Revista DyN 158

EDICIÓN #158

ENIDO

Francisco Guillermo López

Redacción DyN

Carlos Ernesto Gaitán

Carlos Fernández

Irvin Manuel Flores

Nelson López

Mauricio Guandique

Alvaro Huezo

Daniel Leiva

Marvin Quintanilla Cantizano

Marvin Gutierrez

Manuel Diotres

Antonio Peralta

Diego Francisco Rivera

Mario Linares

Julio Ramírez

Mauricio Sánchez

José Miguel Saravia

José Alexander Ortiz

Andrés Sánchez

Wilson Sandoval

y Negocios

Edición #158

ISSSN: 2075 - 6631

Calle el Mirador, Pje. Domingo Santos #600-31 Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

Adrián Solorzano

Ricardo Rosa

Marcos Vela

Luis Villalta

Walter Salvador Sosa

Luis José Samayoa

La Ley Anticorrupción: Avances normativos y desafíos en la lucha contra la corrupción.

Redacción DyN

Seguimiento Contractual: Análisis del instructivo DINAC.

Redacción DyN

Implementación global de los estándares GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios.

Redacción DyN

gerencia@derechoynegocios.net

Prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización.

PRESIDENTE

Manuel Carranza manuelcarranza@derechoynegocios.net

VICEPRESIDENTE

Lisandro Campos lisandrocampos@derechoynegocios.net

GERENCIA

Linda Alarcón gerencia@derechoynegocios.net

CONTENIDOS

Equipo DyN

DISEÑO EDITORIAL

Enrique Alexander Morán arte@derechoynegocios.net

CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados lectores:

Con enorme satisfacción presentamos esta nueva edición especial de Derecho y Negocios, dedicada a reconocer a una generación de abogados que hoy se erige como referente en nuestro país. “Los 45 de 45” nace de la convicción de que el derecho no es solo una profesión, sino una columna esencial para sostener la confianza ciudadana, el dinamismo empresarial y la solidez institucional de El Salvador.

En esta lista se reúnen trayectorias que inspiran y que nos invitan a mirar con optimismo el presente y el futuro de nuestra justicia. Cada nombre que forma parte de esta edición representa el esfuerzo de años de formación, la capacidad de responder a los retos de un entorno cambiante y, sobre todo, el compromiso de ejercer la abogacía con ética, liderazgo y visión estratégica.

La esencia de este reconocimiento no está únicamente en la distinción, sino en lo que simboliza: un llamado a continuar construyendo un país donde la excelencia profesional y la integridad se conviertan en la norma. Conscientes de que los desafíos son grandes, celebramos que exista una generación dispuesta a asumirlos con valentía y preparación.

Nuestra revista, a lo largo de sus 16 años de trayectoria, ha sido testigo y partícipe del desarrollo de la comunidad jurídica salvadoreña. Esta edición 158 reafirma ese compromiso editorial: destacar lo mejor de la profesión y dar un espacio de visibilidad a quienes, desde diferentes ámbitos, están transformando el ejercicio del derecho.

A cada uno de los reconocidos de esta IV edición les expresamos nuestra más sincera felicitación. Su ejemplo nos recuerda que el verdadero valor de la abogacía no radica en los títulos ni en los cargos, sino en la huella que deja en la sociedad.

Gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido que honra al talento jurídico joven de El Salvador.

Atentamente,

ManuelCarranza PRESIDENTE

LOS 45 DE 45:

"UN

TRIBUTO DE DERECHO Y NEGOCIOS A LOS ABOGADOS JÓVENES

REFERENTES EN EL SALVADOR”

El reconocimiento “Los 45 de 45”, otorgado por la revista Derecho y Negocios, y que llega este año a su IV edición, se ha consolidado como una plataforma que enaltece a los abogados jóvenes más sobresalientes de El Salvador. Este tributo no solo distingue trayectorias profesionales de excelencia, sino que proyecta la influencia transformadora que esta nueva generación jurídica ejerce en la vida institucional, académica y empresarial del país.

Con perfiles que combinan formación académica rigurosa, visión estratégica y un profundo compromiso ético, los galardonados representan no únicamente un futuro prometedor para el derecho salvadoreño, sino un presente jurídico que inspira. Son profesionales que entienden su rol más allá del litigio o la asesoría técnica: conciben la abogacía como una herramienta de impacto social y un instrumento para fortalecer el Estado de derecho.

Abogados con sólida formación y visión innovadora

Todos los reconocidos cuentan con estudios de posgrado. La mayoría posee al menos una maestría, mientras que un grupo relevante suma doctorados o especializaciones internacionales. Este nivel académico se traduce en una práctica diversa que abarca las áreas constitucional, comercial, penal, laboral, financiera, de resolución de conflictos y de nuevas

tecnologías aplicadas a la profesión.

Más allá de los títulos, lo que marca la diferencia es la capacidad de aplicar el conocimiento a la resolución de problemas complejos. La preparación integral y la pasión por el derecho han convertido a estos jóvenes en referentes de empresas nacionales y multinacionales, organismos internacionales, instituciones públicas y espacios académicos.

Reconocimientos que impulsan liderazgo ético

La importancia de este galardón radica en que no solo premia logros individuales, sino que promueve una manera distinta de entender la profesión. El proceso de selección enfatiza valores como la ética, la integridad y la vocación de servicio público.

“Hoy celebramos a quienes entienden el derecho no solo como una herramienta normativa, sino como un vehículo de transformación social”, señaló Manuel Carranza, presidente de Derecho y Negocios, en su mensaje a los homenajeados en la ceremonia de entrega de reconocimientos. Sus palabras subrayan que esta distinción funciona también como un recordatorio de responsabilidad: ejercer la profesión con la mirada puesta en el bien común.

La nueva generación jurídica como motor de confianza social

En un país donde el fortalecimiento institucional continúa siendo un reto, la irrupción de jóvenes juristas con altos estándares de preparación y ética constituye una señal alentadora. Los galardonados de “45 de 45” representan a una generación que contribuye a recuperar la confianza ciudadana en el sistema legal y a elevar la calidad de los servicios jurídicos.

Su desempeño en distintos ámbitos —desde litigios complejos hasta asesorías estratégicas en corporaciones o iniciativas públicas— confirma que el derecho salvadoreño cuenta con profesionales capaces de responder a los desafíos de un mundo globalizado sin perder de vista la realidad nacional.

Una proyección con impacto regional

Aunque nació en El Salvador, el reconocimiento ha trascendido fronteras y ganado proyección en Centroamérica, consolidándose como un sello de excelencia jurídica. Esta edición reafirma que el país cuenta con un talento joven competitivo no solo en el ámbito local, sino también en escenarios internacionales. El compromiso más allá del galardón

“Los 45 de 45” no es únicamente un premio conmemorativo. Es un llamado a los abogados reconocidos a seguir ejerciendo su liderazgo con rigor técnico, humildad y responsabilidad cívica. Tal como expresó Carranza, el verdadero valor de la distinción no reside en el título recibido, sino en el potencial que tienen los profesionales para seguir transformando sus comunidades y fortalecer la institucionalidad democrática.

Este grupo encarna una forma distinta de ejercer la abogacía: con profesionalismo, ética y una visión orientada a soluciones reales que generen un impacto positivo

en la sociedad. Son juristas que no se limitan a interpretar normas, sino que construyen caminos hacia una justicia más transparente, eficiente y cercana a las personas.

Un tributo al futuro del derecho salvadoreño

La edición especial de Derecho y Negocios que presenta a “Los 45 de 45” es más que una publicación conmemorativa: constituye un testimonio del potencial de la juventud jurídica salvadoreña. Es también una invitación a reconocer que el futuro de la justicia y la institucionalidad del país depende, en gran medida, de este relevo generacional preparado, íntegro y visionario.

En sus manos está no solo el ejercicio del derecho, sino la oportunidad de redefinirlo para ponerlo al servicio de la sociedad. Son, en definitiva, una promesa cumplida y una apuesta segura para el presente y el futuro de El Salvador.

Del abogado Félix Joaquín Canizales Valencia y su carrera hay una gran historia por contar. Y uno de los factores que la hacen sobresalir en el competitivo mundo jurídico es su incansable

búsqueda de innovación para ir al ritmo de un mundo en constante transformación. Su formación académica, que comenzó en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y alcanzó una especialización en Banca y Finanzas con un LLM en la Universidad de Londres, refleja un trayecto guiado por la disciplina y el deseo de trascender fronteras.

Desde muy joven mostró un interés por el debate y la resolución de conflictos, participando activamente en Modelos de Naciones Unidas donde destacó como presidente de la Corte Internacional de Justicia en 2019. Esa experiencia temprana lo acercó a la diplomacia jurídica y a los escenarios donde la ley se convierte en puente entre intereses contrapuestos.

Su carrera profesional lo llevó a integrarse en algunas de las firmas legales más prestigiosas de El Salvador, como Arias y Consortium Legal, donde afinó sus destrezas en derecho corporativo, financiero y transaccional. Fue parte de operaciones que marcaron hitos en la historia económica del país, como la fusión de Scotiabank y Banco Cuscatlán o la adquisición de Telefónica Móviles, transacciones millonarias que exigían precisión técnica y visión estratégica.

Sin embargo, su huella más visible se ha forjado en el campo fintech. Como asesor en el Ministerio de Economía, Canizales participó en la modernización de marcos regulatorios vinculados a finanzas y tecnología, un esfuerzo clave para posicionar a El Salvador en el radar internacional como centro financiero emergente. Posteriormente, desde Gofaizen & Sherle, actualmente cumple un rol de liderazgo en la expansión del negocio en Latinoamérica, apoyando a empresas en procesos de licenciamiento de servicios de activos digitales y bitcoin.

Profesor universitario, autor de publicaciones especializadas y políglota, Félix Joaquín Canizales es un muy buen ejemplo de lo que la nueva generación de abogados salvadoreños están logrando: ser cosmopolitas, versátiles y con un pie firme en los terrenos donde la innovación y la ley se encuentran. Su trayectoria es la de un jurista que no solo entiende las normas, sino que ayuda a escribir las que definirán el futuro económico y tecnológico de su país.

jurídico en la Procuraduría General de la República en 2015. Más tarde, colaboró en el sistema penitenciario como parte de un proyecto respaldado por el gobierno estadounidense, lo que le dio una perspectiva criminológica aplicada. Desde 2019 su labor se centró en la Fiscalía General, donde ha escalado desde colaborador jurídico hasta fiscal especializado.

Entre 2021 y 2023 abordó casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en Usulután. Luego, en San Miguel, pasó por unidades de delitos contra la vida y, recientemente, ha sido asignado a perseguir delitos informáticos y relacionados con la propiedad intelectual.

Paralelamente, ha profundizado su formación académica con una maestría en Docencia Universitaria y otra en Ciberdelincuencia, esta última cursada desde España. Su currículo incluye más de una decena de cursos sobre derechos de la infancia, trata de personas, trastornos forenses y competencias digitales.

Amaya representa un nuevo perfil dentro del sistema fiscal: uno que conjuga el conocimiento legal tradicional con herramientas tecnológicas y enfoques multidisciplinarios. Su apuesta no solo responde a nuevas tipologías delictivas, sino también a una justicia más especializada y adaptada a la era digital.

A lo largo de su carrera, Fernando ha liderado equipos en operaciones de alto impacto regional, asesorando a compañías como British Telecom, Energizer Holdings, Grupo Mabe y Palladium International. Su participación abarca desde due diligence complejos hasta estructuración corporativa y cumplimiento regulatorio en sectores estratégicos como telecomunicaciones, energía y farmacéutico. Su atención al detalle y capacidad de anticipar riesgos legales lo han convertido en un referente para clientes con operaciones internacionales que requieren comprensión profunda de marcos legales múltiples.

Su formación combina derecho, tributación, administración de empresas y protección de datos, con especializaciones en Derecho de las Nuevas Tecnologías por ISEADE-FEPADE y un reciente diplomado en “Datos: Derecho, Política y Regulación” por la London School of Economics. Este enfoque multidisciplinario le permite aportar perspectivas integrales que fortalecen la toma de decisiones estratégicas de sus clientes.

Reconocido por Chambers Global y Chambers Latin America en propiedad intelectual, Fernando mantiene un compromiso activo con la International Bar Association y con la formación de nuevas generaciones de abogados, recordando que la práctica del derecho trasciende la técnica: es una herramienta para construir confianza, liderazgo y sostenibilidad en los negocios y la sociedad.

En entornos donde el cumplimiento normativo definen la competitividad de los mercados, Alexander Aguilar Hasbún se ha consolidado como sinónimo de confianza y excelencia siendo un referente en derecho sanitario y asuntos regulatorios, campo en los que pocos profesionales profundizan con tanta dedicación. Su rol adquiere un carácter decisivo en sectores donde la especialización define el éxito en la expansión de los negocios de sus clientes.

Con más de dos décadas de experiencia, su visión ha transformado la forma en que empresas multinacionales y locales enfrentan el cumplimiento normativo, convirtiéndolo en un socio estratégico indispensable.

Desde 2010, Alexander Aguilar lidera BCL Corp Law, Firma con presencia en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, especializada en asuntos regulatorios y propiedad intelectual. Bajo su dirección, la Firma asesora a corporaciones globales y nacionales en sectores estratégicos como la industria farmacéutica, alimentaria, cosmética, higiénica y de consumo masivo. Su capacidad para gestionar complejos portafolios de registros y diseñar estrategias de cumplimiento lo convierte en un socio indispensable para compañías que buscan expandirse en mercados altamente regulados.

La solidez de su perfil se sustenta en una formación de primer nivel: Abogado y notario de la República, complementado con una Maestría en Administración de Empresas, técnico en Mercadeo Moderno y posgrados en Derecho Sanitario. Esta combinación única de derecho, gestión empresarial y mercadeo le permite abordar cada desafío regulatorio con una perspectiva integral, alineando la normativa con los objetivos de negocio.

La práctica profesional de Alexander no empezó en la Firma que fundó, sino en instituciones donde pudo ver de cerca cómo opera el engranaje legal y corporativo. Se desempeño en el area legal de Firmas de Abogados y Unilever de Centroamérica donde asumió un papel clave como abogado corporativo en la oficina regional. Esa experiencia lo llevó a entender las exigencias del sector privado en un entorno globalizado, donde las reglas cambian al ritmo de los mercados internacionales.

