Revista DyN 161

ISSN: 2075-6631

EDITION #161

MÓNICA MOLINA EL NUEVO LIDERAZGO JURÍDICO

DERECHO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN 2|DERECHO Y NEGOCIOS

ESPECIAL DERECHO Y NEGOCIOS|3

ESPECIAL

CONTENIDO 8 Construcción consolida su

liderazgo en la economía: proyecciones 2026 anticipan un nuevo salto de inversión.

Redacción DyN

10 Importancia de la

preservación del flujo en los contratos de construcción.

Ana Marcela García

12 La protección de datos y el

régimen de condominio en El Salvador.

Roberto H. Valencia

14 Contratos FIDIC: nueva realidad en obra público César Rolando García

liderazgo jurídico en El Salvador.

Redacción DyN

23 “Las mujeres podemos construir, liderar y transformar sin perder nuestra esencia”.

Redacción DyN

26 Las sociedades de economía

34 Inversionistas globales

colocan a américa latina en el centro del mercado de fusiones y adquisiciones, según informe de KPMG.

Redacción DyN

36 Fondos Proyecta Life y 5Plus: la apuesta de AFP CONFIA para cerrar el año con metas financieras claras.

Redacción DyN

mixta y el desarrollo social.

Carlos Humberto Chinchilla

28 Certificación antisoborno

EDITION #161

y gestión pública: obligación legal e integridad institucional.

Jaime Rodriguez

18 El auge del sector inmobiliario en El Salvador: un momento decisivo para la profesión.

Douglas Suriano

30 Más allá del firewall:

ciberseguridad y responsabilidad corporativa salvadoreña.

Natalia Araceli Vásquez

32 Nuevas reglas para el

notariado: digitalización plena de libros y servicios.

ISSN: 2075-6631

construcción: un cambio de paradigma necesario para la eficiencia y la competitividad.

@RevistaDyN

21 El rostro femenino del nuevo

Jasmin Arteaga

16 Prevención jurídica en la

www.derechoynegocios.net

DERECHO Y NEGOCIOS|5

MÓNICA MOLINA EL NUEVO LIDERAZGO JURÍDICO

Redacción DyN

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Derecho y Negocios

Edición #161 ISSSN: 2075 - 6631 Calle el Mirador, Pje. Domingo Santos #600-31 Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

Prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización.

CARTA DEL

PRESIDENTE Estimados lectores: Cada edición de Derecho y Negocios busca reflejar los temas que están moldeando el presente y el futuro del entorno jurídico y empresarial salvadoreño. La Edición 161, con la que cerramos este 2025, no es la excepción: en sus páginas convergen el talento, la visión y la diversidad que caracterizan a una nueva generación de líderes.

Nuestra portada está dedicada a Mónica Molina, Socia fundadora en Hominid Abogados, una firma en sólido crecimiento cuya filosofía institucional impulsa el desarrollo profesional de las mujeres. La trayectoria y pensamiento de Mónica representan la fuerza del liderazgo femenino en las firmas legales contemporáneas. Su historia es también la historia de muchas mujeres que, con profesionalismo, inteligencia y carácter, están transformando espacios donde antes predominaba una sola voz.

El liderazgo femenino en el Derecho no es solo una tendencia, sino una evolución necesaria. Desde la perspectiva de Derecho y Negocios, también es una oportunidad para abrir conversaciones sobre inclusión, talento y sostenibilidad dentro de los grandes despachos y corporaciones.

Esta edición aborda, además, el sector inmobiliario y de la construcción, uno de los motores más dinámicos de la economía salvadoreña, con proyecciones que superan los 8 mil millones de dólares para 2026. Las transformaciones urbanas, la diversificación de proyectos habitacionales y el surgimiento de nuevos modelos de inversión legal y financiera invitan a reflexionar sobre cómo el Derecho acompaña —y debe anticipar— estos cambios. Un sector tan dinámico demanda el mismo ritmo en el acompañamiento legal y corporativo; los despachos con mayor visión han dado pasos agigantados, aun cuando los retos siguen siendo diversos.

Con esta edición cerramos un 2025 que, para nosotros como revista, ha estado lleno de grandes satisfacciones y avances. Realizamos la II Edición del certamen de Empresas de Impacto y Líderes Tech; continuamos con la IV edición de “Las y Los 45 de 45” y desarrollamos la II edición de “45 de 45 Región”, en alianza con The Lawyer Magazine.

Y como cierre, celebramos con éxito nuestra 16ª Gala Anual de Premios DYN. Para 2026 volveremos con todos nuestros eventos, con nuevos rostros, nuevas ideas e innovaciones que mantendrán vivo nuestro compromiso con la excelencia.

Les deseo una feliz Navidad y un próspero Año 2026.

PRESIDENTE

Manuel Carranza

Atentamente,

manuelcarranza@derechoynegocios.net

VICEPRESIDENTE

Lisandro Campos

lisandrocampos@derechoynegocios.net

GERENCIA

Linda Alarcón

gerencia@derechoynegocios.net

CONTENIDOS

Equipo DyN DISEÑO EDITORIAL

Enrique Alexander Morán arte@derechoynegocios.net

ManuelCarranza PRESIDENTE

ORGANIZA ORGANIZA

PRIMER CONGRESO DE DERECHO PÚBLICO salvadoreño

CUPOS LIMITADOS

INVITADO INTERNACIONAL

¡Inscribite ahora! ¡Inscribite ahora!

DR. JAIME RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ

PRESIDENTE DEL FIDA

DE

(503)7201-5260 APOYO INSTITUCIONAL

expositores expertos

RECONOCIDOS

del Derecho Público reunidos el mismo día

75

00

POR PERSONA

Incluye Kit de bienvenida Almuerzo

Fecha

FEBRERO

Inversión

06

ASAEDA

Lugar y Hora HOTEL HILTON 20 26

08:00 A 17:00

EJES TEMÁTICOS: • SECTOR ENERGÍA • CONSTRUCCIÓN • SERVICIOS PÚBLICOS • MUNICIPAL • TRIBUTARIO • ADUANAL • COMPRAS PÚBLICAS • TECNOLOGÍA • CONSUMO • REGISTROS • SALUD/FARMACÉUTICA • SECTOR FINANCIERO

PATROCINADORES

Administradora de Fondos de Pensiones

Administrative Law Center, S.A de C.V.

DERECHO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN 8|DERECHO Y NEGOCIOS

CONSTRUCCIÓN

CONSOLIDA SU LIDERAZGO EN

LA ECONOMÍA: proyecciones 2026 anticipan un nuevo salto de inversión

U

na palada más, una primera piedra más, un anuncio más… El calendario de inauguraciones de proyectos inmobiliarios en El Salvador parece avanzar al ritmo de las grúas que dibujan nuevas siluetas en el paisaje del país. Ahora es habitual el anuncio de un nuevo complejo de apartamentos, una torre de uso mixto, un centro logístico o un edificio corporativo. Lo que hace apenas unos años parecía un ciclo coyuntural hoy luce como un patrón estructural: el país está en una etapa de expansión sostenida del sector construcción, y todo indica que 2026 será un año aún más decisivo.

Este boom no solo transforma la fisonomía urbana. La construcción se ha convertido en el principal motor económico del país, y las proyecciones reafirman su peso estratégico. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) anticipa que la inversión liberada, es decir, proyectos autorizados y en proceso, superará los US$5,000 millones al cierre de 2025, y sobrepasará los US$8,000 millones en 2026, únicamente dentro del AMSS. En paralelo, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) estima que la inversión total (pública y privada) “movilizada” en 2025 oscilará entre US$2,800 millones y US$3,000 millones, el mayor registro en la historia reciente del país. Con este piso, las proyecciones para 2026 apuntan a un nuevo salto que consolidará el protagonismo del sector en la actividad económica nacional.

Un 2026 que empieza con cifras récord Detrás de las cifras se encuentra un contexto de confianza, facilitación regulatoria y dinamismo empresarial que ha permitido reactivar proyectos detenidos, acelerar la aprobación de nuevos desarrollos y atraer más inversión privada, incluyendo la proveniente de salvadoreños en el exterior.

El director ejecutivo de OPAMSS, Luis Rodríguez, explica que la institución está administrando más de 480 proyectos activos solo en el

ESPECIAL DERECHO Y NEGOCIOS|9

AMSS, con una tendencia marcada hacia desarrollos habitacionales verticales, proyectos de uso mixto, centros logísticos y complejos comerciales, además de una gradual expansión de iniciativas industriales.

Mayor cantidad de torres residenciales entre 10 y 20 niveles.

“Hemos venido liberando proyectos a un ritmo que el AMSS no había visto en décadas. Solo entre 2024 y 2025 la cifra ronda los US$4,000 millones aprobados, y para 2026 esperamos superar los US$8,000 millones. Esto refleja confianza, pero también un sistema de permisos más ágil y más técnico”, asegura Rodríguez.

Polo logístico-industrial emergente rumbo a Nejapa y Apopa.

El funcionario destaca que OPAMSS ha reducido de forma significativa cuellos de botella históricos relacionados con revisiones duplicadas, procesos que se extendían meses e incluso años, y criterios no uniformes.

“La burocracia podía encarecer un proyecto hasta en un 15 %. Hoy estamos dando certeza y velocidad. Cuando los proyectos avanzan, el empleo se multiplica, los proveedores se activan y la economía se mueve”, afirma.

Entre los principales ejes de crecimiento para 2026 están los proyectos de vivienda vertical en San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla y Nuevo Cuscatlán, además de nuevos polos de desarrollo en Nejapa, Apopa y Soyapango enfocados en logística, industria ligera y centros de distribución.

CASALCO: el sector desaceleración

no

muestra

señales

de

En la trinchera del sector privado, CASALCO observa una tendencia similar. El presidente de la gremial, José Velázquez, explica que 2025 ya cerrará como un año histórico para la industria, con niveles de inversión nunca alcanzados y un crecimiento que duplica al promedio latinoamericano.

Según la gremial, la construcción ha crecido entre 25 % y 30 % impulsada por: Inversión privada en vivienda y proyectos verticales.

Obras públicas estratégicas (Aeropuerto del Pacífico, ampliación de Acajutla, carreteras).

Incremento del financiamiento bancario para desarrollos inmobiliarios.

Inversión de la diáspora en vivienda y locales comerciales.

Seguridad jurídica y mayor confianza en el ciclo económico.

“Estamos viviendo un dinamismo que no es coyuntural. Hay un pipeline robusto de proyectos que se extenderán no solo en 2026, sino hasta 2027 y 2028. El país está entrando en una nueva etapa de construcción moderna”, ha explicado Velázquez en medios de comunicación.

CASALCO calcula que el sector genera más de 160,000 empleos directos e indirectos, posicionándose como uno de los mayores generadores de trabajo en la economía salvadoreña. Cada torre, cada edificio, cada complejo mueve decenas de cadenas de valor: cemento, acero, vidrio, tubería, carpintería, diseño, ingeniería, transporte y servicios técnicos especializados.

Sobre las expectativas para 2026, Velázquez es claro: “No vemos señales de desaceleración. Por el contrario, vienen años fuertes.

Aún no hemos visto el impacto completo de los proyectos estratégicos del Estado, ni de los grandes desarrollos privados en altura. 2026 será un año clave para consolidar esta tendencia”.

Transformación urbana: más que metros cuadrados La expansión del sector no solo se trata de inversión. Está generando una reconfiguración territorial profunda, especialmente en el AMSS, donde la presión por la tierra está acelerando la verticalidad y los usos mixtos.

Las nuevas dinámicas incluyen:

Aparición de “microciudades” que integran vivienda, comercio y oficinas.

Reconversión de zonas subutilizadas en corredores comerciales dinámicos.

Creciente demanda por vivienda para profesionales jóvenes y familias de clase media.

Luis Rodríguez enfatiza que el reto para 2026 no es solamente aprobar proyectos, sino aprobar buenos proyectos: “Debemos asegurarnos de que la ciudad crezca mejor. Eso implica cuidar mantos acuíferos, respetar zonas de riesgo, promover diseños sostenibles y ordenar la relación entre vivienda, movilidad y servicios”.

El Salvador en construcción: un motor para la economía El boom de la construcción tiene un impacto macroeconómico directo. El Banco Central de Reserva ha confirmado que el sector es uno de los principales aportantes al crecimiento del PIB, con tasas que rondan entre 4 % y 5 % para 2025 y perspectivas similares para 2026.

El efecto multiplicador es significativo: Más empleo: desde operarios hasta ingenieros.

Más inversión: nacional, extranjera y de la diáspora.

Más consumo: especialmente en zonas donde se construyen torres y complejos.

Más recaudación: en permisos, tasas municipales y actividad comercial colateral.

Más dinamismo bancario: créditos hipotecarios, créditos de construcción y financiamiento corporativo.

La construcción, además, impulsa sectores como minas y canteras, energía, agua, transporte y servicios financieros.

Retos: un boom que exige sostenibilidad Aunque las cifras son alentadoras, tanto OPAMSS como CASALCO reconocen que el fortalecimiento del sector requiere atender desafíos estructurales: 1. Mano de obra calificada insuficiente La demanda por técnicos especializados supera la oferta disponible. El país necesitará reforzar programas de formación.

2. Costos de insumos sensibles a mercados globales Acero, cemento y combustibles están expuestos a fluctuaciones internacionales.

3. Infraestructura urbana exigida por nuevos desarrollos Movilidad, agua potable y drenajes deben acompañar el crecimiento.

4. Continuidad en la seguridad jurídica y agilización de permisos Sobre este último punto, la empresa privada considera han sido clave para atraer inversión; revertirlas sería riesgoso. “Cada día de trámite cuenta. Cada retraso encarece, desincentiva y pone en riesgo la inversión. La coordinación público-privada tiene que mantenerse firme” resume Velázquez.

El 2026 no será simplemente otro año con buenas cifras. Será el momento donde los proyectos anunciados comenzarán a consolidarse en forma de nuevos barrios, torres, corredores logísticos y espacios de trabajo, la consolidación del sector como motor económico y como pilar de transformación urbana.

