Directo Bogotá # 62

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cho, sacrifico más de mis ocho horas diarias de trabajo y me da hasta la una de la mañana haciendo toda esa papelería que nos piden. El sueldo no es justo para tanto trabajo”. A otras madres, según el testimonio de Olinda, no les “permiten tener a los hijos en la casa y eso es un problema, porque ¿cómo voy a sacar mis hijos a la calle por mantenerles el programa a ellos? No es justo y se está viendo en todas las regiones, dicen que prevalecen los derechos de los niños, pero ¿los nuestros qué?”. Los niños toman una merienda. Foto: cortesía de Rubí Gómez

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La Corte Constitucional decidió que el Estado debe pagar el 80% del aporte a las pensiones de las madres comunitarias y ellas el 20%. Sin embargo, no las reconoció como trabajadoras directas •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••

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ción tiene [sic] la claridad de las habilidades y competencias de cada uno de sus miembros”.

Soylas Si bien las madres tienen formación en pedagogía y cuidado de la primera infancia, muchas veces, como dice Olinda García, “a las madres comunitarias, nos toca ser ‘soylas’: soy la que ve el niño, soy la que hace la propuesta pedagógica, soy la que hace el aseo, soy la que hace la comida, soy la que ve la nutrición, soy la enfermera, soy la psicóloga, soy la pedagoga. Somos de todo, porque el ICBF nos da unos lineamientos, pero jamás tiene el personal para desarrollar todo lo que exige”. Por eso Nohora Gómez dice: “No podemos cumplir nuestras funciones a cabalidad y tampoco podemos prestar servicio de calidad como debería ser, porque tenemos que estar pendientes de todo lo que conlleva cuidar 14 niños, incluso si son bebés”. Ante esto, muchas madres, como Rubí Gómez —de 64 años y que lleva 24 como madre comunitaria—, tienen la necesidad de contratar una madre auxiliar que las ayude. Sin embargo, “Bienestar dice que podemos tener una auxiliar por una o dos horas para que arregle la cocina, y eso sale de lo que lo que pagan los padres, pero no todos pagan, porque no pueden”, explica ella. En síntesis, a las madres les toca cumplir funciones para las cuales muchas veces no están preparadas. Además, esta labor y la sobrecarga de funciones les genera problemas en otras áreas de su vida. Carmen Pulido manifiesta: “El ICBF no mira que nosotras tenemos un núcleo familiar que atender. Entonces, por cumplir con la documentación y todo lo requerido, dejamos a un lado nuestro hogar, hijos, nietos y el grupo familiar en general. Yo me trasno-

“Voluntarias” por más de 20 años Teniendo en cuenta que estas madres son las que se encargan del cuidado de la primera infancia de las zonas más vulnerables del país, lo que la mayoría de ellas esperaría es que, como mínimo, les cumplieran dos condiciones: un trato justo y garantías laborales. Por esa razón, 162 madres comunitarias instauraron una acción de tutela para exigir estos derechos, incluido el de la mesada pensional. Como resultado de dicha acción, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-079 de 2018, decidió que el Estado debe hacer el 80 % del aporte a sus pensiones, y ellas, el 20 %. Pero la Corte no las reconoce como trabajadoras directas, sino como voluntarias, por lo que concluye que el ICBF no vulnera sus derechos, a pesar de que muchas de ellas llevan más de 30 años dedicadas a esta labor y si quieren pensionarse, deberán pagar ese 20 % que equivaldría a unos 15 o 18 millones de pesos, como Olinda García explicó en una entrevista a Blu Radio. Luz Dary recuerda: “Antes daban una beca como pago, no era un mínimo. No teníamos prestaciones. No teníamos nada, solo la EPS. Desde el 2014 ya empezaron a pagarnos un mínimo y las prestaciones. Pero ¿por qué? Porque la señora Olinda García, que es la presidente a nivel nacional del sindicato, ha luchado por estos derechos, porque antes no los reconocían”. Y aunque Luz Dary acepta que las condiciones han ido mejorando, también asegura que no es suficiente para todas las funciones que les son asignadas. Además, muchas de ellas ya son mayores o están enfermas, por lo que la pensión les garantizaría una vida digna en esos años en los que ya no están en óptimas condiciones para trabajar.


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