Su trayectoria no se limita al ámbito privado. Liderando BCL Corp Law, Alexander ha desempeñado un papel decisivo en los Comités Técnicos Nacionales en la formulación de normativas nacionales y regionales, representando al sector privado en los

Comités Técnicos Centroamericanos y del Codex Alimentarius. Ha participado en debates de alto impacto en temas como farmacovigilancia, técnovigilancia, etiquetado frontal, criterios microbiológicos, cosméticos, higiénicos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, alimentos y bebidas, suplementos alimenticios, alimentos para regímenes especiales, procedimientos de registros, entre tantos muchos otros. Estas contribuciones lo han convertido en un interlocutor clave en la creación de marcos re gulatorios que inciden directamente en la com petitividad de los países, en la seguridad de los mercados y la continuidad en la operación de los clientes que representa.

Reconocido por su liderazgo, Alexander for ma parte de la Junta Directiva de la prestigiosa empresa Grupo Vape, SA de CV. Además, es parte de COEXPORT, la Cámara de Comercio, la Asocia ción Salvadoreña de Propiedad Intelectual y figura en el directorio de proveedores de la Oficina de Comercio de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Su presencia en estas pla taformas refleja no solo su influencia, sino también su compromiso con la transparencia y la excelencia regu latoria.

En cada comité, en cada ase soría, negociación y acompaña miento como Apoderado de sus Clientes, su aporte ha sido el de alguien que entiende que la norma no solo regula, sino que también abre caminos para el desarrollo económico.

Hablar de Alexander Agui lar Hasbun es hablar de un abogado que ha hecho de la regulación un instrumento de competitividad empre sarial, seguridad, respaldo, solidez y confianza.

En el mundo de la diplomacia y la asesoría estratégica, Abelino Chicas Rodríguez refleja con claridad la combinación justa de experiencia y visión profesional. Con más de dos décadas de trayectoria, su carrera ha estado marcada por el desafío de transformar escenarios complejos en oportunidades estratégicas, siempre con un sello propio: la capacidad de articular soluciones desde lo jurídico hasta lo geopolítico.

Su más reciente labor como asesor estratégico senior en Salamanca & Santa Cruz Global Firm, en Boston, lo ha situado en la primera línea del diseño de estrategias de gobernanza, negociación política y desarrollo institucional. Desde allí, ha acompañado a gobiernos locales y estatales en varios países, además de asesorar a empresas en América Latina. Su mirada internacional se complementa con una sólida capacidad de gestión interinstitucional en temas legales, migratorios, económicos y de seguridad.

Antes, Chicas dejó una huella como cónsul general de El Salvador en Boston, donde se ganó el reconocimiento de la comunidad salvadoreña al reducir los tiempos de trámites de un día a apenas 45 minutos, logrando además disminuir en un 99% las quejas ciudadanas. Fue reconocido por el Senado Estatal de Massachusetts por su labor frente al consulado.

Su papel fue más allá de la gestión administrativa: estableció puentes con instituciones como el FBI, la NSA y el Departamento de Estado, consolidando la presencia salvadoreña en espacios de influencia clave.

cesos estratégicos con una mirada integral: conoce la ley, pero también entiende la tecnología, la gestión de riesgo y la estructura corporativa.

Su carrera no ha sido lineal, sino ascendente. Inició como colaborador jurídico en Banco Promerica, pasó por una firma regional de abogados, coordinó litigios y luego consolidó su trayectoria en la banca salvadoreña, ascendien-

Su carrera incluye también la fundación de su propia firma de consultoría, Chicas & Partners, dedicada al dere cho municipal y el desarrollo económico local, así como un recorrido institucional que lo llevó desde la Corte Suprema de Justicia hasta la Corte de Cuentas de la República y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En cada espacio, su sello fue la capacidad de diseñar políticas y proyectos con visión de largo plazo, como el Plan Maestro “El Salvador Crece 2015–2045”, parte de una propuesta de investiga ción académica desde el acontecer intelectual univer sitario.

Formado en Derecho en la Universidad Dr. José Matías Delgado, Chicas complementó sus estudios con especializaciones en España, Colombia, Perú e Israel, entre otros países, que fortalecieron su perspectiva global. Conferencista en Harvard y otras universidades de prestigio, ha compartido no solo conocimientos técnicos, sino también la convicción de que el servicio público se nutre de empatía y estrategia.

Hoy, Abelino Chicas Rodríguez un repre sentante de una generación de abogados y consultores salvadoreños que ven en la com plejidad un terreno fértil para la innovación.

do desde jefe de reclamos hasta ocupar una posición clave en la alta dirección legal de su institu

Argumedo ha gestionado hitos complejos como la trans formación del core bancario, el traspaso accionario de la entidad y la creación de productos finan cieros digitales dirigidos a seg mentos como la Banca PYME. Su conocimiento profundo del siste ma financiero salvadoreño lo ha llevado a ser vicepresidente del Comité Legal de ABANSA, rol que complementa con una vocación por el fortalecimiento del ecosis tema jurídico, desde organizacio nes como ADESA y la asociación

Formado en la Escuela Supe rior de Economía y Negocios, con estudios de posgrado en España y una maestría reciente en Legaltech, Argumedo representa a una generación de abogados que no solo interpretan leyes, sino que diseñan el futuro legal de las instituciones. En su escritorio convergen códigos, plataformas y decisiones estratégicas. Y desde ahí, traza las líneas que conectan derecho, tecnología y desarrollo.

el Atlántico y obtener una maestría en Derecho Corporativo y Financiero en la Universidad de Glasgow, Reino Unido. Esa combinación de raíces locales y formación internacional ha sido clave en su crecimiento profesional.

Su historia con Citibank inició como asesor externo, pero pronto se convirtió en un engranaje vital dentro del banco, asumiendo responsabilidades que van desde la

gestión de riesgos legales hasta la coordinación de auditorías complejas a nivel regional. José Carlos no solo supervisa procesos; articula soluciones que armonizan los desafíos regulatorios con la realidad operativa de las subsidiarias latinoamericanas, con un enfoque siempre estratégico y práctico.

Su paso por Arias le permitió desarrollar una visión amplia del derecho corporativo y mercantil, asesorando a multinacionales y perfeccionando habilidades en negociación y redacción de contratos, elementos que hoy sustentan su liderazgo en el sector financiero.

Hablar con él es entender a un profesional que combina rigor técnico con una visión humana y global, capaz de navegar en ambientes multiculturales gracias a su dominio nativo del inglés y español. En un sector donde el detalle y la precisión marcan la diferencia, José Carlos es, sin duda, una voz que aporta claridad y confianza.

Alberto Alfaro-Alvarado no es un abogado convencional. Siendo estudiante universitario, se esforzó por comprender que el derecho va más allá de las leyes y lo vio como una herramienta para transformar políticas, fortalecer instituciones y proteger derechos fundamentales. Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Matías Delgado, con másteres en Derecho Constitucional, Administrativo, Procesal y Argumentación Jurídica, y actualmente doctorando en Derecho, ha logrado combinar ese envidiable perfil académico que se conjuga muy bien con una práctica profesional de alcance internacional

Su trayectoria profesional incluye colaboraciones con entidades como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Banco Mundial y USAID. En cada proyecto, desde la gestión de políticas de salud hasta la asesoría legal en programas de desarrollo, Alfaro-Alvarado ha aplicado su conocimiento para garantizar que las normas y regulaciones se traduzcan en im pactos concretos para comunidades y gobier nos de Centroamérica, Suramérica, el Caribe y África.

Paralelamente, su pasión por la docencia lo ha llevado a formar a nuevas generaciones de abogados en la Universidad Dr. José Matías Delgado, donde imparte clases en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y en la Facultad de Posgrados y Educación Continua. Para él, enseñar no es solo transmitir conoci mientos; es motivar a los estudiantes a pensar críticamente, cuestionar paradigmas y aplicar el derecho con ética y sensibilidad social.

En 2022 fundó LEGIT, un despacho de abogados que refleja su filosofía profesional: unir rigor técnico con solu ciones prácticas y humanas. La firma se ha consolidado como un referente en derecho constitucional, adminis trativo y proyectos internacionales, ofreciendo asesoría estratégica a entidades públicas y privadas.

Su influencia trasciende los despachos y aulas. Como consul tor internacional, ha diseñado y evaluado políticas de salud pública, programas de desa rrollo y proyectos de inversión, asegurando que las soluciones legales sean sostenibles y equi tativas. Su capacidad para inte grar la teoría con la práctica se evidencia en cada proyecto que lidera, desde la planificación de estrategias hasta la implemen tación efectiva de programas en contextos complejos.

Alfaro-Alvarado también ha dejado huella en la academia y el debate jurídico regional a través

de publicaciones que abordan la protección del derecho a la salud, el neoconstitucionalismo y los procedimientos administrativos sancionadores. Reconocido por Derecho y Negocios y The Lawyer Magazine como uno de los mejores abogados de El Salvador y Guatemala, continúa liderando proyectos que reflejan su compromiso con la justicia, la ética profesional y el impac-

Entre consultorías internacionales, clases magistrales y proyectos legales complejos, Alberto Alfaro-Alvarado demuestra que la abogacía no se limita a normas y protocolos; es una disciplina capaz de generar cambios tangibles en la sociedad. Su enfoque humano inspira a quienes lo rodean a ver el derecho como una herramienta de progreso, innovación y justicia, consolidándolo como un referente profesional y académico en la región.

Además de su labor académica y consultorías internacionales, Alberto Alfaro-Alvarado ha sido mentor de jóvenes abogados y profesionales en toda la región, fomentando el desarrollo de habilidades prácticas y el pensamiento estratégico. Su enfoque cercano y personalizado permite que cada colega o estudiante con quien trabaja se sienta respaldado, motivado a enfrentar desafíos legales complejos y a contribuir al fortalecimiento institucional. Esta vocación por el acompañamiento profesional refleja su convicción de que el derecho no solo debe estudiarse y aplicarse, sino compartirse y cultivarse como un instrumento de transformación social.

tecnologías Web3, sin perder de vista los fundamentos éticos del Derecho.

Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Matías Delgado, Caballero suma una sólida formación internacional, con estudios en Legal Tech en la George Washington University

HENDRY DÍAZ CORADO

Quienes conocen y han trabajado junto a Hendry Daniel Díaz Corado sostienen que una palabra define su carrera: constancia. Desde que inició camino en el Derecho, se propuso un objetivo claro: acompañar a empresas e instituciones con soluciones jurídicas efectivas y cercanas. Esa visión lo ha llevado a construir más de quince años de experiencia, en los que ha combinado el litigio, conocimientos corporativos y estructuración de documentos notariales, garantizando resultados, con un sello de compromiso y confianza.

Graduado de la Universidad Dr. José Matías Delgado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Díaz Corado inició su conocimiento en juzgados de lo Civil y Mercantil, así como en firmas de prestigio como Mayora & Mayora, S.C., Laboratorios Vijosa S.A. de C.V., Apachulco, S.A. de C.V., donde adquirió una visión integral del derecho corporativo y litigioso. Desde entonces, ha sido un apoyo clave para compañías como Interpharmas, Pharmalivet

y una Maestría en Derecho por la Universidad Politécnica de Cataluña. Sus credenciales lo avalan como un profesional con dominio técnico y compromiso con la actualización constante.

Actualmente es Chief Compliance Officer de AlphaPoint Global, donde lidera procesos regulatorios clave y mantiene diálogo permanente con autoridades como la CNAD, la UIF y el Banco Central. Desde esa posición, contribuye a establecer estándares robustos en una industria que exige respuestas ágiles y responsables.

y Los Ejecutores, así como para instituciones estatales de peso, entre ellas la Asamblea Legislativa y LAGEO, S.A. de C.V.

Su campo de acción abarca contratos, licitaciones, recuperación judicial, derecho mercantil, laboral y administrativo, así como resolución de controversias entre sociedades a través de métodos de solución alternos a la judicialización. En cada área, ha dejado una impronta de eficiencia y orientación práctica que lo distingue de la formalidad rígida de la profesión.

Actualmente combina la práctica privada con su formación académica, al preparar su tesis de Maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Evangélica. Este paso refuerza una carrera que sigue en crecimiento y que se nutre tanto del estudio como de la experiencia.

Con experiencia en organismos como Citibank, Millicom y RIA Financial, así como consultor para el Departamento de Estado de EE.UU., Rubén ha aportado soluciones en investigación financiera, debida diligencia, y diseño de estrategias

Su trabajo también ha tenido impacto educativo: ha promovido certificaciones y programas de formación en criptoactivos para profesionales en El Salvador. Caballero representa una nueva generación de abogados: globales, versátiles y comprometidos con el cumplimiento, la transparencia y la innovación regulatoria.

de abogados que han encontrado en la universidad no solo un espacio de formación, sino un escenario de liderazgo profesional. Formado en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), donde obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas y una maestría en Derecho Empresarial con distinción cum laude, Canales ha construido su trayectoria entre el aula, la investigación y la gestión académica.

Actualmente dirige la Maestría en Derecho Empresarial de la UCA, donde también es docente desde el año 2020. Su carrera

dentro de la institución ha sido continua y ascendente, marcada por la participación activa en procesos de enseñanza y por la creación de espacios de difusión del conocimiento jurídico, como el programa radial Ventana Jurídica que conduce en Radio YSUCA.

Más allá del entorno universitario, su experiencia laboral se ha vinculado con el sistema judicial salvadoreño, especialmente en áreas administrativas y procesales. Su perfil académico se refuerza con múltiples diplomados en docencia, habilidades digitales, derecho del consumidor y jurisprudencia interamericana, lo que refleja una apuesta por la formación permanente.

Reconocido por su desempeño desde los primeros años de su carrera, Canales ha sido distinguido como Estudiante Ejemplar y Académico Distinguido, y ha guiado a equipos ganadores en competencias internacionales de arbitraje y derechos humanos. Su recorrido profesional revela a un abogado que apuesta por una práctica jurídica crítica, vinculada al debate académico y con una visión pedagógica del derecho como herramienta de transformación social.

En el dinámico mundo jurídico salvadoreño, el nombre de Raúl Oswal do García Morales se distingue por su visión estratégica y su capaci dad para convertir el derecho en un motor de crecimiento empre sarial. Con más de una década de experiencia, ha consolidado una práctica enfocada en áreas clave para el desarrollo económico: dere cho inmobiliario, corporativo, regulatorio y laboral especializado en los secto res de restaurantes y retail.

Su formación académica es un pilar de su trayectoria. Se graduó como Li cenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Doctor José Matías Delgado, perfeccionó sus destrezas de litigación con un posgrado en Litigación Oral en Materia de Familia, Niñez, Civil y Mercantil en la Universidad Tecnológica de El Salvador, y alcanzó una visión internacional gracias a la Maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona, que le permitió comprender los retos de las empresas desde una perspectiva integral y glo bal.

