Revista DyN #157

EDICIÓN #157

CONTENIDO

Las 45 de 45

Mariella Aguilar de Padilla

Cynthia Cañas

Marcela Castillo

Jasmin Arteaga

Alessandra Cantizano

Mónica Estrada

Karen García

Claudia Arteaga Montano

Joanna Beatrice Guerra

Marianella Guidos

María Cristina Herrera

Marta Hortensia Cea

María Susana Maldonado

Geraldina Leiva

Karla León

Sara González

Claudia Patricia Marroquín

Carolina Meléndez

Adela Menjívar

@RevistaDyN www.derechoynegocios.net

DyN

Edición #157

ISSSN: 2075 - 6631

el Mirador, Pje. Domingo Santos #600-31

Claudia de Larín

Marta Mena

Iris Merino

Carmen Elena Ochoa

María Cielo Juárez

Marcela Mira

Silvia Pardo

Alejandra Perezcassar

Karla Martel Pérez

Alejandra Montana

Soraya de Himede

Daniela Reyes

Francesca Rivas de Apostolo

Camila Oviedo

Marcia Reyes

Marjorie Reyes

Flor de María Vaquerano

Nidia Marisela Pérez

Karen Sánchez

Paola Rosa

Karla María Romero

Karen Rodas

Marcella Romero

Michelle Rosa-Beltrán

María José Soto

Adalicia Torres

Expectativas con la nueva ley de Inteligencia Artificial.

Redacción DyN

La nueva ley de ciberseguridad y seguridad de la Información.

Redacción DyN

El Salvador produce para el mundo: un ambicioso plan industrial para transformar la economía nacional.

Redacción DyN

Cinco gestiones esenciales que todo abogado debe cumplir ante la Corte Suprema de Justicia.

Redacción DyN

Prohibida

PRESIDENTE

Manuel Carranza manuelcarranza@derechoynegocios.net

VICEPRESIDENTE

Lisandro Campos lisandrocampos@derechoynegocios.net

GERENCIA

Linda Alarcón gerencia@derechoynegocios.net

CONTENIDOS

Equipo DyN

DISEÑO EDITORIAL

Enrique Alexander Morán arte@derechoynegocios.net

CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados lectores:

Cada edición de Derecho y Negocios busca reflejar el pulso del sector jurídico salvadoreño. Esta vez, damos un paso más: documentamos y celebramos el liderazgo femenino que ya no está emergiendo, sino consolidándose como pilar esencial del ejercicio jurídico contemporáneo.

En esta edición 157, rendimos homenaje a 45 abogadas menores de 45 años que están redefiniendo el rol de la mujer en el derecho. Es nuestra entrega especial de nuestro cuarto certamen de “Las 45 de 45”. Se trata de una selección rigurosa y meritocrática, fruto de un proceso que valora formación, impacto profesional, ética y compromiso con el desarrollo del país. Este reconocimiento, ya en su cuarta edición, pone en evidencia que el talento femenino no es promesa: es realidad.

Este grupo de profesionales representa una generación decidida, que combina el dominio técnico con sensibilidad social, visión institucional y pensamiento estratégico. No se trata únicamente de perfiles individuales destacados, sino de una red profesional con capacidad de influir positivamente en el rumbo jurídico del país.

Desde Derecho y Negocios, hemos querido ofrecer más que una distinción editorial. Hemos creado una plataforma que visibiliza, conecta e impulsa. Las historias que encontrarán en estas páginas son testimonios de éxito que inspiran y desafían estereotipos y que amplían el horizonte de lo posible para las nuevas generaciones de abogadas en El Salvador.

En este contexto, reiteramos nuestro compromiso con una abogacía más equitativa, moderna y conectada con los desafíos reales del país. Seguiremos apostando por contenidos que promuevan la excelencia jurídica y que fomenten la participación activa de todos los actores del sistema legal, sin importar género, edad o sector.

A cada una de las abogadas reconocidas: gracias por su trabajo, por su ejemplo y por el legado que están construyendo. Que esta edición sea testimonio de su presente y plataforma para lo que está por venir.

Atentamente

ManuelCarranza PRESIDENTE

LAS 45 DE 45:

El ejercicio del derecho en El Salvador ha evolucionado significativamente en los últimos años, dando paso a una nueva generación de profesionales que destaca por su preparación, liderazgo, visión estratégica, adaptación al mundo digital y profundo compromiso social. En ese contexto, la edición especial “Las 45 de 45” de la revista Derecho y Negocios rinde homenaje a un grupo selecto de abogadas menores de 45 años cuya trayectoria sobresale por su impacto en el ámbito jurídico nacional e internacional.

Estas 45 profesionales han sido seleccionadas a través de un riguroso proceso de evaluación, entre cientos de candidaturas, por sus aportes concretos a la práctica del Derecho en diversas áreas y en un mundo profesional muy competitivo. Más que una distinción individual, esta lista representa una muestra del talento jurídico que está marcando el presente y proyectando el futuro del país. El nuevo rostro del Derecho

Las seleccionadas provienen de múltiples ámbitos: despachos jurídicos, empresas privadas, organizaciones internacionales, instituciones públicas, consultoras y entornos académicos. Algunas lideran equipos en firmas multinacionales, otras defienden derechos humanos en tribunales regionales y muchas están detrás de estrategias legales que impactan la economía nacional. Pero todas comparten una misma cualidad: su capacidad de transformar su entorno desde el Derecho.

"UNA GENERACIÓN DE ABOGADAS QUE ESTÁ CAMBIANDO EL ROSTRO DEL DERECHO EN EL SALVADOR”

Esta edición especial, ya en su cuarta entrega, no solo representa una celebración individual. Es una afirmación del potencial femenino que está emergiendo con fuerza en el sector legal. Según Manuel Carranza, presidente de la revista Derecho y Negocios, “estas abogadas son el presente y el futuro del derecho en El Salvador. Representan una nueva forma de ejercer la abogacía, donde el conocimiento técnico convive con la sensibilidad social, el liderazgo ético y una visión de país”.

Una selección rigurosa y meritocrática

Cada una de las profesionales incluidas en “Las 45 de 45” ha demostrado méritos concretos: al menos una maestría en derecho, experiencia relevante en sus áreas de especialización, participación en casos de alto impacto o en reformas institucionales, y un compromiso con el desarrollo jurídico nacional. En muchos casos, también cuentan con posgrados adicionales, publicaciones académicas y experiencia en escenarios internacionales.

La revista, en el marco de su 16º aniversario, ha fortalecido este reconocimiento con una cobertura editorial especial, que incluye perfiles detallados de cada abogada. Esta iniciativa no solo visibiliza sus logros, sino que también inspira a las nuevas generaciones de mujeres que aspiran a desarrollarse profesionalmente en el mundo jurídico.

Compromiso con la equidad y la excelencia

“Las 45 de 45” es más que una lista de nombres. Es una plataforma de visibilidad para ellas que, sin abandonar sus principios, han desafiado prejuicios, resistido obstáculos y transformado desafíos en oportunidades. En palabras del presidente de Derecho y Negocios, “la juventud ya no es una barrera, es una ventaja competitiva. Estas abogadas lo demuestran con resultados y con una ética profesional que eleva los estándares del ejercicio jurídico”.

Cada una de ellas es testimonio de que el derecho puede y debe ejercerse con una profunda conciencia social. Ya sea desde una sala de audiencias, una firma corporativa, una ONG o una cátedra universitaria, su labor tiene un impacto que trasciende lo jurídico y se convierte en motor de transformación para la sociedad.

Inspiración para una nueva generación

En un entorno donde el éxito femenino aún enfrenta múltiples barreras estructurales, esta edición se convierte en una invitación a mirar hacia el futuro con optimismo. No es solo un reconocimiento a lo logrado, sino un mensaje claro: el talento, cuando se acompaña de ética, perseverancia y compromiso social, siempre encontrará un camino.

Muchas de las abogadas reconocidas en esta edición compartieron durante la gala de reconocimiento, hace algunas semanas, momentos emotivos, agradecimientos a sus familias, mentores, equipos de trabajo y especialmente a aquellas mujeres que abrieron camino antes que ellas. También dejaron claro que, para ellas, este premio es un incentivo para seguir trabajando, pero también una responsabilidad de ser referentes y modelos a seguir.

La fuerza de una red profesional

Una de las mayores contribuciones de “Las 45 de 45” es la creación de una comunidad jurídica femenina que trasciende sectores y permite el intercambio de ideas, colaboración interinstitucional y mentoría. El reconocimiento no solo celebra trayectorias individuales, sino que fomenta la construcción de redes de apoyo entre profesionales que comparten valores, desafíos y aspiraciones.

Derecho y Negocios ha asumido la misión de mantener y fortalecer este espacio, brindando plataformas editoriales, oportunidades de formación y foros de discusión para que estas mujeres —y las que vendrán— puedan

seguir creciendo juntas y generando impacto desde sus respectivas trincheras.

Un legado que se proyecta

La abogacía salvadoreña está en manos firmes. Lo demuestran estas 45 mujeres que, desde su trabajo diario, están construyendo un país más justo, más competitivo y más respetuoso del estado de derecho. El reconocimiento que hoy reciben es merecido, pero también es una señal de que la excelencia tiene rostro de mujer.

“Este premio no es el final del camino, es solo una estación más en un trayecto de largo aliento”, expresó Carranza durante la gala. “Queremos que lo reciban con orgullo, pero también con humildad. Que lo vean como una plataforma desde donde pueden seguir elevando su voz, su influencia y su impacto”.

Desde Derecho y Negocios, extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a cada una de las abogadas reconocidas en esta edición. Su presencia en la lista de “Las 45 de 45” no solo honra sus trayectorias, sino que reafirma la convicción de que la justicia se construye mejor cuando se ejerce con rigor, pasión y equidad. En ustedes reconocemos no solo a las mejores profesionales del presente, sino a las arquitectas de un mejor futuro para el derecho en El Salvador.

Cynthia Cañas

La trayectoria legal de Cynthia Melissa Emilia Cañas es de casi dos décadas, tiempo en el que se ha consolidado como una abogada y notaria de prestigio en El Salvador, combinando su formación académica con una experiencia sólida en asesoría corporativa, derecho regulatorio, consumo y telecomunicaciones. Es licenciada en Jurisprudencia y Ciencias Sociales por la Universidad José Matías Delgado y posee una Maestría en Derecho de la Empresa (LL.M.) por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Actualmente se desempeña como asesora legal en Corporación Multi Inversiones

MARIELLA AGUILAR DE PADILLA

Con más de una década de experiencia como abogada corporativa, Mariella Aguilar de Padilla ha construido una trayectoria marcada por la innovación jurídica y el enfoque estratégico en cumplimiento normativo. Su especialización en prevención de lavado de dinero, protección de datos y regulación de negocios digitales la posiciona como una de las voces referentes en el entorno legal-empresarial salvadoreño.

Actualmente es socia fundadora de Holística Hub, firma especializada en Risk Management y Continuidad del Negocio, desde donde desarrolla la implementación de soluciones tecnológicas para la gestión de riesgos legales y fomenta la inversión extranjera en el país. Recientemente finalizó su formación en Derecho Aplicado del Mar (la abogada del mar) y fue nombrada como consejera adjunta para Acajutla Logistic, para atraer inversión extranjera al país. Aguilar de Padilla posee una maestría en Cumplimiento Corporativo por la European Business School y certificaciones internacionales en sistemas de

(CMI), donde brinda orientación jurídica estratégica en las unidades de negocio de Soluciones Cárnicas y Restaurantes & Retail, destacándose en el manejo de contratos, análisis normativo, derecho laboral y cumplimiento regulatorio. En esta función ha liderado capacitaciones y participado en proyectos transversales que impactan directamente en la operación de marcas como Pollo Indio, Toledo, Pollo Campero y Don Pollo.

Su carrera incluye también el ejercicio independiente y su paso por firmas como Consortium Legal y Telemovil El Salvador, así como su trabajo en la Defensoría del Consumidor, donde ocupó roles clave en arbitraje de consumo y análisis jurídico de contratos financieros.

Cañas García domina el inglés y posee conocimientos de francés, además de mantenerse en formación continua, como lo demuestra su participación en programas de habilidades gerenciales y derecho corporativo. Su perfil técnico, ético y multidisciplinario refleja un compromiso sostenido con la excelencia jurídica y el fortalecimiento institucional del entorno empresarial salvadoreño.

gestión de riesgos y compliance. Su capacidad como facilitadora se ha evidenciado en seminarios sobre derecho digital, cumplimiento corporativo y protección de datos. Además, ha sido articulista en publicaciones especializadas como la revista Derecho y Negocios.

Entre sus hitos recientes figura la creación del Comité de Cumplimiento de FOCUS Services El Salvador, empresa para la que también se desempeña como asesora externa en riesgos regulatorios. En su paso por CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), lideró la revisión normativa institucional y fue clave en la creación de nuevas prestaciones para el personal, entre ellas al Centro Infantil y la Unidad de Género.

Mariella Aguilar de Padilla representa un liderazgo legal orientado a la innovación, la ética y la transformación empresarial.

Marcela Castillo

Sus 13 años de trayectoria en el ejercicio del Derecho han llevado a Marcela Stephany Castillo de Fernández a consolidarse como una figura clave en el ámbito jurídico corporativo y arbitral en El Salvador.

Abogada y notario graduada de la Universidad Doctor José Matías Delgado, complementó su formación con una maestría en Administración de Empresas en la Escuela Europea de Dirección de Empresa (EUDE), lo que le ha permitido integrar una visión empresarial a su sólida práctica legal.

Desde 2017, se desempeña como abogada senior en Grupo Roble, una de las empresas más

importantes del sector inmobiliario y comercial de la región.

Anteriormente, fue abogada asociada en Sáenz & Asociados, donde acumuló experiencia en asesoría legal integral para empresas locales e internacionales. Su especialización abarca el derecho corporativo y notarial, arbitraje, derecho laboral, registral, administrativo y propiedad intelectual.

Ha participado en procesos arbitrales tanto nacionales como internacionales, incluyendo casos ante la Corte Internacional de Arbitraje (CCI) y la Comisión Interamericana de Arbitraje (CIAC), abordando conflictos en sectores como telecomunicaciones, energía y construcción. También ha gestionado complejas carteras de propiedad intelectual y ha sido asesora en cumplimiento normativo y trámites regulatorios ante diversas instituciones del Estado. Domina el inglés y maneja con fluidez herramientas tecnológicas aplicadas al derecho. Su formación complementaria incluye diplomados y seminarios especializados en arbitraje, derecho notarial y aeronáutico. Marcela es reconocida por su ética, liderazgo técnico y compromiso con la excelencia profesional en cada uno de los casos que representa.

LAS 45 DE 45

Con una amplia trayectoria de más de 20 años, la abogada y notaria Jasmin Arteaga se ha consolidado como una asesora de alto nivel y especialista reconocida en el ámbito de la contratación pública, la asesoría empresarial, la reforma institucional las soluciones jurídicas, técnicas y estratégicas en derecho administrativo y mercantil, políticas públicas y modernización institucional, entre otras.”

Su trabajo ha trascendido el ejercicio privado de la abogacía para incidir directamente en políticas públicas, marcos normativos y procesos de modernización del Estado salvadoreño, además de colaborar estrechamente con organismos internacionales.

Desde su firma Lextendencia Consulting, Arteaga ofrece asesoría estratégica, técnica y jurídica a organismos multilaterales y empresas.

Su enfoque combina un conocimiento profundo del derecho administrativo y mercantil con una visión práctica, lo que le ha permitido brindar soluciones concretas en áreas como la simplificación administrativa, el cumplimiento normativo y la estructuración legal de negocios.

