OpiniónOpinión Uno Dos MIÉRCOLES, 10 MARZO 2021
RINOCERONTOSIS
Compliance penal Christopher Pastrana Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM @capastranac
E
No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. Abraham Lincoln
n el auge (por lo menos en publicidad) de la lucha contra la corrupción, es indispensable tener presente que no sólo los servidores públicos y los particulares podemos incurrir en delitos por hechos relacionados con corrupción. Las personas jurídicas pueden también cometer estos y otros delitos y, por lo tanto, ser sujetos de responsabilidad penal. La responsabilidad penal de las empresas es relativamente nueva. Surge de la inclusión del procedimiento para las personas jurídicas en tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales
como en el Código Penal para el Distrito Federal en 2014, en donde además se incorporaron las consecuencias jurídicas de la responsabilidad penal de una persona moral o jurídica. A diferencia de lo que históricamente había ocurrido con la regulación de la responsabilidad penal de personas morales, el Código Nacional de Procedimientos Penales dispuso a partir de entonces, que las empresas podrían ser responsables por los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Por su parte, el CPDF establece que serán responsables de los delitos dolosos (incluida la tentativa) o culposos, así como los señalados en las leyes especiales locales. Eso sí, quedaron exceptuadas de responsabilidad penal las instituciones del Estado. Dependiendo el caso en concreto, las sanciones son variables y pueden consistir en multa, decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito; la publicación
de la sentencia respectiva; y/o la disolución o suspensión de sus actividades; clausura de sus locales o establecimientos; prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión del delito; amonestación pública, etc. También es importante señalar que la acción penal no se extinguirá por la transformación, fusión, absorción o separación de las empresas. No se confundan, esta responsabilidad es independiente a la de los representantes o administradores de la empresa, en su calidad de personas físicas, es decir, ellos serán responsables, con consecuencias jurídicas propias, respecto de sus actos u omisiones. Ante este panorama, el reto en construcción no es menor. Se trata, por un lado, de generar una política corporativa de prevención del delito y, por el otro, que los integrantes con poder de decisión dentro de una empresa, se asuman desde ya como colaboradores permanentes del Estado en la prevención delictiva al interior de sus corporaciones. Lo contrario, la ausencia del
Los muros como respuesta Jacqueline Peschard
L
a incapacidad del presidente López Obrador para comprender la dimensión de la lucha feminista se explica por la concepción que tiene de la relación entre la sociedad y su gobierno. Como bien sabemos, para AMLO, sólo existen dos posibilidades, estar con él de manera incondicional, o estar en contra, colocándose del lado de los conservadores, reaccionarios y herederos del viejo régimen neoliberal. Este es el lente con el que observa las legítimas protestas de las mujeres por la violencia incontenible de que son objeto y que hoy por hoy, constituyen el único movimiento social vivo, actuante y, cada vez más visible y sonoro. Para el presidente, las movilizaciones feministas son parte de una campaña de desprestigio en contra de su gobierno, es decir, no son genuinas, sino que están manipuladas por sus opositores. Atrapado en su visión estrecha, su respuesta se reduce a colocar todo tipo de muros para bloquear las distintas voces y ponerle cercos a todo aquello que no esté en sintonía con su discurso y su
proyecto personal. Sus muros adoptan muy variadas modalidades y van desde las vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional y edificios aledaños, hasta barreras para amedrentar a quienes buscaban documentar las marchas de las mujeres el pasado 8 de marzo. La colocación en los techos de Palacio de personal de seguridad con “antidrones”, que asemejaban fusiles, tenía la intención declarada de inhibir actos de violencia, pero no dejó de ser una forma de amedrentar a periodistas y fotógrafos, pero también a las manifestantes en general. El muro como bloqueo se evidenció también, el mismo 8 de marz o, en ocasión del pronunciamiento que hicieron mujeres del gabinete presidencial, encabezadas por la secretaria Olga Sánchez Cordero, para identificar al gobierno actual como “el más feminista del mundo”, reconociendo la deuda histórica del Estado mexicano con la desigualdad de género. La reunión del autoproclamado primer “gabinete paritario” se transmitió no sólo por alguno de los canales públicos de televisión, que son cada vez más gubernamentales y oficialistas, sino mediante un mecanismo que, sin obligar a una transmisión en cadena nacional, propone a los distintos medios una noticia que conviene ser replicada. Para los medios gubernamentales, se