A lo largo de su carrera, García Morales ha ocupado posiciones que refle jan versatilidad y liderazgo. En la Asamblea Legislativa, colaboró en un proyec to del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre depuración legislativa. Más tarde, en la firma Benjamín Valdez & Asociados, participó en procesos de debida diligencia de gran alcance en adquisiciones transnacionales y asesoró en derecho inmobiliario y regulatorio a compañías de referencia en el mer cado nacional. También impulsó la creación de estructuras de cumplimiento que fortalecieron la transparencia empresarial.

Su paso por Almacenes Simán le dio un conocimiento profundo de los desafíos corporativos y regulatorios en la región. Allí colaboró en la gestión de asuntos empresariales en Centroamérica y en proyectos de innovación en comercio electrónico y relaciones con consumidores, experiencia que hoy traduce en estrategias para que sus clientes expandan operaciones y forta lezcan vínculos de confianza con el mercado.

Actualmente, al frente de Facto Legal, Raúl García Morales acompaña a proyectos inmobiliarios en todas sus fases: desde la regularización de lotifi caciones hasta la estructuración de complejos habitacionales y comerciales. En paralelo, asesora a empresas de sectores altamente regulados, incluidos alimentos, cosméticos, laboratorios y cadenas de restaurantes, combinan do lo corporativo, regulatorio y laboral para que sus operaciones avancen con seguridad jurídica, reducción de riesgos y mayor competitividad así como asesoría y acompañamiento en Licitaciones.

Lo que distingue su práctica es la capacidad de ir más allá de la norma: entiende que detrás de cada trámite o estrategia hay personas, inversiones y proyectos que requieren respaldo confiable. Su asesoría no se limita a interpretar la ley, sino que ofrece soluciones prácticas que permiten a las empresas crecer sin obstáculos, proteger su patrimonio y generar relaciones estables con autoridades, socios y consumidores.

En Raúl García Morales convergen el rigor académico, la experiencia práctica y una visión ética de la abogacía. Representa a una generación de juristas que conciben el derecho no como un freno, sino como un acelerador de desarrollo y competitividad. Su liderazgo en Facto Legal confirma un compromiso firme: ser el aliado estratégico que las empresas necesitan para construir un futuro de crecimiento seguro y sostenible

La carrera jurídica de Carlos Antonio Flores Celarié se caracteriza por su capacidad de integrar conocimiento especializado con soluciones prácticas que generan resultados tangibles para empresas e instituciones. Actualmente, como abogado asociado en Nassar Abogados Centroamérica, asesora a compañías nacionales e internacionales en asuntos corporativos y comerciales, representándolas en procesos judiciales y brindando orientación que previene conflictos, mientras asegura el cumplimiento regulatorio en contrataciones públicas y registros sanitarios.

Su recorrido profesional refleja un enfoque estratégico y adaptable. En instituciones públicas, como profesional de contratos, estructuró convenios y contratos administrativos de gran relevancia, evaluando ofertas y formalizando acuerdos con precisión. Durante su paso por una reconocida institución bancaria, coordinó procesos de recuperación judicial, estructuró créditos sindicados y supervisó la legalidad de operaciones financieras, participando activamente en procesos de fusión y adquisición. En un respetado despacho jurídico, combinó derecho laboral, mercantil, civil, notarial y de propiedad intelectual, demostrando versatilidad y rigor en distintos campos del derecho.

en Derecho Civil y Mercantil. Graduado en 2016 por la Universidad Tecnológica de El Salvador, cuenta actualmente con una Maestría en Derecho Empresarial en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Su desarrollo profesional se ha centrado principalmente en el Órgano Judicial, donde ha transitado desde roles de colaborador judicial hasta llegar a ser Oficial Mayor de Cámara en la Cámara Segunda de lo Civil. Durante este tiempo, Castillo ha acumulado experiencia en la resolución de procesos de primera

La formación académica de Flores Celarié refuerza su perfil profesional: posee una Maes tría en Derecho Empresarial por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, un post grado en Derecho de Fintech y E-Commerce de ISEADE-FEPADE, y un programa especializado en Compliance en ADEN International Busi ness School – The George Washington Univer sity. Además, cuenta con certificaciones en auditoría interna ISO 9001:2015 y diplomados en administración de bienes de origen ilícito. Reconocido por su capacidad para combi nar técnica y estrategia, Carlos Antonio Flores Celarié se ha consolidado como un referente jurídico en la región, guiando a empresas y or ganizaciones con ética, visión innovadora y se guridad en cada decisión legal que toma.

instancia y en recursos de segunda instancia, incluyendo apelaciones y nulidad de laudos arbitrales. Su labor ha incluido casos complejos contra el Estado y relacionados con enriqueci miento ilícito, además de la gestión de libros de protocolo e instrumen

Paralelamente, en 2024 fundó “Delta Legal Services”, despacho que apunta a la prestación de servicios ju rídicos especializados. Esta iniciativa complementa su perfil, que combina el ejercicio público con la práctica pri

El abogado también ha invertido en su formación continua, partici pando en cursos y talleres relaciona dos con responsabilidad patrimonial en la administración pública, derecho bursátil, propiedad intelectual y derecho procesal civil y mercantil. Además, posee conocimientos en inglés y portugués básico, y maneja herramientas digitales aplicadas al ámbito legal.

Esta combinación de experiencia práctica, formación académica y actualización constante lo posiciona como un profesional con capacidad para afrontar los retos del derecho contemporáneo.

servicio público. Graduado en Cien cias Jurídicas en la Universidad de El Salvador y con una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Dr. José Matías Delgado, ha construido un perfil que combina conocimiento técnico, experiencia judicial y participación activa en la formación continua del derecho salvadoreño.

Desde su juramentación como abogado ante la Corte Suprema de Justicia en 2017, Chinchilla Ávila ha transitado por diversos roles en el ámbito jurídico. Su experiencia abarca la elaboración de sentencias y autos judiciales en la Sala de

lo Contencioso Administrativo, así como la asesoría jurídica en instituciones financieras como el Banco Hipotecario de El Salvador y la Caja de Crédito Metropolitana, donde gestionó contratos, garantías y procesos registrales con precisión y profesionalismo.

Su compromiso con la actualización constante se refleja en cursos y diplomados especializados en derecho administrativo, notarial y fiscalidad internacional, así como en la publicación de artículos de opinión sobre economía mixta, legitimación de denunciantes y procedimientos procesales, aportando reflexión crítica al ejercicio profesional.

Más allá de sus logros académicos y laborales, Chinchilla Ávila destaca por su capacidad de aplicar la teoría jurídica a casos prácticos, aportando soluciones eficientes y contribuyendo al fortalecimiento institucional. Su perfil combina técnica, ética y vocación de servicio, consolidándose como un referente en el ejercicio del derecho administrativo y registral en El Salvador.

En un entorno donde el Derecho Público exige cada vez más precisión técnica, pensamiento estratégico y compromiso ético, José Luis González Serrano se ha consolidado como uno de los abogados más versátiles de su generación. Su perfil combina una sólida formación académica, experiencia práctica y participación activa en procesos normativos complejos, lo que le permite abordar con solvencia los desafíos del litigio y la asesoría legal especializada.

Abogado y notario, González Serrano es asociado de la firma Iuspublik El Salvador. Desde allí desarrolla una práctica centrada en el Derecho Administrativo, con énfasis en litigios contencioso administrativos, procesos constitucionales, contratación pública, procedimientos sancionatorios y derecho de consumo. Su enfoque profesional ha sido representar tanto a personas particulares como a entidades financieras, empresas reguladas y funcionarios públicos —en ejercicio y retirados—. A todos ellos les ofrece una asesoría integral basada en el análisis técnico y la construcción de estrategias legales orientadas a resultados.

Aunque su rostro puede parecer joven en un tribunal, su experiencia ya ha dejado huella en sentencias relevantes. Ha logrado resoluciones favorables en juicios de cuentas, estimatorias en contratación pública, y decisiones judiciales que fortalecen la seguridad jurídica en el ámbito administrativo. Su capacidad para estructurar argumentos sólidos ha sido clave para enfrentar procesos de alta complejidad que exigen más que conocimiento: requieren criterio.

Pero el trabajo jurídico de José Luis no se agota en los expedientes. Como consultor, ha formado parte de iniciativas legislativas de gran calado. Fue responsable del estudio técnico sobre la Ley Especial de Asocios Público-Privado, que dio pie a un documento de referencia publicado en 2019. También ha colaborado en la redacción de anteproyectos de ley, reglamentos, propuestas de reforma y exposiciones de motivos, en áreas como

función pública, probidad, atención a víctimas y enriquecimiento ilícito. Todo ello en alianza con instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, ACNUR y UNODC.

En el terreno académico, González Serrano no solo es un abogado formado con excelencia, sino un formador comprometido. Es docente en la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Doctor José Matías Delgado, donde imparte asignaturas como Administración Pública y Derecho Administrativo, Libertad Empresarial y Regulación Administrativa e Informática y Prácticas Aplicadas a la Investigación Jurídica. Además, facilita cursos de contratación pública en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y participa como ponente en espacios formativos de instituciones públicas como la Procuraduría General y la Fiscalía.

Su formación académica incluye una Maestría en Derecho Administrativo obtenida summa cum laude en la Universidad Doctor José Matías Delgado, y una licenciatura en Ciencias Jurídicas por la UCA, donde alcanzó un coeficiente de mérito sobresaliente. A ello suma estudios superiores en técnica legislativa, derechos fundamentales, tecnología aplicada al Derecho y procesos contencioso administrativos.

Su compromiso con la investigación jurídica se expresa en trabajos como “Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y sus funcionarios” y “Análisis de la acción de reembolso de la Administración Pública en contra de los servidores públicos en El Salvador”. También ha sido editor y colaborador en obras colectivas, como Derecho Administrativo Salvadoreño y Temas de Derecho Administrativo Sancionador.

José Luis González Serrano encarna a una nueva generación de juristas que asume el Derecho como una

herramienta para mejorar la función pública y garantizar derechos. Construye respuestas jurídicas sólidas, fundamentadas en un conocimiento profundo y en una actualización constante. En su ejercicio profesional, cada caso es un espacio donde el Derecho se somete a prueba al servicio del fortalecimiento institucional y de la protección efectiva de la ciudadanía.

Omar Adalid Flores Mercado habla de su trabajo con pasión. Demuestra, sin caer en tecnicismos, que detrás de cada caso hay personas, empresas y sueños que necesitan ser protegidos. Esa mezcla de compromiso humano y rigor profesional ha definido la carrera de este abogado y notario salvadoreño, que desde hace más de una década ha dejado huella en los tribunales y en el ámbito corporativo.

Su historia comenzó en el Colegio Cristóbal Colón. Luego, en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), se graduó como Licenciado en Ciencias Jurídicas. Más tarde amplió su visión con un MBA en la Universidad José Matías Delgado (2018) y hoy cursa una maestría en Coaching y Dirección de Equipos en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, convencido de que el liderazgo va más allá de lo

Desde 2007 forma parte del staff de abogados de la

tor financiero y asegurador de Centroamérica, hoy dirige la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador, el primer organismo autónomo del mundo dedicado a regular y supervisar este nuevo mercado.

Su trayectoria combina la avanzada académica con visión internacional. Ha sido pieza clave en la defensa del país durante la evaluación mutua

de GAFILAT en 2024 y ha impulsado la proyección de El Salvador como referen te regional en la regulación de activos digitales. Sus gestiones han llevado la experiencia salvadoreña a foros en Bra sil, Honduras y Guatemala, y a diálogos virtuales con países tan diversos como Nigeria, Cuba, Colombia y Paraguay.

Antes de asumir el liderazgo en la CNAD, Córdova dejó huella en el sector asegurador. Durante más de una déca da trabajó en compañías de peso como ASSA y AIG, donde ofreció asesoría legal en El Salvador, Guatemala y Honduras, además de acompañar procesos de riesgo, juntas directivas y defensoría del

Formado en la ESEN y con estudios de posgrado en Salamanca y la Univer sidad del CEMA, ha continuado pro fundizando en blockchain, contratos inteligentes y gobierno corporativo. Esa combinación de experiencia y preparación lo proyecta como un referente indiscutible en la construcción de un ecosistema legal sólido para la economía digital de El Salvador.

firma Lans, y ocupa la presidencia de dicha firma desde el año 2023, liderándola en una transición con enfoque más regional y ahora denominándose LANS LAW GLOBAL.

Sin embargo, ha logrado un gran reconocimiento en la defensa de los derechos de propiedad intelectual de empresas salvadoreñas, logrando proteger sus creaciones intelectuales en litigios contra transnacionales de gran reputación.

Su visión va más allá de los litigios, apoyando a grupos empresariales desde su formación, siendo clave al participar y liderar equipos legales corporativos, que han creado operadores de franquicias en restaurantes de los más grandes de Latinoamérica. Ese hito evidenció su capacidad para unir estrategia empresarial y solidez jurídica.

El alcance de su práctica es regional: ha trabajado en Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá, además de asesorar en Suramérica, siempre en coordinación con equipos legales locales y en apoyo a empresas en expansión.

Sus inicios en Argoz S.A. de C.V., como jefe del área registral, lo formaron en proyectos inmobiliarios de gran escala, enseñándole que los retos legales siempre tienen un rostro humano: familias, comunidades y empresas que esperan certeza.

Con más de veinte años de experiencia, Omar Adalid Flores Mercado se ha consolidado como un abogado que combina técnica y empatía, visión global y raíces locales.

de la República, ha hecho de la investigación, la docencia y la asesoría jurídica pilares de una carrera que se distingue tanto por su solidez técnica como por su compromiso con la formación de nuevas generaciones.

Su recorrido académico es notable: se graduó con honores Cum Laude de la Maestría en Estudios Judiciales en 2017, y en 2024 completó la Maestría en

Derecho Administrativo en la Universidad José Matías Delgado. Además, acumula una amplia lista de diplomados y especializaciones en derecho aduanero, administrativo y empresarial, que lo convierten en un referente dentro de estos campos. Su inquietud por aprender lo llevó también a participar en foros internacionales, como el Congreso de Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador y el Congreso Internacional de la Universidad de Málaga, donde presentó ponencias sobre la evolución del derecho admi-

En la práctica profesional, Euseda ha ocupado puestos clave: fue gerente y director legal en el sector aduanero privado y actualmente funge como asesor legal del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. También ha prestado servicios de consultoría a instituciones públicas como la Lotería Nacional de Beneficencia y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia. Además, ha sido un apasionado docente universitario en programas de grado y posgrado, especializado en derecho aduanero y tributario. Sus publicaciones en revistas jurídicas nacionales confirman que su vocación trasciende el ejercicio profesional.

Guillermo López ha desarrollado en menos de una década una carrera profesional que destaca por su solidez y versatilidad en el derecho corporativo e inmobiliario, áreas en las que se ha convertido en un referente por su visión estratégica y comprensión financiera. Su trayectoria refleja no solo conocimiento jurídico, sino también un enfoque integral que busca entender los negocios de sus clientes en toda su complejidad.