Una de las áreas más relevantes en su trayectoria ha sido la contratación pública. Arteaga formó parte de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), adscrita al Ministerio de Hacienda, entre 2011 y 2020, desempeñándose como asesora y posteriormente como directora. En ambos roles, participó en la elaboración de normativas, políticas y lineamientos técnicos orientados a fortalecer y modernizar las contrataciones públicas del país. Durante su período como directora, tuvo a su cargo la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP) y su reglamento, y lideró la administración del Sistema Electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL) herramienta clave para la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. En 2019, fue ponente invitada en un panel de discusión en la Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Públicas Gubernamentales (RICG – OEA), realizada en República Dominicana.

Desde esa posición, impulsó políticas anuales de compras públicas, instruyó a funcionarios y proveedores en la materia, y acompañó múltiples procesos de asistencia técnica financiados por organismos cooperantes.

Su trabajo incluyó también la revisión de propuestas de reformas legales, el análisis de consultas complejas por parte de entidades públicas y contratistas, así como la solución de controversias derivadas de procesos de adquisición.

Previo a su paso por el sector público, Jasmin Arteaga formó parte del equipo de Consortium Legal, una de las firmas más destacadas de Centroamérica. Allí, ejerció como abogada en litigios y arbitrajes, brindando asesoría en derecho mercantil, civil, laboral y administrativo, lo que fortaleció su visión integral de la práctica jurídica.

Desde diciembre de 2020, forma parte del equipo legal de Proyectos Estratégicos Gubernamentales. En este rol, ha participado en el análisis de normativas administrativas orientadas a mejorar el clima de negocios y ha coordinado consultorías internacionales en mejora regulatoria.

Su formación académica también es robusta. Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador y posee un postgrado en Derecho Constitucional. Además, culminó estudios de maestría en Compras Públicas en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y es Magíster Latinoamericana en Compras Públicas por la Universidad Santo Tomás de Chile. A ello se suma una amplia participación en cursos y diplomados internacionales sobre derecho administrativo, delitos informáticos, ética, transparencia e innovación.

Arteaga también destaca como facilitadora en entornos académicos y técnicos. Ha impartido formación especializada en contratación pública, promoviendo buenas prácticas, gestión contractual y un enfoque ético en los procesos de compras estatales.

Su dominio del idioma inglés

y su visión estratégica le han permitido liderar proyectos que involucran actores regionales e internacionales. Como consultora, su trabajo se caracteriza por una orientación a resultados, la adaptabilidad a contextos institucionales diversos y un compromiso permanente con la legalidad y la mejora continua.

En un país que avanza hacia la transformación digital y la mejora de sus instituciones públicas, Jasmin Arteaga representa un perfil técnico-jurídico que combina experiencia, formación y visión de país. Su trayectoria es testimonio del valor que aporta el conocimiento legal aplicado al desarrollo institucional y a la transparencia en la gestión pública.

Especialista en derecho constitucional, penitenciario y penal económico, Alessandra María Cantizano Ventura ha consolidado una carrera jurídica orientada al estudio de los límites del poder punitivo estatal, la criminología, el control de constitucionalidad y la teoría del Estado. Graduada con honores de la Universidad Dr. José Matías Delgado, obtuvo un Máster en Derecho Penitenciario por la Universidad de Barcelona y un Máster en Derecho Penal Económico por la Universidad de El Salvador, contando además con un posgrado en derecho constitucional y diversos estudios en las áreas de Derechos humanos y criminología.

Su sólida formación teórica ha sido reforzada por una carrera profesional en instituciones clave del Estado salvadoreño. Así, desde noviembre de 2024 se desempeña como profesional jurídica en el Tribunal Supremo Electoral, elaborando opiniones en materia electoral y administrativa. Previamente, durante más de siete años formó parte del equipo de colaboradores de la Sala de lo Constitucional, resolviendo problemas jurídicos en las áreas de hábeas corpus e inconstitucionalidad. Su experiencia incluye también labores en el Departamento de Prueba y Libertad Asistida de la Corte Suprema de Justicia, supervisando el cumplimiento de penas no privativas de libertad.

Además, ha escrito artículos jurídicos y ejerce como docente universitaria y asesora de tesis en áreas vinculadas al Derecho Procesal Constitucional, Penal y Penitenciario en universidades públicas y privadas, donde promueve el pensamiento crítico, el análisis dogmático y La reflexión sobre el Estado de Derecho. A su vez, es capacitadora del Consejo Nacional de la Judicatura y ha participado como ponente en talleres organizados por la Escuela de Capacitación Fiscal y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Alessandra Cantizano es abogada y notaria desde el año 2012. Domina inglés, español y posee conocimientos básicos de LESSA. Su trayectoria refleja un perfil técnico, con enfoque en justicia constitucional, derecho penal y sistemas penitenciarios, articulando la experiencia institucional en la práctica jurídica con la formación académica y la capacitación continua.

Mónica Estrada

Mónica Estrada ha forjado una carrera reconocida en el ámbito judicial de El Salvador, combinando su experiencia jurídica con un profundo compromiso por la docencia y la proyección social. Su labor refleja una defensa constante de la legalidad, la educación y la ética pública. Actualmente coordina el equipo jurídico de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, donde supervisa resoluciones judiciales, garantiza el cumplimiento de metas institucionales y representa a su equipo ante magistrados.

Profesional del derecho con capacidades sobresalientes en redacción de resoluciones judiciales y manejo de procedimientos jurídicos, Estrada destaca por su capacidad de análisis de casos, investigaciones jurídicas, aplicación de jurisprudencia y asesoría fundamentada en principios legales y enfoques basados en riesgos. Cursa un máster en Gestión Pública y Liderazgo por la Universidad Europea del Atlántico, donde integró disciplinas jurídicas, administración financiera y ética profesional, con énfasis en sistemas de gestión de compliance y prevención de lavado de activos. Además, posee un máster en Compliance: Fraude y Blanqueo por Ealde Business School, España, especializado en prevención de fraudes, sobornos y riesgos relacionados con criptomonedas.

En el ámbito académico, Mónica Estrada se desempeña como docente universitaria en instituciones como la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y la Universidad Tecnológica de El Salvador, donde imparte cursos relacionados con derecho administrativo, contratos y litigación oral.

Su perfil se complementa con experiencia social como voluntaria de la Fundación Huellas y participación en proyectos internacionales de juventud y paz. También colabora como capacitadora del Órgano Judicial y es miembro del consejo editorial de la revista Latin American Law Review.

Karen García

Abogada salvadoreña con una visión global, Karen Nataly García Alvarado ha construido una carrera donde el derecho, la inteligencia artificial (IA), el comercio internacional y la inclusión económica convergen. Con experiencia en múltiples países y sectores, se ha destacado como asesora jurídica, investigadora, mentora de negocios y promotora del desarrollo sostenible.

Actualmente asesora de forma independiente en comercio internacional y miembro investigadora del Centro para la Inteligencia Artificial y la Política Digital (CAIDP), donde representa a El Salvador evaluando políticas de IA con enfoque en derechos humanos.

Su trabajo también ha contribuido a iniciativas del Banco Mundial, la CEPAL y el Banco Central de El Salvador, destacando en análisis legales, modernización estadística y políticas de comercio digital.

Karen ha sido mentora de más de una decena de programas de incubación y aceleración de negocios en Centroamérica y Estados Unidos, colaborando con organizaciones como Impact Hub, Bridge for Billions y el BID. Su enfoque ha sido potenciar a mujeres emprendedoras en industrias como el cacao, café y tecnología, promoviendo la inserción en mercados internacionales.

Cuenta con una sólida formación académica: es licenciada en Ciencias Jurídicas por la UCA, con estudios especializados en comercio internacional, IA y gobernanza, gracias a becas como EMILDAI y la Kalliopi Koufa y un posgrado en negocios generales con especialización en finanzas. Domina español, inglés y posee conocimientos de turco y francés.

Reconocida por su liderazgo femenino, excelencia profesional y labor social, Karen Nataly García encarna una nueva generación de abogadas: versátil, digitalmente competente y comprometida con la equidad global.

Con una trayectoria profesional que entrelaza el derecho, la economía y la docencia, Claudia Elizabeth Arteaga Montano se ha convertido en una figura destacada del ámbito jurídico-financiero salvadoreño. Economista, abogada y notaria, combina más de una década de experiencia en la estructuración legal de emisiones y fondos de titularización con una sólida presencia en la academia y un perfil técnico enfocado en la regulación financiera, la docencia universitaria y la formación de nuevas generaciones de juristas.

Arteaga Montano se graduó de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), donde obtuvo una doble licenciatura en Ciencias Jurídicas y en Economía y Negocios, consolidando desde sus inicios una visión integral del funcionamiento jurídico y económico del país. Su excelencia académica la llevó a obtener un LL.M. en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica de Chile (2014–2015), don de fue reconocida por su destacado rendimien to académico.

Se desempeña como gerente legal de Ri corp Titularizadora, S. A., donde ha liderado la estructuración legal de algunas de las emisio nes innovadoras, a la vez complejas del país, entre ellas la emisión corporativa de $45 millo nes de Club de Playas Salinitas, y las primeras titularizaciones de inmuebles en El Salvador. En su rol también está a cargo del área corporativa y regulatoria, y actúa como oficial de cumpli miento suplente, lo que la posiciona como una voz autorizada en cumplimiento norma tivo y prevención del lavado de dinero dentro del sistema financiero.

Su trayectoria profesional tam bién incluye experiencia en litigios, derecho registral y contratación pública. Fue colaboradora jurídica en Vega & Fratti Abogados Con sultores, asistente jurídica en PROESA, consultora para la coo peración alemana GTZ y trabajó en áreas administrativas en empresas como SISA y TACA. En el Centro de Prácticas Jurí dicas de la ESEN, brindó asis tencia legal en materia civil, familiar y conciliación judicial, un antecedente de su compro miso con el acceso a la justicia.

En el ámbito académico, Claudia Arteaga mantiene una carrera paralela como cate drática desde 2015. En la ESEN imparte cursos de Derecho Ro mano, Microeconomía y Macro economía, y en la Universidad Dr. José Matías Delgado enseña Dere cho Económico.

Su experiencia como for madora se extiende también a

capacitaciones especializadas, como el procedimiento sancionatorio financiero en el diplomado de Derecho Bursátil del Centro Nacional de la Judicatura, y ha sido ayudante en más de diez cátedras en la ESEN, que abarcan desde el derecho constitucional hasta el derecho regis-

Su enfoque en la actualización permanente la ha llevado a participar en seminarios y certificaciones en áreas como activos virtuales, riesgos financieros, inteligencia artificial aplicada al derecho y docencia digital. En 2023, obtuvo la Certificación de Docentes de Educación Superior del Ministerio de Educación y participó en el curso sobre ChatGPT aplicado al ejercicio legal, reflejo de su interés por la innovación tecnológica en el derecho.

Además de su perfil técnico, Arteaga Montano ha demostrado interés por el debate y la argumentación jurídica. Participó en dos ediciones del MOOT de Arbitraje y Derecho Mercantil en Madrid (2010 y 2011), donde obtuvo menciones honoríficas por sus escritos de demanda y contestación. También ha sido jurado en los certámenes de debate intercolegial de la ESEN por más de una década.

Disciplinada, analítica y comprometida con la excelencia, Claudia Elizabeth Arteaga Montano representa un modelo de liderazgo técnico y académico. Su carrera ilustra la importancia de integrar el conocimiento jurídico con una comprensión profunda del entorno económico y una vocación pedagógica constante, en beneficio del fortalecimiento institucional, la transparencia financiera y la formación profesional en El Salvador.

Marianella Guidos

Desde San Miguel hasta Barcelona y de los tribunales al ámbito empresarial, la trayectoria de Hilda Marianella Guidos Espinoza es una muestra de versatilidad jurídica con proyección internacional. Abogada y notaria, especializada en derecho tributario, empresarial y aduanero, se ha consolidado como una figura clave en asesoría legal estratégica para inversiones extranjeras y sectores industriales de alta relevancia, especialmente en energía, maquila y comercio internacional. Su carrera comenzó en el Órgano Judicial como colaboradora jurídica, pero pronto dio el salto al sector privado, acumulando experiencia como representante legal, docente universitaria y, des-

igura destacada de una nueva generación de abogadas con visión global, Joanna Guerra Palencia se posiciona como una de las profesionales más versátiles y estratégicas del ámbito jurídico-corporativo en la región. Su sólida formación académica, que incluye una Maestría en Derecho Corporativo por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y estudios complementarios en finanzas, le ha permitido desarrollar un perfil multidisciplinario orientado a la asesoría legal en entornos empresariales tanto locales como internacionales. Actualmente se desempeña como Chief of Staff y Head of Legal Operations en United Family Movers, donde lidera áreas clave como cumplimiento normativo, auditorías internas, estructuración de políticas corporativas y apoyo estratégico a la alta dirección. Su rol trasciende el ejercicio tradicional del Derecho, abarcando la gestión de proyectos, el diseño de procedimientos operativos, la mitigación de riesgos y la coordinación de procesos de fusión, adquisición y constitución de entidades en Estados Unidos.

Su visión y desempeño como profesional es de avanzada, con un profundo análisis del entorno corporativo moderno y con una amplia y acertada visión de las ne-

de 2016, como abogada asociada senior counsel en Arias. Desde esa firma, ha liderado procesos legales complejos: constitución de sociedades, tramitación de permisos, cumplimiento ambiental y asesoría en transacciones internacionales. Ha sido parte esencial en inversiones del sector textil bajo regímenes de zona franca y ha representado a multinacionales en temas regulatorios, aduaneros y contractuales.

Su formación es robusta: cuenta con doble maestría en Derecho Tributario y en Derecho de la Empresa por la Universidad de Barcelona, donde también participó en seminarios sobre protección al consumidor y seguridad social. Además, posee formación especializada en comercio exterior, despacho aduanero y derecho energético.

Guidos Espinoza no solo sobresale en el ejercicio profesional; también ha sido catedrática en derecho financiero y tributario, y ha colaborado pro bono con el Vance Center en temas migratorios. Su visión integral del derecho, combinada con una sólida experiencia técnica, la posiciona como una jurista clave en el desarrollo empresarial y regulatorio de El Salvador.

cesidades actuales en el campo legal. Esto le ha valido el reconocimiento de sus colegas.

Con anterioridad, se desempeñó como Legal Counsel en yWhales, una firma orientada a los sectores tecnológico y de activos digitales, donde estuvo al frente de transacciones de fusiones y adquisiciones, así como del desarrollo de marcos de cumplimiento en mercados altamente regulados.

Joanna se distingue por su enfoque en la innovación legal, la gestión estratégica del riesgo, la negociación de contratos de alto valor y el fortalecimiento del cumplimiento corporativo. Cuenta con acreditación de nivel JD por entidades internacionales y actualmente es candidata al examen de la Barra del Estado de California.

Reconocida en 2023 y nuevamente en 2025 por la revista Derecho y Negocios como una de las “45 abogadas destacadas menores de 45 años”, Joanna representa con excelencia a una nueva generación de abogadas salvadoreñas: con perspectiva internacional, compromiso ético y liderazgo transformador.

María Cristina Herrera

Con una carrera multifacética que abarca el derecho, la docencia y la defensa de los derechos humanos, María Cristina Herrera de Cazares se ha consolidado como una abogada salvadoreña comprometida con la inclusión social y la justicia. Es licenciada en Ciencias Jurídicas, con especialización en Derecho de Familia, y maestra con especialidad en Ciencias Sociales. Su formación se ha enriquecido con diplomados y cursos en discapacidad, educación inclusiva, derechos humanos y derecho administrativo, entre otros.

Desde 2021 funge como directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD), lide-

rando políticas públicas orientadas a la equidad y el acceso a derechos. Además, es fundadora de la Asociación Caminamos por una Educación Inclusiva, y ha sido asesora en proyectos humanitarios con el Programa Mundial de Alimentos, demostrando un firme compromiso con poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Su experiencia en la administración pública también incluye altos cargos en los ministerios de Agricultura y Ganadería, y en la Dirección General de Pesca y Acuicultura, donde promovió marcos legales para la sostenibilidad ambiental y alimentaria. Como especialista legal del Grupo Calvo, se encargó de la tramitación de exportaciones y cumplimiento normativo internacional.

