Ningún plan de seguridad puede tener éxito si existe la presunción de que las personas responsables de su implementación mantienen vínculos con la delincuencia organizada, como sucede en Michoacán PAG. 2
D O X A
El gobernador Eduardo Ramírez se está excediendo en elogiar a sus colaboradores. A quienes hace creer que realizan una labor trascendental sin ser cierto.
A estas alturas del gobierno, se tiene bien claro quién funciona y quien es un lastre. Lo cierto, es que fuera del ámbito de seguridad, el gobernador tiene poco que informar.
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Preocupa el Presupuesto 2026 por abandono y recortes: Coparmex ANÁLISIS
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), preocupa cómo quedó aprobado el Paquete Económico 2026, particularmente en el rubro del gasto público
Eduardo Ramírez impulsa el empoderamiento económico de las chiapanecas con herramientas tecnológicas
ACCIONES
Eduardo Ramírez y Gobierno de México refrendan compromiso con la salud visual de las y los chiapanecos
La infiltración de los cárteles en el gobierno
Ningún plan de seguridad puede tener éxito si existe la presunción de que las personas responsables de su implementación mantienen vínculos con la delincuencia organizada, como sucede en Michoacán, que el propio gobernador de la entidad se encuentra bajo investigación por las agencias de Estados Unidos y a quien su antecesor lo señaló por sus vínculos con el crimen organizado y buscó por diferentes medios hablar con el presidente López Obrador para entregarle las pruebas de su participación con la delincuencia y simplemente fue ignorado. Por eso se requiere de una depuración diligente que retire a los villanos incrustados en el gobierno, para impedir la colaboración de funcionarios con el crimen organizado.
Pero esta tarea no se hizo cuando inició la guerra en contra de los cárteles durante el gobierno de Felipe Calderón y tampoco se realizó en los gobiernos siguientes en el que se incluye el gobierno de López Obrador, que facilitó la el fortalecimiento de redes de macrocriminalidad en el país, en la que participan sectores de empresas, con funcionarios y agentes del Estado responsables de la seguridad, con el crimen organizado, tal y como se hizo evidente con la red de ma-
crocriminalidad que opera el huachicol fiscal, que después de varios meses de haber sido descubierta no se ha logrado a la fecha su total desmantelamiento ni se han procesado a los responsables, lo que significa que continúa la protección y el encubrimiento al nivel más alto de la esfera del poder en México.
Esta red de macrocriminalidad de huachicol fiscal es señalada de financiar campañas políticas del partido Morena en por lo menos ocho Estados de la república, situación que evidencia la corrupción de la política y el nivel de involucramiento y la participación de gobernadores con el crimen organizado, realidad que dificulta grandemente la pacificación del país y la consolidación del papel del Estado, que en los últimos años ha permanecido ausente ante el crecimiento y empoderamiento de los cárteles, que sobre la base de los hechos han construido otro estado al interior del Estado nación.
La seguridad es uno de los grandes problemas nacionales, que no puede ser garantizada por el Estado mexicano debido a los niveles de infiltración que ha logrado el crimen organizado en los tres niveles de gobierno y en las diferentes estructuras de todas las fuerzas policíaco-militares del país, lo que constituye un escenario en extremo complejo para la presidenta de la república, que se en-
cuentra prácticamente copada por los intereses que se mueven en torno del crimen organizado, y donde personajes importantes de Morena y su gobierno se encuentran involucrados en actividades ilícitas o abiertamente forman parte del crimen organizado, tal y como ha sido denunciado Adán Augusto López Hernández, líder de la mayoría de Morena en el senado, o peor aún, que en Estados Unidos se haya realizado una investigación de lavado de dinero sobre Alfonso Romo, quien fuera jefe de la oficina de la presidencia con Andrés Manuel L;ópez Obrador, un importante empresario del grupo Monterrey, en donde la casa de bolsa de su propiedad fue identificada como presunta responsable de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum está rodeada de lastres entre sus propios colaboradores y compañeros del movimiento de Morena, con quienes debe romper pero al mismo tiempo no puede, por el desprestigio y la debilidad que surgiría en su gobierno, en el que se estaría desenmascarando el involucramiento de los cárteles en el gobierno de Morena, y se estaría desmoronando la figura de López Obrador, líder de ese movimiento, al que la presidenta le guarda una lealtad, que pone en riesgo no sólo a su gobierno sino al mismo Estado mexicano.
Municipio de Oxchuc prohíbe regreso de exalcaldes; los responsabiliza de la violencia en la entidad
Gabriela Coutiño
San Cristóbal de Las Casas, Chis. (apro)
El municipio tseltal de Oxchuc, el único en Chiapas que se rige por el sistema de usos y costumbres, tomó “una decisión histórica”: sus habitantes acordaron no permitir el regreso de exalcaldes y políticos a quienes responsabilizan de desestabilizar la localidad y provocar la ola de violencia que, en la última década, dejó un saldo de muertos, heridos, casas quemadas, desplazamientos y bloqueos carreteros.
Alrededor de tres mil habitantes participaron en una asamblea de cinco horas, realizada la tarde del sábado en la plaza central donde el acuerdo fue tomado a mano alzada por los pobladores de los 26 barrios.
Entre las exautoridades y políticos a quienes se les prohíbe el regreso para realizar activismo político se encuentran: Norberto Sántiz López (exalcalde); María Gloria Sánchez Gómez (esposa de Norberto y exalcaldesa); Juan Encinos, Oscar Gómez López, Valdemar Morales, Cecilia López Sánchez, Rogelio Sántiz López (hermano de Norberto Sántiz), Luis Gómez, Hugo Gómez Sántiz.
Asamblea “Ríspida” y Votación Mayoritaria
Testimonios de los pobladores comentaron que la asamblea fue “muy ríspida”, debido a que un sector de pobladores estaba a favor de permitirles regresar.
El punto fue llevado a la asamblea
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
El Instituto de Transparencia para el Pueblo llevó a cabo la Capacitación del Módulo III “Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales en materia de transparencia, acceso a la información y resguardo responsable de los datos personales en el servicio público, dirigida a integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. El titular del Instituto, Jorge Ross Coello, destacó la importancia de que las y los servidores públicos conozcan y apliquen los principios rectores de la protección de datos personales, a fin de garantizar la confianza ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales de privacidad e integridad.
Alrededor de tres mil habitantes participaron en una asamblea de cinco horas, realizada la tarde del sábado en la plaza central, donde el acuerdo fue tomado a mano alzada por los pobladores de los 26 barrios
general de los 26 barrios luego de que el exalcalde Valdemar Morales negoció en días pasados con el Barrio Nuevo (donde tiene su casa) para permitirle regresar a cambio del pago de más de 100 mil pesos.
Posteriormente, Rogelio Sántiz López, exjuez municipal y hermano de Norberto Sántiz, intentó realizar una negociación similar en su barrio, Mukulakil, pero fue rechazado.
“El pueblo determinó que por la violencia que generaron todos estos años y porque son políticos que no van a venir sólo a ver sus casas y estar en santa paz, sino a desestabilizarnos otra vez, el 80
por ciento de los asistentes a la asamblea votó porque no se les permita regresar”, señalaron los habitantes.
Los habitantes aclararon que, aunque los excluidos tienen viviendas en Oxchuc, de momento viven fuera del municipio (principalmente en San Cristóbal, Ocosingo o Teopisca).
La prohibición se centra estrictamente en el activismo político y la participación barrial, no en la propiedad de sus casas.
“Lo que no quiere la gente es que al ratito estén juntando familias en sus casas para hacer política. Para la
gente eso es desestabilizar”, explicaron, añadiendo que, si desean vender sus viviendas, pueden hacerlo.
La comunidad reiteró que, desde las elecciones por usos y costumbres de febrero pasado —en las que fue electo César Gómez López— y tras acuerdos de no agresión y la presencia de fuerza pública, el municipio ha recuperado la paz.
La decisión busca proteger la tranquilidad actual de la comunidad, la cual fue gobernada por concejos municipales durante los dos últimos trienios debido a la escalada de violencia que impedía la realización de elecciones.
Fortalecen capacidades institucionales en materia de resguardo responsable de los datos personales
Durante la capacitación se abordaron los siguientes temas: Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: Marco jurídico, principios, deberes, vulneraciones y documento de seguridad; así como Aviso de Privacidad en el Sector Público: Introducción, marco jurídico, deber de información, aviso de privacidad integral, aviso de privacidad simplificado y medidas compensatorias.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), encabezada por Ana Laura Romero Basurto, participó activamente en esta jornada formativa reafirmando su compromiso con la transparencia, la ética pública y la consolidación de
un gobierno abierto y responsable. Con acciones como esta, Chiapas avanza en la construcción de ins -
tituciones más sólidas, íntegras y comprometidas con la rendición de cuentas al servicio del pueblo.