Su incursión en el mundo profesional comenzó en el área regulatoria de una de las principales distribuidoras de productos alimenticios y bebidas de consumo masivo en El Salvador. Durante ese periodo, López se familiarizó con los procesos internos de grandes empresas, aprendiendo que el ejercicio del derecho debía ir de la mano con un entendimiento profundo de las operaciones comerciales. Este en-

foque sentó las bases para su desarrollo como un abogado que no solo interpreta la ley, sino que comprende el entorno empresarial de sus clientes. Posteriormente, amplió su experiencia en el área de litigios para la banca salvadoreña. Esta etapa le permitió consolidar conocimientos técnicos en derecho civil y mercantil, enfrentando casos que exigían análisis crítico y ejecución estratégica. Esta combinación de lo regulatorio con lo contencioso fortaleció su perfil como un abogado completo.

La etapa más determinante llegó con su incorporación a la firma Hominid Abogados, donde hoy es Gerente de Asuntos Estratégicos. Ha liderado proyectos complejos tanto corporativos como inmobiliarios, con estructuras que superan los doscientos millones de dólares. Su experticia incluye manejo de régimen jurídico inmobiliario, contratos sofisticados, contratación internacional y procesos registrales. Su enfoque se adapta a cada cliente, con soluciones legales ajustadas al negocio, lo que le da una ventaja poco común en el mercado.

Como abogado inmobiliario, ha participado en el diseño y ejecución de proyectos habitacionales, turísticos y comerciales. Desde la adquisición de inmuebles, la ejecución de contratos de obra, hasta la obtención de permisos y gestión operativa, su dominio de todas las fases lo convierte en un aliado estratégico para desarrolladores y empresas. Ha sido parte de proyectos como condominios, hoteles, apartamentos, ofibodegas y espacios de oficinas, bajo esquemas complejos de propiedad.

Además de su capacidad técnica, se distingue por su mirada transversal del negocio y una genuina pasión por el derecho. Guillermo no solo asesora; se involucra, entiende y propone. Para él, el valor de un abogado no radica únicamente en dominar la ley, sino en comprender los objetivos, riesgos y dinámicas de sus clientes. Esta filosofía lo ha llevado a construir relaciones de largo plazo y a ser parte activa del crecimiento de los proyectos que acompaña.

Su carrera también refleja una constante búsqueda de aprendizaje. Los viajes, el contacto con nuevas perspectivas y el interés por experiencias diversas han alimentado su visión del derecho como una herramienta de transformación. En un entorno donde el conocimiento jurídico ya no es suficiente, su perfil representa una combinación de estrategia, liderazgo y ejecución.

La firma en la que trabaja fue reconocida recientemente en el área de Derecho Inmobiliario, un logro que también refleja su aporte. Aunque pertenece a una generación joven de abogados, López demuestra que la experiencia se mide en la calidad de los retos enfrentados y en la precisión de las soluciones entregadas.

En un sector donde se exige estructura, rapidez y claridad, Guillermo representa a una nueva generación que no solo piensa como abogados, sino también como estrategas. Su capacidad para anticipar necesidades y transformar el derecho en una herramienta de desarrollo empresarial lo posiciona como una figura destacada en el panorama legal salvadoreño.

Durante dos décadas de carrera, Carlos E. Gaitán ha caminado con certeza y convicción por un terreno tan exigente como el derecho tributario. Es un abogado cuya historia es más que títulos y cargos; es la de un abogado disciplinado y preciso. Y ese es uno de sus distintivos personales. Pero también es un profesional que sabe identificar no solo oportunidades para sus clientes, sino que también interpreta que en cada situación, caso, litigio o asesoría hay de por medio personas, empresas y hasta sueños en juego.

Desde 2013 dirigió el área de litigios fiscales en EY El Salvador, donde acompañó a una amplia cartera de clientes locales y regionales en sectores claves como energía, transporte aéreo, farmacéutico, servicios financieros y FINTECH. Actualmente, Carlos ha sido invitado a incorporarse a la Big Four más importante a nivel global. Su experiencia lo ha llevado a representar a compañías en litigios, coordinar procesos de due diligence y participar en reorganizaciones fiscales complejas, siempre con la mirada puesta en la integri-

dad profesional. Antes de dar el salto al sector privado, Gaitán dedicó casi diez años a la Dirección General de Impuestos Internos, donde defendió al Estado en procesos de amparo y contencioso-administrativos y representó al país en foros internacionales sobre intercambio de información y transparencia fiscal. Su experiencia incluye cargos en el Departamento de Estudios Jurídicos y la Unidad de Audiencia y Tasaciones de la Administración Tributaria salvadoreña

Ese paso por la Administración Pública lo marcó: le dio la perspectiva de cómo una decisión técnica puede impactar a toda una nación. Carlos fue consultor de Fomilenio II, donde diseñó el marco para aplicar los beneficios fiscales contenidos en el Acuerdo suscrito con el Gobierno salvadoreño, aportando su conocimiento al servicio del desarrollo. El reconocimiento no se ha hecho esperar. A lo largo de varios años ha sido reconocido como Rising Star por Legal500 y Highly Regarded Practitioner por ITR World Tax. Graduado con honores de la Universidad de El Salvador, notario y conferencista frecuente a nivel nacional e internacional, Gaitán también se ha formado en liderazgo, negociación en instituciones internacionales, dirección pública, transparencia fiscal y fiscalidad internacional, lo que refleja su vocación de apertura y aprendizaje constante.

incorporó a la firma Arias en 2019, ha acompañado a empresas nacionales e internacionales en procesos complejos que abarcan fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos y operaciones diarias, aportando claridad y seguridad jurídica en cada paso.

Su participación ha sido determinante en transacciones clave de fusiones y adquisiciones, especialmente de compañías con operaciones estratégicas en el país. También ha brindado soporte en proyectos inmobiliarios de gran impacto, como el desarrollo del Centro Histórico de San Salvador, así como en la asesoría continua a empresas del sector energético, contribuyendo a la eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones.

La amplitud de su práctica incluye derecho civil y mercantil, financiamiento, laboral, registral y administrativo, lo que le permite ofrecer soluciones integrales que combinan técnica y pragmatismo. Su formación en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Jurídicas y la maestría en Derecho Empresarial, junto con la autorización de la Corte Suprema de Justicia para ejercer la abogacía, refuerzan su preparación y autoridad profesional.

El reconocimiento como uno de los 45 abogados más influyentes del 2025 por la revista Derecho y Negocios subraya su impacto en el ámbito jurídico y empresarial, consolidando una trayectoria marcada por el compromiso, la excelencia y la confianza que genera entre sus clientes y colegas.

presas que buscan algo más que rentabilidad: impacto.

Desde su rol como director ejecutivo del Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible (CEDES), Irvin lidera un ecosistema donde CEO y líderes de sostenibilidad encuentran dirección estratégica, marcos legales y propósito. Bajo su guía, CEDES se ha convertido en un articulador entre sectores, promoviendo la sostenibilidad no como tendencia, sino como ventaja competitiva.

Su recorrido, sin embargo, empezó lejos del reflector. Desde asesorías jurídicas independientes hasta una etapa clave en la ANEP, donde tejió alianzas internacionales y defendió los intereses del sector productivo, Irvin fue afinando una voz técnica pero empática. Ha trabajado con la OIT, asesorado a empresas tecnológicas y guiado estrategias de cabildeo que hoy marcan políticas públicas.

Licenciado por la UCA, formado en instituciones como Georgetown e INCAE, y becado por organismos multilaterales, Irvin representa una nueva generación de abogados: no solo interpreta normas, sino que las anticipa, y sobre todo, las convierte en herramientas de transformación. No se trata solo de derecho. Se trata de visión. Y la de Irvin Flores apunta, sin rodeos, a un país donde sostenibilidad, empresa y legalidad pueden caminar juntos hacia el desarrollo.

Cada vez que Nelson López interviene en alguna negociación o participa en reuniones en despachos judiciales y otros, demuestra no solo la solidez de su formación jurídica, sino también su convicción de que la ley se cumple, pero que también es una herramienta para ayudar a transformar la sociedad en todos sus ámbitos.

Abogado y notario de la República de El Salvador, graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ha dedicado más de diez años a desarrollar el arte del litigio, convirtiéndose en un nombre de respeto en los procesos civiles, mercantiles y tributarios.

Su trayectoria profesional se distingue por la diversidad de áreas de práctica y que domina con igual solvencia. Desde procesos contenciosos administrativos hasta demandas por delitos complejos como lavado de dinero, robos, estafas o falsedades documentales, López pone en práctica su rigor jurídico con un análisis profundo y humano en la gestión de cada caso. Su experiencia en negociaciones extrajudiciales y recuperaciones de mora le ha permitido resolver conflictos que requieren equilibrio entre la técnica legal y la comprensión de las necesidades de sus clientes.

Además, se ha consolidado como especialista en procesos ejecutivos, comunes y abreviados, siguiendo las disposiciones del Nuevo Código Procesal Civil y Mercantil. Su labor en la Defensoría del Consumidor y ante tribunales sancionadores ha marcado la diferencia en la protección de derechos y en la resolución de disputas por competencia desleal. La amplia práctica de López también abarca asesoría tributaria nacional e internacional, reclamaciones ante la Administración pública y defensa en procesos aduaneros.

Sin embargo, uno de los rasgos que más distingue su carrera es su incursión en el derecho deportivo, donde ha logrado abrir caminos inéditos para El Salvador. Asesora a atletas, clubes, ligas y federaciones en contratos, estructuración legal y fiscalidad, consolidando proyectos deportivos sostenibles. Su acreditación como agente autorizado por la FIFA le permite representar a futbolistas, entrenadores y equipos en las 211 federaciones afiliadas, proyectando su trabajo más allá de las fronteras nacionales y fortaleciendo la profesionalización del deporte.

La combinación de conocimiento técnico y visión humana es una constante en su ejerci cio profesional. López entiende que la justicia no se limita a la resolución de casos: también implica generar impacto positivo en la vida de las personas y en la institucionalidad del país. Cada negociación, proceso judicial y asesoría que realiza refleja ese compromiso, respalda do por años de experiencia y por la confianza de clientes nacionales e internacionales.

La sumatoria de sus especializaciones, desde el derecho administrativo hasta el mer cantil y deportivo, le ha posicionado como un profesional del derecho muy contemporáneo, completo, versátil y confiable. Nelson López lo ha dicho en diversas ocasiones y en diferentes escenario, el ejercicio del derecho es también una vocación de servicio. Pero él no solo lo dice, lo pone en práctica.

La excelencia jurídica, afirma, se construye con disciplina, ética y compromiso con la so ciedad, no solo con la letra de la ley. Esa filosofía se refleja en cada caso que maneja y en cada estrategia que desarrolla, consolidando su reputa ción como un abogado que combina autoridad técnica con sensibilidad humana.

En un país don de la complejidad legal exige pro fesionales con visión integral, Nelson López ha sabido destacarse, no solo por su experiencia y conocimientos, sino por su capacidad de acompañar a sus clientes con cercanía, generando confianza y resultados tangibles. Su ca rrera es un ejemplo de cómo el derecho, cuando se ejerce con pasión y responsabilidad, puede ser un instrumento de transfor mación y desarrollo.

La carrera de Mauricio José Guandique Cabezas encierra la rigurosidad técnica y la visión estratégica que demanda el mundo empresarial. Abogado, ha construido en poco más de una década un perfil sólido que lo coloca entre los profesionales sobresalientes de su generación en El Salvador.

Su formación académica lo respalda: licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Centroamericana, y diplomados en asesoría financiera para MYPE, gestión de riesgos ALA/FT/ FPADM y sostenibilidad empresarial. Además, ha complementado su perfil con cursos internacionales de empresas y sostenibilidad, lo que le permite abordar casos con un enfoque integral que combina derecho, finanzas y responsabilidad social.

Actualmente se desempeña como Abogado Senior en Benjamín Valdez & Asociados donde es el coordinador del Departamento de Finanzas Corporativas y ha liderado asesorías claves en operaciones millonarias de financiamiento para grupos empresariales como Aristos y Livsmart, y la estructuración de proyectos industriales y de zonas francas con inversiones superiores a los 30 millones de dólares. Entre sus clientes destacan Puma Energy y compañías líderes en el sector manufacturero, donde ha coordinado créditos rotativos y no rotativos, así como garantías mixtas con instituciones nacionales e internacionales.

Su experiencia previa como abogado financiero en SAC Constelación y asistente jurídico en Asesores Jurídico Empresarial le brindó un pulso práctico que hoy refuerza cada transacción. Además, Mauricio Guandique ha asesorado procesos de adquisición de aseguradoras, control de gestión ambiental y seguridad ocupacional, y cancelación de operaciones hipotecarias, demostrando versatilidad en distintos sectores económicos. Mauricio Guandique también es miembro activo de LACCA, Terralex y AmCham, integra la Junta Directiva de Monitoreo Legal, S.A. de C.V., y ha compartido su conocimiento como ponente académico en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador.

Con cada proyecto, Mauricio Guandique demuestra que el derecho no solo se ejerce en tribunales y contratos, sino también en la capacidad de generar confianza, abrir oportunidades de desarrollo y acompañar a empresas en la consolidación de sus negocios con visión estratégica y solidez técnica.

lidera el Departamento de Acceso a la Información Pública en la Corte de Cuentas de la República, donde coordi na la gestión de información institucio nal y la protección de datos personales. Su labor no solo asegura la eficiencia en los trámites administrativos, sino que también fortalece la confianza ciudadana mediante la implementación de políticas de transparencia y rendición de cuentas.

Además de su rol administrativo, Huezo Melara dedica parte de su trayectoria a la docencia. Como profesor de posgrado en la Universidad Francisco Gavidia, forma a funcionarios públicos de más de 20 instituciones en ética, integridad y lucha contra la corrupción, promoviendo un enfoque crítico y colaborativo que trasciende las aulas. También capacita a servidores públicos a nivel nacional y regional a través del Centro de Investigación y Capacitación de la Corte de Cuentas, fortaleciendo competencias en fiscalización, protección de datos y transparencia.

Su participación en proyectos internacionales, becas en Francia y programas especializados en derechos constitucionales y anticorrupción reflejan un compromiso constante con la excelencia profesional. Publicaciones en foros de Naciones Unidas y revistas especializadas evidencian su capacidad para combinar investigación académica con la práctica institucional.

Con un perfil que integra conocimiento jurídico, liderazgo institucional y formación de talento humano, Alvaro Renato Huezo Melara se distingue como un referente en la construcción de instituciones públicas más sólidas, transparentes y responsables.

do diplomados y cursos en derecho bancario, constitucional, tributario y fintech.

