SUPLEMENTO ESPECIAL | 18 DE FEBRERO DE 2025
Se encargaron de seleccionar a los perfiles que cumplieron con los requisitos para contender por un puesto para ministro, magistrado o juez. Ahora, le toca al INE asignar las candidaturas de acuerdo con su especialidad y con paridad de género
ANGEL MIERES ZIMMERMANN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MARÍA CRISTINA
MIERES ZIMMERMANN
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VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES
FRANCO
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#CIUDADANÍAOPINA
GRÁFICO: ALEJANDRO OYERVIDES
na mayoría ciudadana consideró que no hay justicia en México, de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group.
A la pregunta: “Dígame por favor, ¿us-
ted piensa que hay justicia en el país?”, 66% respondió que “no”; 27% dijo que “sí” y 7%, “no sabe/no contestó”. La siguiente pregunta fue: “¿Usted qué opina del sistema de justicia o sistema judicial del país? ¿Usted cree que es muy bueno, bueno, malo o muy malo?”, 35% opinó que “malo”; 23%,“bueno”; 19%, “muy malo”; 17%, “regular”; 2%, “muy bueno” y 4%, “no sabe/no contestó”. El último cuestionamiento fue: “¿Cuál de las siguientes acciones que le voy a leer usted piensa que es más urgente para cambiar en el sistema judicial del país?”, 35% dijo que la “impunidad y corrupción del sistema judicial”; 16% consideró que el “abuso de la autoridad y protección de los derechos humanos”.
Un 10% opinó que la “falta de apoyo y protección a las víctimas”; 9%, el “uso y abuso político y económico del sistema judicial”; 8%, la “falta de acceso a la justicia y burocracia en la impartición de justicia”; 7% ,“retrasos y rezagos en la impartición de justicia”; 6%, “justicia desigual y criminalización de la pobreza”; 4%,“otra” y 5%, “no sabe/no contestó”. El ejercicio fue del 6 al 12 de febrero de 2025, con 800 encuestas efectivas.
Ante el proceso electoral extraordinario, la impartidora de justicia llamó a confiar en la decisión de los votantes
POR: DIANA MARTÍNEZ
PAIS@ELHERALDODEMEXICO.COM
Los ciudadanos deben asumir la responsabilidad de elegir a los juzgadores con el mejor perfil y la especialización necesaria en materia laboral, aseguró Marisol Castañeda, magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, con residencia en Querétaro.
Ha habido un cambio abismal en la impartición de justicia en materia de trabajo, desde la implementación del sistema oral’.
MARISOL CASTAÑEDA MAGISTRADA
“Debemos tener confianza sobre todo en la ciudadanía, sobre todo en ustedes como medios de comunicación, que tengan esa capacidad de transmitir a la ciudadanía cuáles son estos perfiles, pues ya están próximos a aparecer en una boleta para que sean electos las y los mejores que puedan seguir consolidando este sistema de justicia laboral”, enfatizó la juzgadora en entrevista para Heraldo Televisión
Castañeda destacó el avance que significó la desaparición, hace años, de las juntas de conciliación y arbitraje para crear los juzgados en materia laboral.
“Afortunadamente, te diría primero, que desaparecieron las juntas y te lo digo con ese calificativo, porque la verdad es que ese sistema de justicia, en el que para empezar, quienes resolvían estos asuntos no eran propiamente parte del Poder Judicial ni local y federal, sino que estas dependencias, digámoslo de esa manera, dependían del Poder Ejecutivo, y ya pasarlos al sistema judicial, primero, pues significó un gran avance, después te diría que me parece un gran acierto esta reforma laboral porque pasamos de ese sistema escrito, tardío, lento, lleno de obstáculos, a un sistema oral”, dijo.
Insistió en que ha habido un cambio “abismal” en la impartición de justicia en materia de trabajo desde la implementación del sistema oral, por lo que se debe confiar en que la Reforma Judicial, que implica un nuevo paradigma y una nueva forma de elección de los juzgadores, abonará a que se siga consolidando la justicia oral más pronta y expedita.
“(Hay que) apostar mucho y tener muy en cuenta que tenemos los medios alternos de solución de conflictos, que también abonan y mucho a que aunque los conflictos de las personas se solucionen antes de llegar a un juzgado tribunal
“También abona demasiado para que no haya tantas controversias en los juzgados y tribunales que provocan ese rezago que, a la postre, deriva en una impartición de justicia tardía”, lamentó la magistrada
Al ser cuestionada sobre el impacto en los asuntos por la transición derivada de la Reforma Judicial, Castañeda destacó el papel de una comisión que se encargará de que los expedientes no se queden en el limbo.