Ha participado como expositora en foros nacionales e internacionales, incluyendo webinarios regionales sobre discapacidad y salud mental. Su trayectoria ha sido reconocida con múltiples distinciones, como la Medalla Luis de Moscoso y el reconocimiento “Mujer de Éxito”.

María Cristina Herrera es una voz influyente en la defensa de derechos, promotora del acceso igualitario y agente de cambio en El Salvador.

Con una trayectoria de más de dos décadas dedicada al derecho sanitario y farmacéutico, Marta Hortensia

Cea Flores se ha consolidado como una de las principales referentes en El Salvador y Centroamérica en materia de regulación de medicamentos, cosméticos y productos higiénicos. Su nombre es reconocido no solo por el sector privado, sino también en los espacios de diálogo técnico y normativo a nivel regional, donde ha impulsado procesos para equilibrar el desarrollo industrial con el bienestar de la población.

Actualmente, Cea Flores se desempeña como directora ejecutiva de la Cámara Cosmética Salvadoreña (CCS) y de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de El Salvador (ALFA), cargos desde los que lidera la representación del sector empresarial ante las autoridades regulatorias locales y centroamericanas. Bajo su gestión, ambas organizaciones han fortalecido su incidencia en la modernización de normativas, apostando por procesos transparentes, ágiles y alineados con estándares internacionales.

Uno de sus aportes clave ha sido promover la implementación de normativas técnicas para cosméticos y productos higiénicos, no solo en El Salvador, sino también en foros regionales. Esto le ha valido formar parte de la Comisión Directiva del Consejo de la Industria de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del Hogar de Latinoamérica (CASIC) y de la Junta Directiva de la Cámara Centroamericana y del Caribe de Cosméticos y Aseo (CACECOS), espacios donde continúa ampliando la vinculación entre el sector privado salvadoreño y las iniciativas de integración regional.

Su conocimiento del sector no solo se debe a su paso por el ámbito gremial. Entre 2012 y 2019, Cea Flores trabajó en la Dirección Nacional de Medicamentos, institución que sentó las bases de la actual Superintendencia de Regulación Sanitaria. Ahí lideró áreas clave como importaciones, exportaciones, registros de cosméticos y productos químicos, y cooperación internacional. Durante ese período, encabezó el fortalecimiento del Registro de Cosméticos y Productos Químicos y promovió la implementación de sistemas electrónicos que modernizaron los procesos de gestión sanitaria en el país.

Antes de esa etapa, también se desempeñó como Secretaria Adjunta del Consejo Superior de Salud Pública y Asesora Legal de la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico Farmacéutica. Su perfil, sin embargo, se distingue por haber iniciado en proyectos sociales. En su paso por la Universidad de El Salvador, participó en iniciativas de ordenamiento territorial y gestión de riesgos en comunidades rurales de Chalatenango, con apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Suiza.

A lo largo de su carrera, ha combinado el ejercicio técnico con la docencia y la divulgación de conocimiento. Fue profesora universitaria de derecho laboral y administrativo en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Politécnica. Asimismo, ha sido conferencista y panelista en foros internacionales en países como República Dominicana, Chile y otros de Centroamérica, abordando estrategias regulatorias para productos farmacéuticos y cosméticos.

Reconocida en 2023 como “Mujer de Impacto” por Laboratorios PAILL, Cea Flores

destaca no solo por su labor en la defensa del sector privado, sino también por impulsar una agenda de desarrollo sostenible. Parte de su gestión se ha enfocado en vincular a la industria farmacéutica con las universidades, promoviendo la formación de talento local y la innovación en el área sanitaria.

En el ámbito académico, actualmente cursa un Máster Oficial en Derecho Sanitario en la Universidad de La Rioja, España, con la intención de fortalecer aún más su perfil técnico y regulatorio. Previamente obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador y cuenta con posgrados y diplomados en áreas como auditoría de gestión de calidad, prevención de lavado de dinero y administración pública.

A lo largo de su carrera, Marta Hortensia Cea Flores ha demostrado que el derecho sanitario no es solo una cuestión de normas, sino una herramienta clave para garantizar que el desarrollo económico avance de la mano con la salud pública y el bienestar de las personas.

HORTENSIA CEA

Con una sólida formación académica y más de una década de experiencia, María Susana Maldonado ha construido una carrera jurídica orientada a sectores estratégicos como el derecho regulatorio y energético. Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Matías Delgado y con un postgrado interna cional en Derecho, Economía y Negocios por ISEA DE-FEPADE/ESEADE (Argentina), ha enfocado su práctica legal en áreas complejas y técnicas del derecho.

Desde 2021 ejerce como abogada indepen diente, brindando asesoría a empresas nacio nales y regionales en materia corporativa, no tarial y regulatoria, particularmente en el mercado eléctrico.

Una de sus experiencias más destacada la adquirió durante su paso por la Unidad de Transacciones, S.A. de C.V., operador del mercado mayorista de energía eléctrica en El Salvador. Allí, entre 2015 y 2021, desempeñó diversos cargos, desde asesora legal en entrenamiento has ta analista y asesora legal principal, participando en la elaboración de contratos, inscripción de participan tes del mercado eléctrico, revisiones de garantías, análisis normativo y

Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de la Empresa, Blanca Geraldina Leiva Montoya es una jurista y notario salvadoreña cuya carrera combina excelencia académica, trayectoria institucional y creciente vocación docente. Graduada con honores de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), fue becaria de excelencia FANTEL y ha complementado su formación con una maestría en Derecho Internacional de la Empresa por la Universidad de Barcelona, obteniendo Matrícula de Honor.

Su paso por la Superintendencia de Competencia ha sido clave para el fortalecimiento institucional de la entidad. Se desempeña como coordinadora de litigios y

MALDONADO MARÍA SUSANA

sanciones, secretaria general interina y abogada investigadora, liderando procesos sancionatorios y aportando a la innovación regulatoria, incluida la herramienta digital “Casosenlinea”, reconocida por la Red Internacional de Competencia (ICN) y el Banco Mundial.

Como docente universitaria, ha impartido Derecho de Competencia, Constitucional y Procesal Constitucional en instituciones como la UCA, la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Universidad de El Salvador. Ha sido ponente en conferencias internacionales y capacitadora de jueces en materias clave del derecho público contemporáneo.

En el ámbito internacional, ha representado al país en asambleas de la ONU y ha sido seleccionada para programas de formación en Alemania, México, Guatemala y Perú, entre otros. Domina el inglés y ha trabajado en temas complejos como alianzas público-privadas, políticas regulatorias, clemencia en cárteles y delitos cibernéticos.

La rigurosidad académica, su experiencia estatal y el enfoque estratégico hacen de Leiva Montoya una figura destacada del derecho salvadoreño, con una visión moderna, técnica y comprometida con la justicia constitucional y la libre competencia.

acompañamiento institucional ante entes como SIGET, CRIE y el Ente Operador Regional (EOR).

Antes de ello, lideró el departamento legal de la comercializadora y distribuidora de energía ABRUZZO S.A. de C.V., donde extendió su experiencia a temas inmobiliarios, laborales, civiles y mercantiles. Su carrera se consolidó en firmas como LEXINCORP y Romero Pineda & Asociados, así como en su etapa temprana en el Tribunal de Sentencia de Santa

Además de su experiencia laboral, Maldonado ha complementado su formación con cursos especializados en contratos, derecho notarial, planificación energética, firma electrónica, derecho del consumidor, y legislación sobre energías renovables, entre otros. También ha participado en congresos forenses y espacios de diálogo social como CEDAMIES, enfocados en salud materno-infantil.

Su compromiso con el cumplimiento normativo y la asesoría técnica la convierten en una figura clave para el desarrollo legal del sector energético salvadoreño. Profesional rigurosa, con enfoque estratégico, combina el conocimiento jurídico con la capacidad de análisis regulatorio para acompañar proyectos complejos con solvencia y visión de largo plazo.

Karla León

La formación jurídica de Karla Gabriela León de Pérez y su amplia amplia experiencia tanto en el sector público como en la academia, le han ayudado a construir una carrera profesional marcada por su compromiso con la justicia, la docencia y la promoción de los derechos humanos. Graduada de la Universidad Católica de El Salvador, actualmente cursa una maestría en Derecho Penal Internacional y Transnacional con la Universidad Internacional de La Rioja, España.

Su trayectoria en el Órgano Judicial incluye labores como colaboradora judicial en juzgados de menores, civiles, ambientales y de sentencia, desempeñándose como resolutora y asistente en audiencias

judiciales. También ha ejercido libremente la abogacía, brindando asesoría legal en diversas áreas del derecho.

En el ámbito académico, se desempeña como catedrática universitaria certificada por el MINEDUCYT. Imparte cátedras en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, abordando temas como Derecho Internacional Público, Teoría del Estado y Derecho Económico Internacional. Además, participa activamente en tutorías de trabajos de grado y como miembro de tribunales calificadores.

Paralelamente, León de Pérez destaca por su liderazgo en el movimiento scout. Es directora nacional del Recurso Adulto de la Asociación de Scouts de El Salvador, desde donde impulsa la formación, evaluación y bienestar de los adultos voluntarios a nivel nacional.

Con visión académica, experiencia judicial y vocación social, Karla Gabriela León de Pérez se perfila como una profesional integral, comprometida con la formaciónjurídica y la defensa de los derechos fundamentales.

Geraldina Leiva

Con una carrera jurídica que abarca más de dos décadas y una firme vocación por la justicia social, la abogada Sara Yolanda González Alfaro ha forjado un perfil multidisciplinario centrado en la defensa de los derechos humanos, en particular los de la niñez, mujeres y personas adultas mayores. Actualmente, es socia fundadora del bufete jurídico G & G by OLISTICA BUSINESS PARTNERS, especializado en derecho de familia y protección a grupos vulnerables.

González Alfaro combina una sólida formación académica con experiencia institucional y empresarial. Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Matías Delgado y estudiante activa de la Maestría en Derecho de Niñez, Mujeres y Familia. Además, ha cursado posgrados en Derechos Humanos y Protección Internacional de la Mujer en la Universidad Austral de Argentina, y ha complementado su formación con diplomados en derecho laboral, mediación, victimología y gestión pública. Este año, por su respetable

trayectoria, ella fue candidata a Procuradora General de la República.

Entre 2012 y 2019, fue gerente regional de Alexius International, liderando operaciones en Centroamérica y brindando asesoría legal internacional. Antes, laboró en instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, enfrentando casos de violencia intrafamiliar, conflictos laborales y procesos judiciales. Su carrera también ha tenido alcance internacional: residió en Doha, Qatar, donde trabajó en empresas logísticas, y ha participado en congresos regionales para la prevención de violencias contra las mujeres. Apasionada por el derecho con enfoque de género, Sara González se mantiene activa como asesora legal y defensora de causas vinculadas a la equidad, la familia y el respeto a la dignidad humana.

A lo largo de su trayectoria, González Alfaro ha fortalecido su perfil profesional con una serie de capacitaciones específicas orientadas a los retos actuales del ejercicio jurídico. En 2024 participó en el Segundo Congreso Regional para la Prevención y Combate de las Violencias contra las Mujeres, y durante el mismo año cursó el programa “Aspectos sustantivos de la Ley Crecer Juntos” en el Centro de Formación Jurídica MENATU, profundizando en marcos legales vinculados a derechos de niñez y adolescencia. En el ámbito laboral, su experiencia reciente incluye el cargo de jefa del departamento legal en la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos de San Salvador, entre 2019 y 2020, donde lideró la oficina jurídica. Posteriormente,

entre 2020 y 2022, se desempeñó como jefa de relaciones corporativas en OLISTICA BUSINESS PARTNERS, enfocándose en el fortalecimiento institucional y en la coordinación de asesorías legales a empresas.

En el sector público, su desempeño en la Corte Suprema de Justicia incluyó labores como colaboradora jurídica en el Juzgado de Paz de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz, encargada de expedientes penales y casos de violencia intrafamiliar. También colaboró en el Ministerio de Trabajo como delegada de conflictos individuales y asesora jurídica de la Dirección General de Trabajo, así como en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, en el área de derecho laboral. González Alfaro acredita, además, diplomados en gestión pública, derecho procesal laboral y técnicas de mediación, así como formación en derechos humanos y victimología. Parte de su enfoque profesional se articula con la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia y discriminación, sobre la cual ha recibido capacitación específica.

Desde el bufete G & G by OLISTICA BUSINESS PARTNERS, fundado en 2023, continúa brindando servicios especializados en derecho de familia, adulto mayor, niñez y adolescencia, con un enfoque técnico y actualizado. Su trabajo se orienta a ofrecer soluciones legales acordes con la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, sin desligarse de las necesidades concretas de las personas y comunidades a las que asesora.

Su perfil se completa con competencias en el manejo de programas informáticos, dominio del idioma inglés y capacidad de gestión administrativa, elementos que refuerzan su práctica profesional tanto a nivel individual como corporativo.

Con más de dos décadas de experiencia profesional, Claudia Marroquín Guardado se ha consolidado como una abogada y notaria salvadoreña especializada en derecho corporativo, financiero y de cumplimiento. Como profesional, combina formación académica con un enfoque práctico orientado a gestión de riesgos y gobernanza empresarial.

Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Matías Delgado, cuenta con certificaciones internacionales en prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos, y cursa un máster en Derecho de los Negocios por ADEN University. Su perfil incluye diplomados en gobierno corporativo, auditoría de sistemas de calidad y derecho digital, integrando una visión integral del funcionamiento legal y ético de las empresas. Desde 2016 se desempeña como abogada corporativa y oficial de cumplimiento para PiSA Farmacéutica de El Salvador, donde lideró la creación de la posición de cumplimiento y el desarrollo del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Desde esa función, asegura el cumplimiento normativo, asesora en proyectos nacionales e internacionales y funge como apoderada legal de la compañía ante entidades regulatorias. Entre sus aportes destaca el fortalecimiento de los procesos internos de gestión de riesgos legales y asesoría jurídica.

Antes de su incorporación al sector farmacéutico, Marroquín ocupó cargos clave en el Banco Hipotecario de El Salvador entre 2010 y 2016, desarrollando el perfil de especialista en cumplimiento, gobierno corporativo y riesgo legal. Diseñó manuales, políticas y herramientas de gestión de riesgos no financieros, además de impartir capacitaciones a la alta gerencia y Junta Directiva, contribuyendo a establecer buenas prácticas internas. Como abogada asesora en Despacho Boutique implementó sistemas de prevención de lavado y desarrolló asesorías corporativas clave a empresas de diversos sectores —energético, alimentario, tecnológico, farmacéutico, entre otros— y, además, ha liderado procesos de fusión societaria, estructuración de operaciones nacionales e internacionales con debida diligencia legal, y resolución de disputas corporativas, protegiendo intereses empresariales y evitando litigios.

Su trayectoria incluye experiencia en recuperación judicial, asesoría en licitaciones y constitución de sociedades en instituciones como COMEDICA, COSASE y el Fondo de Protección de Lisiados. A lo largo de su carrera, Marroquín ha enfocado su práctica en fortalecer el cumplimiento y la ética corporativa en El Salvador, combinando capacidad técnica con habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.

Carolina Meléndez

Wendy Carolina Meléndez Hernández se ha consolidado como una referente en derecho de empresa, ética pública y relaciones laborales. Su trayectoria es casi dos décadas en el ámbito legal e institucional. Abogada y notaria autorizada, con Maestría en Derecho de Empresa por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, ha ejercido funciones clave tanto en el sector público como privado.

