos. Saben que esa reforma generaría un ambiente competitivo donde serían los primeros en desaparecer.

Por lo tanto…

Batalla por la Casa Blanca.

Nueva York. Estados Unidos.

Foto: Mauricio Carrera / Procesofoto / NY campaña presidencial, las relaciones bilaterales se reducen a una derrama económica para financiar nuestro desarrollo. ¿Por qué son importantes las remesas que envían nuestros paisanos? Porque no hemos podido generar acuerdos básicos para impulsar el desarrollo. Entonces, ¿habría que cambiar de políticos?

Más allá de los individuos, lo que está mal son las leyes, pues fomentan la irresponsabilidad. ¿Por qué los legisladores no son responsables? Porque carecen de incentivos para rendir cuentas, al no competir por el mismo puesto en las siguientes elecciones. Así, siempre dirán que en su gestión no hubo avances por falta de “voluntad política” al negociar, pero si vuelven a votar por ellos ahora sí cumplirán. ¿Es la reelección legislativa la solución? No, pero sí la precondición para que se den los cambios.

Tomemos como ejemplo la migración. Un legislador profesional atendería la problemática de las zonas que expulsan población de varias maneras. Primero, especializándose en comisiones relacionadas con el desarrollo de sus distritos. Segundo, preocupándose por realizar trabajos de gestoría. Y tercero, negociando con legisladores de los Estados Unidos acuerdos que –digamos– permitan el trabajo eventual de sus votantes.

En cambio, cuando no existe este vínculo de responsabilidad, las reformas que aprueban terminan en parches en lugar de resultados. Gracias a ello las remesas seguirán siendo importantes para nuestra economía.

nuestro vecino del norte por las visitas constantes de funcionarios de alto nivel, las iniciativas que inciden en los intereses de México son detenidas o severamente modificadas en el Congreso de los Estados Unidos. Es aquí donde somos más débiles.

En política, uno vale tanto como su palabra. Por ello, es importante que quien pacta algo le de seguimiento.

De lo contrario, será marginado por indigno de confianza. A una persona así se le llama lame duck (mal traducido aquí como “pato cojo”, aunque sería más correcto si usásemos el coloquial “político balín”). Bajo esta premisa, los legisladores estadounidenses pueden reelegirse de manera

inmediata, con las ventajas que eso trae. Y no están dispuestos a tratar con personas que van a dejar su encargo en poco tiempo. Seamos claros: los congresistas del norte no negocian con sus pares mexicanos por que no vale la pena.

Sin legisladores profesionales, el Congreso de la Unión es una nulidad en la arena internacional. Por eso la agenda bilateral no prospera o, si se llega a tratar algo, ellos tendrán la voz cantante. La no reelección inmediata de nuestros diputados y senadores es un problema de seguridad nacional, en tanto nos pone en desventaja. ¿Qué pasa con los legisladores que brincan de cámara en cámara?

Un presidente de los Estados Unidos puede definir su agenda nacional e internacional. Si tiene la mayoría legislativa, contará con un mayor margen de maniobra. Sin embargo, el Congreso tiene la última palabra. Por ello, especular sobre cómo le iría a nuestro país con un presidente u otro es similar a creer que caerán tormentas torrenciales con la danza de la lluvia.

Si deseamos discutir lo que nos hace débiles frente a los Estados Unidos, dejemos visiones trasnochadas y patrioterismos fáciles: revisemos las instituciones primero. Asimismo, eliminemos los atavismos y prejuicios que nos han metido en la cabeza. De lo contrario, seguiremos relegando nuestras esperanzas para la próxima elección.

Quinto principio: si no conocemos nuestras debilidades, siempre vamos a perder Por más que se haga ver que nuestros presidentes son afines o nuestro país es importante para

Tijuana, BC. Foto: Luz Serrano / procesofoto / Tijuana

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M

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éxico es un país de jóvenes, la mitad de la población tiene 26 años o menos y uno de cada cuatro mexicanos que vive en el país tiene entre 15 y 29 años de edad. Algunos de ellos se encuentran desarrollando sus estudios, otros trabajando, un porcentaje realiza ambas actividades y muchos otros, ninguna por el momento. Según Islas Pérez, la trayectoria “exitosa” e ideal de todo joven tendría que ser estudiar, concluir una carrera universitaria, desarrollarse en el ámbito profesional, emanciparse y formar una familia. No obstante, este proceso difícilmente es concluido satisfactoriamente por el joven mexicano promedio.

