16-18 / Reportaje matanza de Atocha ‘‘Veintitantos casquillos’’
14-15 / Abogacía joven 30 años de la Agrupación de la Abogacía Joven
ABOGACÍA DE VALLADOLID Revista semestral del Iltre. Colegio de la Abogacía de Valladolid / 1.er SEMESTRE 2022
3 editorial 4 CARTA DEL DECANO 5 NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS 10 A fondo. Un escudo para afrontar un juicio justo, por Marta Pascual
12 DERECHO OBJETIVO. La acción de retracto de créditos litigiosos, por Laura Ferrón Rubio
14 XXX ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN
DE LA ABOGACÍA JOVEN. Por Laura Alonso Pérez
ABOGACÍA DE VALLADOLID COMISIÓN DE REVISTA Álvarez Álvarez, Araceli –Responsable– Alonso Pérez, Laura Aparicio Gutiérrez, Marta Berdugo Manzano, Antonio Castro Manzanares, Carmen Escalera Alonso, Carlos Ferrón Rubio, Laura Gallego Velloso, Cristina Ruanova Aranaz, Ana María Vielba Serrano, Mónica COLABORAN Díez-Astrain Foces, Jaime González Añó, Carlos Herrero Batalla, Fernando Saldaña Carretero, Juan Antonio Velasco Fernández, Segundo EDITA ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE VALLADOLID C/ Torrecilla, 1. 47003 Valladolid Tel.: 983 010 900 E-mail: comisionrevista@icava.org www.icava.org DISEÑO Y MAQUETACIÓN Rasgo Audaz, Sdad. Coop. ASESORÍA DE REDACCIÓN Valor Creativo Comunicación Burgos, Piluca Juste, Marta Pascual, Marta
16 REPORTAJE. Veintitantos casquillos, por Piluca Burgos
20 EN EL CAFETÍN DEL COLEGIO. Con Andrés Paramio, Encargado de la gestión del SOJ y Turno de Oficio, por Marta Juste
22 DABO TIBI IUS. La reforma laboral, por Juan Antonio Saldaña Carretero
25 EL COLEGIO EN LA PRENSA 26 EL COLEGIADO OPINA. Por Marta Aparicio 28 EN SALA. Breves apuntes sobre el arrendamiento rústico, por Jaime Díez-Astrain Foces
30 EN PRIMERA PERSONA. Entre amigos 2022, por Carlos González Añó
32 ENTREVISTA. Ana Martínez Olalla, presidenta
de la Sala de lo Contencioso-Admistrativo del TSJCYL, por Marta Juste
34 SAPERE AUDE. Caya Afrania,
por Carmen Castro Manzanares
35 Agrupaciones. Agrupación de Mujeres Abogadas de Valladolid
36 EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. Los juicios
contra Óscar Wilde, por Mónica Vielba Serrano
38 ACTUALIDAD I
Los facilitadores de la comunicación, ¿nuevos operadores jurídicos?, por Carlos Escalera
40 COMISIONES 43 COLABORACIONES. La ópera y la verdad, por Fernando Herrero
DEPÓSITO LEGAL VA 48-2012
Las opiniones vertidas por nuestros redactores y colaboradores en estas páginas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la línea editorial de Abogacía de Valladolid ni el criterio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid.
44 ACTUALIDAD II. Crónica de una inconstitucionalidad anunciada, por Cristina Gallego Velloso
46 ESCAPADAS. Dubrovnik: la perla del Adriático, por Mónica Vielba Serrano
48 VIDA COLEGIAL 51 JURÍDICAMENTE INCORRECTO. Por Segundo Prada
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Editorial / 3
EDITORIAL COLEGIOS DE LA ABOGACÍA: ANTÍDOTOS CONTRA LA SOLEDAD
El pasado 10 de junio el Consejo General de la Abogacía Española advirtió de nuevo en un comunicado sobre la urgente necesidad de incluir y regular en las leyes procesales el tema de la enfermedad o accidente de abogados o abogadas como causa de suspensión de los procedimientos. No atender dicha cuestión, expresó nuestro Consejo, “supone una grave vulneración del derecho de defensa, además de una inaceptable desconsideración por el esfuerzo y trabajo que conlleva la asistencia letrada”. Dicho comunicado estuvo motivado por la aberrante situación padecida por un compañero de Zaragoza que, tras sufrir un accidente y estar hospitalizado, solicitó la suspensión de la vista señalada en esas fechas de convalecencia, obteniendo como respuesta la negativa de la letrada de la Administración de Justicia que, a mayores, le interpeló para que acudiera en su lugar cualquiera de los demás letrados que figuraban en el poder que había aportado. Esta situación que sufren, desgraciadamente, muchos compañeros y compañeras, es una muestra de la desprotección de nuestro colectivo. Esta sería absoluta sin la constante labor de nuestros colegios profesionales, cuya gestión diaria está dirigida a garantizar protección, formación, asesoramiento y compañía a todos los que la necesitan
y que practican una profesión que puede llegar a ser tremendamente solitaria. El individualismo que nos rodea hasta la asfixia en la actualidad, el sálvese quien pueda y como pueda, amenaza con dilapidar un sistema que nos ha permitido vivir confiando en la buena fe y lealtad del
El individualismo que nos rodea hasta la asfixia actualmente amenaza con dilapidar un sistema que nos ha permitido vivir confiando en la buena fe y lealtad del compañero
Es necesario hacer un llamamiento a los profesionales que formamos parte del Colegio para que tomemos una postura activa en su desarrollo
compañero. Esta confianza, que podría convertirse en algo excepcional a medio o corto plazo, es fundamental para nuestra profesión y para conservarla hay que promover el contacto y las relaciones personales entre nosotros, ya sean didácticas y formativas o de recreo y esparcimiento, desarrollándolas más allá de las propias que surgen de los asuntos y litigios en que nos encontramos unos frente a otros. La aprobación el pasado día 19 de mayo de los nuevos Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid por la Junta General es un motivo de alegría y orgullo, porque es una muestra de que el Colegio está vivo y de que sigue trabajando día a día para adaptarse a los tiempos y a las nuevas necesidades. Pero también es necesario hacer un llamamiento a los profesionales que formamos parte de él para que recapacitemos y tomemos una postura activa en su desarrollo y evolución, dejando al margen la costumbre cada vez más extendida de permanecer a la espera de ver qué puede hacer por nosotros nuestro Colegio y no al revés. Hay que invertir las tornas para evitar que ese individualismo que nos acecha termine por convertirse en la mortaja de algo tan necesario como son estas corporaciones que, bien gestionadas, evitan precisamente eso: una epidemia de soledad.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Carta del Decano / 4
JAVIER MARTÍN GARCÍA, JULIo DE 2022
Carta del
Decano
Este primer semestre de 2022 ha resultado de enorme trascendencia para el colectivo de la abogacía vallisoletana, y en general para toda la ciudadanía, por dos acontecimientos que han marcado ambos ámbitos. En el primero de ellos, transcurridos 20 años desde la aprobación del vigente Estatuto colegial, se aprobó en Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 19 de mayo el nuevo Estatuto del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid, por unanimidad, y con la única variación respecto de la propuesta presentada por la Junta de Gobierno de suprimir el apartado 4 del artículo 46, al haber prosperado las enmiendas formuladas en tal sentido por las agrupaciones de Mujeres Abogadas y de la Abogacía Joven. El texto aprobado no es solo mérito de la Junta de Gobierno, sino que es fruto del enorme esfuerzo y trabajo desarrollado por todas las compañeras y compañeros de los dos grupos de la comisión creada para su redacción, de quienes han sido decanos de este Colegio y de aquellos que, de un modo u otro, habéis aportado ideas que han contribuido al texto definitivo. En el ámbito de la ciudadanía hay que celebrar la eliminación de todas las restricciones de acceso, limitaciones de aforo, reuniones y obligatoriedad del uso de mascarillas —con alguna necesaria excepción en centros sanitarios, en el ámbito sociosanitario y en el transporte público—, volviendo de este modo a ver reintegrados los derechos más elementales de libertad de deambulación de las personas. Aunque sí hemos de lamentar que esa eliminación de las restricciones de acceso y aforo parece haber dejado al margen los edificios públicos administrativos y las sedes judiciales. Al menos para quien escribe estas líneas y a la fecha de su redacción, ninguna de las explicaciones ofrecidas para justificar ese trato diferente ha resultado mínimamente satisfactoria. No se comprende la razón por la que un ciudadano puede acceder libremente a un polideportivo, a un estadio, a una iglesia, a un bar, a un cine, a un restaurante… y, sin embargo, no puede acceder de igual modo a los edificios y locales en los que se ubican los diferentes servicios públicos de la administración estatal, autonómica o local, ni a las sedes judiciales,
contraviniendo en este último caso la naturaleza pública de los juicios. Y, lo que aún es más preocupante, no se comprende la razón por la que algunos juzgados continúan celebrado las comparecencias, vistas y juicios de forma telemática, cuando las medidas de protección y el espacio es significativamente mayor que el que pueda haber en un polideportivo, un estadio, una iglesia, un bar, un cine, un restaurante… Es cierto que los medios tecnológicos implementados en el ámbito judicial han supuesto un gran avance, que debemos aprovechar, pero sin que ello pueda suponer en ningún caso la pérdida de un principio tan básico y esencial a la hora de impartir justicia como es el de inmediación. Y si ese principio de inmediación es fundamental para el juez a la hora de valorar la prueba practicada, es igualmente necesario para los profesionales de la abogacía que intervienen en esa comparecencia, vista o juicio, más aún teniendo en cuenta que la abogacía es un eslabón imprescindible para lograr una recta administración de justicia y preservar los derechos de la ciudadanía. Aún diría más, se convierte en la pieza única y fundamental que conecta aquella con la ciudadanía. Y es que resultan de todo punto incomprensibles aquellos juzgados en los que, bajo la excusa de la importancia del principio de inmediación, optan por la fórmula de hacer comparecer a las partes, testigos y peritos a las salas de vistas, dejando en los despachos a los profesionales de la abogacía y de la procura, en una incómoda situación a la hora de intervenir en el desarrollo de esas vistas, limitando con ello gravemente el derecho de defensa de las partes. En resumen, hay que aprovechar el avance tecnológico en juzgados y tribunales, pero no para descartar la presencialidad, sino para mejorar la eficiencia, y de este modo permitir la elección a la hora de comparecer en los actos y vistas judiciales en función de las necesidades que el propio profesional considere más ajustadas para la defensa de su cliente. Esperamos poder retomar definitivamente la normalidad en el desarrollo de la profesión, y en la correcta administración de justicia, con respeto a todos los principios fundamentales y derechos de la ciudadanía. Y por ello, seguiremos luchando. Fuerte abrazo
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Noticias de interés para los colegiados / 5
NOTICIAS DE INTERÉS
PARA LOS COLEGIADOS
NORMATIVA COLEGIAL
El ICAVA aprueba su nuevo estatuto por unanimidad u El texto
recoge una ventanilla única, gestiones online, la posibilidad del voto telemático, y cambia ‘abogados’ por ‘abogacía’ del nombre del colegio
El Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) aprobó el 19 de mayo por unanimidad el nuevo estatuto de la institución que recoge la creación de una ventanilla única, el voto por correo y la posibilidad del telemático, el cambio del nombre del Colegio —que pasa a denominarse de la Abogacía de Valladolid—, así como la adaptación del texto al nuevo Estatuto General en los apartados de tipicidad de las infracciones, régimen de sanciones y código deontológico, entre otras cuestiones. El nuevo texto, compuesto por un título preliminar y ocho títulos, representa el fruto del trabajo de más de una veintena de abogados durante los últimos tres años, y entrará en vigor tras la aprobación por parte del Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de la Abogacía de Castilla y León y la Junta de Castilla y León. La nueva ventanilla única servirá para que los abogados puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, ejercicio y baja de la institución por vía electrónica y a distancia, así como para la convocatoria de juntas generales. Además, el texto recoge la posibilidad del voto telemático —que se desarrollará técnicamente para facilitar en un futuro la participación de los colegiados— y cambia los cargos de contador y bibliotecario por los de diputado octavo y noveno, respectivamente. Multas pecuniarias También contempla la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil, cuando una norma de rango legal lo establezca, y refleja, por primera vez, la inscripción de sociedades profesionales y su registro, así como el régimen de infracciones y sanciones frente al incumplimiento de sus obligaciones. El nuevo estatuto también recoge medidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres en la provisión de cargos de los órganos colegiados, las multas pecuniarias por infracciones deontológicas y las sanciones disciplinarias a
Asistentes a la Junta General Extraordinaria
La nueva ventanilla única servirá para que los profesionales de la abogacía puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación tutores de prácticas externas del Máster de la Abogacía que no cumplan debidamente con su asistencia a los alumnos. El proceso para su elaboración se inició en 2019 con dos grupos de trabajo coordinados cada uno de ellos por José María Díez Segoviano y por Alfonso Alonso Narros. Tras su presentación en marzo, el 19 de mayo fue aprobado en la II Junta
General Extraordinaria por unanimidad con la inclusión de una enmienda presentada por la Agrupación de Mujeres Abogadas de Valladolid (AMAV) y la Agrupación de la Abogacía Joven (AAJ) para la supresión del apartado 4 del artículo 46, que establecía: “El ejercicio de alguno, algunos o todos los cargos de la Junta de Gobierno podrán ser remunerados, mediante la previa habilitación de la partida presupuestaria correspondiente”. En cambio, otra enmienda presentada por AAJ para incluir que “la Agrupación de la Abogacía Joven de Valladolid, sin perjuicio de su integración en el Colegio, se regirá por sus propios Estatutos para la consecución de sus fines y será objeto de especial atención por la Junta de Gobierno de conformidad a lo previsto en el artículo 83.4 del EGAE” fue desestimada.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Noticias de interés para los colegiados / 6
El Pleno del CACYL: Fernando Dávila, César Folch, Guillermo Plaza, Juan Cruz Monje, Santiago González, María Sonsoles Jiménez, Javier Martín, Julio Sanz Orejudo, Purificación Palmero, Julián Sanz, Fernando Rodríguez Santocildes, Javier Román, José Ignacio Ortega, Norberto Martín-Anero, José María Díez Segoviano y Marco Antonio Furones
CONGRESO DEL CACYL
La abogacía de CyL acuerda pedir a Justicia una dotación adecuada para los partidos judiciales El CACYL elevará al Gobierno, al Poder Judicial y al TSJCyL la declaración aprobada en el IV Congreso de la Abogacía de Castilla y León en Burgos El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) trasladará al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la petición del mantenimiento de los partidos judiciales con dotaciones adecuadas y suficientes para garantizar la tutela judicial efectiva. Este requerimiento forma parte de la declaración aprobada por el Pleno del Consejo en el IV Congreso del CACYL, celebrado en Burgos del 9 al 11 de marzo, que se elevará a las tres instituciones como aportaciones a la futura reforma judicial. “Tenemos el compromiso con los ciudadanos de colaborar en la mejora de la Administración de Justicia y es necesario que la abogacía sea oída y tenida en cuenta”, afirma el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo. El documento redactado por el Pleno del Consejo autonómico recoge las recapitulaciones de las seis mesas de debates, que analizaron no solo la territorialidad, sino también el turno de oficio, la innovación tecnológica y la comunicación. La necesaria revisión de la Ley de Justicia Gratuita, unida a la equiparación de los pagos a los letrados de oficio en todos los territorios, fue un punto de encuentro entre los asistentes al congreso. Además, la declaración también apunta hacia la necesidad de la desconexión digital para los profesionales
de la abogacía y la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Territorialidad El congreso de Burgos abordó en primer lugar la territorialidad, una cuestión de especial relevancia en Castilla y León por su escasa población y su gran dispersión geográfica. “La escasez de medios perjudica directamente al ejercicio de los derechos básicos del ciudadano, especialmente en los casos de violencia de género, por lo que habría que potenciar los medios materiales y personales, incluidos los periciales, de los partidos judiciales”, asegura Julio Sanz Orejudo en nombre de todo el Consejo. Justicia Gratuita La petición recoge también la necesidad de impulsar definitivamente la revisión de la Ley de Justicia Gratuita. “La abogacía de Castilla y León defiende el vigente modelo, que se apoya en el gran esfuerzo de los abogados de oficio y en la eficiencia de los colegios, pero es urgente actualizar la ley”, puntualiza el presidente del CACYL, que añade: “Debe estar garantizado el cobro de todas las intervenciones realizadas por los letrados de oficio y hay que equiparar las indemnizaciones con las de otros territorios para reparar la injusta diferencia existente”.
Innovación tecnológica Las nuevas tecnologías, una realidad en el trabajo diario de los abogados, ocuparon un lugar destacado en el programa de la cita. Como conclusión de los debates, el CACYL señala que es necesaria “una regulación de las situaciones de falta de funcionamiento de los programas informáticos y una formación para los letrados en las nuevas aplicaciones digitales”. Julio Sanz Orejudo pone además sobre la mesa la desconexión digital: “Desde la abogacía exigimos la aplicación inmediata de las leyes de conciliación familiar y laboral a nuestro colectivo”. Comunicación Finalmente, la declaración contempla también la comunicación de los procesos judiciales por parte de los medios de comunicación y las redes sociales. Sin descuidar el derecho a la libertad de expresión y de información, el presidente del CACYL apuesta por el “respeto al derecho de defensa y presunción de inocencia de las personas investigadas y encausadas”. Julio Sanz también hace referencia a la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa: “Es el conjunto de facultades y garantías jurídicas que permiten a las personas físicas y jurídicas proteger y hacer valer sus derechos e intereses legítimos en cualquier tipo de proceso y ante cualquier instancia pública o privada”.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Noticias de interés para los colegiados / 7
Asesoramiento profesional gratuito
Mediadores del ICAVA recorren 14 pueblos de Valladolid para acercar su servicio gratuito El Colegio de Abogados de Valladolid ofrece asesoramiento a los municipios de menos de 20.000 habitantes por un convenio con Diputación Los abogados mediadores del Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) han visitado en abril, mayo y junio un total de 14 municipios de la provincia para explicar a sus habitantes qué problemas pueden solucionarse mediante la mediación vecinal gratuita que ofrecen gracias al convenio firmado con la Diputación de Valladolid en 2019. La campaña informativa arrancó el 22 de abril en Cabezón de Pisuerga y continuó el 29 del mismo mes en Zaratán, La Cistérniga, Peñafiel, Medina de Rioseco, Cigales, Íscar, Tordesillas, Renedo, Santovenia, Aldemayor de San Martín, Boecillo, Olmedo y Pedrajas de San Esteban. El servicio de mediación del convenio, que se ofrece en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Valladolid, tiene como objetivo resolver problemas relacionados con la utilización de
espacios y mobiliario público, la convivencia entre vecinos, dentro de la propia familia y en centros escolares. “Los profesionales ayudamos a encontrar una solución consensuada a las diferencias que puedan existir entre ciudadanos de manera dialogada, para evitar que el conflicto derive en un juicio”, asegura la responsable del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valladolid (CEMICAVA), Eva Carrasco.
El Centro de Mediación del Colegio de Valladolid ha resuelto en la última década 180 conflictos por acuerdo sin necesidad de acudir a juicio
Los mediadores explicaron detalladamente a los ciudadanos en estas jornadas cómo pueden acceder a través de los servicios municipales, que son los encargados de contactar con el departamento del ICAVA, para fijar una fecha para una primera sesión informativa presencial o telemática. “A partir de ese primer contacto se llevan a cabo distintas reuniones con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes”, explica Eva Carrasco, que añade: “La mediación es una herramienta que no todo el mundo conoce y que es muy efectiva, así que desde el CEMICAVA queremos darla a conocer entre los vallisoletanos con esta campaña informativa”. Una iniciativa que continuó en los 14 municipios seleccionados los días 27 de mayo y 17 y 24 de junio. CEMICAVA: 180 acuerdos en una década El ICAVA cuenta con un Centro de Mediación que ha intervenido en 600 conflictos desde el comienzo de este servicio en Valladolid en 2011, de los cuales 180 se resolvieron por acuerdo sin necesidad de acudir a juicio. Los 46 abogados especializados que conforman actualmente el CEMICAVA trabajan en procedimientos relacionados con distintos ámbitos, como el familiar, el civil o el vecinal, entre otros. Habitualmente, algo más de una cuarta parte de los asuntos recibidos se resuelven de mutuo acuerdo, evitando así juicios y acortando los tiempos de este tipo de procesos en los que en el 50 % de los casos hay menores implicados.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Noticias de interés para los colegiados / 8
Galardones Abogacía Española
LA MAGISTRADA DEL SUPREMO MARÍA LUISA SEGOVIANO, GALARDONADA CON EL II PREMIO IGUALDAD DE LA ABOGACÍA Y EL XXVIII PREMIO PELAYO. La magistrada del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano y la abogada mexicana Leticia Bonifaz recibieron el pasado 4 de marzo el II Premio Igualdad de la Abogacía. Además, la vallisoletana también ha sido reconocida con el XXVIII Premio Pelayo por su larga y fructífera trayectoria en el ámbito jurídico. Segoviano se convirtió en 2020 en la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo, al ser nombrada presidenta de la Sala Cuarta.