Eduardo Ramírez impulsa el empoderamiento económico de las chiapanecas con herramientas tecnológicas
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Durante la Entrega de Terminales Punto de Venta a Mujeres Emprendedoras Transformadoras, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar resaltó que su gobierno impulsa la independencia económica de las chiapanecas. Explicó que esta iniciativa busca incorporar el uso de herramientas tecnológicas en los negocios, con el fin de agilizar la comercialización de productos y fortalecer la economía familiar.
“Contar con una terminal de punto de venta contribuye a que las compras y ventas sean mucho más fáciles y seguras al realizarlas con tarjeta. El mundo ha evolucionado de la mano de la tecnología, por lo tanto, si no nos actualizamos, no vamos a tener el mayor rendimiento posible en los negocios. Celebro que todas ustedes reciban este tipo de apoyos, porque les servirá para agilizar sus negocios”, expresó.
Ramírez Aguilar afirmó que uno de los propósitos de la Nueva ERA
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó en Chiapas el arranque de la Estrategia Nacional de Cirugía de Catarata “Ver por México”, mediante la cual se realizarán 300 cirugías gratuitas en beneficio de la población. Destacó que esta iniciativa sensible y humanista, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortalecerá los servicios oftalmológicos, reducirá la ceguera evitable y mejorará la salud visual del pueblo de México.
“En Chiapas atendemos la convocatoria de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de sumarnos a las tareas de salud. Por eso, le decimos a todo el personal médico, de enfermería y especialistas, que estamos haciendo lo que nos corresponde para que el programa IMSS-Bienestar sea una política pública nacional, con los mejores criterios para llegar a más personas, especialmente a quienes más lo necesitan”, expresó.
Acompañado por la directora de Apoyo Técnico de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud federal, Vanessa Lizette Vizcarra Munguía, el mandatario reafirmó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de mantener una coordinación estrecha con la federación para ha-
es construir un Chiapas con igualdad, equidad y justicia social. En ese sentido, refrendó su compromiso de continuar respaldando a las mujeres mediante microcréditos que les permitan consolidar sus emprendimientos, generar mayores ingresos y mejorar su calidad de vida junto a sus familias.
La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, precisó que, en el marco del Día Estatal de la Mujer,
se entregan las primeras 250 terminales punto de venta como parte del compromiso institucional y social de garantizar la igualdad y construir una sociedad más justa y equitativa. Añadió que esta herramienta fomenta la inclusión financiera, la economía digital y contribuye a la prevención de delitos.
El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, celebró la iniciativa conjunta con la Secretaría de la Mujer e Igualdad de
Género, y explicó que las terminales, entregadas sin costo, permitirán a las emprendedoras generar historial crediticio, acceder a apoyos y aumentar hasta un 30 por ciento sus ventas.
Por su parte, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, reconoció las acciones que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez para generar paz, seguridad y desarrollo económico. Comentó que estas terminales de venta son una muestra del compromiso de la Nueva ERA con la aplicación de la tecnología en proyectos de desarrollo social que fortalecen tanto el consumo local como los ingresos de las emprendedoras.
En representación de las beneficiarias, María del Rocío Fuentes Nieves agradeció la entrega de esta herramienta que facilitará la venta segura de sus productos y consolidará el sustento económico de sus familias. Valoró, además, las capacitaciones recibidas para mejorar sus ventas y señaló que la seguridad y la paz que hoy se viven en Chiapas impulsan una economía más sólida para el comercio.
Eduardo Ramírez y Gobierno de México refrendan compromiso con la salud visual de las y los chiapanecos
cer de Chiapas un estado saludable, donde todas y todos tengan acceso a servicios médicos y medicamentos.
En este contexto, Ramírez Aguilar agradeció al personal del sistema de salud estatal y federal por su entrega y profesionalismo al servicio de las y los chiapanecos. Subrayó que acciones como esta contribuyen a construir una sociedad con mayor bienestar y calidad de vida.
Por su parte, Vanessa Lizette Vizcarra Munguía resaltó los avances de la estrategia “Ver por México”, la cual ha permitido disminuir la ceguera por catarata en el país y mejorar la calidad de vida de miles de personas mediante una intervención quirúrgica especializada. Puntualizó que, gracias a este esfuerzo de justicia social, las 300 personas beneficiadas no solo recuperarán la visión, sino también su independencia familiar, social y laboral.
El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que, como parte de esta jornada, se entregan 300 lentes intraoculares a personas adultas mayores, principalmente de zonas marginadas. Afirmó que el programa “Ver por México”, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, re-
presenta un paso importante hacia un sistema de salud unificado, accesible y de calidad.
La coordinadora de los Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar, Sofía Carlota Aguilar Herrera, explicó que la catarata es la principal causa de ceguera en el mundo y afecta a 10 de cada 25 personas con problemas visuales en Chiapas, donde suele detectarse en etapas avanzadas. Indicó que esta estrategia amplía la cobertura de salud visual, impulsa la detección oportuna y garantiza cirugías gratuitas sin distinción económica ni geográfica.
A su vez, la coordinadora estatal del Servicio Nacional de Salud Públi-
ca, Candelaria Guadalupe Avendaño Ballinas, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con la salud de las y los chiapanecos y la coordinación lograda con la federación para realizar, de manera conjunta, las cirugías gratuitas. Añadió que esta jornada médica refleja una visión social y humanista donde la salud es un derecho y no un privilegio.
Finalmente, Nery Gómez Cruz, beneficiaria del programa, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez y al personal médico por hacer posible estas cirugías que transforman vidas al devolver la vista a quienes más lo necesitan.
Detienen a director de la Policía de Jalapa, Tabasco y a 5 agentes más por vínculos con La Barredora
Rodulfo
Reyes VILLAHERMOSA, Tab. (apro)
En un operativo desplegado el fin de semana contra la delincuencia organizada, fueron detenidos 51 personas, entre éstas el director de la Policía Municipal de Jalapa, Miguel Luciano Vázquez, y cinco agentes en activo, acusados de estar relacionados con La Barredora, brazo armado del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), cuyo liderato se atribuye al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.
El funcionario y los policías preventivos cayeron en una redada realizada por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica?(FIRT), comando de élite integrado por fuerzas estatales y federales que desde principios de este año combaten la ola de violencia provocada por la agrupación criminal fundada por Hernán Bermúdez, quien fue nombrado en diciembre de 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.
Según la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) Miguel Luciano “N” fue aprehendido este domingo 9 de noviembre en Jalapa, localidad ubicada a 44 kilómetros de la capital Villahermosa.
El alcalde de Jalapa, José Manuel Hernández, señaló en sus redes sociales: “En línea con el proyecto del plan de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Javier May Rodríguez, hacemos público que estamos bajo el modelo de cero
De acuerdo con fuentes policíacas, Miguel Luciano “N” estaba relacionado con un jefe regional de La Barredora identificado como “El Mosca” o “El 70”
tolerancia, cero impunidad. Estamos con el firme compromiso y determinación de rescatar lo que por derecho merecemos todos que es la paz. La nula mano dura en tanto tiempo causó que Jalapa fuera fácil presa de la delincuencia”.
Miguel Luciano “N” y los cinco efectivos policiacos se encuentran relacionados con hechos violentos
ocurridos el 7 de noviembre en el municipio de Macuspana, donde fueron asesinadas tres mujeres en la ranchería El Castaño.
En su conferencia de prensa de este lunes, el gobernador Javier May Rodríguez aseguró que el fin de semana hubo un operativo que dejó como saldo la detención de 51 “generadores de violencia”, entre los
que se encuentra el director de Seguridad Pública de Jalapa y cinco efectivos más. Los detenidos, agregó, pertenecían a dos células del crimen organizado.
De acuerdo con fuentes policíacas, Miguel Luciano “N” estaba relacionado con un jefe regional de La Barredora identificado como “El Mosca” o “El 70”.
CIUDAD DE MÉXICO (AP)
Autoridades mexicanas informaron el lunes del hallazgo de un predio que fue utilizado como cementerio clandestino en un poblado situado cerca de Cancún, en el Caribe mexicano, donde hasta el momento se localizaron los restos de al menos 16 personas que todavía no han sido identificadas. Según explicó el fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, el terreno estaba en el poblado de Leonora Vicario, 42 kilómetros al oeste de la costera y turística ciudad de Cancún, y todavía faltan por revisar cinco puntos “de interés forense”, con lo que el número de víctimas podría aumentar. Los restos óseos estaban en diez puntos distintos, cubiertos de ce -
Hallan al menos 16 cuerpos en cementerio clandestino cerca de Cancún
mento y cal.