Actualmente, lidera la Jefatura de Relaciones Laborales y Ética del Banco de Fomento Agropecuario, donde coordina la implementación del modelo institucional de ética, género y equidad, y asesora procesos complejos en la gestión del talento humano. Además, funge como secretaria de la Comisión de Ética Gubernamental del BFA y es enlace institucional con entidades como ISDEMU y CONAIPAM.

Entre 2020 y 2023 se desempeñó como especialista en ética y género en la Gerencia de Gobierno Corporativo del mismo banco, gestionando planes de capacitación y normativas internas. Su experiencia se forjó también en el Ministerio de Cultura (2011–2020), donde participó en procesos legales relevantes, y en la Cámara Salvadoreña de la Construcción (2008–2010), como asesora legal y miembro de la mesa de negociación del contrato colectivo del sector construcción.

Meléndez cuenta con una sólida formación complementaria en derechos humanos, liderazgo, derecho administrativo, negociación y ética pública. Ha recibido reconocimientos como la Medalla al Liderazgo Ético (TEG, 2023) y posee certificaciones en conflictos colectivos, género y contratos FIDIC. Su enfoque profesional combina conocimiento técnico, compromiso institucional y sensibilidad social, con una visión estratégica orientada al fortalecimiento del Estado de derecho.

Adela Menjívar

Especialista

en Derecho de Empresas y con más de una década de experiencia regional, Adela Margarita Menjívar Alfaro se ha consolidado como una referente en la asesoría legal corporativa y el cumplimiento normativo en Centroamérica y el Caribe. Abogada y notaria salvadoreña, su perfil combina una sólida formación jurídica —con licenciatura por la Universidad de El Salvador y una maestría en Derecho de Empresa por la UCA— con experiencia de alto nivel en el manejo legal de multinacionales.

Desde 2018, Menjívar es gerente legal CAM & RDM de Arch LATAM. Su labor abarca desde el diseño y revisión de contratos corporativos, constitución y reforma de sociedades, hasta la implementación de políticas de cumplimiento, especialmente en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Su enfoque se extiende a industrias tan diversas como telecomunicaciones, farmacéuticas, banca, aseguradoras y organismos internacionales.

Anteriormente fue abogada corporativa de Grupo Ferromax, donde también asumió funciones como oficial de cumplimiento. En ese rol, fortaleció la gobernanza jurídica en las operaciones del grupo en Centroamérica y Perú, garantizando la armonización normativa en distintas jurisdicciones.

A su trayectoria profesional se suman certificaciones internacionales en compliance, prevención de lavado de activos y gestión ética, lo que refuerza su rol como estratega legal integral. Su formación pedagógica también le ha permitido participar en procesos de formación interna y fortalecimiento institucional.

Adela Menjívar es una abogada que trasciende la asesoría jurídica tradicional para convertirse en arquitecta de estructuras legales eficientes, éticas y sostenibles en contextos corporativos complejos.

Claudia de Larín es una abogada de referencia en la modernización del Estado salvadoreño. Su carrera la ha construido combinando el conocimiento jurídico, la innovación tecnológica y la gestión pública estratégica de alto nivel, lo que le ha permitido posicionarse como figura clave dentro del proceso de transformación institucional del país. Su formación como abogada y su trayectoria al frente de programas de impacto nacional, la convierten en una profesional influyente y que marca cambios en la administración pública contemporánea de El Salvador.

De Larín ha sostenido una práctica profesional guiada por la ética, el rigor técnico y una constante apuesta por la modernización institucional. Su perfil académico es uno de los pilares que explican su liderazgo. Se graduó en Ciencias Jurídicas en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), una de las instituciones más prestigiosas del país, donde contribuyó a formar el Centro de Políticas Públicas (CPP). Su formación se ha enriquecido con programas de postgrado en áreas como Políticas Públicas, Métodos Cuantitativos, Seguridad Pública y Criminología de la Escuela Superior de Economía y Negocios en cooperación con la Universidad de Rutgers; además de especializaciones internacionales en Planificación y Desarrollo de Parques Científicos y Tecnológicos (PCT), Política, Transferencia y Comercialización de Tecnología del Instituto de Política de Ciencia y Tecnología (STEPI) de Corea del Sur y más recientemente, en Ejecución Estratégica para Lide razgo Público de la Universidad de Harvard.

Desde 2021, Claudia de Larín dirige la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), junto al Vicepresidente de la República y Rector de la ESIAP, Dr. Félix Ulloa hijo, institución clave en el rediseño y el forta lecimiento de la función pública en El Salvador. Bajo su li derazgo, la ESIAP ha desarrollado programas académicos dirigidos a más de 80 mil servidores públicos, moderni zando los procesos de formación con una visión integral, basada en competencias y adaptada a las exigencias del entorno digital. A través de alianzas con sector privado, instituciones académicas nacionales e internacionales y organismos multilaterales, De Larín ha posicionado a la formación estatal como un eje estratégico del desarrollo institucional y la transformación digital del país.

Su impacto, sin embargo, se remonta a su desempe ño anterior en la Secretaría de Innovación de la Presiden cia, entre 2019 y 2022. Desde la Dirección General de For mación en Tecnología y Gestión Pública, contribuyó en el diseño y lideró algunos de los programas más ambiciosos de inclusión digital en la historia del país. Entre ellos des taca la adopción de Google Classroom como plataforma educativa a nivel nacional, pieza clave durante la emer gencia sanitaria provocada por la pandemia, la implemen tación de AVANZO y el proyecto Enlaces con la Educación, en coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que facilitó la entrega de dispositivos electró nicos y el acceso a conectividad, a más de un millón de es tudiantes y a más de 36 mil docentes en el sistema público del país. De igual forma, contribuyó desde la Secretaría de Innovación de la Presidencia en el diseño y gestión de fi nanciamiento del Programa de Conectividad Digital Social, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A esta experiencia se suma su paso por el sector pri vado, donde lideró estrategias tecnológicas y de transformación digital en empresas como Millicom-TIGO El Salvador y 503 Estudio. Su conocimiento en comercio electrónico, análisis de datos y marketing digital no

solo fortaleció su perfil técnico, sino que también aportó insumos clave para integrarlos en su posterior desempeño para una gestión pública moderna, orientada a resultados y centrada en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Actualmente, representa a El Salvador ante el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y el Centro Latinoamericano de Desarrollo (CLAD), espacios desde los cuales incide en la construcción de agendas regionales para el fortalecimiento de la función pública. Su liderazgo ha sido reconocido con nominaciones a premios como Novagob 2020 (Mujer Destacada en el Sector Público) y Mujer Emblemática 2022 (Categoría Tecnología, otorgado por Connecta B2B).

Como conferencista y panelista, ha llevado la voz salvadoreña a foros internacionales de alto nivel como la Computer Science Education Conference de Code.org, y ha sido parte de la delegación de funcionarios de alto nivel en el World Governments Summit y el Mobile World Congress, complementando su perfil internacional. Su pasión por el deporte incluyen el tenis y la equitación. Su rol más importante, es el de ser madre de sus 4 hijos.

Con más de 15 años de experiencia profesional, Claudia de Larín encarna una visión de servicio público comprometida con la innovación, la eficiencia y la justi

Con una trayectoria que combina derecho, finanzas y tecnología, Marta Mena se ha posicionado como una de las abogadas salvadoreñas con perfil estratégico en el ámbito corporativo. Egresada de Ciencias Jurídicas de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), donde se graduó cum laude, complementó su formación con dos maestrías en Economía, Banca, Finanzas y Mercados Financieros en la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Glasgow, esta última también gracias a la obtención de beca Chevening, concedida por el gobierno de Reino Unido. Desde su actual cargo como directora de Riesgos y Ejecución Estratégica en Serfinsa, lidera proyectos de expansión regional, transformación organizacional y apertura de mercados y productos dentro del ecosistema de pagos.

Su experiencia incluye la dirección de proyectos estratégicos, liderazgo y asesoría en regulación financiera, gestión integral de riesgos y apertura de verticales comerciales de alto impacto. A la par coordina áreas clave como la seguridad de la información y ciberseguridad, aportando un enfoque integral que une lo legal con lo tecnológico. Antes de su cargo actual, Mena fue directora legal y de estrategia en la misma empresa, donde ya demostraba su capacidad para asesorar contratos complejos, así como en la implementación de nuevos productos financieros y tecnológicos.

También se desempeñó como Head of Legal Affairs en Applaudo, una firma tecnológica donde gestionó temas corporativos y regulatorios a escala internacional, incluidos contratos y propiedad intelectual en más de 24 jurisdicciones. Su perfil destaca por una marcada experiencia en mercados bursátiles: fue gerente legal de Atlántida Titularizadora y Banco Atlántida, donde trabajó en estructuración financiera de bonos, fideicomisos, proyectos de blockchain, fusiones y adquisiciones. En la Bolsa de Valores de El Salvador, participó en comités técnicos de regulación y de integración de mercados centroamericanos, mostrando un enfoque regional en su práctica.

Mena no solo ha trabajado desde el ámbito corporativo; también comparte su conocimiento como catedrática en ESEN, impartiendo las asignaturas de Finanzas Corporativas y Fintech. Publica regularmente artículos especializados en revistas jurídicas y de negocios, donde analiza el impacto de las tecnologías financieras en el sistema tradicional. Con una visión orientada a resultados, liderazgo probado y una constante búsqueda de innovación, Marta Mena encarna un perfil legal que trasciende los límites tradicionales de la abogacía, integrando estrategia, tecnología y visión de futuro para el

Iris Merino Carmen Elena Ochoa

Iris Lisett Merino de Romero es una destacada abogada y notaria salvadoreña, graduada de la Universidad Francisco Gavidia y notaria autorizada por la Corte Suprema de Justicia. Con una Maestría en Administración Pública otorgada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ha construido una sólida trayectoria en el ámbito jurídico, con énfasis en el derecho administrativo, registral, regulatorio y corporativo.

Desde los inicios de su carrera profesional, combinó su formación académica con la práctica en reconocidos bufetes jurídicos, especializándose en propiedad intelectual y derecho corporativo. Su paso por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) fue clave en su proyección regional: ejerció como especialista jurídica, asistente de la comisionada salvadoreña ante organismos como la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) y la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA), además de representar al país en OLADE como asesora legal.

Entre 2018 y 2024, fue Registradora del Registro de Electricidad y Telecomunicaciones de la SIGET, función en la que garantizó certeza jurídica en sectores estratégicos para el desarrollo nacional. En 2024, fundó su firma de consultoría IM LEX, desde donde brindó asesoría especializada a empresas e instituciones.

Actualmente, se desempeña como Abogada Senior en la Gerencia Legal del Banco Central de Reserva de El Salvador, donde asesora estratégicamente en cumplimiento del ordenamiento jurídico y apoya las políticas institucionales. Su perfil se distingue por su enfoque técnico, liderazgo institucional y compromiso con la legalidad, la transparencia y el desarrollo normativo del país.

CarmenElena Ochoa de Medina es una abogada trilingüe con una destacada trayectoria de más de una década en los sectores financiero, corporativo y de activos digitales. Su perfil combina una sólida formación académica con experiencia en organismos clave para la economía salvadoreña y el desarrollo del ecosistema digital en la región.

Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Matías Delgado, Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, posee certificaciones internacionales en blockchain y finanzas descentralizadas, adquiridas en Argentina y a través de la Asociación de Blockchain Internacional.

Desde noviembre de 2024, funge como Jefa País de VLRM Markets, donde lidera operaciones locales, representa a la empresa ante reguladores y actores estratégicos, y gestiona proyectos relacionados con activos digitales. Antes, se desempeñó como directora legal en la Comisión Nacional de Activos Digitales, participando en la formulación de marcos regulatorios innovadores para el sector. Durante ocho años, fue analista jurídica en la Superintendencia del Sistema

Financiero, involucrándose en la revisión normativa del sistema bancario, asegurador y bursátil. Su experiencia se extiende al ámbito diplomático, con un paso por la Embajada de El Salvador en Chile, y al ejercicio profesional en firmas privadas. Ha complementado su formación con seminarios internacionales sobre seguros, gobernanza y resolución bancaria, y domina el inglés, francés y portugués. Con un enfoque jurídico innovador y estratégico, Carmen Elena Ochoa se ha convertido en una voz técnica y legal clave en la intersección entre derecho, tecnología y finanzas.

on más de dos décadas de trayectoria profesional, María Cielo Juárez se ha consolidado como una referente del ámbito jurídico salvadoreño, particularmente en temas de derechos humanos, equidad de género, justicia internacional y fortalecimiento institucional. Abogada, notaria, conferencista y formadora, ha consagrado su carrera al servicio público con un enfoque ético, técnico y profundamente humano.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos clave en instituciones estatales y organismos especializados, liderando procesos normativos, asesorías jurídicas de alto nivel y estrategias de incidencia que fortalecen el Estado de Derecho. Su trabajo ha dejado huella tanto en el plano nacional como en escenarios internacionales, donde ha representado a El Salvador en foros sobre Derechos de las mujeres y los niños, negociaciones comerciales internacionales y políticas públicas con enfoque de género.

Cielo ha participado en controversias comerciales internacionales relevantes, incluyendo el proceso ante la Organización Mundial del Comercio contra República Dominicana, que concluyó con un fallo favorable para El Salvador. También integró el equipo jurídico que litigó casos medioambientales dentro del marco del CAFTA-DR, y brindó asesoría estratégica en materia legal al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), para la creación de los proyectos de la Normativa para una vida libre de violencia para las mujeres: Ley Especial Integral para una vida libre de violencia y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, consolidando su especialización en derechos humanos con enfoque en la igualdad, equidad y acciones afirmativas para las mujeres; liderando actualmente la Unidad de Género de la Fuerza Armada de El Salvador. Cielo es una mujer que ha sabido abrirse paso con temple y profundidad en espacios tradicionalmente rígidos. Su formación jurídica la ha llevado a representar a El Salvador en foros internacionales, a participar en procesos técnicos complejos, y a coordinar esfuerzos normativos y estratégicos en diversas instituciones públicas. Pero más allá de los logros técnicos, su sello ha sido siempre la manera ética, humana y consciente con la que ejerce el liderazgo.

En los últimos años, ha impulsado transformaciones con perspectiva de género, inclusión y derechos humanos, no como una tendencia,

sino como una convicción profunda. Ha sido reconocida por su compromiso con iniciativas que promueven la paz, la dignidad femenina y el desarrollo social.

Graduada de la Universidad Dr. José Matías Delgado, y obteniendo el puntaje más alto en exámenes privados de su generación; ha complementado su sólida formación jurídica con especializaciones en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Justicia Penal y Derecho Administrativo, así como estudios en Género y Políticas Públicas tanto en instituciones nacionales como internacionales. Su perfil académico riguroso se ha visto enriquecido con su vocación espiritual y su interés por el bienestar integral de las personas, lo que la ha llevado a sumar también certificaciones profesionales en coaching de vida, holístico y de imagen, energía femenina, asesoría de imagen, maquillaje profesional y branding personal. Asimismo, ha sido becaria en diplomados especializados y ha participado como ponente en múltiples espacios académicos y congresos internacionales, abordando temas que van desde la legislación transformadora hasta los mecanismos de protección para poblaciones vulnerables; siendo la primera mujer en impartir la materia de Derechos Humanos en la Escuela de Comando y Estado Mayor para el Curso Regular de Estado Mayor/ Maestría en Administración Militar.

Más allá de su perfil técnico-jurídico, Cielo es una mujer con vocación de liderazgo consciente. Su capacidad para construir puentes entre instituciones, su visión estratégica y su compromiso con una gestión basada en valores la han convertido en un referente respetado en distintas esferas del quehacer público y jurídico.