“Todavía no inician las campañas, dos meses para llevarse a cabo, que aún no estamos en esa etapa, estos dos meses serán
MÁS PARA SABER DEL PROCESO JUDICIAL
l Las reglas de la Ley Federal del Trabajo han dado una jurisprudencia específica, afirmó.
#AFIRMAMAGISTRADA
abril y mayo, vendrá en junio la elección y luego vendrá un periodo para poder solventar las impugnaciones y finalmente el inicio de trabajos de las nuevas personas juzgadoras que estarán programados para septiembre de este año…
“Pero precisamente para eso se instala ya una Comisión de Transición, que precisamen-
l La impartidora de justicia ve que con la Reforma Judicial se consolida el sistema.
l Llamó a confiar en la apuesta por los medios alternos para la resolución de conflictos.
l Apenas este fin de semana el INE integró más de 4 mil candidaturas para la elección.
te busca esto, no dejar en el limbo, no dejar como quien dice, a un lado los expedientes que se tienen que resolver día a día, pues la idea es hacerlo de la manera más ordenada y responsable para que precisamente la ciudadanía no resienta o no tenga alguna afectación cuando venga esta transición”, explicó la magistrada
l Algunos aspirantes fueron excluidos de los listados porque así lo notificaron.
POR: MISAEL ZAVALA / FOTOARTE: ALEJANDRO OYERVIDES
MISAEL.ZAVALA @ELHERALDODEMEXICO.COM
En un proceso inédito, los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial jugaron un papel clave en la selección de aspirantes a ministros, magistrados y jueces, de cara a los primeros comicios, donde la población podrá votar por los juzgadores el primer domingo de junio.
Dichos Comités se encargaron de todo el proceso de revisión de los expedientes de las personas
EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LO INTEGRAN:
• Mary Cruz Cortés Ornelas
• Javier Quijano Baz
• Vanessa Romero Rocha
• Isabel Inés Romero Cruz
• Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
1 2
EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO LO INTEGRAN:
• Ana Patricia
• Andrés
• Maribel
• Maday
• María Gabriela
aspirantes, evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, e identificar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos para el desempeño del cargo de juzgadores. Esa tarea, en cualquier elección ordinaria, le correspondía al Instituto Nacional Electoral (INE).
A finales de octubre de 2024, los tres Poderes de la Federación definieron, por separado, a los integrantes de los Comités, cada uno integrado por cinco personas, quienes tuvieron como primera tarea emitir las convocatorias públicas para aquellas personas que quisieran ser candidatos a
881
l CARGOS PARA EL PJ SE VAN A ELEGIR EL PRÓXIMO 1 DE JUNIO.
juzgadores en la primera elección judicial del país.
Los Comités emitieron sus convocatorias y fueron los encargados de recibir los registros de los aspirantes a juzgadores durante casi todo el mes de noviembre pasado.
En este plazo, casi 50 mil personas en todo el país se registraron ante los tres comités como aspirantes a alguno de los 881 cargos que estarán en juego en las elecciones del 1 de junio. Durante los dos siguientes meses (diciembre de 2024 y enero de este año) los tres Comités realizaron una labor exhaustiva para revisar cada uno de los documentos de los aspirantes que se registraron
AUNQUE FUERON LOS ENCARGADOS A LOS ASPIRANTES A INTEGRANTES DEL PODER LABORES Y TERMINARON
INTEGRANTES COMITÉS EVALUACIÓN:
Patricia Briseño Torres
Norberto García Repper Favila
Maribel Concepción Méndez de Lara
Merino Damián
Gabriela Sánchez García
EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PODER JUDICIAL LO INTEGRABAN:
• Mónica González Contró
• Emma Meza Fonseca
• Hortencia María Emilia Molina de la Puente
• Luis Enrique Pereda Trejo
• Wilfrido Castañón León.
ENCARGADOS DE SELECCIONAR A JUZGADORES, LOS JUDICIAL SUSPENDIERON TERMINARON POR RENUNCIAR
para ser ministros, magistrados y jueces. En un primer momento se depuraron los listados y quedaron un total de 22 mil 18 aspirantes (mil 239 del Poder Judicial; 2 mil 332 del Poder Legislativo y 18 mil 447 del Poder Ejecutivo), los cuales pasaron a la siguiente fase: la insaculación por tómbola.
Sin embargo, en esta etapa, dos jueces federales ordenaron a los tres Comités frenar el proceso de insaculación de candidaturas. A pesar de que podrían incurrir en desacato al no frenar la definición de candidaturas, los Comités de Evaluación del Legislativo y Ejecutivo federal continuaron con el proceso, pero el Comité de Eva-
l DÍAS FALTAN PARA LOS COMICIOS QUE
RENUEVAN AL PJ.
luación del Poder Judicial cedió a las órdenes de los jueces y suspendieron toda actividad.
