ABOGADOS DE VALLADOLID / El colegiado opina / 40
El colegiado opina Por Marta Aparicio Gutiérrez, abogada
Estos últimos meses hemos vivido un periodo insólito, donde de la noche a la mañana recibíamos normas que, con poca capacidad de tiempo de análisis, nos veíamos obligados a estudiar para aplicarlas a la nueva realidad. Muchas de ellas nos afectaban directamente como colectivo, por lo que todos, de una manera u otra, a nivel personal y profesional, hemos tenido que reinventarnos y trabajar con herramientas, espacios y tiempos distintos a los habituales. Desde la revista, hemos pretendido conocer vuestro parecer respecto de lo acontecido en este tiempo, agradeciendo vuestra implicación en esta sección.
¿Consideras que nuestra profesión es lo suficientemente combativa a la hora de defender los derechos e intereses de nuestro colectivo? Lamentablemente la mayoría de las respuestas reflejan una visión negativa en cuanto a la actuación de nuestro colectivo para defender nuestros derechos. En general se ha valorado positivamente la labor realizada por el Colegio de Abogados, pero la consideran insuficiente, en cuanto que nuestro colectivo “es tratado como el último eslabón de la justicia” y “no nos tienen en cuenta para nada”. Un participante, en esa línea, nos transmite que ha visto cómo nuestro Colegio ha trabajado estos días y se ha movido para trasladar nuestras reivindicaciones, pero las mismas “han caído en saco roto y no han servido para nada”. En definitiva, concluye pesimista, “la justicia está en manos de los jueces y los abogados y procuradores no pintamos nada”. Por otro lado, se ha escuchado alguna voz crítica con el Consejo General de la Abogacía Española, que, en boca de una compañera, “ha demostrado que no sirve para defender nuestros intereses”. No le ha gustado que su presidenta se haya incorporado a la comisión
presidida por Garrigues, y considera que deberíamos tener mejores representantes. Continuando con este pensamiento, un opinante expone que el Consejo General de la Abogacía debería haber sido más ágil y contundente en dar respuestas a todo lo que nos iba llegando. Este sentimiento es compartido por otro participante, que manifiesta que la abogacía no ha estado “a la altura de las circunstancias”, pues entiende que debería haber actuado con más contundencia en cada una de las prórrogas del estado de alarma. Y, citando a Martín Luther King, concluye con la frase: “No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena”. La pasividad colectiva en la movilización es también la idea trasmitida por otro compañero que, indignado, expone que somos un colectivo amplio pero nos cuesta movernos, ya que sólo reivindican unos pocos. “Moriremos mirándonos el ombligo”, sentencia. O quizá, puede que todo se reduzca a que, como apunta un colegiado, “la abogacía es la profesión que menos combate por sus derechos de todas las que existen”. Y explica en este sentido: “tenemos el problema de que somos más legalistas que la propia ley y vemos problemas a cualquier movilización”. Sea por la razón que sea, en todas estas contestaciones subyace la idea de que nuestra profesión debe dignificarse y ser respetada frente a los órganos judiciales y, en general, frente al resto de entidades públicas, pues no hay que olvidar, como subraya un compañero, que estamos ante un servicio público esencial. Ahora bien, también hemos recibido contestaciones donde han valorado positivamente la actuación de la abogacía en la lucha por nuestros derechos. Siempre, como nos aclara una participante, con la puntualización de que “todo es mejorable”; pero aún así entiende que, en general, en este momento tan crítico, “nuestra voz se ha podido escuchar” y, si bien muchas de nuestras peticiones no se han tenido en cuenta, sí ve que “nuestros jueces” las están valorando y confía que “van a poner su granito de arena para facilitarnos también nuestra tarea en estos meses”.
¿Cómo valoras las medidas adoptadas por el Gobierno para la activación de la Justicia? ¿Qué medidas crees que debería trasladar el ICAVA al Consejo General de la Abogacía para que inste al Ministerio de Justicia? Las contestaciones recibidas a esta pregunta continúan en la misma línea pesimista anterior, no ya solo en cuanto al papel que ha tenido la abogacía en la toma de decisiones, sino también en cuanto a la propia valoración de nuestra profesión. En este aspecto, un compañero nos ha querido trasladar su malestar pues, aunque desde la abogacía se han hecho llegar propuestas adecuadas para nuestro colectivo, finalmente las mismas no han sido tenidas en cuenta. Considera que los juzgados podían haber continuado con alguna actividad durante los meses de confinamiento si se hubiesen adoptado determinadas medidas. Por ello, no entiende que se habilite ahora el mes de agosto, cuando además los letrados de la Administración y funcionarios en general pueden disfrutar de sus vacaciones cuando quieren. “Seguimos siendo el último escalón de la Administración de Justicia y me queda la gran duda de si los órganos que nos representan defienden nuestros intereses”, se lamenta. Otra compañera no acaba de comprender por qué el sistema judicial ha seguido parado cuando se han abierto las terrazas y peluquerías. “España es un país de pandereta”, afirma. Entiende que en estos meses se podían haber adelantado notificaciones de asuntos que son de mera tramitación, como las tasaciones de costas, por ejemplo, y, como en el caso anterior, opina que habilitar el mes de agosto no es una medida eficaz, calificándola incluso como un castigo a nuestro colectivo, en tanto que el resto de los operarios de Justicia pueden disfrutar de sus vacaciones cuando quieren. Y es que la habilitación del mes de agosto ha sido la medida adoptada que más polémica ha causado. Como indica un colegiado:
