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En Iowa, podemos frenar el VIH—
manteniéndonos al día con las pruebas de detección recomendadas.
Estas pruebas ayudan a detectar enfermedades y afecciones crónicas antes de que aparezcan los síntomas. El CDC recomienda lo siguiente:
Todas las personas de 13 a 64 años deben someterse a pruebas de detección del VIH al menos una vez en la vida.
Todas las personas mayores de 18 años deben someterse a pruebas de detección de la hepatitis B al menos una vez en la vida.
Todas las personas mayores de 18 años deben someterse a pruebas de detección de la hepatitis C al menos una vez en la vida.
Las mujeres embarazadas deben someterse a pruebas de detección del VIH, de la hepatitis B y de la hepatitis C durante cada embarazo.
Hable con su médico para que le haga las pruebas. Algunas personas deberían someterse a pruebas más a menudo; visite los siguientes recursos web para obtener más información.
• ascentra.org • 800-426-5241
Escanee aquí para obtener información sobre la detección del VIH.
O visite: stophiviowa.org/testing
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O visite: cdc.gov/hepatitis-c/testing/
Triunfa en los Negocios y en la Vida: Regresa la Cumbre de Excelencia Empresarial para Latinas 2025
Des Moines, IA — Las empresarias latinas son el segmento de mayor crecimiento de dueños de negocios en los EE.UU., sin embargo, se enfrentan continuamente a desafíos únicos que afectan su salud financiera, física y mental. La Cumbre de Excelencia Empresarial para Latinas (LBES, por sus siglas en inglés) se enorgullece en anunciar el tema fortalecedor de este año: “Salud: Interconectando el bienestar financiero, físico y mental”. La LBES 2025 reunirá a empresarias, profesionales y agentes de cambio latinas de toda la región en un día dedicado al bienestar integral de la persona como base para el éxito en los negocios y en la vida. Los asistentes explorarán estrategias para fortalecer sus finanzas, cuidar sus cuerpos y priorizar su salud mental, todo dentro de un marco culturalmente relevante.
“Este tema responde directamente a las necesidades de nuestra comunidad”, afirma Erika Macías, cofundadora de LBES. “No puedes dirigir un negocio si estás agotada, luchas en silencio o careces de las herramientas para construir la seguridad financiera. Cuando las profesionales latinas reciben apoyo en las tres áreas de la salud, su potencial es ilimitado.”
Las asistentes explorarán estrategias para fortalecer sus finanzas, cuidar sus cuerpos y priorizar su salud mental, al tiempo que establecen conexiones duraderas con mujeres de ideas afines.
Los aspectos más destacados de la Cumbre de Excelencia Empresarial Para Latinas son:
Paneles dinámicos
Oradores principales
Talleres atractivos
Oportunidades para establecer contactos
“He asistido a muchas conferencias/seminarios/cumbres a lo largo de los años, y es muy raro que una vez que me
voy me sienta más motivada y con más energía”, señaló Breann Bye sobre su experiencia en la Cumbre inaugural de Excelencia Empresarial Latina en 2024. “¡Esta fue definitivamente una de esas raras!”.
Los boletos para la primera Cumbre de Excelencia Empresarial para Latinas se agotaron en cuestión de días. Aunque el evento de 2025 se celebra en un espacio más grande, se prevé que las entradas se agoten rápidamente. La Cumbre de Excelencia Empresarial Latina 2025 invita a empresarias latinas, aspirantes a empresarias y aliadas a formar parte de esta poderosa charla y movimiento.
Detalles del evento: Sábado, 9 de agosto de 2025. 9 am - 2:30 pm - Drake University
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Mas detales en este enlace:
Publisher
Editor-In-Chief
El Humor de Pepe Angonoa
Defensores de los inmigrantes presentan una demanda para detener las detenciones de ICE en los juzgados
Por: Ariana Figueroa, States Newsroom
Cartel de “prohibido el paso” en el exterior del Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste, también conocido como Centro de Detención del Noroeste. (Foto de Grace Deng/ Washington State Standard)
WASHINGTON — Grupos defensores de los inmigrantes demandaron el miércoles a la administración Trump por desestimar casos en los tribunales de inmigración con el fin de someter a los inmigrantes a un proceso de expulsión acelerada para deportarlos rápidamente sin revisión judicial. Dado que la Casa Blanca pretende alcanzar sus objetivos de deportar a un millón de inmigrantes sin estatus legal permanente antes de que termine el año y de alcanzar una cuota de 3,000 detenciones diarias para los agentes del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas, los inmigrantes que se presentan ante los tribunales han sido detenidos o arrestados. La administración del presidente Donald Trump ha tomado medidas para reformar los tribunales de inmigración, supervisados por el Departamento de Justicia, mediante despidos masivos de jueces contratados durante el mandato del presidente Joe Biden y presionando a los jueces para que resuelvan los casi 4 millones de casos pendientes. La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por grupos de defensa y asistencia jurídica en materia de inmigración, como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, Democracy Forward, el Centro de Educación y Servicios Jurídicos para Continúa en la página siguiente
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Refugiados e Inmigrantes y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco.