DERECHO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN 10|DERECHO Y NEGOCIOS

Importancia de la preservación del FLUJO

EN LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN proyecto, en la forma prevista al momento de contratar. Desatender esa proyección o variarla sin el sustento contractual debido, pone en serio peligro la ejecución normal de las actividades, que también, como en adelante analizaremos, puede acarrear consecuencias en el plazo de terminación, el precio contractual y la calidad de las obras.

Ana Marcela García FIDIC CERTIFIED CONTRACT MANAGER

A

segurar el flujo financiero en las obras lo es todo. No es secreto para nadie que las grandes obras de infraestructura requieren de un financiamiento importante y que los costos de asumir un reto así también son significativos. Y es que esto es algo que no puede ignorarse, toda vez que siempre se ha reconocido que la industria de la construcción es una de efecto multiplicador respecto de otras: muchos empleos dependen de los pagos efectuados al Contratista, es decir: aquellos directos e indirectos generados por un determinado proyecto. De ahí que resulta imperante que los pagos se mantengan constantes a lo largo de la ejecución contractual.

El flujo financiero en los contratos de construcción ha sido descrito por varios expertos en el derecho de la construcción como la “línea de vida” de estos contratos.

Esta es una caracterización importante, en tanto y en cuanto la preservación del flujo en las obras permite que las mismas subsistan, y garantizan la disponibilidad de los recursos para que los Contratistas lo inviertan en las diversas necesidades del

Muy ligado a este análisis se encuentra la actividad del Contratante, ya sea público o privado. Como todo acuerdo de voluntades, el contrato suscrito entre las Partes determinará la forma de pago del precio contractual, mismo que deberá respetarse del lado del Propietario de quien depende no sólo erogar los fondos, sino también medir el avance de los trabajos. Esta medición del avance debe realizarse conforme a los parámetros de la forma de pago y los alcances previstos en el contrato.

Lo anteriormente expuesto es destacable, puesto que, en muchas ocasiones, encontramos que los Propietarios reconocen un avance inferior al real, basándose en un método de medición del mismo que no corresponde a la forma de pago pactada. Por ejemplo, desafortunadamente, es usual que los proyectos cuyo precio se pagará como una suma alzada, muchas veces se les mensure como uno de precios unitarios, reconociendo un valor de los trabajos distinto al realmente ejecutado; y, en consecuencia, afectando la caja del Contratista.

Las buenas prácticas indican que las Partes, desde el enfoque colaborativo, deben advertir a la otra cuando el flujo del efectivo se verá comprometido. Así, por ejemplo, en los modelos de Contratos de la FIDIC (Federación Internacional de Ingenieros Consultores) el Contratante debe notificar al Contratista, con anticipación, cuando pretenda realizar un cambio respecto de su fuente de financiamiento. De igual forma, el Contratista debe emitir una Alerta

Temprana cuando considere que alguna circunstancia dentro de la ejecución contractual pueda poner en riesgo el flujo.

El enfoque colaborativo, pone el proyecto al centro, asegurando que todos los esfuerzos de las Partes se enfoquen en que las obras se completen en la manera en que estas lo acordaron. En ese sentido, si las Partes advierten que el flujo se encuentra en riesgo, deben tomar medidas que procuren que los mencionados riesgos estén siendo asumidos por la Parte que mejor puede soportarlos. De ahí que si existe una amenaza de que la liquidez se verá recortada parcial o totalmente, debe tomarse con la seriedad debida y no considerarse como una manera de aprovechamiento ó una petición infundada del Contratista.

Recordemos que, sin dinero, las constructoras se ven obligadas a ralentizar la ejecución de sus actividades, que deriva en solicitudes de prórroga, los costos se elevan por la mayor permanencia en las obras, y la calidad de las mismas puede incluso verse expuesta a modificaciones a la baja, por una causa que, evidentemente no le es imputable: el pago es un riesgo del Cliente. De otra forma, el Propietario se enriquecería indebidamente a costa del Contratista.

En El Salvador, en proyectos de obra pública, el aseguramiento del flujo está íntimamente relacionado con el principio del equilibrio económico, que reconoce este derecho para ambas Partes; y, aún más importante, mandata a la Administración Pública a “evitar, para ambas partes, una afectación patrimonial” y que también le obliga a tomar las medidas necesarias para su debido restablecimiento. Este principio es transversal a toda la ejecución contractual por lo que su aplicación es ineludible.

Preservar el flujo en las obras, especialmente en aquellas que se encuentran en etapa de ejecución, no es una tarea exclusiva

ESPECIAL DERECHO Y NEGOCIOS|11

del Contratante, sino también de las personas que intervienen al nivel de la resolución de controversias, de tal manera que si el Contratista considera que el Propietario, de manera injustificada, le ha impedido el acceso a los pagos en la forma prevista al momento de contratar y este acude a una instancia distinta para recibir una solución, esta debe otorgársele para evitar que se consumen consecuencias mayores para el proyecto.

En esa línea, tanto los Dispute Boards ó Comisiones para la Resolución de Controversias, los tribunales arbitrales y los tribunales civiles y mercantiles y contencioso administrativos también están llamados a adoptar las medidas necesarias que procuren restablecer las asimetrías generadas y profundizadas por la falta de pago. Todas estas instancias no deben temer ante peticiones de medidas cautelares mediante las cuales los Contratistas soliciten o bien que se les pague lo debido o bien que, en los casos en que la iliquidez ha conllevado a una terminación anticipada, que los Contratantes se abstengan de cobrar cualquier multa derivada del supuesto incumplimiento del plazo que, en esas circunstancias, en definitiva, sería no imputable al Contratista.

Finalmente, es importante resaltar que la preservación del flujo es una obligación contractual que no sólo se concentra en los pagos durante la ejecución contractual, sino también una que inicia desde el desembolso del anticipo. Cada contrato establecerá los requisitos y momento para que estos fondos se eroguen, pero los Propietarios no pueden perder de vista que ese es un capital importante y que su desembolso a tiempo condiciona el desenvolvimiento de las actividades, por lo que no es admisible, bajo ningún punto de vista, que el anticipo se pague con meses de retraso y que aún así se le exija al Contratista cumplir con el contrato como si se hubiese desembolsado a tiempo.

El Salvador atraviesa un momento de auge para la industria de la construcción, por lo que los contratantes deben asegurarse de generar los incentivos adecuados para motivar la inversión local y extranjera en ese rubro. En la medida en que los Contratistas

perciban que su flujo será ininterrumpido y que se les pagará de acuerdo al marco contractual, la inversión llegará. Si, por el contrario, el mercado tiene una sensación de poca predictibilidad y considera que el riesgo de invertir y de que dicha inversión se amortice sin el beneficio esperado ó en un tiempo distinto al previsto, los Contratantes habrán fallado al mercado; y, sobretodo, a la sociedad salvadoreña, al potencialmente privarles de infraestructura necesaria para su desarrollo. La respuesta y solución siempre estará en la cancha de las Partes: poner el proyecto al centro de las decisiones para asegurar que los pagos se realicen de manera oportuna y completa.

El flujo f inanciero en los contratos de construcción ha sido descrito por varios expertos en el derecho de la construcción como la “línea de vida” de estos contratos.

Esta es una caracterización importante, en tanto y en cuanto la preservación del flujo en las obras permite que las mismas subsistan”.

DERECHO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN 12|DERECHO Y NEGOCIOS

LA PROTECCIÓN DE DATOS y EL RÉGIMEN

de condominio en El Salvador Con la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP), El Salvador se alinea con tendencias regionales e internacionales que reconocen la protección de datos como un derecho fundamental. Por lo tanto, el cumplimiento de esta normativa no es opcional: implica obligaciones concretas, posibles sanciones económicas y responsabilidades tanto para los administradores como para las Juntas Directivas.

Roberto H. Valencia SOCIO DIRECTOR HOMINID ABOGADOS.

E

l crecimiento acelerado de proyectos habitacionales, logísticos, comerciales y de oficinas bajo Régimen de Propiedad en Condominio en El Salvador, particularmente en zonas urbanas y costeras, ha transformado de forma significativa la dinámica de convivencia y la gestión administrativa de estas comunidades. Los condominios ya no son únicamente espacios residenciales: muchos se han convertido en complejos multifuncionales que integran áreas comunes inteligentes, sistemas de seguridad avanzados y plataformas digitales de control de acceso, pagos y comunicación.

En este nuevo entorno, la gestión de información personal se ha vuelto una función central de las juntas directivas y administraciones. Bases de datos de residentes, registros de visitantes, grabaciones de videovigilancia y comunicaciones digitales forman parte del día a día de la vida condominal.

Sin embargo, esta gestión implica responsabilidades legales que antes no estaban claramente reguladas.

El objetivo de este artículo es analizar el marco normativo y los principales desafíos prácticos que enfrentan las Juntas Directivas y administradores de condominios salvadoreños en el tratamiento de datos personales, así como brindar recomendaciones para implementar sistemas de cumplimiento efectivos.

Marco normativo de protección de datos en El Salvador La LPDP establece un conjunto de principios rectores que deben observarse en todo tratamiento de datos personales: consentimiento, finalidad, proporcionalidad, seguridad y confidencialidad.

Estos principios orientan la manera en que debe recabarse, almacenarse, transmitirse y eliminarse la información personal, garantizando el respeto a los derechos de los titulares.

Además, la ley reconoce los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), que permiten a los ciudadanos ejercer control sobre sus datos.

Para supervisar el cumplimiento, se crea la Agencia de Protección de Datos Personales, con facultades de fiscalización, imposición de medidas correctivas y sanciones económicas.

Las infracciones a la LPDP se clasifican en leves, graves y muy graves.

Entre las infracciones leves se encuentran no informar correctamente al titular sobre el uso de sus datos o no actualizarlos cuando este lo solicita. Estas conductas

pueden ser sancionadas con multas de 4 a 40 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios.

Las infracciones graves, como no adoptar medidas de seguridad adecuadas o no atender los derechos ARCO, pueden generar multas de 41 a 400 salarios mínimos.

Las muy graves, como la transferencia no autorizada de datos sensibles o el tratamiento ilícito con fines de lucro, pueden alcanzar 500 salarios mínimos.

La Agencia puede además imponer medidas correctivas, ordenar la suspensión de tratamientos o incluso hacer pública la sanción, afectando la reputación de la entidad infractora.

Tratamiento de datos Régimen de Condominio

en

el

En la práctica, los condominios manejan un volumen importante de información personal, que incluye: Datos de identificación de propietarios y residentes.

Registros de visitantes y vehículos.

Grabaciones de cámaras videovigilancia (CCTV).

de

Bases de datos sobre cuotas de mantenimiento, morosidad, correos electrónicos y teléfonos.

En este contexto, la Junta Directiva o el Consejo de Administración, así como la Administración del condominio, son considerados responsables del tratamiento de datos. Por otro lado, proveedores como empresas de seguridad, mantenimiento o plataformas digitales actúan como encargados del tratamiento, obligados a cumplir instrucciones contractuales y legales sobre confidencialidad y seguridad.

Un aspecto relevante es que las prácticas comunes en muchos condominios suelen vulnerar la LPDP, muchas veces por desconocimiento. Por ejemplo: La creación de grupos de WhatsApp con todos los números personales de

ESPECIAL DERECHO Y NEGOCIOS|13

residentes, sin consentimiento previo, expone información privada a terceros.

La publicación de listas de morosos en áreas comunes o cadenas de correos electrónicos puede constituir una infracción grave si no se limita la finalidad ni se obtiene autorización.

En algunos casos, ante conflictos internos, se difunden videos, fotografías o cartas de reclamo que identifican a personas, lo cual puede derivar en sanciones tanto para la administración como para la Junta Directiva, por ser corresponsables.

Principales obligaciones prácticas para condominios Para cumplir con la LPDP, las Juntas Directivas y administraciones deben implementar un conjunto de medidas básicas:

se recomienda: Elaborar una política de protección de datos personalizada, adaptada a la realidad del condominio, que establezca procedimientos claros para recolección, almacenamiento y uso de datos.

Capacitar a miembros de la Junta Directiva y personal administrativo sobre obligaciones legales y buenas prácticas.

Establecer mecanismos para notificar y gestionar brechas de seguridad de manera oportuna.

Formalizar relaciones con encargados mediante contratos que incluyan cláusulas específicas de confidencialidad, seguridad y responsabilidad.

Colocar avisos de privacidad claros y visibles en ingresos, casetas de seguridad y áreas comunes.

Actualizar periódicamente los procedimientos incorporando cambios legales y tecnológicos.

Obtener consentimiento informado de residentes y visitantes para el tratamiento de sus datos, especialmente en videovigilancia y plataformas digitales.

Evitar prácticas informales, como listas públicas de morosos, que puedan derivar en conflictos legales.

Desarrollar políticas internas de seguridad de la información, restringiendo el acceso a bases de datos únicamente a personal autorizado.

Incluir cláusulas de protección de datos en los contratos con proveedores de servicios.

Implementar protocolos para atender derechos ARCO de los titulares.

Regular de forma clara la videovigilancia, especificando ubicación de cámaras, finalidad, plazos de conservación y responsables.

Estas medidas no requieren inversiones desproporcionadas; muchas pueden adoptarse con asesoría jurídica adecuada y capacitación básica.

Recomendaciones prácticas y retos futuros

internos,

De cara al futuro, la creciente digitalización de condominios —con uso de apps de control de acceso, inteligencia artificial en cámaras y plataformas de cobro en línea— implicará mayores exigencias técnicas y jurídicas. Quienes implementen sistemas sólidos desde ahora estarán mejor preparados para evitar sanciones y fortalecer la confianza de los condóminos.

La gestión de datos personales en condominios ya no es un asunto secundario: es una obligación legal y estratégica.

