CONTRAPODER EDICIÓN 3154

La democracia ficción en México

En México se ha constituido una democracia de ficción, con 31 millones de personas beneficiadas por los apoyos sociales, que se convierten en un electorado cautivo que vota por la conservación de un apoyo en dinero para atender necesidades PAG. 2

D O X A

Son muchas las expectativas que despertó el gobierno de la nueva era.

Sobre todo porque sustituyó al peor gobierno que ha tenido Chiapas.

En donde había todo por hacer, lo que engrandece cualquier acción de gobierno.

Transcurrieron siete meses, 10% del período, y las bases de la nueva era no se constituyen.

Durante un evento privado con motivo del Día del Ingeniero, del que no se invitó a medios de comunicación, el dueño de Grupo Carso subrayó que no sólo se trata de dar dinero, sino capacitando a la gente para dar empleo y generar bienestar

POSTULACIÓN Se apunta Sasil de León para la Presidencia del Senado

REPORTE Hallan cuatro menores entre los 383 cuerpos apilados en crematorio de Juárez

Jueves 3 de Julio de 2025

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11

La democracia ficción en México

En México se ha constituido una democracia de ficción, con 31 millones de personas beneficiadas por los apoyos sociales, que se convierten en un electorado cautivo que vota por la conservación de un apoyo en dinero para atender necesidades y no por libertades ni derechos y mucho menos por la consolidación de la vida democrática, que representan conceptos insignificantes ante las necesidades económicas de la población. Por eso la pregunta que se debe contestar es si estos apoyos sociales se traducen en automático en consolidación de derechos y la respuesta es no, aún y cuando existe una obligación constitucional del Estado mexicano de mantener estos beneficios de los programas sociales. La gran paradoja entonces es que los programas sociales son un derecho en la Constitución, pero este derecho no se convierte en una mejora de los derechos sociales en los mexicanos; es decir, que las becas que recibe la población no genera una mejora en los servicios de salud, en una calidad de la educación, en un acceso al agua potable y su saneamiento, en una vivienda adecuada, en una alimentación adecuada y en un trabajo mejor remu-

nerado. Esta situación significa que el derecho constitucional no tiene el mismo significado que la construcción de derechos: el derecho y los derechos no son lo mismo.

Por eso hablar de una sociedad de derechos significa la existencia de una población que tiene satisfecho sus derechos humanos, es decir, de una población que al mismo tiempo que ejerce sus derechos políticos y civiles goza plenamente de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este sentido, una población que tiene hambre, que carece del acceso al agua, que no tiene acceso a la salud, que recibe una educación que no es de calidad y que no tiene una vivienda adecuada es una población que carece de derechos. Desafortunadamente en México el 50% de la población vive bajo estas circunstancias de carencia de derechos, aunque gran parte de esta población recibe a la vez de apoyos sociales del Estado, que le permite atender ciertas necesidades pero que no le proporcionan acceso a los derechos sociales.

La democracia ficción en México se caracteriza por una debilidad de los derechos políticos, en donde cierto sector del electorado no vota en libertad sino

condicionado a la permanencia de los apoyos sociales, situación que limita y desnaturaliza el voto libre, pero a la vez, el 50% del electorado en el país carece de derechos sociales, condición que limita aún más el derecho al voto libre, lo que confirma que la población en pobreza y pobreza extrema tienen disminuido sus derechos políticos y carecen de un acceso pleno a los derechos sociales. Por eso cuando votan lo hacen mediatizados por las necesidades personales inmediatas y no por lo que beneficia al país.

Esta situación propiciada por los gobiernos populistas provoca que salga lo peor de la naturaleza humana, en donde está sancionado cuestionar este estado de cosas y donde no puedes pensar de manera diferente a como quiere el régimen de gobierno que pienses. La crítica y la autocrítica no está permitida y las sanciones primero son sociales, en donde los seguidores del régimen te linchan, te intimidan y descalifican y luego, estas sanciones pueden ser penales, en el que puede presentarse la detención y la vinculación a proceso. En México esta democracia ficción ya llegó al, punto de sacar lo peor de la naturaleza humana, en donde cuestionar la realidad implica riesgos.

DIRECTOR GENERAL José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL Franni Gudiel A.C

Correo electrónico:

Detienen a policías de Frontera Comalapa; los acusan de vender droga

Gabriela Coutiño

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro)

Policías municipales de Frontera Comalapa, localidad fronteriza con Guatemala, fueron detenidos en las últimas horas acusados de participar activamente en la venta y distribución de drogas, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

La dependencia señaló que detuvieron a los policías municipales Misael “N”, Juan “N”, Samuel “N”, Hugo “N”, Óscar “N”, Roberto “N” y Jacqueline “N”, quienes fueron denunciados por dedicarse a la venta y distribución de presuntos narcóticos.

La noticia ha causado indignación y sorpresa entre la población, que exige una depuración total de los cuerpos policiales.

Frontera Comalapa es un municipio severamente afectado por la violencia generada por el narcotráfico; su ubicación geográfica estratégica con la frontera con Guatemala lo convierte en un punto clave para el trasiego de drogas, armas y personas, lo que ha desencadenado una brutal disputa territorial entre poderosos grupos criminales.

Las autoridades explicaron que

La dependencia señaló que detuvieron a los policías municipales Misael “N”, Juan “N”, Samuel “N”, Hugo “N”, Óscar “N”, Roberto “N” y Jacqueline “N”, quienes fueron denunciados por dedicarse a la venta y distribución de presuntos narcóticos

mediante un operativo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, a los policías se les aseguraron 46 dosis con una sustancia granulada y cristalina

con las características del cristal o metanfetamina, 23 bolsitas conteniendo hierba verde y seca con las características de la mariguana.

Los siete uniformados son probables responsables de delitos contra la salud, además de que presuntamente se encuentran relacionados con una carpeta de investigación, precisó la dependencia.

Dijo que los detenidos y objetos

quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

Ante la crítica situación en Frontera Comalapa, los gobiernos federal y estatal han intensificado la presencia de fuerzas de seguridad como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales. Se han realizado operativos, cateos a ranchos y casas de seguridad, logrando el aseguramiento de vehículos (incluyendo los llamados “monstruos” blindados artesanalmente), drogas y armas, así como la detención de presuntos criminales.

Además, el gobierno de Chiapas ha anunciado el despliegue de tecnología de última generación, como drones artillados y perros robot tácticos, para reforzar la seguridad y vigilancia en la zona fronteriza, donde hace un mes una patrulla de la policía estatal fue emboscada e incendiada con cinco policías que murieron calcinados.

Nestlé reafirma su compromiso con México tras presentación de Informe de Creación de Valor Compartido

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Nestlé México presentó desde el Cañón del Sumidero en Chiapas su Informe de Creación de Valor Compartido 2023-2024, en donde resaltó los logros y progresos obtenidos en su compromiso por preservar y proteger el planeta, así como el bienestar de las comunidades, los individuos, las familias y sus mascotas.

Por primera vez, la compañía presenta un informe utilizando un enfoque de doble materialidad, que abarca tanto la materialidad de impacto como la materialidad financiera. Este enfoque ha permitido comprender y hacer transparentes los efectos que la empresa ha tenido en México en los últimos años en distintas áreas, incluyendo rubros como el social, ambiental y financiero.

“Este no es un compromiso externo, este es un tema de convicción. Toda persona que trabaja en Nestlé está siempre impulsando nuestra visión de Creación de Valor Com -

partido. Es un trabajo que no podemos hacer solos como organización, tiene que hacerse de la mano de las comunidades, de los gobiernos y los productores mexicanos.

Nestlé cree en el futuro. En Nestlé creemos que la inversión genera desarrollo, lo cual genera siempre prosperidad y bienestar. Si uno trabaja con mucha fuerza de voluntad, creatividad y con muchísima colaboración, todos formamos parte de la creación de valor compartido”, reafirmó Fausto Costa, Presidente Ejecutivo de Nestlé México. Entre sus resultados destacados, Nestlé México informó sobre la reducción de su huella hídrica, con un ahorro de 135 mil metros cúbicos de agua en 2024, y la certificación de dos de sus plantas por el estándar global Alliance for Water Stewardship. Asimismo, la empresa reafirmó su compromiso con la economía circular, logrando reducir en un 52% el uso de plástico virgen en 2024 y diseñando la mayor parte de sus empaques para ser reutilizables o reciclables. En línea con sus metas de sustentabilidad, Nestlé México

redujo sus emisiones de CO₂ en un 10% respecto a 2018, y en entre el 2023 y el 2024 disminuyó un 27.4% la intensidad de emisiones por producto, operando el 100% de sus fábricas con energía renovable. Finalmente, como parte del evento, Fausto Costa y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunciaron la firma de un Convenio de Creación de Valor Compartido con el gobierno estatal, el cual buscará fortalecer la cafeticultura local chiapaneca y a las

comunidades de la entidad.

“Desde Chiapas, queremos impulsar la conciencia y retomar su esencia para sumarnos a la Creación de Valor Compartido.

Para mí, este concepto es un entorno, una filosofía, una ética para ayudar a las comunidades a salir adelante. Celebramos que la familia Nestlé esté aquí en nuestro estado, porque en ustedes, se centra gran parte de nuestra economía; sepan que, en nosotros, tienen un aliado”, dijo Eduardo Ramírez Aguilar.

Eduardo Ramírez exhorta a alcaldesas y alcaldes a trabajar por finanzas responsables y desarrollo municipal

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Al participar en la Primera Convención Hacendaria del Estado, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que este foro representa un espacio clave para fortalecer los mecanismos de coordinación, planeación, recaudación y aplicación de los recursos públicos, con el objetivo de consolidar una administración pública eficaz y orientada al bienestar del pueblo.

F rente a autoridades hacendarias, representantes de las tesorerías municipales, alcaldesas y alcaldes, el mandatario exhortó a los ayuntamientos a sumarse al proceso de actualización del sistema catastral y a trabajar con responsabilidad y transparencia para garantizar finanzas sanas que permitan atender las demandas ciudadanas y entregar buenos resultados.

Sostuvo que este encuentro demuestra que en Chiapas la coordinación fiscal no solo es un deber legal, sino pieza fundamental de cooperación, para alcanzar la prosperidad compartida. Destacó la importancia de trabajar en unidad, donde cada municipio sea protagonista de su propio desarrollo y progreso.