RETO POR LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA
La abogada del ICAVA Arantxa Jaén, en la travesía solidaria Swim for ELA El reto Swim for ELA es una iniciativa de Upside down Challenge, Malalts d’Aigua, y la Fundación Luzón para visibilizar la enfermedad y movilizar a la sociedad en general, con el fin de difundir la existencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El evento, en el que ha participado la abogada del ICAVA Arantxa Jaén, se celebró el 15 de mayo en Cambrils y consistió en nadar 23 km por relevos en equipos de, como máximo, seis miembros. Actualmente el 80 % del dinero destinado a investigación procede de la financiación privada, por lo que el objetivo final del reto es recaudar dinero mediante aportaciones de
particulares a los distintos equipos que participan en la prueba nadando. La ELA es una enfermedad neuromuscular degenerativa de las células motoneuronas que no tiene cura. En la mayoría de los casos, la ELA se presenta de forma esporádica y sin origen conocido, pero existe también un tipo de ELA familiar de carácter hereditario. La consecuencia de esta enfermedad es una debilidad muscular progresiva que avanza hacia la parálisis total del enfermo, viéndose afectadas también la capacidad de hablar, masticar, tragar y respirar, además de funciones como la sensibilidad, la inteligencia y los movimientos oculares.
Cartel de Swim for ELA
NOMBRAMIENTO
El decano del ICAVA, Javier Martín, nuevo vicesecretario general de la Abogacía El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) nombró en febrero vicesecretario general al decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Javier Martín García, cargo que hasta el momento ocupaba el decano del Colegio de Lleida, Jordi Albareda Cañadell, que ha pasado a ser secretario general. A su vez, el nuevo decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez García, fue nombrado adjunto a la Presidencia del Consejo. El Pleno del CGAE eligió también a diez nuevos consejeros electivos, entre las 30 candidaturas presentadas. Los candidatos elegidos pertenecen a los colegios de Pamplona, Jérez de la Frontera, Huesca, Sabadell, Zaragoza, Madrid, Badajoz, Cantabria, Almería y Málaga.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Noticias de interés para los colegiados / 9
RECURSOS DIGITALES
JORNADAS DE PROTESTA
El CGAE abre un fondo de ayudas tecnológicas para abogados afectados por el COVID El Consejo General de la Abogacía (CGAE) ha puesto en marcha un Plan Extraordinario de Recursos Digitales para la Abogacía afectada por la pandemia del coronavirus, por el cual se persigue que no haya ningún letrado que se quede atrás tecnológicamente. El objetivo es mejorar los medios y las capacidades para el trabajo de la abogacía a través de medios tecnológicos con un fondo de 950.000 euros. Los abogados beneficiados recibirán recursos digitales como paquetes ofimáticos, todo lo necesario para confeccionar una página web profesional, créditos para publicidad online, herramientas de gestión económica o expedientes, etcétera; todo ello para incentivar la eficiencia del trabajo en sus despachos. EL CGAE enumera una serie de requisitos para poder acceder a dichas ayudas, pudiendo beneficiarse de estos recursos los abogados colegiados como ejercientes antes del
14 de marzo de 2020, que no se encuentren en situación de incapacidad profesional y que hayan visto mermada su capacidad económica como consecuencia de la pandemia. Además, para poder solicitar las ayudas, el conjunto de ingresos no debe superar los 45.000 euros brutos en el ejercicio de 2019. En el caso de quienes ejercen por cuenta propia, se considera que su capacidad económica ha mermado en los supuestos en que sus ingresos en el primer semestre de 2020 se hayan visto reducidos, al menos, en un 30 % respecto a los ingresos del primer semestre de 2019. El CGAE, como complemento a los recursos digitales, dispondrá también de ayudas económicas a través de precios bonificados para la adquisición de ordenadores portátiles, dispositivos móviles, tabletas o escáneres.
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA
Eliminados los aranceles mínimos de los procuradores de los tribunales El pasado 3 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la modificación del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por la que se eliminan los aranceles mínimos existentes con los que los procuradores se han venido rigiendo hasta ahora, y establece un techo máximo de 75.000 euros para un mismo asunto, actuación o proceso. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el nuevo real decreto se articula
a partir de la negociación del precio de prestación del servicio entre el procurador de los tribunales y su cliente, en un entorno libre de competencia. Todo ello, sin perjuicio de la existencia de un arancel máximo que sirva de protección al consumidor y de la obligatoriedad de presentar, por parte del procurador de los tribunales a su cliente, un presupuesto previo.
La huelga de los letrados de la Administración de Justicia paraliza varios juzgados La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) convocó distintas jornadas de huelga el 9 y 10 de marzo y el 5, 6 y 7 de abril, para reivindicar subidas salariales y un nuevo sistema de retribución de guardias. Las protestas provocaron la paralización de varios juzgados y la suspensión de multitud de juicios. La huelga finalizó tras recibir por parte del Ministerio de Justicia una propuesta de acuerdo relativa a las retribuciones que demandaban en función de las competencias que realizan.
HERRAMIENTA JURÍDICA
El Registro de Impagados Judiciales favorece que se cumplan las sentencias firmes El Registro de Impagados Judiciales (RIJ) es un fichero de morosidad cuyo objetivo es recoger información de deudas ciertas, líquidas, vencidas, exigibles, reconocidas en resolución firme, no inferiores a 50 euros y con una antigüedad máxima de 5 años desde su vencimiento. Cuando transcurren los cinco años, la deuda se da de baja automáticamente. Esta herramienta permite a los despachos de abogados hacer visible la deuda que hasta ahora gestionaban de una forma silenciosa, al no estar registrada en los ficheros tradicionales de morosidad. El RIJ favorece el derecho a la tutela judicial efectiva y que se cumplan las sentencias firmes. Además, dota de mayor transparencia al sistema judicial y financiero español.
DECESOS
Compañeros fallecidos Gonzalo Alonso García Juan Luis Sanz Hernández José María Fernández Moretón
ABOGACÍA DE VALLADOLID / A fondo / 10
Alicia García y Belén Correa en su despacho
Un escudo para afrontar un juicio justo El Equipo Psicosocial D, el único que trabaja el ámbito penal en Valladolid, elabora informes que sirven como prueba en procesos judiciales y blinda las declaraciones de los menores para evitar revictimizarlos Por Marta Pascual, periodista Cuando un menor es víctima de un delito, la validez de su testimonio está sujeta a las veces que se vea obligado a evocar lo ocurrido. Padres, profesores, pediatras, médicos forenses, policías…; son muchas las personas proclives a demandar información sobre el suceso. Esta cadena de declaraciones, además de hacer que el menor reviva una y otra vez lo sucedido, desvirtúa su recuerdo. “La memoria no es una cámara de vídeo en la que puedas grabar un recuerdo y reproducirlo”, explica la psicóloga Belén Correa, quien, junto con la trabajadora social Alicia García, conforman el Equipo Psicosocial D de Valladolid. El trabajo de estos profesionales consiste en elaborar informes para el juzgado de Familia, una tarea a la que estas dos mujeres suman una especialidad: este binomio es el único de Valladolid que atiende al ámbito penal y a juicios con menores. Su día a día pasa por ajustar la balanza entre las personas implicadas en un proceso judicial y sus circunstancias personales.
La decoración sobria de una sala de vistas, el lenguaje académico de los abogados y los protocolos que rigen un juicio no son un escenario agradable para todo el mundo, y mucho menos para un menor. En estos casos, el equipo psicosocial se encarga de entrevistar a la víctima y blindar su relato para evitar que lo repita en multitud de ocasiones. “El objetivo es no volver a victimizarlo”, recalca Belén Correa, quien advierte de que la forma de abordar una declaración no debe ser igual que con un adulto. “Los abogados de las partes nos pasan las preguntas y nosotras las adaptamos a su edad y a su nivel de madurez”, explica la psicóloga. Lo que para el menor es una charla despreocupada con dos desconocidas, para el Equipo Psicosocial D supone el eje vertebrador de su informe pericial. Estos documentos constituyen una prueba más en el proceso judicial y, por tanto, no son vinculantes, pero sí asesoran a los operadores jurídicos sobre cuestiones que escapan a su función
habitual. “Se trata de aportar nuestros conocimientos más específicos del ámbito social y psicológico”, matiza Belén Correa, que busca la mirada cómplice de su compañera. Alicia García asiente enérgicamente y añade: “Siempre debemos proteger el interés superior del menor, por eso preservamos su testimonio como una prueba más”. Lo jurídico y lo psicosocial bailan a diferente ritmo El reloj no marca el ritmo de trabajo de este equipo psicosocial. Cuando se trata de tomar declaración a menores, Alicia García y Belén Correa dedican todo el tiempo que consideran necesario para lograr que la víctima las vea “como un igual”. Ellas lo tienen claro, generar un ambiente de confianza que favorezca la comunicación es la brújula que las guía en estos encuentros. Su forma de proceder es distinta a la de un médico o a la de un fiscal. La exploración psicosocial exige más tiempo: implica conocer el contexto
ABOGACÍA DE VALLADOLID / A fondo / 11
que rodea a la persona y analizar todas las variables. “A veces te cuentan toda su vida”, dice sonriendo Belén Correa, al tiempo que Alicia García aclara que algo así “no se cuenta en quince minutos”. Cuando un menor entra en la sala donde lo espera el Equipo Psicosocial D, se encuentra una televisión apagada y dos mujeres preparadas para hablar de las cartas de Pokémon o de sus dibujos favoritos. Lo que parece una charla informal es un teatro que esconde un análisis exhaustivo de cada palabra, cada frase y cada gesto. Las mujeres son en realidad dos profesionales y la pantalla negra del aparato está conectada con la sala de vistas, desde donde los operadores jurídicos visionan la exploración en directo. “Nuestro trabajo es recoger la información de todas las partes y analizarla”, explica la psicóloga. “Hasta no ver todas las piezas del puzle no podemos pronunciarnos. Debemos tener encima de la mesa todas las hipótesis que se puedan plantear”. Por ello, no solo basta con entrevistarse con el menor. Padres, madres, tíos, abuelos, profesores, compañeros del colegio, amigos de actividades extraescolares, etcétera. En definitiva, todas las personas implicadas en la vida del menor que el equipo considere relevantes para que el informe sea “lo más objetivo posible”, detalla la trabajadora social con contundencia. Por suerte para unos y disgusto para otros, Belén Correa y Alicia García son de las que se mojan. Sus informes periciales casi siempre aclaran la duda planteada por el magistrado, aportan una respuesta firme tras la evaluación que han realizado. “No pronunciarnos no le valdría de nada al juez. Nosotras intervenimos porque ofrecemos unos conocimientos y unas consideraciones que él no tiene. Aportamos una prueba más”, justifica la psicóloga. Alicia García se suma sin vacilar a las palabras de su compañera: “Si no, consideramos que nuestro trabajo no sirve para nada”.
Una prueba más del proceso Los informes psicosociales constituyen una prueba más del proceso judicial. Pueden solicitarlo las partes, la fiscalía o el propio juez, que tiene la potestad de decidir si se elabora o no. En cuanto el magistrado solicita su intervención, el engranaje del Equipo Psicosocial D comienza a funcionar. Cada informe exige una metodología diferente, y la multitud de matices que tiñen los casos hace que estas profesionales estén al tanto no solo de dibujos animados y cromos coleccionables, sino de artículos publicados y estrategias psicosociales. “Este trabajo conlleva estar al día, en continua formación”, afirma Belén Correa. Los archivadores de su despacho están llenos de informes relacionados con regímenes de visita, guarda y custodia y oposición a resoluciones administrativas en protección de menores. A estas demandas del juzgado de Familia se suman las del ámbito penal: credibilidad de testimonio, malos tratos a menores, violencia de género y evaluaciones de personalidad. La coordinación con el juzgado resulta clave en
todos estos supuestos. Es importante que toda la información sobre el proceso esté en manos del equipo psicosocial con antelación suficiente para que puedan adaptar las preguntas de los abogados y preparar la entrevista. En algunas ocasiones, las cuestiones no llegan a tiempo o los letrados no se presentan en sala. “Siempre es por desconocimiento”, reconoce Belén Correa. “Hace falta una coordinación de todos los operadores de Justicia”. Sin embargo, Alicia García afirma que “la relación con los abogados en general es positiva”. La trabajadora social explica que en una charla celebrada recientemente trasladaron a letrados el modus operandi de sus intervenciones y los tiempos que maneja un equipo psicosocial. “La respuesta fue muy positiva”, reconoce. Entre los aspectos a mejorar, las integrantes del Equipo Psicosocial D coinciden: muchos procesos se extienden demasiado y no terminan de cerrarse, y eso va en contra del menor y del objetivo de no victimizarlo.
Sala de entrevistas
El trabajo de los equipos psicosociales de Valladolid, en cifras Los cuatro equipos psicosociales de Valladolid atienden a varias causas, siendo la más común los asuntos propios de Familia, con 151 informes realizados en 2021. Le siguen otras pericias (14), credibilidad de testimonio (11) y exploración de menores víctimas de otros delitos (11). La metodología aplicada varía en función de las demandas del juez en cada procedimiento. Del total de actuaciones previas a la emisión del informe, 861 fueron entrevistas con el trabajador social y 755 con el psicólogo.
Además, se realizaron 614 informes sociales y 541 informes psicológicos. Las citaciones a juicio del psicólogo fueron 75, mientras que el trabajador social tuvo que acudir en 68 ocasiones. En cuanto a la solicitud de informes, 75 fueron informes sociales; 48, informes psicológicos; 44, pruebas psicológicas; y 17, informes psiquiátricos. Para elaborar el informe pericial, estos equipos realizaron 7 visitas a domicilio y 7 visitas a centros escolares. Por último, se solicitaron 4 informes médicos.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Derecho objetivo / 12
La acción de retracto de créditos litigiosos Por Laura Ferrón Rubio, abogada
Nuestro Código Civil, en su artículo 1.535, regula la figura de la acción de retracto en los créditos litigiosos. En el presente artículo vamos a desgranar en qué consiste la mentada acción, cuáles son los requisitos para poder ejercerla y qué establece la jurisprudencia respecto de la misma. Antes de entrar en el fondo del asunto, es conveniente saber que tienen que ser tres las partes que deben existir para poder ejercitarla. Por un lado, tiene que haber un acreedor, el cual va a ser el titular del crédito, por otro lado, un deudor, y por último, una tercera parte, que será el adquirente o cesionario. El titular del crédito, esto es, el acreedor, va a ocupar la posición de cedente en la acción de retracto. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, entre otras, SSTS de 26 de septiembre de 2002; 18 de julio de 2005; o 25 de enero de 2008, la acción de retracto en los créditos litigiosos puede definirse como un negocio bilateral que produce la sustitución de la persona del acreedor por otro respecto al mismo crédito, y el nuevo acreedor se sitúa en la misma posición que el anterior, permaneciendo inalterada la relación obligatoria. O dicho de otra manera, es la posibilidad que tiene el deudor de cancelar su deuda abonando por ella el mismo precio que el adquirente del crédito pagó por el mismo. El citado artículo 1.535 del Código Civil dispone literalmente lo siguiente: “Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame el pago.” La regulación contenida en el citado artículo, según la jurisprudencia, tiene carácter de norma especial o privilegiada, pues el régimen general de regulación de cesión de créditos se encuentra establecido en el artículo 1.157 del Código Civil. Del tenor literal del artículo 1.535 del Código Civil podemos extraer cuáles son los
requisitos necesarios para poder ejercitar la referida acción. Así pues, el primer requisito es que estemos ante un crédito litigioso. La Real Academia Española define litigioso en una de sus acepciones como “Que está en pleito”, por lo que es necesario que el crédito se esté reclamando judicialmente y el procedimiento esté en curso. La jurisprudencia y la doctrina han interpretado que un crédito se considera litigioso desde la interposición de la demanda judicial por el acreedor reclamando el crédito hasta la firmeza de la sentencia que dicte el juez en dicho procedimiento, siempre y cuando el
las mismas excepciones que tendría contra el anterior”. Hemos de reseñar que no es necesario el consentimiento del deudor para que sea válida la cesión, pero sí la notificación de la misma, para que éste pueda tener conocimiento del negocio jurídico en cuestión. Son numerosas las resoluciones de las audiencias provinciales que recogen los requisitos que deben concurrir para poder ejercitar la acción que estamos estudiando. Asimismo, el Tribunal Supremo ha desarrollado también el citado artículo en muchas de sus resoluciones.
La acción de retracto en los créditos litigiosos puede definirse como un negocio bilateral que produce la sustitución de la persona del acreedor por otro respecto al mismo crédito, y el nuevo acreedor se sitúa en la misma posición que el anterior, permaneciendo inalterada la relación obligatoria deudor se haya opuesto a la exigibilidad de dicha reclamación. La sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 28 de febrero de 1991, establece que: “la estructura del crédito litigioso presupone la existencia de una relación jurídica de naturaleza obligacional y la pendencia del cumplimiento exacto de la prestación, debido a que el pago no se realizó voluntariamente”. Por tanto, si durante un procedimiento judicial de reclamación del crédito, con oposición del deudor y antes de que recaiga sentencia o sea firme la misma, por parte del acreedor (cedente) se vende el crédito a una tercera parte (cesionario), el deudor puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 1.535 del Código Civil y extinguir el crédito reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Así lo señala también la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2007, que establece que “el deudor, por la cesión, debe pagar al nuevo acreedor y tiene contra él
El primero de los requisitos que debe concurrir es que se trate de una cesión, mediante precio del crédito. No es aplicable la citada regulación, por tanto, a cualquier transmisión, pues quedan excluidas las gratuitas, sean intervivos o mortis causa. Tampoco se incluyen las ventas en globo, en las que se incluye la transmisión por operación societaria de todo el patrimonio de una persona jurídica a otra, ni aquellas en que, aun siendo onerosas, la contraprestación de la cesión no se fija en un precio determinado, sino por otra operación, como pudiera ser una permuta. La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 1 de abril de 2015 declara que no es aplicable el artículo 1.535 del Código Civil cuando estemos ante cesiones en masa o carteras de crédito, o ante una pluralidad de negocios jurídicos, ya que, en este caso, estaríamos ante transmisiones en bloque. Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera, de fecha 31 de octubre de 2008, exige que se trate de derechos y acciones individualizadas.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Derecho objetivo / 13
El segundo de los requisitos es que el objeto de la cesión sea un crédito, entendiendo por tal la concepción amplia sustentada por la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2008, que lo define como “todo derecho individualizado transmisible”. Y ello enlaza con el tercer requisito, al exigir que el crédito tenga la consideración de litigioso, cuestión esta que ya se ha explicado con anterioridad. El cuarto requisito es que debe concurrir la legitimación material, es decir, la titularidad del derecho de retracto, la cual se reconoce exclusivamente al deudor. Y por último, se ha de cumplir el plazo que dispone el artículo 1.535 del Código Civil para poder ejercitar esta acción. El plazo es de nueve días naturales desde que el cesionario reclame el pago. La caducidad conlleva que dicho plazo no puede ser objeto de interrupción alguna. Dentro del referido plazo es obligatorio por parte del deudor presentar la demanda y hacer la consignación. La jurisprudencia es clara en este sentido; así, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de julio de 1999 estableció que “la caducidad no admite interrupción de ninguna clase”. Caso práctico A continuación vamos a ejemplificar esta acción con un caso que puede llegarnos a cualquiera de nosotros al despacho. Imaginemos que una mercantil, a la que llamaremos “a”, procede a la compra de un inmueble, y para ello formaliza un préstamo hipotecario a favor de una entidad bancaria, a la que denominaremos “b”. En un momento determinado, la citada mercantil deja de cumplir con los pagos estipulados en dicho préstamo hipotecario y la entidad bancaria insta ante los juzgados de primera instancia un procedimiento de ejecución hipotecaria por una cantidad, que
La sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera, de fecha 31 de octubre de 2008, exige que se trate de derechos y acciones individualizadas en este caso fijaremos a modo de ejemplo, de 375.000 euros. En este supuesto, nos encontraríamos ante lo que se denomina “crédito litigioso”, al estar la deuda que la mercantil “a” mantiene con la entidad bancaria “b” reclamada judicialmente y en el curso de un procedimiento. Además de ello, el crédito en cuestión es un crédito individualizado, por lo que se cumplirían los presupuestos para aplicar el régimen especial del artículo 1.535 del Código Civil. Pues bien, durante el transcurso de la citada ejecución hipotecaria, la entidad bancaria “b” cede y transmite el crédito hipotecario a una tercera parte, a la que llamaremos “c”, por la cantidad de 315.000 euros, pues el precio de venta es libre y el que acuerden las partes. Con esta transmisión se cumple otro de los requisitos que tanto el artículo 1.535 del Código Civil como la jurisprudencia exigen para que pueda aplicarse la acción recogida en dicho artículo, que no es otro que se pague un precio por dicha transmisión o, lo que es lo mismo, que la transmisión sea onerosa, pues recordemos que quedan excluidas las transmisiones gratuitas. La cesión o la transmisión del crédito en cuestión se notifica por parte del adquirente, “c”, a la mercantil “a”, la cual, y dentro del plazo establecido legalmente, decide ejercitar
la acción de retracto de crédito litigioso, para lo cual procede a presentar una demanda de juicio ordinario sobre acción de retracto de crédito litigioso ante el juzgado de primera instancia del partido judicial que le corresponde. Esta acción se encuentra recogida en el artículo 249.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso, la mercantil “a” consignó junto con su demanda la cantidad de 315.000 euros que la parte adquirente, “c”, abonó por la transmisión del crédito a la mercantil “a”. Así las cosas, podemos llegar a la conclusión de que se ha ejercitado la acción de retracto de créditos litigiosos, recogida en el artículo 1.535 del Código Civil, de manera correcta, si bien hemos de destacar que a la parte “c”, además del principal, le deben ser abonadas las costas y los intereses, tal y como establece el citado artículo. Hemos de tener en cuenta que no siempre el deudor consigna la cantidad por la que el crédito ha sido adquirido, pues en muchas ocasiones consigna una cantidad inferior o no se abonan intereses y costas, siendo que, en ese caso, dicha acción es difícil que prospere, pues se le está dando a la otra parte motivos para oponerse a la demanda que se presente por parte del deudor, ya que tanto el citado artículo 1.535 del Código Civil como la jurisprudencia que lo desarrolla son claros en el sentido de exigir que se abone el precio por el que se adquirió, más, como se ha dicho con anterioridad, las costas y los intereses. No obstante, sabemos que en derecho la casuística puede ser amplia, si bien el objetivo de este artículo es dar unas nociones básicas, por lo que tendremos que estar atentos a los requisitos necesarios para ejercitar este tipo de acción, los cuales, como se ha dicho a lo largo del presente artículo, se encuentran establecidos en el Código Civil y desarrollados por nuestra jurisprudencia.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Agrupaciones / 14
30 años de la Agrupación de la Abogacía Joven Por Laura Alonso Pérez, abogada
En 2020 se cumplieron 30 años desde la constitución de la Agrupación de la Abogacía Joven de Valladolid y, con motivo de ello, y en cuanto la pandemia lo ha permitido, el pasado 3 de junio se celebró el aniversario con un acto muy emotivo al que acudieron autoridades del mundo judicial. En él se reconoció la labor de los que han sido
PREGUNTAS ENTREVISTA:
presidentes de la misma, así como a sus juntas directivas, con la entrega de una insignia de Agrupados de Honor en agradecimiento a su trabajo durante todos estos años. Finalmente, por la noche continuaron los actos con una fiesta que, coincidiendo con la de la primavera, concitó a más de 160 colegiados.