Cumplir con la LPDP no solo evita multas y sanciones, sino que mejora la convivencia, fortalece la seguridad jurídica y genera confianza entre vecinos y proveedores.Las Juntas Directivas y administradores deben asumir un rol activo, establecer políticas claras y, en caso necesario, buscar asesoría jurídica especializada para adaptar sus prácticas a la ley. Un condominio que protege adecuadamente los datos personales de su comunidad no solo cumple con la normativa, sino que también se posiciona como un modelo de gestión moderna, responsable y transparente.

Para fortalecer el cumplimiento de la LPDP en los condominios,

La gestión de datos personales en condominios ya no es un asunto secundario: es una obligación legal y estratégica. Cumplir con la LPDP no solo evita multas y sanciones, sino que mejora la convivencia, fortalece la seguridad jurídica y genera conf ianza entre vecinos y proveedores”.

DERECHO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN 14|DERECHO Y NEGOCIOS

CONTRATOS FIDIC:

Nueva realidad en obra pública

H

César Rolando García SOCIO EN GARCIA RIVASLAW | COUNTRY REPRESENTATIVE DE LA DRBF.

ace unas semanas el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentaron los proyectos de cooperación en infraestructura en El Salvador para el corto y el mediano plazo; y, como denominador común encontramos la implementación de los modelos de contratos de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC).

el contratista notifica que determinado evento le causó demora y que “reclama” ser compensado con una prórroga.

Ante ello, la pregunta que se impone, es la siguiente: ¿estamos preparados cómo país para implementarlos y ser protagonistas de su filosofía colaborativa?. Al respecto, recordemos que venimos de trabajar con reglas de la extinta Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y ahora bajo la Ley de Compras Públicas (LCP), ésta que si bien incluye conceptos novedosos respecto de la anterior ley y acordes a las buenas prácticas, no ha logrado permear en la práctica de los operadores, volviendo rígida la aplicación de los contratos estatales ante las asimetrías de los riesgos y la falta de reconocimiento y pago de los eventos compensables.

Este comentario, no ha perdido vigencia y de ahí que valga la pena dedicar unas líneas a los administradores de contratos, asesores legales y a las unidades de compras públicas.

De su lado, la banca multilateral, propone un contrato colaborativo, con una distribución de riesgos equilibrada trasladándolos a quién mejor los puede gestionar, con la posibilidad de ajustar el precio del contrato por alza de los principales productos a través de fórmulas polinómicas presentes durante todo el ciclo contractual y con la incorporación de un mecanismo escalonado de resolución de conflictos, que permite que los mismos sean resueltos de manera simultánea a la ejecución sin que se detengan las obras; y, con una definición de plazos para la Notificación de los eventos que podrían tener un impacto en el precio y plazo del contrato.

LA expresion “reclamo” en FIDIC Y aquí es importante, valga decir, que ni una ni otra parte se molesta porque alguna ejerza un derecho a través de un “Reclamo”, término propio de FIDIC que no equivale a controversia o conflicto, sino que a través del reclamo -por ejemplo-

Y esto trae a mi memoria una conversación que sostuve hace años con un Gerente Legal, quien me comentó se pensaba legislar para que se aplicaran los contratos FIDIC, circunstancia con la que no estaba de acuerdo porque “sólo atendiendo reclamos iba a pasar”.

A saber: es necesario comprender qué es un contrato FIDIC, cómo se gestiona y cómo puede convertirse -de manera colaborativa- en un instrumento de gestión contractual, a efecto de que la obra se realice dentro del plazo y precio convenidos o de los que corresponda de acuerdo al devenir de las circunstancias.

Esto último es importante ya que si se requiere más plazo justificadamente, deberá otorgarse y si ese plazo genera costos por permanencia adicional no imputable al contratista, deberá pagársele o si el contrato requiere de obras adicionales no consideradas en el diseño, también.

Cambio de paradigma Y es que administrar un contrato FIDIC requiere de un cambio de paradigma, pasando de la confrontación, a la colaboración; de la consumación de hechos irreversibles, a las alertas tempranas; de la negación a reconocer que me equivoqué, a aceptar la decisión de un tercero que resolvió una controversia; del desequilibrio de los riesgos contractuales, a su equilibrio; y, todo ello, con el propósito de poner el contrato y las obras al centro del interés de las partes, pues finalmente lo que se persigue es la satisfacción de un interés público.

Este cambio requiere de una capacitación inicial y permanente en contratos FIDIC, según el tipo de Libro a utilizar (Rojo, Amarillo o Plata), pues sólo de esta manera puede comprenderse la filosofía

ESPECIAL DERECHO Y NEGOCIOS|15

y el alcance de los mismos, capacitación que no se limita a las principales unidades de la entidad sino que también a la Supervisión y a los Contratistas, a efecto de que todos, todos, antes de iniciar el Contrato, se encuentren en la misma página y así evitar asimetrías en el dominio de FIDIC, pues esto puede generar o abusos de una parte en el ejercicio de su derecho a reclamar o incomprensiones y/o hasta absurdos en la preparación de las Bases de Licitación generando cláusulas patológicas y/o en la administración contractual por cualquiera de las Partes.

Y lamentablemente, a día de hoy, esto es usual; y, de ahí, que en nuestra práctica recomendamos dicha capacitación con expertos forjados en FIDIC y en Dispute Boards, éste que es el mecanismo preventivo y de resolución de las controversias.

Casos de éxito En El Salvador, en la historia reciente, los modelos de contratos estandarizados FIDIC fueron exitosamente utilizados por la Millennium Challenge Corporation (MCC) a finales de los años noventa, para ejecutar el primer donativo con el cual se construyó la Carretera Longitudinal del Norte y otras obras educativas (FOMILENIO I), época en la cual se ejecutaron al menos siete contratos de infraestructura vial, todos con sus imprevistos y particularidades pero con obras terminadas y en las que se utilizó como método de solución de disputas lo que ahora conocemos como Dispute Board, cuyas decisiones de pagos o de plazo adicionales o de denegatoria de los mismos, con excepción de una, fueron acatadas por las partes.

Luego, con el segundo donativo, la MCC a través de FOMILENIO II nuevamente utilizó los contratos FIDIC, en esta ocasión en obras de diferente naturaleza; y, el resultado fue el mismo: obras terminadas e interés público satisfecho, dentro del plazo del respectivo convenio.

Y que decir del By Pass de San Miguel, en donde la cooperación japonesa (JICA), convencida de que la utilización de los contratos FIDIC garantiza la terminación de las obras utilizó los mismos, con un ejemplar comportamiento de todas las Partes.

Actualmente, está por finalizarse una infraestructura hospitalaria bajo el Libro Amarillo, por iniciarse otra, bajo el Libro Rojo; y, posiblemente, una bajo el Libro Plata.

La empatia contractual Como puede apreciarse, en El Salvador existe experiencia -aun imperfecta- en el uso de contratos FIDIC y de su mecanismo de solución de controversias. Sin embargo, como expresamos

al inicio, por un lado, falta permear a todos los niveles de la administración pública sobre la necesidad y la conveniencia de migrar a estos contratos y a no temerles, pues de otra forma no se hubiera construido la Ampliación del Canal de Panamá ni Perú estaría desarrollando obras por miles de millones de dólares bajos estos modelos incluyendo el “Emerald Book”, el libro dedicado a la realización de túneles. Asimismo, Guatemala ha iniciado la construcción de un importante edificio bajo el Libro Rojo y Honduras y Costa Rica utilizan con frecuencia estos contratos estandarizados colaborativos.

Y por otro lado, es importante, que siendo seres humanos quienes administramos los contratos, nos despojemos de estereotipos y veamos a la contraparte como colaboradora para el logro de un fin común; y, que además practiquemos la empatía contractual, toda vez que si no logramos ponernos en la posición del otro, el sesgo personal y profesional puede hacer que los contratos FIDIC no logren su cometido.

Administrar un contrato FIDIC requiere de un cambio de paradigma, pasando de la conf rontación a la colaboración; de la consumación de hechos irreversibles a las alertas tempranas; del desequilibrio de los riesgos contractuales a su equilibrio, poniendo el contrato y las obras al centro del interés de las partes".

DERECHO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN 16|DERECHO Y NEGOCIOS

PREVENCIÓN JURÍDICA EN LA CONSTRUCCIÓN:

un cambio de paradigma necesario para la eficiencia y la competitividad

L Jaime Rodríguez MANAGING PARTNER LEX LITIS LATAM.

a industria de la construcción se ha consolidado como uno de los sectores con mayor recurrencia de conflictos. La industria es muy proclive a retrasos, sobrecostos, cambios de diseño, reclamos económicos por trabajos adicionales, diferencias técnicas y en definitiva incumplimientos contractuales. Este carácter conflictivo del sector no es nuevo; lo que sí ha cambiado es la conciencia creciente de que los conflictos son previsibles y, por lo tanto, gestionables antes de que escalen.

En este contexto, la prevención jurídica se convierte en una herramienta estratégica: en lugar de esperar a que surja una disputa, las empresas buscan anticiparse mediante procesos, contratos y mecanismos de resolución temprana. Así, la conversación sobre prevención ya no es opcional; es un componente esencial de la competitividad empresarial.

En términos simples, el modelo preventivo es un enfoque de anticipación y gestión proactiva del riesgo jurídico. Su objetivo es doble: 1. Prevenir que los conflictos surjan mediante una adecuada planificación legal, técnica y contractual. 2 Resolverlos rápidamente si se presentan, evitando que escalen a arbitrajes o litigios mediante buenas prácticas y herramientas de solución temprana.

Está claro que el modelo preventivo no busca eliminar las controversias —algo imposible en proyectos complejos—, sino gestionarlas con eficiencia y bajo un marco legal diseñado desde el inicio.

Cuando la asesoría jurídica se activa solo al final del proyecto, las consecuencias normalmente son irreversibles. Para entonces, la controversia ya está incrustada en la relación entre las partes

y el camino más probable es un arbitraje o litigio. Entre los problemas más habituales destacan: Falta de una Gestión Contractual adecuada (ausencia de bitácoras, reportes, registros diarios o incompletos); retrasos significativos y sobrecostos sin documentación que los respalde; cambios en el alcance y eventos imprevisibles sin notificación oportuna; imposibilidad de reconstruir la trazabilidad contractual, lo que debilita la posición de cualquiera de las partes.

En cambio, planificar jurídicamente desde la etapa inicial permite: Diseñar contratos de obra alineados a las necesidades reales del proyecto; definir roles, responsabilidades y distribución de riesgos; incorporar la figura de un Supervisor que valide cantidades, calidad y cumplimiento técnico; crear mecanismos de control financiero claves para evitar desequilibrios o reclamos futuros; incluir metodologías de Gestión Contractual para registrar todo evento relevante; establecer métodos alternativos de resolución de controversias a través de una cláusula escalonada de solución de controversias, por ejemplo, una Mesa de Resolución de Conflictos permanente o no, según la envergadura del proyecto o arreglo directo previo al litigio o arbitraje. El resultado: menos disputas, mayor eficiencia y proyectos que avanzan sin interrupciones.

La prevención jurídica solo funciona si se implementa de forma integral. Deben involucrarse: El dueño del proyecto o contratante, el contratista, la supervisión técnica, el banco financista, si aplica, equipos técnicos y jurídicos de todas las partes. En otras palabras, la prevención es una responsabilidad compartida.

ESPECIAL DERECHO Y NEGOCIOS|17

Desde los contratos estandarizados como FIDIC se ha aprendido que la clave está en la adecuada distribución de riesgos, adecuada gestión contractual y comunicación temprana sobre eventos disruptores y notificación de reclamos.

mayor, ya que garantiza que la obra se concluya conforme a sus objetivos, que normalmente están ligados al beneficio social y a la eficiencia en el uso de fondos públicos. Además, facilita auditorías, transparencia y rendición de cuentas.

En la experiencia arbitral internacional ha quedado claro que muchos conflictos habrían podido evitarse si los contratos hubieran incorporado mecanismos escalonados de resolución.

Entre los más efectivos: Dispute Boards o Mesas de Resolución de Controversias. Procedimientos de arreglo directo entre las partes.

Participación de un tercero neutral antes de llegar al arbitraje. De manera interesante en una tendencia clara los tribunales arbitrales han decidido las disputas en un sentido muy similar a las decisiones adoptadas en las Mesas de Resolución de Controversias. En definitiva, la tendencia internacional confirma que la resolución temprana es más eficiente y menos costosa que el arbitraje.

Para iniciar la transición hacia una cultura preventiva, se recomienda, primero, realizar un diagnóstico del estado actual de la gestión contractual y legal; diseñar un plan de capacitación para todos los actores del proyecto sobre gestión contractual, métodos alternos de resolución de controversias y buenas prácticas en materia de prevención de conflictos.

En el caso de El Salvador, aunque todavía existe un reto significativo para adoptar una cultura de prevención, se observa una tendencia creciente en mayor uso de contratos estandarizados como FIDIC, especialmente en proyectos de gran escala, influencia de inversión extranjera y financiamientos multilaterales, que exigen mejores prácticas; esto conlleva a una mayor conciencia entre equipos técnicos y jurídicos sobre la importancia de la planificación contractual.

En definitiva, en el ámbito privado la prevención jurídica no es un costo, sino una inversión. Entre los beneficios más visibles: Mayor rentabilidad del proyecto, reducción de riesgos técnicos, económicos y legales, mayor probabilidad de cumplir plazos y estándares de calidad, disminución de reclamos, arbitrajes y costos administrativos.

En proyectos públicos o financiados por organismos internacionales, la prevención jurídica adquiere un valor aún

Estamos claros que la prevención no es un documento: es una cultura organizacional que se construye con disciplina y constancia.

En conclusión, la prevención jurídica se presenta como un pilar fundamental para la sostenibilidad y competitividad empresarial, y se convierte en una clave para generar mejores condiciones para un sector de la economía que actualmente está en plena expansión en el país, esto debe llevar a equipos legales y técnicos a capacitarse para conocer de las mejores prácticas en materia de construcción, enfocado en la gestión contractual y en el manejo temprano de disputas y por qué no decirlo, a una adecuación confección de contratos que permitan condiciones adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de todos los involucrados.

