CONTRAPODER EDICIÓN 3087

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La desigualdad en la aplicación de la ley

La defensa a ultranza realizada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados a Cuauhtémoc Blanco representa un acuerdo de protección a todos los miembros del grupo del poder PAG. 2

Las caravanas de salud implementadas en el gobierno de Rutilio Escandón son un escándalo. Ahora se conoce que el beneficiario de estas caravanas es el mismo grupo Tabasco.

Y se señala que el empresario ligado al grupo Tabasco obtuvo 2 mil millones de pesos.

El Dr. Pepe Cruz es cómplice de esta asignación, que no produjo beneficios estructurales.

Trump impone aranceles de 25 por ciento a autos importados

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que impondrá aranceles del 25 por ciento a los automóviles importados a Estados Unidos. “Lo que vamos a hacer es un arancel del 25 por ciento a todos los autos que no se fabriquen en Estados Unidos”, anunció el magnate desde la Casa Blanca

El patrocinador de Adán Augusto López: el empresario que financia unidades médicas de Andrea Chávez recibió contratos por más de 2 mil mdp en Chiapas y

Cero corrupción y mayor transparencia en el sector salud: Eduardo Ramírez

ACCIONES

Imparte IEPC curso de capacitación a mujeres electas

La desigualdad en la aplicación de la ley

La defensa a ultranza realizada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados a Cuauhtémoc Blanco representa un acuerdo de protección a todos los miembros del grupo del poder, sin importar las posibles responsabilidades en las que haya incurrido. Por un lado, el discurso de fuera fueros esgrimido por la autodenominada cuarta transformación se muestra como un falso discurso, cuando de desaforar a uno de los suyos se trata. Inclusive, en el anterior gobierno encabezado por Lípez Obrador se hizo la faramalla de legislar en contra de los fueros pero todo quedó igual, se mantienen los mismos privilegios. En el caso particular del proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, el apoyo que se le brindó, no solo le cierra posibilidades a la víctima a ser escuchada en un juicio sino que se llegó al extremo de victimizar a un presunto responsable de una violación y de brindar una protección inentendible bajo el grito de no estás solo. No se ha entendido que desaforar a un diputado o a cual -

quier funcionario al que la Constitución le otorga fuero, no significa en automático que sea culpable y que debe ir a prisión: por supuesto que no, el desafuero significa poner en las mismas condiciones que los demás a ser sometido a un proceso judicial, en el que se mantiene el derecho del presunto inculpado a una debida defensa.

Se debe tener claro que el hecho de que cualquier persona presente una denuncia no significa en automático que se sea culpable, esto solo lo puede determinar un juez a través de un debido proceso, en donde los distintos actores van a ser oídos en las misma condiciones de un juicio justo. En contrasentido, la defensa a ultranza de la mayoría parlamentaria que impidió el desafuero no significa que Cuauhtémoc Blanco sea inocente, por el contrario, esa maniobra solo prolonga el período de tiempo para que sea sometido a vinculación a proceso, que puede suceder en el momento en que concluya el cargo de diputado.

La decisión de proteger a Cuauhtémoc Blanco ratifica una prác -

tica sistemática del gobierno de desestimar a las víctimas sin importar el género. En este caso en particular, toda la legislación que favorece a las mujeres a una vida libre de violencia se convierte en discurso, pero no en derecho efectivo. Así ha sido con las madres en resistencia que buscan afanosamente a sus desaparecidos, así ha sido en los casos de feminicidios, así ha sido en la estigmatización a las marchas de las mujeres de cada 8 de marzo y así fue en la decisión que tomó la mayoría en la Cámara de Diputados de mantener el fuero a Cuauhtémoc Blanco.

Que este suceso se encuentre hoy politizado y que incluso se convierta en una bandera política de señalamientos en contra del partido gobernante, debe de considerarse como un acto normal en una democracia, pero todo parece indicar que al gobierno no le agradan las críticas, aunque éstas sean producto de sus propios errores o de complicidades cuestionables de gobernantes o representantes populares señalados por sus vínculos con el crimen organizado.

Estos son los riesgos de la militarización en Chiapas, advierte el Centro Frayba

San Cristóbal de Las Casas, Chis.

La utilización de las Fuerzas Armadas para trabajos relacionados con la migración es sólo una de las tareas civiles que el gobierno federal les asignó a los militares y que enmarcan el rumbo y los riesgos de la militarización en regiones como Chiapas, advierte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

El uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública es otra de las condiciones de la militarización, con lo cual no solo no se abordan las raíces de la inseguridad y la falta de justicia (desigualdad social, pobreza y corrupción, entre otras), sino que se apuesta por el uso de la fuerza para recuperar el control de comunidades sumidas en la violencia generada por grupos criminales.

En su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”, el Centro Frayba dedica un capítulo a su análisis del papel que juegan las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en el contexto social que viven los chiapanecos y de cómo la política militarista contribuyó a la erosión de los derechos civiles y políticos para otorgárselos al Ejército.

En su informe, el Centro Frayba resalta que la presencia de militares en regiones con altos índices de violencia y corrupción se traducen en:

Desconfianza y tensión por parte de los pobladores

Posibilidad de militarización de la sociedad, lo que se traduciría en el uso de la violencia como herramienta de control y solución de conflictos

Corrupción de funcionarios de seguridad, denunciados en carpetas judiciales y señalados por la población de beneficiar a grupos criminales con el uso del aparato militar del gobierno.

“La política militarista del Estado mexicano representa una visión de control territorial que, aunque se venda hacia la población con objetivos de seguridad y estabilidad, los resultados han sido negativos y de débil impacto; por el contrario, los costos sociales y de violaciones a derechos humanos son muy altos, lo que la con -

El uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública es otra de las condiciones de la militarización, con lo cual no solo no se abordan las raíces de la inseguridad y la falta de justicia (desigualdad social, pobreza y corrupción, entre otras), sino que se apuesta por el uso de la fuerza para recuperar el control de comunidades sumidas en la violencia generada por grupos criminales

vierte en una estrategia fallida”.

Impactos de la militarización en Chiapas

El Centro Frayba resalta casos como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o la masacre de Wololchán para evidenciar la brutalidad de los militares en el manejo de los conflictos armados de Chiapas.

El 15 de junio de 1980 en la comunidad de Wololchán, perteneciente al municipio de Sitalá, un contingente de soldados armados con bombas lacrimógenas y armas de grueso calibre asesinaron a 12 personas, hirieron a otras 40 y provocaron el desplazamiento forzado de cientos de familias. Esto es respuesta a la toma de la finca de Wolonchán que pobladores habían realizado como reclamo por el despojo de sus tierras (28 años atrás): el 30 de mayo la policía estatal entró a la finca y asesinó a un campesino, pero dos semanas más tarde quieres llegaron fueron militares de la 31 Zona Militar para disparar contra hombres, mujeres, niñas y niños, en defensa de los intereses económicos del cacique Mario Flores, señala un reporte de la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos (CNDH). El Centro Frayba recuerda que la militarización en Chiapas es anterior a los dos sexenios panistas, pero que se incrementó con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia para continuar con la “guerra contra el narco” que lanzó Felipe Calderón, sin embargo:

“El gobierno de la 4T de AMLO creó su propio ejército para sentar las bases y consolidar un régimen político, autoritario para ‘gobernar’, ante un escenario caótico a partir de la cofradía donde utilizan su influencia los poderes del Estado constituidos, como el poder militar”.

Militarización, el sello de la 4T de AMLO

Sólo desde 2019 a 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional acumuló 2 mil 284 quejas ante la CNDH por violaciones a los derechos humanos, la segunda institución con más quejas es la Guardia Nacional con mil 917 casos y la Marina con 599 expedientes abiertos.

“El proceso de militarización se afianzó como una política de Estado el 8 de septiembre de 2022, con la aprobación de una ley en el

Senado que otorga a la Sedena la responsabilidad de operar y administrar a la Guardia Nacional, aunque desde su creación ésta ha estado bajo el mando de la SSPC, en la práctica ha funcionado como una extensión operativa y material de las Fuerzas Armadas”, resalta el Centro Frayba.

El papel de las Fuerzas Armadas dejó de ser sólo de carácter castrense para asumir 240 tareas adicionales como la construcción de obras civiles, administración de aduanas y operación de programas sociales.

Más tareas también implicó la recepción de más recursos públicos, logrando un incremento del 60.5 por ciento en su presupuesto, llegando a su punto más alto en 2024, cuando se les dotó de 259 mil 434 millones de pesos.

Aunado a todos estos cuestionamientos, uno de los puntos centrales del debate sobre la militarización de la Guardia Nacional se centró en si debía o no tener un mando militar, algo que pasa a segundo término cuando el 80 por ciento de sus integrantes fueron movidos de la Sedena, entonces, son militares con un nuevo uniforme. Con información de Infobae.

El patrocinador de Adán Augusto López: el empresario que financia unidades médicas de Andrea Chávez recibió contratos por más de 2 mil mdp en Chiapas y Tabasco

Ana Lucía Hernández y Mario Gutiérrez Vega

Ciudad de México, (Tribuna)

Fernando Padilla Farfán, contratista favorito de Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, ha recibido más de 2 mil millones de pesos en contratos entregados por dos gobiernos estatales: el de Chiapas, que encabezó Rutilio Escandón, cuñado de López Hernández, y el de Tabasco, donde el actual senador fue gobernador.