La demanda es una acción colectiva propuesta en representación de 12 inmigrantes que presentaron solicitudes de asilo u otros tipos de ayuda y cuyos casos fueron desestimados y sometidos a un proceso de expulsión acelerada, lo que los expone a una deportación por la vía rápida.
Los demandantes individuales, todos ellos con seudónimos en los documentos judiciales, vieron desestimados sus casos de asilo y fueron detenidos y recluidos en centros de detención lejos de sus hogares.
Uno de los demandantes, E.C., huyó de Cuba después de ser arrestado y violentado por oponerse al gobierno de ese país.
Llegó a los Estados Unidos en 2022, solicitó asilo y se presentó a una audiencia de inmigración en Miami.
En la audiencia, los abogados del DHS solicitaron que se desestimara su caso “sin previo aviso y sin exponer ningún motivo”, y cuando intentó salir del tribunal, el ICE lo arrestó y detuvo, según la demanda. E.C. se encuentra actualmente detenido en Tacoma, Washington, “a miles de kilómetros de su familia, incluida su esposa, ciudadana estadounidense”, según la demanda.
Nuevas políticas
Los grupos sostienen que las nuevas políticas del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia son ilegales.
Esas políticas incluyen la aprobación de detenciones civiles en los tribunales de inmigración, la instrucción a los fiscales del ICE de desestimar los casos sin seguir el procedimiento adecuado, la instrucción a los agentes del ICE de someter a los inmigrantes que llevan más de dos años en el país a un proceso de expulsión acelerada y la aplicación de la expulsión acelerada cuando los casos de expulsión están en curso.
“El DHS ha adoptado ahora la política de detener a los no ciudadanos y someterlos a un proceso de expulsión acelerada, incluso si el juez de inmigración no concede inmediatamente la desestimación o si el no ciudadano se reserva el derecho de apelar la desestimación, lo que significa que el proceso de expulsión completo no ha terminado”, según la demanda. “En términos sencillos, el DHS está ignorando tanto a los jueces de inmigración que permiten a los no ciudadanos oponerse a la desestimación como la suspensión de la apelación de la decisión de desestimación”.
La administración Trump ha ampliado el uso de la expulsión acelerada, lo que significa que cualquier inmigrante sin estatus legal que lleve menos de dos años en Estados Unidos puede ser deportado rápidamente sin comparecer ante un juez de inmigración.
“El DHS y el DOJ han puesto en marcha su nueva campaña de detenciones en los juzgados mediante políticas coordinadas diseñadas para despojar a los no ciudadanos de sus derechos... exponiéndolos a la
detención inmediata y a la expulsión acelerada”, según la demanda.
El impacto ha sido “grave”, según la demanda.
“Los no ciudadanos, incluida la mayoría de los demandantes individuales aquí presentes, han sido arrancados abruptamente de sus familias, sus vidas, sus hogares y sus trabajos por comparecer ante el tribunal de inmigración, un paso necesario para poder continuar con sus solicitudes de permiso para permanecer en este país”, según la demanda.
Historias de inmigrantes detenidos La demanda detalla las circunstancias de los demandantes.
Una conocida como M.K. compareció ante el tribunal de inmigración para su audiencia de asilo después de llegar a Estados Unidos en 2024 procedente de Liberia, huyendo de un matrimonio abusivo y tras sufrir mutilación genital femenina.
Los abogados del DHS desestimaron “su caso sin previo aviso y, según la infor-
mación y las creencias, sin explicar ningún cambio en las circunstancias”, según la demanda.