México suma más de 133 mil desaparecidos, la inmensa mayoría en las últimas dos décadas. El hallazgo de este tipo de enterramientos es habitual en otros puntos del país como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas o Veracruz, pero no en Quintana Roo, un estado turístico por excelencia.
Sin embargo, esa región costera siempre ha tenido la presencia del crimen organizado ya que es una zona importante de venta de drogas y también ha sido un punto importante de entrada ilegal de migrantes.
Martes 11 de Noviembre de 2025 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Corte perfila fallar contra Ricardo Salinas Pliego en juicios fiscales; deberá pagar más de 7 mil mdp de impuestos
la
De
Redacción Ciudad de México (Tribuna)
Esta semana, el pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la mayoría de los juicios fiscales que tiene Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, en los que el máximo tribunal del país perfila fallar en su contra para que pague más de 7 mil millones de pesos.
Se trata de la resolución de cuatro amparos directos en revisión elaborados por las ponencias del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, y las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González, asuntos que están enlistados para discutirse en la sesión de este jueves 13 de noviembre.
Junto con estos cuatro proyectos, la Suprema Corte también perfila resolver siete recursos de reclamación y dos impedimentos tramitados por la defensa legal de Ricardo Salinas Pliego y autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de diversos ministros y actos realizados en torno a la resolución de estos amparos y uno más tramitado por el empresario.
De esta forma, la Corte perfila fallar esta semana para que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague un total de 7 mil 268 millones 602 mil 920 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualización, recargos y multas, para diversos ejercicios fiscales.
El primer fallo por mil 431 mdp El primer juicio que la Corte perfila resolver esta semana es el que gira en torno al amparo directo en revisión 5654/2024, por un crédito fiscal de mil 431 millones 466 mil 606 pesos, mismo que está en manos de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
En este asunto, Grupo Elektra interpuso un amparo en contra de la determinación del Servicio de Adminis-
Juan Carlos Cortés CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aplazó, hasta nuevo aviso, la discusión de una iniciativa de reforma con la que se adelantaría una posible votación de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum a las elecciones intermedias del 2027.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, informó que pidió al presidente de Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, aplazar la discusión ante reclamos de la oposición.
La Comisión de Puntos Constitucionales comunicó que la reunión
tración Tributaria (SAT) que le impuso este crédito fiscal por concepto de ISR, actualización, recargos y multas, por el ejercicio fiscal 2008. Al interponer este recurso, la empresa cuestionó la constitucionalidad de varios preceptos fiscales, incluyendo el artículo 24 de la Ley del ISR, relativo al cálculo del costo promedio de acciones y la transferencia de pérdidas fiscales por escisión.
Sin embargo, la ponencia de la ministra Esquivel Mossa propone desechar el juicio al considerar que el asunto no cumple con los requisitos de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, requeridos para su procedencia, además de señalar la existencia de supuestos “argumentos inoperantes”.
En torno a este asunto, la Corte también discutirá un impedimento formulado por Grupo Elektra en contra de la ministra Lenia Batres Guadarrama y el ministro en retiro Alberto Pérez Dayán -con el que buscaba que no participaran en la resolución de otro asunto relativo al mismo amparo-, así como tres recursos de reclamación en los que perfilan también fallar en su contra.
El segundo juicio que la Corte perfila resolver es el del amparo directo en revisión 5608/2015, por un crédito fiscal de más de 2 mil millones de pesos, que cayó en manos de la ponencia de la ministra María Estela Ríos González. Aunque el monto específico de este adeudo no es conocido públicamente, se sabe que este es también por concepto de ISR,
actualización, recargos y multas, por el ejercicio fiscal de 2010. Grupo Elektra impugnó la negativa de concederle un amparo por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sentencia que ahora se pretende quede firme.
En su proyecto de sentencia, la ponencia de la ministra María Estela también propone desechar el asunto al argumentar que no existe un “interés excepcional que justifique su procedencia”, ya que los agravios se basan en situaciones particulares de la empresa y no en la confrontación directa de la ley con preceptos constitucionales. Junto con este asunto, también se propone resolver un recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y otras autoridades en contra de un acuerdo de la presidencia de la Corte, por la que se resolvió dar trámite al nuevo amparo de Grupo Salinas.
Ministro Hugo Aguilar también fallaría Finalmente, en tercer y cuarto lugar, la nueva Corte también propone resolver esta semana los amparos directos en revisión 5145/2025 y 5731/2025, mismos que cayeron en manos de la ponencia del ministro Hugo Aguilar, presidente de la Corte, quien también perfila fallar en contra del empresario.
El primer asunto gira en torno de un crédito fiscal por mil 389 millones 387 mil 774 pesos interpuesto también a Grupo Elektra por concepto de ISR y multas correspondientes al ejercicio fiscal de 2012, mismas que fueron impues-
tas después de que la autoridad fiscal rechazara una deducción por pérdidas por enajenación de acciones.
En este asunto, Grupo Elektra cuestionó la constitucionalidad de varios artículos de la Ley del ISR, argumentando violaciones a principios como la seguridad y proporcionalidad tributaria, recurso que fue negado por un Tribunal Colegiado al señalar que la deducción de la pérdida no cumplía con el requisito de estricta indispensabilidad.
Ahora, el ministro presidente Hugo Aguilar propone dejar firme la sentencia del tribunal y desechar el recurso de la empresa, al considerar que los agravios de la Elektra son “inoperantes y no revisten un interés excepcional”.
También deberán resolver un recurso de reclamación interpuesto por el secretario de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades contra el acuerdo de 10 de septiembre de 2025, por el que el presidente de la Corte admitió a trámite el estudio de este amparo.
En el segundo asunto, el ministro presidente propone resolver un crédito fiscal por 2 mil 447 millones 748 mil 540 pesos por concepto de ISR, actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal de 2009.
En su proyecto de sentencia, el ministro Hugo Aguilar propone desechar el recurso al considerarlo “improcedente”, ya que, aunque existe una cuestión de constitucionalidad, los agravios no revisten un interés excepcional ni son suficientes para revertir la determinación del Tribunal Colegiado que le negó el amparo en primer lugar.
Debatirá la Corte más asuntos Finalmente, aunque no entrará al fondo del asunto del amparo en revisión 6321/2024, que versa sobre un crédito fiscal por 33 mil 306 millones 576 mil 349 pesos y cuyo proyecto de sentencia deberá ser elaborado por la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, la Corte perfila debatir otros asuntos relacionados a este juicio.
Comisión de puntos constitucionales aplaza discusión de iniciativa sobre revocación de mandato
programada para este lunes a las 18:00 horas quedó pospuesta “hasta nuevo aviso”.
“Esta presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales informa que, con razón a la celebración de su Quinta Reunión Extraordinaria, convocada para llevarse a cabo este lunes 10 de noviembre de 2025, a las 18:00 horas, esta ha sido pospuesta hasta nuevo aviso”, detalla.
La propuesta de reforma busca que la consulta de revocación de mandato presidencial se realice el mismo día y
durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias
intermedias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión.
Ayudantía de Sheinbaum, “trampolín” de jóvenes sin experiencia en seguridad hacia salarios de lujo
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (Proceso)
La Ayudantía, el grupo de jóvenes que resguarda el paso de la presidenta Claudia Sheinbaum en cada una de sus giras o actos públicos, como la caminata que apenas hizo de Palacio Nacional a la SEP, sigue fiel a la figura que impuso el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador: tienen nula experiencia en seguridad, casi todos logran un cargo en alguna dependencia federal, algunos de ellos aún cursan sus carreras universitarias y otros más sólo tienen antecedentes en el sector privado.
Fiel al estilo del tabasqueño, no hay transparencia en el proceso de selección de quienes cuidan a la mandataria. Algunos de los que entraron con López Obrador continuaron hasta por ocho meses, otros más solamente mes y medio al cuidado de la titular del Ejecutivo.
Por esa razón los miembros de la Ayudantía difícilmente adquieren un conocimiento sólido para el acompañamiento de la mandataria, dado que uno de los objetivos es acomodarse o asignarlos en algún cargo público dentro de una dependencia federal, con actividades orientadas a los estudios universitarios que tienen, aunque algunos se mantienen truncos, pero con salarios mensuales brutos que superan hasta los 90 mil pesos.
Salarios superiores a los 90 mil pesos
El director General de la Ayudantía, Juan José Ramírez Mendoza, quien conduce las actividades de los demás elementos de protección para la presidenta, tiene un salario bruto mensual de 184 mil con 4 pesos, neto es de 127 mil 882.78 pesos. Comenzó en ese cargo el 16 de octubre de 2024, aunque entró a la Ayudantía desde septiembre de 2021, con López Obrador.