Su trayectoria profesional inició en el sector financiero, colaborando en el Banco Promerica y en el Juzgado 3º de lo Civil y Mercantil, donde adquirió experiencia en escrituración, admisión de demandas y asesorías jurídicas. Posteriormente, en la Vicepresidencia Jurídica del Banco Agrícola, avanzó de abogado junior a senior, liderando proyectos de innovación digital, implementación de firmas electrónicas, protección de datos y desarrollo de contratos digitales. En el ámbito privado, Leiva Fortín ha sido director en Torres Legal y actualmente es socio encargado del área de Fintech y co-líder de Banca y Transaccional, además de asumir responsabilidades en Consortium Legal. Su trabajo ha incluido la reestructuración de deuda corporativa por más de $2.2 billones, asesoría a la República de El Salvador en recompra de bonos, y la estructuración de la primera emisión privada regulada de tokens respaldados por activos agrícolas en el mundo.

Leiva Fortín combina visión estratégica, conocimiento legal profundo y adaptabilidad tecnológica, convirtiéndose en un referente del derecho corporativo y fintech en El Salvador. Su enfoque humanizado busca siempre soluciones que beneficien tanto a las instituciones como a los usuarios, consolidando su reputación como un abogado innovador, comprometido y altamente especializado.

Marvin Quintanilla Cantizano es abogado, notario, docente universitario y consultor regional con más de una década de experiencia en derechos humanos y políticas públicas inclusivas. Graduado con honores (Cum Laude) en Ciencias Jurídicas por la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, continuó su formación con un Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, así como un posgrado en Proyectos con Enfoque Social, además de múltiples diplomados que reflejan su compromiso con la formación continua. Su trayectoria combina práctica jurídica, investigación y consultoría internacional con un claro compromiso social.

Desde muy joven entendió que el derecho debía ser algo más que códigos. Esa convicción lo llevó a convertirse en consultor regional, liderando más de 40 proyectos en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Su trabajo ha abordado inclusión laboral, salud y no discriminación de diversos grupos prioritarios.

para fortalecer la educación de jóvenes y adultos. En el ámbito empresarial, acompaña a empresas con diagnósticos y asesorías para promover empleabilidad juvenil e inclusión, integrando criterios de sostenibilidad (ESG/RSE). Como parte del programa de fortalecimiento empresarial liderado por CESAL, diseñó una estrategia pionera para que el sector HORECA adoptara prácticas de sostenibilidad, inclusión sociolaboral y espacios seguros para juventudes vulnerables.

Su sello ha sido la versatilidad: diseña estrategias de gobernanza, asesora comunicación, redacta propuestas normativas y facilita diálogos sociales. Esa amplitud lo ha convertido en un referente confiable para organismos internacionales como USAID, HIVOS, GIZ, The Global Fund, Robert Carr Foundation, IJM e IRC, así como para instituciones estatales, universidades y OSC. Con ellos ha diseñado estrategias de fondos y mecanismos de vinculación público-social para

En El Salvador ha impulsado protocolos contra el acoso sexual, manuales de acciones afirmativas, inclusión juvenil, gobernanza inclusiva y políticas públicas. También ha contribuido al sistema educativo con manuales de gobernanza escolar y propuestas

A nivel internacional ha aportado en análisis técnico, mapeos normativos y revisión de marcos regulatorios vinculados a derechos fundamentales. Ha desarrollado diagnósticos jurídicos, herramientas para el acceso a la salud y estrategias de incidencia técnica, incluyendo anteproyectos de ley en salud pública y no discriminación. En 2022 aportó insumos técnicos al Comité DESC de Naciones Unidas, logrando que sus observaciones incluyeran por primera vez el impacto de políticas públicas en derechos sociales en Centroamérica. También ha liderado mapeos regionales sobre VBG, protección de personas adultas mayores y de la niñez para el sector agronómico y de comercio justo. Entre sus aportes más innovadores destaca la estrategia técnica que dio origen al SIRED+, una plataforma presente en 11 países para el registro y derivación de situaciones que afectan a personas con VIH. Con más de 660 casos documentados, se ha consolidado como referente regional para fortalecer instituciones, articular respuestas y mejorar políticas públicas.

La dimensión académica ha sido otro de sus pilares. Ha consolidado una trayectoria docente nacional e internacional, impartiendo cursos de derechos humanos, derecho internacional humanitario, políticas públicas y resolución de conflictos en programas de pregrado y posgrado. Combina metodologías participativas presenciales con destrezas en entornos virtuales, aplicando herramientas digitales y evaluación continua.

Además, ha sido invitado como especialista regional a talleres y foros donde ha diseñado procesos formativos para comunidades, personal de salud, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales y académicas, y personas tomadoras de decisión. Su versatilidad le ha permitido trabajar con audiencias de distintos países, adaptando contenidos técnicos a cada contexto. También ha acompañado procesos con el ministerio público salvadoreño y creado formaciones innovadoras sobre documentación de vulneraciones en entornos analógicos y digitales.

En el ámbito local, ha articulado proyectos metropolitanos como gestión de riesgos de desastres inclusiva, gobernanza de cuidados y el Protocolo de Acoso Sexual Callejero en el Parque Cuscatlán, en coordinación con la municipalidad de San Salvador Centro y otros actores.

En sus inicios profesionales desempeñó roles de jefatura y asesoría en organizaciones de alto impacto, experiencia que consolidó una base de gestión sólida y marcó la disciplina con la que más tarde asumiría su trabajo regional.

Con un perfil que combina rigor metodológico, experiencia práctica y visión regional, Marvin representa a una nueva generación de juristas comprometidos con la construcción de instituciones más sólidas, sociedades más inclusivas y modelos de desarrollo sostenibles.

En el quehacer jurídico salvadoreño, el nombre de Marvin David Gutiérrez Guevara resuena no por estridencias mediáticas, sino por algo más duradero: la confianza. La que inspira con cada dictamen, la que forja con cada cliente, y la que se ha ganado en más de dos décadas de ejercicio profesional en el sector legal, financiero y cooperativo del país.

Graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Gutiérrez Guevara suma a su formación jurídica una Maestría en Administración de Empresas con especialización en Finanzas, lo que ha potenciado su enfoque integral al asesorar corporaciones, cooperativas y particulares. Su carrera despegó con fuerza en el sistema cooperativo financiero, donde por más de 15 años lideró procesos de transformación desde cargos gerenciales, aportando una visión legal estratégica que fortaleció instituciones clave del sector.

Pero su verdadera marca está en el trabajo cercano con sus clientes. Desde su despacho profesional AyG Inversiones Asociados, ha defendido con éxito procesos y ha estructurado financiamientos millonarios para proyectos energéticos y otros proyectos de inversión estratégica, siendo pieza clave en la asesoría financiera-legal de más de 27 millones de dólares en créditos a nivel nacional. Además, su experiencia incluye la representación en procesos de inconstitucionalidad y constitucionalidad, logrando sen-

tencias favorables que reforzaron derechos de sus clientes frente a leyes y códigos nacionales.

Su rol como fundador y director del despacho reafirma su capacidad para combinar el rigor legal con visión empresarial. Marvin Gutiérrez no sólo conoce el derecho: lo interpreta desde la empatía, lo aplica con estrategia y lo vive con vocación. Su despacho, más que una firma, es una extensión de su compromiso con la justicia práctica y accesible. Su experiencia abarca áreas de notariado, asesoría corporativa, laboral, administración de cartera de difícil recuperación, cumplimiento normativo y gestión de proyectos energéticos y financieros de alto impacto.

Además, su perfil profesional se complementa con una amplia formación continua: seminarios y cursos en Derecho Constitucional y Procesal Civil, técnicas de oralidad jurídica, propiedad intelectual, derecho notarial y cobro bancario, así como formación en servicio al cliente y manejo de relaciones interpersonales. Su dominio de inglés avanzado le permite atender clientes internacionales, ampliando la proyección de su despacho.

Con más de 20 años de trayectoria, Marvin Gutiérrez se ha consolidado como un referente de confianza, profesionalismo y liderazgo en el ámbito jurídico y financiero salvadoreño.

Administrativo; es, sobre todo, un profesional convencido de que la ley tiene un rostro humano.

Su recorrido comenzó en la Asamblea Legislativa, como pasante en Recursos

José Matías Delgado, y notario desde 2022, Peralta ha completado estudios de especialización en Legal-Tech en The George Washington University, y actualmente cursa una maestría en Derecho de los Negocios con doble titulación entre ADEN University y la Universidad Politécnica de Cataluña.

Sus primeros años como colaborador jurídico en Lavalla S.A. de C.V. y luego en Nassar Abogados le permitieron adquirir una sólida base en asuntos regulatorios y propiedad industrial. Más adelante, en LATAMLEX y Phoenix Tower International, se enfrentó a desafíos relacionados con escrituración, contratos internacionales y regulación de infraestructura tecnológica.

vocación por la formación de otros. Su perfil, sólido y versátil, lo sitúa entre una nueva generación de juristas que no solo entienden el Derecho como norma, sino como instrumento de equidad y eficacia institucional. Una mente legal guiada por la ética, el estudio y el compromiso público.

internacional, pasando por registros de marcas, litigios de propiedad intelectual y asesorías corporativas. Su paso por firmas como Romero Pineda & Asociados, y su rol actual como especialista legal en proyectos del Banco Mundial, hablan de un perfil adaptable que combina técnica, gestión y visión estratégica.

Graduado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr.

Conocedor de procesos notariales, licitaciones, registros sanitarios y trámites ante entidades como la Superintendencia del Sistema Financiero, ha construido una carrera que dialoga con las exigencias del sector público, sin perder de vista la lógica de los negocios globales. Peralta es, en esencia, un abogado que ha sabido leer los contextos y adaptarse con solvencia a los cambios del entorno jurídico salvadoreño e internacional.

Diego Francisco Rivera Hernández se propuso, desde sus inicios de su carrera, combinar lo mejor posible de diferentes áreas del derecho. Y lo ha logrado. Sabe combinar la experiencia judicial, asesoría corporativa y su formación académica de alto nivel. Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Matías Delgado, con especialidad en Derecho Privado y graduado CUM LAUDE, Rivera Hernández complementó su formación con un Máster en Derecho de la Empresa Internacional en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtuvo dos votos de distinción, consolidando su proyección profesional a nivel internacional.

Su carrera se distingue por la amplitud de experiencia en distintos ámbitos del derecho. Comenzó su recorrido profesional como pasante en juzgados civiles y mercantiles, con funciones jurídico-administrativas, participando en la calendarización de audiencias, la resolución de aspectos preparatorios y la atención al público, aprendiendo desde la base la dinámica del sistema judicial. Más tarde, empezó su recorrido profesional como colaborador en Nassar Abogados El Salvador, empezando a desenvolverse en el mundo corporativo del derecho, a través del apoyo y la gestión de la asesoría de empresas en diferentes rubros. Luego tuvo oportunidad de servir a nivel judicial como colaborador en la Cámara Segunda de lo Penal, asumiendo la responsabilidad de elaborar sentencias de relevancia jurídica y política, resolver sobreseimientos y medidas cautelares, y coordinar la administración de la oficina judicial con un enfoque en eficiencia y cumplimiento de metas diarias.

Posteriormente, Rivera Hernández consolidó su experiencia en el sector corporativo. Como asociado en Consortium Legal El Salvador, donde lideró procesos de litigios civiles y mercantiles sin dejar de lado el enfoque corporativo que ello conlleva, con especial enfoque en arbitraje y defensa corporativa en procesos penales vinculados a empresas. Su labor incluyó asesoría en fusiones y adquisiciones, “Due Diligence” en litigios y prevención de lavado de dinero, así como acompañamiento en contrataciones con el Estado y ejecución de laudos arbitrales. A partir del año 2023 en Sfera Legal, ha asesorado a empresas en operaciones corporativas, estructuración de contratos y resolución estratégica de conflictos complejos, combinando visión preventiva y soluciones prácticas antes de que surjan disputas.

Diego Rivera Hernández no solo ha destacado en la práctica profesional, sino también en la docencia universitaria, impartiendo materias de Derecho Procesal Civil y Mercantil, Teoría General del Proceso y Derecho de Competencia en su Alma Mater y la Universidad Pedagógica. Su enfoque docente refleja la misma disciplina y compromiso que aplica en el ámbito profesional. Sus alumnos le han reconocido que sabe transmitir conocimientos y guiarlos, mientras sus colegas le reconocen su diligencia al aplicar en la práctica jurídica la ética, el pragmatismo que requiere el competitivo mundo de la abogacía. Y, sobre todo, le felicitan por sus buenos resultados en cada proceso en el que interviene.

A lo largo de su carrera, Rivera Hernández ha demostrado un enfoque integral y estratégico, com-

binando la precisión técnica con sensibilidad hacia las necesidades de sus clientes. Su dominio en derecho corporativo, litigios, derecho penal empresarial y derecho notarial lo posiciona como un joven referente en El Salvador, capaz de manejar desde complejos procesos judiciales hasta asesorías preventivas y transacciones internacionales.

Además, su manejo avanzado del inglés le permite participar en asesorías y negociaciones internacionales, fortaleciendo la proyección de sus clientes y de su propia práctica profesional. Diego Rivera Hernández ha logrado consolidarse como un abogado estratégico, cercano y comprometido, que entiende la ley como una herramienta para resolver problemas, proteger intereses y generar confianza en un entorno legal cada vez más complejo y exigente.

El profesionalismo, conocimiento profundo de la materia y el compromiso humano, son algunos de los tributos que lo convierten en un líder dentro del ámbito jurídico salvadoreño y un ejemplo de cómo la formación, la experiencia y la ética profesional pueden conjugarse para ofrecer soluciones efectivas y de alto valor a sus clientes.

La confianza que transmite, su visión estratégica y su amplio conocimiento legal de la innovación financiera hacen de Mario Salvador Linares Martínez un profesional de avanzada que conjuga las finanzas y la regulación muy bien. Abogado y notario, su carrera ha estado marcada por la convicción de que el derecho no solo debe resolver problemas, sino anticiparse a ellos y abrir caminos para la innovación.

Con más de quince años de experiencia, ha recorrido el mundo jurídico desde el sector bancario hasta los mercados de valores, aportando una mirada integral que combina el cumplimiento normativo con el crecimiento empresarial. Su paso por Banco Promerica y, posteriormente, por la Bolsa de Valores de El Salvador le permitió adquirir una perspectiva privilegiada sobre el funcionamiento del sistema financiero y los desafíos de la regulación internacional. En esas trincheras lideró procesos clave: desde la implementación de la normativa FATCA, que evitó sanciones millonarias, hasta la asesoría en la creación de la ley Bitcoin y la ley de valores electrónicos, hitos que posicionaron a El Salvador en el mapa de la innovación financiera global.