“M.K. habla un idioma poco común y, debido a que la interpretación fue deficiente, no entendió lo que estaba sucediendo en la audiencia”, según la demanda. “M.K. fue arrestada por el ICE en el juzgado y detenida; estaba tan angustiada por lo sucedido que tuvo que ser hospitalizada”.
Actualmente se encuentra detenida en Minnesota.
Otra solicitante de asilo, L.H., llegó a Estados Unidos en 2022 procedente de Venezuela, huyendo de la persecución por su orientación sexual, según la demanda. En su primera audiencia de inmigración en mayo, el DHS solicitó que se desestimara su caso y ha recibido un aviso de expulsión acelerada.
Agentes del ICE detuvieron a L.H. después de su audiencia y actualmente se encuentra detenida en Ohio.
The translation for this article is on page 14
A lo largo del Mississippi, los barrios industriales están forjando una nueva relación con el río
Por Bre’Anna Brooks, WaltonFamilyFoundation.org
En los Quad Cities, el C-RAC está reuniendo a líderes comunitarios para impulsar soluciones duraderas.
Como su nombre lo indica, Floreciente es una comunidad en pleno crecimiento.
Ubicado entre el río Misisipi y la autopista 92, el West End de Moline, Illinois, ha sido por décadas uno de los barrios con mayor riqueza cultural en los Quad Cities. Esta zona ha sido hogar de distintas poblaciones migrantes por
más de 150 años y, en la década de 1990, adoptó el nombre de Floreciente para reflejar la diversidad y profundidad de sus raíces culturales.
“Algunas personas creen que los barrios cercanos al río están descuidados y tienen mala fama”, señala Susana Aguilar, copresidenta de la Asociación de Vecinos de Floreciente. “Pero nuestro barrio está cambiando. Quiero resaltar lo positivo que tenemos”.
Desde hace años, Susana y otros integrantes de la asociación se han dedicado a involucrar a los vecinos para que Floreciente alcance todo su potencial. Han colocado macetas con flores a lo largo de la 4ª Avenida, pintado murales y realizado distintos proyectos de embellecimiento. Para Susana, todo esto ha generado “un efecto dominó de pequeñas acciones” que fortalecen el sentido de orgullo
comunitario.
Susana, quien se describe como una “rata de río”, creció jugando junto a su familia en las orillas del Misisipi. Hoy, gran parte del vínculo que ella, y su comunidad, mantienen con el río se centra en Sylvan Island, una isla de 37 acres con senderos y áreas verdes situada en un recodo del Misisipi. “Es, sin duda, nuestro mayor espacio verde. Es donde nuestros hijos van a andar en bicicleta, pescar y explorar”, comenta. “Valoramos muchísimo la isla y todo lo que nos ofrece”.
Con el respaldo del Consejo Asesor para la Limpieza de los Ríos (C-RAC), Susana y otros líderes locales han conseguido nuevos fondos para desarrollar proyectos comunitarios, que van desde mejorar Sylvan Island hasta instalar señalización de seguridad en varios idiomas.
Gracias al C-RAC, también están conectando con otros defensores comunitarios en los Quad Cities que comparten su visión de transformar la relación entre las comunidades y el río.
Los Quad Cities incluyen Rock Island, Moline y East Moline en Illinois, así como Davenport y Bettendorf en Iowa. El consejo del C-RAC está formado por personas de toda la región metropolitana más grande del alto Misisipi, entre St. Louis y Minneapolis.
Su objetivo común es priorizar la acción medioambiental, fortalecer el vínculo cultural con el río y asegurar que las voces de residentes históricamente marginados tengan un papel central en las decisiones ambientales.
Las comunidades ribereñas del Misisipi están en primera línea frente al cambio climático, enfrentando riesgos crecientes por inundaciones cada vez más intensas y frecuentes. El C-RAC fue creado en 2023 mediante una alianza entre la Fundación Comunitaria de los Quad Cities, Iman Consulting y la Walton Family Foundation. Forma parte de una estrategia más amplia para apoyar a aliados locales y amplificar la participación de las comunidades de la cuenca del Misisipi en soluciones basadas en la naturaleza, con el fin de proteger la salud del río y sus fuentes de agua.
Angélica Villareal, directora principal del proyecto CRAC, apoya a los 17 integrantes del consejo, incluida Susana, en la implementación de una visión compartida: comunidades más prósperas y saludables junto al río.
Al seleccionar a los miembros del C-RAC, explica Villareal, buscaron personas comprometidas con las necesidades reales de sus vecindarios.
“Este trabajo no se trata de hablar sobre las comunidades, sino de hablar con ellas directamente, para saber qué quieren ver reflejado en las soluciones naturales”, afirma. “Ya sea plantar más árboles y conocer el hábitat nativo, o priorizar la seguridad del agua y la prevención de inundaciones”.
Río abajo de Floreciente se encuentra el vecindario West
Susana Aguilar es copresidenta de la Asociación de Vecinos Floreciente en Moline, Illinois. Foto por Steven Barston
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End de Rock Island, Illinois. Avery Pearl, coordinador de revitalización de ese barrio, también forma parte del CRAC.
Reconoce que la historia de los Quad Cities y del West End es compleja.
“Muchas de las familias con las que crecí llegaron desde el sur del país buscando oportunidades. Vinieron a trabajar en las fábricas”.
Con el cierre de muchas fábricas, llegó también un vacío económico a comunidades como el West End.
“En algunas partes de los Quad Cities, el río se aprovecha para el turismo y el entretenimiento. Pero aquí, aunque vivíamos justo al lado, nunca se promovió una conexión real con él”, señala.
Actualmente, el West End enfrenta diversos desafíos ambientales: frecuentes inundaciones fluviales, drenaje deficiente y una escasez de superficies permeables que agrava los problemas con el alcantarillado.
A esto se suma la pérdida de miles de árboles provocada por el barrenador esmeralda del fresno, una plaga invasora que afectó al Medio Oeste a inicios de los años 2000.
“Mucha gente veía a los árboles moribundos como una molestia, sin entender que eran clave para controlar las inundaciones”, explica Avery.
Ahora, él busca convertirse en el adulto que necesitaba cuando era niño, enfrentando las desigualdades ambientales y acercando a los jóvenes a los recursos que los rodean.
Con el apoyo del C-RAC, Avery ha creado clubes escolares y otras iniciativas juveniles para que los niños del West End comprendan mejor su relación con el entorno natural.
“Hemos invitado a especialistas que los llevan a reservas forestales para enseñarles el ciclo del agua. Hacemos jornadas de limpieza comunitaria y plantación de árboles. No importa lo que hayamos heredado, podemos mostrarles a nuestros hijos que el cuidado del medio ambiente genera un futuro mejor”.
Más allá de las actividades locales, Avery considera que el C-RAC ha servido para romper el aislamiento entre quienes defienden el medio ambiente en la región, fomentando el intercambio de datos y recursos.
“Antes del C-RAC, teníamos la intención de mejorar la salud ambiental y comunitaria, pero no contábamos con la información necesaria para abordar las desigualdades. Ahora, el C-RAC ha sido una herramienta clave para conectar con otras organizaciones y construir una narrativa más amplia”.
De vuelta en Floreciente, Susana coincide. Para ella, la colaboración impulsada por el C-RAC fortalece el creci-
miento continuo del barrio. “Ya somos una comunidad que invierte en sí misma. Ahora podemos compartir esa riqueza, nuestras ideas y aspiraciones con personas de distintos contextos, y hacer que sucedan cosas reales”.
Foto por Steven Barston
El Tribunal Supremo de EE. UU. permite a Trump llevar a cabo su plan de desmantelar el Departamento de Educación por ahora
Por Shauneen Miranda, States Newsroom
Washington- El Tribunal Supremo de EE. UU. permitió el lunes a la Administración Trump, por ahora, proceder con los despidos masivos y el plan de reducir drásticamente el Departamento de Educación ordenado a principios de este año.
La decisión del Tribunal Supremo supone una gran victoria para el presidente Donald Trump, que ha tratado de reformar el papel del Gobierno federal en la educación.
La orden no estaba firmada, mientras que las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson disintieron, lo que indica una decisión de 6 a 3.
La disidencia, redactada por Sotomayor, fue mordaz.
“La mayoría es deliberadamente ciega
a las implicaciones de su fallo o ingenua”, escribió. “Pero, en cualquier caso, la amenaza a la separación de poderes de nuestra Constitución es grave”.
La orden del Tribunal Supremo suspende temporalmente las órdenes de los tribunales inferiores que: obligaban a la agencia a readmitir a más de 1,300 empleados despedidos por una reducción de plantilla, o RIF; impedían al departamento llevar a cabo la orden ejecutiva de Trump de desmantelar el departamento; y prohibían a la agencia transferir algunos servicios a otras agencias federales.