Ramírez Mendoza es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. De 2017 a 2018 trabajó como coordinador de marketing deportivo en Televisa Radio; de 2019 a 2020 tuvo el mismo puesto en Grupo Radio Centro.
En 2021 fue coordinador de marketing y contenido digital en “Ramírez Ibarrola Agente de Seguros, SA de CV”, después brincó a la ayudantía que le dio cercanía con López Obrador y ahora dirige el grupo de acompañamiento más cercano para la presidenta Sheinbaum. También declara ser accionista de la empresa Inmochula 40, SA DE CV., que pertenece al sector de la construcción.
Diana Zitlalli Hernandez Solano, quien comenzó a trabajar el 1 de enero de 2022, aún con Amlo en la Presidencia, tiene licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública finalizada en ese año. De 2018 a 2021 trabajó como asesora en el Congreso de la Ciudad de México. Continúa como
parte de la Ayudantía, con un puesto de dirección de área y un salario bruto mensual de 90 mil 493 pesos.
Fernando Martínez Martínez aparece como subdirector de área en la Unidad de Administración y Finanzas. Describe sus funciones como “apoyo personal e inmediato para el desarrollo de actividades públicas de la C. Presidenta”.
Hasta la última actualización en su declaración patrimonial, en mayo de 2025, todavía cursaba la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la UNAM y para obtener el cargo presentó su “boleta”. Antes tuvo experiencia en mercadotecnia en el Grupo Lala y en Grupo Grisi.
Jimena Moreno Zertuche, que aparece con una Dirección de área dentro de la Oficina de Presidencia, tiene un salario bruto mensual de 98 mil 41 pesos, reportado hasta el 30 de junio de 2025. Entró a la Ayudantía en enero de 2022 y, de acuerdo con su declaración patrimonial, aún cursa la carrera de Relaciones Internacionales por la UNAM. Antes estuvo en el sector privado.
Juan Rodrigo Sandoval, con un sueldo bruto de 95 mil 25 pesos, reportado al 30 de junio de este año, describe que tiene “funciones de coordinación y apoyo logístico para el presidente de la República”, desde noviembre de 2022. De 2018 a 2021 trabajó en la Dirección de Gobierno de la alcaldía Iztacalco. Su primer empleo fue como ejecutivo administrativo en “Aarco Agente de Seguros y Fianzas”.
Mario Esperanza Domínguez declara un cargo de logística en la Dirección de Área dentro de la Ayudantía. Tiene un salario bruto de 93 mil 510 pesos, ingresó en enero de 2022. Desde 2018 trabajó en el Congreso de la Ciudad de México; previamente fue oficial administrativo en el Consejo de la Judicatura Federal.
Con el mismo salario aparece Miguel Oscar Casillas Sandoval, quien inició el 15 de octubre de 2024, es decir a partir de esta administración, como asesor jurídico en la Dirección General de Ayudantía. De 2023 a 2024 trabajó en la elaboración de proyectos de sentencia de la ponencia del exministro Arturo Zaldívar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 2020 a 2022 fue asesor del ministro presidente de la Corte, Zaldívar, hoy coordinador General de Política y Gobierno.
Los afortunados
Quienes tienen labores de ayudantía son parte de la Coordinación General de Política y Gobierno, área en la que predominan altos salarios, en especial para los allegados del exministro Zaldívar, pues así como Casillas, también está Carlos Javier Castaños Villaseñor, “auxiliar en la coordinación abogado” en una dirección de área, con un salario de 156 mil 855 mensuales brutos y 109 mil 014.23 pesos. Estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de Zaldívar, también fue su coordinador de oficina cuando presidió la Corte. Hay otros casos que ejemplifican el trampolín que significa la Ayudantía de la Presidencia.
Uriel Erazo García es un caso de éxito. Tomó posesión en la Ayudantía el 1 de julio de 2021. Fue de las herencias de AMLO, aunque sólo por mes y medio, debido a que logró brincar a una delegación de la Profeco, con un salario bruto mensual de 85 mil 968 pesos y neto calculado en 59 mil 747.76 pesos. En ese puesto se inició el 1 de diciembre de 2024 y tiene una ingeniería en sistemas automotrices por la Universidad Politécnica de Puebla.
Su primera experiencia fue en el sector privado, en Anwemex, y tras casi dos años de vacío laboral comenzó como auxiliar administrativo en el Congreso de Puebla y después en la Coordinación Nacional de Becas “Benito Juárez”, en la misma entidad.
Ixchel Xiadani Martínez Ortiz es otra de las personas que logró permanecer en la transición presidencial, dado que inició desde septiembre de 2021 y terminó el 15 de noviembre de 2024. Ahora labora en la gerencia de la Red de Sucursales Noroeste del Banco del Bienestar. De 2018 a 2020 fue asistente legislativa en la Comisión de Defensa Nacional, en el Senado.
Otro de los casos en los que se puede ver el ideal de quienes ingresan a la ayudantía con el objetivo de colocarse en puestos clave y salarios elevados es el de Alejandro Isauro Martínez, quien ingresó y ascendió en el sexenio anterior, hoy gana un sueldo bruto de 156 mil 855 pesos.
Entre 2017 y 2018 trabajó en Morena como coordinador estatal de defensa del voto. Su recompensa fue ingresar a la Ayudantía de diciembre de 2018
a diciembre de 2021, para enseguida integrarse a la Comisión Nacional del Agua donde continúa. Su primer empleo en 2016 fue como profesor de Filosofía en la Universidad Pontificia. Entre las atribuciones que tiene la Ayudantía están:
Participar en coordinación con las unidades de apoyo técnico competentes en el arreglo de escenarios para el desarrollo de eventos públicos en los que participe la presidenta, donde quiera que se lleven a cabo.
Determinar las acciones necesarias para resguardar la integridad de la mandataria federal.
Coordinar con los distintos cuerpos de seguridad y personal operativo las estrategias de prevención y seguridad para el desarrollo óptimo de la agenda de la jefa del Ejecutivo federal.
En noviembre de 2022 Proceso publicó que “los jóvenes que sustituyeron al Estado Mayor Presidencial para cuidar al mandatario Andrés Manuel López Obrador de las multitudes formaron parte de la Ayudantía, que terminó por ser la pequeña escuela de formación de servidores públicos que los llevó, de no tener experiencia laboral, a cargos de dirección con salarios entre 80 mil y 116 mil pesos al mes, apenas cinco mil menos que el Ejecutivo federal”.
La tarde de este martes 4 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de una agresión sexual mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, pese a la presencia de la Ayudantía. La mandataria caminaba a la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, que se reallizó en la Secretaría de Educación Pública y que está a cuatro calles de Palacio Nacional. La jefa del Ejecutivo reveló que fueron integrantes de la Ayudantía quienes le sugirieron caminar de la sede presidencial a la SEP porque tardarían solo cinco minutos en llegar y en auto serían 20 minutos, sin tomar en consideración que no serían sólo unos minutos debido a los saludos, peticiones y fotos que algunas personas piden al paso de la presidenta. Ese día no sólo ocurrió ese acercamiento: un sujeto la agredió sexualmente ante una tardía reacción de los elementos de la Ayudantía.
A partir del hecho se cuestionó si debía reforzarse la seguridad de la presidenta de México para evitar cualquier escenario de la misma naturaleza. La mandataria dijo que no reforzará su seguridad porque no puede alejarse de la gente y que sólo lo haría en caso de presentarse alguna alerta, como una amenaza contra su integridad. Sin embargo, esa vulneración se dio de la única manera en que no le podía ocurrir al expresidente López Obrador, quien creó este “cuerpo de seguridad” para acompañarlo en todos sus actos públicos y terminar como funcionarios con altos salarios.
Preocupa el Presupuesto 2026 por abandono y recortes: Coparmex
Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), preocupa cómo quedó aprobado el Paquete Económico 2026, particularmente en el rubro del gasto público.
El organismo empresarial expuso que realizó un análisis sobre la proyección de ejecución de recursos, en el cual se identificó que el gasto público aprobado asciende a 10.1 billones de pesos, lo que representa un aumento real de 5.9% respecto a 2025.
Sin embargo, el crecimiento del gasto, señaló, “supera con creces al PIB estimado (1.8%–2.8%), lo que genera una presión fiscal importante que debe manejarse con responsabilidad”.
A la par, la Confederación enfatizó su inconformidad con la exclusión de
las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de las prioridades presupuestales, pese a su relevancia económica.
“Las mipymes quedaron fuera de las prioridades, pese a generar más del 70% del empleo formal en México”, lamentó en su posicionamiento en redes sociales.
