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Opinión
El Periódico de Sotogrande • 15 de mayo-15 de junio de 2009
Asesoría legal
Luis Babiano Abogados / Lawyers Sotogrande E-mail: luisbabiano@babiano.net
H
ace pocos días que escuchábamos al señor Méndez de Lugo (Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y responsable del funcionamiento de la justicia en esta comunidad autónoma) reclamar una reforma radical en la justicia. Con anterioridad a estas declaraciones la prensa se hacía eco de que la policía había dejado libre a un famoso criminal extranjero por un aparente error administrativo. Hacía también algunos meses que veíamos la insólita situación de unos jueces en huelga. Hace más tiempo aún conocimos la trágica muerte de un menor a manos de un pedófilo que se encontraba en libertad por la descoordinación existente entre los diferentes Juzgados. Y ante todos estos hechos no cabe más que preguntarse qué es lo que está sucediendo en el panorama judicial español. Evidentemente ni tenemos los conocimientos ni este es el foro adecuado para responder a la cuestión pero si queremos dejar sentadas unas reflexiones que pudieran servir para que cada lector se haga su propia composición de lugar. Es decisivo a nuestro juicio para comprender la actual situación de caos existente el hecho de que la Administración de Justicia no está centralizada sino que, por un lado, los funcionarios judiciales más importantes tales como los Jueces y Secretarios, son nombrados por el Ministro de Justicia, mientras que, por otro, la llamada "oficina judicial" depende de cada comunidad autónoma. Esto quiere decir que la Junta de Andalucía tiene a su cargo el funcionamiento, administración y mantenimiento de los palacios de justicia así como todo lo relativo a la burocracia inherente a la misma. Lo que significa que, por ejemplo, cada comunidad autónoma tenga un programa de gestión diferente que en la mayoría de los casos son incompatibles entre sí. Por si esto fuera poco los sistemas dentro de cada comunidad autónoma (con especiales excepciones) no están comunicados por lo que no existe un "expediente único" por cada ciudadano que haya sido objeto de un procedimiento. Un Juez de Sevilla no tiene forma de conocer si la persona sobre la que debe de decidir su puesta en libertad o no tiene causas abiertas en otra provincia de la comunidad autónoma. Por supuesto que tampoco puede saber si esa persona ha sido objeto de medidas por parte de otro Tribunal. Imagínense esta situación en pleno siglo XXI cuando Hacienda es capaz de hacernos el borrador de la declaración del impuesto sobre la renta.
Es fácil imaginar que si se hubieran puesto a disposición de la justicia los mismos medios informáticos que se han puesto a disposición de la recaudación fiscal, la situación actual sería bastante diferente. No podemos olvidar que en algún Juzgado de San Roque se escribían las resoluciones judiciales a máquina hace tan sólo un par de años. Otro problema que se plantea es que los funcionarios judiciales no dependen ni orgánica ni disciplinariamente del Juez titular por lo que es muy difícil la gestión diaria de los asuntos. Vemos cotidianamente como se incumplen las instrucciones dadas por los Jueces a sus funcionarios y como éstos establecen su propio orden de prioridades con independencia de lo que el Juez haya decidido. Y éste no tiene medio alguno de imponer su criterio porque sería, en nuestro caso la Junta de Andalucía, quien tendría que ejercitar las acciones disciplinarias pertinentes. Ni qué decir tiene que no existen registros centrales de la mayoría de los asuntos y cuestiones que pueden interesar a un Juzgado. Es cierto que en algunas materias concretas se ha ido avanzando como por ejemplo en la investigación patrimonial de los morosos. En estos casos el Secretario del Juzgado puede acceder a las bases de datos de Hacienda pero la información obtenida es siempre muy limitada y en la gran mayoría de los casos carece de valor práctico alguno. Esto nos lleva a que la justicia española esté totalmente desprestigiada en el mundo occidental al que pertenecemos por más que algunos jueces quieran adquirir protagonismo internacional y pierdan el tiempo en sonoras campañas publicitarias más que en el desarrollo efectivo de su propia labor. Por ejemplo en la memoria correspondiente al año 2008 aprobada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, se nos informa que la duración media de la ejecución de una sentencia se encuentra en los 30 meses dándose la peor situación en Baleares (43,5 meses) y la mejor en el País Vasco (17 meses). No es de extrañar que entidades extranjeras prefieran ejercitar acciones judiciales en su propio país antes que iniciar, por ejemplo, procedimientos hipotecarios contra propiedades ubicadas en España. En el Reino Unido puede tardarse en un procedimiento ordinario una tercera parte de lo que en España tardamos en un procedimiento hipotecario; siendo así que teóricamente este procedimiento hipotecario es el más rápido de los regulados en nuestra legislación procesal. Es opinión unánime entre todas las personas relacionadas con la administración de justicia que la reforma de la misma debe ser radical y, sobre todo, debe efectuarse de forma urgente. Parece que el nuevo Ministro se está moviendo en dicha dirección y esperemos que con la coordinación de todas las comunidades autónomas se pueda arreglar la actual situación tan desastrosa.