“Que esta convención sirva para que se incrementen los ingresos y que en el 2026 tengamos un buen impacto en el reparto de las finanzas”, agregó. Asimismo, subrayó que, tras recuperar la paz, su agenda se concentra en impulsar el desarrollo económico, turístico y de infraestructura, por lo que reiteró que su administración

Frente a autoridades hacendarias, representantes de las tesorerías municipales, alcaldesas y alcaldes, el mandatario exhortó a los ayuntamientos a sumarse al proceso de actualización del sistema catastral y a trabajar con responsabilidad y transparencia para garantizar finanzas sanas que permitan atender las demandas ciudadanas y entregar buenos resultados

mantendrá una gestión responsable de los recursos.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, anunció la implementación del Sistema Estatal de Recaudación Fiscal más eficiente en la historia de Chiapas, que establecerá reglas claras y mecanismos justos entre el estado y los municipios, para superar obstáculos burocráticos y fortalecer el uso honesto y transparente de los recursos públicos.

Agregó que se han desarrollado tecnologías y plataformas digitales

compatibles con los ayuntamientos, para facilitar los procesos de recaudación, trámites y servicios a favor de las y los contribuyentes.

Las presidentas municipales de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, y de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, coincidieron en que esta convención es una oportunidad para construir consensos técnicos y políticos que mejoren la recaudación y promuevan una distribución equitativa de los recursos. Reiteraron su compromiso con unas finanzas públicas sanas, con sentido social, y enfoca-

das al desarrollo de Chiapas. Durante el encuentro se presentaron ponencias especializadas, entre ellas: Sistema Recaudatorio Estatal, a cargo de Felipe de Jesús Granda Pastrana, subsecretario de Ingresos; Coordinación Administrativa en Materia Hacendaria, por Carlos Agustín Gorrosino Hernández, de la Unidad Técnica de la Secretaría de Finanzas; y el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Prodim), presentado por José Antonio Zenteno Santiago, subsecretario de Planeación de la misma dependencia.

Se apunta Sasil de León para la Presidencia del Senado

poder presidir la Mesa Directiva”, planteó.

Pocas veces la Presidencia del Senado será tan disputada. Al menos tres morenistas tienen intención de suceder a Gerardo Fernández Noroña, que anoche, al clausurar los trabajos del periodo extraordinario de sesiones, se despidió del Pleno. Además de la yucateca Verónica Camino y de Laura Itzel Castillo, se sumó a la baraja de aspirantes la chiapaneca Sasil de León, ex coordinadora de la desaparecida bancada de Encuentro Social.

“En esas estamos. Ya estamos consultando con el grupo parlamentario a ver qué decisión se toma, pero sería para mí un gran privilegio

De León, que el año pasado peleó por la candidatura de Morena al Gobierno de Chiapas, explicó en entrevista que su aspiración tiene como sustento la experiencia legislativa de muchos años.

“Sería un privilegio para mí poder servir desde la Mesa Directiva con la primera Presidenta de México”, abundó.

“Hay muchos compañeros que nos apoyan, hay otras compañeras que también tienen interés; ya veremos por cuál se inclinan más, pero siempre privilegiando la unidad”.

Fernández Noroña rendirá el 14 de agosto un informe de su gestión como Presidente, y una semana

después, la bancada de Morena se reunirá para votar por su reemplazo. El senador, que tiene intenciones

de buscar su reelección, ha explicado que si Laura Itzel Castillo se registra él desistiría de su aspiración.

Mayolo López | Agencia Reforma Ciudad de México, (Tribuna)

Alcalde de Espita, Yucatán, coloca retén para impedir acceso a la prensa y hostiga a periodista

Claudia V. Arriaga Durán MÉRIDA, Yuc., (apro)

El alcalde del municipio de Espita, Yucatán, Mario Isaías Sánchez Esquivel, de Morena, hostigó y agredió al periodista Israel Cárdenas durante una sesión de cabildo. Además, colocó un retén en la entrada del pueblo para impedir el ingreso de los medios de comunicación.

Previo al inicio de la sesión de cabildo del lunes 30 de junio, en conjunto con las y los regidores, Sánchez Esquivel reclamó al periodista Israel Cárdenas su asistencia, pese a que se trata de un ejercicio público. El momento quedó grabado en la transmisión en vivo de la sesión.

Las acciones que vulneraron la integridad de Israel Cárdenas fueron exhibir su rostro en el video en vivo de Facebook, mientras le reprochaba su trabajo como periodista. A la par, pidió a las personas que se encontraban en la sala del Palacio Municipal de Espita que secundaran sus acciones.

El retén que colocó a la entrada del pueblo tenía por objetivo impedir el

paso de los medios de comunicación. Al periodista le fue negado el acceso, por lo que tuvo que dejar el vehículo en un terreno y usar otro medio de transporte para ingresar al municipio.

Retén ordenado por el alcalde de Espita para impedir el acceso de la prensa a la entidad. Foto: Especial.

El enojo del alcalde de esa entidad fue por la publicación de una nota periodística, en la que se hablaba de la posibilidad de incrementar su salario a 60 mil pesos mensuales.

“Puedo ver que sus publicaciones son de mala fe, me refiero a la publicación de mi salario informando que la cantidad

Detienen a delegado regional del Bienestar en Oaxaca acusado de violación

El delegado regional de la Secretaría de Bienestar, Gonzalo González Silva, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito equiparado a la violación, cometido en Santiago Jamiltepec, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

De acuerdo con el expediente del caso, el servidor público agredió sexualmente a una empleada el 3 de agosto de 2024 en un inmueble localizado entre las calles de Hidalgo y Negrete, en la Plaza Constitución de la colonia Centro, en el municipio de Santiago Jamiltepec, en la región de la Costa de Oaxaca.

En dicho lugar, la víctima (cuya identidad está reservada por ley) sufrió la agresión sexual, conducta que se configura como el delito de equiparado a la violación, por lo que acudió a denunciar ante la Fiscalía de Oaxaca.

La Vicefiscalía Regional de la Costa llevó a cabo los trabajos ministeriales y obtuvo una orden de aprehensión. Para dar cumplimiento al mandato judicial, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y la Policía Estatal, llevaron a cabo un operativo el 1 de julio de 2025, en el que detuvieron a G.G.S., quien fue puesto a disposición de la autoridad para definir su situación jurídica.

que gano es de 60 mil pesos cuando en la sesión de propia voz informé que mi sueldo es con base a los mismos sueldos que se tabulaban en la administración pasada”, se le escuchó comentar durante la grabación.

El hostigamiento del alcalde, Mario Sánchez continuó mientras aseguraba que sus acciones se rigen bajo los principios de la Cuarta Transformación.

“Mi administración se apega a la 4T, lo hemos explicado con respecto a la austeridad, por lo mismo no se aumentó mi sueldo, ni de ninguno de los regidores”, prosiguió.

En medio de la tensión, el periodista

Israel Cárdenas intentó aclarar el contexto de su publicación. Sin embargo, siguió siendo hostigado.

“Buenas tardes alcalde con relación a la nota periodista a la que hace referencia dice textualmente ‘10 meses después del inicio de la administración 2024 - 2027 del Ayuntamiento de Espita, el alcalde de Espita, Mario Isabel (sic) Sánchez Esquivel se sometió a votación el tabulador de sueldos y salarios que le permitirá al munícipe disparar su salario a 60 mil pesos’. Yo no estoy afirmando que gana 60 mil pesos, ni que tiene un salario mayor”, expresó.

En otro momento hizo hincapié a la opinión del alcalde. “Tengo la copia del periódico nosotros no mentimos, si a usted le incómodo es una opinión subjetiva de usted”, apuntó.

El informe anual 2024 de la organización periodística Artículo 19, documentó 11 agresiones de diversos tipos contra periodistas y 1 digital en el estado de Yucatán.

De las agresiones que vivió Israel Cárdenas por ejercer su trabajo periodístico informó que interpondrá una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Balean al secretario general del ayuntamiento de Cuautla; lo trasladan en ambulancia aérea

Estrella Pedroza CUERNAVACA, Mor. (apro)

El secretario general del Ayuntamiento de Cuautla, Alfredo Escalona Arias, fue blanco de una agresión con arma de fuego la tarde de este miércoles en la colonia Cuautlixco, cerca del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC). Hasta el momento ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas ni avances en la identificación de los responsables.

De acuerdo con fuentes policiacas, el ataque ocurrió alrededor de las 16:49 horas sobre la calle Antigua del Calvario cuando sujetos armados interceptaron al funcionario y dispararon en al menos dos ocasiones. Según el secretario de Seguridad Pública municipal, José Francisco Delgadillo Cadena, Escalona Arias recibió un impacto de bala en el hombro y otro en la parte superior de la espalda.

Luego del atentado, personas que se encontraban en la zona lo trasladaron al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuautla, donde fue estabilizado por personal médico. Más tarde fue evacuado en una ambulancia aérea hacia un hospital de alta especialidad, en un operativo coordinado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

El Ayuntamiento de Cuautla emitió un comunicado en el que condenó los hechos, confirmó que el funcionario se encuentra estable y reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones.

Cuautla, ubicada a 54.3 kilómetros de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, ha sido identificada como una zona con alta presencia de grupos delictivos. El pasado 14 de mayo, durante la presentación de los Comités de Tejedoras de la Patria en este municipio, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reconoció la situación de inseguridad y anunció el fortalecimiento de la estrategia de seguridad tras ser abordada por habitantes que exigieron mayor atención.

El gobierno municipal está encabezado por Jesús Corona Damián, quien llegó al cargo mediante una coalición conformada por PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas. Durante su campaña fue víctima de un atentado armado y uno de sus colaboradores cercanos fue asesinado. Desde entonces, el municipio ha registrado diversos hechos de violencia que han afectado tanto a funcionarios como a la población.

Pedro Matías OAXACA, Oax. (apro).