trata de una instrucción, pero para los canales privados se presenta como una sugerencia. Esta suerte de muro en los medios de comunicación frena la interlocución libre de las transmisiones y muestra un intento por capturar el espacio mediático para impedir la expresión de voces distintas y asegurar la primacía del mensaje oficial. Aunque se trate de una mera sugerencia, sabemos que no atenderla puede tener un costo, dado que la asignación de la publicidad oficial sigue estando reservada, concentrada y sin parámetros de distribución objetivos, en la Secretaría de Gobernación. Ante el dilema de las mujeres del gabinete de expresar su respaldo a la oleada verde y morada, o sumarse a la postura presidencial que niega legitimidad al movimiento feminista, optaron por activar una declaración de solidaridad con las causas y reclamos de las mujeres. Empero, la recreación de su mensaje en diferentes medios no fue suficiente para anular el triunfo simbólico de las manifestantes que convirtieron la valla metálica del Palacio Nacional en monumento c o n m e m o rat ivo d e l a s mu j e r e s asesinadas. Tampoco modificó los oídos sordos del presidente quien en la mañanera del día siguiente felicitó a las policías de la CdMx por haber frenado “la violencia y la provocación”. A esto
debido control organizacional, gestión empresarial, deberes de supervisión, vigilancia, prácticas de auditorías, entre otros mecanismos, supone la generación de un espacio propicio, no siempre aprovechado pero existente, para la comisión de delitos cometidos por personas físicas, cuyas acciones u omisiones también supondrán responsabilidad penal para las personas morales. En palabras simples, el compliance penal es una planeación estratégica integral que las empresas están obligadas a diseñar e implementar con el propósito de evitar que sus representantes, de hecho o de derecho, cometan delitos. Así matamos dos pájaros de un tiro. Si la empresa autoconstituida en policía corporativa, así sea con fines individualistas de preservación de la empresa, evita la comisión de delitos a manos de personas físicas, evita los de la persona moral. No se crea que esta responsabilidad penal empresarial es cuestión exclusiva de big shots o peces gordos. Absorbe a empresas de todos los giros comerciales, con independencia de su capacidad o potencial económico y, por ello, todas las empresas deben, sí o sí, transitar hacia esquemas para minimizar riesgos y convertirse o consolidarse como corporaciones socialmente responsables en el sentido más amplio.
redujo AMLO la marcha feminista del Día Internacional de la Mujer. Los diferentes tipos de muros que ha colocado el gobierno federal en respuesta a la movilización de las mujeres son una prueba de la indiferencia presidencial frente a los datos objetivos de la violencia que padecen las mujeres. Hay que recordar que México es el segundo país de América Latina, sólo detrás de Brasil, con el mayor número de crímenes en contra de mujeres por razones de género y la CEPAL ha llamado la atención sobre el elevado índice de impunidad que existe en nuestro país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, reportada por México Evalúa, durante el segundo semestre de 2020, 5 millones de mujeres sufrieron alguna forma de violencia sexual y 98.6% de dichos casos no fueron denunciados, es decir, no se inició investigación alguna, ni mucho menos hubo sanciones. Sabemos también que durante la pandemia se ha incrementado la violencia intrafamiliar y que las mujeres, adolescentes y niñas son las víctimas. Hay que recordar además, que en lo que va de la actual administración, se ha recortado el presupuesto de 11 programas sociales vinculados con la atención y defensa de las mujeres, como el de las estancias infantiles, o de las casas de refugio. El presidente López Obrador sigue insistiendo en ignorar las protestas de las mujeres, porque confía en su alta popularidad, pero tal incomprensión puede encontrar su límite mucho más pronto de lo que imagina.