En una declaración realizada el lunes, la secretaria de Educación, Linda McMahon, celebró la decisión y afirmó que “hoy, el Tribunal Supremo ha vuelto a confirmar lo obvio: el presidente de los Estados Unidos, como jefe del poder ejecutivo, tiene la autoridad máxima para tomar decisiones sobre la
dotación de personal, la organización administrativa y las operaciones diarias de las agencias federales”.
“Si bien la sentencia de hoy es una victoria significativa para los estudiantes y las familias, es una pena que el tribunal máximo del país haya tenido que intervenir para permitir que el presidente Trump impulse las reformas para las que los estadounidenses lo eligieron, utilizando las facultades que le otorga la Constitución de los Estados Unidos”, afirmó.
“El Departamento de Educación de los Estados Unidos cumplirá ahora con su mandato de restaurar la excelencia en la educación estadounidense. Llevaremos a cabo la reducción de personal para promover la eficiencia y la rendición de cuentas y para garantizar que los recursos se dirijan a donde más importan: a los estudiantes, los padres y los maestros”.
Una coalición de profesores, sindicatos y distritos escolares que demandó la orden de Trump de eliminar el departamento y los despidos masivos dijo que estaba “increíblemente decepcionada por la decisión del Tribunal Supremo de permitir que la administración Trump-Vance continúe con sus perjudiciales esfuerzos por desmantelar el Departamento de Educación mientras nuestro caso sigue adelante”.
“Este plan ilegal perjudicará de forma inmediata e irreparable a los estudiantes, los educadores y las comunidades de todo el país. Los niños serán los más perjudicados por esta decisión. Nunca dejaremos de luchar en nombre de todos los estudiantes y las escuelas públicas y de las protecciones, los servicios y los recursos que necesitan para prosperar”, añadieron.
Desafío de los fiscales generales demócratas y los sindicatos
La coalición sindical y de defensa y una serie de fiscales generales demócratas presentaron en marzo respectivas demandas contra algunas de las iniciativas educativas más trascendentales de la administración.
Una de las demandas proviene de una coalición de fiscales generales demócratas de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva York, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, el estado de Washington y Wisconsin.
La otra demanda fue presentada por la Federación Americana de Profesores, su sección de Massachusetts, el Consejo 93 de la AFSCME, la Asociación Americana de Profesores Universitarios, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y dos distritos escolares de Massachusetts.
Un juez federal de Massachusetts consolidó las demandas y concedió la medida cautelar solicitada por los estados y los grupos en mayo.
La administración apeló esa decisión, lo que llevó a una decisión en junio del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos que mantuvo la orden del tribunal de distrito.
La administración Trump solicitó entonces la intervención del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo de EE. UU. dictaminó en una orden sin firmar que se permite al presidente Donald Trump desmantelar el Departamento de Educación de EE. UU. (Foto de Jane Norman/States Newsroom)
Thrive in Business and Life: Latina Business Excellence Summit
Des Moines, IA — Latina entrepreneurs are the fastestgrowing segment of business owners in the U.S., yet they continually face unique challenges that impact their financial, physical, and mental health. The Latina Business Excellence Summit (LBES) is proud to announce this year’s empowering theme: “Health: Intersecting Financial, Physical, and Mental Well-being.”
The 2025 LBES will bring together Latina entrepreneurs, professionals, and changemakers from across the region for a day dedicated to whole-person wellness as the foundation for thriving in business and life. Attendees will explore strategies to strengthen their finances, care for their bodies, and prioritize their mental health, all within a culturally relevant framework.
“This theme speaks directly to our community’s needs,” said Erika Macias, cofounder of the LBES. “You can’t run a business if you’re burnt out, struggling silently, or lacking the tools to build financial security. When Latina professionals are supported in all three areas of health, their potential is limitless.”
Attendees will explore strategies to strengthen their fi-
nances, care for their bodies, and prioritize their mental health—while also building lasting connections with likeminded women.
Highlights include:
Dynamic panels
Keynote speakers
Engaging workshops
Networking opportunities
“I’ve attended a lot of conferences/seminars/summits over the years, and it’s a rare one indeed that leaves me feeling more motivated and energized after I leave,” noted Breann Bye about her experience at the inaugural Latina Business Excellence Summit in 2024. “This was definitely one of the rare ones!”