“Desde Coparmex lamentamos que
El gremio cultural, insatisfecho con el presupuesto 2026
Niza Rivera CIUDAD DE MÉXICO (apro)
El gremio cultural se pronunció sobre la reasignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 para el Ramo 48, diez colectivos firmaron un documento en el que señalan la insuficiencia de 15 mil 82 millones 889 mil 146 pesos –un 4.57% menos en términos reales respecto a 2025–, al tiempo de hacer un llamado por un “sistema fiscal justo” y una ruta de trabajo para alcanzar el 1% del gasto público.
Los colectivos y/o organizaciones Fundar, centro de análisis e investigación; el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU); el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam); la Red de Espacios Cultuales Independientes, Organización de la CDMX (RECIO); el Colegio de Productores de Teatro; el Congreso Nacional de Teatro México (Conatem); Kantón 17; la Academia Metropolitana de Teatro; Huerto Roma Verde; y Equis. Emergente AC, firmaron el documento en donde externaron su preocupación por lo que significa ese presupuesto para la cultura en 2026.
Se lee:
“Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante esta insuficiencia presupuestaria, que limita el sostenimiento de las políticas, programas e instituciones culturales del país.
“Este ajuste compromete la capacidad del Estado para garantizar el acceso, la participación y la creación cultural en condiciones de igualdad, afectando directamente a comunidades, personas
creadoras, gestoras y trabajadoras culturales en todo el territorio”.
Mencionan también la necesidad de diálogo para trazar una ruta progresiva y a largo plazo en donde el sector pueda alcanzar el –tan anhelado– 1% del gasto público para Cultura, que rondaría los 100 mil millones de pesos:
“Es necesario avanzar hacia una redistribución justa, equitativa y descentralizada del gasto público, que fortalezca las capacidades locales y mejore las condiciones de las y los trabajadores del arte y la cultura. Al mismo tiempo, debe trazarse una ruta progresiva y clara para destinar al menos el 1% del gasto público total a la cultura —poco más de 100 mil millones de pesos—. Esta meta no es una aspiración, sino un compromiso mínimo para garantizar el ejercicio efectivo del derecho cultural de todas las personas.
“Para lograrlo, se requiere una reforma fiscal progresiva que incremente los recursos públicos disponibles, fortalezca el sistema cultural nacional y permita una distribución más equitativa y descentralizada del gasto. Solo con un sistema fiscal justo podremos reducir desigualdades”.
Y aunque no hicieron en el documento el llamado a los #NoMásRecorteAlRecorte y #SinRecursosNoHayCultura que se han hecho constantes año con año cuando se da a conocer el PEF, el comunicado se ha compartido entre el sector con esas etiquetas. Finalizan:
“La cultura no es un gasto prescindible, es un derecho que da sentido y sustento a nuestras vidas -a nuestro hogar, nuestro trabajo y nuestra salud-, y que fortalece nuestra diversidad, nuestras comunidades y nuestra democracia”.
el Presupuesto 2026 aprobado no garantiza justicia, seguridad ni apoyo a las mipymes”, señaló el organismo.
En su posicionamiento, Coparmex insistió en que debe “alertar del debilitamiento institucional derivado de los recortes al Poder Judicial y a los órganos autónomos”, pues estas decisiones representan un riesgo para el equilibrio democrático del país.
Entre los ajustes más preocupantes, mencionó los 15 mil 805 millones de pesos recortados al Poder Judicial, mil millones al INE, 933 millones a la Fiscalía General de la República y 50 millones a la CNDH.
“Además, no se corrigió la reducción de recursos para seguridad ciudadana, justo cuando más se necesita frenar la delincuencia y fortalecer a las policías”, insistió Coparmex.
Reconoce reasignación
Pese a las críticas en el gasto, la Confederación también destacó algunos avances.
Reconoció las reasignaciones hacia educación y ciencia, considerándolas “positivas y que pueden contribuir al desarrollo futuro del país”, al representar sectores clave para fortalecer la productividad y la innovación nacional.
Quálitas llega a acuerdo de “corrección fiscal” con el SAT; le costará 2 mil millones
Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Como parte de dar punto final al conflicto que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y en el marco de lo aprobado en el Paquete Económico 2026 que presentó el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la aseguradora Quálitas aceptó realizar una corrección fiscal que impactará sus finanzas con 2 mil millones de pesos en este año.
De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía, respaldada por su Consejo de Administración, decidió adherirse a la nueva disposición tributaria aprobada por el Congreso de la Unión.
El documento recordó que el Legislativo avaló una modificación a la Ley de Ingresos que establece que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) trasladado por los proveedores de siniestros a las instituciones de seguros no será acreditable a partir del ejercicio fiscal 2026.
“Asimismo, se establece un artículo transitorio mediante el cual se eliminan las posibles contingencias fiscales relacionadas con ejercicios anteriores a 2024, incluyendo la conclusión de cualquier proceso administrativo o litigioso en curso sobre este tema, eliminando cualquier riesgo o impacto potencial hasta esta fecha”, se lee en el comunicado.
En consecuencia, las compañías
aseguradoras deberán realizar una corrección por el ejercicio 2025, reconociendo el IVA pagado a proveedores de siniestros como no acreditable; esta medida representa un ajuste contable de gran alcance para el sector.
Para Quálitas, esta nueva normativa permitirá cerrar un proceso de varios años con el fisco mexicano, en donde no se sabía cómo sería el futuro para la aseguradora.
“La implementación permitirá cerrar un proceso de varios años y brinda certidumbre a la compañía, sus accionistas y demás grupos de interés”, indicó.
La aseguradora estimó que este ajuste tendrá un impacto no recurrente de alrededor de 2 mil millones de pesos en la utilidad neta de 2025, aunque aclaró que el monto exacto se determinará una vez publicadas las disposiciones finales y su tratamiento contable.
“A partir de 2026, el IVA trasladado por los proveedores de siniestros a Quálitas no será acreditable, siendo este deducible de impuesto”, precisó la compañía.
Cancún queda a deber, omite disculpa pública por represión del 9N
Después de cinco años de espera y tras una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), las autoridades de Cancún no ofrecieron una disculpa pública a la colectiva feminista que fue reprimida en noviembre de 2020 tras una protesta, cuyo movimiento se conoce como #9N, por lo que esta negativa contraviene los estándares internacionales y invisibiliza la serie de violaciones a derechos humanos que vivieron estas mujeres tras participar en una manifestación de rechazo al feminicidio de la joven Alexis. Recordemos que el 9 de noviembre de 2020, cientos de mujeres se dieron cita en la explanada del Palacio Municipal Benito Juárez para protestar por el feminicidio de Bianca Alejandra Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis. Ella había desaparecido el 8 de noviembre, y al día siguiente, sus restos fueron encontrados en bolsas de basura.
Las autoridades tenían la labor de investigar el feminicidio de Alexis. También, de garantizar el derecho a la protesta de las mujeres que exigían justicia para la joven de 20 años. Sin embargo, contrario a esto, un grupo de policías municipales y estatales abrió fuego contra la manifestación y detuvo a varias mujeres que portaban paliacates y otros distintivos propios del movimiento feminista.
María Oronzor, una de las mujeres que acudieron el 9N al Palacio Municipal Benito Juárez, fue víctima de tortura sexual por parte de los policías que participaron en el operativo. De acuerdo con su testimonio las fuerzas de seguridad las amenazaron a ella y a sus compañeras diciéndoles que «las iban a dejar peor que a Alexis».
La no disculpa
La disculpa pública estaba programada el pasado 9 de noviembre de 2025 a las 5 de la tarde, formaba parte de la reparación integral del daño que el Estado mexicano debía proporcionar a las mujeres; sin embargo, durante el evento, esto nunca llegó, pues solo ofrecieron garantías de no repetición por parte del secretario general del Ayuntamiento de Cancún, Pablo Gutiérrez Fernández. El principal argumento utilizado para no ofrecer la disculpa fue que el estado respetó las recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Al pedirle que emitiera una disculpa humana y no política, Pablo Gutiérrez Fernández respondió con un «si una disculpa hace que podamos seguir avanzando, se les ofrece
una disculpa por parte del municipio.» con lo que finalizó su discurso omitiendo los nombres de las mujeres agredidas y las acciones que cometió el ayuntamiento.
La situación de violencia contra las mujeres en Quintana Roo no es de otros periodos gubernamentales, actualmente, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, en lo que va del 2025, esa entidad tiene 14 casos de feminicidio, siendo este territorio la quinta entidad con la mayor tasa de incidencia por cada 100 mil mujeres. Además, Benito Juárez es uno de los municipios con mayores registros, posicionándose en el séptimo lugar. Hay que recordar que la recomendación 20/2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), recuerda lo ocurrido el 9 de noviembre de 2020 cuando se llevó a cabo una manifestación en Cancún en contra de la violencia de género y tras el feminicidio de la joven Alexis. A la marcha asistieron organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas alertando un aumento de casos de feminicidio pese a la Alerta por Violencia de Género activada en el municipio.