En Lex Litis Latam contamos con un programa denominado Legal Trends in Construction desde el cual compartimos información de valor para nuestros clientes que operan en el rubro en un entorno donde cada día cuenta y cada decisión implica riesgo; promovemos el modelo preventivo para que deje de ser una opción y se convierte en una ventaja competitiva.

La prevención jurídica se presenta como un pilar fundamental para la sostenibilidad y competitividad empresarial, y se convierte en una clave para generar mejores condiciones para un sector de la economía que actualmente está en plena expansión en el país".

DERECHO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN 18|DERECHO Y NEGOCIOS

EL AUGE DEL SECTOR

INMOBILIARIO EN EL SALVADOR: un momento decisivo para la profesión

E Douglas Suriano PRESIDENTE DE ASAI Y CEO DE INVERSIONES RONALD.

l mercado inmobiliario salvadoreño está viviendo una etapa que, hace apenas unos años, pocos hubiéramos considerado posible.

La expansión que experimentamos hoy no es simplemente un incremento en el número de proyectos o transacciones, sino un cambio profundo en la forma en que se concibe, se desarrolla y se gestiona el mercado. Las dinámicas, las expectativas, los actores y las responsabilidades dentro del sector se están transformando aceleradamente, impulsadas por factores que han alterado el panorama económico, social y urbano del país.

He tenido la oportunidad de observar

esta transformación desde distintas perspectivas: como presidente de la Asociación Salvadoreña de Asesores Inmobiliarios (ASAI), como desarrollador y como gestor de proyectos comerciales y habitacionales a través de Inversiones Ronald. Esta posición me permite ver el impacto directo del crecimiento, pero también la urgencia de adaptarnos profesionalmente a un entorno que exige más conocimiento, más especialización y mayor rigor ético.

El Salvador como caso de estudio internacional Este año, además, tuve el honor de representar a El Salvador en el Miami

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Global Real Estate Congress, donde expuse el crecimiento y la evolución del sector inmobiliario local. La atención que generó el caso salvadoreño entre especialistas internacionales confirma que estamos en un momento de visibilidad global. Las cifras respaldan este interés: según datos del Centro Nacional de Registros (CNR), el mercado inmobiliario creció un 12% en 2025, superando los $3,737 millones en transacciones, y desde 2020 acumula cerca de un 40% de crecimiento.

dominar plataformas digitales, comprender tendencias de alquiler vacacional, analizar proyecciones de valorización, interpretar mapas de calor urbanos y entender cómo la digitalización está cambiando el comportamiento del consumidor inmobiliario.

Estos números no se pueden interpretar únicamente como resultado de una tendencia aislada; responden a cambios estructurales profundos vinculados a la seguridad, la inversión extranjera, la diáspora, el turismo y una creciente confianza interna.

Lo mismo ocurre con la complejidad normativa. La asesoría en desarrollos verticales exige dominio de reglamentos de condominios, cuotas de mantenimiento, modelos de administración y proyecciones de valorización. En el sector costero, es indispensable comprender la regulación ambiental, la demanda turística y la evolución del mercado de alquiler a corto plazo. En el ámbito industrial, el conocimiento sobre incentivos fiscales, logística y operatividad empresarial es esencial.

Un ecosistema de crecimiento diverso

El compromiso de ASAI con la formación

El dinamismo abarca distintos segmentos. San Salvador vive un auge de desarrollo vertical sin precedentes, impulsado por la limitación del suelo urbano y la demanda de modelos de vivienda más modernos y eficientes. Las zonas costeras —particularmente Surf City y los corredores estratégicos— se consolidan como destinos de alta rentabilidad, donde inversionistas nacionales y extranjeros buscan propiedades orientadas al alquiler vacacional.

Ante este panorama, desde ASAI hemos asumido con seriedad el compromiso de profesionalizar la industria. Nuestro convenio con la Universidad Francisco Gavidia (UFG), que impulsa un diplomado especializado, es un paso importante para establecer estándares de formación continua. El objetivo es claro: que El Salvador no solo viva un auge inmobiliario, sino un auge en la calidad de la asesoría.

Al mismo tiempo, el mercado industrial se expande como respuesta a incentivos para la inversión extranjera y a la necesidad de infraestructura para empresas de manufactura ligera y tecnología. Paralelamente, el país sigue enfrentando un déficit habitacional significativo, lo que impulsa proyectos de vivienda social y asequible, tanto desde el sector público como desde el privado.

La formación, sin embargo, no debe entenderse como un curso puntual, sino como una cultura permanente. La industria inmobiliaria está cambiando y los asesores deben evolucionar al mismo ritmo. La confianza que proyectamos como país depende, en buena medida, de la calidad de nuestros profesionales.

Cada uno de estos movimientos genera una demanda más sofisticada y diversa, y es precisamente esa complejidad la que redefine el rol del asesor inmobiliario.

El Salvador está atrayendo la atención de inversionistas más informados y más sofisticados, que valoran la seriedad, la integridad y la capacidad técnica del asesor. Esto obliga a avanzar hacia estándares cada vez más altos: certificación, especialización por nichos, ética profesional rigurosa y adopción de mejores prácticas internacionales.

La nueva realidad del asesor inmobiliario La figura del asesor ha dejado de ser la de un simple intermediario.

Hoy debe convertirse en un profesional integral capaz de interpretar el mercado, comprender la normativa, anticipar riesgos, manejar información técnica, utilizar herramientas digitales y guiar al cliente con precisión y transparencia.

Los inversionistas —especialmente los provenientes del extranjero o de la diáspora— esperan datos concretos, comparativos de rentabilidad, análisis de valorización, lectura de tendencias urbanas, claridad documental y un acompañamiento ético. La asesoría se ha convertido en un proceso multidisciplinario que involucra conocimientos legales, financieros, urbanísticos y tecnológicos.

Ser asesor inmobiliario hoy implica preparación constante, visión estratégica y un compromiso ético que garantice decisiones informadas. Ya no basta con conocer propiedades: hay que conocer mercados.

Retos urgentes para la profesionalización Esta evolución plantea desafíos importantes. La falta de formación técnica estandarizada, la poca especialización en ciertos nichos y la ausencia de una cultura de actualización continua son obstáculos que debemos enfrentar con urgencia.

El mercado está avanzando más rápido que la preparación profesional de muchos actores, y eso puede abrir espacios para malas prácticas, desinformación o asesorías incompletas que afecten tanto al cliente como a la reputación del país como destino de inversión.

Otro desafío significativo es la integración tecnológica. El cliente actual toma decisiones basadas en datos, y el asesor debe

Hacia una asesoría moderna, ética y especializada

Cada asesor inmobiliario, en su interacción diaria con clientes locales y extranjeros, contribuye a la percepción de estabilidad, seguridad jurídica y profesionalismo del país. Pensar en el rol del asesor como un embajador de la confianza nacional no es exagerado; es una realidad que debemos asumir.

Un punto de inflexión para el país y la industria El sector privado también juega un rol decisivo. Gremiales como CASALCO han reconocido el impacto positivo de la mejora en la seguridad, el incremento de la inversión y la apertura de nuevos proyectos. La coordinación entre empresa privada, gobierno y gremios profesionales es fundamental para garantizar que el crecimiento sea sostenible.

El Salvador se encuentra, sin duda, en un punto de inflexión.

Las oportunidades son enormes, pero también lo son las responsabilidades. Nuestro reto como industria no es únicamente aprovechar el crecimiento del mercado, sino contribuir a que este crecimiento se traduzca en desarrollo ordenado, profesionalización y confianza para todos los actores involucrados.

Desde ASAI continuaremos impulsando la formación permanente, la ética profesional y la calidad del servicio. Si logramos que cada asesor inmobiliario entienda su papel dentro de esta transformación nacional, El Salvador no solo será un destino atractivo para la inversión, sino un referente regional en prácticas profesionales modernas y responsables.

El futuro del sector es prometedor, pero dependerá de nuestra capacidad colectiva para estar a la altura de este momento histórico.

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El rostro femenino del

NUEVO LIDERAZGO JURÍDICO en El Salvador

E

n un país donde la profesión jurídica ha estado marcada por estructuras tradicionales y liderazgos predominantemente masculinos, el ascenso de Mónica Molina simboliza un cambio de época. Su trayectoria combina rigor técnico, ética, mentalidad empresarial y una sensibilidad humana poco común en el sector legal. A sus 48 años, es uno de los rostros más representativos de la transformación del ejercicio jurídico en El Salvador y una de las voces femeninas con mayor influencia en la construcción de una nueva cultura profesional.

como principio; la formación continua no se limita a actualizar leyes, sino a desarrollar habilidades éticas y de liderazgo.

Su firma, HOMINID Abogados, nació hace menos de una década y hoy es un despacho consolidado, moderno y en crecimiento, integrado por más de veinte profesionales y reconocido por su desempeño sobresaliente en áreas complejas como el derecho inmobiliario. Pero el impacto de Mónica trasciende el éxito de su firma: su presencia encarna una forma distinta de liderazgo, una que pone en el centro a la persona humana sin renunciar a la excelencia.

El liderazgo femenino como fuerza transformadora

Raíces que moldean un liderazgo distinto Para comprender su visión, es necesario mirar su historia.

Nacida en San Miguel, en un hogar donde el esfuerzo, la fe y la solidaridad eran parte del día a día, Mónica creció rodeada de mujeres fuertes y silenciosamente transformadoras. Su abuela materna, emprendedora y hábil artesana, representaba el temple y la disciplina que sostienen una familia y que, sin reconocerse formalmente, construyen futuro. Esa figura, junto a la determinación y entrega de su madre, enseñó a Mónica que el trabajo tiene sentido cuando construye, dignifica y abre camino para otros.

Esa escuela emocional se convirtió en la base de su liderazgo: cercano, coherente y humano. Mónica no concibe la dirección jurídica como un ejercicio de autoridad vertical, sino como un proceso de acompañamiento. Para ella, un líder es quien ayuda a que otros crezcan, quien se coloca al frente para enseñar y atrás para sostener. Esta perspectiva, poco común en firmas que tradicionalmente han replicado modelos jerárquicos, ha sido clave para la identidad institucional de HOMINID.

Un modelo de firma que combina humanidad y excelencia HOMINID se distingue por algo que no se improvisa: una cultura organizacional donde la técnica jurídica convive con una ética del cuidado, el respeto y la responsabilidad profesional. La firma ha sabido posicionarse en un mercado competitivo a partir de su capacidad para enfrentar operaciones complejas, coordinar equipos multidisciplinarios y responder con solvencia a clientes corporativos.

Pero su mayor fortaleza está en la coherencia entre su filosofía y su práctica. En HOMINID, los procesos no se construyen solo sobre eficiencia, sino también sobre valores. La selección de talento incorpora la dimensión humana; el trabajo en equipo se fomenta

Los reconocimientos obtenidos, entre ellos el de Firma Inmobiliaria del Año, validan no solo la calidad jurídica sino también la forma en que la firma se relaciona con el ecosistema legal. En un entorno donde las firmas jóvenes suelen competir por visibilidad, HOMINID ha destacado por su consistencia, por sus resultados y por un estilo profesional que ha ido ganando respeto dentro y fuera del país.

El liderazgo de Mónica es especialmente relevante en un momento en el que la profesión experimenta una lenta, pero firme apertura hacia la participación femenina en puestos estratégicos. Aunque cada año más mujeres ingresan a las facultades de derecho, pocas logran convertirse en socias o fundadoras de firmas medianas o grandes. En ese sentido, la trayectoria de Mónica es excepcional y, al mismo tiempo, inspiradora.

Su inclusión en la lista “45 de 45”, que reconoce a abogadas influyentes de la región, confirmó su papel como referente para nuevas generaciones. Sin embargo, su aporte no radica únicamente en ocupar un espacio de liderazgo, sino en generar oportunidades para otras mujeres. En HOMINID, Mónica ha impulsado procesos internos para identificar y fortalecer el talento femenino, ofreciendo mentoría, desarrollando capacidades y apoyando la proyección profesional de sus colegas más jóvenes.

A diferencia de un liderazgo que se impone desde la competencia, el de Mónica se construye desde la colaboración. Ella insiste en que el verdadero avance no consiste en sustituir a los liderazgos masculinos, sino en complementar visiones, equilibrar fuerzas y enriquecer el ejercicio jurídico con perspectivas diversas. Su enfoque demuestra que un liderazgo femenino sólido no requiere confrontación, sino coherencia; no exige elevar la voz, sino elevar el ejemplo.

Adaptación, tecnología y el futuro del derecho La irrupción de nuevas tecnologías, la digitalización de los procesos notariales, la aparición de activos digitales y la creciente sofisticación del entorno empresarial están redefiniendo el papel del abogado en El Salvador y en el mundo. Mónica pertenece al grupo de profesionales que comprenden que la excelencia técnica ya no es suficiente: hoy se requieren abogados con pensamiento estratégico, con capacidad de adaptación y con dominio de herramientas tecnológicas que, hace apenas unos años, no formaban parte del oficio.

HOMINID ha asumido esta transformación como un desafío y una oportunidad. La firma impulsa una cultura de aprendizaje constante, donde los jóvenes profesionales aportan dinamismo digital y los abogados con más experiencia integran esas herramientas a su criterio jurídico. Para Mónica, el abogado del futuro no será el que más memorice leyes, sino el que sepa interpretar la complejidad,

PORTADA 22|DERECHO Y NEGOCIOS

integrar tecnología, anticipar riesgos y actuar con ética en un entorno cambiante.

Este enfoque intergeneracional ha permitido a HOMINID enfrentar transacciones de alta complejidad con solvencia técnica y con una estructura de trabajo que responde a estándares globales. En un país donde la modernización jurídica avanza a ritmos irregulares, la visión de la firma representa un salto cualitativo hacia modelos más modernos, eficientes y orientados al cliente.

