Piden al CNE que exija la paridad de género

Fuente: Agencias

En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) reposan tres recursos subjetivos contenciosos interpuestos por activistas políticas y representantes de colectivos de mujeres que exigen el cumplimiento de la disposición transitoria tercera de las reformas al Código de la Democracia vigentes desde febrero del 2020.

Esta señala que a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la ley, en las inscripciones de candidaturas pluripersonales y unipersonales, el porcentaje mínimo de encabezamiento de listas será del 50% y regirá la obligación de paridad en los binomios presidenciales.

Es decir, luego de las últimas elecciones generales que se realizaron en febrero y abril del 2021, corresponde que en las siguientes elecciones generales se cumpla con este incremento de la participación femenina en las listas.

Mujeres en acción

Los recursos los presentaron Verónica Saritama Díaz, directiva del movimiento Centro Democrático lista 1 en Orellana; Nivea Vélez Palacio, como afiliada del movimiento Loja lista 62; y, Lucía Placencia Tapia, como afiliada de la Izquierda Democrática (ID) lista 12, en contra de la convocatoria a elecciones generales que aprobó el CNE el 23 de mayo último. También, Ana Gómez Orozco y otro, Karina Ponce y Nelly Silva Aguayo, que tienen también a Gómez Orozco como su representante legal.

Ellas increpan que el CNE convocó a las elecciones nacionales anticipadas de este 20 de agosto de 2023 con un reglamento específico, en el que se determinó que la participación política para el caso del binomio presidencial “las candidaturas se integrarán con la participación de personas de diferente o el mismo sexo”.

Para la elección de asambleístas nacionales, los partidos, movimientos y alianzas políticas definirán si una mujer u hombre encabece la misma; y, que para la elección de asambleístas provinciales y de las circunscripciones especiales del exterior, del total de listas que un grupo político inscriba a nivel nacional el 30% estarán encabezadas por mujeres.

El Consejo aprobó esta norma debido al plazo de 90 días que da el Código de la Democracia para organizar este proceso electoral, una vez que el presidente de la República Guillermo Lasso activó el artículo 148 de la Constitución y disolvió la Asamblea Nacional. Por ello, se convocó a elecciones anticipadas para elegir autoridades para lo que resta del periodo constitucional de funciones; es decir, hasta mayo del 2025.

Ana Gómez, representante de la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA) presentó junto a varias activistas, un ‘reclamo previo’ ante el CNE en contra de ese reglamento.

Gómez señaló que si la autoridad electoral no deroga ese articulado y exige la aplicación del 50% de participación femenina en las listas, acudirán a organismos internacionales y buscarán que se sancione a las autoridades que permitieron que se incumpla la disposición transitoria tercera. Avanza calendario electoral Sin embargo, mientras el TCE no se pronuncie sobre estos tres recursos, el calendario electoral sigue avanzando con la ejecución de las elecciones primarias de precandidatos y la inscripción. El artículo 269 numeral 15 determina del Código de la Democracia permite que se pueda plantear un recurso subjetivo contencioso en contra de resoluciones formal o materialmente electoral que emane del CNE que genere perjuicio a los sujetos políticos o a quienes tienen legitimación activa. La presentación de este recurso y su trámite “no tendrá efecto suspensivo”.

Se explicó que en el caso de que los jueces electorales fallen a favor de estos recursos, se tendría que reelaborar el calendario electoral y convocar nuevamente a las elecciones primarias de precandidatos para que las agrupaciones políticas incorporen un 50% de candidatas mujeres como cabeza de listas y participen binomios presidenciales con paridad de género. De lo contrario, de haber una respuesta desfavorable a los recursos, el calendario electoral avanzará según lo aprobado.

Con la reducción, el cobro de la tasa Eco Delta, que se aplica para ecuatorianos que viajan al extranjero, deja de ser una tarifa fija de USD 50 y pasa a ser el 5% del valor neto del servicio, con un techo máximo de USD 50.

Por ejemplo, si un boleto aéreo sin el impuesto cuesta USD 100, la tasa Eco Delta es de USD 5. Es decir, ya no paga los USD 50 como antes y tiene un ahorro de USD 45.

Mientras que, la tasa Potencia Turística, que se aplica para extranjeros que viajan al Ecuador, es del 5% del valor neto del boleto aéreo, es decir sin impuestos. El techo máximo de la tasa es de USD 10. En este caso, por ejemplo, un costo del servicio de USD 100 tendría una tasa PT de USD 5, esto significa un ahorro de USD 5 para el turista extranjero.

Se explicó que en el caso de que los jueces electorales fallen a favor de estos recursos, se tendría que reelaborar el calendario electoral y convocar nuevamente a las elecciones primarias de precandidatos para que las agrupaciones políticas incorporen un 50% de candidatas mujeres como cabeza de listas.

Esta medida se aplica para todas las operaciones internacionales regulares en los aeropuertos concesionados. Los que operan actualmente bajo esta modalidad son Quito y Guayaquil. No aplica para los vuelos chárter internacionales, cuya tasa de Eco Delta continuará siendo de USD 60, conforme a la normativa vigente. Asimismo, la medida será efectiva para los boletos que se emitieron desde el 1 de junio. Los billetes emitidos previamente, a pesar de volar después del 1 de junio, tendrán las tarifas sin reducción alguna.

Esta medida responde a la segunda fase planificada para la reducción de las tasas mencionadas, señaló el Ministerio de Turismo. En la primera, se estableció bajar las contribuciones en todos los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Con lo que estas contribuciones pasaron de USD 50 a USD 5 para Eco Delta, y de USD 10 a USD 1 para Ecuador Potencia Turística.

El ministro de Turismo, Niels Olsen, aseguró que, la medida responde al compromiso a mejorar la conectividad del país. Entre las acciones que se han realizado destacó la eliminación del impuesto a la salida de divisas (ISD) a las aerolíneas. Además, la firma de acuerdos de cielos abiertos con países como Estados Unidos. La promoción internacional del destino, acompañada de la firma de compromisos con aerolíneas para promover la conectividad aérea con fines turísticos; y el incremento de rutas y frecuencias internacionales.