Hoy, al frente de la dirección de cumplimiento y estrategia regulatoria en Fintech Americas (Monetae), Linares Martínez impulsa un enfoque de negocios centrado en activos digitales y Web3. Su labor no se limita al diseño de políticas internas: también asesora en la estructuración de emisiones, gobernanza corpo rativa y mejores prácticas para mercados regulados.

Su sólida formación académica incluye un Máster en Derecho de Empresa en la Pontificia Universidad Católica de Chile y certificacio nes en cumplimiento internacional, él se ha mantenido en la vanguardia de los cam bios normativos y tecnológicos.

Su reconocimiento como uno de los “45 de 45” abogados con mayor proyección en El Salvador, otorgado por la revista Derecho & Negocios, confirma que su sello profesional trasciende cargos y títulos: es el de un abogado que sabe convertir complejidad en claridad, y desafíos en oportunidades sostenibles para el sector financiero.

trayectoria con una sólida formación académica y el compromiso con la transparencia en la función pública. Su profesionalización combina una licenciatura en Ciencias Jurídicas con maestría CUM LAUDE en Administración Pública, un posgrado en Seguridad y Desarrollo Nacional y múltiples diplomados y cursos internacionales sobre anticorrupción, derecho administrativo y sistemas de gestión antisoborno.

Desde 2017, Ramírez ha desarro llado su carrera en el Tribunal de Ética Gubernamental, donde inició como técnico jurídico y ascendió a colabo rador jurídico y, actualmente, jefe de la Unidad Jurídica. En este rol, lidera la implementación del modelo de in tegridad institucional y del sistema de gestión antisoborno, asesora al Pleno del Tribunal, coordina el Círculo de In tegridad Institucional y participa en la elaboración de normativa interna. Su trabajo incluye la redacción de reso luciones administrativas, contratos y documentos jurídicos de alto impacto, así como la coordinación de programas formativos en ética y prevención de la

Ramírez también se ha destacado en la academia y la investigación. Es autor de estudios sobre corrupción y seguridad nacional y ha facilitado múltiples diplomados y módulos de formación para servidores públicos, consolidándose como referente en ética gubernamental y fortalecimiento institucional. Su participación en congresos internacionales y talleres especializados refleja una carrera orientada a combinar conocimiento técnico, liderazgo y compromiso con la integridad pública, convirtiéndolo en un profesional clave en la modernización de la gestión pública salvadoreña.

distingue por más de 13 años impulsando negocios sólidos y protegiendo los intereses económicos en banca y seguros.

Licenciado en Ciencias Jurídicas por la UCA y con un Máster en Derecho de Empresas (LL.M.), Sánchez Montiel ha ocupado roles clave en Banco Davivien-

da Salvadoreño y HSBC Salvadoreño, destacándose como gerente legal, jefe de litigios y asesor estratégico en juntas directivas y comités regulatorios. Su experiencia incluye due diligence en adquisiciones y fusiones, creación de holdings internacionales y gestión

Su liderazgo se refleja en la formación de equipos, el manejo de recursos humanos y la implementación de políticas internas que fortalecen la seguridad jurídica y reputacional de las instituciones financieras. Además, ha participado como conferencista en congresos latinoamericanos de derecho financiero, arbitraje internacional y ciberseguridad, y ha completado programas de inteligencia emocional y negociación estratégica en México,

Su desempeño ha sido reconocido por la inclusión en GC Powerlist Central America, así como por premios internos de liderazgo en Davivienda. Mauricio Sánchez Montiel combina rigor legal con creatividad estratégica, dejando una huella tangible en la industria financiera y consolidándose como referente de excelencia profesional y liderazgo en El Salvador.

Desde temprana edad, José Miguel Saravia Dueñas mostró curiosidad por entender cómo funcionan las normas y cómo pueden proteger a las personas y a las instituciones. Hoy, su trayectoria combina una formación académica sólida con una visión práctica que lo ha consolidado como referente en derecho penal económico y compliance en El Salvador. Abogado y notario, con una maestría en Derecho Penal Económico por la Universidad de El Salvador y múltiples posgrados en Derecho Empresarial y Finanzas Aplicadas, José Miguel ha dedicado su carrera a fortalecer sistemas legales y de cumplimiento en empresas, ONG y entidades reguladas, siempre con un enfoque humano que reconoce que detrás de cada norma hay personas y decisiones críticas.

Su carrera profesional ha transitado por distintas áreas y sectores. En Calidad Inmobiliaria lidera Compliance y gestión de riesgos, diseñando desde cero políticas de gobierno corporativo, prevención de

José Miguel también ha dejado su huella en la docencia universitaria, formando a nuevas generaciones en la Universidad de El Salvador, la Universidad Evangélica de El Salvador y la Universidad Luterana Salvadoreña. Ha impartido materias que van desde Derecho Internacional y Financiero hasta Compliance y Derecho Penal Económico, asesorando tesis y promoviendo una educación práctica y aplicada. Su vocación académica se refleja además en su autoría del primer y único libro especializado en Compliance y prevención de lavado de dinero y activos en El Salvador, así como en múltiples artículos y ponencias en congresos jurídicos nacionales.

Su formación complementaria es extensa: certificaciones internacionales en prevención de lavado de dinero, activos virtuales y riesgos corporativos; diplomados en medicina forense, leyes especiales en materia penal y gestión de propiedad intelectual; cursos sobre blockchain y asesoría jurídica de empresas. Reconocido por la revista Derecho & Negocios como uno de los “45 de 45”, José Miguel se ha consolidado como un referente nacional por su capacidad de integrar teoría, práctica y ética profesional.

Además, ha sido invitado como ponente a conferencias nacionales e internacionales sobre derecho penal económico, compliance y regulación financiera, compartiendo su experiencia con colegas, autoridades y estudiantes. Su enfoque no se limita a la teoría; entiende que el derecho es una herramienta para generar confianza y estabilidad en las instituciones. En cada proyecto busca que las políticas implementadas no solo cumplan con la normativa vigente, sino que fomenten una cultura ética, transparente y sostenible dentro de las organizaciones.

La constante actualización académica define su perfil. José Miguel participa regularmente en cursos, diplomados y seminarios sobre inteligencia artificial aplicada al derecho, regulación de activos digitales y nuevas tendencias en derecho corporativo. Fuera del aula y de los despachos, promueve la responsabilidad social y el desarrollo de talento local, colaborando con organizaciones sin fines de lucro y programas educativos, compartiendo sus conocimientos para fomentar la ética profesional y la formación de nuevas generaciones de abogados y especialistas en compliance.

Con estos aportes, José Miguel Saravia Dueñas se consolida como un profesional integral, capaz de combinar excelencia académica, experiencia práctica y compromiso ético en todos los ámbitos de su labor. Su trayectoria demuestra que el derecho y la educación pueden ser herramientas poderosas para transformar organizaciones, fortalecer instituciones y contribuir al desarrollo de El Salvador y la región.

No todos los abogados comienzan su carrera entre pasillos judiciales y expedientes de crimen organizado. José Alexan der Ortiz Quevedo sí. Desde sus primeros años como agente auxiliar del fiscal general, entendió que el derecho penal no se aprende solo en los libros: se vive en los detalles, en las víctimas, en las audiencias tensas y en las estructuras criminales que operan en las sombras. Su paso por la Fiscalía General de la República le permitió desarrollar habilidades en investigación, implementación de técnicas especiales y coordinación de procesos judiciales complejos, formando una base sólida para su posterior especialización.

Pero su historia no se quedó ahí. Ortiz dio un giro hacia un campo igual de desafiante: el combate al lavado de dinero y el cumplimiento normativo en un mundo cada vez más digital. Su paso por la Unidad de Investigación Financiera marcó un antes y un después: lideró es trategias nacionales de evaluación de riesgos, coordinó capacitacio nes internacionales y fue pieza clave en la preparación del país ante el GAFI, gestionando cooperación internacional y negociando acuerdos estratégicos que fortalecieron la prevención y control del lavado de activos.

En 2024, con una visión técnica y clara sobre el futuro de las finan zas digitales, se sumó a la Comisión Nacional de Activos Digitales, don de lideró la elaboración y supervisión de regulaciones sobre criptoacti vos, negociando acuerdos de cooperación internacional y asegurando el cumplimiento normativo de los proveedores de servicios digitales.

Hoy, como Head of Compliance en Nexplace, Ortiz Quevedo combina su experiencia institucional con conocimiento especializado en activos digitales, implementando políticas, procesos y medidas de prevención ALA/CFT, y asegurando el cumplimiento regulatorio en un entorno financiero innovador y complejo.

Ortiz Quevedo no es solo abogado y notario. Forma parte de una nueva generación que traduce la ley en acción, comprende los riesgos globales y protege al país desde adentro. Desde los tribunales hasta los estándares internacionales, su vocación ha sido una sola: anticipar los desafíos y responder con rigor y ética profesional.

Su experiencia abarca litigios en materia civil, mercantil, laboral y contencioso administrativo, defendiendo con éxito a empresas en más de cincuenta procesos judiciales. Como apoderado legal y jefe del área jurídica en Grupo Almo, lidera la gestión legal de sociedades en El Salvador y la región centroamericana, facilitando relaciones jurídicas con entidades públicas y privadas.

cia Política, Dirección Pública y un LL.M. en curso en la Universidad de Arizona, ha construido una trayectoria coherente, enfocada en el cumplimiento normativo y la lucha contra la corrupción.

Y, sobre todo, hacerlo con integridad, una característica que ha definido cada etapa de su carrera y que lo distingue como referente en el ámbito jurídico y financiero de El Salvador.

Además, Pedro ha sido pieza fundamental en la creación del Anteproyecto de Ley de la Cruz Roja Salvadoreña, la primera ley para esta institución en sus 140 años, y en la actualización de sus estatutos, coordinando con organizaciones internacionales y voluntarios locales. También impulsó la legalización de inmuebles y flota vehicular de Cruz Roja, resolviendo décadas de irregularidades legales mediante decretos legislativos y procesos judiciales.

Su compromiso con la transparencia se refleja en la creación y dirección de unidades de prevención de lavado de dinero en empresas privadas, implementando políticas esenciales para cumplir con la normativa vigente.

Reconocido por su excelencia académica y profesional, Pedro Andrés Sánchez Polanco combina su conocimiento jurídico con un profundo compromiso con la legalidad y el desarrollo empresarial.

Sandoval ha sido pieza clave en proyectos respaldados por agencias como USAID, GIZ y ABA ROLI, siempre desde una mirada estratégica que vincula derecho, ética y gobernanza. En instituciones como FUNDE/Transparency International y la American Bar Association ha coordinado estudios sobre corrupción, diseñado herramientas legales y acompañado procesos de denuncia, siempre con sensibilidad hacia las víctimas y firmeza frente a las estructuras de impunidad.

Su paso por TECHO, donde lideró equipos en contextos de alta vulnerabilidad, le dio una perspectiva social que ha mantenido en cada proyecto. Esa experiencia lo conecta con las realidades que busca transformar a través del Derecho. Wilson también ha formado nuevas generaciones de profesionales desde cátedras universitarias, convencido de que la legalidad se fortalece con pensamiento crítico y responsabilidad ética. A través de cursos especializados y certificaciones en compliance, ha seguido perfeccionando su perfil técnico, sin perder su vocación pública.

En un contexto regional que exige claridad de principios y capacidad técnica, Wilson Sandoval representa una apuesta por el Derecho como herramienta de transformación y por la integridad como horizonte profesional.

Desde que cruzó las puertas de la Escuela Militar “Capitán General Gerardo Ba rrios”, José Adrián Solórzano Gutiérrez entendió que la disciplina y el conoci miento serían sus aliados más sólidos. Ahí comenzó a forjar no solo una carrera militar, sino también un camino académico que lo lleva ría a combinar derecho, educación y compromiso social.

Su licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Uni versidad Dr. José Matías Delgado y la posterior Maestría en Educación Superior en la Universidad Modular Abierta muestran su constante búsque da de superación y la convicción de que la forma ción nunca termina.

Su formación como oficial del ejército, con la metodología, disciplina, responsabilidad y entre ga que ello implica, ha sido un plus en su desem peño como hombre de leyes.

Más allá de los títulos, lo que distingue a José Adrián es su pasión por aprender y aplicar el cono cimiento en situaciones reales. Su especialización en derecho penal, derecho militar, derecho inter nacional humanitario, derecho marítimo y dere chos humanos lo ha convertido en un profesional capaz de abordar los retos más complejos del sistema judicial y de la defensa nacional. En la Fis calía General de la República, donde actualmente ejerce como fiscal auxiliar, ha logrado conjugar la rigurosidad técnica con la sensibilidad humana, mientras dirige su despacho privado "CONTRAC TUS SOLÓRZANO Y ASOCIADOS", demostrando que es posible equilibrar la función pública con el ejercicio independiente del derecho.

Su trayectoria académica se complementa con una impresionante lista de cursos y diploma dos. Desde derechos humanos y derecho interna cional humanitario en República Dominicana has ta cursos de “Law of Armed Conflict and Human Rights” en Estados Unidos, José Adrián ha busca do siempre perfeccionar su enfoque, integrando justicia, ética y perspectiva social. Además, su participación en módulos especializados sobre violencia de género, menores, análisis criminal y técnicas de oralidad demuestra que entiende el derecho como una herramienta para proteger a quienes más lo necesitan.

En el ámbito profesional, su recorrido en la Fuerza Armada y el Ministerio de Defensa Nacio nal es amplio: ha sido Asesor Jurídico en el Estado Mayor Conjunto, Jefe del Departamento Jurídico

en la Fuerza Naval, Juez Militar de Instrucción,

Entre los tribunales y las aulas, Ricardo Antonio Rosa Orellana ha desarrollado su carrera combinando precisión legal, una notable pasión académica y un compromiso con la formación de futuras generaciones de abogados. Reconocido por la Corte Suprema de Justicia para ejercer la abogacía y la función notarial, ha logrado equilibrar la práctica profesional con la docencia, tanto en El Salvador como en España.

Su formación académica es extensa: un doctorado en Ciencias Penales por la Universidad San Carlos de Guatemala, maestrías en Derecho Penal y Derechos Fundamentales, y múltiples diplomados y cursos especializados en derecho constitucional, procesal y penal económico. Esta sólida base le permite abordar casos complejos con rigor y creatividad.

En su trayectoria judicial, ha sido colaborador jurídico de la Sala de lo Constitucional y asistente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, además de colaborar en tribunales de sentencia, contribuyendo a la interpretación de normas clave en el país.