¿Qué te motivó a entrar en la agrupación? ¿Qué significado tiene para ti la agrupación? ¿Recomendarías a los jóvenes abogados incorporarse a ella?
José Ignacio Fernández Navares u Compartir con los compañeros las dificultades por las que pasábamos los jóvenes. v Es el lugar para manifestar, aprender y relacionarse, que ofrece todas las herramientas para acceder a esta profesión de largo recorrido. Es importante que la agrupación acoja a los abogados jóvenes y más en un espacio físico que antes no tenían. w Sí, para encontrar un espacio donde incorporarse a la profesión cómodamente.
José Ramón Vázquez Domínguez u En esos años se colegiaba mucha gente y había que defender los derechos de los que empezaban. v Era compañerismo, amistad y gente que nos conocíamos de la facultad o del bar del Colegio, que era el lugar de reunión. w Por supuesto. Uno cuando empieza tiene que tener contacto con los compañeros, pues hay que tener en cuenta una cosa, que es que el cliente pasa, pero el compañero se queda.
Eugenio García Tejerina u Por razones de amistad. Cuando me colegié empecé en un despacho familiar y siempre me recomendaron que me integrase en la agrupación. v Tengo recuerdos muy positivos, probablemente la época más divertida, más emocionante y entrañable en mis 20 años de ejercicio. w Lo recomendaría, porque es una manera de conocer a la gente que te va a acompañar en tu vida profesional y de participar en el Colegio.
Jesús Lozano Blanco u Para integrarnos en el Colegio y tener un mecanismo de relación decidimos formar la agrupación. A diferencia de muchos colegios de abogados aquí no existía. v Le tengo mucho cariño, fue la forma de empezar a conocer a compañeros, pues ayuda a integrarte y sentirte cerca del Colegio. w Si, porque es difícil hacer relaciones con compañeros solo pleiteando y es una manera de transitar ese camino.
José Ignacio Pascual Matarranz u A pesar de que yo empecé siendo hijo de abogado, era una forma de conocer gente e integrarte en el Colegio. v Le tengo mucho cariño, y creo que hizo y hace la función de integración de los que comienzan en el Colegio y que tiene una dificultad importante, pues siempre es más fácil relacionarte con gente joven. w Es la forma de entrar en el Colegio, pues vía formación y fiestas es la mejor manera de conocer gente.
Pompeyo Benito Zamarriego u Lo creo necesario para comenzar en la profesión. v La agrupación es una institución de bienvenida y encuentro con los nuevos colegiados, porque cuando te colegias entras en un mundo nuevo en el que necesitas conocer a personas de tu profesión con tus mismas dudas e inquietudes. w Recomiendo 100 % que los nuevos colegiados se agrupen, pues ayudará a defender ante la Junta de Gobierno sus necesidades.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Agrupaciones / 15
Javier Fresno de la Fuente u Veía las cosas que organizaban los anteriores y me vinieron prácticamente a buscar. v La agrupación es importantísima para la gente que nos acabábamos de colegiar en su día, porque empezabas a participar en el Colegio y a conocer a compañeros y realizar actividades. w Por supuesto, pues es la forma de poder compartir cosas con compañeros, tanto lúdicas como jurídicas, conocer el Colegio y los juzgados.
Alberto Iglesias Luis
Javier Arroyo Gurdiel u Lo decidieron los salientes, para seguir con una línea continuista. Lo que había que hacer era una labor de formación y de integración y se buscaba a alguien que tuviera conocimientos en el mundo de los jóvenes. v Es abrir la puerta a lo que realmente es el mundo de la vida jurídica para el que empieza. w Lo recomendaría porque en ese momento hay muchas cosas que no sabes hacer y en la agrupación tienes ese apoyo.
Marta Salgado Morante
u Fue gracias a un buen amigo, que se llama Javier Arroyo, que un día nos juntó a unos cuantos y nos habló de la agrupación. v Para mí muchísimo, pues fue la forma de tomar contacto con el Colegio y el camino para conocer a compañeros extraordinarios. w Si volviera a empezar en la profesión no dudaría en agruparme, pues es la forma de poder participar en actividades como abogado joven.
u Yo estaba en un despacho consolidado, pero me faltaba la parte de que no había nadie de mi edad y mi sintonía y, a través de una fiesta de noviembre, empecé a conocer a gente y lo vi una manera de meterme en la agrupación. v Aparte del cariño que le tengo, al principio vas sin conocer a nadie y desde el minuto uno me sentí arropada. Para mí, supuso un enlace para tener un contacto más estrecho. w ¡Totalmente!
Iker Correges Pereira
Ricardo Blas Venero
u Fue por casualidad. Conocí a Alberto Iglesias y él fue quién me animó. v Fundamentalmente, el nexo que se establece con los compañeros a los que no conoces. w Lo recomiendo encarecidamente, porque cuando alguien comienza en una profesión como la nuestra, tan individualista, el sentirse arropado, poder consultar a cualquier compañero y poder tomarte un café con alguien en el cafetín antes de un juicio, es muy importante.
u Lo tuve muy claro, porque recuerdo que en la escuela de práctica jurídica nos hicieron una visita los jóvenes y claramente era muy ilusionante el proyecto. v Ha significado mucho en lo personal, fueron unos años en los que fui llevando una vida activa en la agrupación, compartí mucho, hice muchísimos amigos y aprendí mucho de la profesión. w Sin duda. Yo creo que lo mejor que puede hacer un recién colegiado es agruparse.
Juan Francisco Vidal Antolín u Me incitaron a entrar, en este caso mi predecesor, Ricardo, insistió primero para que me agrupara y luego entré en la Junta como vocal. Posteriormente le sucedí como presidente. v Me costó al principio, pero una vez que entré lo recuerdo fantástico. w Sin lugar a dudas, aunque yo tardé un par de años, pero me parece algo imprescindible y debería ser cuasi obligatorio con la colegiación.
Laura de Jesús Sen u Es algo muy importante en mi vida, pues yo no soy de Valladolid y a mí me ha hecho conocer a grandes compañeros y compañeras. v Me lo sugirieron en el despacho en el que trabajaba, sobre todo mi compañero Jesús, y al poco formé parte de la ejecutiva como secretaria. w Sí, la agrupación te da la posibilidad de conocer a compañeros y compañeras con las mismas inquietudes que tú y también me parece vital la reivindicación de la abogacía joven.
Jesús Andrés Asenjo García u Juan Vida y Laura Ferrero me animaron y entré dentro de su ejecutiva como tesorero y después fui presidente. v Con perspectiva y al haber pasado ya unos años, es la manera de aprender lo que es ser compañero. La agrupación es la base del Colegio de Abogados, pues todos los compañeros han sido primero abogados jóvenes. w Sobre todo porque es la manera de aprender qué es el compañerismo y de descubrir el colegio.