En 2021, 2022 y 2023, Chiapas le entregó a FMedical, empresa de Fernando Padilla, tres contratos por la renta de camiones para unidades médicas móviles y por una mega farmacia para surtir a la secretaría de salud estatal.

Uno de estos camiones con placas de Chiapas y registrado a nombre de FMedical se encuentra del otro lado del país, en Ciudad Juárez, como parte de la caravana de salud que promueve la imagen de la senadora de Morena, Andrea Chávez, como aspirante a la gubernatura de Chihuahua.

Fernando Padilla también hizo negocios en Tabasco cuando esa entidad era gobernada por su amigo

Mitzi Fuentes Chiapas.

A través de un comunicado en redes sociales, un grupo armado que se autodenomina Frente Comunitario Indígena Semilla Rebelde Tierra y Territorio declaró estar en defensa de 130 hectáreas de tierras y acusó al gobierno de no brindar soluciones ante la violencia en la región.

En su mensaje, el grupo denunció el asesinato de hijos de ejidatarios y señaló que, ante la falta de respuesta gubernamental, se vieron obligados a organizarse y prepararse militarmente para proteger a sus comunidades.

“narcomilitares y sicarios ha generado un clima de inseguridad, afectando a pobladores humildes e inocentes, Nos quieren quitar nuestras tierras y eso no va a poder, porque un pueblo organizado jamás será vencido”, expresaron en el comunicado, Asimismo, el grupo acusó a autoridades de los tres niveles de gobierno de permitir el avance del crimen organizado en la región, señalando la venta de drogas, el cobro de piso

En 2021, 2022 y 2023, Chiapas le entregó a FMedical, empresa de Fernando Padilla, tres contratos por la renta de camiones para unidades médicas móviles y por una mega farmacia para surtir a la secretaría de salud estatal

Adán Augusto. Y los hizo en 2020, justo en plena crisis sanitaria por

Covid-19. Su empresa Línea Médica del Sur se encargó de instalar y

equipar dos Unidades de Hospitalización Temprana Covid.

Grupo Autónomo de Tila rechaza pacto de civilidad en Chiapas

y la protección de presuntos líderes criminales.

Entre los nombres mencionados, apuntaron al diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, y a su cuñado, Joaquín Flores, quien actualmente funge como director de la Policía en el municipio de Yajalón. También identificaron a diversos actores que, según ellos, operan dentro del ejido Tila.

En su mensaje, el Frente Comunitario manifestó su desconfianza en el pacto de civilidad firmado el 13 y 20 de Marzo de 2025 entre los tres grupos de la zona, afirmando que “podría tratarse de una estrategia gubernamental para traicionarlos”.

Aseguraron que, pese a dicho acuerdo, continúan las detonaciones de armas de fuego en el ejido Tila, sin que las corporaciones militares o policías estatales actúen contra los

grupos criminales.

“Decimos claro , no queremos más asesinatos de compañeros ejidatarios, no más intimidaciones. Si tocan a uno, nos tocan a todos”, advirtieron, reafirmando su decisión de mante-

nerse en resistencia y lucha por la defensa de sus tierras.

El comunicado finaliza con la consigna: “vivan los pueblos unidos del ejido Tila” y abajo el sistema del mal gobierno capitalista”.

Cero corrupción y mayor transparencia en el sector salud: Eduardo Ramírez

De la Redacción San Cristóbal de Las Casas, Chis. (Tribuna)

En San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó la firma de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario entre las Secretarías de Salud y Anticorrupción y Buen Gobierno. Este acuerdo busca fortalecer la transparencia, promover la rendición de cuentas, fomentar la denuncia ciudadana y garantizar la correcta ejecución de los procesos sanitarios, previniendo y combatiendo actos de corrupción.

Acompañado por la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario destacó que la transparencia en la función pública es esencial para incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Subrayó que este ejercicio es un compromiso con el humanismo, la honestidad y responsabilidad, pilares de la Nueva ERA en Chiapas.

“Hoy, el sector salud cuenta con personas que trabajan por convicción, sin simulaciones, porque el daño causado por la falta de honestidad en la gestión pública ha sido mucho. Ahora hacemos las cosas pensando en el bienestar del pueblo. Mi compromiso con Chiapas es real, y esta es una oportunidad para escribir un

Acompañado por la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario destacó que la transparencia en la función pública es esencial para incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Subrayó que este ejercicio es un compromiso con el humanismo, la honestidad y responsabilidad, pilares de la Nueva ERA en Chiapas

nuevo capítulo en la historia del estado”, enfatizó.

Como parte de este esfuerzo, Ramírez Aguilar entregó chalecos y cámaras de solapa al personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), reafirmando el compromiso de su gobierno con la modernización de la infraestructura sanitaria, la mejora de las condiciones laborales del sector y la cobertura integral de los servicios de salud

en todo el estado. Asimismo, reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar el IMSSBienestar en Chiapas.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, resaltó la importancia de implementar estrategias que garanticen la integridad en el servicio público y aseguren la correcta ejecución de los procesos de regulación, control y fomento sanitario.

Por su parte, la secretaria Antico-

rrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, señaló que esta firma representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción, al establecer mecanismos de vigilancia más estricta en los procesos de verificación y autorización sanitaria.

En este contexto, el director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Rodolfo Tovar Rodríguez, explicó que la estrategia incluirá campañas de difusión anticorrupción, el uso de dispositivos de videograbación durante las verificaciones sanitarias y la instalación de cámaras en áreas de atención al público para garantizar un servicio transparente y confiable.

La alcaldesa de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, destacó que este convenio demuestra que es posible gobernar con integridad y responsabilidad, incorporando herramientas como la videograbación de verificaciones, salas de atención transparentes y canales de denuncia eficientes, lo que refuerza el compromiso ético del gobierno con la ciudadanía.

Imparte IEPC curso de capacitación a mujeres electas

Con la organización de la Comisión Permanente de Igualdad de Género, No Discriminación y Atención a Grupos en situación de Vulnerabilidad, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, llevó a cabo el curso de capacitación “Participación política de las mujeres y sus derechos político-electorales en el ejercicio del cargo”, dirigido a mujeres electas en el ejercicio del cargo; militantes de partidos políticos; integrantes de organizaciones civiles, e integrantes de la red de mujeres electas. Lo anterior, con la finalidad de dar a conocer los principales avances, retos y desafíos a los que se enfrentan las mujeres que resultaron electas en un proceso electoral, en el ejercicio del cargo correspondiente, para así poder dotarlas de herramientas que les permitan conocer sus derechos y obligaciones en el desempeño de sus funciones.

En el auditorio de IEPC, que registró un lleno total con la asistencia de presidentas municipales, síndicas, regidoras y servidoras públicas, además de personas que participaron a través de conexión vía remota, María Magdalena Vila Domínguez,

consejera presidenta provisional de esta autoridad electoral, manifestó que uno de los principales objetivos de la realización de este espacio, es fortalecer liderazgos y que más mujeres se interesen en el escenario público, y que estén preparadas para ejercer de manera adecuada sus funciones. “Las mujeres electas cuentan con este Instituto, para que también conozcan y defiendan sus derechos políticos”.

Por su parte, la consejera electoral y presidenta de la CPIGNDyAGSV, Teresa de Jesús Alfonso Medina, expresó que esta capacitación, está incluida en el marco de las actividades de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y enfatizó el interés del Instituto de contar con mayor comunicación con las mujeres que se encuentran en diversos cargos públicos en los ayuntamientos. Agregó que este curso también se lleva a cabo para aprovechar las áreas de oportunidad para robustecer la participación política de las mujeres, como lo es el tema de cuenta pública.

El curso constó de cuatro talleres; en primera instancia, la consejera electoral e integrante de la CPIGNDyAGV, Sofía Martínez De Castro

León, fue la encargada de impartir dos temas: ¿Cuáles son mis funciones y derechos como servidora pública? y Retos en el ejercicio del cargo para las mujeres electas, periodo 2024-2027; por su parte, Laura Yadira Vázquez Coutiño, Jefa de la Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado, expuso el tema “Servidores públicos y sus responsabilidades en la rendición de la cuenta pública”; finalmente, la consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma trató el tema “Identificando la VPMRG”.

Previo a esta actividad, se realizó una reunión ejecutiva con presidentas municipales electas en la entidad, con la finalidad de abordar áreas de oportunidad que se puedan generar en conjunto para acompañar e incentivar la participación de las mujeres en búsqueda del reforzamiento de liderazgos, actividad que también fue acompañada por la consejera Helena Margarita Jiménez Martínez, el consejero Edmundo Henríquez Arellano y el secretario ejecutivo, Guillermo Arturo Rojo Martínez.

Mesas de diálogo para resolver paro en la BUAP inician este jueves

Estudiantes paristas y autoridades universitarias iniciarán este jueves las mesas de diálogo en torno a los pliegos petitorios que se entregaron a la rectoría para tratar de resolver el conflicto estudiantil que ya lleva 28 días.