Poco menos de la mitad de los jóvenes termina la preparatoria y solo el 15% culmina los estudios superiores. La mayoría de los jóvenes se incorporan de manera anticipada al mercado laboral y eso implica que la transición que viven entre el término de los estudios y su inserción al mercado laboral, no es la más exitosa. Bajo este escenario, la vida profesional y social que le aguarda a la mayoría de los futuros adultos no es la más promisoria, ni la más deseable en términos económicos ya que difícilmente se podrá romper con los ciclos de pobreza y exclusión social que vienen arrastrando de generaciones anteriores.

La situación social, económica y política actual de los jóvenes mexicanos es muy distinta a la que vivieron sus progenitores hace algunas décadas. Por un lado, pueden presumir que tienen más años de escolaridad que sus padres (4.7 años más que en 1970), han logrado incidir y participar más activamente en la política (movimientos como

Juventud oscura POR LUIS ÁNGEL PÉREZ

Fuente: CONAPO con estimaciones de la ENOE, 2009 YoSoy132) y pueden recalcar que se encuentran más informados a través del dominio de la tecnología (internet y redes sociales). Sin embargo, los jóvenes de hoy enfrentan una paradoja complicada, un camino incierto y un futuro oscuro. El pasado ya no es su presente, pero el presente no es el futuro anhelado. La educación ya no es garantía de lograr un empleo formal y un trabajo; ya no asegura ni bienestar económico, ni profesional. Aquellos que logran un empleo tienen que encarar un mercado laboral ampliamente precario y cada vez existen más jóvenes subempleados, desempleados, laborando en la informalidad o peor aun en la ilegalidad.

La cruda realidad les presenta un sistema que aprovechándose de su condición juvenil, los contrata de manera ocasional, sin prestaciones y generalmente con bajas remuneraciones.

Son en pocas palabras, trabajadores pobres1. Al día de hoy, 28 millones de

mexicanos (en su mayoría jóvenes) se encuentran en la informalidad por no contar con ningún tipo de prestación social ni contrato2. Esto constata el agudo problema que vive el sector juvenil y es posible palparlo todos los días. Muchachos vendiendo artículos pirata en el transporte público, jóvenes respondiendo llamadas en call centers sin algún contrato formal, muchachas orilladas a trabajar como sexoservidoras y otros tantos que mejor se dedican a actividades mejor remuneradas como el secuestro, robo y narcotráfico. Ante tal situación es oportuno preguntarse, ¿El trabajo ya no es visto como un vehículo que permita el desarrollo individual y colectivo? ¿El vínculo entre la educación formal y la transición exitosa al mercado laboral se ha roto?

Cuando los jóvenes no visualizan una trayectoria laboral que les garantice una movilidad socioeconómica positiva – una trayectoria laboral

Artículo decente – empiezan a cuestionar la validez de la educación y del mercado de trabajo como medios para obtener el progreso personal y social, lo que acaba generando desmotivación y apatía así como problemas para la cohesión de la sociedad y la integración social de los propios jóvenes3. El escenario que viven los jóvenes resulta desalentador y deja un reducido espacio para la esperanza; sin embargo, existen algunas soluciones que podrían ayudar a mejorar y revertir esta lamentable situación. En primer lugar considero que se deben generar políticas públicas para que los jóvenes no se vean obligados a abandonar sus estudios de manera anticipada evitando así su incorporación a trabajos de poco valor agregado. En segundo lugar el gobierno debe garantizar y promover que los empleadores provean protección social a los jóvenes, salarios dignos y no promover reformas laborales que formalizan las contrataciones por hora o por proyecto, trabajos sin prestaciones o garantías laborales. Promover cambios de esta índole solo genera incentivos para no ver el trabajo formal como un medio de ascenso social y buscar alternativas informales o ilegales que sí garanticen de alguna manera cierto bienestar económico.

Finalmente, debemos recordar que el trabajo digno concebido como derecho humano es un elemento primordial para generar una sociedad más participativa, productiva, involucrada en los asuntos públicos y orientada hacia el desarrollo tanto individual como colectivo.

1 Se refiere a la condición bajo la cual el trabajador no supera el umbral de pobreza (OIT, 2006) 2 Véase http://www.dgcs.unam.mx/boletin/ bdboletin/2012_184.html 3 Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2010) Fuente: Análisis Político - La juventud en México: Escenarios educativos y laborales

Un joven se autoemplea tocando música en el metro de la Ciudad de México. - Foto: Prometeo Lucero/Procesofoto

Artículo

¿

Qué es la excelencia ética?