The first Latina Business Excellence Summit sold out in days. Although the 2025 event is in a larger space, it is anticipated to sell out quickly. The Latina Business Excellence Summit 2025 invites Latina business owners, aspiring entrepreneurs, and allies to be part of this powerful conversation and movement.
Event Details:
Saturday, August 9, 2025. 9 am - 2:30 pm - Drake University
Special Discount Offer: Save $50 on your summit registration! Use the code: JEFAS50 courtesy of JEFAS Latinas in Business Magazine.
To sign up for the Summit go to this link:
Advocates for immigrants sue to stop courthouse ICE arrests
By Ariana Figueroa, States Newsroom
Washington, D.C. - Immigration advocacy groups sued the Trump administration Wednesday for dismissing cases in immigration courts in order to place immigrants in expedited removal for swift deportations without judicial review.
As the White House aims to achieve its goals of deporting 1 million immigrants without permanent legal status by the end of the year and a 3,000 arrests-per-day quota for Immigration and Customs Enforcement agents, immigrants showing up to court appearances have been arrested or detained.
President Donald Trump’s administration has moved to reshape immigration court, which is overseen by the Department of Justice, through mass firings of judges hired during President Joe Biden’s term and pressuring judges to clear the nearly 4 million case backlog.
The suit was brought in the U.S. District
Court for the District of Columbia by immigration legal and advocacy groups the National Immigrant Justice Center, Democracy Forward, Refugee and Immigrant Center for Legal Education and Services and the Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area.
The suit is a proposed class action representing 12 immigrants who filed asylum claims or other types of relief and had their cases dismissed and placed in expedited removal, subjecting them to a fast-track deportation.
The individual plaintiffs, who all have pseudonyms in the court documents, had their asylum cases dismissed and were arrested and placed in detention centers far from their homes.
One plaintiff, E.C., fled Cuba after he was arrested and raped after he opposed that country’s government. He came to the U.S. in 2022 and applied for asylum and appeared for an immigration hearing in Miami.
At his hearing, DHS attorneys moved to dismiss his case “without notice and without articulating any reasoning whatsoever” and when he tried to leave the court, ICE arrested and detained him, according to the suit.
E.C. is currently detained in Tacoma, Washington, “thousands of miles from his family, including his U.S. citizen wife,” according to the suit.
New policies
The groups argue new policies from the Department of Homeland Security and Department of Justice are unlawful.
Those policies include the approval of civil arrests in immigration court, instructing ICE prosecutors to dismiss cases without following proper procedure, instructing ICE agents to put immigrants who have been in the country for more than two years in expedited removal and pursuing expedited removal when removal cases are ongoing.
“(DHS) has now adopted the policy that it will arrest a noncitizen and place them in expedited removal even if the immigration judge does not immediately grant dismissal or if the noncitizen reserves appeal of the dismissal—either of which means that the full removal proceedings are not over,” according to the suit. “In plain terms, DHS is disregarding both immigration judges who permit noncitizens an opportunity to oppose dismissal and the pendency of an appeal of the dismissal decision.”
The Trump administration has expanded the use of expedited removal, meaning that any immigrant without legal status who’s been in the U.S. for less than two years can be swiftly deported without appearing before an immigration judge.
“DHS and DOJ have implemented their new campaign of courthouse arrests through coordinated policies designed to strip noncitizens of their rights … expos-
ing them to immediate arrest and expedited removal,” according to the suit.
The impact has been “severe,” according to the suit.
“Noncitizens, including most of the Individual Plaintiffs here, have been abruptly ripped from their families, lives, homes, and jobs for appearing in immigration court, a step required to enable them to proceed with their applications for permission to remain in this country,” according to the suit.
Detained immigrants’ stories
The suit details the plaintiffs’ circumstances.
One known as M.K., appeared in immigration court for her asylum hearing after she came to the U.S. in 2024 from Liberia, fleeing an abusive marriage and after she endured female genital mutilation.
DHS attorneys dismissed “her case without notice and, upon information and belief, without articulating any change in circumstances,” according to the suit.
“M.K. speaks a rare language, and because the interpretation was poor, she did not understand what was happening at the hearing,” according to the suit. “M.K. was arrested by ICE at the courthouse and detained; she was so distressed by what happened that she required hospitalization.”
She is currently detained in Minnesota.
Another asylum seeker, L.H., came to the U.S. in 2022 from Venezuela, fleeing from persecution because of her sexual orientation, according to the suit. At her first immigration hearing in May, DHS moved to dismiss her case and has received an expedited removal notice.
