tiva exclusiva presidencial (y no legislativa), sino porque además viola el artículo 20, incido segundo de la Constitución, que establece que en ningún caso se podrán establecer tributos manifiestamente desproporcionados e injustos, y éste, por lo tanto, es un tributo desproporcionado e injusto a todas luces, nadie podría discutir eso. Por lo tanto, es inconstitucional por esas dos razones”, indica. El dirigente gremial comenta que uno de los principalles efectos que tendrá es generar “una carga tributaria a la minería el doble respecto a los países competitivos en inversión minera. Si hay algunas empresas que con este royalty van a disminuir fuerte su utilidad, evidentemente, van a tener una carga tributaria con tasas efectivas hoy de 22,75% sobre ventas. Las que exporten concentrados van a tener que soportar esa carga 100%, más el impuesto a la renta y el royalty. El impuesto específico a la minería y el impuesto a la renta, suman
una tasa que supera el 60 o el 70% según el precio, y puede llegar hasta más del 80%, hasta 82%”. Incluso, “significa que quedamos como el país en el último lugar de elección de inversión minera en base a la carga tributaria, pero muy lejos del que nos sigue”, asevera. Respecto al efecto que este proyecto de ley tendría entre los proveedores mineros, menciona que “detiene las inversiones, las disminuye en niveles muy altos. Hay un cuestionamiento fuerte sobre la continuidad de las inversiones. Las inversiones generan mucho trabajo a los proveedores mineros, a los trabajadores en general. Un proyecto minero puede ocupar dos mil o tres mil personas en la etapa de construcción, y eso va a disminuir notoriamente, sin ninguna duda, y eso va a significar menor trabajo para los proveedores en general, incluso con fuerte impacto en los proveedores locales de las regiones mineras, Antofagasta, Atacama, Tarapa-
Foto: Gentileza Aprimin.
Foto: Gentileza AIA
Foto: Gentileza Sonami.
Reportaje
cá, Coquimbo, O´Higgins, y también la Región Metropolitana, de manera que esto es un impacto muy fuerte, no sólo para las mineras, sino para toda la cadena productiva que genera el producto minero, para los trabajadores mineros, las localidades mineras”.
de Izq. a Der.: Diego Hernández, presidente de Sonami, Marko Razmilic, presidente de la AIA y Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin.
Tramitación en el Senado En cuanto a cómo debería llevarse a cabo la tramitación de la iniciativa en la Cámara Alta, Diego Hernández llamó a los senadores a actuar mirando el interés nacional, ponderando en su futura decisión que “aquí se juega el destino de una industria que, a vía de ejemplo, en los últimos quince años ha realizado un aporte relevante a la economía y desarrollo nacional, generando el 13% del PIB que registró Chile, el que se eleva a más del 20% considerando los efectos inducidos, además, junto con el 20% de la inversión total, el 60% de las exportaciones y el 14% de la totalidad de los ingresos fiscales”.
www.mch.cl • Mayo 2021 / nº 479
17
