REPÚBLICA DOMINICANA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA “Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho”
PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR. RADHAMÉS JIMÉNEZ PEÑA, EN EL ALTAR DE LA PATRIA, EL DÍA 7 DE ENERO DE 2012, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO.
Para nuestro sistema de justicia es un magnífico logro empezar el año 2012 con dos nuevos órganos jurisdiccionales conformados, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, así como con una Suprema Corte de Justicia renovada. La conformación, evaluación y selección de jueces para integrar estas altas cortes, constituyó un novedoso y transparente proceso que contó con el importante peso de la legitimidad democrática, pues el ciudadano común pudo constatar paso a paso, a través de los medios de comunicación, cada una de las evaluaciones a las que fueron sometidas las y los aspirantes, haciendo de él, por tanto, un proceso trascendental para el sistema judicial dominicano, y la democracia misma. Es por ello que podemos afirmar que con la conformación de estas altas cortes, no sólo se ha dado un inmenso paso de avance en el fortalecimiento de la vigencia del catálogo de derechos consagrados en la Constitución, sino que se promueve una más efectiva primacía de la misma en el ordenamiento jurídico. No es más que un privilegio tener consagradas las Altas Cortes en cualquier Estado social y democrático de derecho, como lo es la República Dominicana. No puedo dejar pasar la ocasión, aprovechando la conmemoración del día de hoy, sin felicitar al Dr. Leonel Fernández Reyna, Excelentísimo Sr. Presidente de la República, en quien ha recaído la responsabilidad de todo este proceso, al liderar la reforma constitucional, por tan acertada iniciativa. Si bien al margen de los logros cristalizados, el proceso de reforma constitucional tiene ante sí aún importantes retos, precisamente en este contexto nuestra Constitución habrá de convertirse en el principal motor para profundizar la independencia y autonomía de los diferentes tribunales conformados, por medio de una adecuada, balanceada y más democrática organización, contribuyendo así a hacer más eficiente la administración de la justicia en nuestro país.