ICE officers arrested L.H. after she had her hearing and she is currently detained in Ohio.
US Supreme Court allows Trump to carry out plan to dismantle Education Department for now
By Shauneen Miranda, States Newsroom
Washington- The U.S. Supreme Court on Monday allowed the Trump administration, for now, to proceed with mass layoffs and a plan to dramatically downsize the Education Department ordered earlier this year.
The decision from the nation’s highest court marks a major victory for President Donald Trump, who has sought to overhaul the federal role in education. The order was unsigned, while Justices Sonia Sotomayor, Elena Kagan and Ketanji Brown Jackson dissented, indicating a 6-3 decision.
The dissent, authored by Sotomayor, was scathing.
“The majority is either willfully blind to the implications of its ruling or naive,” she wrote. “But either way the threat to our Constitution’s separation of powers is grave.”
The Supreme Court’s order temporarily suspends lower court orders that: forced the agency to reinstate more than 1,300 employees gutted from a reduction in force, or RIF, effort; blocked the department from carrying out Trump’s executive order to dismantle the department; and barred the agency from transferring some services to other federal agencies.
In a statement Monday, Education
Secretary Linda McMahon celebrated the decision, saying “today, the Supreme Court again confirmed the obvious: the President of the United States, as the head of the Executive Branch, has the ultimate authority to make decisions about staffing levels, administrative organization, and day-to-day operations of federal agencies.”
“While today’s ruling is a significant win for students and families, it is a shame that the highest court in the land had to step in to allow President Trump to advance the reforms Americans elected him to deliver using the authorities granted to him by the U.S. Constitution,” she said.
“The U.S. Department of Education will now deliver on its mandate to restore excellence in American education. We will carry out the reduction in force to promote efficiency and accountability and to ensure resources are directed where they matter most — to students, parents, and teachers.”
A coalition of teachers, unions and school districts that sued over Trump’s order to eliminate the department and the mass layoffs said they were “incredibly disappointed by the Supreme Court’s decision to allow the TrumpVance administration to proceed with its harmful efforts to dismantle the Department of Education while our case moves forward.”
“This unlawful plan will immediately and irreparably harm students, educators and communities across our nation. Children will be among those hurt the most by this decision. We will never stop fighting on behalf of all students and public schools and the protections, services, and resources they need to thrive,” they added.
Challenge from Democratic state AGs, unions
The labor and advocacy coalition and a slew of Democratic attorneys general each sued in March over some of the administration’s most consequential education initiatives.
One of the lawsuits comes from a coalition of Democratic attorneys general in Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, the District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New York, New Jersey, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington state and Wisconsin.
The other lawsuit was brought by the American Federation of Teachers, its Massachusetts chapter, AFSCME Council 93, the American Association of University Professors, the Service Employees International Union and two school districts in Massachusetts.
A Massachusetts federal judge consolidated the lawsuits and granted the states’ and groups’ preliminary injunction in May.
The administration appealed that decision, leading to a June decision from the U.S. Court of Appeals for the 1st Circuit keeping in place the district court’s order.
The Trump administration then asked the Supreme Court to intervene.
The U.S. Supreme Court ruled in an unsigned order to allow President Donald Trump to dismantle the U.S. Department of Education. (Photo by Jane Norman/States Newsroom)
Along the Mississippi, Industrial Neighborhoods Are Forging a New Relationship with the River
By Bre’Anna Brooks, WaltonFamilyFoundation.org
In the Quad Cities, C-RAC is bringing local community advocates together for lasting solutions
As the name suggests, Floreciente is a community in bloom.
Sandwiched between the Mississippi River and Highway 92, the West End of Moline, Illinois, has long been one of the most culturally rich neighborhoods in the Quad Cities. The area has been welcoming immigrant populations for more than 150 years, and was renamed Floreciente in the 1990s to reflect its deep and diverse cultural roots.
“Some people have this opinion that the neighborhoods along the river are worn down, they don’t have a great reputation,” says Susana Aguilar, co-chair of the Floreciente Neighborhood Association. “But our neighborhood is rebranding. I want to shine a light on the good parts.”
Susana and other members of the association have spent years engaging their neighbors to help Floreciente bloom into its full potential. From planting the colored flowerpots that line 4th Avenue to painting murals and other beautification projects, Susana says “it’s a domino effect of little things” that create a sense of pride in the community.