Defensora Kenia Hernández, continuará en prisión aunque juez no la vinculó a proceso. Suma 5 años recluida

Paola Piña

Ciudad de México.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, informó que el pasado 30 de junio, el juez de control de Guanajuato, Efraín Frausto Pérez, dictó un auto de no vinculación a proceso en favor de la activista indígena amuzga Kenia Hernández y aunque esta decisión representa un avance significativo, aún se exhorta a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) a aceptar un acuerdo reparatorio, pues la colaboración de este organismo resulta clave para lograr la pronta liberación de la defensora.

Desde 2019, Kenia ha sido víctima de amenazas, hostigamiento judicial y detenciones arbitrarias. En junio de 2020 fue detenida junto con otras personas durante una manifestación, sin orden de aprehensión, en la carretera Toluca–Valle de Bravo. Posteriormente fue recluida cinco días en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México, y posteriormente liberada. Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, fue nuevamente detenida en la caseta de Amozoc, Puebla y desde entonces permanece en prisión.

El caso de Kenia Hernández no es un hecho aislado. Responde a un patrón sostenido de criminalización contra mujeres defensoras en México y América Latina. Entre 2012 y 2023, el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), documentó 35 mil 77 actos de violencia contra 8 mil 926 mujeres defensoras y 953 organizaciones. A inicios del mes pasado, el Juez Efraín Frausto decidió no vincular a Kenia Hernández por el presunto delito de ataques a las vías de comunicación, pues se determinó que no existían elementos suficientes para sostener esta acusación. Sin embargo, aún existía la posibilidad de que la Fiscalía estatal reformulara una imputación contra la defensora. Ante ello, Hernández tuvo que ser trasladada nuevamente a Guanajuato para exigir y señalar su inocencia por el delito que se le imputa. Dentro de la sesión, la defensora Rosario Díaz Ruiz del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), argumentó que no existía fundamento legal para acusar a Kenia Hernández, debido a que en 2020, año en que ocurrieron los hechos, la ley aún no contemplaba expresamente el cobro en casetas como un servicio cuya interrupción pudiera tipificarse

El caso de Kenia Hernández no es un hecho aislado. Responde a un patrón sostenido de criminalización contra mujeres defensoras en México y América Latina. Entre 2012 y 2023, el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMDefensoras), documentó 35 mil 77 actos de violencia contra 8 mil 926 mujeres defensoras y 953 organizaciones.

como delito.

Esa reforma legal entró en vigor hasta 2022, cuando Kenia ya se encontraba en prisión. Por tanto, aplicar esa modificación para sustentar una imputación violaría el principio de taxatividad penal, que impide castigar una conducta que no estaba tipificada como delito en el momento en que ocurrió.

El juez respaldó esta postura y tras una revisión etimológica y jurídica, dictó un auto de No vinculación con efectos de sobreseimiento, es decir, se llegó una resolución judicial que impide que un proceso penal continúe, pero no determina su culpabilidad o inocencia, sino que se basa en la falta de elementos suficientes para continuar con el proceso.

“El juez reflexionó: ¿Qué es interrumpir? cortar, coartar, impedir que llegue… ¿Kenia interrumpió el tránsito en las vías de comunicación?

La fiscalía dijo que ella y sus compañeros levantaron las plumas para que la gente pasara sin pagar o algunos dando alguna cooperación. Así que no interrumpió, sino que liberó. Y liberar es lo contrario a interrumpir. Kenia hizo un ejercicio de libertad». detalló El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Tampoco ha habido pronunciamiento oficial por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum ni de su gabinete. Cabe recordar que hace más de seis meses se le entregó una carta solicitando su intervención y

apoyo para Kenia y su familia. Aunque en ese momento recibió el documento con disposición, dicha apertura no se ha reflejado en acciones concretas.

Exigen a Sheinbaum, apoye liberación de Kenia Hernández, defensora indígena encarcelada por su activismo

Una deuda histórica hacia las defensoras de derechos humanos el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras destaca que entre 2019 y 2020 las agresiones prácticamente se duplicaron: se registraron 2 mil 397 ataques en 2019 y 4 mil 745 al cierre de 2020. Este incremento coincide con la pandemia, periodo en el que muchas mujeres defensoras continuaron con sus luchas, a pesar de las restricciones sanitarias, y fueron objeto de represión, hostigamiento y violencia institucional, particularmente por parte de autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con EarthRights International, en su informe Criminalización de defensores y defensoras de la Tierra, este tipo de persecución tiene efectos devastadores. A nivel individual, implica impactos psicológicos, emocionales y financieros, así como el riesgo de agresiones fí-

sicas que pueden poner en peligro la vida de las defensoras y sus familias. A nivel colectivo, debilita a las organizaciones, afecta su legitimidad y reduce su capacidad de acción, generando un entorno de miedo que erosiona el tejido social.

¿Quién es Kenia Hernández?

Kenia Inés Hernández Montalván, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos de las mujeres indígenas. Fue dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. Además, fue beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Desde 2019, Kenia ha sido víctima de amenazas, hostigamiento judicial y detenciones arbitrarias. Tras la primera detención de Kenia en 2020, fue recluida cinco días en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México, y posteriormente liberada. Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, fue nuevamente detenida en la caseta de Amozoc, Puebla, por alrededor de 22 elementos policiales que no le informaron el motivo de su aprehensión ni presentaron orden judicial. Al día siguiente, sus familiares fueron notificados de que se encontraba en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahí se le acusó de ataques a las vías de comunicación, con CAPUFE como parte denunciante. Actualmente, Kenia se encuentra privada de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Sur, donde enfrenta una condena de 21 años y 9 meses de prisión, derivada de 10 causas penales. Dos de estas ya han resultado en sentencias condenatorias por presunto robo con violencia y uso de arma, delitos que su defensa ha calificado como fabricados. Las otras ocho están relacionadas con supuestos ataques a las vías de comunicación. Aunque ha habido pequeños avances en su defensa, su libertad sigue dependiendo de la voluntad política del Estado y la colaboración de instituciones como CAPUFE.

“Espiar no es buscar”: Familiares de desaparecidos clausuran simbólicamente la Cámara de Diputados

Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Bajo la consigna de “Sin las familias, no” y “Espiar no es buscar”, familiares de personas desaparecidas clausuraron simbólicamente la puerta 2 del Palacio Legislativo de San Lázaro, en protesta por la aprobación de las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, sin haber consultado a familiares de víctimas.

Los “sellos de clausura” estuvieron acompañados de fotos de personas desaparecidas colocadas en las rejas del acceso a la Cámara de Diputados que permaneció cerrada mientras se realizaba la protesta.

Los familiares de personas desaparecidas inscribieron en la banqueta de la entrada del Palacio Legislativo los hashtags #SinLasFamiliasNo y #EspiarNoEsBuscar, frases que manifiestan sus cuestionamientos a las modificaciones “cosméticas” que “no ayudan a encontrar a nuestros desparecidos”, apuntó Jorge Verástegui González, hermano y tío de Antonio y Antonio de Jesús, desaparecidos el 24 de enero de 2009.

Verástegui González, quien forma parte de un colectivo de más de cien familias de personas desaparecidas que tomaron la ex Glorieta de La Palma para convertirla en la Glorieta de Los Desaparecidos, explicó que desde hace tres meses solicitaron al Congreso de la Unión dar paso a un Parlamento Abierto para que las voces de familiares de víctimas y colectivos de buscadores participaran en el rediseño de la nueva ley.

“Lo único que obtuvimos de la petición fue un acuse de haber recibido el documento, que contenía un análisis técnico y jurídico, que podría ser el inicio de una discusión seria, en el que le pedíamos a los legisladores que se tomaran con seriedad el asunto, que

J. Jesús Esquivel WASHINGTON (apro)

Marco Rubio, secretario de Estado en el gabinete de Donald Trump, y Juan Ramón de la Fuente, de Relaciones Exteriores en el de Claudia Sheinbaum, en nombre de sus países, Estados Unidos y México, reafirmaron el compromiso de cooperación en seguridad.

Tammy Bruce, la vocera del Departamento de Estado, por medio de un escueto comunicado de prensa, da a conocer que los encargados de la política exterior de los dos países sostuvieron una conversación telefónica para hablar de los asuntos bilaterales.

La charla se da como preámbulo del viaje a México que tiene agendado Rubio, cuya fecha no se ha dado a co-

Los “sellos de clausura” estuvieron acompañados de fotos de personas desaparecidas colocadas en las rejas del acceso a la Cámara de Diputados que permaneció cerrada mientras se realizaba la protesta

se hicieran las cosas con calma, como ocurrió con la ley vigente, en la que tomamos dos años para elaborarla”.

El defensor puntualizó que las conversaciones que organizó la Secretaría de Gobernación, sólo fueron “una simulación, porque sólo asistieron aquellos familiares que tenían recursos para asistir a la Ciudad de México, pero que carecían de una agenda temática para abordar la problemática, fueron reuniones de catársis”.

Criticó que el gobierno de Claudia Sheinbaum sostenga que lo que se pretende es atender las demandas de las familias, “cuando vemos una de las principales demandas era la renuncia de la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes, y ella sigue despachando, cuando su destitución hubiera sido una muestra del interés de la presidenta por atender la crisis de desaparecidos”.

Verástegui destacó que en conjunto, las reformas aprobadas durante el periodo extraordinario de sesiones, lo que muestran es una política “de Estado espía, y que en nada resuelve el problema de los desparecidos, sólo los usaron como pretexto para justificar la política de vigilancia, que viola la privacidad de todas las personas”.

Apuntó que del análisis de las reformas de la ley, “se advierte que la pretensión es sólo bajar los números de desaparecidos, como si eso resolviera

el problema, y se logró lo que Andrés Manuel López Obrador buscaba, sin que ello detenga las desapariciones, que siguen ocurriendo todos los días”.

Advirtió que al eliminar de los registros la denuncia administrativa por no localización y reducirla a sólo considerar las carpetas de investigación por desaparición forzada o desaparición por particulares, “se deja en la incertidumbre de cómo se van a clasificar las ausencias voluntarias, aquellas que se consideraban personas no localizadas, y que no eran derivadas de un delito, pero que las familias solicitaban la intervención de las comisiones de búsqueda sin necesidad de interponer una denuncia ante el ministerio público”.