Actualmente, además de su rol institucional, impulsa espacios de mentoría, coaching, y liderazgo femenino desde su marca personal La Voz de tu Belleza Interior, desde donde guía a mujeres profesionales en el desarrollo de su presencia, propósito y bienestar integral. Su enfoque combina herramientas jurídicas, coaching energético, imagen personal, comunicación verbal y no verbal estratégica y mentalidad. Por lo que fue galardonada en el año 2023 con el premio internacional “Rompiendo Barreras” por su labor enfocada en el empoderamiento integral de las mujeres desde sus plataformas digitales.

María Cielo Juárez no solo es una jurista destacada; es una mujer que ha sabido ejercer el poder desde la empatía, el conocimiento y la verdad. Su historia es ejemplo de que la transformación del entorno comienza también con la transformación de una misma.

Silvia Pardo

Silvia Grissell Pardo de Quevedo es una abogada salvadoreña con más de una década de experiencia jurídica, reforzada por una maestría en Administración de Empresas con especialización en Mercadeo. Su carrera combina la rigurosidad legal con la eficiencia operativa y una destacada visión estratégica que ha marcado su paso por el sector corporativo nacional e internacional.

Actualmente, funge como directora de Operaciones y Asesora Legal en Grupo ANSO, donde lidera la estructuración legal y contable de la empresa, así como procesos de propiedad

Con más de 15 años de experiencia en el sistema financiero, Nadia Marcela Mira Rosa se ha consolidado como una referente en materia de prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo y gestión de riesgos, especialmente en sectores emergentes como las fintech y el comercio electrónico. Su perfil combina una sólida formación jurídica con especializaciones en finanzas, derecho bancario y normativas internacionales.

Graduada en Ciencias Jurídicas por la UCA en 2010, Mira es abogada y notaria autorizada y ha complementado su carrera con una maestría en Finanzas Empresariales por la Universidad José Matías Delgado y una en Derecho y Negocios Internacionales, además de un postgrado Internacional en Derecho Bancario y Financiero. Está certificada en prevención de lavado de dinero (AMLCA-FIBA) con acreditación vigente hasta 2027, y también como docente de educación superior hasta 2028. Actualmente cursa una maestría en Blockchain y Criptoactivos.

Ha desempeñado roles clave en instituciones como el Banco Central de Reserva, CEPA y múltiples entidades financieras, donde se ha destacado por liderar procesos de cumplimiento normativo, implementar políticas antisoborno bajo ISO 37001 y coordinar respuestas regulatorias ante organismos como la SSF, UIF y CNAD.

intelectual y cumplimiento regulatorio. A la par, brinda asesoría corporativa y contractual a AES El Salvador, sumando a una larga relación profesional con este grupo energético, que también incluye experiencia en Panamá. Allí, fue clave en la creación de una nueva subsidiaria, gestiones societarias y el fortalecimiento de estructuras contractuales.

En El Salvador, ha sido una figura central en la modernización de procesos legales en AES, implementando sistemas de gestión de fianzas, contratos y cumplimiento de normativas ISO. Su visión integral ha impactado en áreas como gobernanza corporativa, importación de productos y coordinación interdepartamental.

Además, su formación jurídica se complementa con sólidas habilidades en liderazgo, diseño de proyectos, propiedad intelectual y comercio internacional. Su enfoque al detalle, capacidad para negociar y organizar procesos complejos la han convertido en una profesional altamente valorada.

Bilingüe en español e inglés, Silvia Grissell representa una nueva generación de abogadas con mirada global, capacidad de ejecución y compromiso con la excelencia operativa y legal en el ámbito empresarial.

En la actualidad, se desempeña como gerente de cumplimiento en BitCapital Solutions, liderando el cumplimiento en operaciones crypto, análisis de riesgos, gestión documental y procesos regulatorios. Previamente, fue gerente regional de cumplimiento en The Pagadito Group, con un enfoque regional en activación de comercios MYPE y cumplimiento AML.

Su experiencia también abarca el diseño de manuales, planes de capacitación, análisis de matrices de riesgo y asesoría legal a empresas privadas y públicas. Como abogada independiente, asesora en temas de cumplimiento, ética y elaboración de instrumentos notariales, entre otros.

A nivel académico, ha sido catedrática en la Universidad Modular Abierta, impartiendo materias como Derecho Laboral y Prevención de Lavado de Dinero y actualmente es docente de Derecho Bancario en la Universidad Tecnológica. Además, ha participado en foros internacionales, diplomados especializados y seminarios sobre delitos financieros, compras públicas y regulación bursátil.

Organizada, proactiva y orientada a resultados, Nadia Mira representa una nueva generación de profesionales con enfoque integral, capaz de navegar con solvencia los desafíos legales, financieros y tecnológicos del entorno actual, garantizando seguridad jurídica y cumplimiento ético en todas sus funciones. En noviembre será galardonada en San Francisco como abogada líder del año 2025 por Legal Honor Global Awards. Su compromiso y calidad profesional han sido reconocidos por sus colegas a través de los años.

Alejandra Perezcassar

Alejandra Perezcassar, quien cuenta una amplia formación jurídica y más de una década de experiencia en el sector financiero, ha construido una carrera destacada en cumplimiento normativo, derecho corporativo y gobierno corporativo. Es abogada y notaria autorizada por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con estudios de posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursó un doble máster en Asesoría Jurídica de Empresas y Derecho Corporativo con énfasis en Compliance, becada por SURA.

Desde 2011, forma parte del equipo legal de AFP Crecer, donde ha liderado áreas clave como Cumplimiento y Asuntos Institucionales. Su gestión ha abarcado desde la revisión de normativa financiera y elaboración de opiniones jurídicas, hasta la organización de más de 450 sesiones de comités internos y la gestión de procesos notariales y registrales. También ha participado en la elaboración de más de 260 contratos y en la supervisión de procesos sancionatorios administrativos.

Ha completado pasantías internacionales en AFORE SURA (México) y en el despacho Llagostera Abogados (España), y colaborado con el Ministerio de Economía de El Salvador. Como mentora en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), apoya la formación de nuevas generaciones de juristas. Entre sus especializaciones destacan diplomados en ética, derecho administrativo sancionador, fondos de inversión y gobierno corporativo. Domina el inglés a nivel avanzado y se ha capacitado continuamente en áreas clave para el sector financiero y empresarial. Su carrera refleja una combinación de rigor legal, liderazgo técnico y compromiso ético.

KARLA MARTEL C

on una sólida trayectoria que combina conocimiento técnico, experiencia notarial y un enfoque especializado en derecho corporativo y financiero, Karla Martel Pérez se ha consolidado como una de las jóvenes abogadas y notarias con mayor proyección en El Salvador. Se ha desempeñado funciones clave tanto en el sector bancario como en el ámbito corporativo, destacándose por su capacidad para gestionar operaciones legales complejas. Graduada de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), donde obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas y posteriormente una maestría en Derecho Empresarial, Karla Martel Pérez ejerce como abogada y notario autorizada, enfocándose en áreas que incluyen derecho financiero, protección al consumidor, prevención de lavado de dinero, mitigación de fraudes y riesgos legales.

Entre enero de 2022 y marzo de 2025, Karla desarrolló un papel fundamental dentro de Banco Agrícola, primero como abogada de formalización y luego como analista de fraude interno. Como abogada de formalización, siendo apoderada especial del Banco, ejecutó procesos notariales vinculados a la formalización de créditos corporativos, subrogaciones, cesión de cartera de créditos, cancelaciones de garantías bancarias, entre otras formalizaciones. Sus responsabilidades incluyeron el acompañamiento en la escrituración de créditos para grandes empresas y la aprobación legal de desembolsos de cuantía millonaria, los cuales implicaban una rigurosa revisión y asesoría directa a clientes y ejecutivos, que le permitió aplicar de forma práctica sus conocimientos notariales en un entorno de alto volumen y estricta regulación.

Su experiencia se complementa con su paso por ManPower, entre abril y junio de 2025, donde ejerció como abogada y notario corporativo, asesorando las actuaciones legales de Pasteurlab. Allí efectuó diversas gestiones jurídicas, bajo las normativas y regulaciones sanitarias, para proceder a realizar la apertura de sus operaciones en El Salvador, gestionando procesos legales ante instituciones estatales y brindando asesoría directa a los distintos departamentos de la empresa. Esta etapa reforzó su perfil como profesional integral, capaz de representar a empresas.

A lo largo de su carrera, Karla también se desempeñó en Banco Cuscatlán, colaborando en la fusión con Scotiabank El Salvador. Desde su posición en la dirección legal y regulatorio, contribuyó en diferentes gestiones jurídicas, atendiendo a una cultura de riesgos, que contribuía a garantizar las distintas operaciones bancarias, entre ellas, el ingreso y control de expedientes de crédito para su formalización, elaboración de actas, gestión de garantías bancarias, atención directa a clientes y notarios. Estos procesos exigían no solo precisión jurídica, sino también un profundo conocimiento de las leyes notariales y registrales salvadoreñas, habilidades que Karla ha sabido perfeccionar y mantener actualizadas mediante

cursos especializados.

También se desempeñó como Especialista Legal de Protección en BAC Credomatic, representando a la institución ante la Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría del Consumidor, realizando la gestión de denuncias y requerimientos regulatorios. Su enfoque se centró en la protección de los derechos del cliente, lo cual refleja su capacidad para operar con ética, precisión legal y un enfoque integral en la gestión de riesgos.

Además de su desempeño en instituciones bancarias, Karla Martel ejerció funciones como colaboradora jurídica en FUNDASAL, brindando asesoría legal institucional, supervisando actividades de la unidad jurídica y elaborando instrumentos legales. Además, participó en la revisión de protocolos internos relacionados con ética y género. Esta experiencia le permitió fortalecer su perspectiva social del ejercicio notarial, comprendiendo el valor de los servicios jurídicos en proyectos de desarrollo comunitario.

Más allá de su experiencia profesional, Karla ha demostrado un interés permanente por la actualización y el aprendizaje. Cuenta con una certificación en prevención del fraude, obtenida en la (ICPF), Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude, que le permite integrar estos conocimientos en su ejercicio jurídico diario, enriqueciendo su experiencia bancaria y convirtiéndola en una profesional clave para el sistema financiero salvadoreño. Además, publicó un artículo en la revista Derecho y Negocios sobre la libertad económica en El Salvador, reafirmando su compromiso con el análisis crítico de temas de interés nacional.

Perseverante, técnica y con una visión ética del derecho, Karla Martel Pérez destaca por su capacidad para equilibrar el rigor notarial con las exigencias del entorno corporativo y financiero. Su perfil combina la precisión que exige el ejercicio del notariado con la flexibilidad que requiere el derecho empresarial moderno, posicionándola como una profesional integral, con visión estratégica de largo plazo, apta para potenciar las operaciones de empresas multinacionales y un claro compromiso con la justicia, la legalidad y el servicio social.

Alejandra Montano ha forjado una sólida carrera jurídica y de gestión pública al servicio de los derechos humanos, la salud y la equidad de género. Su formación incluye una Licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y múltiples cursos especializados en derecho laboral, constitucional, salud pública y derechos de poblaciones vulnerables. Actualmente cursa una maestría internacional en Ciencias Políticas en UNINI México, lo que refuerza su perfil multidisciplinario orientado a la gestión pública.

Desde marzo de 2020, ejerce como secretaria general del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), donde lidera la coordinación jurídica, administrativa y financiera de la institución. Representa además al CSSP en el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y en la Superintendencia de Regulación Sanitaria, siendo una figura clave en el cumplimiento de la normativa del sistema nacional de salud. Su rol implica desde la planificación estratégica hasta la supervisión del funcionamiento de los establecimientos de salud a nivel nacional, con énfasis en certificación, recertificación y cumplimiento normativo.

Su trayectoria incluye también experiencia regional e internacional. De 2017 a 2020 fue coordinadora regional del Proyecto de Educación en Derechos Humanos para Educadores, impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) junto con USAID y PADF.

Soraya de Himede

Soraya Ramírez de Himede tiene un doctorado en Derecho Privado por la Universidad Dr. José Matías Delgado y Máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Autónoma de Barcelona. Como profesional, ha desarrollado una carrera enfocada en el derecho civil, mercantil y procesal.

Desde enero de 2022 se desempeña como colaboradora judicial en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, cargo que se

Allí coordinó procesos de formación, diseño curricular y asesoría técnico-jurídica en derechos humanos y políti cas públicas con enfoque de género. Entre 2014 y 2017 se desempeñó como subjefa de la unidad jurídica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde repre sentó institucionalmente al ministerio en el Consejo de Administración del INSAFOCOOP y desarrolló polí ticas y normativas laborales.

Montano ha complementado su formación con más de una veintena de cursos y diplomados en temas de gestión pública, derechos humanos, género, salud pública y arbitraje, impartidos por instituciones como USAID, OIT, ISDEMU, la OEA, el CAEU y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. También ha sido docente e investigadora en la Universidad Mo dular Abierta y ha colaborado con entidades como Fomilenio, el Ministerio de Educación y la Universidad Centroamericana.

Con una combinación de técnica jurídica, sensibilidad social y experiencia en cooperación internacional, Alejandra Montano encarna una visión moderna de la abogacía: comprometida con el servicio público, la legalidad y la transforma ción institucional desde una perspectiva de inclu sión y derechos.

suma a más de diez años de trabajo en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la misma ciudad. Su experiencia se remonta también a funciones en la Cámara de lo Civil de Santa Ana y prácticas jurídicas en el Juzgado Segundo de Menor Cuantía.

En paralelo a su labor en el órgano judicial, ha sido consultora del programa de Maestría en Derecho Corporativo de la Universidad Evangélica de El Salvador, donde ha aportado su experiencia en formación académica especializada.

Su perfil se complementa con diplomados y cursos avanzados en derecho procesal civil y mercantil, así como en habilidades interpersonales aplicadas al entorno judicial. Reconocida por su capacidad de análisis, redacción jurídica impecable y pensamiento estratégico, Soraya Ramírez de Himede representa una combinación de conocimiento académico profundo y compromiso ético en el ejercicio del derecho en El Salvador.

Daniela Reyes

Daniela Reyes es una abogada salvadoreña que destaca por su compromiso académico, su pasión por el derecho corporativo e internacional y su vocación de servicio. Su formación jurídica es sólida y cuenta con una proyección internacional en constante expansión.

Egresada de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Reyes ha complementado su licenciatura con un posgrado en Derecho de los Negocios Internacionales por ISEADE-FEPADE. Actualmente se desempeña como administradora legal y de contratos en MRO Holdings, Inc., donde lidera la revisión y redacción de contratos, gestiona audi-

torías y colabora en operaciones internacionales. En su etapa anterior como analista, diseñó una política interna para el uso de inteligencia artificial en la gestión de contratos, lo que evidenció su enfoque innovador y visión estratégica.

Su trayectoria también incluye experiencias en bufetes como BLP Abogados y Legalitika, así como en organismos como FUSADES y AFP Confía. Además, ha incursionado en el ámbito del servicio al cliente con TELUS International, desarrollando habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Daniela ha sido reconocida por su talento en oratoria —obtuvo el primer lugar en el concurso de la Semana del Estudiante de Derecho de ESEN en 2022— y ha participado en competencias de talla internacional como WorldMUN, HNMUN-LA y la John H. Jackson Moot Court Competition.

Con dominio avanzado del inglés y conocimientos básicos de italiano, su perfil combina destreza jurídica, sensibilidad social y ambición profesional. Daniela Reyes es parte de una nueva generación de abogadas que apuesta por un ejercicio del derecho ético, global y con impacto.

Con una formación internacional de alto nivel y una trayectoria consolidada en derecho económico y de los negocios internacionales, arbitraje y protección integral de la niñez, Francesca Rivas de Apostolo se ha posicionado como una de las abogadas más versátiles y comprometidas de su generación.