A self-described “river rat,” Susana and her family grew up playing in and around the river. Today, much of Susana’s – and the neighborhood’s – connection to the river centers around Sylvan Island, 37 acres of trails and parks
nestled in an adjacent bend of the Mississippi River. “It’s by far our biggest green space. It’s where our kids go to bike, fish and explore,” she says. “We cherish the island and what it has to offer.”
With support from the Clean River Advisory Council (CRAC), Susana and other community leaders are accessing new funding for community improvement projects, from Sylvan Island beautification to river safety signage in multiple languages.
Through the C-RAC, they are also finding a community of like-minded advocates across the Quad Cities who are working to redefine how their neighbors connect to the river.
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Susana Aguilar is co-chair of the Floreciente Neighborhood Association in Moline, Illinois.
Photo Credit: Steven Barston
Continues from last page
The Quad Cities area consists of Rock Island, Moline and East Moline in Illinois, and Davenport and Bettendorf in Iowa. Council members of the C-RAC hail from every corner of the Quad Cities, the largest metropolitan area on the upper Mississippi River between St. Louis and Minneapolis. They share a goal of prioritizing environmental action, creating cultural connections to the Mississippi River, and centering the perspectives of under-represented residents in environmental decisions.
Mississippi River communities are on the frontlines of climate change, increasingly at risk from more frequent and intense flooding.
The C-RAC was formed in 2023 through a partnership between the Quad Cities Community Foundation, Iman Consulting, and the Walton Family Foundation. It’s part of the foundation’s strategy to uplift local partners and help communities across the Mississippi River Basin have a greater voice in finding nature-based solutions to improve the health of the river and its water resources.
Angelica Villareal is the lead project manager for the C-RAC. She helps its 17 council members, including Susana, connect and implement their vision for a healthier and thriving river community.
In building the C-RAC membership, she says they looked for local leaders entrenched in the priorities of their communities.
“Through this work, we aren’t talking about community members, we are talking with community members directly about what they want to see in nature-based solu-
tions,” she says, “Whether that’s planting more trees and understanding native habitat, or prioritizing water safety and flood mitigation.”
Just down the river from Floreciente lies the West End neighborhood of Rock Island, Illinois. Avery Pearl is the city’s neighborhood revitalization coordinator, and also a member of the C-RAC.
He says the history of the Quad Cities, and the West End, is complicated.
“The families I grew up with moved up from the South to find opportunity. They came here for work in the factories.”
But he says that as the factory jobs disappeared, it left an economic void in places like the West End.
“In certain parts of the QC, the river is an asset for tourism and attractions. But here? Growing up, we were right next to the river and always found ways to play, but there wasn’t a lot of placemaking involved in connecting our community to this asset.”
He points to a number of ongoing environmental challenges facing the West End of Rock Island. The area suffers from river flooding and sewage back-up because of bad drainage systems and a lack of permeable surfaces.
When invasive Ash Borer beetles damaged thousands of trees in the Midwest in the early 2000s, many came to see the dying trees as a nuisance and a danger to property. Of the environmental crisis, “People were saying, ‘We don’t need trees planted, we need them removed,’ without understanding how helpful they can be to flood mitigation.”
Now, Avery says he is becoming the adult
that he needed as a child, addressing environmental disparities and connecting youth to the assets all around them.
Through school clubs and other youth engagement activities, the C-RAC is helping Avery “demystify their relationship with the environment” for young people in the West End.
“We’ve brought in experts to bring kids out to forest preserves and understand the river’s cycle. We do community clean-ups and plant trees. Regardless of what we inherited, we can show our kids that stewardship leads to a better tomorrow.”
Most importantly, Avery says the C-RAC has helped the region’s environmental advocates break out of their existing silos
and share resources. “Before C-RAC, we wanted to support community and environmental health, but we didn’t have the data to address these disparities. The C-RAC has been a key asset in helping connect with other organizations and tell a larger, regional story.”
Back in Floreciente, Susana agrees. She says the collaboration the C-RAC provides can only help her neighborhood’s continued growth.
“We are already a community that invests in itself. Now, we can share that wealth, share the ambition and ideas we have with people with different backgrounds, and we can really make something happen.”
“We are already a community that invests in itself. Now, we can share that wealth, share the ambition and ideas we have,” says Susana Aguilar.
Photo Credit: Steven Barston