5 CLAVES para entender el liderazgo y pensamiento de Mónica Molina 1. Liderazgo desde la humanidad, no desde la jerarquía Mónica concibe el liderazgo como un ejercicio de cercanía y acompañamiento. No dirige desde la distancia: enseña desde el frente, respalda desde atrás y se involucra activamente en el crecimiento de su equipo. Su visión rompe con modelos tradicionales del sector legal y coloca a la persona en el centro de la gestión.

2. La ética como brújula profesional Para Mónica, el derecho carece de sentido sin ética. Su filosofía jurídica se resume en una idea: “hacer siempre lo correcto”. Este principio guía tanto la relación con los clientes como el desempeño interno de su firma, y es la base de su confianza profesional y reputación.

Un legado que trasciende la firma El impacto de Mónica en el sector legal no se define solo por su capacidad para dirigir una firma exitosa. Su contribución más profunda se encuentra en su forma de entender el servicio y el sentido del derecho. Para ella, la profesión no es únicamente un vehículo para resolver conflictos o gestionar trámites, sino una vocación que tiene la responsabilidad de dignificar, acompañar y construir confianza.

Su concepción del éxito es particular: no se mide en cifras ni en reconocimientos, sino en la huella que se deja en otros. En los jóvenes abogados que aprenden a litigar con ética; en las abogadas que encuentran oportunidades para proyectarse; en los clientes que, más allá de un resultado jurídico, encuentran tranquilidad; en el equipo que trabaja con valores y propósito. Esa visión, anclada en la frase que guía su vida —“Trascender es servir”—, explica por qué su liderazgo resuena con tanta fuerza en la profesión.

En un ecosistema jurídico que transita hacia modelos más sofisticados, colaborativos y humanos, Mónica Molina se consolida como una de las figuras que encarnan esta transición. Su trayectoria demuestra que el derecho salvadoreño puede avanzar hacia formas de liderazgo más equilibradas, diversas y éticas; y que las nuevas generaciones pueden aspirar no solo a destacarse técnicamente, sino a construir instituciones que reflejen coherencia, humanidad y visión de futuro.

El rostro femenino del nuevo liderazgo jurídico en El Salvador tiene nombre propio. Y, más que una descripción, es una invitación a imaginar el tipo de profesión que queremos construir para las próximas décadas.

3. La firme convicción “trascender es servir”

de

que

Su estilo de liderazgo está marcado por el servicio: enseñar, formar y compartir el conocimiento es, para ella, el camino hacia la trascendencia. Mónica mide el éxito no por los logros individuales, sino por lo que se siembra en las personas y en la comunidad profesional.

4. Impulso femenino

decidido

al

liderazgo

Mónica es una defensora activa de la proyección de mujeres en el derecho. Identifica talento femenino, lo forma, lo acompaña y abre espacios para su visibilidad. Su liderazgo no busca desplazar, sino equilibrar y complementar, construyendo una profesión más diversa y justa.

5. Visión moderna del derecho y adaptación al futuro Comprende que la abogacía está en transformación: digitalización, inteligencia artificial y mercados complejos exigen nuevas competencias. Para Mónica, el abogado que prevalecerá es el que aprende continuamente, integra tecnología sin perder criterio jurídico y actúa con ética en entornos cambiantes.

PORTADA

"Las mujeres podemos CONSTRUIR, LIDERAR Y TRANSFORMAR sin

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perder nuestra esencia" HOMINID está por cumplir ocho años y hoy reúne a más de 20 profesionales. ¿Cómo definiría su estilo de liderazgo y qué lo distingue en el mercado legal salvadoreño?

Mi liderazgo se caracteriza por acompañar al equipo desde adentro.

No soy una observadora distante: a veces guío desde el frente, dando ejemplo, y cuando el equipo está preparado, me hago a un lado para que brillen con luz propia, aunque siempre permaneciendo cerca para respaldarlos.

Creo que ese acompañamiento genera seguridad y confianza. En HOMINID no evaluamos a un abogado solo por su capacidad técnica, sino también por sus valores, su ética y su disposición para trabajar hombro a hombro. Celebramos los logros individuales como logros de la firma. Ese sentido de comunidad es, quizá, lo que más nos distingue.

Usted define a HOMINID como una firma humana. ¿Qué significa liderar un despacho bajo esa filosofía?

Para mí la humanidad es la raíz de todo buen servicio. Hoy vemos cómo la calidad humana se ha ido perdiendo, y eso afecta también la manera de ejercer el derecho. En HOMINID creemos que la persona humana es el punto de partida: de ahí nace la ética, la calidad del trabajo y la forma en que tratamos al cliente.

Pero esta filosofía requiere bilateralidad. No funciona si solo el líder la impulsa: debe vivirse entre patrono y colaborador. Liderar desde la humanidad es tratar al otro como quisieras ser tratado; y esa misma actitud la trasladamos al cliente, quien deposita su confianza en nosotros en momentos jurídicos sensibles. Es similar a la relación con un médico: llegar con un problema esperando empatía, escucha, criterio y una solución.

La firma ha sido reconocida como Firma Inmobiliaria del Año 2025. ¿Qué significan estos premios para usted y para HOMINID? En lo personal, representan la validación del trabajo serio, disciplinado y silencioso que hacemos cada día. Cuando mencionan la categoría, pienso en el esfuerzo del equipo: las jornadas largas, la búsqueda de resultados y la responsabilidad con cada caso.

En términos de posicionamiento, estos reconocimientos consolidan a HOMINID como un referente en el área inmobiliaria, no solo en el país, sino ante clientes y colegas de la región. Y nos motivan a seguir trabajando con igual rigor en las demás áreas de la firma.

Su biografía la presenta como parte de una generación de mujeres que construyen, lideran y transforman. ¿Qué elementos de su infancia moldearon esa visión?

Mi carácter se formó en una familia donde el amor, la fe, la disciplina y la solidaridad eran pilares. Las vacaciones con mis abuelos maternos, que vivían en el campo, me enseñaron el valor del trabajo duro y del esfuerzo compartido.

PORTADA 24|DERECHO Y NEGOCIOS

Mi abuela fue un ejemplo silencioso de liderazgo femenino: sostenía el hogar, pero también era una empresaria que apoyaba la economía familiar desde la costura y la panadería. En mi familia, las decisiones se tomaban en conjunto, algo que marcó profundamente mi visión del equilibrio y la corresponsabilidad.

Creo firmemente que las mujeres podemos construir, liderar y transformar sin perder nuestra esencia femenina, y sin que ello implique menospreciar la dignidad del hombre. Ese balance me guía hasta hoy. ¿Qué rasgos de esa raíz familiar aún definen a la profesional que es hoy?

Tres principios siguen guiando mi vida: tratar al prójimo como me gustaría ser tratada, trabajar con excelencia y compartir el conocimiento. Ningún abogado crece solo; los equipos funcionan mejor cuando nadie guarda la experiencia como un tesoro personal, sino que la transmite para fortalecer a la firma.

Y, en lo personal, mi día comienza pidiendo guía a Dios y termina agradeciéndole. Esa conexión espiritual ordena mis prioridades.

Antes de graduarse aceptó trabajar sin remuneración para aprender. ¿Qué le dejó esa experiencia?

Fue una etapa decisiva. Llegué con ilusión y con la humildad de saber que tenía mucho por aprender. Ese trabajo no remunerado me enseñó que la formación requiere sacrificio, disciplina y constancia.

También me permitió conocer realidades distintas a la mía: compañeros que trabajaban para pagar su universidad o que viajaban largas distancias para llegar a su empleo. Comprender sus historias me ayudó a ver el derecho desde la empatía.

Esa etapa confirmó mi inclinación hacia el derecho privado y fortaleció mi convicción de construir un entorno laboral más humano y eficiente que el que yo había experimentado.

Su trayectoria abarca fondos de pensiones, seguros, banca y luego la creación de HOMINID. ¿Cuál es el hilo conductor entre todas estas etapas?

El hilo conductor es la combinación de formación técnica y vivencias personales. Todas esas experiencias me permitieron aprender lo que debía replicar y también lo que debía evitar al crear HOMINID. Las experiencias negativas dejan huellas profundas, pero si se asimilan bien, pueden transformarse en aprendizajes que dan forma a una mejor cultura institucional. HOMINID nació, en parte, de esa reflexión. ¿Puede compartir un caso emblemático que ilustre su enfoque estratégico?

Una de las operaciones más exigentes fue una reestructuración financiera a finales de 2023 y 2024. Trabajamos 72 horas continuas: cinco notarios, cuatro protocolos y la formalización simultánea de cancelaciones y constituciones de garantías.

Teníamos apenas 12 horas para imprimir, generar testimonios y dejar ingresadas las garantías antes de que el CNR cerrara por vacaciones. El cliente obtuvo un ahorro estimado de más de 10 millones de dólares.

Más allá del monto, lo valioso fue demostrar que HOMINID puede responder con rigor, coordinación y solvencia técnica en situaciones críticas.

Como líder del área notarial y de estructuración de créditos, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las empresas?

Hoy enfrentamos retos por las reformas al notariado, que exigen actualización constante y nuevos controles. El otro desafío común es el desfase entre las expectativas del cliente y los tiempos de respuesta de algunas instituciones.

Los retrasos pueden generar costos financieros importantes. Desde

HOMINID planificamos con anticipación, ordenamos los procesos y aceleramos todo aquello que depende directamente de nosotros.

Así damos al cliente un margen mayor para navegar los plazos que ya no están bajo nuestro control.

Su filosofía afirma que “trascender es servir”. ¿Cómo se refleja eso en su día a día?

Se refleja en enseñar, acompañar y guiar a otros. Uno trasciende cuando se dona: cuando comparte conocimiento, cuando forma a los jóvenes y cuando entiende que el éxito no se mide solo en resultados, sino en lo que dejas sembrado en quienes vienen detrás. ¿Cómo sintetiza su filosofía jurídica?

Hacer siempre lo correcto. Ese es el principio que guía mi criterio y mis decisiones.

Usted es referente para muchas jóvenes abogadas. ¿Qué implica formar liderazgos femeninos dentro de una firma moderna?

Implica cercanía, acompañamiento y reconocimiento del potencial.

Fui madre, estudiante, trabajadora, luego madre, abogada y esposa.

Conozco los obstáculos que enfrentan las mujeres en un entorno donde el liderazgo masculino aún predomina.

Detrás de las pocas mujeres visibles hay muchas abogadas brillantes que sostienen transacciones complejas sin reconocimiento. En HOMINID queremos que ellas también tengan espacio para proyectarse y liderar. No se trata solo de mi nombre: aquí hay mujeres con talento que mañana ocuparán estos espacios.

Fue reconocida como una de las “45 de 45”. ¿Cómo evalúa las brechas de género en el sector legal?

Las brechas persisten: la mayoría de las firmas grandes siguen lideradas por hombres y la participación de mujeres como socias todavía es baja. Pero veo esperanza: muchas abogadas están fundando sus propias firmas. Estoy segura de que en unos años veremos más liderazgos femeninos consolidados. ¿A quién admira y qué ha tomado de esas figuras?

Admiro a mi abuela materna, por su fuerza silenciosa; a mi madre, por su disciplina y su entrega; y a la Madre Teresa de Calcuta, por recordarnos que hay justicia en servir al más necesitado. Ellas moldearon mi manera de liderar y de entender el propósito del derecho. ¿Qué legado quisiera dejar?

A mis colegas: que el derecho es una carrera noble para servir al prójimo.

A mi equipo: que HOMINID fue pensado también para ellos.

A mis clientes: la certeza acompañamiento responsable.

de

que

siempre

A mi familia: que todo lo hice dando lo mejor de mí.

encontrarán

DERECHO 26|DERECHO Y NEGOCIOS

LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA mixta y el desarrollo social

servicio público y analizando cuál es el papel de los municipios reglamentando actividades económicas y a la vez participando en los procesos de producción en conjunto con socios privados.

Situación actual de las SEM en nuestro ordenamiento jurídico

Carlos Humberto Chinchilla ABOGADO| NOTARIO | MÁSTER EN DERECHO ADMINISTRATIVO

L

as sociedades por acciones de economía mixta o SEM, son sociedades que se forman por el Estado, municipio o instituciones oficiales autónomas en concurrencia con particulares, para la explotación de servicios públicos u otra actividad de interés general.

Dichas sociedades han sido utilizadas a través del tiempo, como una medida adoptada por los gobiernos ante crisis económicas, es decir que el Estado, municipio o entidad autónoma invierten fondos públicos en sociedades mercantiles de naturaleza mixta con el objetivo de hacer inversiones pequeñas y explotar un servicio público (o lo que determine la ley) con capital privado. En el caso de El Salvador, estas sociedades solo pueden constituirse para la explotación de un servicio público entonces, ¿Cómo funcionan las sociedades por acciones de economía mixta? ¿cómo se forman? ¿Quién las controla? ¿Cómo se elige al socio privado? Son algunas de las interrogantes que surgen al conocer este tipo de sociedades.

El objetivo de este artículo es que el lector conozca y comprenda esta figura legal, sus beneficios, forma de funcionar y, por qué no decirlo, sus deficiencias. Para ello haré mención de algunos casos de SEM constituidas dentro del territorio, viéndolas como una herramienta para el desarrollo social a través de la explotación de un

Las SEM se rigen por la Constitución de la República en su artículo 203 en donde dota a los municipios de autonomía en lo económico, técnico y administrativo; en la Ley Especial de Constitución de Sociedad por Acciones de Economía Mixta; el Código de Comercio (en lo relativo a las Sociedades Anónimas); Código Municipal (específicamente en su artículo 4 numeral 1 y 25); y la Ley de Reestructuración Municipal.