RIVAS DE APOSTOLO FRANCESCA

Licenciada en Derecho y en Administración de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, complementó su perfil con un Máster en Derecho por Georgetown University Law Center en Washington D.C., con especialización en arbitraje internacional y resolución de disputas, así como en áreas clave como el derecho societario, la regulación de valores y el derecho energético. Durante sus estudios, formó parte activa de la Georgetown International Arbitration Society como

Antes de su regreso al país, Rivas de Apostolo desarrolló una sólida carrera en Estados Unidos. En Foley Hoag LLP, en Washington D.C., fue primero especialista senior en desarrollo de negocios y luego abogada internacional, participando en litigios ante el CIADI y arbitrajes comerciales internacionales, principalmente en el sector construcción. Durante su tiempo en esa firma, redactó documentos legales, analizó jurisprudencia internacional y colaboró en la actualización de manuales de práctica, además de participar en casos pro bono de inmigración.

Desde enero de 2023, Francesca lidera la Jefatura de Niñez y Juventud de la Presidencia de El Salvador. En esa función dirige la Mesa Técnica responsable de la Política Nacional de Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, contribuyendo al desarrollo de estrategias que impactan directamente en la población infantil. En este rol, Francesca no solo lidera desde lo técnico, sino también desde lo estratégico, gestionando políticas públicas que buscan garantizar el desarrollo integral de niños y adolescentes en El Salvador. Por ello, ha promovido la implementación efectiva de las leyes redactadas bajo su liderazgo, impulsando reformas institucionales y articulando esfuerzos interinstitucionales con enfoque de derechos.

Entre 2019 y 2022, también como asesora jurídica en Presidencia, encabezó la redacción de leyes clave basadas en la Convención sobre los Derechos del Niño, incluyendo la Ley Crecer Juntos, la Ley Nacer con Cariño, la Ley Amor Convertido en Alimento y reformas a la Ley Especial de Adopciones, promoviendo un enfoque de protección integral para la niñez salvadoreña. Está admitida para ejercer la abogacía en España y El Salvador, y es elegible para la barra de Nueva York. Habla español, inglés y francés con fluidez, lo que le permite participar en foros internacionales y coordinar iniciativas con organismos multilaterales.

Entre los aspectos más destacados de su hoja de vida se encuentra su sólida capacidad de liderazgo, que le ha permitido coordinar equipos multidisciplinarios en entornos complejos, así como su habilidad para negociar soluciones jurídicas eficaces con enfoque estratégico y sentido ético. Se destaca además por su excelencia en la comunicación jurídica, tanto oral como escrita, adaptada a audiencias técnicas, institucionales e internacionales.

Su perfil combina excelencia técnica, visión internacional y compromiso social. Con más de una década de experiencia profesional, Francesca Rivas de Apostolo representa una nueva generación de abogadas salvadoreñas con proyección global, que apuesta por transformar el entorno legal y social del país, especialmente en áreas sensibles como la protección de la niñez y la resolución de conflictos internacionales.

Camila Oviedo representa una nueva generación de juristas especializadas en derecho digital y cumplimiento normativo. Con cinco años de experiencia, ha sabido posicionarse como referente en la intersección entre tecnología, regulación y protección de datos, tanto en el sector público como en el privado.

Actualmente es subdirectora de Protección de Datos en la Agencia de Ciberseguridad del Estado, donde lidera la formulación e implementación de políticas nacionales alineadas con estándares internacionales. Desde esa posición, supervisa auditorías, coordina con entidades públicas y privadas, y promueve una cultura de gobernanza de datos que anticipe riesgos y salvaguarde la privacidad de los ciudadanos.

Antes de asumir este rol, trabajó como legal counsel y delegada de protección de datos en Nexbridge–Nexplace, donde su enfoque estuvo en la regulación de activos digitales, estructuración de productos financieros y cumplimiento

Marcia Reyes

La trayectoria de Marcia Beatriz Reyes Santos en el sector financiero salvadoreño la ha consolidado como una profesional referente en cumplimiento normativo y gestión de riesgos.

Abogada y notario autorizada por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Reyes Santos cuenta con una licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia y una maestría en Gestión de Riesgos por la Ealde Business School y la Universidad Católica San Antonio de Murcia, así como múltiples certificaciones internacionales en prevención de lavado de dinero y compliance.

de la Ley de Activos Digitales. También lideró la gestión de cumplimiento regulatorio y contrac tual en el Banco de Desarrollo de El Salvador, fortaleciendo las políticas internas de protec ción de datos y gestión de riesgos.

Su trayectoria internacional incluye una etapa en el Consulado de El Salvador en Geor gia, Estados Unidos, donde ofreció asistencia legal a ciudadanos salvadoreños, con énfasis en derechos humanos y protección de datos personales.

Camila cuenta con una licenciatu ra en Ciencias Jurídicas de la Escuela Superior de Economía y Negocios, así como estudios de posgrado en Fintech, e-Commerce y gestión de proyectos. En 2024 concluyó una maestría en Derecho Digital en la Universidad de Barcelona. Habla español, inglés avanzado y fran cés.

Su especialización en áreas clave como la prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva (LDA/FT/FPADM), ha sido clave en su desempeño como oficial de cumplimiento en instituciones como Banco Hipotecario, COMÉDICA, FOSAFFI y, actualmente, Protege Seguros. En cada una de estas organizaciones ha liderado la implementación de matrices de riesgo, elaboración de planes de trabajo, monitoreo de operaciones y atención a auditorías internas y externas.

Además, ha participado activamente en comités de cumplimiento, riesgos, créditos y proyectos, promoviendo una cultura de ética, integridad y transparencia institucional. Entre sus funciones también destaca el reporte de operaciones sospechosas, el diseño de controles internos y la atención de requerimientos regulatorios ante la Superintendencia del Sistema Financiero.

Con formación en derecho empresarial, comercio internacional y normas ISO 31000, Reyes Santos combina el conocimiento técnico con una visión estratégica orientada a la mitigación de riesgos legales y reputacionales. Su liderazgo firme y enfoque preventivo la han posicionado como una aliada clave en la gobernanza lidad de las organizaciones para las que ha trabajado.

Marjorie Reyes

Marjorie Nathaly Reyes Herrera ha construido una carrera jurídica destacada y versátil, que combina experiencia internacional, liderazgo empresarial y compromiso con la justicia. Abogada y notaria autorizada, actualmente es gerente legal y cofundadora de International Supply Chain Services, empresa salvadoreña especializada en logística global y comercio internacional. Desde esta posición, lidera la estrategia legal de operaciones 4PL, protege activos de propiedad intelectual y facilita la constitución de empresas internacionales, alineando marcos legales con objetivos logísticos y comerciales.

Paralelamente, presta servicios como paralegal remota para PGS360 en California, donde redacta y analiza contratos complejos, gestiona archivos legales y asesora en temas laborales, corporativos y de cumplimiento normativo en Estados Unidos. Su experiencia previa incluye siete años como asistente legal en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, donde impulsó la modernización del sistema de audiencias por videoconferencia y brindó asesoría legal en materias penal, civil y familiar.

Formada en la Universidad Dr. José Matías Delgado y con estudios de posgrado en Derecho de Empresas en la Universidad Tecnológica de El Salvador, Marjorie también ha acumulado más de una decena de certificaciones en derechos humanos, derecho digital, comercio, ética y diversidad. Domina inglés y francés, y ha sido voluntaria para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, así como observadora electoral para la Procuraduría de Derechos Humanos en elecciones presidenciales y legislativas.

Con una visión global del derecho y una firme vocación de servicio, Reyes Herrera representa una nueva generación de abogadas salvadoreñas con impacto transnacional.

Con más de dos décadas de trayecto ria en el ámbito jurídico, Flor de María Vaquerano Pineda se ha consolidado como una profesional destacada en el derecho corporativo, notarial y de políticas públicas en El Salvador. Su perfil com bina experiencia práctica en el sector público y privado, formación académica especializada y un compromiso social constante, reflejado en su trabajo comunitario y voluntariado.

Actualmente, Vaquerano se desempeña como abogada del Departamento de Sindicatura de la Municipalidad de La Libertad Este, donde aporta sus conocimientos en derecho notarial, desarrollo local y políticas públicas, con un enfoque orientado a fortalecer la gestión municipal. Desde 2019 hasta 2023 ocu pó el cargo de gerente legal y encarga da de cumplimiento normativo en HAPV S.A. de C.V., liderando pro cesos vinculados a regulaciones internas, derecho inmobilia rio y de la construcción. An teriormente, entre 2012 y 2018, fue gerente legal en la misma empresa, en focándose en el acom pañamiento jurídico de proyectos inmobiliarios.

Su experiencia en el sector privado incluye también su paso por la Gerencia Legal de CMI Corporación Multi Inver siones entre 2010 y 2011, donde ejerció como abogada corporati va en áreas que abarcaron derecho laboral, mercantil, civil y propiedad intelectual. En 2009, formó parte de FUN DEMUN, bajo contrato con la Administración Pública mediante el programa Comunidades Solidarias Rurales, lo que le permitió profun dizar en derecho laboral, desarrollo local y li citaciones.

Los inicios de su carrera se dieron dentro del Órgano Judicial, donde entre 2002 y 2008 des empeñó diferentes funciones en juzgados de Familia y de lo Civil, acumulando experiencia en temas de niñez, adolescencia, derecho de familia, civil y mercantil. Desde sus primeros años profesionales, combinó labores jurídicas con prácticas, servicio social y méritos institu

cionales, lo que fue formando una base sólida para su crecimiento posterior.

En cuanto a su formación académica, Flor de María es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Matías Delgado. Posteriormente, entre 2013 y 2015, completó una maestría en Políticas Públicas con énfasis en prevención de violencia juvenil y cultura de paz en la Universidad Don Bosco. En 2024 obtuvo la certificación internacional AMLCA (Anti-Money Laundering Certified Associate) otorgada por Florida International University, especializándose en prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio, mientras que en 2025 participó en la Edición 45 del programa de Gestión de Compras Públicas impartido por la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reforzando su preparación en procesos de adquisiciones y contrataciones estatales.

A esta formación se suman diplomados en Finanzas y en Gestión Participativa y Manejo Sostenible de Programas Comunitarios, ambos realizados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde obtuvo distinción Cum Laude en el área de cooperación al desarrollo.

Más allá de su ejercicio profesional, Flor de María mantiene un compromiso permanente con el servicio comunitario. Desde 2022 forma parte del Concejo Pre Catedral San Juan Bautista de la Fuerza Armada de El Salvador, y desde 2005 participa activamente como servidora en la Comunidad Católica El Salvador del Mundo, reflejando su vocación de contribuir desde el ámbito social y es-

A lo largo de su carrera, Flor de María Vaquerano ha demostrado capacidad de adaptación, liderazgo en equipos multidisciplinarios y una visión integral del ejercicio del derecho, integrando tanto la perspectiva técnica como la humana, siempre orientada a generar un impacto positivo en el entorno institucional, empresarial y comunitario

Con más de dos décadas de experiencia jurídica, Nidia Marisela Pérez de Lara se ha consolidado como una estratega legal de alto nivel, con especialización en derecho corporativo y gestión empresarial. Su trayectoria combina una formación académica sólida —es licenciada en Ciencias Jurídicas y máster en Dirección de Empresas por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”— con una carrera ascendente en instituciones financieras, organismos estatales y corporaciones multinacionales.

Desde septiembre de 2020, funge como gerente legal de Grupo Agrisal, donde lidera la asesoría jurídica en diversas áreas operativas y proyectos de expansión regional, incluyendo coordinación de financiamientos, titularización y procesos de automatización de operaciones legales. Participa activamente en el diseño de estrategias de cumplimiento normativo, políticas corporativas y estructuración de nuevos negocios. Antes de asumir este cargo, trabajó durante siete años como asesora legal interna del mismo grupo, posición desde la cual acompañó decisiones estratégicas, coordinó procesos regionales en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú, e impulsó procesos de digitalización legal.

Su carrera inició en el sistema financiero, primero dentro de una entidad del Sistema Fedecrédito y luego como jefa de la unidad legal de una entidad autónoma. En ambas instituciones, fue clave en la construcción de marcos jurídicos sólidos para operaciones crediticias, adquisiciones y cumplimiento normativo, así como en la supervisión de litigios y procesos regulatorios. Entre 2010 y 2013 se desempeñó como adjunta del Latin American General Counsel en Hanesbrands El Salvador, participando en contrataciones, litigios y asuntos regulatorios de filiales en varios países de la región. Ahí también coordinó procesos corporativos, obtención de licencias y registros.

Abogada y notaria certificada desde 2006 y 2008, respectivamente, Nidia Pérez de Lara cuenta además con certificación en inglés avanzado. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado capacidad para liderar equipos jurídicos, desarrollar procesos de control de calidad contractual y contribuir al fortalecimiento institucional con un enfoque regional y empresarial.

Karen Sánchez Paola Rosa

Conmás de quince años de trayectoria profesional, Karen Margarita Sánchez Rivas ha construido una sólida carrera en el ámbito jurídico y ambiental, destacándose por su liderazgo en la gestión legal de Áreas Naturales Protegidas y su compromiso con la educación ambiental y el desarrollo sostenible.

Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y posee una maestría en Administración de Proyectos por la Universidad de Cooperación Internacional de Costa Rica.

Su experiencia incluye la coordinación de proyectos orientados a la conservación de la Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec, el diseño de programas de educación ambiental y la gestión legal en organizaciones como ASALDI, ASACMA y la Fundación FDSRA. Ha impulsado procesos de gobernanza territorial, equidad de género y derechos comunitarios en diversas zonas rurales del país.

En el ejercicio legal, lidera el bufete Conexión Legal, desde donde brinda asesoría a empresas e individuos en materia civil, mercantil, ambiental, familiar y notarial. Su experiencia docente también es destacada: es catedrática universitaria en la Universidad Tecnológica de El Salvador, donde imparte clases, dirige investigaciones y acompaña trabajos de grado.

Sánchez Rivas posee además una certificación docente en educación superior y un diplomado en inteligencia artificial aplicada al Derecho.

Su perfil combina habilidades técnicas con una profunda vocación social y ambiental, posicionándose como una profesional integral, comprometida con el desarrollo legal, a sostenibilidad y la formación de nuevas generaciones.

PaolaRosa ha sabido combinar su formación académica, que es muy sólida, con una prometedora carrera jurídica, que ha aportado experiencia en instituciones clave del aparato público salvadoreño. Abogada y notaria, con Maestría en Derecho Empresarial cum laude por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ha destacado por su compromiso, liderazgo y capacidad de análisis jurídico en entornos complejos.

Desde mayo de 2025 se desempeña como analista de la Oficina Legal de la Gerencia Administrativa de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), donde brinda asesoría jurídica a distintas unidades, atiende procedimientos disciplinarios y sancionatorios en el ámbito de compras públicas, y emite opiniones jurídicas técnicas. Su paso por la Unidad de Litigios Regulatorios de la SRS (2024-2025) la consolidó en el análisis de expedientes administrativos bajo la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) y normativa sectorial.

Durante cuatro años laboró en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, como técnica legal y anteriormente como practicante jurídica. Ahí tramitó procedimientos sancionatorios en materia de protección al consumidor, elaborando resoluciones y recursos con base en la LPA y la Ley de Protección al Consumidor (LPC).

Comprometida con la formación y el servicio social, también participó en programas de tutoría con Fundación Actúa, orientados a fomentar valores y derechos de la niñez y adolescencia. Complementa su trayectoria con diplomados en Derecho Sanitario y liderazgo social, y se distingue por su versatilidad, proactividad y apertura al cambio. Paola Rosa representa a una nueva generación de profesionales del derecho, con enfoque ético, formación integral y vocación de servicio público.

Karla María Romero Ruiz es una respetada abogada y notaria salvadoreña, con una sólida trayectoria profesional en el ámbito jurídico, especializada en banca, seguros y comercio. Su perfil combina experiencia técnica, liderazgo institucional y una formación académica internacional que le ha permitido destacar tanto en el sector público como en el privado.