La Comisión Institucional de Diálogo de la BUAP emitió un comunicado en el que precisa que a partir de las 9 de la mañana se instalarán 11 mesas de diálogo simultáneas en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria en las cuales se analizarán los pliegos petitorios.

En tanto que la Universidad anunció este día en sus redes sociales que la edición 38 de la Feria Nacional del Libro (Fenali), programada del 4 al 13 de abril, queda pospuesta.

La casa de estudios aclaró que este evento será reprogramado en nuevo aviso, debido al paro estudiantil.

Igual, Sergio Díaz Carranza, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la BUAP, advirtió que está en riesgo la convocatoria de admisión 2025 para nuevo ingreso a esa Universidad, luego de que la fecha límite para que se emita es este 31 de marzo.

Mientras que los estudiantes mantienen el control de Ciudad Universitaria, el funcionario explicó que el personal de la Dirección de Administración Escolar (DAE) no han podido laborar de manera normal y esto dificulta el trabajo que se requiere para el registro de aspirantes a ingresar a la universidad poblana.

De la Redacción

Ciudad de México (apro)

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) acató la resolución del Congreso de la Unión, que determinó la improcedencia del juicio de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado de tentativa de violación. Sin embargo, la dependencia anunció que la investigación sigue en proceso.

La FGE, a cargo de Edgar Maldonado, aseguró que, una vez concluida la investigación interna, integrará nuevamente el expediente, garantizando los derechos de la víctima y reafirmando su compromiso con la legalidad, responsabilidad y prudencia en todo el proceso.

En un comunicado oficial, la FGE indicó que será respetuosa de la decisión tomada por la Cámara de Diputados, pero subrayó que

Algunas facultades como Cultura Física, Ciencias de la Electrónica y Ciencias Químicas entregaron ya las instalaciones y manifestaron su intención de retornar a clases tras llegar a acuerdos en mesas de diálogo

Tras estas advertencias, los estudiantes en protesta emitieron un comunicado en el que acceden dar ingreso a personal administrativo de la casa de estudios, a cambio de que se declare la suspensión total de clases presenciales y en línea y esto permita una participación total de la comunidad estudiantil en las mesas de diálogo.

“Queremos reiterar que nuestro propósito jamás ha sido afectar a la comunidad universitaria, ya que las

causas de este movimiento siempre han sido, son y seguirán siendo enriquecer y fortalecer la grandeza de nuestra institución”, manifestaron.

Cabe señalar que la emisión de este comunicado generó un rompimiento al interior del grupo parista, ya que algunos de los participantes no estaban de acuerdo en ceder a las presiones desde la rectoría.

Algunas facultades como Cultura Física, Ciencias de la Electrónica y Ciencias Químicas entregaron ya las

instalaciones y manifestaron su intención de retornar a clases tras llegar a acuerdos en mesas de diálogo, otras como las facultades del Centro Histórico como son Psicología, Lenguas y Filosofía y Letras, reclamaron este día por no ser escuchados por los directivos universitarios. Otras facultades que tienen sus instalaciones en CU, como Derecho, Administración y Ciencias Políticas y Sociales, han retornado a clases a distancia.

Fiscalía de Morelos continuará investigación contra Cuauhtémoc Blanco por tentativa de violación

continuará con la investigación interna, cuyo propósito es asegurar que la integración de la carpeta de investigación se ajuste a la legalidad y respete los derechos de la víctima.

La Fiscalía destacó que la indagatoria se lleva a cabo con total apego a los principios de transparencia, sin permitir que factores externos influyan en el proceso.

La dependencia también recordó que la carpeta de investigación que originó la solicitud de desafuero fue abierta en octubre de 2024 y remitida a la Cámara de Diputados el pasado 6 de febrero, bajo la dirección del anterior titular de la dependencia, Uriel Carmona Gándara, quien fue destituido ese mismo día

por el Congreso estatal. De acuerdo con la FGE, están a la espera del informe de la Visitaduría General y de Asuntos In -

ternos, solicitado tras las recientes declaraciones de miembros de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

El SAT revela el monto de las multas por no presentar la Declaración Anual 2024

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que se debe presentar la Declaración Anual hasta el 31 de marzo del 2025 para las personas morales, y entre el 1 y 30 de abril para las personas físicas. Aquellos que no cumplan este trámite a tiempo enfrentarán multas de entre mil 810 y 44 mil 790 pesos.

Los contribuyentes están obligados a presentar su Declaración Anual correspondiente al año 2024. Este procedimiento permite a las personas físicas y morales comunicar a la autoridad fiscal sus ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales.

Las personas físicas son individuos con actividades económicas propias, capaces de adquirir derechos y obligaciones o que percibe un salario. Las personas morales son

los grupos de personas físicas que se unen para formar una empresa y se identifican por una razón social. Pueden ser de carácter público o privado y con fines lucrativos o no.

Una persona física puede representarse a sí misma, mientras que una persona moral debe ser representada por alguien, usualmente, los miembros de la entidad. Por ello, la Declaración Anual para personas

físicas y morales se solicita en tiempos distintos.

¿Cuáles son los pasos a seguir para presentar la Declaración Anual?

Acceder al sitio web del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Iniciar sesión utilizando el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la contraseña correspondiente o mediante la e.firma.

Proporcionar la información so-

licitada.

Firmar y enviar la declaración.

Verificar y conservar el acuse de recibo que emita el sistema.

¿Cuál es la multa por no presentar la Declaración Anual?

Las personas pueden enfrentar multas por no presentar este requisito, de acuerdo con los artículos 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación:

De mil 810 a 44 mil 790 pesos por estar fuera del plazo establecido.

De 17 mil 190 a 34 mil 350 pesos por no presentar el aviso de compensaciones.

De 18 mil 360 a 36 mil 740 pesos por no presentar declaraciones electrónicas cuando es obligatorio, presentarlas fuera de plazo o no cumplir con los requisitos fiscales.

El incumplimiento no solo genera multas del SAT, sino que también afecta el historial fiscal del contribuyente, lo cual repercute en solicitudes de crédito, trámites financieros y actividades empresariales.

La Luz del Mundo va al Poder Judicial: estos 4 candidatos, ligados a Naasón Joaquín Por Mariana Pacheco Ortiz

De la Redacción

Ciudad de México (Tribuna)

La congregación religiosa La Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín fue condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil, mueve sus fichas para meter en la boleta de la elección a 4 candidatos a un cargo en el Poder Judicial en México, cuya jornada será el próximo 1 de junio.

Aunque el grupo religioso ya había incursionado en la política de la mano de legisladores federales en las filas de Morena y varios funcionarios locales.

Sin embargo, en esta ocasión, un grupo de víctimas directas de Naasón Joaquín, ayudados por la organización Defensorxs, impugnó ante las autoridades electorales esas cuatro candidaturas.

Y es que interpusieron un juicio de la ciudadanía solicitando la invalidación de las candidaturas por no ser idóneos para el cargo.

México es un Estado laico que prohíbe la influencia de los cultos religiosos en la toma de decisiones públicas; no obstante, al igual que los grupos criminales, logran infiltrar personas en cargos públicos clave para que actúen a conveniencia.

¿Quiénes son los candidatos al Poder Judicial ligados a Naasón Joaquín?

Una de las candidatas denunciadas es Madián Sinaí Menchaca Sierra, abogada de 30 años, es candidata a jueza de distrito en materia administrativa en el Tercer Circuito (Jalisco), hija del obispo Nicolás Menchaca, quien quedó al frente de la congregación evangélica tras el encarcelamiento de Naasón Joa-

quín, además de defenderlo de forma legal. En la queja, señalan que el obispo es una figura clave “en la red de trata y corrupción de la iglesia evangélica.

La ahora candidata fue detenida en mayo de 2024 en Tlaquepaque (Jalisco) por el delito de lesiones culposas, tras haber chocado su auto con una pareja a bordo de una motocicleta, de acuerdo con un informe policial de El País.

Sochil Martin, víctima y sobreviviente de los abusos de Naasón Joaquín, ha denunciado que el obispo Menchaca le ofreció dinero para no denunciar al máximo líder de la congregación, de acuerdo con Univisión.

Cinthia Teniente Mendoza es otra candidata a magistrada en materia de trabajo por en el Décimo Sexto Circuito (Guanajuato), presidenta municipal de Villagrán por Morena; es esposa del senador Emmanuel Reyes Carmona, seguidor de La Luz del Mundo y estuvo involucrado en el homenaje que se realizó a Naasón García en Bellas Artes, motivo por el que también está denunciado penalmente por las víctimas de la iglesia.

Reyes Carmona es suplente en el Senado de Marcelo Ebrard, que dejó su escaño para convertirse en secretario de Economía de Claudia Sheinbaum. El senador ha negado con insistencia sus vínculos con Naasón Joaquín y La Luz del Mundo, pero en internet ha dejado rastro de su devoción al ministro religioso y a la congregación evangélica.

Job Daniel Ibarra Wong figura como candidato a magistrado en materia laboral en el Tercer Circuito (Jalisco), a quien señalan por desempeñarse como ministro de culto de la iglesia, lo cual es

un impedimento para participar en la elección.