La Constitución y el Código Municipal dotan a los Municipios de autonomía y entre las enumeradas en ambos cuerpos legales, nos centraremos en la libre gestión en materias de su competencia, que según el Código Municipal entre los mencionados está la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local y la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio, es así como las municipalidades, dotadas de todas estas atribuciones deciden conformar una sociedad por acciones de economía mixta al ver la viabilidad de prestar servicios públicos de esta manera.

El capital social de las SEM se forma con aportaciones públicas y privadas, esto significa que ambos participan en la administración de la sociedad, el socio minoritario debe ser el socio público pues deben salvaguardar el interés social al no invertir demasiado capital pues se trata de fondos públicos; los socios tienen responsabilidad limitada, es decir que las municipalidades no arriesgará más fondos de los que previamente fueron destinados legalmente para ese negocio (porcentaje de importe de sus acciones); el municipio como socio de la SEM, al final del año fiscal si se reflejan ganancias para la sociedad, el municipio genera ingresos que provienen de las utilidades repartidas entre los socios los cuales representan una ayuda a la

gestión municipal.

Resulta importante destacar que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Reestructuración Municipal, de conformidad al artículo 5 inciso 2° del citado cuerpo legal, la contabilidad de los ahora distritos deberá ser integrada a la contabilidad del municipio del cual ahora forman parte, por lo que los activos, pasivos y contingencias por ministerio de ley se incorporan al patrimonio del municipio que los agrupó.

El objeto de las SEM es la prestación de servicios públicos, bajo el supuesto de que al asociarse con un inversionista privado van a lograr prestar un servicio público de calidad, asegurando el bien común local y el desarrollo de la comunidad, evitando hacer inversiones millonarias que la Alcaldía por sí sola no podría cubrir sin afectar a los habitantes del municipio con incrementos en las tasas municipales. En este punto los Concejos Municipales deben evaluar si es viable optar por este tipo de asocio, por ejemplo, en el tema de la recolección de basura la alcaldía municipal de San Salvador –ahora municipio de San Salvador Centroconstituyó una SEM con una sociedad colombiana, lo cual significó una renovación de la flota de camiones recolectores de basura, una inversión demasiado grande como para que un municipio la asuma solo, sumado a ello la adquisición de equipos nuevos de recolección implicaría un cuido mayor y mayor inversión, pago de seguros, mantenimientos, combustible, rastreo satelital de camiones, y en virtud de salvaguardar el interés social cuidando los fondos públicos tienen la herramienta legal de asociarse con una empresa que tenga la experiencia, el capital y la conveniencia suficiente pero que esto no signifique un incremento en las tasas municipales y se refleje en perjudicar directamente los bolsillos de los habitantes por recibir un servicio que por derecho debe recibir y no solo en el tiempo adecuado sino que este sea un servicio de calidad, o al menos ese es el deber ser.

Entre las características de las SEM podemos mencionar que los socios responden de forma subsidiaria por las deudas sociales, solo hasta el monto de

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sus acciones, es decir que son de Responsabilidad Limitada. No son Comerciantes sociales, pero se les aplican las disposiciones del Código de Comercio en cuanto a los actos mercantiles que realicen.

Ejercen funciones de interés general por lo que se rigen por una Ley Especial. Estas características otorgan ciertas ventajas para el municipio como al lograr el alcance de la rentabilidad económica de la SEM y al obtener las ganancias pueden, a largo plazo, lograr el desarrollo local creando programas de ayuda comunitaria. Al existir un control directo del capital, se protegen los objetivos de interés social, al gozar de personalidad jurídica propia, estas entidades están sujetas a la vigilancia, fiscalización y control de la Corte de Cuentas de la República por lo que los funcionarios de dirección deben responder por sus actuaciones directamente ante dicha Corte.

Papel de los municipios reglamentando actividades económicas Entonces, ¿cómo los municipios reglamentan actividades económicas? Con la elaboración de proyectos que ayuden a dinamizar el desarrollo local, en el caso que ahora nos compete, desarrollar un proyecto grande como una SEM equivale a delimitar cuáles serán los alcances de la prestación de los servicios de los cuales la sociedad se hará cargo, cuánto se invertirá por parte del municipio, debe existir un plan estratégico y financiero en el cual se logre fomentar actividades que además de generarle ganancias al municipio, ayude a desarrollar cualquier tipo de actividad mediante la SEM. Por lo que deben generar un perfil específico de lo que buscan en el socio que será electo como socio mayoritario, que tenga capacidad económica, experiencia en el desarrollo de la actividad que se desea realizar, que además de eso, presente ideas o proyectos en beneficio de los municipios.

Participación activa de los municipios en procesos de producción en conjunto con socios privados El gobierno de este tipo de sociedades se maneja por medio de Junta Directiva y Juntas de accionistas (ordinarias y extraordinarias).

Los municipios, al convertirse en socios minoritarios de una SEM, adquieren los derechos y deberes de un accionista, esto quiere decir que tendrá derecho a que miembros de la Municipalidad formen parte de la Junta Directiva y esto quiere decir que además de controlar el accionar de la sociedad en la prestación del servicio público, también están participando en el proceso de producción de la empresa.

Y acá radica una de las ventajas de este tipo de figura, pues la municipalidad no le cede a la sociedad privada la prestación del servicio público, sino que en conjunto deben trabajar en los procesos de producción para que con la experiencia y capacidad económica del socio privado la municipalidad sea un ente capaz de ofrecer a la población servicios de calidad con capital privado.

Acciones de Economía Mixta no establece una forma específica en la cual los socios mayoritarios deben ser electos, considero que el legislador debió haber delimitado con exactitud cuál sería el proceso adecuado para que el Estado, Municipio o entidades autónomas hagan la elección del socio estratégico ya que la idea de utilizar este tipo de herramientas legales es que los procesos de selección no sean engorrosos, burocráticos o que el plazo de selección no implique demasiado tiempo o un costo demasiado alto para el inversionista privado que pretende constituir la SEM y que dichos procesos sean transparentes y acordes a una buena administración pública.

Además, resulta relevante destacar que con la entrada en vigencia de la Ley de Compras Públicas, en el artículo 131 inciso final el legislador fue enfático al establecer que los Contratos de Sociedades de Economía Mixta no estarán sujetos a dicho cuerpo legal.

Por otro lado, con la creación de la nueva Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), los retos para este tipo de sociedades han incrementado, puesto que dicha institución que se crea a través de Decreto Legislativo número 210 de fecha 17 de noviembre de 2021, publicado en el diario oficial número 219, tomo número 433, tiene como objeto el desarrollo y ejecución de proyectos municipales, lo que supone, en mi opinión, que están suprimiendo autonomía a las Municipalidades, y la pregunta que surge es hasta qué punto la DOM tendrá incidencia en la elección de un socio mayoritario o si esa atribución seguirá siendo exclusiva de los Municipios.

A nivel práctico, considero que las Sociedades de Economía Mixta a pesar de tener aproximadamente 65 años en nuestra legislación y ser una herramienta viable para que se presten servicios públicos de calidad y esto pueda representar un desarrollo social importante a nivel nacional o local, estas sociedades no están siendo utilizadas en la forma en la que el legislador quizá consideró y no es porque la figura como tal sea deficiente, sino por el desconocimiento de los gobiernos locales, falta de fomento en el uso de este tipo de figura y en los casos en los que se han formado este tipo de sociedades, las municipalidades han optado por hacer todo sin otorgar información a su población, por lo que generalmente tienden a confundir las sociedades de economía mixta con privatizaciones, concesiones o incluso contrataciones directas, que como he tratado de explicar, la figura es completamente diferente y la principal idea es salvaguardar el interés general y brindar servicios públicos de calidad, que para los gobiernos locales brindar servicios de calidad sin mucho presupuesto se vuelve una tarea bastante complicada.

El reto es que el legislador delimite de una forma clara cuál es la forma adecuada de la elección del socio mayoritario, el fomento de la constitución de este tipo de sociedades por lo menos a nivel Municipal como una salida a la complicada situación económica que están enfrentando en el presente explotando servicios públicos con capital privado.

Vacíos legales Las leyes que rigen a las sociedades por acciones de economía mixta poseen muchos vacíos legales que, si bien algunos se solventaron aplicando procesos de la derogada Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por ejemplo para la elección del socio, algunas alcaldías optan por utilizar un símil del proceso de licitación –ahora regulado como licitación competitiva en la Ley de Compras Públicas- pero con el único fin de que se realice de una forma más transparente, haciendo la respectiva apertura del concurso, con los documentos de solicitud y todo como si se tratara de un proceso de contratación, una vez finalizada la evaluación de los socios, el comité evaluador –hoy Panel de Evaluación- o el jefe de UACI, hace entrega al Concejo Municipal del informe generado resultante de dicha precalificación, el Concejo Municipal hace el estudio del informe y emite el respectivo acuerdo para informar cuál ha sido su decisión de elección del socio y ordenan seguir con el proceso de firma de la escritura de constitución de la Sociedad. Si bien es cierto, la Ley de Creación de Sociedades por

La principal idea es salvaguardar el interés general y brindar servicios públicos de calidad, que para los gobiernos locales brindar servicios de calidad sin mucho presupuesto se vuelve una tarea bastante complicada”.

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CERTIFICACIÓN ANTISOBORNO Y GESTIÓN PÚBLICA: obligación legal e integridad institucional

L Jasmin Arteaga ABOGADA | CONSULTORA | CAPACITADORA | SOCIA LEXTENDENCIA.

a entrada en vigor de la Ley de Compras Públicas (LCP), el 11 de marzo de 2023, introdujo un cambio relevante en la gestión del sistema de contratación pública salvadoreño. Por primera vez, la normativa incorpora una obligación explícita para las instituciones de tramitar; obtener y mantener, la certificación y acreditación de la norma antisoborno, conforme a los estándares internacionales de gestión de la calidad.

Esta exigencia, prevista en el artículo 16 de la LCP y desarrollada en el artículo 10 de su Reglamento (RLCP), incorpora prácticas que fortalecen el control interno, la transparencia y la rendición de cuentas. Con ello, se promueve un enfoque preventivo frente a los riesgos de soborno y se favorece una administración más técnica y trazable, alineada con buenas prácticas de integridad y compliance público —entendido como el cumplimiento normativo en el sector estatal.

Plazo para la obtención de la certificación: un mandato legal El artículo 16 de la LCP dispone que las instituciones públicas designadas por el RLCP deberán obtener la certificación antisoborno en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigencia de esa ley, es decir, la fecha límite es en marzo de 2026.

La integridad no debe entenderse como una exigencia externa, sino como un componente esencial de la buena administración”.

Este plazo debe entenderse como una etapa de ajuste organizacional, que involucra a distintas áreas - planificación, adquisiciones, control interno y cumplimiento normativo, entre otras, sin importar su ubicación funcional ni jerárquica.

El objetivo es construir una estructura de gestión coherente, donde las decisiones estén documentadas, se minimicen los riesgos de conflicto de interés y exista trazabilidad en cada fase de los procesos.

En este contexto, la coordinación y el monitoreo de los responsables para asegurar la correcta aplicación de las políticas institucionales de integridad adquieren especial relevancia y requieren

el involucramiento activo de toda la organización.

La Norma ISO 37001: referente técnico para la gestión de riesgos Las instituciones podrán dar cumplimiento a lo establecido en la LCP por medio de la implementación de la norma ISO 37001, la cual surge como respuesta internacional a la necesidad de estandarizar los mecanismos de prevención del soborno en las organizaciones, públicas y privadas.

Su valor no radica únicamente en la certificación, sino en su metodología de gestión de riesgos, entre sus componentes destacan: Compromiso de la alta dirección y fomento de la cultura de integridad.

Identificación y evaluación de riesgos de soborno.

Controles financieros y no financieros.

Debida diligencia en proveedores y socios estratégicos.

Canales de denuncia, revisión y mejora continua.

Adoptar estos principios no solo cumple con la LCP, sino que mejora la eficiencia operativa y reduce las vulnerabilidades administrativas.

Un nuevo enfoque compras públicas

para

las

Aunque la norma impacta en toda la organización, el presente análisis se centra en las compras públicas, por ser uno de los pilares del gasto estatal. De su correcta gestión depende no solo la eficiencia en la ejecución presupuestaria, sino también la confianza ciudadana en la administración.

La LCP plantea dentro de sus principios el de racionalidad del gasto público, bajo un modelo donde la gestión por resultados se articula con la gestión por integridad.

Cada fase del ciclo de contratación pública —planificación, selección del contratista, contratación, seguimiento y liquidación— debe analizarse desde la perspectiva

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de los riesgos asociados a cada etapa e incorporar, en función de ellos, criterios de control y trazabilidad. Esto implica que los equipos de compra documenten sus decisiones, apliquen criterios objetivos y prevengan riesgos de incumplimiento o conflicto de interés.

En este contexto, los sistemas de gestión antisoborno, más allá de las formalidades contractuales, se consolidan como herramientas de apoyo técnico para fortalecer la integridad en los procesos.

Cumplimiento, trazabilidad y responsabilidad institucional Lo esencial no es la acreditación final, sino el proceso que conduce a ella: identificar riesgos, fortalecer controles y documentar decisiones.

Aplicar estos principios genera resultados inmediatos: Procedimientos más previsibles y auditables.

Con ello, la ley establece una cadena de responsabilidad compartida, donde la transparencia alcanza tanto a quienes contratan como a quienes auditan.

Integridad como criterio de gestión La gestión por integridad no debe verse como un elemento ajeno a la eficiencia, sino como una condición para alcanzarla.

Las instituciones que gestionan con base en controles claros, procesos documentados y comunicación transparente optimizan recursos y fortalecen su legitimidad.

En la práctica, la integridad se traduce en procedimientos más ágiles, decisiones más fundamentadas y resultados verificables.

Desafíos y oportunidades La adopción de un enfoque de gestión basado en la integridad conlleva retos prácticos:

Menor discrecionalidad administrativa.

Capacitación técnica especializada en gestión de riesgos y cumplimiento.

Mayor coherencia entre planificación, ejecución y control.

Revisión y documentación de procesos internos.