Actualmente se desempeña como gerente jurídico comercial del Banco Hipotecario de El Salvador, donde lidera áreas clave como contratación,

gestión registral, recuperación judicial y asesoría legal comercial. Desde esta posición, brinda respaldo legal a las operaciones comerciales de la institución, asegurando su alineación con las regulaciones del sistema financiero y los objetivos estratégicos institucionales. Romero ha ocupado cargos relevantes en otras instituciones financieras, como especialista legal en Banco Azul y asesora jurídica en La Central de Seguros y Fianzas. También fue experta legal en la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia, donde brindó asesoría en la formulación de leyes y acuerdos económicos, y representó al país en procesos de negociación internacional.

Su formación académica incluye una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la University of International Business and Economics (UIBE) en Beijing, China, y una Maestría en Gestión y Técnica de Seguros por la Universidad de Salamanca, España, ambas obtenidas con becas de mérito. Además, posee una Licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador.

Como parte de su crecimiento profesional, ha participado activamente en foros internacionales como el Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (COLADE) y la Comisión de Derecho Económico de la UNCITRAL en Viena y Nueva York. También ha cursado múltiples diplomados y certificaciones en derecho administrativo, contratación pública, seguros, inversión y comercio electrónico.

Entre sus logros se destacan la asesoría a juntas directivas, su participación en comités de crédito y la coordinación de equipos jurídicos. Su experiencia multicultural, especialmente en Asia y Europa, le ha otorgado una perspectiva global que aplica en la gestión legal estratégica. Karla Romero se define por su liderazgo, visión internacional y compromiso con la excelencia jurídica, lo que la convierte en una figura destacada en el panorama legal-financiero de El Salvador.

Karen Nicole Rodas forma parte de una nueva generación de abogadas salvadoreñas que destacan por su versatilidad profesional y formación sólida. Actualmente se desempeña como abogada asociada en la firma Sáenz & Asociados, donde asesora a empresas en derecho corporativo, representa a clientes en litigios civiles, mercantiles y laborales, y gestiona asuntos de propiedad intelectual y derecho notarial.

Autorizada para ejercer como abogada en 2021 y como notaria en 2022, Rodas ha construido una carrera ascendente que inició incluso antes de su graduación, lo que le ha permitido acumular experiencia práctica en distintas áreas jurídicas. Es licenciada en Jurisprudencia y Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Gavidia y cuenta con una maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Evangélica de El Salvador, institución en la que también obtuvo un diplomado en Derechos Humanos y Justicia Penal Juvenil.

Antes de incorporarse a Sáenz & Asociados, trabajó como colaboradora jurídica en Grupo LD, S.A. de C.V., donde gestionó procesos de contratación, recuperación judicial y trámites registrales en el área de propiedad raíz e hipotecas. Previamente, en el despacho Hernández Leiva & Asociados, desarrolló habilidades clave en derecho bancario, elaborando documentos de crédito y garantías, así como en derecho mercantil y propiedad intelectual, con la redacción e inscripción de documentos ante el Registro de Comercio y el Registro de Propiedad Intelectual. También tuvo a su cargo la gestión administrativa del protocolo notarial.

Además de su formación técnica, Nicole ha profundizado en áreas especializadas como el derecho administrativo, gracias a un diplomado impartido por el Instituto Salvadoreño de Derecho Administrativo, centrado en la potestad normativa de la administración pública.

La trayectoria de Nicole Rodas combina una sólida preparación académica con experiencia práctica en firmas reconocidas, lo que le ha permitido consolidarse como una profesional integral en el ámbito legal. Con una clara vocación por el derecho corporativo, pero sin dejar de lado su capacidad para litigar y gestionar temas notariales, Rodas representa un perfil emergente en el panorama jurídico salvadoreño, con proyección hacia el liderazgo legal en los próximos años.

Versatilidad y estrategia definen el perfil profesional de Marcella Romero, abogada salvadoreña con más de 15 años de experiencia en derecho corporativo, telecomunicaciones, tecnología y comunicación institucional. Actualmente se desem peña como gerente legal y de asuntos corporativos de Ternova, con glomerado con operaciones en Centroamérica, México y Asia. Desde ese cargo lidera tanto el acompañamiento legal como la gestión de comunicación interna y exter na, manejo de crisis y reputación corporativa.

Romero se ha consolidado como una figura clave para la toma de decisiones estratégicas de alto nivel, aportando conocimiento legal, visión de negocio y enfoque comunicacional. Su trayectoria incluye firmas regionales como Dentons Muñoz y BLP Abogados, donde asesoró en fusiones, adquisi ciones, telecomunicaciones y propiedad intelec tual. También lideró operaciones legales para Phoenix International Towers en El Salvador y Centroamérica, gestionando temas regulato rios e infraestructura inalámbrica.

Su formación incluye una maestría en De recho de las Telecomunicaciones y Tecnolo gías de la Información por la Universidad Car los III de Madrid, una maestría en Derecho de Empresas por la Universidad Centroamerica na “José Simeón Cañas” (UCA), y un posgrado en Fintech y Banca Digital. Actualmente comple menta su perfil con estudios en comunicación estratégica y cumplimiento normativo.

Además de su ejercicio corporativo, Marcella Romero se desempeña como catedrática universitaria y conferencista, participando en foros nacionales e internacionales sobre ciberseguridad, derecho digital y gobernanza de internet. Forma parte de redes iberoamericanas de derecho informático y asociaciones internacionales del sector legal tecnológico, fortaleciendo el intercambio profesional en su área de es-

Su trayectoria incluye experiencia internacional en prácticas profesionales realizadas en Telefónica y en la Agencia Española de Protección de Datos en Madrid, especializándose en protección de datos y ciberseguridad, lo que refuerza su perfil global.

Marcella Romero combina la gestión legal corporativa con la innovación tecnológica y la comunicación estratégica, articulando el mundo jurídico tradicional con los nuevos desafíos digitales. Su capacidad para liderar equipos multidisciplinarios y su enfoque profesional la posicionan como un referente dentro del ámbito legal corporativo salvadoreño.

Michelle Mariela Rosa-Beltrán ha construido una trayectoria profesional que conecta El Salvador y Estados Unidos, especializándose en asesoría jurídica para contratos complejos en sectores como energía, petróleo, químicos y construcción. Abogada y notaria salvadoreña de formación, actualmente se desempeña como jefa de contratación en Primoris Energy, LLC, en Estados Unidos, donde lidera negociaciones y administración de contratos para proyectos de energía renovable.

Con una sólida base en derecho mercantil, civil y constitucional, Michelle Rosa-Beltrán enfoca su práctica en el ciclo de vida de los contratos: redacción, ejecución, gestión de riesgos y resolución de conflictos mediante mediación y arbitraje. También participó en iniciativas como SunZia y Puerto Rico Solar, supervisando términos contractuales y proponiendo soluciones que garanticen el cumplimiento normativo y corporativo.

Antes de su cargo actual, trabajó durante casi ocho años en Bechtel Energy, Inc., en Houston, donde lideró negociaciones de contratos y gestionó proyectos de gran envergadura como Driftwood LNG y Shell Pennsylvania Chemicals. Entre sus responsabilidades se incluían supervisión de costos, cronogramas y desempeño de subcontratistas, así como la implementación de programas de cierre de proyectos.

En El Salvador, Rosa-Beltrán ejerció como asesora legal en la Presidencia de la República entre 2011 y 2014, elaborando proyectos de ley, reglamentos y opiniones jurídicas para la toma de decisiones del Ejecutivo. También trabajó en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Hu manos, brindando asistencia en casos de presuntas vio laciones de derechos fundamentales.

Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Univer sidad Doctor José Matías Delgado y egresada de la maestría en Derecho de Empresas de la Univer sidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ha complementado su formación con certificacio nes en gestión de contratos y cadena de sumi nistro digital por Bechtel University, así como cursos en derecho judicial y derechos huma nos.

Completamente bilingüe, domina el español y el inglés, y maneja platafor mas clave para la gestión contractual y administrativa. Combina perfil téc nico y visión estratégica, integrando conocimientos legales y comerciales bajo estándares éticos y de cumpli miento internacional.

LAS 45 DE 45

Desde el corazón del sistema bancario salvadoreño, María José Soto Rivas ha forjado una carrera sólida como abogada especializada en derecho corporativo, propiedad intelectual y legaltech. Actualmente se desempeña como jefa de Legal Personas en el Banco de América Central, donde lidera un equipo encargado de garantizar la seguridad jurídica en las operaciones del conglomerado financiero.

Soto Rivas asesora en temas clave como transacciones bancarias, promociones comerciales, medios de pago, protección al consumidor y análisis de riesgos legales. Además, supervisa la gestión de garantías, títulos de dominio y activos registrales, así como la adaptación a nuevas normativas que afectan al sector bancario. Su visión estratégica ha sido clave en la implementación de estándares legales frente a los desafíos de la transformación digital y su criterio legal es respetado por sus colegas.

Graduada como licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Matías Delgado, también estudió una maestría en Negocios Internacionales. Su perfil combina formación técnica con habilidades personales como liderazgo de equipos, comunicación asertiva, pensamiento analítico, visión consistente a futuro y resolución de conflictos.

Con más de una década de experiencia en el ámbito legal bancario, Soto Rivas ha pasado por áreas estratégicas dentro del Banco de América Central y el Bufete Madrigal Gómez e Hijos. Allí asesoró en temas notariales, corporativos y registrales, y lideró procesos en tribunales laborales y penales.

Apasionada por el legaltech, la inteligencia artificial, el blockchain y el comercio electrónico, María José continúa actualizándose a través de congresos, diplomados y talleres internacionales, perfilándose como una profesional innovadora en constante evolución.

Además de sus funciones legales, ha liderado iniciativas de capacitación interna y mejoramiento continuo dentro del conglomerado. Su enfoque integrador ha permitido establecer puentes entre las áreas jurídicas, operativas y comerciales. Esto ha sido clave para fortalecer la cultura de cumplimiento normativo y ética institucional en todos los niveles de la organización.

Asus 28 años, Adalicia María Torres de Herrera cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico, con especialización en asesoría fiscal y derecho corporativo. Abogada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y máster en Asesoría y Gestión Tributaria por ESADE Business & Law School de Barcelona, ha desarrollado su carrera en Torres Legal desde 2016, llegando a ser asociada en 2022.

Ha participado en proyectos de fusiones, reestructuración fiscal y corporativa, así como la consolidación del departamento corporativo y regulatorio bajo estándares ISO 9001:2015.

En los últimos años ha incursionado en el sector de compliance en un sentido integral, fusionando la prevención de lavado de dinero con el cumplimiento fiscal y regulatorio, especialmente para empresas fintech, proveedores de servicios de activos digitales y otros sectores altamente regulados. Asimismo, gestiona la correcta aplicación de beneficios fiscales que generen ventajas competitivas para sus clientes.

Certificada como CPAML (Certified Professional in Anti-Money Laundering), complementa su perfil con formación en legaltech, gestión de proyectos y programas de innovación legal.

Se proyecta como una abogada técnica, estratégica y con visión internacional, comprometida con la excelencia, el cumpli miento normativo y la transformación digital del derecho.

Expectativas con la NUEVA LEY de Inteligencia Artificial

El 11 de marzo de 2025 entró en vigor la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías, aprobada por la Asamblea Legislativa el 26 de febrero.

Esta normativa establece un marco para regular la investigación, desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial (IA) en El Salvador.

Entre sus objetivos principales se encuentran la promoción del uso ético y responsable de estas tecnologías, el establecimiento de normas de seguridad, y la creación de incentivos para su adopción en distintos sectores económicos y sociales.

Uno de los ejes centrales de la ley es la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), que tendrá a su cargo la administración, supervisión y regulación del ecosistema nacional de IA. El nombramiento del titular de ANIA recaerá en el Presidente de la República. La ley establece requisitos específicos para el cargo, incluyendo contar con al menos 30 años de edad, experiencia comprobada en tecnologías afines y un historial profesional relevante en el ámbito académico, público o privado.

Las funciones de la ANIA comprenden la evaluación de riesgos derivados de la aplicación de inteligencia artificial, la administración de un Registro Nacional de desarrolladores y operadores de IA, y la emisión de lineamientos técnicos de seguridad y cumplimiento regulatorio. La ley fija un plazo de 90 días a partir de su entrada en vigor para que la agencia defina los criterios técnicos aplicables y el procedimiento de inscripción al registro.

En el plano de incentivos, la ley contempla beneficios para los desarrolladores, incluyendo una exención de responsabilidad cuando el uso de las soluciones tecnológicas sea inapropiado o realizado por terceros sin autorización. También se incluye la posibilidad de mantener este beneficio en aquellos casos en los que las soluciones sean utilizadas fuera del territorio nacional. No obstante, se exige cumplimiento estricto de la normativa sobre protección de datos personales, así como la observancia de los principios establecidos en la Ley de Ciberseguridad. Uno de los elementos normativos que más ha llamado la atención es la inclusión de disposiciones para garantizar la libre competencia. La ley prohíbe expresamente cualquier acción que tenga como objetivo obstaculizar el desarrollo de la IA por parte de otras empresas, entidades o personas naturales. Además, se establece que el uso comercial de herramientas de inteligencia artificial debe ser comunicado de manera clara y accesible a los usuarios, promoviendo la transparencia como principio rector.

La legislación establece junio de 2025 como fecha estimada para que el marco operativo esté completamente funcional. Para

ello, la ANIA deberá haber finalizado la elaboración y publicación de los lineamientos y haber iniciado el registro de operadores y desarrolladores en el país.

Diversos analistas y representantes del sector tecnológico han manifestado su interés por el alcance de esta ley. Consideran que, si bien representa una oportunidad para posicionar a El Salvador como un actor regional en la adopción de inteligencia artificial, también genera incertidumbres sobre la viabilidad y capacidad institucional para su aplicación efectiva.

Las expectativas están puestas sobre la ANIA, que tendrá que combinar un rol técnico con funciones de fiscalización y promoción.

Desde el sector privado, se ha valorado positivamente el hecho de contar con un marco normativo específico. Para muchas empresas emergentes, esta ley podría representar una vía para desarrollar soluciones basadas en IA con mayor seguridad jurídica.

Finalmente, la comunidad tecnológica está atenta a la puesta en marcha de las disposiciones legales. Se prevé que en los próximos meses se abran espacios de consulta, foros y capacitaciones sobre la aplicación práctica de la ley y sus implicaciones para el ecosistema de innovación en El Salvador.

REDACCIÓN DYN

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Ventajas

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La nueva Ley de CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD de la Información

El Salvador dio un paso importante en su agenda de transformación digital con la aprobación de la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, normativa que entró en vigor en noviembre de 2024 y que establece el marco legal e institucional para proteger el ciberespacio nacional y garantizar la seguridad digital de los ciudadanos, empresas e instituciones.

Esta legislación se enmarca en la visión del país por consolidarse como un referente regional en innovación tecnológica y desarrollo digital. Con el crecimiento exponencial de los servicios digitales y el uso intensivo de tecnologías de la información en todos los sectores productivos, la ley responde a la necesidad de contar con mecanismos sólidos que protejan los datos, los sistemas y la infraestructura crítica del país.

Uno de los principales avances de esta normativa es la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), una entidad especializada que tendrá a su cargo el desarrollo de políticas públicas de ciberseguridad, la emisión de lineamientos técnicos y la coordinación nacional en la prevención y gestión de amenazas cibernéticas.

La ACE también será responsable de

mantener un Registro Nacional de Entidades que gestionan información crítica, así como de promover estándares modernos de protección de datos, buenas prácticas en seguridad digital y protocolos de respuesta ante incidentes.