Agregó que en “en su afán por reducir cifras, los legisladores de Morena y sus aliados, no se dieron cuenta que en el nuevo registro nacional, los únicos casos por desaparición van a ser los de ellos, los ocurridos de 2018 para acá, que entró en vigor la Ley General, y que los ministerios públicos están obligados a clasificar los casos como desaparición forzada o desaparición por particulares; tampoco se explica qué se va a hacer con los casos que los ministerios públicos clasificaron como privación de la libertad o secuestro de personas que se encuentran actualmente desaparecidas”.

Jorge Verástegui explicó que los familiares de personas desaparecidas

que participaron en la movilización, no esperaban ser recibidos por legisladores, dado que las reformas a la ley ya fueron aprobadas.

“Sólo es un acto simbólico, llevamos tres meses diciéndole al Congreso que convoque a un Parlamento Abierto, para todas las familias, no sólo para nosotros; que repitan lo que hicimos cuando estuvimos construyendo la Ley General, nos tardamos dos años construyéndola, participó activamente el Ejecutivo federal, participó el Congreso también, todas las fuerzas políticas estuvieron participando, por eso pedimos que convoquen, además el oficialismo tiene la mayoría con sus aliados y con Movimiento Ciudadano que ya se alió, tienen todo para convocar si les interesaba el tema.

“Nosotros les enviamos un documento técnico, con las observaciones y preocupaciones, y les dijimos tómense el tiempo, no lo hagan con prisas, porque al final, los políticos se van, duran seis años a lo mucho, y las familias nos quedamos aquí y somos las que pagamos los errores y las prisas que cometen ellos”, puntualizó.

Al señalar que las familias no les queda más que “esperar las consecuencias” de la materialización de las reformas, Jorge Verástegui destacó que en las discusiones legislativas fue evidente que los senadores y diputados no leyeron más allá de la presentación de la iniciativa, de lo contrario habrían advertido los errores que contenía incluso de redacción.

“No les importa el tema, es el marketing político, decir que son cercanos a la gente, pero eso lo han dicho todos los políticos de todos los partidos; la oposición hoy se desgarra las vestiduras, pero cuando estuvieron en el poder hicieron lo mismo”, sentenció Jorge Verástegui.

Rubio y De la Fuente reafirman compromiso para “desmantelar organizaciones delictivas y terroristas”

nocer y en el que se adelantó que sostendrá un encuentro con la presidente Sheinbaum, aun cuando su contraparte y anfitrión de acuerdo al protocolo; es De la Fuente.

“El secretario Rubio habló con el secretario De la Fuente, para reafirmar la importancia de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México como un pilar fundamental de la estabilidad regional”, se lee en el comunicado difundido por Bruce.

En ese sentido los dos funcionarios se comprometen a trabajar de manera conjunta para desmantelar a las organizaciones delictivas y los terroristas

transnacionales, que bajo el criterio estadunidense y unilateral son los cárteles del narcotráfico de México.

“Ambos líderes expresaron su compromiso de promover la seguridad eco-

nómica y la prosperidad de América del Norte en beneficio de los pueblos de ambas naciones”, concluye el breve comunicado de prensa del Departamento de Estado.

Hallan cuatro menores entre los 383 cuerpos apilados en crematorio de Juárez

Patricia Mayorga CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Una treintena de organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Centro de Derechos Paso del Norte, reprochó que el fiscal general César Jáuregui Moreno, haya declarado que “difícilmente” se pueden encontrar personas desaparecidas entre los 383 cuerpos apilados de manera ilegal en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez.

“En un estado con una crisis forense y miles de personas no localizadas, demandamos que se agoten todas las líneas de investigación y que se garantice el derecho a la verdad para las familias que buscan a sus seres queridos”, indicó el pronunciamiento suscrito también por personas en lo individual.

Por su parte, Jáuregui Moreno informó este lunes, en rueda de prensa, que hay dos personas detenidas, el dueño del crematorio y el único trabajador que laboraba en el lugar, así mismo, indicó que investigarán todas las líneas para determinar si hubo funcionarios que cometieron actos de omisión.

A los detenidos les formularon la imputación y el juez de Control les dictó prisión preventiva. La audiencia de vinculación a proceso será este viernes a las 11:00 de la mañana.

Y es que las organizaciones exigieron que se deslinden responsabilidades en la operación del crematorio: “Los permisos otorgados, la supervisión sanitaria y las posibles violaciones a leyes en materia de salud y disposición de restos humanos. También, que las personas detenidas sean procesadas conforme a derecho y con perspectiva de derechos humanos”.

En el pronunciamiento hicieron énfasis en que las autoridades deben garantizar que los crematorios operen bajo estrictas normas sanitarias, legales y éticas. De lo contrario, indican, se abre la puerta a que esos espacios se conviertan en posibles instrumentos para la desaparición de personas.

También demandaron una revisión exhaustiva de los convenios que tiene el gobierno del estado con las funerarias que dan apoyo ciudadano vía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. El director de Servicios Periciales, Javier Sánchez. Dio a conocer que los cuerpos recuperados del crematorio en condiciones no favorables, corresponden a 218 hombres y 149 mujeres, así como 16 de género indeterminado aún, por lo que realizarán trabajo de laboratorio para encontrar elementos que les permitan identificarlos, a través del área de antropología de la dirección. Además de los 16 que ya tienen indicios sobre sus identidades, hay 15 con nombre probable. “Todos tienen tratamiento de embalsamiento, pero algunos de ellos procedían de hospitales, por lo cual llevaban consigo al-

“En un estado con una crisis forense y miles de personas no localizadas, demandamos que se agoten todas las líneas de investigación y que se garantice el derecho a la verdad para las familias que buscan a sus seres queridos”, indicó el pronunciamiento suscrito también por personas en lo individual

guna etiqueta en la que se escribía su nombre, y hay casos con número de seguridad social”.

Hay otras cuatro personas que corresponden a menores de edad, entre ellos dos neonatos y los otros dos son un hombre y una mujer. Y otras cuatro personas más que no tienen nombre probable, pero tienen signos como tatuajes, otra tiene una amputación en una pierna, lo que facilita la identificación.

El fiscal informó en la rueda de prensa, realizada el 1 de julio en Ciudad Juárez, que se reunión ese mismo día con 89 familiares de personas que sospecha pudieran estar entre los cuerpos apilados.

Jáuregui Moreno refirió que el 26 de junio pasado, la Fiscalía recibió un llamado de la Policía Municipal de Juárez para acudir a un predio de la zona de Los Kilómetros, ubicado a la salida de la ciudad de Chihuahua, donde habían encontrado indicios de que se encontraban cadáveres.

Al llegar al crematorio, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Servicios Periciales, encontraron los cuerpos apilados en el crematorio Plenitud, que ofrece servicio a seis o siete funerarias que subcontrataban el servicio de cremación.

De manera paulatina la dependencia comenzó la investigación. En el primer cuarto del crematorio encontraron 50 cuerpos y posteriormente descubrieron el resto. “Todos los cuartos tenían cuerpos apilados con escenas dantescas”.

Lo primero que observaron, indicó el funcionario, es que todos los cuerpos sufrieron algún proceso químico para su preservación, estaban embalsamados. Esta situación dificulta analizar el ADN.

Reconoció que el proceso que realizan es revictimizante para los familiares, quienes ya habían vivido un duelo tras la pérdida de sus seres queridos. Además, indicó que las autoridades investigan si las familias estaban informadas que las funerarias respectivas realizaban el servicio de cremación con otra empresa.

Ezequiel Montoya muñoz, coordinador del Ministerio Público y delitos contra la paz de la FGE, agregó que realizan un procedimiento de individualización de cada uno para su identificación.

Los dos imputados, dijo, están acusados por el delito del fuero común de inhumación por ocultamiento de cadáveres, que tiene penas leves, pero también se basaron en la Ley General de Salud, para fincarles cargos que pueden llevarlos hasta a 17 años de prisión.

“El artículo 222 del Código Penal del Estado, en el tema de inhumación establece de 6 meses a 2 años o pena alternativa, es muy baja”, dijo Montoya.

La dependencia cuenta con más de mil 500 fotografías como evidencia, informó el coordinador de Ministerio Público y detalló que en Ciudad Juárez operan 66 funerarias, de las que sólo cinco tienen negocio con el crematorio Plenitud. Esas funerarias son Luz Divina, Protecto Deco, Funeraria del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno.

Asimismo, indicó que en esa frontera hay ocho crematorios en otras cinco funerarias distintas. “En lo que va del año se han autorizado, por las autoridades, mil 263 cremaciones que son generalmente por enfermedad. En delitos dolosos no está permitido (la cremación)”.

Jáuregui aseveró que investigarán si hubo omisión por parte de la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios u otros funcionarios.

El calvario de los familiares

Gloria Criollo perdió a su papá en febrero del año pasado y a su mamá durante la pandemia por Covid-19, hace cuatro años. Ahora teme que sus padres sean parte de los cuerpos encontrados en el crematorio Plenitud.

“Ese día nos dijeron que teníamos que traer acta de nacimiento de persona, la hoja donde se mandó cremar y a qué lugar, fotografías donde estén sonriendo porque muchos se van a identificar por sus dientes. En ese momento yo no traía nada de eso, yo venía a informarme”, relató.

Gloria Criollo detalló que los están dividiendo por grupos de ocho per-

sonas porque sólo cuentan con ocho psicólogos. Ayer alcanzaron a atender a más de 60 personas y este miércoles continuarán con otras familias, a partir de las 8:00 de la mañana.

En entrevista con medios de Ciudad Juárez, la mujer externó lo difícil que es vivir esa situación, sólo de pensar que sus padres pueden estar ahí.

“Imáginese, nosotros hemos pasado por un duelo, mis papás no fallecieron al mismo tiempo, pero yo estoy pensando qué nos entregaron, porque nos entregaron cenizas, qué trauma para la persona pensar que estuvieron ahí, que los hicieron bolas. No es un trato digno para una persona. No estamos acostumbrados a tratar con los cuerpos todos los días. Toda la noche estuve pensando cómo lo llevaron, dónde lo tenían”.

Sus padres fueron velados en la funeraria Latinoamericana, por lo que Gloria Criollo exigió que se hagan justicia, que supervisen mejor este tipo de negocios, que apliquen la ley.

ONG se pronuncian exigen un proceso exhaustivo

Las organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el hallazgo y expresaron su “solidaridad a las familias que hoy viven la incertidumbre de no saber si sus seres queridos fueron debidamente cremados y si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quienes despidieron. Extendemos un abrazo fraterno a quienes, tras haber vivido un duelo, enfrentan ahora la posibilidad de transitarlo nuevamente”.

Exigieron a la FGE que realice un proceso exhaustivo, científico y transparente de identificación forense, que no deje espacio a dudas sobre la identidad de cada una de las 383 personas localizadas. “Este proceso debe ir más allá de la documentación hallada junto a los cuerpos”.

Pidieron también que la disposición final de los restos se realice únicamente con el conocimiento y consentimiento informado de las familias, para garantizar el respeto a la dignidad de quienes han fallecido.

“Desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y firmantes reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Chihuahua. Acompañamos a las familias que hoy sufren esta nueva herida en una ciudad profundamente lastimada y reiteramos nuestro llamado a que este caso sea atendido con la seriedad, humanidad y responsabilidad que merece”.

Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Sin mencionar tal cual el nombre de Claudia Sheinbaum, el hombre más rico de México Carlos Slim cuestionó la política asistencialista del gobierno federal y pidió fomentar la inversión privada como vía para generar empleos y bienestar en el país.

Durante un evento privado con motivo del Día del Ingeniero, del que no se invitó a medios de comunicación, el dueño de Grupo Carso subrayó que no sólo se trata de dar dinero, sino capacitando a la gente para dar empleo y generar bienestar.

“No sólo dando dinero, sino capacitando a la gente para dar empleo y generar bienestar (...) Lo óptimo para México es invertir mucho, generar empleos, que haya crecimiento y desarrollo, al tiempo que aumenten los ingresos de la población”, expuso.

Algunas de las declaraciones del magnate se conocieron a través de una serie de mensajes publicados en la red social X por Renato Flores Cartas, subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales de América Móvil y Grupo Carso, aunque minutos después fueron eliminados.

A su juicio, la inversión privada debería representar más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) para lograr un cambio de fondo y así ser el motor de la economía.

“No sólo dando dinero”: Slim critica asistencialismo de la 4T y pide fomentar la inversión privada

Durante un evento privado con motivo del Día del Ingeniero, del que no se invitó a medios de comunicación, el dueño de Grupo

Carso subrayó que no sólo se trata de dar dinero, sino capacitando a la gente para dar empleo y generar bienestar

“Invirtiendo el 20 o 22% del PIB no vamos a llegar a ningún lado. Se necesita invertir para el desarrollo, crecimiento y empleo, ahí entra la Iniciativa Privada”, enfatizó.

Como ejemplo, agregó que hay recursos disponibles en la banca priva-

Diputados van por reforma electoral en el próximo periodo ordinario

CIUDAD DE MÉXICO (apro)

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que para el próximo periodo ordinario se discutirán reformas secundarias de la reforma Judicial, de salud en materia de vapeadores y la reforma electoral.

En conferencia de prensa, el diputado morenista explicó que todavía no tienen la iniciativa que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral por lo que, por el momento descartó la eliminación de diputados plurinominales.

“Entonces nuestras prioridades para el periodo ordinario dentro de 50 días, 56 días es leyes secundarias en materia judicial; salud, que es clave para nosotros, y reforma electoral”.

“Muy prematuro afirmar una reducción a órganos electorales o a partidos políticos no podría decírselo mentiría si le diría un porcentaje, (respecto al número de diputados), tampoco podría decírselo porque no hay ningún proyecto ni esqueleto ni borrador conforme al cual estemos trabajando”, explicó

Ricardo Monreal detalló que las reformas secundarías al Poder Judicial son cuatro: código de procedimientos penales, ley de delincuencia organizada, ley de amparo y ley de lo contencioso administrativo.

El legislador morenista también dijo que podrían incorporar otras materias como licitaciones de medicamentos y otras iniciativas que estaba proyectadas que enviara la presidenta Claudia Sheinbaum dentro del periodo extraordinario.

da, “e incluso de Siefores”, para financiar nuevos proyectos productivos. Preocupa la deuda de Pemex con proveedores

Slim finalmente alzó la voz respecto a la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Confirmó públicamente que la petrolera estatal no está pagando a sus proveedores, lo que ha provocado la cancelación o suspensión de proyectos por parte de empresas privadas que han optado por abandonar el país.

“Debido a que Pemex no está pagando a proveedores y productores, las empresas han frenado proyectos y se van. Hay que encontrar una solución para que Pemex esté en una mejor posición”, señaló.

Como parte de su propuesta, planteó que se debe priorizar la inversión y permitir que el sector privado aumente la extracción de crudo.

“Es el momento en que se tiene que invertir más en producción que en exploración y que los privados produzcan más barriles de petróleo para mejorar la situación de Pemex”, añadió.

TEPJF desecha 50 impugnaciones contra los resultados de la elección judicial

Mathieu Tourliere CIUDAD DE MÉXICO (apro)

De nueva cuenta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó 50 juicios de inconformidad y otras impugnaciones presentadas por ciudadanos y candidatos contra los resultados de las elecciones judiciales del pasado 1 de junio, tras considerar que los promoventes no tenían interés jurídico, presentaron sus recursos de manera extemporánea o los dirigieron contra actos no definitivos.

Entre los juicios desechados, destacó la impugnación presentada por la organización Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que presentó una demanda contra los resultados de la elección del Tribunal de Disciplina

Judicial, la nueva instancia que supervisará el Poder Judicial.

En ese caso, la Sala Superior consideró –por un voto divido—que la organización no tenía “interés ni legitimación para cuestionar los resultados de la elección”.

Bajo el mismo argumento, el TEPJF estableció que solo las personas que fueron candidatas a elecciones pueden impugnar los resultados de los comicios, una afirmación que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón criticó, pues aseveró que la organización forma parte de los actores que “salvaguardan el derecho de la ciudadanía a votar en condiciones de equidad”.

Las impugnaciones presentaron por otras organizaciones, como Poder Ciudadano, tuvieron una suerte similar.

Juan Carlos Cortés

‘México Evalúa’ propone enfoque en seguridad municipal como alternativa a militarización

De la Redacción

Ciudad de México (Tribuna)

En medio de las crecientes acusaciones de una militarización en México, la organización civil México Evalúa afirmó este miércoles que los municipios pueden jugar un papel clave en la construcción de entornos seguros, al “impulsar una pacificación real y duradera desde el ámbito local”.

Al presentar el informe ‘La otra vía. Análisis de políticas públicas municipales de seguridad pública, 2021-2024’, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, afirmó que “sí existe otra vía frente a la militarización en los procesos de construcción de seguridad ciudadana”.

“Cuando hay condiciones para la coordinación intergubernamental, amplias capacidades institucionales y un desarrollo comunitario bastante consolidado, la pacificación real, sostenida y desde lo local es muy plausible”, aseguró el funcionario de México Evalúa.

Vargas recapituló que pese a que en 2012 la estrategia de seguridad en México apostó por lo local, “en años recientes, la consolidación de la militarización invisibilizó a los municipios,

De la Redacción

Ciudad de México (apro)

Las autoridades estadunidenses informaron que los daños por el choque del Buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York superan los 500 mil dólares, que equivale a más de 9 millones 300 mil pesos.

El 17 de mayo alrededor de las 20:00 horas (hora local), el Buque Escuela ARM Cuauhtémoc (BE-01) de la escuela de la Armada de México, chocó contra el puente de Brooklyn, dejando un saldo de 20 marinos mexicanos lesionados y dos fallecidos.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Marina (Semar), el accidente ocurrió por una falla en el sistema del velero durante la maniobra de zarpe.

Un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) publicado el 30 de junio, recopiló los datos del caso que se tienen hasta el momento, con un examen y documentación del navío, así como entrevistas a los tripulantes que estaban a bordo.

Tras la inspección del crucero de instrucción, la NTSB determinó que el percance provocó raspaduras de pintura en la aleta de babor y la deformación del codaste del timón, entre otros.

De acuerdo con el documento, la cantidad estimada por los daños que sufrió el buque rebasa los 500 mil dólares.

Además de ofrecer más detalles sobre la falla que sufrió el navío y la

borrándolos prácticamente de la atención pública e institucional”.

El miembro de la ONG señaló que esto ha tenido “efectos muy negativos“, pues “invisibiliza el comportamiento diferenciado de la violencia delictiva, dificulta los diagnósticos precisos y obstaculiza la implementación de políticas efectivas”.

Por ello, Vargas dijo que este estudio es una “apuesta” por recuperar esta visión de la construcción de la seguridad desde lo local, “no desde el idealismo, sino desde la evidencia”.

Por su parte, Yair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa, precisó que el objetivo central de la investigación fue identificar las acciones de los gobiernos municipales para contener la incidencia

delictiva entre 2021 y 2024. Mendoza explicó que se analizaron 2,238 acciones municipales, de las cuales 54 % fueron penales -como el fortalecimiento operativo y el endurecimiento de sanciones-, y un 46 % fueron no penales -como atención a víctimas, proximidad policial y fortalecimiento del sentido de comunidad-.

Mientras que, para el análisis de la incidencia delictiva, el investigador indicó que se construyó un indicador agregado de delitos de alto impacto, en el cual se consideró la extorsión, el secuestro, el homicidio doloso, el feminicidio, el narcomenudeo y los robos de vehículos, negocios y transportistas.

Este indicador, expuso Mendoza, identificó que solamente 13 municipios lograron reducciones en su incidencia

delictiva agregada: Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), Tlaxcala (Tlaxcala), Guadalajara (Jalisco), Saltillo (Coahuila), Colima (Colima), Morelia (Michoacán), Pachuca (Hidalgo), Durango (Durango), La Paz (Baja California), Otón P. Blanco (Campeche), Xalapa (Veracruz), Cuernavaca (Morelos) y Toluca (Estado de México).

El investigador detalló que, de estos municipios capitales, seis mostraron un sesgo en favor de políticas preventivas de tipo penal y seis de tipo no penal.

Así, México Evalúa identificó que, aunque no hay una única fórmula para reducir la incidencia delictiva, “establecer estrategias mixtas entre políticas preventivas de tipo penal y no penal parece brindar mejores resultados”, dijo Mendoza.