Aunque advierten que no está registrado formalmente como ministro, adjuntaron evidencia de que ha asistido a congresos y otros eventos con este fin.

Betzabeth Almazán Morales es la cuarta denunciada, quien es candidata a jueza de Distrito en materia Civil por el Tercer Circuito (Jalisco), y escribió varias columnas en defensa de Naasón García tras su condena en Estados Unidos por abuso sexual infantil.

Almazán señala que al que llaman apóstol de Jesucristo fue objeto de “acciones maliciosas” y fue víctima de “arbitrariedades”.

La mayoría de los aspirantes ligados a la iglesia evangélica se ha postulado desde el Estado de Jalisco, la cuna de la congregación y donde aún ejerce mucha influencia.

La Luz del Mundo, una secta político-religiosa

Al respecto, Miguel Alfonso Meza, quien encabeza la organización Defensorxs, apunta que los líderes han implementado una secta religiosa-política, “que han aprovechado para abusar de cientos y miles de personas, no solo en México, sino en todo el mundo”.

“Acá el peligro es que la comunidad de la Luz del Mundo es tan grande y tienen estructuras electorales tan bien armadas.

“De hecho, había varios aspirantes que ya no llegaron a candidatos, pero que son de los principales operadores territoriales de la Luz del Mundo que ellos sí tienen la posibilidad, no solo de estar en la boleta, sino muy posible-

mente de ganar”, alertó.

Entre los denunciantes hay sobrevivientes de abuso sexual y maltrato psicológico, quienes señalan que ninguno de los cuatro aspirantes cumple con el requisito establecido en la reforma judicial de tener una buena reputación para llegar a juez.

Hablan víctimas de abuso sexual de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo

Charin Guzmán, una de las víctimas de abuso del exlíder de La Luz del Mundo, dijo a El Universal su preocupación por estas candidaturas por intentar interferir en el Poder Judicial, y fortalecer sus lazos a nivel político.

“La Luz del Mundo el 1 de junio va a generar un voto corporativo 100% para todos los candidatos que no fuimos detectados y los que logren salir adelante de estos cuatro”, dijo.

Sochil Martin, una de las denunciantes más visibles del líder religioso, conmina a las autoridades electorales a frenar la llegada al Poder Judicial de los representantes de La Luz del Mundo.

“Me preocupan las personas que, después de tanto miedo y de tanta valentía para denunciar, ahora temen por sus vidas”, comparte en entrevista con El País.

Autopartes que cumplan con el T-MEC estarán exentas de aranceles... por ahora: Casa Blanca

la Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles del 25 por ciento sobre las importaciones de automóviles, una medida que en principio afectaría a México, una de las principales fuentes de vehículos extranjeros.

De acuerdo con The Wall Street Journal, México es el mayor exportador, enviando camionetas de Ford y Toyota, así como sedanes económicos de Nissan y modelos de lujo de BMW y Audi de Volkswagen.

El año pasado, Estados Unidos importó casi ocho millones de automóviles y camionetas ligeras por un valor de 244 mil millones de dólares. Las importaciones de piezas de automóviles ascendieron a más de 197 mil millones de dólares, encabezadas por México, reportó por su parte AP.

En ese contexto, la Casa Blanca, mediante uno de sus voceros y en un comunicado, precisó lo que ocurrirá con el anuncio de los aranceles en el contexto del Tratado MéxicoEstados Unidos-Canadá (T-MEC). Autopartes libres de aranceles

Harrison Fields, asistente Especial del Presidente y Subsecretario de Prensa Principal de la Casa Blanca, anunció que por ahora. piezas de automóviles que cumplan con el T-MEC permanecerán libres de aranceles.

En una publicación en su cuenta de X, detalló que el arancel del 25

Mathieu Tourliere

CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Tras la plática telefónica sostenida hoy entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, las dos cancillerías difundieron comunicados con diferencias: mientras la mexicana presumió que su titular defendió las “líneas trazadas por la presidenta (Claudia) Sheinbaum”, la de Estados Unidos resaltó los “esfuerzos crecientes de México para frenar la migración ilegal al recibir más vuelos de deportación y repatriar a un mayor número de migrantes ilegales a sus países de origen”.

El Departamento de Estado fue el primero en difundir una versión sobre la llamada telefónica: planteó que los dos funcionarios hablaron sobre “los esfuerzos que se desarrollan para asegurar nuestras fronteras, desmantelar a los cárteles y detener al flujo de drogas ilícitas, armas y migrantes ilegales”, y que De La Fuente “enfatizó en la determinación de México de atender las preocupaciones de seguridad y de cooperar con Estados Unidos”.

De acuerdo con The Wall Street Journal, México es el mayor exportador, enviando camionetas de Ford y Toyota, así como sedanes económicos de Nissan y modelos de lujo de BMW y Audi de Volkswagen

por ciento anunciado por Trump se aplicará a los vehículos de pasajeros importados (sedán, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camionetas ligeras, así como a las piezas clave de automóviles (motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos), con procesos para ampliar los aranceles sobre piezas adicionales si es necesario. “Las piezas de automóviles que cumplan con el T-MEC permanecerán libres de aranceles hasta que el Secretario de Comercio, en consulta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadunidense”, detalló el portavoz.

¿Qué dice la Casa Blanca?

En un comunicado, la Casa Blan -

ca anunció que el presidente Donald Trump firmó una proclamación que invoca la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 para imponer un arancel del 25 por ciento a las importaciones de automóviles y ciertas autopartes, “abordando así una amenaza crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Sobre el T-MEC, estipula:

“Los importadores de automóviles bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense, y se implementarán sistemas que permitirán que el arancel del 25 por ciento solo se aplique al valor de su contenido no estadunidense.

“Las autopartes que cumplan con

el T-MEC permanecerán libres de aranceles hasta que el Secretario de Comercio, en consulta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadunidense”, detalló.

“La legislación, los acuerdos comerciales preexistentes como el TMEC, las revisiones del Tratado de Libre Comercio entre EU y Corea del Sur y las negociaciones posteriores no han mitigado suficientemente la amenaza a la seguridad nacional que representan las importaciones de automóviles y ciertas autopartes”, justifica el comunicado.

Estos nuevos aranceles buscan garantizar que EU pueda mantener su base industrial nacional y satisfacer las necesidades de seguridad nacional, sostuvo.

¿Afectará?

“Si los autos exportados de México a EU bajo el TMEC estarán, por lo pronto, exentos del arancel, la afectación sobre la economía mexicana no será tan grave”, consideró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE.

“Obvio hay afectación por la incertidumbre pero no tanto en las exportaciones, pues el 82% de los autos que se exportan a EU cumplen con el T-MEC”, publicó en su cuenta de X.

Tras llamada entre De la Fuente y Landau, EU resalta esfuerzos de México contra la migración

Una hora más tarde, la Cancillería difundió un boletín sobre la llamada de su titular con el funcionario de segundo nivel –su homólogo es Marco Rubio, titular del Departamento de Estado--: en él, la dependencia aseveró que el diálogo giró en torno a “la relación bilateral” y a “seguridad, migración y comercio”, e insistió en que el mexicano planteó “que la relación debe continuar sobre las líneas trazadas por la presidenta Sheinbaum: confianza mutua, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía”.

En su versión, el Departamento de Estado aseveró que Landau, quien fuera embajador de Estados Unidos en México durante el primer mandato de Donald Trump, “expresó su aprecio hacia los esfuerzos crecientes de México para frenar la migración ilegal al recibir más vuelos de deportación y repatriar a un mayor número de migrantes ilegales a sus países de origen”.

La Cancillería mexicana, por su par-

te, destacó que Landau “reconoció el trabajo realizado por México en esos rubros y reiteró la prioridad que dará a nuestro país durante su gestión en el Departamento de Estado”, e indicó que acordaron “agendar próximamente un encuentro personal”.

La conversación telefónica ocurrió horas después del anuncio de Trump sobre la imposición de aranceles a los automóviles no fabricados en Estados Unidos el próximo 2 de abril, y en medio del despliegue de tropas y buques mi-

litares estadunidenses en las fronteras terrestre y marítima de México, en una aparente estrategia de intimidación. El próximo viernes, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, realizará una visita de trabajo a México, la primera de un alto funcionario desde que el magnate tomó posesión el pasado 20 de enero. La mujer se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una delegación de alto nivel de su gobierno.

Trump impone aranceles de 25 por ciento a autos importados

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que impondrá aranceles del 25 por ciento a los automóviles importados a Estados Unidos.

“Lo que vamos a hacer es un arancel del 25 por ciento a todos los autos que no se fabriquen en Estados Unidos”, anunció el magnate desde la Casa Blanca.

“Empezamos con una base del 2.5 por ciento, que es donde estamos, y llegamos al 25 por ciento”, detalló.

Los aranceles entrarán en vigor el 2 de abril y se aplicarán desde el dia siguiente a automóviles y camiones terminados que se exporten a la Unión Americana, incluidas las marcas estadunidenses cuyos automóviles se ensamblan en el extranjero.

Uno de los objetivos de las tarifas es incentivar a las empresas a establecer más fábricas en Estados Unidos.