Desde una perspectiva empresarial, la ley representa una oportunidad para fortalecer la confianza en el ecosistema digital, permitiendo a empresas locales y extranjeras operar en un entorno más seguro, con reglas claras y con respaldo institucional. Esto es clave para atraer inversión en sectores como banca digital, comercio electrónico, tecnología financiera (fintech) y servicios en la nube.

Empresarios del sector tecnológico han valorado positivamente la iniciativa, destacando que la ley proporciona un marco legal moderno para el desarrollo de negocios digitales, con condiciones que favorecen la innovación, la competitividad y la protección de activos digitales. Además, el nuevo marco legal permite al país alinearse con los estándares internacionales en materia de ciberseguridad, facilitando la cooperación con otras naciones y con organismos multilaterales, lo que fortalece la imagen de El Salvador como un socio confiable en temas digitales.

En términos operativos, la ley contempla la elaboración de políticas nacionales de ciberseguridad, protocolos de respuesta ante ataques, lineamientos técnicos obligatorios para instituciones públicas y privadas, así como un sistema de monitoreo para identificar vulnerabilidades en tiempo real.

Otro aspecto importante es que esta normativa también abre nuevas oportunidades para el desarrollo del talento humano especializado en seguridad digital. Se espera que el país incremente la demanda de profesionales capacitados en ciberseguridad, auditoría informática, protección de datos y arquitectura de sistemas seguros, generando empleos de alto valor y fomentando la formación técnica especializada.

En suma, la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información refuerza la visión estratégica de El Salvador como un país preparado para los desafíos del siglo XXI, brindando a su tejido productivo y a la ciudadanía las herramientas necesarias para avanzar con seguridad en el entorno digital. Esta legislación se suma al conjunto de medidas que están posicionando al país como un centro regional de innovación tecnológica.

REDACCIÓN DYN

EL SALVADOR PRODUCE PARA EL MUNDO: un ambicioso plan industrial para transformar la economía nacional

En un contexto de transformaciones estructurales y redefinición de prioridades económicas, El Salvador apuesta por una nueva era de desarrollo industrial. Bajo el liderazgo del Consejo Industrial de El Salvador y con el respaldo de más de 26 sectores productivos, se lanzó el pasado 12 de junio el plan “El Salvador Produce para el Mundo”, una hoja de ruta que promete reposicionar a la industria como motor clave del crecimiento económico entre 2025 y 2029.

Con una visión orientada a la innovación, la competitividad y la sostenibilidad, este plan constituye el esfuerzo más ambicioso de reindustrialización de las últimas décadas. No se trata únicamente de una serie de metas técnicas o estadísticas. Se trata, como señala el documento oficial, de una apuesta por el futuro del país y de su gente.

¿Por qué reindustrializar?

La industria salvadoreña representa actualmente el 12% del Producto Interno Bruto (PIB), el 96.3% de las exportaciones de bienes y el 23% del empleo formal. Sin embargo, entre 2022 y 2024, el sector ha mostrado signos de desaceleración, con una contracción acumulada del PIB industrial de 2.4%. Esta “desindustrialización temprana” se suma a otros desafíos como la informalidad laboral (que afecta al 67% de la PEA ocupada), la limitada integración a cadenas de valor internacionales y una alta dependencia de las remesas (24% del PIB).

El plan parte de un amplio diagnóstico: El Salvador necesita recuperar su capacidad productiva, modernizar su base industrial, fortalecer el empleo de calidad y diversificar sus exportaciones. Para ello, se ha estructurado un programa que busca generar 200 nuevas empresas, 20,000 empleos formales y atraer más de $1,000 millones en inversiones locales y extranjeras en los próximos cinco años.

Doce objetivos estratégicos

La estrategia está organizada en torno a 12 objetivos centrales, cada uno con acciones concretas y responsables definidos:

Nuevas áreas industriales: Se plantea la creación de polos de desarrollo fuera del AMSS, especialmente en la zona oriental del país, aprovechando proyectos como el Aeropuerto del Pacífico y el Canal Seco. Talento humano calificado: La meta es capacitar a 20,000 personas con enfoque técnico e industrial, modernizar el marco laboral y fortalecer el CENCAFI.

Recursos financieros: Se proponen líneas de crédito a largo plazo, fondos de capital de riesgo y mecanismos innovadores como la tokenización de activos, con énfasis en atraer capital de la diáspora.

Materias primas y servicios: Se impulsará el desarrollo local de insumos industriales y programas de compras conjuntas que reduzcan costos.

Servicios competitivos: Se promoverá una matriz energética más eficiente y renovable, infraestructura hídrica adecuada y mejoras en distribución eléctrica para zonas industriales.

Cadenas de valor: El plan busca integrar a las PYMES locales tanto en mercados domésticos como en redes globales, particularmente con Estados Unidos.

Consolidación de mercados: Se propone una revisión normativa para combatir competencia desleal, y un aprovechamiento estratégico de tratados como el CAFTA-DR y la Unión Aduanera Centroamericana.

Infraestructura logística: Se plantean mejoras a puertos, carreteras y conexiones fronterizas, así como la incorporación de conectividad 5G y almacenamiento de datos para la industria 4.0.

Políticas públicas e incentivos: Se sugiere revisar y actualizar 18 leyes vigentes y proponer 9 nuevas normativas, entre ellas la Ley de Industrias Creativas, Ley de IA y

REDACCIÓN DYN

una nueva Ley de Zonas Francas.

Innovación: El plan promueve clústeres industriales, centros de I+D y alianzas con startups y universidades.

Tecnología: Se busca facilitar la transición hacia la Industria 4.0 mediante incentivos para adopción de inteligencia artificial, automatización e Internet de las Cosas (IoT).

Sostenibilidad empresarial: Desde normativas de producción limpia hasta la creación de un Fondo Verde Industrial, se quiere hacer de la sostenibilidad un estándar competitivo.

Un modelo económico en transición

Más allá del plan industrial, el documento ofrece un análisis completo del modelo económico salvadoreño. A pesar del crecimiento sostenido del consumo interno (52.4% de la demanda global en 2024), el país aún mantiene una balanza comercial estructuralmente deficitaria y una dependencia marcada de las importaciones.

En 2024, el PIB alcanzó los US$35,365 millones, con exportaciones industriales por US$6,209 millones, mientras que las importaciones llegaron a los US$15,972 millones. Las remesas —por encima de los US$8,400 millones— siguen siendo la principal fuente de liquidez, lo que evidencia una estructura económica vulnerable.

El plan “El Salvador Produce para el Mundo” no solo busca revertir esta tendencia, sino también consolidar una economía basada en producción, inversión y comercio exterior. Para ello, retoma la cadena de valor de Porter como modelo estratégico, combinando desarrollo de proveedores, innovación, logística, comercialización

Puntos clave del

plan “El Salvador Produce para el Mundo”

Período de ejecución: 2025-2029 (primera fase)

Impulsado por: Consejo Industrial de El Salvador (conformado por 26 sectores industriales)

Metas principales:

- 200 nuevas empresas industriales

- 20,000 nuevos empleos formales

- 8% de crecimiento anual en exportaciones

- $1,000 millones en inversión industrial (local y extranjera)

12 objetivos estratégicos:

- Nuevas zonas industriales.

- Formación de talento técnico.

- Acceso a financiamiento competitivo.

- Insumos y servicios industriales.

- Energía y agua sostenibles.

- Cadenas de valor globales y locales.

- Acceso y consolidación de mercados.

- Infraestructura logística y digital.

- Reformas legales e incentivos fiscales.

- Cultura de innovación.

- Industria 4.0 y tecnología.

- Sostenibilidad empresarial.

Modelo estratégico: Cadena de valor de Michael Porter.

Actores involucrados: Gobierno, sector privado, organismos multilaterales, gremiales, opinión pública.

Instrumentos legales a revisar o crear: 27 leyes y reformas propuestas.

Inversión en bienes de capital: US$3,984.7 millones entre 2019-2024.

Liderazgo: ASI y Gabinete Económico de El Salvador.

y servicios posventa.

Gobernanza, monitoreo y actores clave

Uno de los elementos diferenciales del plan es su enfoque participativo. Los avances serán medidos trimestralmente y publicados con transparencia. Además, se involucra a ocho sectores clave: órganos del Estado, gremiales, organismos internacionales, medios, colegios profesionales, diplomacia, sociedad civil y generadores de opinión.

El Consejo Industrial de El Salvador, entidad creada en abril de 2025, será el ente rector de la implementación. Bajo la coordinación de la ASI y con respaldo del Gabinete Económico, este consejo representa un nuevo esquema de gobernanza público-privada, orientado a resultados.

¿Puede El Salvador volver a ser “el Japón de Centroamérica”?

En el imaginario industrial de la región, El Salvador fue, en los años 60 y 70, un líder manufacturero. La guerra civil, las políticas erráticas de las últimas décadas y la globalización descontrolada afectaron su tejido productivo. Hoy, con un clima de seguridad renovado y condiciones macroeconómicas más estables, el país se propone recuperar ese protagonismo.

“El Salvador Produce para el Mundo” es más que un plan industrial. Es una declaración de principios y una estrategia de nación. Su éxito dependerá de la capacidad de coordinación entre sectores, de la voluntad política para aplicar las reformas legales, y del compromiso del empresariado para invertir, innovar y competir en los mercados globales.

CINCO GESTIONES ESENCIALES que todo abogado debe cumplir ante la Corte Suprema de Justicia

En el ejercicio profesional del derecho, cumplir con los requerimientos administrativos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no solo es una obligación legal, sino una práctica indispensable para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia y la formalidad del trabajo forense. A continuación, se detallan cinco trámites clave que los abogados y notarios deben conocer, atender y mantener actualizados.

1. Actualización de la Tarjeta de Abogado por cambio de domicilio

El cambio de dirección domiciliaria debe notificarse oficialmente a la Sección de Investigación Profesional Judicial. Para ello, el abogado o notario debe presentar un escrito solicitando la modificación, acompañado de una fotocopia certificada por notario del DUI con la nueva dirección. Este trámite puede realizarse en las sedes de San Salvador, Santa Ana o San Miguel. Una vez autorizado, el profesional será notificado para retirar su nueva tarjeta en la sede de carnetización de San Salvador. Se requiere portar vestimenta formal, entregar la tarjeta anterior y presentar una fotografía reciente. En caso de que el trámite lo gestione un tercero, la documentación debe ir debidamente autenticada por notario.

Este procedimiento, aunque aparentemente sencillo, es fundamental: no solo permite a la CSJ mantener actualizados sus registros, sino que también asegura que los abogados puedan recibir notificaciones oficiales sin demoras. Además, proyecta responsabilidad profesional y ética.

2. Inscripción ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF)

En cumplimiento de los artículos 2 y 3 del Instructivo sobre Prevención del Lavado de Dinero, los abogados y notarios tienen la obligación de inscribirse ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República. Esta medida busca reforzar la lucha contra delitos financieros como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La Corte Suprema de Justicia subrayó recientemente la

importancia de esta inscripción, recordando que no se trata de un trámite opcional, sino de un deber legal ineludible. El registro ante la UIF refleja el compromiso ético del profesional del derecho con la legalidad, y garantiza la posibilidad de detectar y reportar operaciones sospechosas.

Además, los profesionales deben mantener actualizada la información registrada ante la UIF, como parte de un proceso de vigilancia continua que refuerza los mecanismos nacionales de control financiero. Este paso, aunque administrativo, forma parte de una estrategia institucional más amplia para prevenir delitos complejos que afectan la integridad del sistema jurídico y económico.

3. Seguimiento al proceso de autorización

profesional mediante el SNE

La CSJ recomienda a quienes se encuentran en proceso de autorización como abogados utilizar el Sistema de Notificación Electrónica (SNE), disponible en https://sne.csj.gob.sv. Esta herramienta digital permite recibir resoluciones, requerimientos y avisos sin demoras ni intermediarios.

El SNE representa un paso hacia la modernización del sistema judicial salvadoreño. Para acceder al sistema, se requiere ingresar el número de DUI y una contraseña personal. Consultarlo de forma periódica evita omisiones que puedan afectar la continuidad del proceso. Este servicio digital reduce tiempos, garantiza la trazabilidad documental y asegura una mayor eficiencia institucional.

La CSJ también habilitó líneas telefónicas de soporte para orientar a quienes tengan dificultades de acceso. Promover el uso del SNE es parte de la transformación digital que busca agilizar procesos y reforzar la confianza de los profesionales y la ciudadanía en el sistema judicial.

4. Gestión de los sellos profesionales

Una vez autorizado, el abogado debe tramitar la elaboración de sus sellos ante la Secretaría General de la CSJ, en el Palacio Judicial. Este paso es esencial para la validación de documentos jurídicos. Los requisitos incluyen un escrito indicando la imprenta seleccionada, constancia de publicación en el Diario Oficial y una fotografía con las especificaciones técnicas solicitadas.

REDACCIÓN

Según detalló la CSJ, una vez presentada la documentación, la autorización estará disponible en tres días hábiles, luego de lo cual la imprenta seleccionada tiene un plazo similar para elaborar los sellos y enviarlos a la Secretaría General. El abogado, en persona, deberá retirarlos y registrarlos en el libro oficial de firmas, rúbricas y sellos.

El retiro de los sellos no puede ser delegado, ya que implica la formalización de un instrumento que será utilizado en actuaciones jurídicas de alto valor legal. Aunque un tercero puede presentar la solicitud con firma autenticada, la presencia física del abogado o notario en el acto de retiro es obligatoria para dar fe de la legalidad del instrumento.

5. Reposición de sellos por pérdida, robo o extravío

Si un sello es robado o extraviado, el profesional debe presentar una solicitud de reposición ante la Secretaría General, acompañada de una copia de la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) o la Fiscalía General de la República (FGR), o bien una declaración jurada. Este trámite se realiza en la sede del Palacio Judicial, en el Centro de Gobierno, y exige igual formalidad que la emisión inicial: selección de imprenta, entrega de fotografía y registro en libro oficial.

La Corte Suprema recuerda que el uso indebido de un sello extraviado puede dar lugar a consecuencias jurídicas graves, tanto para el abogado como para terceros afectados. Por ello, la reposición debe gestionarse de manera inmediata, y es indispensable cumplir con todos los requisitos de documentación, tiempos y autenticación.

Este proceso contribuye a proteger la integridad del profesional, la validez de los documentos emitidos y la confianza de los clientes en el ejercicio jurídico.

El cumplimiento como eje de la legalidad profesional

Cumplir con estos trámites permite al abogado ejercer su labor dentro del marco legal y ético vigente, fortaleciendo la institucionalidad jurídica del país. Estar al día con estos procesos también proyecta profesionalismo y genera confianza en los usuarios del sistema de justicia.

Además, la CSJ ha enfatizado en varias ocasiones que el cumplimiento de estos trámites no es simplemente una formalidad burocrática, sino un componente esencial del Estado de Derecho. La confianza pública en los abogados y notarios depende, en parte, de la observancia rigurosa de estos lineamientos.

La modernización de los procedimientos, como la digitalización a través del SNE y la coordinación con entidades como la UIF, también forma parte de una política institucional que busca alinear al sistema judicial salvadoreño con estándares internacionales de eficiencia, transparencia y legalidad.

Las cinco gestiones descritas —actualización del domicilio, inscripción en la UIF, uso del SNE, obtención y reposición de sellos— conforman una hoja de ruta que todo abogado o notario en El Salvador debe seguir para ejercer con legitimidad. Estas obligaciones no solo permiten acceder a los derechos propios del ejercicio profesional, sino que reafirman el compromiso del profesional del Derecho con el buen funcionamiento de la justicia en el país.

La Corte Suprema de Justicia mantiene activos sus canales de contacto para orientar y asistir a los profesionales en cada una de estas gestiones. Los correos institucionales, como investigacion.profesional@oj.gob.sv, y líneas telefónicas como el 2231-8300 o el 2271-8888 (extensiones 3370, 3349, 3353 y 1210), están disponibles para resolver dudas y acompañar el proceso.