Como docente y conferencista, ha liderado cátedras, diplomados y másteres, dirigiendo trabajos de investigación y fortaleciendo el área de derecho penal económico dentro del área iberoamericana de Derecho de la Universidad de Extremadura, España. Sus publicaciones sobre política criminal, delitos económicos y argumentación jurídica se han convertido en referencia para profesionales y estudiantes.

Su labor ha sido reconocida con el título de “Migueleño distinguido” por la Universidad de Oriente, consolidando su influencia nacional e internacional.

Rosa Orellana es un ejemplo de cómo la pasión por el derecho puede trascender tribunales y aulas, dejando un impacto duradero en la justicia y la educación legal.

Graduado como licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Gerardo Barrios con calificación sobresaliente, Vela Ávalos pronto emprendió el camino de la especialización en Europa. En la Universidad de Valencia obtuvo un máster en Derecho Constitucional, donde recibió el premio extraordinario de maestría. Más tarde, alcanzó uno de sus mayores logros académicos: un doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, con calificación sobresaliente cum laude. Recientemente, complementó su formación con una especialización en Bases del Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona.

Ese esfuerzo académico ha tenido eco en su práctica profesional. Desde 2022 coordina el área de inconstitucionalidades de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un rol que exige no solo conocimiento técnico, sino también visión estratégica y compromiso ético. Su formación en derechos humanos, género y argumentación jurídica le ha permitido abordar los casos con una perspectiva integral, enriquecida por estudios en Costa Rica, Chile y Colombia.

Vela Ávalos también ha invertido en fortalecer sus capacidades como docente y conferencista, convencido de que el conocimiento cobra verdadero sentido cuando se comparte. En cada paso de su carrera, ha dejado claro que su objetivo no es solo interpretar el derecho, sino contribuir a que este sirva de pilar para una sociedad más justa y democrática.

Formado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Dr. José Matías Delgado y con una maestría en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, Villalta combina el conocimiento legal con una comprensión estratégica de los sistemas fiscales. Su paso por entidades como EY, Millicom (Tigo) y el Ministerio de Planificación de Argentina lo consolidaron como un profesional capaz de traducir la normativa en herramientas para la sostenibilidad empresarial.

Su gestión al frente del área fiscal de Unicomer no solo ha implicado cumplir con marcos regulatorios en múltiples países, sino también repensar estructuras tributarias para lograr eficiencia y solidez. Ha liderado proyectos que lograron reducciones de hasta un 25 % en obligaciones fiscales y mejoraron los niveles de cumplimiento al 98 %.

Pero su aporte trasciende los números. Villalta ve en la fiscalidad una plataforma para el desarrollo económico y social. Cree en un ejercicio ético de la planificación tributaria, con conciencia del impacto que tiene en la inversión, el empleo y la calidad de vida.

Con más de una década de experiencia regional, es parte de una generación de juristas que entienden la complejidad fiscal no como una barrera, sino como un reto técnico que, bien gestionado, puede transformar realidades.

Para Walter Salvador Sosa Funes, la justicia no ha sido un oficio, sino una vocación que ha marcado cada paso de su vida profesional. Su tra yectoria, iniciada desde los estrados judiciales con mayor cercanía a la ciudadanía hasta su actual cargo como presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), refle ja un compromiso sostenido con la transpa rencia, la integridad y un principio que él mis mo considera irrenunciable: la humanidad en el ejercicio de la función pública.

Hoy dirige la institución responsable de vigilar el uso de los recursos del Estado, un rol que exige independencia, rigor técnico y sensibilidad social. Desde la presiden cia de la CCR, Sosa Funes impulsa una gestión orientada a fortalecer la confianza ciudadana en la fisca lización superior, convencido de que cada decisión en materia de control público impacta directa mente en la vida de la población.

Su liderazgo no se limita al ámbito nacional. En el plano internacional ejerce como secretario técnico del Con sejo Fiscalizador Regional del Sistema de Integración Centroamericana (CFR-SI CA) y preside el Comité de Asuntos Jurídicos de la Organización Latinoa mericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Des de esos espacios aporta su visión jurídica y comparte la experiencia salvadoreña en la construcción de mecanismos más sólidos de rendición de cuentas en la región.

Abogado y notario de la Re pública, Sosa Funes complementó su carrera con una maestría en De recho de Familia y seis especializa ciones que abarcan diversas áreas jurídicas. Además, cursó un pro grama internacional de liderazgo en fiscalización superior impartido por la Iniciativa para el Desarrollo de la Or ganización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), lo que le brindó una perspectiva global sobre el papel de estas instituciones en la gobernanza moderna.

Esa sólida preparación le permitió enfrentar con solvencia los desafíos de la judicatura y de la administración pública. Su paso por distintas áreas del derecho lo dotó de una mirada integral que combina técnica jurídica con sensibilidad social.

Antes de llegar a los niveles más altos de la función pública, Sosa Funes trabajó directamente con comunidades y sectores vulnerables. Fue defensor público en las áreas de familia y niñez en la Procuraduría General de la República, lo que le permitió conocer de primera mano los problemas cotidianos de la población salvadoreña. También ejerció como juez de Paz en Dulce Nombre de María, Chalatenango; Cinquera, Cabañas y como juez de Instrucción en Soyapango, donde enfrentó casos de gran complejidad en uno de los municipios más poblados del país.

Esa experiencia en tribunales lo acercó a las realidades más duras de la sociedad salvadoreña. Según afirma, cada resolución era también un ejercicio de equilibrio entre la ley y la dignidad humana, un principio que ha mantenido como guía en todos sus cargos.

Además de su labor judicial, Sosa Funes se desempeñó como jefe regional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la zona paracentral, y colaboró en instituciones como el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, donde reforzó su interés por la protección de derechos fundamentales. Estas experiencias ampliaron su visión sobre la gestión pública y lo prepararon para asumir funciones de mayor alcance.

Paralelamente a su carrera en el sector público, ha ejercido como docente universitario, convencido de que el conocimiento solo cobra sentido cuando se comparte. En las aulas ha transmitido a las nuevas generaciones de abogados no solo teoría jurídica, sino también los valores de ética y servicio que, a su juicio, deben guiar a todo profesional del derecho.

El recorrido de Walter Salvador Sosa Funes evidencia que la función pública puede ejercerse con compromiso humano, transparencia y visión técnica. LOS

Para hablar de Luis José Samayoa Rodríguez hay que aclarar y hasta certificar que su vida profesional está marcada por el compromiso con la educación superior y la construcción de puentes entre la academia y el mundo internacional. Es abogado de formación y académico por vocación. Ha logrado que su carrera avance con solven cia entre la asesoría jurídica, la docencia universitaria y la gestión de relaciones internacionales.

Samayoa ha sabido combinar la rigurosidad de las ciencias jurídicas con una visión estratégica de la educación. Con una licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de El Salvador (2014) y tres másteres obtenidos en Madrid — en Asesoría Jurídica de Empresas, Tributación y Tributación In ternacional—, su formación se ha distinguido por la profundi dad académica y el enfoque global. Y, como debe hacerlo un profesional comprometido con el perma nente desarrollo, ha mantenido una actuali zación permanente en su capacitación, que lo ha llevado a tecnificarse en inteligencia artificial aplicada a la enseñanza, un campo emergente que conecta el derecho con la innovación pedagógica.

En el ámbito universitario ha dejado huella como decano de la Facultad de Cien cias Jurídicas y Sociales y, más recientemente, como director de Internacionalización. Desde esa posición, ha tejido alianzas con organis mos, ministerios, embajadas y empresas que fortalecen la investigación, la proyección social y el diseño curricular. Bajo su gestión, la uni

versidad se vinculó con instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Competencia y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, entre otras.

Su trabajo ha trascendido fronteras. En noviembre de 2023 participó en el Congreso de las Américas sobre Educación Internacional en Las Vegas, consolidando su papel como referente en cooperación académica regional. Ese mismo año, la Revista Derecho y Negocios lo reconoció entre los “45 de los 45”, distinción reservada a los profesionales del derecho más influyentes en El Salvador. Docente, conferencista y columnista en medios nacionales e internacionales, Samayoa también ha utilizado la escritura como espacio de reflexión. Sus artículos sobre desarrollo, educación y política fiscal lo muestran como un pensador que entiende el derecho no solo como norma, sino como herramienta de transformación social.

Con apenas cuatro décadas de vida profesional y académica, Luis José Samayoa Rodríguez se ha consolidado como un perfil que articula conocimiento, liderazgo y compromiso con la mejora continua de la educación en El Salvador. www.derechoynegocios.net

Implementación global de los ESTÁNDARES GAFI SOBRE ACTIVOS VIRTUALES y proveedores de servicios

La rápida evolución de los activos virtuales (virtual assets, VAs) y los proveedores de servicios de activos virtuales (virtual asset service providers, VASPs) ha transformado sustancialmente los esquemas tradicionales de intermediación financiera y transferencias de valor a nivel global. En respuesta a este fenómeno, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), órgano intergubernamental encargado de la formulación de estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), actualizó en 2019 su Recomendación 15 para extender su ámbito de aplicación a los VAs y VASPs. Desde entonces, la organización ha monitoreado periódicamente el estado de implementación de dichos estándares por parte de sus países miembros y otras jurisdicciones relevantes.

El informe titulado *Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*, publicado en junio de 2024, constituye la quinta actualización sobre este proceso. A lo largo de este artículo, se examinan los principales hallazgos del informe, se identifican los desafíos regulatorios aún persistentes y se analizan los riesgos emergentes asociados al uso de activos virtuales en

contextos de criminalidad financiera. Finalmente, se exponen las recomendaciones formuladas por la FATF y los pasos proyectados para el futuro inmediato.

Uno de los hallazgos más notorios del informe es la persistente lentitud en la adopción efectiva de las disposiciones de la Recomendación 15. A pesar de los esfuerzos sostenidos de la FATF por impulsar la implementación de estos estándares en el marco de su hoja de ruta (roadmap) de 2023, la proporción de jurisdicciones parcialmente conformes o no conformes se mantiene inalterada respecto al año anterior: el 75% de las 130 jurisdicciones evaluadas continúa sin cumplir plenamente con los requisitos. Esta cifra revela una brecha significativa entre el diseño normativo internacional y su ejecución concreta a nivel nacional. Si bien algunas jurisdicciones con sectores de VAs considerados materialmente importantes han logrado progresos en la adopción de marcos regulatorios, la mayoría aún enfrenta dificultades estructurales. El informe destaca que cerca del 29% de las jurisdicciones encuestadas no ha llevado a cabo una evaluación de riesgos sobre los VAs o los VASPs. Esta omisión resulta crítica, ya que el enfoque basado en riesgos constituye un pilar fundamental del estándar internacional ALD/CFT.

REDACCIÓN DYN

Asimismo, 27% de los encuestados aún no ha definido una política clara respecto a si regularán, permitirán o prohibirán la actividad de los VASPs, lo que demuestra un nivel de incertidumbre institucional que limita el avance hacia un ecosistema regulado y seguro. Una de las piedras angulares del régimen internacional de prevención en materia de activos virtuales es la denominada *Travel Rule*, derivada de la Recomendación 16 de la FATF. Esta regla exige que las entidades involucradas en transferencias de valor digital (como los VASPs) obtengan, retengan y transmitan información del originador y del beneficiario de la transacción, asegurando así la trazabilidad e identificación de las partes intervinientes. El informe reporta que el 70% de las jurisdicciones encuestadas han aprobado legislación para implementar la Travel Rule, lo cual representa una mejora frente a los datos de 2023. Sin embargo, esta evolución normativa no se traduce aún en una aplicación efectiva. Solo el 26% de los países con legislación vigente ha emprendido acciones de supervisión o sanción para garantizar su cumplimiento, lo que evidencia una debilidad en los mecanismos de enforcement.

La implementación parcial y descoordinada de la Travel Rule también ha originado lo que se denomina el “sunrise issue”: una situación en la cual las transacciones entre jurisdicciones con diferentes niveles de implementación se ven obstaculizadas por la falta de requisitos recíprocos. Esta problemática ha generado ineficiencias, confusión y riesgos operativos en la cadena de cumplimiento, especialmente cuando los VASPs de un país intentan interactuar con contrapartes extranjeras que no están sujetas a obligaciones similares.

Además, el informe subraya que muchos VASPs carecen de herramientas tecnológicas interoperables para cumplir con la Travel Rule, y que algunas jurisdicciones todavía permiten a sus entidades operar con VASPs no licenciados o no conformes, lo cual incrementa el riesgo de transacciones ilícitas o anónimas.

Una minoría de jurisdicciones ha optado por abordar el fenómeno de los activos virtuales mediante su prohibición total o parcial. Según el informe, el 14% de los países ha implementado algún tipo de prohibición sobre los VASPs. Sin embargo, esta estrategia no ha demostrado ser más efectiva ni más sencilla de aplicar que los esquemas de regulación y supervisión basados en licencias.

De hecho, el informe revela que solo dos de las veinte jurisdicciones que adoptaron enfoques prohibitivos han sido evaluadas como ampliamente conformes con la Recomendación 15. Además, en muchos casos, estas prohibiciones no se basaron en evaluaciones de riesgo adecuadas y resultan difíciles de aplicar en la práctica. El informe también advierte sobre el riesgo de desplazamiento de actividades ilícitas hacia otras jurisdicciones más permisivas (regulatory arbitrage), lo que debilita los efectos disuasorios de las prohibiciones unilaterales.

Se concluye, por tanto, que la prohibición, sin un marco técnico y operativo robusto que asegure su aplicación efectiva, no constituye una solución sostenible ni eficaz frente a los riesgos inherentes al uso de activos virtuales. Una sección particularmente reveladora del informe es aquella dedicada al análisis de los riesgos emergentes derivados de innovaciones recientes en el ecosistema cripto. En primer lugar, se destaca el creciente uso de stablecoins —activos virtuales con paridad fija a una moneda fiduciaria— en operaciones ilícitas. Su bajo nivel de volatilidad, la facilidad de acceso y la creciente adopción global las convierten en instrumentos atractivos para actividades como el financiamiento terrorista o el lavado de activos.

Asimismo, las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi), caracterizadas por la ausencia de intermediarios tradicionales, representan un desafío considerable para los marcos regulatorios existentes. Estas estructuras, que operan mediante contratos inteligentes sin una entidad claramente responsable, dificultan la identificación de sujetos obligados y el cumplimiento de normas ALD/CFT.

También se advierte sobre los riesgos asociados a los monederos no custodiados (unhosted wallets), que permiten a los usuarios mantener el control total sobre sus claves privadas sin intermediarios. Esta característica, si bien fortalece la autonomía financiera, también dificulta la trazabilidad de fondos y la aplicación de medidas preventivas. Incluso los tokens no fungibles (NFTs), originalmente asociados con el arte digital, pueden ser utilizados como vehículos para mover o blanquear capital de forma anónima.