Además, el investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa destacó que los municipios con reducción delictiva suelen tener continuidad administrativa, coordinación intergubernamental, arraigo comunitario y una criminalidad acotada.

“En este sentido, este estudio propone una ruta distinta a lo instituido hasta el día de hoy para mejorar las condiciones de seguridad en los centros neurálgicos de las entidades federativas”, señaló Mendoza.

Este es el monto de los daños por el choque en NY del Buque Escuela Cuauhtémoc

evacuación de los pasajeros, el informe clasificó el caso como un “siniestro marítimo grave” bajo la legislación estadunidense.

Las autoridades señalaron que realizaron pruebas de alcohol y drogas tanto a los pilotos como al capitán, las cuales resultaron negativas.

Asimismo, informaron que “El Cuauhtémoc” fue remolcado a un astillero local para su reparación, inspección y documentación, donde asistieron investigadores y especialistas para realizar el examen preliminar.

“La investigación del NTSB sobre todos los aspectos del accidente sigue; estamos examinando el sistema de propulsión, el sistema de control de operación, la experiencia y entrenamiento de los tripulantes relevantes y las políticas y procedimientos operativos”, sostuvo la dependencia.

Semar reitera su respeto al proceso legal del Buque Escuela

Tras la publicación del informe preliminar de la NTSB, la Semar emitió un comunicado dando a conocer los recientes datos de las autoridades estadunidenses.

“El informe no atribuye responsabilidad ni culpa en esta etapa de la investigación, y el enfoque se mantiene en un tono técnico y colaborativo bajo la premisa que el control del bu-

que durante toda la maniobra la tuvo el piloto de puerto; reconociendo el compromiso de la Secretaría de Marina (Semar) y de México en el proceso”, se lee en la nota informativa.

La dependencia reiteró su respeto al proceso legal y técnico en curso y reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades correspondientes.

“Dos equipos de apoyo —uno de ingenieros navales y otro de asesores jurídicos— se encuentran trabajando activamente en el seguimiento del caso y en el mantenimiento mayor del buque”, indicó.

Finalmente, la Semar recalcó que toda la información contenida en el informe de la NTSB es preliminar y está sujeta a cambios.

La importancia del Buque Cuauhtémoc

El Buque Escuela Cuauhtémoc tiene más de 40 años de historia en los que ha recorrido decenas de países. De acuerdo con las autoridades marinas, ha formado a 43 generaciones de capitanes, oficiales y cadetes bajo “los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo”.

El Buque Cuauhtémoc es un símbolo diplomático de México en el extranjero. Fue construido en España en 1981 y adquirido por la Armada de México para entrenar a los estudiantes en cubierta.

En cuatro ocasiones realizó viajes de circunnavegación, es decir, viajes marítimos que dan la vuelta al planeta; además, participa regularmente en importantes competencias deportivas alrededor del mundo.

El navío, también conocido como el “Embajador y Caballero de los Mares”, bajo el comando de Víctor Hugo Molina Pérez, tiene una misión de diplomacia naval, fortalecimiento de relaciones amistosas internacionales y promoción cultural en decenas de países:

“(El crucero busca) exaltar el espíritu marinero, fortalecer la educación naval y llevar el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a los mares y puertos del mundo”, de acuerdo con la Semar.

Bajo esa línea, el buque había llegado a Nueva York el 13 de mayo, como parte de su gira mundial. La noche del sábado 17 de mayo llevaba a cabo su última presentación en la ciudad estadunidense para dirigirse a Islandia.

#ESPIARNOESBUSCAR. PROTESTAN POR LEY ESPÍA. «NO ATIENDE CRISIS DE DESAPARECIDOS»

Wendy Rayón Garay

Durante este mañana, familias y colectivas de buscadoras se reunieron frente a la puerta 2 de la Cámara de Diputados para clausurar simbólicamente el recinto como protesta al rechazo de la Ley Espía, en la cual se modificó la Ley de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada el pasado 30 de junio sin atender las verdaderas problemáticas de la crisis de desapariciones en México.

Con el lema «Sin las familias no #EspiarNoEsBuscar» dibujado sobre el suelo con pintura blanca, así como fotografías de mujeres y hombres colocadas sobre las rejas rojas que rodean el recinto y que representaron a las más de 129 mil 874 personas desaparecidas y no localizadas, fue como las familias buscadoras demostraron su descontento y decepción ante la decisión de las diputadas y diputados. Hay que recordar que México atraviesa un crisis humanitaria de desaparición de personas, al 2 de julio del este 2025, hay 129 mil 891 personas con registro de desaparición y de las cuales 29 mil 771 son mujeres y son sus familiares quienes realizan la búsqueda de sus familiares.

Y una forma de atender la situación, según el Gobierno Federal, sería la aprobación de un paquete leyes, las cuales ya fueron aprobadas las cuales se relacionan con los datos personales y la legalización de la vigilancia por parte del Estado hacia la ciudadanía, para las cuales, no hubo apertura, discusión o parlamento abierto en cada una de ellas, lo que representa una amenaza directa para los derechos humanos, según denunció la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y ahora se denuncia la conformación de un Estado espía.

Las leyes en cuestión son Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública; Ley General de Población; Ley General en Materia de Desaparición Forzada; Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos; y Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuya aprobación se hizo en fast track durante el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Pese a que estas leyes en cuestión están enfocadas en diferentes temáticas como la militarización, la crisis de desaparición y la regulación de las telecomunicaciones, todas se relacionan con cambios que le dan la facultad al Estado de almacenar y controlar los datos personales de las mexicanas y mexicanos.

Ana Lucía Lagunes Gasca fue una de ellas, aunque procede del municipio de Aquila en estado de Michoacán, actualmente está de visita en la Ciudad de México. Este fue el motivo

por el cual aprovecho para presentarse a la clausura simbólica organizada desde las colectivas de búsqueda y difundida por redes sociales un día antes; sin embargo, también lo hizo por su hermano Arturo, quien se encuentra desaparecido desde el 15 de enero de 2023.

Según narró Ana Lucia en entrevista para Cimacnoticias, su hermano Arturo es abogado especialista en derecho agrario y defensor de derechos humanos quien al momento de su desaparición colaboraba con el profesor Antonio Díaz Valencia. A los dos se los llevaron un domingo por la noche después de salir de una asamblea comunal, una forma de organización que se usa en las comunidades campesinas para la toma de decisiones de forma democrática.

Desde entonces ha emprendido un camino hacia la justicia y verdad que la trajo hasta la Cámara de Diputados a expresar su indignación por «tomar el dolor de las familias como un pretexto para un sistema de vigilancia que se quiere implementar a nivel nacional», según mencionó. En los dos años en los que Ana Lucía se convirtió en una buscadora ante un sistema que está lejos de buscar a su hermano.

«Lo único que puedo hacer es manifestar que no estoy de acuerdo que se haga este tipo de medidas, que no estoy de acuerdo que se nos tome nuestro dolor, nuestra lucha como diciendo que eso va a ayudar a nosotros (familias buscadoras) y que la población crea que es por eso cuando hay una crisis de violencia en nuestro país» -Ana Lucía Lagunes Gaszca, mujer buscadora.

A raíz del caso Rancho Izaguirre en Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante el Senado de la República una iniciativa que pretendía hacer cambios para atender las desapariciones en México. Sin embargo, su proyecto no contemplo las experiencias y recomendaciones de las familias buscadoras y de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que se señaló que fue una vía rápida para contrarrestar el foco de atención nacional e internacional.

¡Sin las familias no! Denuncian que Sheinbaum no los incluyó en iniciativa sobre desaparición – cimacno-

ticias.com.mx

Ante las denuncias al proyecto, la Secretaría de Gobernación organizó mesas de dialogó para entablar conversación con las familias buscadoras. El pasado 23 de junio, se anunció la incorporación de 570 propuestas de más de 450 colectivos y redes, representando a mil 42 personas colectivos y familias para «fortalecer » la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

Sin embargo, de acuerdo con Jorge Verastegui Gonzales, integrante de la colectiva Glorieta de las y los desaparecidos quien participó en la clausura simbólica en San Lázaro, las mesas de diálogo fueron una simulación para legitimar los recientes cambios sin emplear una metodología. En cambio, señaló que la anterior Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas tomó dos años en construirse al participar activamente el Ejecutivo Federal, el Congreso, fuerzas policiacas, así como familias buscadoras. «Tienen todo el oficialismo, tienen la mayoría, además el apoyo del movimiento ciudadano, que son ahora sus aliados, pues tienen todo para para hacerlo (…) nosotros les mandamos un documento, técnico, con las observaciones, preocupaciones. Les dijimos, «Tómense el tiempo. No lo no lo hagan con prisas.» Porque al final lo hemos dicho siempre, los políticos se van, duran 6 años a lo mucho y las familias nos quedamos aquí y somos las que pagamos los errores y las prisas que comenten ellos» -Jorge Verastegui Gonzales, integrante de la colectiva Glorieta de las y los desaparecidos}

Presintiendo los resultados de dichas mesas de diálogo, Ana Lucia decidió no participar, ya que ella y su familia han participado en diferentes mesas con funcionarios de alto nivel en Michoacán sin éxito alguno: «solo nos faltó AMLO, pero en ninguna nos ha dado ninguna noticia de mi hermano, ni del profesor», respondió.

La nueva Ley General en Materia de Desaparición contempla la creación de una nueva plataforma de datos que tiene la finalidad de hacer un cruce de distintos datos de

información como anteriormente se tenía previsto que funcionara otros sistemas de información como el Banco Nacional de Datos Forenses. Esta nueva plataforma contendrá datos vinculados a la CURP y datos biométricos.

De acuerdo con el capítulo tercero de esta ley, titulado «De la Plataforma Única de Identidad», dicho mecanismo será la fuente primaria de consulta permanente en tiempo real que estará interconectada con otras bases de datos o sistemas de información como lo son El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; La Base Nacional de Carpetas de Investigación; El Banco Nacional de Datos Forenses; Registros Administrativos y cualquier base de datos pública o privada.

Con esta plataforma se podrá monitorear continuamente la Clave Única de Registro de Población (CURP) de una persona desaparecida o no localizada; alertar a las autoridades competentes sobre el uso del CURP de una persona desaparecida o no localizada en los registros de los Sujetos Obligados; y realizar búsquedas continuas y generar avisos cuando existan posibles coincidencias que lleven a la localización de una persona desaparecida.