Así, la trazabilidad y la documentación dejan de ser requisitos burocráticos para convertirse en indicadores de calidad institucional y de cumplimiento eficaz de la ley.

Disponibilidad de recursos para auditorías y controles eficaces.

Integridad con relación a los proveedores Es importante destacar que el artículo 27 de la LCP amplía las obligaciones de integridad hacia los proveedores de servicios de auditoría externa, quienes deberán obtener y mantener, la respectiva certificación y acreditación internacional y/o de la norma antisoborno, de conformidad a los estándares internacionales de gestión de la calidad existentes, señalando que las Instituciones podrán contratar auditores externos que no cuenten con la certificación antes mencionada, siempre y cuando contraten a un especialista con experiencia en compras en la Administración Pública que se denominará “contralor” cuya función será verificar que los procesos de compras del año a auditar se hayan desarrollado conforme a lo establecido en la referida Ley.

Abordar estos aspectos de manera estratégica no solo permite superar las limitaciones operativas, sino también reforzar la transparencia institucional y consolidar una cultura de integridad sostenible.

La aplicación de los principios de gestión antisoborno no transforma a la administración por decreto, sino mediante la mejora continua, la capacitación del personal y la coherencia de las decisiones.

La Ley de Compras Públicas abre la posibilidad de fortalecer el sistema de adquisiciones del Estado desde una perspectiva técnica, operativa y ética. La integridad no debe entenderse como una exigencia externa, sino como un componente esencial de la buena administración.

El cumplimiento, la trazabilidad y la rendición de cuentas no solo previenen riesgos: mejoran la calidad del gasto, promueven la confianza ciudadana y elevan un desempeño institucional transparente y eficaz.

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MÁS ALLÁ DEL FIREWALL: Ciberseguridad y responsabilidad corporativa salvadoreña

L

Natalia Araceli Vásquez ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y SANCIONADOR EN MARTÍNEZ & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES.

a Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (LCSI) emitida el doce de noviembre de dos mil veinticuatro bajo Decreto N° 143 y publicada en el tomo 445 del D.O. 219 con fecha quince de noviembre de dos mil veinticuatro, tiene un ámbito de aplicación genérico a la población salvadoreña: es tanto para sector público como para el sector privado. Esta legislación, en conjunto a la Ley para la Protección de Datos Personales (LPDP) tienen un objetivo común ya que están intrínsecamente conectadas: La LPDP regula el uso y privacidad de datos, para lo cual necesita de la LCSI que regula la seguridad y protección de la infraestructura que almacena y procesa datos. Teniendo así el parámetro que redefine la responsabilidad corporativa y exige una adaptación integral del modelo de negocio y de la estructura de organizaciones e instituciones, las cuales, no pueden garantizar protección de datos si no se tienen las medidas de ciberseguridad adecuadas. ¿Cuáles son las medidas de ciberseguridad que deben tener las estructuras? El art.

31 LCSI establece que la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) tenía 90 días a partir de entrar en vigencia la misma para elaborar: normativas, protocolos, lineamientos, estándares y criterios técnicos en materia de ciberseguridad y seguridad de la información. Al visitar el sitio web oficial de la ACE identificamos que se está abordando la protección de datos a través de formularios especializados y medidas como el reporte de incidentes en vinculación al art. 25 LPDP, sin embargo, podemos definir estas herramientas como el inicio de la ruta del cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad ya que a la fecha aún no han sido dictados los lineamientos que crean una esfera íntegra, pero ¿cómo podemos cumplir la legislación vigente?

Para cumplir, cada organización en atención a su exposición del riesgo por tamaño de empresa y sector es quien con

base a los principios, los derechos que debe garantizar y las obligaciones a las cuales se encuentra sujeto, que debe crear un marco técnico organizativo adaptado a generar confianza digital y seguridad de la información, para ello deben basarse en estándares internacionales como la ISO/IEC 27001 que garantiza una correcta gestión de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) asegurando confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos mediante gestión de riesgos, como resultados de implementación las organizaciones podrán cumplir los siguientes retos a los que se enfrentan: Cumplimiento normativo al marco legislativo actual y vigente, evitando: procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento a la LPDP y LCSI, responsabilidad civil y penal por daños y perjuicios a titulares de datos, responsabilidad de la alta dirección (v. gr. directivos, administradores) y despido o destitución del cargo. Con lo último referido hay que tomar especial atención que al despedido o destituido se le castiga con la imposibilidad por 10 años de pertenecer al sector público.

Gestionar riesgos patrimoniales: Al garantizar cumplimiento normativo eludiendo el riesgo informático que establece el art. 5 LCSI, se evitan las infracciones leves, graves y muy graves, las cuales generan una multa económica que va desde 10 salarios mínimos hasta 100 salarios mínimos del sector comercio pertinentemente, una multa de dicha índole para una PYME crea la necesidad de reestructurar su modelo de negocio para sostenerse. Por otra parte, se evitan brechas de seguridad que pueden llegar a tener altos costos por recuperación de datos secuestrados e investigación posterior (análisis forense informático) como pérdidas de ingresos directos por inactividad empresarial a causa de información secuestrada. Sin duda que, de los riesgos patrimoniales en materia de

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ciberseguridad podemos hacer un análisis extenso, sin embargo, podemos resumirlo a que implementar controles es una inversión estratégica a derivar en consecuencias altas.

Asegurar imagen reputacional y confianza digital para evitar la pérdida de clientes que pone en riesgo la perdurabilidad del negocio si la percepción pública se deconstruye.

Con todo lo anterior abordado, derivamos en que aplicar estándares internacionales como la ISO/IEC 27001 son indispensables, pero debemos alinear la seguridad de la información con la gestión de la privacidad: ISO/IEC 27701 (una extensión de la ISO/IEC 27001).

En conjunto, estas medidas van más allá del firewall ya que no se trata de crear una “pared digital” al frente de la organización que separe el interior de la organización con el exterior de terceros; pues, muchas organizaciones contratan las mejores soluciones de TI pero solo son un “aparente cumplimiento” ya que el personal no está capacitado y no se ha efectuado un análisis exhaustivo de todas las brechas que hay en la organización, verbigracia: ¿La información es clasificada en personal y sensible? ¿Se recopila con consentimiento? ¿Cómo y dónde se almacena? Antes toda la información se contenía en archiveros, hoy ha pasado a estar en la nube con servidores de Microsoft, Google, o AWS, pero ¿cómo se gestiona el acceso y confidencialidad? ¿Cómo se efectúa la comunicación interna? ¿Cómo se resguarda la seguridad de la información en la cadena de suministro? Al final del día, se trata de analizar cuál es el organigrama de la organización y cómo están distribuidas las tareas para delimitar el campo de acción de la ciberseguridad ya que podemos ver PYMES que trabajan

por medio de redes sociales y mensajes sin tener presente la vulnerabilidad de los canales por los que atraviesa la información de su cliente (nombre, correos, medios de pago, entre otros) en medios que no cuentan con una red segura y protegida.

El análisis anterior permitirá controlar riesgos operacionales como proteger la cadena de suministro y prevenir la interrupción del negocio ya que un ataque de ransomware paraliza total o parcialmente actividades clave de la empresa. ¿Qué pasa si una fábrica no puede operar sus máquinas? ¿Si una cooperativa no puede procesar transacciones? Asimismo, la pérdida de información genera daño irreparable a la misma organización y una ventaja competitiva a un tercero.

En conclusión, el cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad y protección de datos en El Salvador trasciende a la simple adquisición de soluciones de tecnología. La estrategia de "ir más allá del firewall" es un imperativo del negocio, dado que las soluciones de TI por sí solas, sin una gestión holística constituyen un cumplimiento aparente y dejan expuesta a la organización a riesgos críticos que crean riesgos legales, reputacionales, financieros y operacionales. Es indispensable asignar presupuesto por parte de la alta dirección y una adaptación integral para clasificar, gestionar, controlar y asegurar que la seguridad por diseño pase a ser seguridad por defecto alineada al factor humano, cualquier inversión tecnológica es insuficiente sino se garantiza la protección de la información del cliente, por lo tanto, la continuidad del negocio o del servicio de la Institución bajo el actual entorno regulatorio actual en ciberseguridad.

La estrategia de "ir más allá del f irewall" es un imperativo del negocio, dado que las soluciones de TI por sí solas, sin una gestión holística constituyen un cumplimiento aparente y dejan expuesta a la organización a riesgos críticos que crean riesgos legales, reputacionales, f inancieros y operacionales”.

ACTUALIDAD 32|DERECHO Y NEGOCIOS

NUEVAS REGLAS PARA EL NOTARIADO: DIGITALIZACIÓN PLENA DE LIBROS Y SERVICIOS

L

a entrada en vigor, el 1 de diciembre de 2025, de las reformas a la Ley de Notariado aprobadas mediante el Decreto Legislativo n.º 555 marca un antes y un después en el ejercicio notarial salvadoreño. Tras más de seis décadas bajo un modelo predominantemente físico, el país da un paso decisivo hacia la digitalización plena de los libros de protocolo, los testimonios y determinadas actas notariales, incorporando herramientas tecnológicas que permiten una gestión más segura, ordenada y verificable del archivo notarial. Esta transformación, sustentada por la adopción obligatoria de la firma electrónica certificada, responde a la necesidad de modernizar procesos que ya no eran compatibles con las exigencias contemporáneas de conservación documental, eficiencia administrativa y mitigación de riesgos institucionales.

Desde sus considerandos, las reformas advierten que el contenido original de la Ley de Notariado ya no respondía a la realidad tecnológica actual. La Sección de Notariado debía resguardar físicamente miles de libros de protocolo al año, acumulados durante décadas dentro de instalaciones que carecían de la infraestructura adecuada para garantizar su preservación. A ello se sumaban costos crecientes, riesgos de deterioro y la imposibilidad práctica de gestionar un archivo de tal magnitud.

Con este diagnóstico, el legislador autorizó la transición hacia un sistema digital apoyado en la Ley de Firma Electrónica y en la obligación de las instituciones del Estado de incentivar el uso de documentos electrónicos para la prestación de servicios.

El nuevo modelo de protocolo digital El núcleo de la reforma se encuentra en la nueva redacción del artículo 23, que exige a los notarios entregar a la Sección de Notariado, dentro del plazo tradicional de quince días, un documento electrónico firmado con firma electrónica certificada que contenga el libro de protocolo vencido o agotado, junto con sus anexos. Este archivo digital adquiere la misma calidad registral que el libro físico, por lo que servirá como base para la expedición de testimonios y para cualquier consulta institucional. Además, el artículo establece que la entrega y conservación del archivo deberán realizarse mediante sistemas informáticos seguros que

permitan su comunicación, almacenamiento y verificación. Para ello, la Corte Suprema de Justicia emitió previamente lineamientos técnicos que regulan la forma de escaneo, resolución, firma y envío del libro digital.

Pese al avance tecnológico, el notario mantiene la obligación de conservar el libro físico por quince años, debiendo presentarlo cuando la Sección de Notariado o cualquier autoridad competente lo requiera. La reforma consolida así un modelo híbrido: aunque el protocolo físico subsiste, es la versión electrónica la que adquiere primacía para fines administrativos, registrales y de resguardo institucional.

El artículo 24 reformado incorpora reglas claras para el manejo de anexos, estableciendo que estos deberán digitalizarse y remitirse en un documento separado que respete el orden del protocolo.

La reforma también fortalece los mecanismos de control. El artículo 25 dispone que quien incumpla con la entrega electrónica no podrá recibir nuevas hojas para un próximo libro. Asimismo, la Sección de Notariado deberá registrar electrónicamente, en asientos separados, cada devolución de protocolo, incluyendo datos de hojas usadas, instrumentos autorizados y anexos, lo que permitirá una auditoría más rigurosa del cumplimiento notarial.

Otro aspecto relevante es la actualización del artículo 29, que ordena que los notarios que deban ausentarse del país entreguen electrónicamente el libro si la ausencia supera su fecha de vencimiento. Si retornan antes, podrán continuar utilizándolo luego de recibir autorización electrónica de la Sección de Notariado. Este procedimiento elimina trámites presenciales que antes generaban demoras y vacíos administrativos.

Transformación del régimen de testimonios y actas Las reformas también modernizan el régimen de testimonios.

Desde su entrada en vigor, los notarios no pueden emitir testimonios después de haber entregado el libro electrónico, y cualquier diferencia entre el libro físico y el digital será motivo de responsabilidad. El nuevo artículo 45 establece que los testimonios serán extendidos exclusivamente en documento electrónico, con

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firma electrónica certificada del jefe o subjefe de la Sección de Notariado, y con un mecanismo de verificación tecnológica que permitirá a usuarios y autoridades comprobar su autenticidad. Esto elimina riesgos de falsificación, facilita la trazabilidad y agiliza la obtención de testimonios por parte de los interesados.

El artículo 47 establece la obligación de remitir electrónicamente el testimonio de todo testamento nuncupativo dentro de cinco días de su otorgamiento, reforzando la función registral de la Corte Suprema, que ahora llevará un archivo especial con índice alfabético del testador. A las reformas se suma el nuevo artículo 49-A, que autoriza a la Corte Suprema a fijar el arancel de los servicios regulados en la ley. Finalmente, el artículo 53 reformado impone la obligación de remitir electrónicamente todas las actas notariales dentro de los cinco días siguientes a su otorgamiento.

Lineamientos institucional

técnicos

y

control

Con la entrada en vigor de estas reformas adquieren plena operatividad los Lineamientos Técnicos para la Presentación y Resguardo de los Libros de Protocolo e Instrumentos Notariales, que detallan los procedimientos obligatorios para la entrega digital: escaneo en PDF a 200 dpi, firma electrónica certificada inmediatamente después del cierre, inclusión de razones de apertura y cierre, la totalidad de las escrituras en orden numérico, sacas correspondientes y todas las hojas no utilizadas, previamente tachadas. También regulan la remisión de anexos en archivo separado, la creación del índice electrónico dentro del Expediente Electrónico Único del Abogado y el uso de la aplicación Notariado Móvil como alternativa habilitada.