“Esto va a llevar a la construcción de muchas plantas, en este caso, mu-

Mathieu Tourliere CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Guadalupe Taddei Zavala, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), obtuvo hoy el apoyo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su disputa contra el grupo de seis consejeros que cuestiona la ampliación de sus poderes impulsada por Morena, partido al que ella y su familia están vinculados.

En una resolución aprobada hoy por mayoría, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF validaron la decisión de Taddei de nombrar a José Luis Arévalo Romo --un cercano suyo-- al frente de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales mediante un “oficio de designación” emitido sin consultar a los otros 10 integrantes del Consejo General. La resolución planteó que la colegialidad del Consejo General del INE “no se traduce en un derecho adquirido de sus integrantes” y resaltó que “la Constitución general no establece la forma en que el INE debe designar a las personas titulares de las áreas técnicas y operativas”, lo que representa de facto una luz verde para que Taddei siga nombrando a los directivos del organismo sin pasar por el Consejo General.

El consejero Martín Faz Mora presentó una impugnación contra la designación de Romo. En los cinco

“Esto seguirá impulsando un crecimiento como nunca antes se ha visto”, afirmó el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca

chas plantas automotrices”, declaró Trump durante la conferencia de prensa en la Oficina Oval.

“Las empresas están regresando a Estados Unidos para no tener que pagar aranceles... Esto seguirá impulsando un crecimiento como nunca antes se ha visto”, afirmó el republicano.

De acuerdo con The New York

Times, casi la mitad de los vehículos vendidos en Estados Unidos son importados.

“Creo que nuestro sector automotriz florecerá como nunca antes”, declaró el magnate, quien añadió que una vigilancia policial “muy estricta” acompañaría a las tarifas. “Esto es permanente, ciento por ciento”, insistió Trump.

Trump también anunció que Estados Unidos impondrá aranceles a las importaciones de productos farmacéuticos y madera.

Autos bajo el T-MEC

“El arancel del 25 por ciento se aplicará a las importaciones de vehículos de pasajeros (sedán, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camionetas ligeras, así como a autopartes clave (motores, transmisiones, piezas del sistema de propulsión y componentes eléctricos). Se implementarán procesos para ampliar los aranceles a otras piezas si es necesario.

“Los importadores de automóviles bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense, y se implementarán sistemas para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadunidense”, dice el comunicado de la Casa Blanca.

Tribunal Electoral respalda la ampliación de poderes de Guadalupe Taddei en el INE

puntos de su escrito, alegó que Taddei debió buscar el consenso del cuerpo colegiado para proceder a la designación –pues de otro modo vulneraría “la autonomía del INE así como la independencia de sus decisiones--, y sostuvo que Arévalo carece del conocimiento y de la experiencia necesarios para ocupar el cargo.

La resolución de la Sala Superior del TEPJF, elaborada por Felipe Alfredo Fuentes Barrera –integrante del grupo de Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta del tribunal e identificada también con Morena--, estipula que ni Faz ni los demás consejeros cuentan con la facultad de participar en la designación de Arévalo, por lo que no les corresponde opinar sobre la idoneidad del nombrado. La resolución fue aprobada por los integrantes de la Sala Superior, a excepción del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

La impugnación llegó en un contexto de ruptura que impera en el INE desde que Morena aprobó una reforma que concentraba nuevos poderes en la presidencia del INE, incluyendo el nombramiento de los directores ejecutivos y los titulares de las áreas técnicas del organismo, y

aumentaba las facultades de la Junta General Ejecutiva, instancia bajo el mando de Taddei.

Seis consejeros, incluyendo Martín Faz, combatieron en bloque esta reforma, a la que acusaron de “mermar el trabajo colegiado que es una directriz para el funcionamiento del instituto”: el 30 de octubre, gracias a su mayoría de votos en el Consejo General, aprobaron una resolución que ordenó a la Secretaría Ejecutiva a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para

invalidar la reforma.

Ese día, Taddei tronó contra los seis consejeros, a quienes acusó de sentar un “precedente muy negativo para la institución” y de invadir “temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia”. En espera de la resolución de la SCJN, el 18 de febrero Taddei ejerció por primera vez sus nuevos poderes otorgados por Morena: movió a Arévalo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social –en la que estaba laborando-- y lo nombró en la Unidad de Transparencia.

México supera las 29 mil mujeres desaparecidas. Edomex con más registros

De acuerdo con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay 125 mil 785 personas desaparecidas y no localizadas, de este total, 29 mil 24 son mujeres y en una tendencia sostenida, en la mayoría de las entidades, son los hombres quienes tienden a desaparecer con mayor frecuencia a excepción de un par, destacándose el estado de México con el número más grave de mujeres desaparecidas.

De forma histórica el estado de México figura como la entidad con el número más alto de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas a nivel nacional. Según datos de la RNDPDNO, desde 1952 a la fecha desaparecieron 60 mil 752 mexiquenses. De este universo, se segrega de la siguiente forma:

Mujeres 39 mil 430

Hombres 29 mil 322

Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas

En septiembre del 2024 se cumplió un año de que esta entidad, el monstruo poblacional más grande del país con 16 millones 992 mil 418 personas según el último censo de la Secretaría de Economía 2020 donde, además, el 51% son mujeres, fuera tomada por una mujer:

La morenista Delfina Gómez.

A un año de haber iniciado su gestión como gobernadora en el estado de México, Delfina Gómez Álvarez, es señalada por la contradicción entre su discurso de campaña en pro de los derechos de las mujeres a quienes reconoció como víctimas por casos de desaparición y feminicidio y la realidad operativa que contrasta con aquella candidata, pues bajo su mando desaparece 1 mujer cada 12 horas en la entidad.

Lo que en campaña criticaba, hoy es un pendiente de su gobierno, porque a un año de que llegó al poder -al corte del 4 de septiembre del 2024- se reportaron 891 mujeres desaparecidas y sin localizar, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Hay que señalar que Edomex, es la entidad que tiene el mayor número de registros de mujeres desaparecidas a nivel nacional, con cinco mil 196 reportes incorporados al RNPDNO en siete décadas; y la mayor cantidad de feminicidios en el país, según el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029.

Así, en esta entidad poblada -más que Honduras y El Salvador juntas-, se gesta uno de los fenómenos más poco usuales a nivel estadístico, donde el número de mujeres desaparecidas ha dejado atrás a la de sus congéneres. Ante esta realidad que ha atravesado los planes de Delfina Gómez quien prometió terminar con las desapariciones señalando en campaña que no habría

más feminicidios ni personas desaparecidas, sosteniendo que se reuniría con las familias buscadoras; nunca lo hizo. Como evidencia de esta problemática al interior del estado de México, si se considera que hay 31 mil 430 mujeres, entonces, se puede hablar que, para llegar a este número tendríamos que sumar el número de desaparecidas de, por lo menos 9 entidades: Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Yucatán y Baja California que, de forma conjunta dan 31 mil 375 desapariciones de mujeres. Y, aun así, esta cifra se queda corta a la registrada por el Edomex, con una diferencia total de 55.

Este escenario se planta y visibiliza lo endeble del Plan de Desarrollo del Estado de México que está próximo a cumplir dos años bajo la supervisión de Delfina Gómez y que pretende, entre otras cosas, identificar los factores generadores de la violencia y reparar el tejido social de forma transversal y coordinada; y para ello se estableció como estrategia, el fortalecimiento de las capacidades de la Comisión de Búsqueda de Personas.

Entre las líneas de acción de esta estrategia, destaca la creación de un sistema de información de personas desaparecidas y la puesta en marcha de proyectos de reconciliación, atención a víctimas y construcción de paz en municipios con mayores índices de violencia.

A nivel nacional, el registro de personas desaparecidas -consultado el 25 de marzo del 2025-, mantienen una media donde las desapariciones segregadas por género tienden a presentar una diferencia importante. Por ejemplo, al norte del país en Tamaulipas hay 6 mil 882 mujeres desaparecidas, mientras que el número de congéneres desaparecidos -casi- se duplica, con 15 mil 628.

A la par, en Sinaloa hay 3 mil 228 desaparecidas y 11 mil 705 desaparecidos. Con este mapeo representativo se apunta a un panorama estadístico nacional, donde además, son las entidades con mayor presencia de narcotráfico donde los hombres suelen desaparecer con mayor repunte; Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Jalisco, esta última, la segunda entidad con más hombres desaparecidos y donde la diferencia por género es aún más abismal triplicando la cifra de mujeres no localizadas. El Programa de Derechos Humanos de la IBERO sostiene en su portal ofi-

cial que, muchas de las desapariciones de hombres ocurrieron porque fueron víctimas del reclutamiento forzado por grupos del crimen organizado o tiene relación directa con la venta de órganos, mientras que las desapariciones de mujeres están vinculadas a dos agravantes: La trata de personas o crímenes de esclavitud sexual.

A la par, también existen otras entidades donde las cifras parecen emparejarse y la diferencia entre la desaparición hombres – mujeres es apenas mínima entre las que se encuentra:

Baja California Sur Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Los números rojos: Entidades donde las mujeres están desapareciendo más

De las 32 entidades, existen sólo 8 -incluido el estado de México- donde la desaparición de mujeres y niñas es mayor que la de sus congéneres, la mayoría de estos Estados se encuentran al centro y sur del país donde se ha documentado el repunte de violencia sexual, feminicidio en niñas y desplazamiento forzado derivado de las olas de violencia por el control del territorio, presencia de grupos paramilitares y la trata de personas -particularmente, mujeres, adolescentes y niñas-.