Se trató de una manifestación convocada en varios estados de la República como Ciudad de México, Quintana Roo, estado de México y Guanajuato, que provino del dolor colectivo por el aumento de casos de feminicidio en México. Cabe recordar que, dentro de los diez años que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) lleva registrando los casos de feminicidio en México, el 2020 se posicionó como el tercer año con mayor incidencia.
ESPECIAL 2020: la represión del Estado contra las marchas feministas – cimacnoticias.com.mx
La manifestación del 9N en 2020, que comenzó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Cancún, se trasladó a las instalaciones del H. Ayuntamiento de Benito Juárez; sin embargo, Eduardo Santa María Chávez, el entonces Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito quien estaba al mando de la Policía de Quintana Roo, ordenó el uso de armas para dispersar la
protesta ocasionando que las manifestantes resultaran heridas.
Fotografía retomada del Comité de Victimas del #9N en Facebook
También se documentó la agresión de los periodistas Reyna Cecilia Solís y Roberto Becerril, colaboradores de los medios locales Radio Turquesa y La Verdad, así como la feminista y activista Wendy Galarza; el uso de violencia física en las manifestantes; detenciones arbitrarias que vulneraron los derechos humanos y la libertad de expresión; y daños a pertenencias personales de las feministas.
Visitadoras y visitadores de la CDHEQROO que presenciaron el acto, dieron cuenta del uso de fuerza desproporcional, según describe el documento.
La CDHEQROO recabó un total de 36 pruebas que estuvieron conformadas por entrevistas, videos y actas circunstanciales donde se documentaron las agresiones y detenciones con uso de armas, aunque también se recabaron denuncias de violencia sexual en contra de las mujeres detenidas y agresiones físicas. Por otro lado, un total de ocho mujeres fueron detenidas y trasladadas en la unidad 12025 de la Policía Estatal Preventiva, una vez en la Fiscalía las acusaron de delitos que no cometieron.
A través de una solicitud de información realizada por la CDHEQROO a la Secretaría Municipal de Seguridad Publica y Transito de Benito Juárez se supo que fueron 77 elementos de la policía que fueron encargados de cubrir la manifestación. Asimismo, la instancia declaró que no podía compartir el informe realizado de aquel día y ningún elemento fue dispuesto a disposición de las autoridades competentes.
La no disculpa
Durante la participación del secretario general del Ayuntamiento de Cancún, Pablo Gutiérrez Fernández, el funcionario dio un breve recuento de la represión que ocurrió ese día hace cinco años remarcando que los hechos se dieron en la administración anterior. Después de nombrar una serie de tratados internacionales, Pablo Gutiérrez Fernández solo remarcó que durante
la actual administración el Ayuntamiento reconocería la manifestación como un derecho.
Asimismo, explicó que actualmente existe un análisis en materia de derechos humanos para integrarlos en sus protocolos de actuación. De la misma manera, destacó la implementación de cursos con perspectiva de género y derechos humanos a los elementos de la policía. Dijo que adquirieron 775 cámaras corporales paa que cada interacción con la policía quede documentada y tenga valor judicial.
Incluso dijo que se creó la Comisión de Derechos Humanos de Grupos Prioritarios, la cual está elaborando un protocolo de atención a protestas.
Fotografía retomada del Comité de Victimas del #9N en Facebook
La participación de Pablo Gutiérrez Fernández concluyó con su compromiso de no repetir hechos, el trabajo colaborativo con el Comité de Víctimas del #9N, así como la próxima construcción de un monumento en la explanada del H. Ayuntamiento de Benito Juárez que tomará la forma de estela de luz.
Para la organización Amnistía Internacional (AI), quien estuvo presente en el evento, las disculpas públicas forman parte de la reparación integral del daño, por lo que el Estado mexicano está obligado a cumplir con dicha medida, la cual está incluida en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De acuerdo con el informe «México: la era de las mujeres» de AI, el Estado mexicano ha respondido con violencia contra manifestaciones feministas, de mujeres o de colectivas que alzan la voz contra la violencia de género y quienes tan protegidas por el derecho a la libertad de reunión pacífica. A pesar de esto, existen una serie de derechos humanos que han sido violados en varios casos como a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia. Esto genera un ambiente hostil contra ellas. El estigma contra las manifestaciones feministas se basa principalmente en estereotipos de género. Por ejemplo, quienes deciden hacer uso de pintar consignas, romper cristales o realizar iconoclasia a monumentos. Para la organización, la represión contra las manifestantes se entrelaza con otras formas de exclusión y marginación. De la misma manera, existe un sesgo de discriminación para quienes se tapan el rostro o se visten de negro en las protestas.
Wendy Rayón Garay Ciudad de México.
VACUNA PATRIA ¿SOBERANÍA CIENTÍFICA?
Durante meses se ha repetido la misma frase: “la vacuna Patria fue un fracaso”. Se dijo que nunca sirvió, que tardó demasiado y que se perdió en el olvido. En medio de la campaña de desprestigio contra la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, extitular del Conahcyt, vale revisar los hechos. Detrás de la polémica hubo un proyecto científico sin precedentes en México.
Primero. Patria no surgió por improvisación. Fue el resultado de una alianza inédita entre la empresa mexicana Avimex, especialistas de la UNAM y hospitales privados de alto nivel (como Médica Sur), entre otras instituciones , bajo la coordinación del Conahcyt. Todos mexicanos. Su base tecnológica se centró en un virus modificado —el de la enfermedad de Newcastle— usado como vector para transportar una versión estabilizada de la proteína espiga del SARS-CoV-2, conocida como Spike HexaPro. Esta innovación aporta mayor estabilidad, mejor respuesta inmunológica y una producción más eficiente. A diferencia de las vacunas que requieren ultracongeladores, Patria se conserva entre 2 y 8 grados Celsius. Su distribución es más sencilla y menos costosa, una ventaja clave para países con infraestructura
limitada.
Segundo. El desarrollo tomó tiempo, pero no por falta de resultados. En biotecnología, los procesos rigurosos requieren años. Entre 2021 y 2024, mientras las variantes del virus cambiaban y el mercado global se concentraba en pocos laboratorios, los investigadores mexicanos completaron todas las fases clínicas y regulatorias exigidas por la ley. El 26 de enero de 2024, el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris emitió una opinión favorable tras evaluar la seguridad y eficacia de Patria. Posteriormente, Cofepris otorgó la autorización para uso de emergencia. En otras palabras: Patria sí fue aprobada y sí demostró eficacia como biológico contra COVID-19 en sus diversas cepas. El infectólogo Alejandro Macías, crítico constante del gobierno, reconoció públicamente el mérito del proyecto: “Patria se hizo con mucho más cuidado que otras. Es una buena noticia.” La declaración provino de un especialista, no de un discurso político, quien apoyó su opinión en datos duros. https://www.youtube.com/ watch?v=5gO51cJcKHI) Tercero. Patria no es solo una vacuna; es un símbolo de capacidad nacional. Muestra que México puede desarrollar, producir y regular sus propios biológicos. Que cuenta con talento, infraes -
tructura y rigor científico suficientes para no depender siempre de otros países. El proyecto reveló algo más profundo: el potencial de la sinergia entre el sector salud, las farmacéuticas nacionales y las universidades. Esta tríada, cuando trabaja con objetivos comunes, puede generar innovaciones de alto impacto y fortalecer la soberanía tecnológica y sanitaria del país. Con apoyo institucional, inversión sostenida y voluntad política, el modelo de Patria podría replicarse en otros campos: vacunas contra influenza, tratamientos antivirales o nuevas plataformas biomédicas. La base científica ya existe; lo que falta es una estrategia de Estado que garantice continuidad y escala. La historia de Patria no es la de un fracaso, sino la de una oportunidad nacional. Su verdadero valor no radica solo en las dosis que produjo, sino en la capacidad que demostró el país para crear conocimiento propio. Si se mantiene la cooperación entre ciencia, salud y empresa, México puede dejar de importar lo que ya sabe producir. Si se abandona, volverá la dependencia. Patria no fracasó. México aprendió que sí puede. La pregunta obligada ¿Porqué después de más de un año de haber sido aprobada para casos de emergencia Cofepris no ha otorgado la aprobación definitiva?