El informe documenta casos en los cuales actores estatales y no estatales, como Corea del Norte o grupos terroristas en Asia y Medio Oriente, han empleado activos virtuales para evadir sanciones, financiar operaciones ilícitas y canalizar recursos a través de plataformas no reguladas. La magnitud de estas operaciones, aunque aún incipiente en comparación con los sistemas financieros tradicionales, representa una amenaza real y creciente.

Ante este panorama, el informe formula un conjunto de recomendaciones específicas tanto para las autoridades públicas como para el sector privado. En el ámbito gubernamental, se insta a los países a:

1. Realizar evaluaciones nacionales de riesgos sobre VAs y VASPs.

2. Definir una postura clara sobre la permisibilidad o prohibición de actividades con activos virtuales.

3. Implementar la Travel Rule de forma efectiva, no solo legislativamente sino también mediante supervisión activa.

4. Establecer marcos de licenciamiento o registro que incluyan a los VASPs offshore que operan en el país.

5. Monitorear y evaluar los riesgos asociados a stablecoins, DeFi, monederos P2P y NFTs.

Para el sector privado, en particular los VASPs, se recomienda:

* Revisar y adecuar sus herramientas de cumplimiento con la Travel Rule, asegurando su interoperabilidad y eficacia.

* Fortalecer sus procedimientos de debida diligencia y monitoreo de transacciones.

* Incorporar mecanismos de gestión de riesgos específicos para nuevas tecnologías descentralizadas y activos emergentes.

* Participar activamente en procesos de cooperación con las autoridades regulatorias y en la generación de estándares técnicos compartidos.

La FATF, por su parte, continuará prestando asistencia técnica, promoviendo el intercambio de experiencias y actualizando el estado de cumplimiento de los países en 2025. También se anticipan posibles revisiones a la Recomendación 16, lo cual podría derivar en ajustes a la Travel Rule para adaptarse a nuevos modelos de pagos digitales y estándares tecnológicos como ISO 20022. El informe pone de manifiesto la existencia de una brecha preocupante entre el ritmo de innovación tecnológica en el ámbito financiero y la capacidad regulatoria global para mitigar sus riesgos. Aunque existen avances destacables en algunos países, el hecho de que tres cuartas partes de las jurisdicciones aún no cumplan plenamente con los estándares mínimos evidencia la urgencia de una acción coordinada.

Más allá de las herramientas legales, es indispensable construir una cultura de cumplimiento eficaz, respaldada por tecnología interoperable, cooperación internacional y liderazgo político. De lo contrario, el creciente ecosistema de activos virtuales corre el riesgo de convertirse en un canal privilegiado para la criminalidad transnacional y el financiamiento de actividades ilícitas. En este escenario, el fortalecimiento de los marcos normativos, la estandarización de herramientas técnicas y la mejora en las capacidades institucionales resultan esenciales para preservar la integridad del sistema financiero global y garantizar que la transformación digital ocurra dentro de los márgenes del Estado de Derecho.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL: Análisis del instructivo DINAC

La creación de este instructivo surge como respuesta a la necesidad de dotar de claridad y uniformidad al proceso de seguimiento contractual, un aspecto crítico en un entorno en el que la ejecución de obras, bienes, servicios y consultorías debe cumplir estrictamente con lo estipulado en los contratos.

La administración pública moderna exige mecanismos de control que aseguren la correcta ejecución de los contratos estatales, garantizando eficiencia, legalidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. En esa línea, la Dirección Nacional de Compras (DINAC) emitió el “Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual”, un documento normativo que establece procedimientos, responsabilidades y herramientas operativas para supervisar los contratos bajo el marco de la Ley de Compras Públicas y su reglamento.

Este artículo analiza en detalle el instructivo, su estructura, los roles que define y los retos que plantea su implementación. El propósito es ofrecer una lectura integral que permita comprender tanto los aportes como los desafíos de este instrumento para el control de las contrataciones públicas.

Contexto y fundamento normativo

El instructivo responde a la necesidad de homogeneizar criterios en el seguimiento contractual, un proceso indispensable para prevenir incumplimientos, garantizar plazos y condiciones, y activar mecanismos de resolución de controversias que resguarden el patrimonio estatal.

El documento se fundamenta en el Decreto Legislativo que dio origen a la Ley de Compras Públicas y su reglamento, y delimita con precisión las funciones de los actores responsables en la ejecución contractual: el Administrador de Contrato (AC), la Unidad de Compras Públicas (UCP), el Área Legal (AL), la Unidad Financiera Institucional (UFI) y, en el caso de obras, el Supervisor de Obra (SO). Esta clara distribución de responsabilidades es vital para un control eficaz.

Alcances y objetivos del instructivo

El Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual constituye un marco operativo detallado que busca fortalecer el control interno. Al establecer lineamientos obligatorios para el personal responsable, permite detectar incumplimientos con oportunidad, aplicar correctivos y, de ser necesario, ejecutar sanciones. Este enfoque responde al proceso de modernización de la administración pública y a la necesidad de reducir riesgos en la ejecución contractual.

El

rol central del Administrador de Contrato

El AC es la figura clave del instructivo. Entre sus responsabilidades se incluyen la supervisión del avance, la elaboración de informes periódicos, la emisión de actas de recepción y la gestión de prórrogas o modificaciones contractuales. Asimismo, administra las garantías contractuales, que constituyen un respaldo financiero y un mecanismo de cumplimiento.

La amplitud de estas funciones exige que el AC sea un profesional con formación técnica y capacidad de coordinación, capaz de articular las diferentes áreas de la institución para asegurar el estricto cumplimiento del contrato.

Gestión de garantías

El instructivo dedica un apartado detallado a la administración de garantías: anticipo, cumplimiento contractual, buena obra y buen servicio o calidad de bienes. Cada una está sujeta a parámetros específicos de porcentaje, vigencia y requisitos de ejecución.

La sistematización de este proceso —particularmente mediante el registro en el sistema COMPRASAL— fortalece la trazabilidad de la información, minimiza riesgos financieros y asegura la cobertura institucional frente a posibles incumplimientos.

Modificaciones y prórrogas contractuales

Otro aspecto clave es la regulación de cambios contractuales. Cualquier modificación debe tramitarse de forma formal y documentada, con justificación técnica y legal, y la aprobación de la autoridad competente. Este mecanismo busca garantizar la transparencia en la gestión y evitar desviaciones en el cumplimiento de los contratos.

Procesos de recepción

El instructivo establece procedimientos claros para la recepción de obras, bienes, servicios y consultorías. Incluye inspecciones, pruebas técnicas y elaboración de actas (parciales, provisionales o definitivas). La recepción marca el punto de habilitación para los pagos y, en caso de incumplimientos, activa los mecanismos de reclamación. Esta regulación fortalece la evaluación objetiva del desempeño de contratistas y consultores.

Coordinación interinstitucional

La articulación entre AC, UCP, AL, UFI y SO resulta esencial. El instructivo exige actualizar la información en tiempo real en el sistema COMPRASAL, garantizando datos precisos y disponibles para todos los responsables. Esta coordinación permite anticipar problemas y dar cumplimiento a los plazos previstos.

REDACCIÓN DYN

Retos de implementación

Aunque el instructivo representa un avance normativo significativo, su eficacia depende de factores críticos: la capacitación permanente del personal, la disponibilidad de herramientas tecnológicas y la capacidad de coordinación institucional. La densidad normativa y la multiplicidad de procedimientos requieren fortalecer competencias técnicas y sistemas digitales que respalden su aplicación práctica.

El instructivo de DINAC se configura como un instrumento normativo robusto que busca mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión contractual del Estado. Su valor radica en la definición clara de roles, la regulación de garantías, la formalidad en modificaciones y la sistematización de la recepción de bienes y servicios.

No obstante, para que su impacto sea real en la administración pública, será necesario invertir en formación, actualizar plataformas tecnológicas y promover una cultura institucional de cumplimiento. Solo así este marco operativo podrá traducirse en mejoras efectivas en la gestión de los recursos públicos.

Referencias

Decreto Legislativo N° 652, Ley de Compras Públicas.

Decreto Legislativo N° 653, Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas.

Reglamento de la Ley de Compras Públicas.

Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual,

LA LEY ANTICORRUPCIÓN: Avances normativos y desafíos en la lucha contra la corrupción

La corrupción se ha consolidado como uno de los principales obstáculos para el desarrollo democrático y económico en El Salvador, debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y reduciendo la eficacia de las políticas estatales. En respuesta a esta problemática, y en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Asamblea Legislativa aprobó en enero de 2025 la Ley Anticorrupción, una normativa de carácter especial que busca prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Su promulgación constituye un intento de modernizar el marco jurídico salvadoreño, incorporando principios rectores de integridad, transparencia y probidad, al tiempo que introduce mecanismos innovadores de control patrimonial, protección a denunciantes y coordinación interinstitucional.

La ley extiende su ámbito de aplicación no solo a funcionarios, empleados y servidores públicos de todos los órganos del Estado, sino también a particulares —personas naturales y jurídicas— que puedan estar vinculados con actos de corrupción. Con ello se reconoce que este fenómeno no se limita al aparato estatal, sino que involucra frecuentemente a actores privados en procesos de contratación, financiamiento u operaciones económicas que afectan el patrimonio público. Entre los principios que orientan su aplicación destacan la supremacía del interés público, la probidad, la imparcialidad, la transparencia, la responsabilidad y la lealtad institucional.

Tales valores no se conciben únicamente como cláusulas programáticas, sino como directrices de cumplimiento obligatorio que buscan modificar prácticas y establecer una cultura administrativa fundada en la ética pública.

Una de las características más relevantes de la nueva legislación es la obligación impuesta a los titulares de todas las instituciones públicas de implementar programas internos de prevención de la corrupción. Estos programas deben incluir la identificación de riesgos como el cohecho, el nepotismo, el

tráfico de influencias, el favoritismo o el clientelismo, así como el diseño de protocolos específicos para mitigarlos. Además, se exige establecer canales seguros de denuncia, garantizar la rendición de cuentas mediante la publicación de información clara y accesible, y promover la capacitación constante de los empleados en materia de ética e integridad. La norma, en este punto, refleja un giro hacia el modelo de cumplimiento institucional que, en el derecho comparado, ha demostrado ser una herramienta útil para prevenir malas prácticas antes de que se materialicen.

El marco institucional previsto por la ley introduce dos grandes innovaciones: la creación del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC) y del Centro Nacional Anticorrupción (CNA). El SINAC reúne a instituciones clave como la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, el Órgano Judicial, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero y otras entidades con competencias de control y fiscalización. Su propósito es articular políticas, coordinar investigaciones, promover la cooperación interinstitucional y garantizar que exista un flujo de información constante y en tiempo real entre sus miembros. De este modo, se busca evitar la fragmentación y la dispersión de esfuerzos que históricamente han limitado la eficacia en el combate a la corrupción.

Por su parte, el CNA se establece como un órgano adscrito a la Fiscalía General, con la misión de ejecutar labores de inteligencia, análisis de datos y detección de redes de corrupción. Su creación apunta a dotar de herramientas tecnológicas avanzadas al sistema anticorrupción, lo que permitirá rastrear operaciones financieras, establecer vínculos entre actores y monitorear transacciones con mayor agilidad.

Otro aspecto de gran trascendencia es la obligación que se impone a los funcionarios y empleados públicos de presentar una Declaración Jurada de Activos y Pasivos junto con su declaración anual de impuestos. Esta información, en su versión no sensible, deberá ser publicada en un portal electrónico de acceso público, lo que permitirá a la ciudadanía ejercer contraloría social sobre la evolución patrimonial de sus representantes. La medida, inspirada en prácticas de transparencia activa, constituye un avance significativo frente a la opacidad que tradicionalmente ha caracterizado la gestión pública en el país. Además, la ley prevé sanciones drásticas para quienes

REDACCIÓN

incumplan esta obligación o presenten información falsa, entre ellas la destitución inmediata del cargo y la apertura de procesos penales.

En materia procesal, la ley establece la obligación de denunciar actos de corrupción y otorga medidas de protección a denunciantes y testigos, reconociendo que sin garantías efectivas de seguridad es difícil fomentar la participación ciudadana en el combate a estas conductas. Asimismo, declara la imprescriptibilidad de delitos como peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o soborno transnacional, lo que significa que podrán ser perseguidos penalmente sin limitaciones temporales, eliminando una de las causas frecuentes de impunidad en casos de gran impacto económico o político.

El análisis académico de esta ley permite identificar importantes fortalezas. En primer lugar, se alinea con estándares internacionales y responde a compromisos asumidos por el Estado salvadoreño en materia de integridad pública. En segundo término, introduce un enfoque integral que combina prevención, detección y sanción, procurando no solo castigar la corrupción una vez ocurrida, sino también establecer mecanismos que dificulten su gestación. En tercer lugar, la transparencia patrimonial, al obligar a publicar declaraciones de activos y pasivos, fortalece la rendición de cuentas y ofrece a la ciudadanía una herramienta de control directo. Finalmente, la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción constituye una medida contundente contra la impunidad.

Sin embargo, también surgen desafíos que deberán enfrentarse para garantizar la efectividad de la norma. La creación del

SINAC y del CNA implica un esfuerzo organizativo y tecnológico de gran envergadura, que exigirá inversiones sostenidas en interoperabilidad de sistemas, capacitación en auditoría forense y análisis de datos, así como robustas medidas de ciberseguridad. Igualmente, la coordinación entre múltiples instituciones públicas puede generar tensiones o solapamientos de competencias, lo que requerirá liderazgo claro y protocolos de actuación bien definidos. Otro reto se relaciona con la disponibilidad de recursos financieros; aunque la ley contempla presupuestos específicos, su éxito dependerá de la asignación real y suficiente de fondos en el mediano y largo plazo. Finalmente, la efectividad de la ley estará condicionada por el grado de confianza que logre generar en la ciudadanía: si las instituciones no actúan con independencia y rigor, el marco normativo podría percibirse como meramente declarativo.

En conclusión, la Ley Anticorrupción de 2025 representa un avance significativo en la construcción de un marco legal moderno para enfrentar la corrupción en El Salvador. Sus aportes normativos, institucionales y procesales la convierten en una herramienta ambiciosa que, bien implementada, podría contribuir a consolidar una cultura de integridad y rendición de cuentas. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad de las instituciones para superar limitaciones técnicas y administrativas, así como de la voluntad sostenida de aplicar sus disposiciones sin excepciones. De materializarse estos elementos, la ley podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y sentar bases sólidas para fortalecer el Estado de derecho y la democracia en el país.

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