Ley de Desapariciones, impondrá sistema de vigilancia del Estado, advierten defensoras – cimacnoticias. com.mx

Anteriormente, el Centro Prodh advirtió que la nueva ley «parte del supuesto errado de que la crisis de desapariciones en México se solucionará sólo interconectando bases de datos y disminuyendo las cifras». Dicho argumento fue apoyado por la ciudadana Clara García quien trabaja en una organización de derechos humanos y asistió a la protesta de forma solidaria y en apoyo a las familias.

«Creo que el otro gran error es creer que es un problema pues únicamente de datos, de interrelacionar bases de datos a diestra y siniestra cuando en realidad el gran tema es que no hay una atención integral a la crisis de las personas desaparecidas y no identificadas. Es una crisis con un montón de intersecciones y con la prevención, la atención, la búsqueda, la notificación forense, no hay ninguna ruta integral» -Clara García, asistente solidaria con la protesta

Apuntó que lo que hace falta es «voluntad política» y que existe un peligro sobre los datos personales de la ciudadanía al desconocer para qué serán utilizados: «También se sabe que mucho perfilamiento racial o muchas prácticas discriminatorias que están a partir de sesgos y creo que el uso de los datos sin criterio no es tan claro» y añadió que con la desaparición del INAI no queda claro quien protegerá esos datos.

NARCO: SEGUIR LA HUELLA DEL DINERO

José Gil Olmos

El golpe que el gobierno de Estados Unidos dio al de México, al dar a conocer que tres instituciones bancarias vinculadas al lavado de dinero de cárteles de la droga, una de ellas de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020, ha cimbrado las principales banderas que este gobierno arrió como distintivo de las anteriores administraciones: la honestidad y la lucha contra la corrupción.

A principios de este año el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, indicó que el gobierno de México ha frenado, en los últimos años, operaciones de lavado relacionado con el narcotráfico por un monto aproximado a los 35 mil millones de pesos. Pero esta acción poco ha impactado en el mundo soterrado del mercado financiero nacional e internacional ligado al narcotráfico.

El funcionario de esta área de la Secretaría de Hacienda reconoció que, ante el mercado del lavado de miles de millones de dólares, poco han logrado para frenarlo. Pablo Gómez denunció que los jueces son el principal obstáculo para el combatir esta barbaridad porque otorgan suspensiones y amparos para protegerlos.

Más allá de esta acusación que no justifica la ausencia de acciones gubernamentales potentes, la noticia de que CIBanco, Intercam y Vector habrían “blanqueado” dinero del tráfico

de opioides sintéticos, principalmente fentanilo, del Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hizo evidente la permisividad que hay en el sistema financiero nacional para que esto ocurra.

Las transacciones millonarias producto de sobornos pagados al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, las transferencias a China para la adquisición de precursores químicos e incluso reuniones de ejecutivos con integrantes de organizaciones criminales son parte de las acusaciones de Estados Unidos contra las tres instituciones bancarias mexicanas acusadas de lavado de dinero: Vector, fundado por Alfonso Romo; CiBanco, del empresario guanajuatense Jorge Rangel de Alba Brunel, e Intercam, del empresario Eduardo García Lecuona Mayeur.

Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, dichas instituciones financieras en México fueron el canal para “blanquear” más de 180 millones de dólares producto del tráfico de la droga del Cártel Jalisco Nueva Generación, Cartel del Golfo, Los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa.

Este monto es apenas un pellizco de la montaña de dinero producto del narcotráfico lavado en México durante muchos años. El escándalo se centra en el señalamiento al empresario Alfonso Romo, quien, como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el go -

bierno de Andrés Manuel López Obrador, fue parte de la cúpula del gobierno de la Cuarta Transformación.

El solo señalamiento contra Romo abona las especulaciones de la vinculación del gobierno de Morena con el narcotráfico.

La sombra de la sospecha ya manchó al proyecto de la Cuarta Transformación que hizo de la honestidad su principal marca y diferencia con los gobiernos del PRI del PAN, también manchados por vínculos con el crimen organizado.

Las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no se va a proteger a nadie, en referencia a Romo, y la excusa de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha enviado la información, no satisface la urgente necesidad de aclarar esta situación y, sobre todo, de investigar a fondo a estas y otras instituciones bancarias y financieras dedicadas al lavado.

Las consecuencias de estas acusaciones tienen efecto inmediato y mediato que seguramente se reflejará en los comicios de 2027, que serán un referéndum al gobierno de Morena.

Por cierto… el origen del término de “lavado de dinero” surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando se descubrió que el crimen organizado creo una red de lavanderías para blanquear el dinero producto de sus negocios ilegales. Hoy en este país cada año fluyen 100 mil millones de dólares del tráfico de drogas, de acuerdo con información oficial del Departamento del Tesoro. Pero no se investiga.

¿EL DERECHO SIRVE PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD SOCIAL?

Felipe de la Mata Pizaña

Hace unos días en la sede de la Escuela Judicial Electoral el profesor Enrique

Belda Pérez Pedrero, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, impartió la conferencia: “El derecho transversal de las personas con discapacidad: perspectivas de investigación para el cambio social”.

En esa oportunidad el profesor Belda, también diputado del Congreso español, realizó importantes reflexiones sobre investigaciones universitarias que, a lo largo de dos décadas, se han realizado en torno de los derechos de las personas con discapacidad y, más en general, sobre la transversalidad de los derechos y situaciones de vulnerabilidad social.

Es oportuno rescatar una de las ideas centrales de esa presentación para reflexionar sobre las funciones imprescindibles que tiene un ordenamiento jurídico en sociedades que buscan fortalecerse como democráticas y plurales.

Sabemos que el derecho tiene distintas funciones básicas, como ordenar la vida de la sociedad o reconocer el contenido mínimo que deben tener nuestros derechos humanos.

Asimismo se ocupan de establecer las bases normativas para la igualdad y la no discriminación, especialmente, tomando en cuenta a las personas que padecen desventajas sociales debido a las estructuras históricas o económicas que caracterizan a las sociedades.

En ese sentido, hay una función que se revela como central para las democracias de nuestro tiempo, que es concebir y practicar el de -

recho como un verdadero motor para las transformaciones y cambios sociales.

Esa es la perspectiva que ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México, el cual, justo en torno a los derechos de personas con discapacidad, ha construido una copiosa y muy sólida jurisprudencia desde hace varios años, por ejemplo, mediante acciones afirmativas.

Así lo demuestran criterios del tribunal en los cuales ha determinado la realización efectiva de derechos de personas con discapacidad auditiva en materia de comunicación política; o al ordenar que debe haber espacios concretos para estas personas en la integración de la cámara de diputaciones o de senadurías, incluso bajo una lógica de progresividad.

Sin embargo, establecer medidas afirmativas en la jurisprudencia electoral en favor de personas en situación de discapacidad ha sido insuficiente. Hoy podemos afirmar que es necesaria una legislación que se ocupe de regularlas y de establecer los ajustes razonables que estabilicen el contenido de sus derechos en las normas jurídicas.

Por ello, ante una inminente reforma electoral, es necesario hacer un llamado a legislar sobre estos derechos, no sólo para fortalecerlos a nivel normativo, sino también para que, quienes lleguen al Congreso mediante acciones afirmativas, acrediten la adopción de una agenda específica en favor de esos grupos. Es decir, es necesario pensar en un mecanismo ciudadano o incluso institucionalizado de seguimiento

en el sentido de que el trabajo que realizan legisladores que se beneficiaron de una acción positiva, efectivamente se traduzca en propuestas que puedan implicar beneficios o ventajas materiales a favor de las personas con discapacidad.

Lo mismo podríamos decir respecto de otros grupos desaventajados.

El derecho creado a partir de sentencias y a través de legislación debe coordinarse en ese sentido para que sea realmente efectivo, en general, para los derechos de las personas en situación de desventaja social o histórica.

El derecho no puede seguir siendo concebido sólo como un conjunto ordenado de normas en la búsqueda superficial de regular la vida social.

Hoy más que nunca debe ser un instrumento para conseguir cambios, impactos positivos para la sociedad, que tengan un efecto real en la vida de las personas, que sirva efectivamente para reparar violaciones a los derechos o para reparar las desigualdades.

Verlo de otro modo no sólo hace del derecho un factor irrelevante, sino también inútil para cualquier sociedad que se pretenda democrática.

El derecho está siempre en transformación y abordarlo desde nuevos miradores nos permite cumplir con su función última: transformar la realidad en beneficio de las personas más vulnerables.

Estoy convencido de que solamente de esa manera podrá hablarse y, sobre todo, podrá vivirse en una sociedad verdaderamente incluyente, plural y cada vez más igualitaria.

IDENTIDAD COMPROMETIDA Y CRIMEN ORGANIZADO

La identidad no es un trámite. No es un papel sellado en una oficina oscura.

Es la columna vertebral de nuestra existencia legal. La identidad define quién eres. Te da nombre. Te da historia. Te da derechos. Sin identidad, no existes. No heredas. No votas. No demandas. No te defiendes. De ahí la importancia de hacer unas reflexiones sobre ella porque justo ahora, en tiempo real, están sucediendo cambios de gran calado. Veamos.

Primero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido tajante: la identidad es “el derecho de toda persona a ser ella misma” (Amparo en revisión 40/2018). El artículo 4º, párrafo octavo, de la Constitución lo reafirma: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos.” La identidad no es un favor del gobierno. Es un derecho básico. No es competencia del INE. No es terreno del Tribunal Electoral. El INE cuenta votos. No valida vidas. No acredita seres humanos.

El Congreso ya abrió la puerta a la cédula de identidad ciudadana obligatoria. El fin de la credencial para votar como “cédula de facto” está cerca. El presupuesto del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral migrará al Registro Nacional de Población. Una revolución administrativa largamente ignorada y que se materializará en los próximos meses. El problema de la identidad y de su vinculación con el delito inicia con el acta de nacimiento.

En México, un acta de nacimiento se consigue más fácil que una pizza. (https://www.gob.mx/

ActaNacimiento) Unos clics. Un pago mínimo. Descarga inmediata. Sin filtros. Sin juez. Sin preguntas. Sin verificación. Este registro es el inicio para que cualquiera pueda nacer otra vez. Convertirse en otro. Desaparecer legalmente. Porque se trata de un documento público. Lo anterior no pasa en las democracias consolidadas.