La excelencia ética –a la que los griegos llamaban ethiké areté– es la adquisición más preciada a la que podemos aspirar y acceder los seres humanos, en tanto que humanos. Algunos piensan, equivocadamente, que la vida más admirable y mejor es la vida de las apariencias y de lo exterior.

Creen, en efecto, que la posesión de propiedades, la adquisición de bienes materiales, la acumulación de riqueza y todo aquello que se mide con dinero, es lo mejor que puede alcanzar el hombre en la sociedad.

Si uno piensa de este modo, es natural que se afane, en consecuencia, por buscar el incremento de la riqueza de una manera ilimitada.

Sin embargo, la riqueza tiene un límite, pues es un conjunto de instrumentos en la economía familiar, un medio para alcanzar una vida autosuficiente. Cada instrumento sirve para un fin, pero el fin no es la posesión, sino su uso, y el uso es un límite; de modo que, si no es posible hacer uso de una excesiva cantidad de bienes materiales –pues la vida también tiene un límite–, su excesiva posesión será nociva o simplemente ni será usada, ni útil. En efecto, ¿quién puede usar en su vida veinte automóviles, cuarenta casas, cien pares de zapatos, ochenta camisas o mil millones de dólares?

Es evidente, por otra parte, que la acumulación de bienes materiales no garantiza un excelente modo de vivir, y que la riqueza tampoco es, sin más, lo mejor de todas las cosas. En efecto, resulta extraño que alguien, aun en posesión del bien más preciado, pueda vivir constantemente insatisfecho o sentirse inseguro, padecer al mismo tiempo las peores desgracias, vivir en constantes rencillas familiares, en depresión, incertidumbre, en soledad y sin amigos, con enfermedades de toda clase, intranquilo o en un incesante estado de estrés, angustia o ansiedad.

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El justo medio

La excelencia ética y los extremos con relación a la riqueza: liberalidad, prodigalidad y avaricia POR JESÚS MANUEL ARAIZA

La riqueza es considerada como una cosa buena y lo es, pero solamente bajo ciertas circunstancias y condiciones. En otras palabras, no siempre llega a ser una cosa buena, pues depende del uso que se haga de ella. De las cosas buenas a las que podemos aspirar, a) unas están fuera de nosotros –como la riqueza misma, el poder, la fama, los premios y reconocimientos públicos–, b) otras están en nuestro cuerpo –como la salud y la belleza–, c) y otras más son internas –como la excelencia ética y el justo medio. Pues bien, la riqueza pertenece a los bienes exteriores y es un bien potencial, porque puede ser bien empleada y servir para hacer el bien a los demás; aunque también puede ser mal empleada y servir para hacerse daño a sí mismo o a los demás, y siendo así, su posesión llegará a ser evidentemente un mal. En este último caso, pensemos en quien emplea los medios con que cuenta, para adquirir e ingerir drogas, alcaloides o cualquier substancia nociva en búsqueda de un intenso placer corporal; o en quien emplea sus recursos económicos para el abuso, la trata o el secuestro de personas, para hacer préstamos de dinero con una elevada tasa de interés, traficar o querer sacar a toda costa provecho en su trato con los demás.

Hay dos maneras incorrectas de usar los bienes económicos que poseemos y una sola de usarlos correctamente: a los extremos se les llama prodigalidad y avaricia, al justo medio, liberalidad. Pródigo es quien gasta en lo que no conviene, cuando no conviene, con quien no conviene, cuanto no conviene, como no conviene y por lo que no conviene; avaro, en cambio, es el que no gasta, ni siquiera en lo que conviene, ni cuando

conviene, ni con quien conviene, ni cuanto, ni como, ni por lo que conviene. En ambos casos, hay una especie de error en relación con el uso del dinero: el uno gasta siempre y sin consideración alguna de las circunstancias particulares; el otro no gasta nunca, bajo ninguna circunstancia. El pródigo no tiene el hábito del ahorro y vive en apuros o permanentemente endeudado; el avaro siempre ahorra y vive, por lo general, en la miseria, pues no gasta. El pródigo gasta como si fuese a morir ya de una manera inminente; el avaro, en cambio, ahorra

como si nunca fuese a morir; el pródigo gasta sin medida, no únicamente con conocidos y familiares, pues despilfarra su fortuna aun con extraños y desconocidos y nunca discierne en qué, con quién, cuándo, cuánto, cómo, ni para qué, pues no se ocupa ni siquiera de su propia seguridad; el avaro, en cambio, no gasta ni con conocidos ni con extraños, ni siquiera con sus padres, con su esposa o hijos y, si lo hace, será un gasto pequeño y hecho con dolor, pues tanto vela por su propia seguridad, que no le alcanza tiempo ni dinero para cuidar la de los suyos.