La decisión del Comité del Poder Judicial resultó en que el Tribunal Electoral Federal ordenó al Senado sustituir a dicho comité para que continuara el proceso de insaculación. A la par, los integrantes presentaron a la Suprema Corte un escrito con su renuncia al Comité de Evaluación, debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso de la elección.
El 30 de enero, el Senado realizó la insaculación por tómbola de los candidatos que le correspondían al Comité del Poder Judicial. Los Comités del Poder Legislativo
y Ejecutivo realizaron sus respectivos sorteos el 2 de febrero.
El INE recibió del Senado los listados de los tres poderes; sin embargo, el Consejo General detectó errores, irregularidades e inconsistencias, por lo que pidió al Senado corregir las anomalías antes de enviar la información a Talleres Gráficos para comenzar el proceso de impresión de las boletas, el 20 de febrero.
El siguiente paso es que el INE realice un procedimiento para acomodar a los candidatos de acuerdo con los distritos judiciales electorales en las boletas, para que luego los candidatos hagan campaña del 30 de marzo al 28 de mayo.
pais @elheraldodemexico.com
• EL 5 DE FEBRERO DE 2024 FUE LA FECHA EN LA QUE, EL ENTONCES PRESIDENTE DE MÉXICO, ELIGIÓ PARA PRESENTAR DIVERSAS INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL, ENTRE ELLAS LA REFORMA JUDICIAL
Después de un complejo proceso de aprobación, se publicó el 15 de septiembre. Entonces empezó la etapa de implementación, que, por su novedad y dimensiones está llena de retos y vicisitudes. La primera tarea fue la de integrar la lista de candidatas (os), a través de un proceso construido a marchas forzadas.
A pesar de los esfuerzos, el resultado no quedó limpio de dudas e inconformidades. Sin embargo, todo hace presumir que, se contará con las listas de las y los candidatos federales. Esto dará pie a la siguiente etapa, que es la de las campañas electorales.
Los retos que se presentan son diversos, uno, de la mayor importancia para la legitimidad, es lograr que los perfiles sean conocidos. Tomando en cuenta, el número y diversidad de puestos y candidaturas, es un reto ingente. Por ello, que sea fundamental, el esfuerzo de las instituciones, particularmente de la electoral, para dar una amplia difusión de las personas candidatas.
Sin embargo, no es suficiente con saber sus nombres y trayectorias, sino que, más importante resulta, conocer sus ideas y su capacidad de juzgar, tarea que es, en nuestra opinión, una de las actividades humanas más difíciles de realizar.
Uno de los temas con mayor trascendencia al evaluar la capacidad de una persona que quiere ser juzgadora, es la de su conocimiento teórico y práctico en derechos humanos. Desde la posguerra, ha ido quedando cada vez más claro que la esencia del derecho, y por lo tanto de su aplicación, consiste en hacer efectivos los derechos de las personas, de manera primordial sus derechos humanos. De esta forma, lo que más nos debe importar saber sobre quienes van a estar en la boleta, es qué tanto conocen y son capaces de juzgar con esta perspectiva actual. De aquí que sería muy interesante que, con la ayuda de los medios de comunicación, se organicen debates, mesas redondas, encuestas, cuestionarios, que nos permitan saber la capacidad y el enfoque que tendrán las personas sobre este tema. Esto es mucho más valioso, que estar recibiendo videos, clips y men-
sajes sobre los detalles personales de quienes integrarán las listas. Como el tema es muy amplio, y por lo tanto se tiene el riesgo de perderse en lugares comunes, han de elegirse tópicos concretos. Aquí mencionamos algunos.
Por ejemplo, es fundamental saber si quienes quieren ejercer esta función, entienden lo que es la dignidad humana, como fundamento de los derechos humanos, también que tanto conocen y pueden concretar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto en el plano más conceptual, y en la práctica, si son capaces de brindar protección a los derechos de las personas de los grupos vulnerables, y, a su vez, hacerlos compatibles con los del resto de la población. En este ámbito es fundamental, el conocimiento preciso de temas, como la perspectiva de género, el interés superior de la niñez, o la multiculturalidad.
Por ser un tema de alta relevancia después de la reforma del 2011 y de la interpretación que le ha dado la Corte a la obligación que tienen las resoluciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, es fundamental que conozcan los alcances y límites de esta obligación, conforme al principio pro persona.