Entre las 8 entidades con este desfase estadístico se encuentra Chiapas, con 274 mujeres más en situación de desaparecidas que hombres.

Desde el 2021, Chiapas atraviesa un escenario de violencia generalizada en los municipios de Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Altamirano, Bejucal, Bellavista, Chicomuselo, Chenalhó, El Porvenir, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Mazapa, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Pantelhó, Siltepec y Tila, según ¿ha denunciado la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS).

La situación ya provocó que grupos de mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad y precarizada estén en riesgo. En consecuencia, familias abandonaron Chiapas en los primeros 5 episodios de desplazamiento forzado masivo en regiones como Altos, Norte, Frailesca y Sierra Mariscal. El resto de las entidades en donde hay que poner el foco al registrar un número más alto de mujeres se constituye

de la siguiente forma:

Entidad Mujeres desaparecidas Hombres desaparecidos

Tabasco 2 mil 144 mil 885

Aguascalientes 3 mil 486 3 mil 93

Campeche 946 731

Chiapas 4 mil 275 4 mil uno

Guanajuato 8 mil 866 8 mil 795

Hidalgo 2 mil 884 2 mil 846

Yucatán 4 mil 305 2 mil 759

Edomex: Una radiografía de la violencia contra las mujeres

De las seis entidades más pobladas del país, el estado de México presentó, durante 2023 la tasa más alta de los 14 delitos de alto impacto con 546 por cada 100 mil habitantes.

En el 2024 abrió como la entidad con más casos de feminicidios registrados con 10 registros solo en el primer mes del año.

El estado de México, además de ser la entidad más poblada del país, también fue el primero donde se decretó una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AGVM) en 2015 por el delito de feminicidio. En ese momento se consideraron 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. En septiembre de 2019 se decretó una segunda AVGM en el Estado de México, en esta ocasión -y por primera vez a nivel nacional- por el delito de desaparición. En este caso los municipios con alerta fueron: Toluca, Ecatepec, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli.

El gobierno estatal informó que, a mediados del 2024 se asignaron 110 millones de pesos a los municipios que tienen Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición. Esto fue durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de los Mecanismos para la Operación de Recursos para la Mitigación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición. Para atención de la Alerta por Feminicidio se destinaron 66 millones de pesos, y para la Alerta por Desaparición fueron 44 millones de pesos. Los 11 municipios con Alerta por Feminicidio son: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. Según registró Cimacnoticias en el reportaje «En el primer año de Delfina en Edomex desaparece una mujer cada 12 horas«, los primeros nueve meses de Delfina Gómez en el poder, coincidieron con el periodo del proceso electoral, más grande del país.

RACISMO Y XENOFOBIA: UNA REALIDAD CONSTANTE EN MÉXICO

Dinorah Arceta, coordinadora de incidencia, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

En el contexto de la cuarta revisión del Estado mexicano ante el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) y el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Racismo MX y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) elaboramos un informe sombra sobre la xenofobia y el racismo hacia las personas en movilidad, con el objetivo de señalar los retrocesos en el cumplimiento de la Convención para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Desde la sociedad civil hemos denunciado que, con el fin de castigar la migración irregular, el gobierno mexicano ha implementado medidas restrictivas de contención migratoria y de gobernanza fronteriza, enfocadas en la seguridad y la militarización, alterando la percepción de la sociedad mexicana sobre la gestión de la movilidad humana, promoviendo un enfoque punitivo y criminalizante.

Según una encuesta realizada por el diario Reforma y The Washington Post en 2019, el 51% de la población mexicana encuestada apoyaba el uso de la Guardia Nacional para contener la migración irregular. Mientras que datos del ACNUR de 2024 señalan que el 13% de las personas encuestadas considera que la respuesta del gobierno ante la migración debería ser cerrar la frontera sur y expulsar a las personas en movilidad del país. Las narrativas gubernamentales que asocian falsamente a las personas en movilidad con amenazas a la seguridad contribuyen a mayor discriminación, xenofobia y violencia.

Actualmente, los albergues gestionados por la sociedad civil están saturados debido a la falta de infraestructura adecuada por parte del gobierno. Los tiempos de permanencia de las personas que se dirigen a Estados Unidos se han prolongado por la falta de información y las restricciones impuestas por ese país, respaldadas por el gobierno mexicano, dejando a muchas personas varadas en condiciones precarias.

Además, la cancelación de la aplicación CBP One las ha obligado a buscar alojamiento prolongado. Ante la falta de una respuesta adecuada de las autoridades han surgido asentamientos irregulares, conocidos como campamentos, sin que se promuevan procesos de cohesión social, integración o

sensibilización de las poblaciones de acogida. Esto ha alimentado narrativas xenófobas y racistas (debido a que en su mayoría quien habita estos lugares son personas en movilidad racializadas), lo que ha dado lugar a actos de rechazo y violencia, incluyendo desalojos forzosos y campañas estigmatizantes contra albergues, como en el caso de CAFEMIN y el muro construido en Apizaco, Tlaxcala para impedir el paso de personas en movilidad. Por otro lado, las organizaciones hemos documentado casos en los que los cuerpos de seguridad y las autoridades migratorias han utilizado perfilamientos raciales para detener a personas en movilidad. En 2015, cuatro personas tseltales de Chiapas fueron detenidas en Querétaro por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) bajo el argumento de que «parecían de Guatemala», a pesar de mostrar documentos de identidad mexicanos.

Tres de ellas (una menor de edad en ese momento) fueron llevadas a una estación migratoria donde fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes para que firmaran documentos donde aceptaban ser de origen guatemalteco.

En ningún momento se les proporcionó traductor pese a que no hablaban español. La Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el IMUMI asumieron su representación jurídica, promoviendo un juicio de amparo que llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y donde se resolvió que las revisiones en carretera son inconstitucionales porque están basadas en perfilamientos raciales, además de ordenar modificar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, relativos a las revisiones migratorias, por violar el derecho a la libertad de tránsito y reforzar estigmas raciales.

A pesar de este fallo, las revisiones migratorias en carretera han aumentado en todo el país, con

denuncias de hostigamiento, extorsión, detenciones arbitrarias y discriminación, afectando a personas con necesidades de protección internacional, población indígena y afrodescendiente, extranjera y mexicana, principalmente. Entre 2022 y 2023, el INM realizó 53 mil 678 operativos de revisiones migratorias, resultando en más de 400 mil eventos de privación de libertad en estaciones migratorias. Estas revisiones son racistas, ya que personas afrodescendientes, indígenas y de determinadas nacionalidades, como haitianas y venezolanas, junto con aquellas de diferentes etnias y colores de piel son particularmente perseguidas a través de estas prácticas arbitrarias debido a las estructuras de racismo presentes en México, donde prevalece la creencia de una “sola forma de ser o parecer una persona mexicana”, aun si la nacionalidad no se ve. Organizaciones también han documentado una práctica generalizada de discriminación hacia personas extranjeras por parte de las autoridades migratorias, especialmente en los aeropuertos, donde se registra un alto nivel de rechazos por parte del INM. Entre 2017 y 2024 se registraron más de 440 mil casos de rechazos en aeropuertos, con un aumento anual de seis veces desde 2017. Muchas personas extranjeras que llegan a México por vía aérea son sometidas a primeras y segundas revisiones migratorias basadas en estereotipos raciales, étnicos, entre otros, y enfrentan abusos al ser privadas de su libertad e incomunicadas en las estaciones migratorias de aeropuertos.

A menudo no reciben explicaciones más allá de no cumplir con los requisitos de ingreso al país, y son regresadas de forma expedita. Organizaciones han acompañado casos en los que, incluso cuando las personas cuentan con visa o necesitan protección internacional, se les niega su acceso al territorio

mexicano.

La conexión recíproca entre las narrativas xenófobas y las políticas de contención también han influido en las expulsiones mediante procedimientos que carecen de normas fundamentales de derechos humanos, incluidas las garantías procesales. Estas medidas de tipo punitivo podrían afectar varios derechos, como al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a la unidad familiar, entre otros.

Finalmente, otra situación preocupante de discriminación institucional hacia las personas en movilidad es la restricción de documentación migratoria para acceder a la compra de boletos de autobús. En 2019, en un contexto de aumento de la presencia de personas en movilidad en México, la Secretaría de Gobernación, el INM, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Guardia Nacional intensificaron las acciones de contención migratoria por vía terrestre.

Identificaron que algunas personas en movilidad, así como aquellas con necesidades de protección internacional, utilizaban los servicios de autotransporte de pasaje para llegar a los puntos de entrada de Estados Unidos. En respuesta, emitieron un oficio dirigido a las empresas de transporte para que solicitaran documentación que acredite la estancia regular de las personas como requisito para la compra de boletos de autobús y el acceso a los vehículos.