Liberal se llama al que no es ni pródigo ni avaro, sino al que se ubica en el justo medio entre estos. Es el que ni se descuida a sí mismo ni descuida a los suyos; el que ahorra y gasta en lo que conviene, en la ocasión y cantidad convenientes, con quien, como, y por la razón que convienen.

Para decirlo en pocas palabras, la liberalidad es la excelencia y la adquisición más preciada a la que podemos aspirar y acceder en relación con el uso de los bienes económicos y la administración del dinero. jaraiza@cidhem.edu.mx

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Los intelectuales en el poder

La vida intelectual en 2012 POR EDUARDO MEJÍA I

A

ntecedentes.

La vida intelectual en 2012 se vio afectada por el proceso electoral de una manera que no se veía desde los años setenta, pero ahora con más encarnizamiento.

Carlos Monsiváis en el museo del Estanquillo/ Colecciones Carlos Monsiváis.

Foto: Germán Canseco / Procesofoto / DF

Salvador Novo, escritor.

Foto: Archivo Proceso

Cuando se barajaban los nombres de los probables contendientes en la lucha por la precandidatura del PRI por la presidencia de la República para el periodo 1970-1976, que entonces significaba el triunfo indiscutible, apareció una revista, Espejo, que se dice la patrocinaba Emilio Martínez Manatou, el secretario de la Presidencia; la dirigía Luis Spota, aparecieron nueve números, y en ellos participaron los escritores y científicos más renombrados del momento: Jaime Torres Bodet, José Revueltas, Sergio Galindo, Salvador Novo, Efraín Huerta, Sergio Fernández, José de la Colina, Carlos Pellicer, Guillermo Haro, Marcos Moshinsky, Octavio Paz, Elena Garro, Rubén Bonifaz Nuño, Luisa Josefina Hernández, Pablo González Casanova, José Emilio Pacheco, José Gorostiza, Rosario Castellanos, Juan José Arreola, Agustín Yáñez, Vicente Leñero, Salvador Elizondo, Gustavo Cabrera, Héctor Azar, Jaime Sabines, Gustavo Sainz, Jaime Labastida, Julio Torri y, entre los políticos, Horacio Flores de la Peña, Carlos Tello, Horacio Labastida, Ifigenia M. de Navarrete, Enrique González Pedrero,

Jesús Reyes Heroles y el mismo presidente del país, Gustavo Díaz Ordaz.

Aparecía de manera trimestral y duró hasta el último trimestre de 1969.

Su costo, de 20 pesos, era mayor que el de la mayor parte de los libros que se vendían en esos días; los títulos de la Colección Popular del Fondo de Cultura Económica se adquirían de 10 a 15 pesos, y los de la Serie del Volador, de Joaquín Mortiz, costaban 12 pesos; la colección Alacena, de Ediciones Era, iba de los 15 a los 20 pesos, y algo similar valían los de Siglo XXI Editores (sin considerar la muy barata Colección Mínima). Las famosas biografías precoces publicadas por Empresas Editoriales valían 10 pesos, y 50 sus muy voluminosas antologías de poesía y de cuento apenas rebasaban los 50 pesos.

Luis Spota, cuya columna política aparecía a diario en las páginas del muy reciente El Heraldo de México (Picaporte), y era famoso por varios motivos: había participado en programas de una televisión muy diferente de la de nuestros días (uno de ellos, Mesa de Celebridades, tuvo mucha popularidad) y por novelas bien co-

tizadas entre los lectores; la más renombrada, Casi el paraíso, fue durante mucho tiempo el gran best-seller de la literatura mexicana, pero no era bien visto por gran parte de la intelectualidad; en la Revista de la Universidad de México Carlos Monsiváis le había dedicado un duro golpe con un artículo sarcástico en el que se hacía una biografía imaginaria de Spota como ganador del premio Nobel, con una amistad con Joyce y Hemingway, y otros supuestos.

Era mal visto por los supuestos integrantes de la llamada Mafia, aunque algunos cercanos al grupo de Fernando Benítez colaboraban en el suplemento El Heraldo Cultural, dirigido por Spota.