Ernesto Villanueva
LA MARCHA DE LA GENERACIÓN ZETA
José Gil Olmos
El próximo sábado 15 de este mes está anunciada una manifestación bautizada como “La Marcha de la generación Z”, cuyo objetivo, según su convocatoria ilustrada con una calavera con un sombrero de paja, es exigir acciones concretas en contra de la violencia y la inseguridad, así como hacer visible el hartazgo de una generación y el deseo de un México más justo, seguro y libre de corrupción.
Hace un mes hubo una movilización similar en Perú convocada igualmente en redes sociales por agrupaciones bajo el nombre de “Generación Z” en contra del gobierno, demandando reformas estructurales, mayor atención a la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades laborales. La marcha convocada para ser una expresión pacífica terminó en la capital Lima con enfrentamientos de los que resultaron 80 heridos y un muerto.
Para el caso de México, según publicaciones en redes sociales, la marcha será pacífica y partirá del Ángel de la Independencia hasta llegar al Zócalo. Pero conforme se ha disparado la convocatoria en redes sociales, el objetivo ya no es una demanda social, sino una exigencia política: la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual ha caído como anillo al dedo a los opositores que ya se están sumando.
La convocatoria de la marcha en México está ilustrada con un símbolo propio de esta generación Zeta: la bandera del anime One Piece, la calavera con sombrero
de paja que apareció por primera vez en las manifestaciones estudiantiles en Indonesia, donde los jóvenes rechazaron la corrupción y exigieron mayores libertades políticas, luego en Nepal, donde los manifestantes protestaron contra la restricción de redes sociales y que derivaron en disturbios con al menos 72 muertos y más de 2 mil heridos y la renuncia del primer ministro.
Esta violencia es una sombra que ya aparece entre quienes están compartiendo el llamado. Mujeres y hombres de esta generación que ha sufrido en México su peor etapa de muerte, violencia y corrupción, la cual se refleja en 125 mil desparecidos y medio millón de asesinatos dolosos desde el gobierno de Felipe Calderón a la fecha, están confrontando con mensajes agresivos al gobierno de Sheinbaum exigiendo su dimisión.
Ya no se trata entonces de un llamado pacífico para una manifestación igualmente pacífica como se señala en la convocatoria, sino de confrontación con la presidenta Sheinbaum quien, a su vez, criticó la invitación: “No tiene nada que ver con una protesta genuina. Vamos a ver cuáles son las cuentas que la promueven, porque no surgió de los jóvenes, sino de los mismos de siempre”, declaró en su conferencia matutina.
Las inquisiciones de la presidenta es que los partidos de oposición, como el PRI, están promoviendo el llamado a la manifestación, sobre todo luego de que el diputado de este partido, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, sacó una manta y se puso una playera con el ani -
me One Piece en la discusión del presupuesto. Este diputado es del círculo cercano del dirigente del PRI Alejandro Moreno y participó en la agresión al senador Gerardo Fernández Noroña.
También, porque en redes sociales circuló un post de un usuario que afirma haber investigado las cuentas que promueven la manifestación y afirmó que, en varias de ellas, en las cuales se expresan posturas políticas afines al PRI, están vinculadas a la empresa Monetiq Agencia, especializada en marketing y estrategia digital, propiedad del diputado priista José Alfredo Femat Flores.
Por otra parte, en una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, alumnos de escuelas normales rurales de Michoacán, Puebla y Chiapas rechazaron participar en la llamada marcha de la generación Zeta, porque “promueve el odio y surge de intereses que busca promover los grupos de derecha”.
El panorama previo a la marcha se ha enturbiado con todas estas expresiones, pero sobre todo, por el contexto de violencia y de confrontación en el que se desarrollará.
Por cierto, en México la generación Zeta, los nacidos entre 1995 y 2010, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), representan el 23.3 % de la población total, enfrentan problemas de vivienda, trabajo y seguridad social. Son la base de la pirámide económicamente activa que en próximos años dejará de ser el bono demográfico para convertirse en una carga social.
EN LA MIRA
Héctor Estrada
Pepe Cruz y sus 105 obras fantasma bajo denuncia
Más de 245 millones de pesos, en “obras fantasma” de mantenimiento, conversión, rehabilitación y equipamiento de unidades médicas en Chiapas, es el monto general del presunto desfalco cometido por funcionarias de la Secretaría de Salud estatal durante la administración de José Manuel Cruz Castellanos, mejor conocido como Pepe Cruz.
La denuncia judicial, ventilada en redes sociales este fin de semana, imputa de manera directa a las entonces responsables de la Dirección de Infraestructura de Salud, la Subdirección de Infraestructura de Salud y la Subdirección de Conservación y Mantenimiento, quienes habrían firmado documentación que acreditaba la conclusión de 105 obras que, se ha comprobado ahora, nunca fueron realizadas o concluidas.
La denuncia fue interpuesta el pasado 26 de agosto, por el actual subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, acusando delitos como “robo agravado de documentos, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, operación con recursos de procedencia ilícita y los que resulten”. Y es que, el asunto va mucho más allá.
La declaración señala que, como parte de las evidencias documentadas, se detectó además que las obras señaladas fueron presupuestadas a precios elevados y pagadas con dinero en efectivo, identificado bajo el concepto de “alterno”, lo que hace suponer que “se trata de
dinero de procedencia ilícita, toda vez que se desconoce la partida presupuestal, proyecto o fuente de financiamiento”.
Sin embargo, no es la primera vez que el controversial ex secretario de salud ha sido vinculado a presuntas actividades ilícitas. En 2023 el portal Latinus, mediante información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, dio a conocer contratos a empresas fantasma que nunca fueron aclarados públicamente durante la gestión de Cruz Castellanos.
Según la investigación, en ese año la Secretaría de Salud entregó contratos por 167 millones de pesos a Production Suministro Jees, empresa del operador político de Rosalinda López Hernández, entonces esposa del propio gobernador chiapaneco Rutilio Escandón y administradora general de la Auditoría Fiscal del SAT.
El último gran contrato firmado por Production Suministro Jess fue en agosto de 2023, seis meses antes de que Cruz Castellanos dejara la Secretaría de Salud. En esa ocasión, la dependencia le compró equipo médico por 71 millones de pesos. Production Suministro Jess era parte del grupo de empresas y personas vinculadas con el operador de Rosa Linda López, mismas que fueron beneficiadas entre 2020 y 2023 con más de 478 millones de pesos en contratos del gobierno de Chiapas.
A la presunta red de empresas turbias, se sumó la denuncia hecha por el periódico La Crónica en mayo de ese mismo año. En ese entonces, el medio documentó irregularidades por más de 58 millones de pesos a dos presuntas empresas fantasma,
JRS Ingeniería Integral y Consultoría, S.A de C.V., y Grupo IASES, S.A. de C.V, cuya representante legal era nada más y nada menos que una servidora pública adscrita a la misma Secretaría de Salud. Sin olvidar la denuncia penal interpuesta en mayo de 2024 por la Sección 03 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, por los delitos de “ejercicio ilegal de funciones públicas, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad”; así como la detección de irregularidades por alrededor de mil millones de pesos durante la primera auditoría aplicada en marzo pasado la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, en esta ocasión, las denuncias parecen haber transitado por primera vez de los dichos a los procesos judiciales concretos. Y es que, la ola de antecedentes e irregularidades imputadas a José Manuel Cruz Castellanos que se han quedado sin acciones concretas han sumido ya a las y los chiapanecos en una sensación de incredulidad y desconfianza sobre la verdadera aplicación de justicia. Es verdad. Imputarle un delito concreto al ex secretario de salud requerirá primero uno o varios procesos judiciales para atribuir responsabilidades penales a los ex subordinados, utilizados como firmantes y responsables directos de documentos comprobatorios; para luego llegar hasta el ex titular de la dependencia. Pero eso dependerá, únicamente y exclusivamente, de las actuales autoridades locales y su compromiso real para llevar buen término el objetivo y darle a Chiapas al menos un poco de la justicia que merece… así las cosas.
¿Y TODAVÍA LOS CHIAPANECOS LO
RECIBEN CON GUIRNALDAS Y APLAUSOS?
Raymundo Díaz S.
• José Manuel Cruz Castellanos trajo y les dio plaza a 178 tabasqueños en la Secretaría de Salud, mientras los chiapanecos llevan años esperando una base.
• ¿Y quién o quiénes PROTEGEN a este corrupto que SAQUEÓ MULTIMILLONARIAMENTE al Sector Salud en Chiapas? Claro, Morena y el “Grupo Tabasco”.
PERFIL FRONTERIZO
Se necesita ser CIEGOS, SORDOS, MUDOS y masoquistas el estar recibiendo y aplaudiendo a uno de LOS MÁS GRANDES CORRUPTOS, SAQUEADORES, CÍNICOS, SINVERGÜENZAS y BANDIDOS como José Manuel Cruz Castellanos (a) “Pepe Cruz” o “El Chafirete”, exsecretario de Salud en Chiapas y hoy “flamante” Senador de la República por Morena.