Ante este contexto, tanto Racismo MX como IMUMI recomendamos al CMW que inste al gobierno mexicano a desarrollar iniciativas destinadas a fomentar la participación de las comunidades en acciones para prevenir la xenofobia y el racismo, promoviendo la cohesión social y el entendimiento mutuo.

Además de poner fin al enfoque militarizado, punitivo y criminalizante de las acciones de control migratorio y en su lugar optar por un enfoque basado en derechos humanos; y a llamar al Estado mexicano a reforzar todas las políticas encaminadas a aplicar mecanismos sólidos de rendición de cuentas del INM y otras autoridades con contacto directo con población en movilidad, incluida la supervisión independiente, los mecanismos de denuncia y las medidas disciplinarias en caso de comportamiento xenófobo y racista.

Las medidas deben ir encaminadas a intensificar la formación continua de las autoridades competentes, especialmente en materia de derechos humanos, antirracismo e interculturalidad.

¿CÓMO SE FISCALIZARÁN LOS PROCESOS DE ELECCIÓN DE CARGOS JUDICIALES?

Hace unas semanas el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos que regirán la fiscalización en los procesos de elección de cargos judiciales, federales y locales, en el contexto del proceso electoral extraordinario en curso (acuerdo INE/ CG54/2025).

Esos lineamientos buscar regular la presentación de información comprobatoria por parte de las candidaturas, así como mecanismos de revisión del origen y destino de recursos que se eroguen en los procesos de la elección judicial.

Esa normatividad prevé prohibiciones, obligaciones y derechos de los candidatos, faltas en que pudieran incurrir, así como sanciones a las que podrían hacerse acreedores.

Una vez que fueron aprobados, diversos candidatos se mostraron en desacuerdo con los lineamientos y presentaron varios medios de impugnación en su contra.

Al resolver esos juicios, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de al Federación (TEPJF) emitió una sentencia que, por un lado, decidió modificar uno de sus preceptos relacionado con la cancelación de registros. Por otro lado, confirmó las demás disposiciones controvertidas (SUP-JDC-1235/2025 y acumulados).

Es importante para la ciudadanía dar cuenta de las razones de esta resolución.

La Sala Superior concedió la razón a los promoventes en una parte de sus agravios porque consideró que el INE no debió limitar la cancelación del registro a sólo dos de las conductas previstas como posibles infracciones.

Las dos conductas a las que se limitaban los lineamientos eran las siguientes: a) recibir recursos públicos y/o privados y b) asistir a eventos de partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes, candidaturas

independientes y/u organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político.

Sin embargo, los candidatos pueden incurrir en un mayor número de conductas infractoras, como lo establecen los propios lineamientos (artículo 51) Esas otras conductas son, por ejemplo, rebasar el tope de gastos personales determinados por el propio INE o un Organismo Público Local Electoral (OPLE); contratar por sí o por interpósita persona espacios en radio y televisión, internet, pautado en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación para la promoción de sus postulaciones, lo cual se considera como un ingreso o gasto prohibido.

Asimismo están las conductas relativas a omitir registrar ingresos y gastos junto con la documentación comprobatoria, así como no presentar el informe único de gastos; u omitir presentar una agenda de eventos, modificaciones a esta o de manera extemporánea, registrar ingresos y egresos de forma extemporánea, y omitir adjuntar muestras del bien o servicio adquirido, entre otros.

Finalmente, se encuentra la conducta relativa a incumplir con cualquier disposición de los lineamientos del INE en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados en las campañas judiciales.

En esta tesitura, la limitación a sólo dos conductas se consideró inválida. Lo procedente es que la sanción relativa a la cancelación del registro se regule de manera genérica en el catálogo de sanciones y sea, en el análisis particular de cada caso concreto, cuando la autoridad determine si procede imponerla, o no. Así, se ordenó modificar el artículo 52, fracción III, de los lineamientos, a efecto de que quede redactado así: “Las sanciones aplicables a las personas candidatas a juzgadoras, sean del ámbito federal o local, son las siguientes: (...) “III. La cancelación del registro de su

candidatura, cuando la gravedad de la falta lo amerite”.

El resto de los agravios formulados por los demandantes fueron declarados infundados.

Entre las consideraciones que se realizaron al respecto destaca la relativa a que imponer un límite a los gastos u operaciones en efectivo es constitucional porque las reglas resultan proporcionales con el origen de los recursos que se utilizarán (patrimonio propio).

También se determinó que la restricción a la participación política (apoyo voluntario de la ciudadanía) es acorde con el modelo normativo de no recibir financiamiento público ni privado.

Además, se estableció que con la prohibición de contratación de propaganda en redes sociales y en la vía pública no se vulnera la libertad de expresión porque solamente se restringe la entrega masiva de mensajes en ese medio de comunicación, y no la emisión de mensajes de manera ordinaria.

También se consideró que los lineamientos describen lo que debe contener el informe de capacidad económica a efecto de que la autoridad conozca la evolución del flujo de dinero.

La ley estableció que los candidatos pueden hacer uso de sus redes sociales o de medios digitales para promocionar sus candidaturas, por lo cual el INE las puede monitorear.

Por otro lado, se destacó que los candidatos podrán participar durante campaña en entrevistas de carácter noticioso y foros de debate organizados y brindados gratuitamente, en condiciones de equidad; por lo tanto, se trata de actos fiscalizables.

Como se puede observar, con este asunto el TEPJF continúa con la resolución de casos que orientan el desarrollo del proceso electoral extraordinario con la integridad y la certeza que son imprescindibles en las elecciones judiciales de México.

EL GRAN RETO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN MÉXICO

El pasado viernes 21 de marzo concluyó mi nombramiento como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Y ante esto es importante decir que la encomienda de garantizar los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales en un país como México, con una creciente demanda de transparencia, no es tarea sencilla.

Durante mi gestión como comisionada tuve el honor de enfrentar esta responsabilidad pública con un compromiso total con la ciudadanía. Prueba de ello es que durante mi nombramiento de cuatro años resolví 19 mil 942 medios de impugnación interpuestos por las y los mexicanos, una cifra mayor que muchos excomisionados que duraron siete y nueve años en el encargo. Este trabajo no sólo refleja cifras, sino historias de personas que buscan respuestas y que, a través de sus solicitudes, lograron en muchos de los casos mejorar su calidad de vida, pues como lo he dicho siempre el principal fin del instituto era la utilidad social.

Cada caso resuelto representó un reto constante, pues la demanda creció considerablemente a lo largo de los años. Prueba de ello es que, de 2014 a marzo de 2025, en el INAI se resolvieron un total de 173 mil 185 medios de impugnación. Este aumento es un claro indicador del interés de la sociedad, sobre todo si tomamos en cuenta que en 2014 el total fue de 7 mil 41, una cifra muy distante a los 20 mil 609 que registró el 2024.

Si bien el INAI coadyuvó a abrir grandes casos de corrupción a través de la información pública, la mayoría de los recursos estaban enfocados a los derechos básicos de las personas. Prueba de ello es que la mayoría de los recursos de revisión fueron hacia instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Secretaría de Salud, con 17 mil 281; 9 mil 862; 6 mil 197; 4 mil 854, y 4 mil 399 recursos, respectivamente.

De los 173 mil 185 re -

cursos interpuestos por la población, 150 mil 344 fueron en materia de acceso a la información pública y 22 mil 841 fueron sobre datos personales.

Aunado a esto, la gran mayoría fueron al Poder Ejecutivo federal, pues este sector registró 130 mil 287.

La labor realizada en el INAI fue esencial para garantizar que todas las personas puedan acceder a información relevante que, en muchos casos, mejora directamente su calidad de vida. Agradezco el trabajo realizado por mi ponencia durante estos cuatro años, profesionales decididos y comprometidos con la población. Concluyo una etapa importante de mi vida, pero esto no se acaba aquí. Yo continuaré trabajando con pasión y empeño para fortalecer la transparencia, la protección de datos personales y la confianza de la sociedad en las instituciones públicas, ahora desde otra trinchera. Esperamos que el nuevo marco normativo que entró en vigor funcione de la mejor forma, estaré abonando desde donde esté por que así sea. La transparencia no es un privilegio, es un derecho que debemos proteger con responsabilidad y compromiso.

Julieta del Río

FUEGO LENTO

Alberto Ramos García.
Un paracetamol para el IMSS Bienestar.

Cinco grandes dificultades pueden señalarse en materia de seguros sociales: el problema crónico de financiamiento, la falta de uniformidad de las prestaciones, las limitaciones de los fondos de pensiones, el problema de la calidad en la protección social creada “dentro” del IMSS, así como la existencia de infraestructura deficiente.

El IMSS enfrenta varios problemas de estos, entre ellos los más marcados son, deficiencias en el financiamiento, la calidad de los servicios, la cobertura y la infraestructura. El Seguro Social ha sido una de las instituciones más golpeadas en cada sexenio, su servicio se ha vuelto tan deficiente que las quejas de los derechohabientes van en aumento.

En los últimos años IMSS Bienestar ha sufrido un declive en sus indicadores operativos, como número de consultas, equipamiento e infraestructura.

Así, la transición entre los sistemas de salud requerirá ampliar la cobertura del IMSS-Bienestar; deberá también ‘adoptar’ a un gran número de pacientes provenientes del Insabi y, sobre todo, deberá repararse a sí mismo.