El pago de las colaboraciones, mucho más alto del que hacían otras publicaciones, no explica la nómina tan célebre de los colaboradores; si se revisan los nombres de los colaboradores políticos, se ve que el único cercano a Luis Echeverría fue Horacio Flores de la Peña, secretario de Patrimonio Nacional de 1970 a 1975, y un

Artículo funcionario bastante disparejo del resto del gabinete, tanto en su doctrina económica como en su conducta, pues era el único que no se presentaba en sus oficinas antes de las ocho de la mañana, que no se sometía al régimen austero del presidente (en cuanto a las bebidas) y que si no conducía su auto era porque no sabía manejar; cuando se le preguntaron las causas de su renuncia al gabinete contestó que habían sido las presiones, pero de inmediato puntualizó que las sanguíneas.

No es de creer que los colaboradores de Espejo fueran partidarios de Martínez Manatou, pero menos lo eran de Luis Echeverría; al ganar éste la candidatura, los intelectuales que habían publicado en la revista no participaron en política más que en sus simpatías o sus críticas, muchas de ellas feroces contra el nuevo presidente; es de llamar la atención que, excepto los funcionarios de más alto nivel (Yáñez, Gorostiza, Torres Bodet), a ninguno se le pidió su renuncia a los puestos que ocupaban en la presidencia, pero tampoco fueron molestados en su persona.

Otros antecedentes. En 2006 muchos de los intelectuales que habían manifestado su simpatía por Cuauhtémoc Cárdenas se convirtieron en seguidores de Andrés Manuel López Obrador; vieron en él a un continuador de las premisas del PRD original, que era una crítica del poder hegemónico ejercido por el PRI, y contra la política de austeridad que proclamaban dos de los precandidatos, Carlos Salinas de Gortari y Alfredo del Mazo; en especial, Cuauhtémoc Cárdenas abandonó

Octavio Paz Foto: Ulises Castellanos/ Procesofoto

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Luis Spota, escritor - Foto: Juan Miranda / Archivo Proceso el partido que se negó a abandonar el llamado “dedazo”, o sea la designación del candidato por una persona, o por un grupo privilegiado; junto a Cárdenas salieron otros políticos reputados como progresistas, como

Flores de la Peña, Rodolfo González Guevara, Enrique González Pedrero, Porfirio Muñoz Ledo y otros, que integraron la llamada Corriente crítica (la primera; en los años noventa hubo otra), y participaron en una muy in-

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tensa campaña en 1988; aún se habla de la caída del sistema, de presiones para evitar que Cárdenas, candidato de un partido poco representativo, y que aglutinó a muchos partidarios e integrantes de agrupaciones políticas cercanas a la izquierda o cuando menos opuestas al PRI y, desde luego al enemigo natural, el Partido de Acción Nacional. El triunfo de Carlos Salinas de Gortari por un porcentaje muy reducido alentó la formación del PRD, que podría, con una mejor organización, hacer frente al PRI en las siguientes elecciones; la derrota, más evidente, de Cárdenas frente a Ernesto Zedillo en 1994, propició movimientos agitados en el PRD, que pronto tuvo a muchos priístas que no salieron del PRI en 1988, sino en otras circunstancias menos evidentes, no tanto porque se opusieran a las normas de un partido que desde entonces había dejado de ser hegemónico.

Los intelectuales que habían participado como simpatizante de pronto tuvieron más peso que algunos políticos, pero fuera de algunos que eran mencionados como posibles miembros de un gabinete presidido por López Obrador, su presencia era más bien de orden moral, de superioridad moral: habría que ver qué clase de hombres apoya a López Obrador: inteligentes, cultos, honestos, y por algo será.

La famosa toma de las calles, desde el Auditorio Nacional hasta el Zócalo, entre otras cosas, hizo evidentes fracturas y rompimientos; una figura tan respetada como la de Carlos Monsiváis fue mostrada con saña por haber criticado esa acción, y su reconciliación con los miembros del PRD nunca fue total, aunque tampoco su rompimiento.