A tomar en cuenta: 1. Entrega digital del protocolo Debe enviarse en formato electrónico con firma certificada dentro de 15 días.

2. Validez plena del archivo digital El protocolo electrónico tiene la misma fuerza jurídica que el físico.

3. Conservación del libro físico El notario debe guardarlo durante 15 años para posibles requerimientos.

4. Anexos digitalizados por separado Deben enviarse en archivo aparte siguiendo el orden del protocolo.

5. Sanción por no entregar Sin entrega digital, el notario no recibe nuevas hojas de protocolo.

Los lineamientos desarrollan además el procedimiento de revisión institucional: una vez enviado el archivo digital, la Sección de Notariado verifica su integridad y notifica si el libro es conforme o si existen observaciones subsanables. En caso de aprobación, el notario deberá presentar el libro físico en un plazo de diez días hábiles para su embalaje oficial. Si las observaciones son subsanables, deberán corregirse mediante el envío de un nuevo archivo completo; si son insubsanables, quedarán registradas en el expediente. También se regulan escenarios especiales como fallecimiento del notario, suspensiones, inhabilitaciones o entregas por terceros.

6. Sin testimonios tras enviar el protocolo

Finalmente, los lineamientos incluyen la obligación de remitir electrónicamente instrumentos que requieren control reforzado: testimonios de testamentos nuncupativos, actas vinculadas a operaciones reguladas por la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos y actas de autorización de salida del país de menores. Incorporan además el esquema de aranceles electrónicos aprobado por la Corte Suprema conforme al artículo 49-A.

Todas las actas deben remitirse digitalmente en un plazo máximo de 5 días.

No pueden emitirse testimonios después del envío del libro digital.

7. Testimonios solo electrónicos Se emiten únicamente en formato digital y con firma certificada institucional.

8. Actas en 5 días

9. Reglas para ausencias del país Si el protocolo vence durante la ausencia, debe enviarse antes de viajar.

Un nuevo estándar para la función notarial Con la reforma legal y los nuevos lineamientos, El Salvador inaugura un modelo notarial digitalizado, más eficiente y con un control institucional significativamente reforzado, en el que el archivo electrónico se convierte en la herramienta central para garantizar la integridad, trazabilidad y seguridad de los instrumentos públicos notariales.

10. Cumplimiento técnico obligatorio El escaneo debe cumplir parámetros (200 dpi, firmas, índice, hojas tachadas) para ser aceptado.

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INVERSIONISTAS GLOBALES COLOCAN A AMÉRICA LATINA en el centro del mercado de fusiones y adquisiciones, según informe de KPMG

A

mérica Latina vuelve a estar en el radar internacional del mercado de fusiones y adquisiciones (M&A). Tras años de incertidumbre marcada por crisis sanitarias, tensiones geopolíticas y ciclos económicos irregulares, la región se presenta ante inversionistas globales como un territorio de oportunidades heterogéneas, riesgo manejable y expectativas de crecimiento sectorial. Así lo confirma el informe “Trazando rutas de valor: Un mapa para realizar M&A en América Latina”, elaborado por KPMG, el cual analiza las expectativas, experiencias y proyecciones de 400 líderes empresariales con operaciones en mercados latinoamericanos.

El estudio detecta un cambio sustancial en la percepción del clima transaccional. El 62 % de los inversionistas afirma que nunca había existido una oportunidad tan favorable para concretar operaciones en la región, lo que representa un incremento de 17 puntos porcentuales con respecto al informe anterior. El dato es relevante no solo por su magnitud, sino por el contraste: la región continúa enfrentando volatilidad política, presiones tributarias, devaluaciones cambiarias y ajustes regulatorios, pero los inversionistas parecen haber integrado esos factores como elementos estructurales del entorno, y no como obstáculos decisivos.

Este giro, según KPMG, marca una transición hacia una visión más madura del mercado latinoamericano. Las empresas ya no conciben su presencia en la región como una apuesta provisional o experimental, sino como parte de una estrategia global que busca resiliencia, diversificación y proximidad a mercados de alto consumo, como Estados Unidos.

Un mercado en expansión: más transacciones, más actores y mayor competitividad El informe revela que las organizaciones realizaron en promedio 2.9 transacciones en los últimos dos años, y proyectan alcanzar 2.94 operaciones para 2026, una cifra que, aunque moderada, muestra consistencia y refleja que la actividad de M&A continúa siendo una herramienta clave para acelerar crecimiento, reestructurar compañías o absorber oportunidades emergentes.

Las firmas de capital privado destacan con mayor intensidad: se espera que realicen 4.26 transacciones en promedio durante el mismo periodo, consolidándose como actores decisivos en sectores tecnológicos, financieros y energéticos.

Este incremento responde a varios factores. El nearshoring, particularmente en México, ha abierto una ventana de oportunidades logísticas e industriales. La reubicación de cadenas de suministro, impulsada por tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, encuentra en México un punto estratégico para manufactura, tecnología y servicios especializados. En Brasil, la combinación de recursos naturales, incentivos regulatorios selectivos y un ecosistema robusto de innovación actúa como imán para inversiones en infraestructura, energía renovable y biotecnología.

Otros países, como Colombia, Chile y Perú, muestran dinamismo en sectores de energía, agroindustria, minería sostenible y servicios financieros digitales. Incluso en mercados más pequeños, como Centroamérica y el Caribe, se observan señales de actividad en hotelería, transporte, fintech y manufactura liviana.

La incertidumbre política como variable estructural, no inhibidora Aunque el apetito de inversión crece, el informe evidencia que la región no está exenta de desafíos. El 63 % de los ejecutivos afirma que los recientes cambios políticos incrementaron la incertidumbre fiscal y regulatoria, mientras que 58 % considera que las tensiones comerciales internacionales afectan la estabilidad del entorno regional. De hecho, la percepción de riesgo político continúa siendo uno de los elementos más señalados por los inversionistas, pero el estudio plantea una lectura distinta: el riesgo ya no se concibe como un imprevisto, sino como una característica inherente del ecosistema latinoamericano.

En palabras de varios líderes consultados, operar en la región obliga a desarrollar capacidades incrementadas de análisis, flexibilidad y adaptación. KPMG sostiene que esta experiencia acumulada ha llevado a las empresas a diseñar estrategias de resiliencia más sofisticadas, incluyendo: Estructuras fiscales más complejas, que permiten absorber choques tributarios; Modelos de gobierno corporativo multicapa, capaces de responder a escenarios regulatorios diversos; Protocolos internos de anticipación política, basados en sistemas de alerta temprana y asesoría local;

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Diversificación geográfica, múltiples jurisdicciones.

para

equilibrar

riesgo

entre

En lugar de visualizar la incertidumbre como un freno, muchos la consideran un desafío gestionable y, en ciertos casos, un factor que reduce competencia y genera oportunidades para quienes cuentan con mejores recursos estratégicos.

La ruta fiscal: un campo decisivo para cerrar o colapsar acuerdos Uno de los hallazgos más contundentes del informe es el peso actual del componente fiscal en las transacciones. Nueve de cada diez líderes encuestados reportan haber enfrentado impactos fiscales significativos en sus operaciones, un porcentaje que ha aumentado en comparación con informes previos. Estos impactos incluyen ajustes tributarios posteriores a adquisiciones, reinterpretaciones regulatorias por parte de autoridades fiscales locales, variaciones abruptas en incentivos económicos y mayor digitalización de los sistemas tributarios.

En algunos casos, los obstáculos fiscales tienen efectos determinantes: acuerdos avanzados terminan colapsando cuando las partes no logran conciliar diferencias en materia de impuestos o no pueden predecir la carga fiscal futura con certeza razonable.

KPMG señala que estas situaciones están motivando que las empresas adopten aproximaciones más cautelosas, apoyadas en procesos de due diligence exhaustivos, modelación de escenarios y asesoría fiscal simultánea en varios países.

El informe destaca que la región se encuentra en plena transformación digital tributaria. Países como México, Brasil, Colombia y Chile están encabezando la implementación de sistemas de facturación electrónica, trazabilidad digital y fiscalizaciones automatizadas, lo que permite mayor control estatal y reduce márgenes de maniobra para estructuras jurídicas complejas. Para las empresas, esto significa menos espacio para interpretaciones y mayor necesidad de cumplimiento estricto.

La inteligencia transaccional

artificial

redefine

el

ciclo

Uno de los puntos innovadores del informe es la identificación del papel creciente de la inteligencia artificial (IA) en los procesos de M&A. El 77 % de las empresas encuestadas ya emplea

herramientas de IA para análisis de valor, evaluación de riesgos, optimización de datos y procesos de integración post-fusión.

Esto está transformando las operaciones de varias maneras: Evaluación de compañías objetivo: los modelos avanzados de IA permiten analizar grandes volúmenes de información financiera, de mercado y operativa, identificando patrones o alertas que los equipos humanos tardarían semanas en detectar.

Valoración de activos: algoritmos predictivos ayudan a determinar expectativas de rendimiento, volatilidad y sensibilidad ante cambios externos.

Due diligence multidimensional: la IA agiliza revisiones legales, tributarias, laborales y tecnológicas, evitando omisiones y reduciendo tiempo.

Integración operativa: herramientas inteligentes permiten mapear redundancias, trazar rutas de sinergia y optimizar procesos en la etapa posterior a la adquisición.

KPMG concluye que la IA se consolida como una herramienta indispensable para competir en igualdad de condiciones en transacciones complejas, ya que reduce costos, acorta plazos y aumenta la precisión del análisis estratégico.

El estudio “Trazando rutas de valor” revela un aumento signif icativo en el apetito transaccional, acompañado de mayor sof isticación f iscal, cautela política y nuevas estrategias impulsadas por inteligencia artif icial".

EMPRESARIAL 36|DERECHO Y NEGOCIOS

FONDOS PROYECTA LIFE Y 5PLUS: LA APUESTA DE AFP CONFIA

PARA CERRAR EL AÑO CON METAS FINANCIERAS CLARAS

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n un cierre de año marcado por el aguinaldo y el inicio de nuevos propósitos, AFP CONFIA refuerza su mensaje: el momento ideal para iniciar el ahorro y construir patrimonio es ahora. Así lo afirma Marleny Hidalgo, jefa de Productos Voluntarios de AFP CONFIA, quien conversó con Derecho y Negocios sobre las oportunidades que los Fondos de Ahorro Voluntario ofrecen para que los salvadoreños inicien el 2026 con estabilidad y visión financiera.

probablemente muchos desconocen, es el beneficio fiscal que ofrecen. “Los ahorros que se realicen en Life o en 5Plus pueden descontarse del impuesto sobre la renta hasta un 10% del salario anual”, explica Hidalgo.

Hidalgo explica que muchos salvadoreños aún no han tomado la decisión de invertir de forma sistemática, y que el aguinaldo se convierte en un punto de partida estratégico.

Además de la rentabilidad diaria acreditada en la cuenta y del beneficio tributario, la ejecutiva subraya que estos fondos se adaptan a cualquier objetivo: desde estudios universitarios de los hijos, compra de vehículo, fondo de emergencia, capital semilla para un negocio o incluso para metas personales como viajes.

“La pregunta es: ¿me voy a gastar todo el aguinaldo o voy a reservar una parte para comenzar a construir mi propio patrimonio?”, pregunta. Desde AFP CONFIA recomiendan iniciar destinando un 20% de este ingreso extraordinario al ahorro voluntario para comenzar a cimentar metas de corto, mediano o largo plazo.

Los Fondos Proyecta Life y Proyecta 5Plus han sido diseñados precisamente para acompañar esta etapa inicial del inversionista salvadoreño.

Ambos instrumentos destacan por su accesibilidad, flexibilidad y por ser productos regulados por la Superintendencia del Sistema Financiero. Según Hidalgo, Proyecta Life cuenta con una rentabilidad anualizada en los últimos 360 días al cierre de noviembre de 2025 de 6.15%, con baja volatilidad y un comportamiento estable ideal para quienes están dando sus primeros pasos. Por su parte, Proyecta 5Plus alcanzó recientemente una rentabilidad anualizada en los últimos 180 días al cierre de noviembre de 2025 del 6.96%, y está orientado a perfiles con mayor tolerancia al riesgo y un horizonte de inversión más largo.

El beneficio fiscal Sin embargo, uno de los diferenciales más relevantes, y que

Este incentivo no aplica para depósitos bancarios, plazos fijos u otros fondos de inversión, lo cual convierte a los productos de AFP CONFIA en una alternativa única en el mercado salvadoreño.

“Estos fondos se integran fácilmente a cualquier etapa de vida.

Usted decide cómo ahorrar, cuánto aportar y cuándo retirar según su meta financiera”, agrega.

El proceso de apertura es sencillo: basta con presentar DUI, detallar beneficiarios, completar la información del origen de fondos y realizar un aporte inicial desde montos accesibles. Los interesados pueden obtener asesoría personalizada a través del sitio web www.confia.com o llamando al 2267-7777, opción 7.

En este cierre de año, AFP CONFIA invita a los salvadoreños a reflexionar y tomar decisiones inteligentes sobre su dinero. Como concluye Hidalgo: “Gocemos el aguinaldo, pero también pensemos en nosotros mismos. Regalémonos seguridad y comencemos a construir un patrimonio que nos dé tranquilidad hacia el futuro”.

5 claves del ahorro voluntario con AFP CONFIA 1. Rentabilidad diaria actualmente aplicada en cuenta: Proyecta Life (6.15% anual) y Proyecta 5Plus (6.96% anual).

2. Beneficio tributario único: deducción de renta hasta el 10% del salario anual.

3. Montos accesibles y flexibilidad total en aportes y retiros según metas.

4. Instrumentos regulados por la Superintendencia del Sistema Financiero.

5. Ideal para metas personales y familiares: educación, emergencias, negocios, viajes o capital de inversión.

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