Sergio Castro González u Lo que me motivó a entrar en la agrupación fue conocer gente joven en la profesión con mis mismos problemas e inquietudes. v Para mí tiene un significado de encuentro. Es muy difícil ejercer solo y creo que la agrupación fomenta la integración y el desarrollo de las relaciones entre compañeros. w Sin ninguna duda. Ya no solo por la integración al inicio de la vida colegial, sino por la pertenencia a un colectivo que comparte las mismas dudas y necesidades.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Reportaje matanza de Atocha / 16
Estudiantes de Derecho en la facultad de Madrid en los años 70
Veintitantos casquillos Alejandro Ruiz-Huerta, que sobrevivió a la matanza de Atocha, considera que la historia ha tratado justamente la memoria del despacho laboralista formado por abogados que, comunistas y todo, trabajaban por la libertad y la democracia para todos Por Piluca Burgos, periodista Veintitantos casquillos de bala se encontraron en el despacho laboralista del número 55 de la calle Atocha, donde “el tremendo azar o el maravilloso azar” dejó con vida a cuatro de las nueve personas que se encontraban allí la noche del 24 de enero de 1977. La salud sigue de parte de Alejandro RuizHuerta, el único superviviente de la matanza de Atocha que hoy continúa con vida. Una existencia en el sentido más científico de la palabra, porque asegura que su alma “se fue con ellos”. Alejandro Ruiz-Huerta trabajó como abogado laboralista de 1973 a 1979, una época marcada por las huelgas obreras y los sindicatos verticales. El rey Juan Carlos I había designado a Adolfo Suárez presidente del
Gobierno seis meses antes con una clara hoja de ruta: capitanear la transición. “En el despacho de Atocha éramos abogados de barrio, trabajábamos con asociaciones de vecinos o entidades culturales, sobre todo en la periferia”, explica Ruiz-Huerta, quien asegura que, a pesar de la normativa de la dictadura, se “conseguían sentencias favorables”. Sus recursos eran encajes de bolillos elaborados con los alambres de las leyes franquistas. “Aunque parezca mentira, en muchas ocasiones obteníamos decisiones favorables. Escarbábamos en la legislación hasta lograrlo”, recuerda con orgullo. Los despachos laboralistas se extendían por los barrios madrileños, unos vinculados al Partido Comunista (PCE), otros a La Liga
Comunista Revolucionaria (LCR) y otros al PSOE. “Si volviera a ejercer, volvería a ser laboralista para defender a los más desfavorecidos”, afirma con contundencia. El 23 de enero de 1977, un ultraderechista asesinó a tiros al estudiante de 19 años Arturo Ruiz; al día siguiente, la joven universitaria María Luz Nájera murió al ser alcanzada por un bote de humo de la policía en una manifestación prohibida por el Ministerio de la Gobernación. Horas antes, el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el teniente general Emilio Villaescusa, había sido secuestrado por un comando del Grapo. Arrancaba la ‘semana trágica’ de la transición: inolvidable para la historia e irreparable para Alejandro Ruiz-Huerta.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Reportaje matanza de Atocha / 17
Eran las diez y media de la noche, había terminado en el despacho de Atocha la reunión con el sindicato de CCOO que logró acabar con la denominada ‘mafia franquista del transporte’. Llamaron al timbre y entraron tres hombres armados. “Iban a cara descubierta. Y una de dos: o no iban a disparar a nadie, o nos iban a matar a todos”, cuenta Ruiz-Huerta, con esa lógica filosófica que la supervivencia es capaz de desarrollar en un segundo. Preguntaron por Joaquín Navarro, dirigente del Sindicato de Transportes, aunque Ruiz-Huerta advierte de que lo que realmente buscaban era “detener el proceso democrático”. No encontraron a Navarro, acababa de marcharse, pero no dudaron en desatar una violencia brutal en el despacho laboralista. Mientras un hombre vigilaba detrás de la puerta, otros dos, uno encapuchado y otro que “miraba fijamente”, descerrajaron veintitantas balas sobre nueve “inocentes”. Cinco murieron: los abogados Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira y Luis Javier Benavides, el estudiante Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez; mientras que Lola González, Miguel Sarabia, Luis Ramos y Alejandro Ruiz-Huerta resultaron gravemente heridos. “Todos morimos un poco con ellos. Me siento culpable de no haber sido yo”, confiesa Ruiz-Huerta. “El silencio, la serenidad y el tiempo” han sido sus aliados para aceptar la muerte de sus compañeros y amigos a manos de los asesinos de Atocha vinculados a Fuerza Nueva. “No existe la posibilidad de devolverles la vida a través de la mía. Yo solo tengo la mía, ya está…”, reflexiona con resignación, mientras confiesa que “aceptar la vida” es su homenaje a quienes la perdieron aquel día. Los funerales de los cinco asesinados se convirtieron en la primera manifestación multitudinaria desde la muerte de Francisco Franco. Un acto pacífico, solidario y sereno; una muestra de fuerza política, de contención y de civismo disciplinado. Más de cien mil personas recorrieron las calles de Madrid, acompañando al cortejo fúnebre en
absoluto silencio. La reconciliación nacional estaba en juego. Un silencio que alejaba a los comunistas del sentimiento de venganza y que afianzaba el compromiso para garantizar un cambio político. Dos meses y medio después de la matanza de Atocha, el 9 de abril de 1977, el PCE fue legalizado. Santiago Carrillo se presentaría como candidato a las elecciones. “El denominado pacto de silencio de la transición no estaba escrito, pero los partidos con presencia en la vida política española de alguna manera no quisieron hablar, o solo lo justo, de la lucha para lograr la democracia”, cuenta RuizHuerta, quien puntualiza: “Para alcanzar esa libertad que la extrema derecha quiso poner en jaque, tuvieron que pagar un altísimo precio”. Cuando las balas atravesaron los cuerpos en pie de los nueve de Atocha, los asesinos les remataron en el suelo. Alejandro Ruiz-Huerta experimentó un silencio largo, hueco y aterrador. El cuerpo de Enrique Valdelvira cayó encima de él, protegiendo sus órganos vitales de los disparos; aún así, cuatro balas le alcanzaron la pierna derecha. El azar puso su mirada de nuevo en Ruiz-Huerta y decidió que un bolígrafo que llevaba en el bolsillo de la camisa desviara un proyectil defectuoso que iba a impactar contra su pecho. “He luchado mucho por la memoria de Atocha. No me cansaré de contarlo y contarlo… Aunque creo que hoy puedo decir que la historia ha tratado justamente a los abogados de Atocha que, comunistas y todo, trabajamos por la libertad y la democracia para todos”, asevera con una mezcla de pundonor y tristeza. El miedo sigue siendo su sombra, el reflejo de una silueta que se muestra cada vez más serena, pero que continúa marcada. Los ruidos “repentinos” todavía le estremecen. Asegura que el cuerpo “genera una serie de estigmas” que alertan de pensamientos recurrentes como el
Alejandro Ruiz-Huerta
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Reportaje / 18
Pancarta de protesta colgada en el Colegio de Abogados de Madrid
de que “un día alguien entre en casa”. “Ahora ya estoy más tranquilo, ya no somos el centro de la vorágine política”, explica, al tiempo que indica resignado que los detenidos por el atentado solo cumplieron, “en parte y malamente”, su responsabilidad por las muertes con su propia libertad. “Salvo el último, García Juliá, que ha conseguido evadir
a la justicia. Son las limitaciones de nuestro derecho, y así hay que reconocerlo”, lamenta. Alejandro Ruiz-Huerta, que lleva marcado en su piel el lado más duro y cruel de dos Españas, asegura que “nunca se han ido”. “En el proceso de la Transición hubo un paréntesis significativo para construir las bases de la democracia que tenemos, pero poco a poco se han ido manifestando una vez más las dificultades de entendimiento
entre unos y otros”, señala haciendo referencia a la llegada de “la derecha radical de Vox” al panorama político español, de Trump a Estados Unidos o de Bolsonaro a Brasil. “El mundo está en tensión permanente desde hace tiempo. Las redes sociales son un origen de crispación terrible, un lugar de verdades a medias o de contra verdades, pero que la sociedad establece como verdades absolutas”, advierte sobre esta forma de comunicación que “alimenta la polarización y genera mayor sensación de enfrentamiento”. En el otro polo se encuentra la invasión de Ucrania que RuizHuerta no contempla “por ningún lado” como “una alternativa de izquierdas, sino como una alternativa imperialista”. Después de los asesinatos de Atocha, Alejandro Ruiz-Huerta siguió trabajando como laboralista en los barrios de Madrid hasta 1979, cuando decidió enfocar su carrera hacia la Universidad. Atrás quedaron los despachos laboralistas que luchaban por los derechos de los trabajadores, a los que solo cobraban si el resultado era favorable. “Era un buen trabajo. Teníamos un sueldo fijo en función del global del despacho, en Atocha trabajábamos 15 o 20 profesionales convencidos de luchar por el eslabón más débil de la cadena: los obreros”, recuerda con cariño de sus años como abogado laboralista en los que muchos como él “lograron devolver las libertades y derechos que la dictadura había robado a España”.
UNA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Por Araceli Álvarez Álvarez, abogada
Sorprendentemente, en los años 70 la clase obrera española se encontraba a la vanguardia en Europa. La efervescencia política y social era inédita desde tiempos de la guerra civil, y la clase obrera organizada resurgía con fuerza tras sufrir 40 años una férrea represión. En un contexto de plena crisis económica, y con los sindicatos ilegalizados, el movimiento obrero consiguió negociar con fuerza ante la patronal. Pese a la represión estatal, y a las militarizaciones decretadas contra las huelgas, las luchas no cesaron de crecer. De hecho, el número de huelgas en España batía récords en toda Europa. Movimiento obrero que, durante la dictadura, había sido callado, sustituido por un simulacro oficial, que, aún denominándose también sindicato, vertical, no era sino un brazo más del régimen franquista; organizados dentro de un sector o profesión concreta, formado por trabajadores y empresarios, creados para un sistema diseñado y elegido de relación entre ambos colectivos, si bien en un plano de evidente desigualdad. Modelo de sindicalismo impuesto, que excluía a los sindicatos de clase u horizontales, únicamente integrados por trabajadores, y cuyos integrantes clandestinos eran perseguidos y juzgados como enemigos políticos del régimen, por el Tribunal de Orden Público.
Fruto de este potente movimiento obrero surgido en los últimos años de la dictadura, y al que se unieron juristas y abogados tan comprometidos como ilusionados, se consiguieron fuertes subidas salariales en multitud de sectores, y se conquistaron derechos históricos como el de huelga, aunque sigamos sin ley que lo regule, la seguridad en el puesto de trabajo y la temporalidad como excepción. En este sentido se aprueba la Ley de Conflictos Colectivos de 1975 y la Ley de Relaciones Laborales de 1976, que, entre otros avances, contemplaba que en el caso de despido improcedente era el trabajador quien elegía entre readmisión o indemnización. Además, establecía la presunción de indefinido del contrato de trabajo, con dos excepciones: por contratos formativos, o los que afectaran a relaciones laborales especiales. Por tanto, existía el derecho al empleo estable y este se establecía como norma, prohibiendo el despido libre pagado y la contratación temporal fraudulenta. También se logró la reducción de la jornada laboral de 48 a 44 horas, la creación del FOGASA, descanso de 15 minutos en la jornada continua de 6 horas, importantes subidas salariales, prohibición del despido libre, contratación indefinida como norma, derecho a huelga, etc. Todo esto se conseguía teniendo enfrente a un estado dictatorial brutal, que no dudaba de utilizar la represión en las calles, mandando al ejército a responder a las huelgas. En este contexto, la clase obrera organizada, apoyada con su trabajo por los primeros despachos laboralistas, que incluso pagaron con su vida tal apoyo, consiguió impedir cualquier posibilidad de continuidad de la dictadura franquista.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / En el Cafetín del Colegio / 20
EN EL CAFETÍN Con
Andrés Paramio ENCARGADO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA (SOJ) Y DEL TURNO DE OFICIO DEL ICAVA
“Trabajando en el SOJ es donde ves los problemas reales de la gente” Por Marta Juste, periodista Cuando una persona acude al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de Abogados de Valladolid se encuentra con la empatía personificada, Andrés Paramio. Casos de desahucios, divorcios, retirada de custodias o detenciones pasan cada día por sus manos desde hace casi veinte años. Y para los ciudadanos que quieren solicitar la justicia gratuita tener a alguien como él al otro lado de la mesa es todo un regalo. Pieza indispensable en el Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA), asegura que no se ve trabajando en otro sitio, aunque su buen talante le hace pensar que se amoldaría a lo que fuera. Su labor de atención al público desgasta; pero, como él mismo reconoce, sigue conservando la ilusión —y la paciencia— del primer día. Pregunta.— ¿Cuándo llegó al SOJ? Respuesta.— Aproximadamente en el 2003. En el ICAVA entré en el 2000 como conserje, para dar las togas en la Audiencia Provincial, cuando el Colegio se había trasladado a la calle Torrecilla. Posteriormente, se jubiló la compañera de biblioteca, Conchita, y Javier, que llevaba el turno de oficio, pasó a ese puesto. Empecé a llevar el turno de oficio y el Servicio de Orientación Jurídica sobre el 2003. P.— ¿Qué expectativas tenía en ese momento? R.— Era muy nuevo para mí, porque hay que atender a la gente. Tenía mucho miedo de lo que iba a encontrarme. En el SOJ ves la verdadera problemática de la gente, algo que resulta imposible si no estás de cara al público.