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image that if they had placed the same IT resources at the disposal of the law that they have placed at the disposal of tax collection, the current situation would be fairly different. Let’s not forget that, just a couple of years ago, at one or two San Roque courts, the court decisions were written up on a typewriter. Another problem posed is that legal officials do not depend, neither organically nor disciplinarily, on the assigned judge, so the daily administration of affairs is very difficult. Every day we see how the instructions given by the judges to their staff are not followed and how these officials follow their own order of priorities, independently of what the judge has decided. And the judge has no way of imposing his criteria because, in our case, it would be the Andalusian Regional Government that would have to take the appropriate disciplinary action. It goes without saying that there are no central registries for the majority of matters and issues that could be of interest to the courts. It is true that in some specific fields we have made progress, such as the investigation into the assets of debtors. In these cases the court clerk can access the Treasury database, but the information obtained is always limited and in the vast majority of cases it lacks any practical value. This leads to Spanish justice being completely discredited in the Western world that we belong to, however much some judges want to acquire international prominence and spend more time on brash advertising campaigns than on carrying out their own duties effectively. For instance, in the 2008 report approved by the General Council of the Judiciary in their plenary meeting, we are informed that the average duration of the execution of a ruling is 30 months, with the worst situation taking place on the Balearics (43.5 months) and the best in the Basque Country (17 months). It is no surprise that foreign entities prefer to take legal action in their own country before initiating, for instance, mortgage proceedings for properties located in Spain. In the United Kingdom, an ordinary procedure can take a third of the time we take in Spain for mortgage proceedings, and these proceedings are theoretically the quickest that are regulated by our procedural legislation. People involved in the administration of justice unanimously believe that the reform of the system must be radical and, above all, it must be implemented urgently. It looks like the new minister is moving in that direction and we hope that with coordination between the autonomous regions the current disastrous situation can be sorted out.
La situación de la Justicia en España
few days ago we heard Méndez de Lugo (the Chairman of the High Court of Justice of Andalusia, responsible for the implementation of justice in this autonomous region) demand a radical reform of the law. Before these statements, the press revealed that the police had set free a famous foreign criminal due to an apparent administrative error. A few months ago we also saw the unusual situation of some judges going on strike. Even longer ago we learned about the tragic death of a child killed by a paedophile who was set free because of a lack of coordination between the various courts. Following these events, we must ask ourselves what is happening to the Spanish legal system. Evidently we do not have the knowledge and this is not the proper forum in which to answer this question, but we would like to make a few reflections that could help readers to come to their own conclusions. In our view, to understand the existing chaotic situation, one must be aware that the administration of justice is not centralised, but that, on the one hand, the most important legal officials such as judges and clerks are appointed by the Ministry of Justice, and on the other hand the so-called ‘legal office’ depends on each autonomous region. This means that the Andalusian Regional Government is responsible for the running, administration and maintenance of the court houses as well as everything relating to the bureaucracy inherent to it. This means, for instance, that each autonomous region has a different administrative system, which in most cases is incompatible with the others. But it doesn’t end there; the systems within each autonomous region (with certain special exceptions) are not linked, so there is no ‘single file’ for each citizen who has been involved in proceedings. A Seville judge has no way of knowing whether the person who he is deciding whether or not to set free is facing charges in another province of the autonomous region. Naturally, neither can the judge know whether this person is being tried by another court. Imagine this situation, well into the 21st Century, when the Treasury is able to do a draft of our income tax declaration for us. It is easy to
The state of justice in Spain