La aplicación de los derechos humanos es transversal y no se circunscribe a los jueces constitucionales, sino a cualquier instancia, incluidas las de materias especializadas o las del orden local.
El tema tiene, ámbitos de colisión de derechos, que requieren ponderación, y donde sería muy importante que las y los candidatos se expresaran, por ejemplo, sobre los que involucran el derecho a la vida y su relación con el derecho a la salud; los conflictos entre libertad de expresión y la privacidad, o los de seguridad pública frente al derecho al debido proceso. Contar con un poder judicial a la altura de las necesidades de justicia en México, conlleva la participación de todas y todos, y en esta etapa de las campañas implica esforzarnos por subir el nivel y dotarlas de contenido, uno de los temas principales es el de los derechos humanos.
antonio.holguin @elheraldodemexico.com
• UN PUNTO QUE DEBERÁN TENER EN CLARO QUIENES VAYAN A VOTAR ES QUE ESTA ELECCIÓN NO ES, NI PUEDE SER, DE PARTIDOS POLÍTICOS O AFINIDADES IDEOLÓGICAS
La participación ciudadana es un elemento básico en la construcción y fortalecimiento de la democracia. En la medida en que las personas se involucran de manera más directa en los procesos de toma de decisiones y el desarrollo de las funciones estatales, se garantiza en mayor medida que exista representatividad; es decir, que aquellas personas que ocuparán algún cargo de autoridad sean producto o reflejo de la voluntad popular y que, en razón de ello, asuman una mayor responsabilidad y compromiso ante la ciudadanía que los ha elegido, y a quienes en principio se deben.
Asumiendo el esquema tradicional de división de poderes, la representatividad se ha considerado como un factor indispensable y necesario para la debida y mejor integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En el caso del Poder Judicial, si bien es generalmente aceptada la conveniencia de que exista algún tipo de vínculo entre la ciudadanía y aquellas personas que tendrán a su cargo la función jurisdiccional; por otra parte, diversas voces han sostenido que al tratarse de una función eminentemente técnica, elegir a quienes juzgan podría resultar incluso contraproducente para garantizar el profesionalismo y regularidad en el ejercicio de dicha función.
En México, la más reciente reforma Constitucional en materia judicial asumió el reto de la representatividad de aquellas personas que integrarán el Poder Judicial, proponiendo un esquema en el que se combina la elección directa de las y los juzgadores con mecanismos de selección que buscan garantizar la idoneidad y profesionalismo de quienes sean candidatos, un proceso que actualmente se encuentra en pleno desarrollo y que está por entrar en una de sus etapas más complejas, que requerirá el compromiso y participación activa de la ciudadanía para que la expresión de la voluntad que hagan, mediante la emisión de su voto el próximo 1 de junio de 2025, efectivamente fortalezca y marque una nueva etapa en la impartición
de justicia en nuestro país. El voto para esta elección judicial claramente tendrá que preservar los requisitos de secrecía y libertad, que son inherentes al sufragio en los procesos de elección ordinarios; sin embargo, requerirá de manera muy importante que la expresión de voluntad que haga la ciudadanía se realice de forma informada y responsable. Un punto que deberán tener en claro quienes vayan a votar es que esta elección no es, ni puede ser, de partidos políticos o afinidades ideológicas.
Fundamentalmente lo que se tiene que elegir son perfiles y capacidades de quienes van a hacer efectivo nuestro derecho humano de acceso a la justicia, aplicando con rigor y pertinencia la ley a efecto de garantizar que las controversias y diferendos que lleguemos a tener quienes habitamos en este país, sigan encontrando cauce de solución en el derecho y las instituciones, por encima de mecanismos y soluciones al margen de la ley.
Después de una primera etapa, que no estuvo libre de diversos retos y desafíos, el Instituto Nacional Electoral publicará la lista que le envíe el Senado de la República, luego de que haga las correcciones de las personas candidatas al proceso electoral del Poder Judicial Federal, con lo cual dicho proceso entra en una de sus etapas más complejas que requerirá generar las condiciones para que las y los ciudadanos estén en posibilidades de conocer los perfiles académicos y profesionales de quienes aspiran a ocupan un cargo como ministros, magistrados o jueces, a efecto de que puedan formarse una opinión razonable e informada sobre los mismos. El reto es enorme y el que se pueda superar dependerá no sólo de la disponibilidad y capacidad de las autoridades electorales para hacer pública y accesible dicha información, sino también del interés, compromiso y responsabilidad de la ciudadanía por conocer a quienes les impartirán justicia y propiciar que sean electos las personas que garanticen mayor conocimiento, experiencia, independencia y compromiso social en su desempeño.