P.— La gente llega preocupada, sin dinero… Además de los conocimientos técnicos, tendrá que tener mucha empatía, ¿no? R.— Sí, la verdad es que viene gente con muchos problemas y ves situaciones muy extremas: les van a quitar la casa, pierden a sus hijos porque se los quita la Junta de Castilla y León, les han detenido y se juegan ir a prisión... Además, para ellos su problema siempre es el más grande del mundo. Es verdad que un procedimiento en el que se reclaman mil euros no tiene la misma gravedad que un desahucio con dos hijos que te dejan en la calle, pero para quien no tiene cómo pagarlos es un mundo. P.— Entonces encontrar al otro lado una persona que te entienda es fundamental... R.— Eso es, mucha gente te cuenta su problema y se desahoga. De hecho, algunos piensan que el SOJ es un servicio de consultas y vienen a hablar de sus problemas, pero aquí se solicita justicia gratuita. P.— ¿Ha cambiado su visión del puesto después de casi dos décadas? ¿Nota ya algo de cansancio o sigue con la misma ilusión? R.— Sigo igual que al principio, pero es verdad que atender al público desgasta. Hay muchas veces que intentas explicar las cosas, pero la gente está tan metida en su problema que no escucha, y hay que repetir la información muchas veces. He notado que ahora las personas vienen con más exigencia, con menos paciencia para esperar su turno. Aunque atender al público es duro, la ilusión sigue siendo la misma porque cada día es diferente. No se hace pesado, pero
hay días complicados, porque somos el último sitio al que acuden para solucionar su problema y, si no les podemos ayudar, se enfadan y lo pagan con el primero que tienen enfrente. P.— Vamos, que buscan empatía, pero luego no son comprensivos... A veces la situación es muy complicada, incluso nos ha tocado varias veces llamar a la policía. P.— ¿Se ha llegado a las manos? R.— No, pero un par de veces nos hemos parapetado con las mesas. Aunque una vez estuvimos a punto... En otras ocasiones se ha llamado a la policía porque hay gente que se pone nerviosa, empieza a insultar y como el siguiente paso podría ser la agresión, preferimos cortarlo antes. P.— ¿Los ciudadanos conocen los requisitos para acceder a este derecho? R.— Hay gente que, por desconocimiento, piensa que el servicio es para todo el mundo y viene con ingresos superiores. Pero luego hay gente que, a sabiendas, intenta ocultar sus bienes y su patrimonio y hacer uso fraudulento de la justicia gratuita. Son pocos casos, pero los hay. Ahora se pide documentación telemática y es más fácil detectar los posibles fraudes. P.— Seguro que se ha topado con casos muy curiosos en estos años. ¿Alguno que recuerde especialmente? R.— Vino hace tiempo una señora muy educada de unos 90 años, que tenía una renta antigua y el casero ya no le cogía el dinero. Si hace eso, es como que el inquilino no paga y se inicia un procedimiento de desahucio.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / En el Cafetín del Colegio / 21
Esta señora, que supongo que tendría una pensión mínima, venía a preguntar si podía hacer un depósito para demostrar que tenía fe de pagar. Era muy mayor pero sabía que aquí le podíamos ayudar. Hay también casos de divorcios, separaciones y guardas y custodias de gente muy joven, incluso menores de edad, que traen a sus hijos a las consultas. Ves a una niña de 16 o 17 años con estos problemas y te llega al corazón. Es cierto que al principio te implicas más, pero tampoco puedes meterte mucho, porque no podemos solucionar todos los problemas y nos vamos a casa con mucha carga. Es importante desconectar. P.— ¿Cuántas de las peticiones llegan finalmente a término? R.— Nosotros estaremos tramitando en total entre 7.000 y 7.500 peticiones al año. En torno al 75 % se conceden. P.— ¿Cómo sería un día en su puesto? R.— Llego sobre las 8.30 horas, y lo primero que hago es reenviar por correo electrónico a los colegiados de guardia las asistencias de los juzgados. De lunes a jueves estoy en el SOJ de 9.30 a 11.30 horas (el viernes lo realiza mi compañero Javier), aunque normalmente acabamos más tarde. Cada día es diferente, con más o menos gente esperando, pero la mayoría de las jornadas son tranquilas. Sobre todo atendemos asuntos de familia, contestaciones a demandas de monitorios y reclamaciones de cantidad. En el SOJ estamos dos personas. Yo atiendo todo lo referente a la paralización de plazos y los
abogados de guardia —cada día viene uno diferente— se encargan de iniciar procedimientos porque tienen el conocimiento legal. P.— Seguro que no se aburre… R.— No te da tiempo a aburrirte para nada. Una vez que atiendo en el SOJ, subo a la oficina para enviar a los juzgados todas las suspensiones de plazos para que tengan constancia y empiezo a tramitar lo que ha entrado, lo que viene por el juzgado, por Lexnet y lo que traen los compañeros de las guardias. Es un trabajo mecánico, pero como tiene tantas fases, es muy entretenido y se hace ameno. P.— En su día a día, atiende además a los letrados de oficio. R.— Es lo que menos. Sí que me consultan alguna cosa sobre procedimientos raros que no suelen llevar en el despacho y les han designado de oficio, pero lo que más consultan es la tramitación de los expedientes de justicia gratuita, si tienen derecho por ingresos o por el tipo de procedimiento… P.— ¿Quién le da más dolores de cabeza: los abogados o los ciudadanos? R.— Los ciudadanos. Siempre me he sentido muy querido por los abogados y es una cosa que agradezco mucho. Por norma general, todo el mundo viene con educación, pero hay veces que se levantan con mal pie. P.— Después de tantos años en el ICAVA, ¿se ve en otro sitio? R.— No me veo y espero que no. Lo que hago aquí me gusta, aunque en el trabajo no hay
nada fijo y hay que amoldarse a lo que sea. De hecho, antes de entrar aquí estuve trabajando en la construcción. La vida da muchas vueltas, nada es seguro. No me veo en otro sitio, pero me adaptaría. ¡Pero espero que no! P.— Tantos años habrán conseguido que la relación con sus compañeros sea muy estrecha. ¿Recuerda alguna anécdota con cariño? R.— La relación es muy buena. Me acuerdo de que, antes de estar atendiendo aquí en el SOJ, una señora le dijo a un compañero que si se quería casar con su hija. Hay cosas que son surrealistas y esta en concreto nos hizo mucha gracia. P.— ¿Cómo se vive en el Colegio el cambio de las juntas de gobierno? ¿Afecta a la rutina diaria? R.— En principio no nos afecta. En los veinte años que llevo aquí, todos los miembros que han pasado por la junta han tenido una relación muy buena con los empleados, ha habido un respeto mutuo. Nunca he sentido ninguna preocupación. P.— ¿Cuántos decanos ha visto pasar por aquí? R.— La primera fue Carmen Vela y luego ya vinieron Enrique Sanz Fernández Lomana, Jesús Verdugo, Javier Garicano y Javier Martín. Cinco en total. P.— Y los que le quedan... R.— Sí, espero que me queden unos cuantos más (se ríe).
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Dabo Tibi Ius / 22
La reforma laboral Una visión aérea sobre los efectos de “La Reforma” Por Juan Antonio Saldaña Carretero, abogado Mediante el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, se ha acometido un cambio de la legislación laboral cuyo objetivo nuclear es la disminución de la temporalidad en la contratación. Como cualquier cambio introducido por el legislador, este no está exento de polémica; no obstante, dejando aparte tales valoraciones y entrando al contenido de la reforma, ¿cuáles son las modificaciones más relevantes que se han introducido? En primer lugar, el Real Decreto-ley 32/2021 reordena las modalidades de contratación temporal, eliminando el contrato de obra o servicio, reformulando el eventual por circunstancias de la producción y permitiendo la contratación temporal solo por sustitución de una persona trabajadora. Además, se da
un mayor protagonismo al contrato fijo discontinuo, se establece una nueva regulación de los contratos formativos y en el sector de la construcción se regula el nuevo contrato indefinido adscrito a obra. Recordemos que las nuevas modalidades de contratación se han hecho efectivas a partir del 30 de marzo de 2022 por aplicación de la disposición transitoria cuarta de la norma; de manera que, para quienes hayan sido contratados temporalmente antes de esta fecha, habrá que distinguir si el contrato se formalizó antes del 31 diciembre de 2021 o en el periodo comprendido entre ambas fechas. La diferencia de trato radica
Las nuevas modalidades de contratación se han hecho efectivas a partir del 30 de marzo de 2022
en la duración del contrato, puesto que los temporales celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021 se extenderán todo lo que la norma permitía antes de la reforma (p.ej. hasta tres años de duración en la obra o servicio si el convenio colectivo de aplicación lo permite), mientras que los temporales celebrados en el periodo de transitoriedad, no podrán exceder de los seis meses de duración, tanto los de obra o servicio como el eventual por circunstancias de la producción. Dicho esto, ¿qué características tienen las nuevas modalidades de contratación? 1) Contratos para atender circunstancias de la producción que tengan su origen en un incremento ocasional e imprevisible (artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores [ET]): se prevé expresamente válido para cubrir vacaciones de los trabajadores y su duración será de hasta seis meses, con la posibilidad de ampliar a un año por convenio colectivo.
Agentes sociales. Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Dabo Tibi Ius / 23
2) Contratos para atender circunstancias de la producción ocasionales y previsibles cuya duración sea reducida y delimitada (artículo 15.2 ET). Las empresas no podrán hacer uso de esta modalidad más allá de noventa días en el año natural, con independencia del número de trabajadores contratados, y no podrán usarse de forma continuada. La redacción otorgada por el Real Decreto-ley 32/2021 habrá de ser interpretada por los tribunales, toda vez que no es clara en cuanto a cómo debe computarse esa ventana de noventa días. 3) Al igual que el anterior contrato denominado de interinidad, podrán celebrarse contratos temporales para la sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo (artículo 15.3 ET). La principal novedad es la posibilidad de solapamiento, durante 15 días, entre el trabajador sustituido y el sustituto a fin de que haya un periodo previo de “instrucción o formación” de aquel respecto de este. Este contrato también puede utilizarse para la cobertura de vacante durante la selección (por un máximo de tres meses) y para completar la jornada reducida de otro trabajador por causa legal. 4) El contrato fijo discontinuo, regulado en el artículo 16 del ET, es una figura contractual que se ha potenciado con la reforma: ha pasado de tener un total de cuatro a ocho apartados, y de tener un carácter casi residual a un mayor protagonismo como medio para lograr el objetivo de reducir la temporalidad en el empleo. En el momento de entregar estas líneas a la imprenta nos llega la noticia de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) va a llevar a cabo una campaña en todo el territorio nacional para comprobar que los contratos suscritos bajo esta modalidad cumplen los requisitos legales, por lo que cabe sugerir a sus usuarios cierta escrupulosidad con tales requisitos. Así han aumentado los supuestos en los que cabe la celebración de este contrato a los tres siguientes: a) Trabajos estacionales, de temporada o intermitentes en periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados; así, aunque se mantiene el carácter estacional de la prestación, en la nueva redacción se ha eliminado el requisito de que esta prestación sea “incierta” y de que se encuentre dentro del “volumen normal de la actividad”, aumentando también su espectro de posibilidades. La regulación anterior hacía una clara distinción entre este tipo de contrato y el temporal indefinido, atendiendo a la existencia o no de la incertidumbre en la prestación del servicio, si bien al desaparecer este requisito ahora parece desdibujarse la línea entre ambos tipos de contratación.
