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centro de progreso social
salud y educación, pero también existe un riesgo importante de que se observen pérdidas en los logros relacionados al goce de los derechos políticos y civiles, y las libertades de la población, así como en el grado de inclusión de la sociedad. En ambos casos, el deterioro de los niveles de bienestar depende de que el sector público sea capaz de sostener niveles de servicio adecuados durante y después de la crisis. Es decir, por un lado ofrecer atención de salud, continuidad educativa, apoyos al sostenimiento económico de los hogares, y por el otro garantizar que las restricciones a las libertades necesarias sean aplicadas con estricto respeto a los derechos humanos y no conduzcan a una limitación permanente de las mismas. Los efectos previstos asumen que los recursos públicos estarán enfocados en la atención de la pandemia y que el confinamiento generará una importante contracción económica. Se plantea entonces que la política social haga frente a estos retos adoptando un conjunto de medidas que, si bien no podrán evitar del todo los efectos negativos de la crisis, sí busquen proteger en lo posible los logros en progreso social alcanzados.
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¿Cómo minimizar el retroceso en el progreso social? Es importante entender que la crisis social y económica que inicia con la expansión del Covid-19 y las medidas de confinamiento no tendrá una duración limitada ni se alcanzará una recuperación inmediata y completa una vez se levanten las medidas de cuarentena. Esto se debe a dos razones:
En primer lugar, las medidas de restricción se levantarán de manera gradual y sectores muy importantes en la economía como el turismo, los servicios y el comercio podrían verse restringidos