En Alemania, por ejemplo, solo el titular o familiares directos con “interés legal justificado” (Personenstandsgesetz, §§?61–62) pueden acceder a ella. En Suiza, solo con parentesco directo o mandato judicial (Loi fédérale sur l’état civil, art.?62) se puede hacer lo propio. Y en Canadá, el acceso está limitado a familiares o con orden judicial (ServiceOntario).

Aquí, el acta es la grieta. La entrada perfecta para suplantar, robar, desaparecer. El crimen organizado no necesita balas. Solo necesita una impresora y un acta. Extranjeros sin papeles se convierten en “mexicanos” sin que nadie parpadee.

Segundo. Con lo anterior se burlan las disposiciones previstas para el internamiento y el estatus migratorio a cargo del Instituto Nacional de Migración Así se sabotea la soberanía. Así se secuestra la certeza jurídica. La credencial para votar que expide el INE nació para el voto. Para proteger urnas, no identidades. El artículo 41 constitucional lo deja claro: el INE organiza elecciones. Punto. Hoy, empero, esa credencial lo hace todo. Abre cuentas. Cierra tratos. Compra casas. Vende tierras. Hereda fortunas. ¿Su proceso? Un acta vulnerable y, en última instancia, dos testigos registrados en el padrón con la misma credencial para votar, que pueden ser personas de buena fe, cómplices o simples prestanombres. Y además

no hay sanciones expresas y delimitadas en el ordenamiento jurídico para estos testigos. Así nacen “mexicanos” de papel. Así se lavan fortunas negras. Así se blanquea el crimen. El crimen organizado no improvisa. Perfecciona. Aquí la gran ironía: los hologramas, sellos UV, micro textos y cintas de seguridad de la credencial para votar la convierten en un tótem intocable. Esa sofisticación ha creado el “crimen perfecto”. Una identidad falsa con una credencial auténtica es la máscara definitiva.

Ningún banco se atreve a dudar. Ningún notario pregunta. Ninguna autoridad la toca. El pasaporte biométrico, con estándares globales y mayor seguridad, se arrincona, no es reconocido para hacer trámites en el país como la credencial para votar. Hay una diferencia abismal entre el reconocimiento de uno y otro documento. La cédula de identidad ciudadana viene a limpiar esta herida prevista en las reformas a la Ley General de Población que se están aprobando en el Congreso de la Unión. La credencial del INE volverá, si vuelve, al origen: ser una llave para votar. Nada más. El CURP biométrico suena a solución final. Una sola cédula. Una base nacional. Una identidad unificada. Pero hay un precipicio: no habrá control judicial previo para el acceso de las fuerzas del orden y autoridades a la base de datos.

Tercero. En efecto, ningún juez aprobará. Ningún tribunal auditará. Ninguna autoridad independiente vigilará. Esto no es un avance.Es una invitación al abuso (ya me ocupé de ese tema aquí en estas páginas: CURP biométrica: ¿Identidad o vigilancia? - Proceso) Es un tema que debe ser reformado para seguir las mejores prácticas in-

ternacionales y observar el derecho convencional. ¿Se requerirá en el futuro próximo la credencial para votar del INE? No necesariamente. En Alemania, la Personalausweis y la tarjeta de aviso (Bundeswahlordnung) son suficientes. En Suecia, basta la cédula o el pasaporte (Valmyndigheten) En Canadá, la tarjeta de elector exige siempre acompañarse de identificación oficial (Elections Canada) Ellos simplifican y protegen. Nosotros acumulamos y exponemos. A esto se suma la peor pesadilla: la ciberseguridad en la nueva cédula de identidad obligatoria que desplazará a la credencial para votar. El escándalo Guacamaya leaks mostró la desnudez del Estado. Documentos militares, correos confidenciales, planes de seguridad nacional: todo filtrado.

El hackeo a la base de periodistas acreditados para Palacio Nacional evidenció la vulnerabilidad sistémica. ¿Quién pagó? Nadie. ¿Quién fue sancionado? Ninguno. ¿Quién corrigió? Nadie. Sin inversión adecuada en este rubro, el CURP biométrico será el mayor trofeo para el crimen organizado.

El banquete soñado para hackers internacionales. Una herramienta perfecta para vigilancias ilegales. Por otro lado, la identidad no espera. Es el último muro que separa ciudadanos de sombras. Hoy, ese muro está fracturado. Actas que se venden como tickets. Credenciales omnipotentes. Bases biométricas sin freno.

Hay que reiterarlo: El INE nació para contar votos. No para autorizar quién eres. Si no blindamos la identidad hoy, mañana ya no habrá nadie que salvar. Sin identidad, no hay nación. Sin nación, no hay futuro. Actuemos en consecuencia.

Ernesto Villanueva

SEPULTAN…

Francisco Ruiz Zuart.

Lamentable, triste funeral oficial ayer en el municipio de San Cristóbal de las Casas.

El día de ayer 1 de julio del año 2025 en “El Pueblo más Mágico de los Pueblos Mágicos de México”, el gobierno de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar y el Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, representado por Fabiola Ricci Diestel, SEPULTARON totalmente lo que quedaba como prueba contundente de un FRAUDE FEDERAL cometido hace más de 12 años por el exgobernador Juan José Sabines Guerrero…

Hace poco más de 15 años el gobierno federal autorizó recursos económicos para construir en el Estado de Chiapas “CENTROS REGIONALES DE VACUNOLOGÍA”debidamente equipados con tecnología de punta, con un valor calculado en cientos de millones de pesos…

Los dineros fueron dispuestos por la Federación, el Estado hizo lo propio en el concurso de las obras y su ejecución, iniciaron las obras físicas y al final casi se concluyeron las mismas, quedando pendientes algo de obra física, el equipamiento debido y demás necesario para su funcionamiento regular…

Concluyó el sexenio político administrativo de Juan José Sabines Guerrero y las “Centros Regionales de Vacunología”, por todo Chiapas quedaron inconclusos, no se equiparon y empezó su constante deterioro, primero durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, luego con Rutilio Escandón y ya hoy con Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, “El Centro de Vacunología Regional” en San Cristóbal de Las Casas “se le echó tierra encima”, se le colocó una cruz y tan, tan, un

enorme fraude quedó SEPULTADO e IMPUNE para siempre… HOY ES DE CELEBRARSE que ya a partir de ayer 1 de julio, los familiares de los enfermos internados en el Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, cuenten con un albergue disponible (aunque no del todo suficiente) que aminore en algo sus pesares y les provea de condiciones humanas para su descanso y protección, SI, pero lo condenable es que el gobierno de Chiapas y la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel hayan utilizado el hecho para esconder en definitiva un fraude cometido por el exgobernador Juan José Sabines Guerrero y encubierto, solapado por los exgobernadores Manuel Velasco Coello y Rutilio Escandón Cadenas…

¿Cómo está eso de que ayer sepultaron un fraude federal? Resulta que ayer durante la inauguración del ALBERGUE para el servicio del Hospital de Las Culturas (realizado con recursos económicos particulares aportados por una familia Coleta que prefirió quedar en el anonimato), las autoridades en voz de Fabiola Ricci y validado con la presencia del Secretario de Salud Omar Gómez Cruz y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número II, Miguel Valdés Galán; estampado también en letras que se pueden observar en el fondo del acto oficial, SE DIJO Y QUEDA DEMOSTRADO en imágenes, que ponían en funcionamiento LA REHABILITACIÓN

DEL ALBERGUE del Hospital de Las Culturas…, como si anteriormente ya hubiera existido ese albergue y había quedado inutilizado y ahora después de REHABILI -

TARLO, entraba nuevamente en funciones… ABSURDO, mentira, ahí jamás hubo albergue, EXISTIÓ un “Centro de Vacunología Regional” inconcluso, debido a hechos de CORRUPCIÓN cometidos por el exgobernador Juan José Sabines Guerrero y mantenido IMPUNE por los exgobernadores Manuel Velasco Coello y Rutilio Escandón Cadenas, y que ahora queda SEPULTADO Y OLVIDADO por el gobierno de Chiapas y el ayuntamiento de Fabiola Ricci Diestel… QUEDARON SEPULTADAS las pruebas de un gran fraude federal cometido…

Lo que ayer obligadamente correspondía mencionar con claridad, en el acto inaugural, era que el “Centro de Vacunología Regional” sin terminar, saqueado y en ruina total, con el permiso correspondiente había sido aprovechado para ahí con recursos privados HABILITAR UN ALBERGUE que iniciaba funciones para bien de los necesitados de techo y alimentación… NO SE HIZO y quedó sepultado el fraude, la impunidad, el descaro oficial, la complicidad institucional…

Ah! Del hecho de ENCUBRIMIENTO OFICIAL penado con cárcel por la ley ¿tenían conocimiento el gobernador Ramírez Aguilar y el Secretario de Salud, Omar Gómez, o Fabiola Ricci les llevó al baile sin aviso previo?

O acaso ¿nadie sabía y se “empinaron” solos y con los ojos cerrados, a gusto, placenteramente?

Ah! Gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, otra vez queda demostrado: tus asesores y Secretarios no te cuidan y mucho menos te ayudan… Todos andan en la grilla, en lo suyo y futureando…

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

CONTRA PODER EN CHIAPAS

REPORTE

CONFERENCIA

Diputados van por reforma electoral en el próximo periodo ordinario

MANIFESTACIÓN

DICTAMEN TEPJF desecha 50 impugnaciones contra los resultados de la elección judicial “Espiar no es buscar”: Familiares de desaparecidos clausuran simbólicamente la Cámara de Diputados

Detienen a policías de Frontera Comalapa; los acusan de vender droga

DENUNCIA Alcalde de Espita, Yucatán, coloca retén para impedir acceso a la prensa y hostiga a periodista

El alcalde del municipio de Espita, Yucatán, Mario Isaías Sánchez Esquivel, de Morena, hostigó y agredió al periodista Israel Cárdenas durante una sesión de cabildo. Además, colocó un retén en la entrada del pueblo para impedir el ingreso de los medios de comunicación.