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El Heraldo
Sábado 1 de Diciembre de 2018
Rector Rojas critica “daño patrimonial” a universidades producto de los pendientes que dejó la gratuidad El hecho de que los planteles deban cobrar sólo el 50% del arancel a los alumnos que pierden la gratuidad por atrasarse uno o más años implica que la ley los está obligando a prestar “un servicio a mitad de precio”, dijo la máxima autoridad de la U. de Talca. Debido a que las universidades adscritas a la gratuidad deben costear el 50% del arancel anual de los alumnos que pierden la gratuidad por exceder la duración formal de sus carreras, el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, lamentó que esto no haya sido resuelto antes de que finalizara la tramitación de la Ley de Educación Superior ya que “genera un daño patrimonial en las instituciones debido a que la ley nos obliga a prestar un servicio a mitad de precio y las universidades están enfrentadas hoy día al hecho de que deben financiar una parte de la gratuidad”. Rojas explica que desde el Consejo de Rectores (Cruch) se pidió a las autoridades del gobierno anterior que se financiara en la ley un año extra, es decir que los alumnos
tuvieran un margen de un año en caso de que se atrasaran, de acuerdo a la realidad que ha existido históricamente en las universidades, y sobre todo en aquellas de regiones que reciben más alumnos vulnerables. Pero esto no fue aceptado, principalmente por falta de recursos. Ahora, con la presión de que en 2018 se producirá un alto déficit en las instituciones debido a que deben empezar a cubrir la mitad de los aranceles de los estudiantes que se han atrasado, el Congreso aprobó una indicación en la Ley de Presupuestos 2019 para que los planteles puedan utilizar los excedentes del Crédito de Fondo Solidario para costear estos gastos. “Estimamos que es una solución pasajera que trae un poco de alivio a los presupuestos de las universidades
y ayuda a que las más afectadas no caigan en situaciones de desfinanciamiento. Pero se debe considerar que no todas las universidades cuentan con excedentes. La solución de fondo es revisar la norma pensando en el largo plazo y en la realidad de los alumnos ya que ellos se demoran un año más porque no son máquinas, son estudiantes que pueden tener problemas familiares, problemas vocacionales, económicos”, enfatiza el rector. El rector plantea que “creo que debe ser revisada la norma, porque de otra forma nos sentimos con un daño patrimonial frente al cual no podemos ser indolentes ya que está ocurriendo en todas las universidades adscritas a la gratuidad y esa medida debe ser revisada y nuevamente legislada para que pueda ser corregida”, concluyó.
Elecciones internas de la UDI: 60 mil militantes no podrán votar Mañana 2 de diciembre se realizarán las elecciones internas en la UDI para renovar la mesa directiva, comicios en los quese enfrentarán la actual timonel, Jacqueline van Rysselberghe, y el jefe de la bancada de los diputados, Javier Macaya. El Servicio Electoral (Servel) entregó el martes pasado al secretario general de la UDI, Issa Kort, el padrón definitivo para los comicios. De acuerdo a lo informado, los militantes habilitados para votar
son 44.555 personas. Un grupo de 60.738 personas, cuya militancia figura como suspendida por “diversas situaciones relacionadas con su refichaje”, no podrán participar del proceso. Van Rysselberghe envió una carta a Macaya este miércoles, proponiéndole que juntos solicitaran al Tribunal Supremo (TS) del partido que resolviera el problema. “Son personas que de forma proactiva y con un profundo com-
promiso con nuestro partido decidieron inscribirse en el proceso de refichaje y militar en la UDI, pero que pese a todas sus ganas de participar, ahora se ven privados de poder ejercer su derecho a voto para elegir a sus autoridades”, señala la misiva a la cual tuvo acceso Emol. En este ámbito, en Linares, Juan Antonio Coloma, senador de la UDI por el Maule, reiteró su apoyo a Javier Macaya, para los comicios de directiva nacional.
Informe INE: desempleo descendió en comuna y provincia de Linares
Ayer fue publicado en informe del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, sobre desempleo, En la Región del Maule, la tasa de desocupación durante el trimestre agosto – octubre 2018 se situó en 6,2%, registrando un aumento de 0,2 pp., en doce meses, a raíz del incremento de 1,1% de los Ocupados y 4,8% de los Desocupados, respecto al alza de 1,3% registrada por la Fuerza de Trabajo.
A nivel provincial, Linares mostró una tasa de desocupación de 6,2%, en el período de referencia, lo que se tradujo en una disminución anual de 2,1 pp., producto de la expansión de la Fuerza de Trabajo (2,1%), así como un incremento de los Ocupados (4,4%) y en la baja de los Desocupados (23,9%). La comuna de Linares, mostró un notorio descenso, respecto del año anterior y el tri-
mestre anterior: llegó a 6,8% de desempleo, menor en 2,9% al del mismo periodo el 2017 e inferior en 1% al trimestre anterior. La tasa de desocupación del país para el trimestre agosto – octubre 2018 se estimó en 7,1%, mostrando un aumento de 0,4 pp. En doce meses, y una variación nula, respecto al trimestre móvil inmediatamente anterior.
Diputado Rentería destaca proyecto que obliga a centros comerciales a contar con desfibriladores
Como un importante avance y una medida sanitaria importante calificó el diputado de la UDI, Rolando Rentería, la aprobación del proyecto de ley que obliga a centros comerciales, además de otros espacios públicos y privados, como puertos, hoteles, gimnasios, estadios de capacidad de más de dos mil personas, centros de atención de salud, entre otros, a contar con desfibriladores. “Los desfibriladores”, explicó el parlamentario gremialista, “son un aparato electrónico portátil que se usa para atender la urgencia ante un falla cardiaca por un latido inadecuado y rápido que puede resultar mortal”. Rentería agregó que de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el 27% de las muertes en Chile se deben a enfermedades cardiacas, de las cuales existe un número desconocido que se produce por muerte súbita, cuya principal causa resulta ser la fibrilación ventricular”.
En esta línea, el legislador explicó que el incumplimiento de esta norma se sancionará conforme al Código Sanitario, es decir, “se expone a inspección, allanamiento, sumario sanitario o multas cursadas por los Directores de Salud o el Instituto de Salud Pública”. Finalmente, Rentería indicó que se darán todas las con-
diciones para que una vez implementada la normativa de contar con los desfibriladores, exista el personal capacitado para realizar las atenciones de urgencia, junto con reiterar la importancia de esta iniciativa “que viene a llenar un vacío en la actual legislación y que permitirá salvar vidas de personas en lugares públicos y privados”.