Esta es una de las tantas MOLESTIA y RABIAS por las cuáles, millones de chiapanecos y de mexicanos, se inconforman con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en contra de Morena, ese partido que, como lo hemos calificado aquí, no es otra cosa que UNA CUEVA DE DELINCUENTES y de CRIMINALES.
El “DELINCUENTE DE CUELLO BLANCO” de José Manuel Cruz Castellanos (a) “El Chafirete”, no sólo DESPLAZÓ y hasta DISCRIMIÓ a los chiapanecos laboralmente, sino que dejó a los niños, mujeres y hombres sin medicamentos, sin hospitales y sin atención porque SE ROBÓ LOS RECURSOS MILLONARIOS destinados para esto, utilizándolos para su campaña política.
Después de leer el siguiente y bien sustentado reportaje de la Colega Gabriela Coutiño, haber quién o quiénes aún tienen el valor de criticarnos, de defender a este
CORRUPTO y de no sentir muchos deseos de asistir a la marcha convocada para el próximo sábado 15 de los corrientes. No estamos en contra de Claudia Sheinbaum, sólo le exigimos que NO SE RODEE DE ESTOS GRANDES CORRUPTOS y SÁTRAPAS de la política PRIÍSTA y VERDE ECOLOGISTA, QUE NO LOS PROTEJA y que ORDENE DESAFORARLOS y METERLOS A LA CÁRCEL.
Veamos la nota:
(https://gabycoutino.com/.../ contrata-salud-de-chiapas-a.../) Tuxtla Gutiérrez, Chis. 10 Nov.El 16 de octubre de 2023 fue un día de inusual actividad en el área de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud de Chiapas, encabezada por José Manuel Cruz Castellanos. Ese día, la dependencia estatal contrató a 178 nuevos trabajadores -entre enfermeras, técnicos radiólogos, psicólogos, cocineros, camilleros, químicos clínicos, estomatólogos, oftalmólogos, nutricionistas y auxiliares de enfermería- y a todos ellos se les otorgó, de forma inmediata, una base sindical.
El hecho generó asombro e inconformidad entre el personal de salud chiapaneco, porque aseguran que la basificación automática es un procedimiento “totalmente inusitado”, considerando que hay empleados que llevan años esperando obtener su plaza.
A la polémica se sumó otro dato
que incrementó el malestar: los 178 nuevos trabajadores son originarios del estado de Tabasco, lo que ha sido interpretado como un acto de favoritismo hacia personal foráneo.
“No estamos en contra de que alguien tenga un trabajo digno, pero siendo una dependencia estatal, los chiapanecos deberían tener prioridad”, señalaron trabajadores consultados, quienes pidieron mantener el anonimato por temor a represalias.
Esta denuncia pública surge apenas un día después de que se diera a conocer la existencia de una denuncia penal contra directivos de la administración encabezada por Cruz Castellanos.
La acusación, presentada ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, involucra un monto de 245.4 millones de pesos y se relaciona con presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo agravado de documentos, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.
El expediente de la denuncia quedó registrado con el número de atención 0566-101-1303-25. Hasta el momento, la Secretaría de Salud de Chiapas no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a la contratación de personal tabasqueño ni sobre la denuncia penal en curso.
Ya abundaremos, y mucho, muchísimo. He dicho.
THE CONTRA PODER BREAKING NEWS
Dr. Valdemar Rojas
O mejor aún, notas cortas sabrosas y sabrosonas en memoria de Gervasio Grajales QEPD
Dice el diputado federal Rubén Moreira coordinador de los diputados priistas en el congreso que el país está quebrado y tiene toda la razón del mundo porque gravita sobre nuestro país la tremenda deuda de varios billones de pesos que nos dejó AMLO, deuda que en lugar de disminuir sigue creciendo y ya alcanza los 20 mil BILLONES de pesos (un billón es un millón de millones) deuda por la que se tiene que pagar muchos millones de pesos por concepto de intereses que bien podían servir para mejorar los servicios que ofrece el gobierno a cambio de nuestros impuestos; doña Titina lo sabe, pero mentirosa como su jefe el Peje, nos dice que el país está bien y que nos irá mejor en el futuro lo cual no es más que una estrategia para tranquilizar a la ciudadanía; las verdad es que el gobierno no tiene dinero y lo busca desesperadamente sin encontrarlo y para mejorar sus ingresos, decidió aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas con el pretexto de evitar la aparición de diabetes cuando el rubro de la salud es lo último que preocupa al actual gobierno, los cigarrillos y a los juegos electrónicos, pero las cantidades que recaudará por estos conceptos no serán suficientes para mejorar la situación crediticia del gobierno; si realmente quiere recaudar impuestos suficientes tendrá que detener el huachicol fiscal y obligar a los que se robaron
millones de impuestos, que no ingresaron a las arcas oficiales, pero eso ni remotamente sucederá, pues tendría que mandar a muchos altos funcionarios de la 4T a la cárcel, pues la mayoría de ellos son intocables y afectaría la credibilidad de los votos enunciados por los morenistas que prefieren echarle la culpa de lo que está pasando a los sexenios anteriores de Calderón y de Peña Nieto, pero sin tocar el sexenio de López Hablador que dejó al país no solamente endeudado sino también sumido en un clima de violencia, pues su famosa frase idiota de abrazos no balazos cayó como anillo al dedo a los integrantes del crímen organizado que la aprovecharon para aumentar su poder; prueba del mal resultado de la dichosa frase, fue el saldo de cerca de 200 mil asesinatos dolosos que la convierten en el sexenio más sangriento de la historia en nuestro país; con solo estos datos, corrupción, violencia y endeudamiento gigantesco, bastan para declarar a López Hablador como el peor presidente de la historia de México, pese a los esfuerzos de doña Titina de hacernos creer que López Hablador fue el mejor presidente de México, pues ninguna de sus obras faraónicas han servido para mejorar la situación económica del país y muy por el contrario no solo no han realizado beneficios económicos al país sino que todavía están requiriendo dinero, pues en el presupuesto de egresos para el año 2026, los serviles diputados
de morena y aliados destinaron más de 30 mil millones de pesos para terminar la construcción del tren Maya; de los miles de mentiras que diariamente nos endilgaba el Peje en sus marraneras como las llamaba el jefe Diego destacan por su importancia 2 de ellas: que son que ya se había acabado la corrupción, solo que ahora es oficial y permite a los altos funcionarios de la 4T y que el huachicol de nuevo sea oficial y permita a los altos funcionarios de la 4T seguir robando descaradamente a la nación; la corrupción es ahora tan evidente que al gobierno de morena se le llama el cártel oficial o morena el cártel de nueva generación.
Por todas estas razones concedo la razón a Trump cuando afirma que el gobierno de México está controlado por los cárteles del crímen organizado.
Los sucesos acaecidos en Uruapan con el asesinato de su presidente municipal, Carlos Manzo, un hombre valiente que osó enfrentarse sin miedo al crímen organizado, despertó una respuesta nacional, sino también a nivel mundial; ahora para calmar el malestar de los habitantes de Michoacán el gobierno de doña Titina ofrece el plan Michoacán que es muy parecido a otro plan similar ofrecido en un sexenio anterior que no funcionó; por lo pronto ya la viuda de Manzo doña Grecia Quiroz, asumió la presidencia municipal de Uruapan y seguramente doña Titina le ofreció la gubernatura del estado; para calmar a los mi -
choacanos, el gobierno federal, estoy seguro que le destinarán grandes cantidades de dinero para obras, pero no hay que olvidar a Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y muchos estados más de la republica que también necesitan apoyo del gobierno que no podrá proporcionarlos, pues no tiene dinero para hacer frente a tantas necesidades, pero si tiene para regalar a Cuba millones de litros de combustibles para apoyar al régimen dictatorial que tiene a la isla sumida en la miseria y en la falta de respeto a los derechos humanos.
Los locutores de televisión local con el número 151, piden que enviemos nuestras opiniones sobre diferentes problemas que aquejan a nuestro estado pero cuidado, si hace alguno una crítica inmediatamente cancela tu número telefónico y a mi me sucedió cuando critique a Luis Octavio Pineda cuando utilizaba la televisión para felicitar a algunos televidentes e inmediatamente me canceló mi número telefónico.
El próximo 15 de noviembre, se llevará a cabo una manifestación pacifica en todo el país para pedir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; invitamos por este medio a la ciudadanía a participar pacíficamente en esta protesta y muy especialmente a los jóvenes para quienes el futuro se presenta bastante difícil y complicado.