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TRADING SRL
Sandra Noguera Piden mejorar las condiciones para la inversión
SANDRA NOGUERA GERENTE GENERAL DE LA CAPPRO.
La aceitera es la principal actividad industrial en cuanto a saldo de Inversión Extranjera Directa, según los últimos datos publicados por el Banco Central del Paraguay (BCP), con más de US$ 910 millones. Sandra Noguera, gerente general de la Cappro, resaltó que ese valor responde a la instalación y mantenimiento de fábricas que ampliaron considerablemente la capacidad de procesamiento de oleaginosas hace varios años. Recordó que desde el 2013 el flujo de nuevas inversiones para este sector se detuvo en lugar de ampliarse, reduciéndose la capacidad de producción a causa de la inestabilidad jurídica con la que convive el sector, por lo que debido a los constantes cambios en las reglas que afectan a su competitividad. Con respecto a los cambios regulatorios sobre la capacidad de deducción de impuestos por parte de las empresas que procesan granos, señaló que cualquier modificación de las normas genera impactos en los proyectos de gran envergadura y planificados a largo plazo, como definitivamente son las industrias de procesamiento de oleaginosas. “El incumplimiento con lo establecido en la Ley Nº 5061/13, que incentivaba la industrialización de materias primas agrícolas, sumado a las modificaciones negativas que se observan en la Ley N° 6380/2019 “De modernización y simplificación del sistema tributario nacional” son los motivos por los que no han desembarcado nuevas inversiones en la industria aceitera en los últimos años”, acotó. Manifestó que incluso existen algunos planes de inversión que, en aquel 2013 se encontraban en una etapa avanzada de exploración, pero fueron suspendidos y no se han reactivado en todos estos años. Por otro lado Noguera, indicó que la industria nacional tiene que competir en desigualdad de condiciones con las fábricas de otros países, ya que gran parte de los mercados internacionales ponen trabas (arancelarias o para arancelarias) al ingreso de productos industrializados como el aceite, la harina o la cascarilla de soja.
LA CIFRA
US$ 910
MILLONES ES LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA INDUSTRIA ACEITERA.
Dijo que estos otorgan muchas facilidades e incluso incentivos para el ingreso de materias primas agrícolas, de modo a que puedan aprovechar los beneficios de agregar valor dentro de sus fronteras. Solamente con políticas industriales claras, que permitan a las industrias nacionales equilibrar estas diferencias se podrá mejorar el nivel de aprovechamiento de nuestras materias primas, amplió. LO QUE FALTA MEJORAR En lo que respecta a los riesgos que todavía presenta el Paraguay para el inversor en el sector agroindustrial sostuvo que no solo falta mejorar en materia de seguridad jurídica e impositiva sino también en otras cuestiones. Desglosó que lo primero pasa por respetar las condiciones a la hora de promocionar inversiones. “Las decisiones de inversión, más aún las de la envergadura de una industria aceitera, no se toman a la ligera y en el análisis de viabilidad se tienen en cuenta ciertas condiciones que deberían ser respetadas si deseamos como país que las grandes inversiones desembarquen en Paraguay”, resaltó. Añadió que se deberían fortalecer las instituciones, la seguridad jurídica, la administración de la justicia, que la misma sea transparente, y garantizar el debido proceso. Cuestiones que para ella son fundamentales a la hora de tomar decisiones de inversión. La pandemia afectó a todos los sectores, al igual que a toda la economía y a la sociedad, pero al ser la agroindustria un sector esencial, las industrias asociadas a Cappro no dejaron de producir ni un solo día. Noguera indicó que para conseguir esto se implementó un riguroso protocolo de seguridad, con exigencias incluso mayores a las recomendadas por el Ministerio de Salud, para proteger tanto a sus colaboradores como a todos los integrantes de la cadena de valor. “En los primeros momentos de la crisis sanitaria, las aceiteras paraguayas aumentaron drásticamente su nivel de ventas para abastecer a todo el país, haciendo frente al incremento de la demanda interna por el freno al contrabando derivado del cierre total de las fronteras, sin modificar el nivel de precios cobrado a los consumidores”, precisó. El mencionado aumento se debió al mayor nivel de controles impuestos, particularmente en las zonas fronterizas, limitando el ingreso ilegal de mercaderías a nuestro territorio. “Estamos en un momento clave para impulsar acciones para la recuperación económica, a fin de continuar mitigando los efectos sociales, productivos y económicos negativos de la pandemia; y para el efecto, cualquier acción que no contemple un combate firme al contrabando y la informalidad por parte de todos los organismos involucrados, resultará, a corto plazo, en un terminante fracaso”, refirió.