Otros antecedentes más antiguos. El estallido de la Revolución maderista en 1910 hizo que muchos grupos de intelectuales terminaran abruptamente; se afiliaron al movimiento de Madero escritores como Martín Luis Guzmán, José Vasconcelos se integraron al ejército villista al principio; otros, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Antonio Caso, Manuel M. Ponce, expresaron su simpatía a veces con acciones; Alfonso Reyes (por la posición comprometida de su padre, el general Bernardo Reyes) y Julio Torri se mantuvieron neutrales, pero otros como Nemesio García Naranjo, Querido Moheno, Enrique González Martínez, José Juan Tablada fueron furibundos antimaderistas, y algunos de los opositores a Porfirio Díaz se convirtieron en sostenes de Victoriano Huerta, como Alberto García Granados. Así, la división entre intelectuales no es nueva, aunque las épocas y las causas sean muy diferentes.

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Artículo

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La imagen del poder

La hora de la verdad se acerca, es momento de asumir POR ERNESTO MORÁN SANTOYO

C

omo consultor de imagen, sé que para Enrique Peña Nieto, los primeros 100 días como responsable del Ejecutivo federal son de suma importancia; en este periodo se definirán conceptos poderosos de percepción que influirán durante los próximos seis años en que habrá de desempeñarse como Presidente de México.

El dolor de cabeza; para los asesores y consultores de imagen, que han integrado el equipo de Peña desde los inicios de su carrera, y también los que

La Sra. Angélica Rivera de Peña y Enrique Peña Nieto.

Foto: Germán Canseco/Procesofoto

habrán de acompañarlo en el futuro, tienen la gran responsabilidad de orientar, matizar, perfilar y modelar todos aquellos estímulos que emita la figura presidencial.

Figura presidencial; a diferencia de lo que uno podría pensar, este concepto contempla a la “primera dama” (término por cierto incorrecto, ya que al no existir figura de nobleza en nuestro país, la esposa del presidente, es solo eso, su esposa) “la familia” y su círculo más cercano, también forman parte importante de la imagen del próximo Presidente.

Y es que basta con saber, que cuando se conoce a otra persona, la primera impresión se forma en tan solo 150 milisegundos, y en 20 minutos se forma un juicio perdurable; por eso la importancia de los primeros días de la imagen que proyecte Peña, porque es la misma que habrá de tener el resto de su sexenio.

Las decisiones; todos estarán atentos al eventual cambio de rumbo como la seguridad, el manejo de finanzas públicas, los tan ajetreados temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, en fin, la agenda que se proponga y la presentación del Plan de Gobierno.

Los escándalos; Los integrantes de la familia Peña, tendrán que cuidar también su imagen pública, ya que el menor “desliz” será ampliamente criticado y correrán riesgo de convertirse en la “comidilla”.

Momento de verdad; una máxima de quienes nos dedicamos a crear y modificar las percepciones de personas e instituciones, es que “fondo es igual de importante a la forma”, y este caso en particular, si bien, la percepción de Enrique Peña Nieto, fue importante y determinante para lograr su triunfo en las elecciones, de ahora en adelante, será puesta a prueba con un detallado escrutinio.

Riesgos; es una realidad que la próxima “familia presidencial”, nos dará de qué hablar. Siendo objetivos, durante la gestión de Felipe Calderón, fuera del tan mencionado “problemilla de salud”, tanto su pareja, Margarita Zavala, como sus hijos, no fueron tema que atrajera los reflectores de manera negativa en ningún momento.

Por otra parte, en el sexenio anterior, Martha Sahagún y sus hijos, dieron bastantes dolores de cabeza a Vicente Fox. Ahora, que si nos vamos un poco más atrás, veremos que tanto Ernesto Zedillo como Carlos Salinas de Gortari, tuvieron un “desempeño cómodo” en los terrenos de la opinión pública, que en buena medida se debió a cómo se “comportaban” los medios de comunicación de ese entonces, además de que las críticas o señalamientos se daban a modo.

Por tanto, deben de cuidar, y ser más estrictos con el manejo de lo que quieran proyectar como familia – figura presidencial –, pues recientemente en un evento de Televisa, dieron pie a percepciones negativas.

Antes de juzgar, si está bien, o mal, quisiera dejar sobre la mesa, que la figura de “familia presidencial”, debe de determinar hasta qué punto se permiten inclusiones o participaciones en la vida pública y cuidar mucho las apariciones en público.

Los primeros días del próximo presidente serán determinantes en materia de imagen y de percepción, para lo cual emito una recomendación, “deberán de esperar lo peor y prepararse para el terreno más adverso”. En ese sentido, como si se tratara de un plan ante una posible crisis, deben de suponer lo peor y asumir que perderán algo, mucho o poco de su privacidad y estar bien preparados. emorans@gmail.com @EMoranS