Lo asombroso es como Zoé Robledo se ha mantenido en la dirección general del IMSS, pesé a los escándalos de su vida privada y por supuesto, de las desgracias que han sido nota nacional. Eso sin olvidar los negocios jugosos que obtuvo en la

pandemia, mientras unos morían; él y otros se engordaban el bolsillo.

Si la cabeza está mal, por supuesto que todo el resto también estará mal.

En el IMSS de la Unidad Médica Familiar N.17, San Cristóbal de Las Casas, trabajadores denuncian a la actual directora, Christhian Matilde Salas Zenteno, quien ha realizado total abuso de poder, “robo y hasta fraude”; y se comenta que aprovechándose de su posición.

Por supuesto que la asignación de contratos, no tiene nada que ver con su nivel jerárquico, casualmente la Unidad Médica Familiar 17 cuenta con laboratorios y subrogados médicos, tan solo para este 2025 fueron asignados para dar una atención a toda la derechohabiencia de San Cristóbal, el total de $2,300,000 para los servicios de RX y Ultrasonidos.

Sin embargo, existe conflicto de intereses pues echando a andar todo su emprendimiento, Christhian Matilde Salas Zenteno instaló en su propio domicilio un consultorio de Ultrasonidos, a los que son enviados los pacientes, en el horario de 17:00 a 20:00 horas, de Lunes a Viernes.

Lo que resulta poco creíble es que ese monto de recursos asignados, ya fueron agotados en el primer trimestre de este 2025, por lo que se presume, que la directora del IMSS Número 17 podría estar falsificando formatearía para que en conjunto con la encargada del subrogado

San Sebastián S.A. C.V. se enriquezcan de manera fraudulenta mensualmente, todo con respaldo y consentimiento de los jefes superiores.

Entre líneas…

Érika Muñoz Vidrio, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), señaló al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la persistencia en las deficiencias de su servicio, lo que constantemente repercute en la salud de sus colaboradores.

Tal situación, destacó la empresaria, ha llevado a que los patrones paguen la atención de sus trabajadores en hospitales privados, hecho que lamenta, afecta considerablemente las arcas de las empresas, quienes ya de por sí pagan de manera obligatoria sus cuotas ante un IMSS.

“En el sector empresarial a veces hemos optado por pagar a nuestros colaboradores en hospitales privados, pero no se trata de ello, sino que del sector salud se fortalezca y nos brinde a nosotros y a nuestros colaboradores buenos servicios. Hay mucho que hacer ahí, porque eso nos está aumentando los costos” señaló.

Muñoz Vidrio aseguró que los problemas siguen siendo los mismos de siempre, por lo que no ha habido mejoras ni progresividad, sino todo lo contrario. Ante ello, hizo un llamado al IMSS para que cumplan con su parte, pues los empresarios

hacen la suya pagando la cuota correspondiente a cada empleado.

“Se tiene un rezago importante; falta de medicamentos, falta de atención, largo tiempo de espera para una cita, pese a que sean gastos mayores como cirugías, etc. Ha sido todo un tema, pues el gasto más importante que tenemos es la carga social, ya que la nómina representa el 40% del costo, por lo que deberían brindarnos un mejor servicio” sentenció.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la sociedad gasta más que otros países para atender padecimientos u otros asuntos relacionados con la salud; se estima que el 41.4% de cada 100 pesos, provienen del gasto familiar.

Con información de NewsWeek.

Finalmente…

El Gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, debe de poner un alto , a las “calenturas electorales anticipada” . Y esto lo digo, por evento ayer, donde aparecieron gorras a nombre de cierto funcionario de primer nivel …Primera llamada Nos leemos mañana, Dios mediante,y recuerden: No hay muerte… hay mudanza.

Y del otro lado te espera gente maravillosa, tu abuelo y mi madre, que creía que la pobreza está más cerca del amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja, porque nos hace desconfiados.

PALABRAS JJUSTAS

• Justo en el día que se invita a erradicar la violencia hacia las mujeres, fuimos violadas, fuimos violentadas en nuestros derechos, fuimos utilizadas ¡no por un hombre! sino por Diputadas MORENISTAS.

• Alito Moreno, como moneda de cambio y de rodillas como siempre para lo que se ofrezca.

Diputadas de MORENA, precisamente en el día 25N del Día Naranja, fecha en la que se invita a erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas, decidieron arropar al presunto violentador sexual Cuauhtémoc Blanco, cual traidoras y sumisas del patriarcado político, al unísono gritando “No estás solo” “No estás solo”, robándose la frase que es utilizada en las marchas feministas.

Las diputadas de MORENA fueron: doblegadas, silenciadas, para que no hablaran, para que no opinaran, bajo la complicidad del Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Carlos Gutiérrez Luna y sin faltar por supuesto el Coordinador Parlamentario de MORENA, Ricardo Monreal, quien es la mano que mece la cuna y veamos porqué se lo digo, en reunión privada les dice y cuidando cada detalle por aquello de que lo pudieran estar grabando. ¡Y que si lo grabaron! y con mucho colmillo por cierto y de manera sutil les dice a los Diputados y Diputadas, “El debate debe de ser de nivel, sin ofensas, que la decisión deberá ser de manera libre, tenemos principios, dice, pues en la Sesión del 25 del Día Naranja, demostraron todo lo contrario, se rebasaron todos los límites de la decencia, de la cordura, de la congruencia.

La consigna era dar atole con

el dedo a todos, argumentando una integración indebida de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, pero esto solo fue una artimaña muy bien fraguada para proteger a Cuauhtémoc Blanco, por instrucciones directas “de la hamaca”, como algunos Morenistas llaman al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y por supuesto que sí lo protegieron, sin importarles lo que vendría después de sus gritos “No estás solo” “No estás solo”, anteponiendo su dignidad, su género, ni siquiera por sus propios intereses, sino los ajenos, sin voluntad propia, por lo menos eso es lo que todos pudimos ver y escuchar y ahí va la pregunta de los 60 mil, quién manda en ambas Cámaras, quién opera los designios legislativos e incluso hasta en el gobierno federal.

Con el manto protector que mujeres de MORENA le han dado a Cuauhtémoc Blanco, se advierte claramente un rompimiento entre los grupos parlamentarios Morenistas, el grupo en el poder empieza a desmoronarse, que va a pasar en los días siguientes.

Hoy se violaron a todas las mujeres del país, no solo a la hermana de Cuauhtémoc Blanco, Nidia Fabiola Blanco, se violentaron todos los derechos de una mujer, hoy se violaron todos los derechos de las mujeres, hoy todas fuimos violentadas no por hombre, si -

no desgraciadamente por otras mujeres, mujeres con poder, que no lo utilizan para ellas, sino para sostener en el poder al patriarcado político.

Con la cola pisada

Tan grande pero tan grande es la cola que le pisan al Presidente del PRI, Alejandro Moreno, por parte de MORENA, que basta con una amenaza para que este se arrodille ante el partido en el poder, cedió ante la petición de ya saben quién para que él y su bancada aceptaran no quitarle el desafuero a Cuauhtémoc Blanco y ahí van también las mujeres priistas sometidas al patriarcado político sin importarles absolutamente nada.

Qué grado de dignidad ha demostrado las mujeres de los diferentes partidos como: MORENA, Verde Ecologista, PT aunque no todas y el PRI, que finalmente demuestra lo que fueron, lo que son y lo que jamás volverán a ser y tener, eso años gloriosos de antaño, ah que cómo han de extrañar y por eso solo se conforman con migajas que les tira MORENA. El pacto de sororidad, el pacto entre mujeres que se adolecen por los feminicidios, por los abusos sexuales, por la violencia física y psicológica, sin olvidarnos de la vicaría, la digital, etc. etc., está roto, la marcha y las consignas por el 8 de marzo de este 2025, quedó en el olvido, las mismas que gritaban no

estás sola, hoy se lo dicen a un presunto violador, cobijándolo como si él fuera la víctima. En el supuesto de que el expediente de la Fiscalía no esté bien integrado, no significa que Cuauhtémoc Blanco, no sea responsable del presunto abuso sexual y eso es algo que debe de ponerse mucha atención y finalmente hacer que el abusador sexual se le quite el desafuero para que enfrente a la justica como debe de ser apegado a derecho y sin tráfico de influencias, o a que le tiene miedo.

El sábado 29 mujeres están convocando a una marcha en contra del asalto que se hizo en la cámara de Diputados para proteger a un presunto violador sexual, el punto de reunión será la Glorieta de las Mujeres en la Ciudad de México, en punto de las 11 de la mañana, veremos cuantos estados del país se unen a esta marcha y ya veremos de donde salen más correas, veremos el poder de las verdaderas mujeres.

¡Grita mujer! ¡Grita! Tan fuerte que tu voz y tu luche triunfen, tu poder radicar en tu fuerza, en tu coraje, en tu impotencia, en tu fe, pero sobre todo mujer, tu fuerza radica en que “No estás sola” “No estás sola”, estas palabras son y serán siempre de las que luchan por acabar con el patriarcado y no para protegerlo, traidoras aquellas que se escudan en su género de manera perversa para proteger a los violentadores.

CONTRA PODER

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