Modelo de contrato de trabajo indefinido
Salvo que el convenio colectivo sectorial así lo recoja, no se podrá contratar a tiempo parcial b) También puede celebrarse en el marco de contratas mercantiles o administrativas respecto aquellas actividades que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Para este supuesto la norma introduce un límite temporal muy importante, pues los periodos de espera o inactividad entre contrata y contrata (de no prestación de servicios del trabajador) habrán de ser fijados por convenio colectivo y, en defecto de este, no podrá ser superior a 3 meses.. c) C ontrato fijo discontinuo concertado por empresa de trabajo temporal (ETT). Totalmente novedoso es que las ETT pueden concertar estos contratos en los términos que establece el segundo párrafo del artículo 10.3 de la Ley 14/1994, de 1 junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, a tenor del cual “las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos de carácter fijo-discontinuo para la cobertura de contratos de puesta a disposición vinculados a necesidades temporales de diversas empresas usuarias, en los términos previstos en el artículo 15 del ET, coincidiendo en este caso los periodos de inactividad con el plazo de espera entre dichos contratos”. Por último, parece deducirse del texto legal que, salvo que el convenio colectivo
sectorial así lo recoja, no se podrá contratar a tiempo parcial, y la jornada diaria deberá ser completa en estos casos. 5) Contratos formativos: el anterior artículo 11 del ET contemplaba tres contratos formativos que eran: 1) el contrato de trabajo en prácticas, contemplado para obtener la práctica profesional necesaria una vez terminados los estudios; 2) contrato para formación y aprendizaje, simultáneo a la actividad formativa; y 3) contrato para la formación dual universitaria, coincidente en el tiempo con la realización de estudios universitarios. Pero la nueva redacción contempla solo dos modalidades: a) Contrato de formación en alternancia: tiene por objeto “compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos”. Debe celebrarse con personas trabajadoras que no dispongan aún de la cualificación profesional y sean menores de 30 años, y su duración oscila entre 3 meses y 2 años, posibles prórrogas incluidas. El tiempo de trabajo efectivo no puede superar el 65 % en el primer año y el 85 % en el segundo, siendo obligatorio su compatibilización con la formación. La retribución tampoco puede ser inferior al 60 % en el primer año y 75 % en el segundo respecto de la fijada en el convenio colectivo que sea de aplicación para la correspondiente categoría y nivel profesional. Algunas novedades respecto de los contratos precedentes son la reducción de la duración, también del tiempo que puede dedicarse a trabajo efectivo, y un mayor hincapié en la actividad formativa, disponiéndose dos tutores para supervisar trabajo y formación, respectivamente.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Dabo Tibi Ius / 24
b) Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, cuyo objeto viene integrado en la propia denominación. Puede celebrarse con personas trabajadoras que están en posesión de un título universitario, de grado o análogos que, a diferencia de la redacción anterior, vienen enumerados por el propio artículo 11 del ET. Su duración está entre seis meses y un año máximo, prórrogas incluidas; para este caso la retribución debe ser del 100 % según las tablas salariales del convenio, dado que no existe una alternancia entre formación y prestación de servicios. No obstante, el articulado introduce un apartado de difícil conjunción con lo expuesto, y es que en ningún caso la retribución puede ser inferior a “la retribución mínima establecida para el contrato para la formación en alternancia”.
Como corolario a todo el apartado de contratación cabe mencionar que el Real Decreto-ley 32/2021 también ha creado una nueva figura contractual denominada “contrato indefinido de obra”, específico para el sector de la construcción y que se crea para suplir la supresión normativa del hasta ahora denominado contrato por obra o servicio determinado (de gran recurrencia en el sector de la construcción). En segundo lugar, la subcontratación del artículo 42 del ET es otro aspecto importante de la reforma laboral. La exposición de motivos alude al objetivo de evitar situaciones de abuso (dumping social, como sucedía en el caso de las kellys). Se añade un nuevo apartado 6, desplazando el 7 y 8. Terreno farragoso, si se nos permite la expresión, habida cuenta de que el artículo 42 del ET ha sido la norma base de acogida al fenómeno de la subcontratación, que ha evolucionado notablemente en los últimos años. ¿Cómo debe entenderse entonces la nueva dicción del precepto? Una interpretación sistemática de la nueva redacción
La exposición de motivos alude al objetivo de evitar situaciones de abuso (dumping social, como sucedía en el caso de las kellys) nos permite esbozar la tesis de que hay unas reglas generales y unas excepciones: 1) Si la empresa principal y la contratista o subcontratista están dentro del ámbito del mismo convenio sectorial, este es el que prevalece en su aplicación. 2) Si la contratista o subcontratista tienen convenio de empresa, ese será el aplicable; y si no lo tienen, se aplicará el sectorial de la actividad desarrollada, tesis que viene avalada en sentencias del Tribunal Supremo previas a la reforma, como las de 22 de febrero de 2019 y de 11 de junio de 2020.
En tercer y último lugar, hay que referirse a los cambios producidos en los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), distinguiendo los motivados por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP) de los de fuerza mayor, y también a un novedoso mecanismo RED de flexibilidad y estabilización en el empleo. Para los ERTE por causas ETOP, se busca una agilización en el proceso negociador entre empresa y representantes de los trabajadores (RLT), pues la norma reduce notablemente tanto los plazos del periodo de negociación como los de constitución de la comisión negociadora. Como principal novedad, la autoridad laboral debe recabar un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre la comunicación y desarrollo del proceso negociador, causas que lo justifican, etc.; informe que debe evacuarse en el plazo de 15 días desde la notificación de la finalización del periodo de consultas y que, si la ITSS considera la medida injustificada, conllevará el reintegro de
prestaciones y de deducciones realizadas en la cotización a la Seguridad Social. Otro cambio es la posibilidad de prorrogar el ERTE más allá de la fecha de finalización inicialmente indicada; dicha prórroga puede negociarse en cualquier momento durante el ERTE y debe comunicarse a la autoridad laboral en los 7 días siguientes a la finalización de la negociación. Para los ERTE por fuerza mayor, los cuales han ganado protagonismo a causa de la pandemia, el ET preveía su regulación a través de un escueto texto en el artículo 47.3, el cual remitía a su vez al artículo 51.7. Con la reforma, el legislador ha ampliado y precisado aquel precepto, añadiendo dos nuevos apartados (el 5 y el 6) en los que se detalla el procedimiento a seguir. Tal y como se configura ahora la norma, dentro de los ERTE por fuerza mayor, vamos a poder distinguir dos subtipos: los derivados de fuerza mayor “ordinaria”, digámoslo así, y los derivados de fuerza mayor “gubernativa” para aquellos supuestos en que el impedimento o limitación en la actividad normalizada de la empresa venga originada por decisiones adoptadas por la autoridad pública competente. Aunque en ambas modalidades la autoridad laboral debe constatar la existencia de fuerza mayor, en la “gubernativa” no será necesario informe de la ITSS, al contrario de lo que sucede en la otra modalidad. También es novedoso que en la regulación anterior se preveía este tipo de ERTE solo para adoptar medidas de suspensión de contratos, mientras que ahora se contempla expresamente la reducción de jornada. El mecanismo RED de flexibilidad o estabilización en el empleo ha sido incluido en el nuevo artículo 47. Bis. Permite reducir la jornada o suspender contratos de los trabajadores, si bien, aunque este sistema está vigente desde el 31 de diciembre de 2021, su puesta en marcha necesita de una activación por parte de varios órganos gubernamentales e información a sindicatos y organizaciones empresariales más representativas. Presenta dos modalidades, la cíclica y la sectorial. La primera, para “cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos de estabilización, su duración máxima es de un año”. La segunda, “cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras, con una duración máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una”. Ambas modalidades prevén exenciones en las cotizaciones, la necesidad de dar formación profesional, cláusula de mantenimiento del empleo por seis meses y medidas en materia de protección social. Tras la lectura de estas líneas se entenderá el carácter aéreo, por somero, que al inicio de las mismas les atribuíamos. Serán —como siempre— los jueces quienes tengan la última palabra.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / El Colegio en la prensa / 25
El Colegio en la prensa TURNO DE OFICIO
DÍA DE LA MEDIACIÓN
Europa Press Las solicitudes de justicia gratuita en Valladolid vuelven a niveles de 2019 tras caer un 20 % en 2020 por la pandemia.
El Norte de Castilla Tres de cada diez conflictos familiares en los juzgados se resuelven por la mediación.
El Mundo – Diario de Valladolid El Turno de Oficio de Valladolid cierra el año con una caída del 20 % de los asuntos, cifras similares a prepandemia. El Español - Noticias CyL La Justicia gratuita cierra 2021 en Valladolid con menos reclamaciones laborales y más civiles. El Día de Valladolid Las peticiones de justicia gratuita vuelven al nivel de 2019. Tribuna de Valladolid Las solicitudes de justicia gratuita en Valladolid se recuperan y vuelven a niveles de 2019. Gente Digital Las solicitudes de justicia gratuita en Valladolid vuelven a niveles de 2019 tras caer un 20 % en 2020 por la pandemia. Noticiasde.es Las solicitudes de justicia gratuita en Valladolid vuelven a niveles de 2019 tras caer un 20 % en 2020 por la pandemia. Cadena SER El Turno de Oficio de Valladolid cierra 2021 con cifras similares a las de antes de la pandemia. RTVCyL Las solicitudes de justicia gratuita o de abogados de oficio suben un 20 % en el último año.
COPE La mediación intrajudicial cumple diez años en Valladolid. SANCIONES DEL COVID ANULADAS Cadena SER Alfonso Alonso habla sobre la anulación de las sanciones realizadas durante el segundo estado de alarma. DELITOS EN REDES SOCIALES Cadena SER Verónica Rodríguez analiza los delitos en redes sociales a raíz de la detención de un hombre por un delito de odio. CAMPAÑA INFORMATIVA MEDIACIÓN VECINAL Europa Press Abogados del ICAVA recorrerán 14 pueblos de Valladolid para acercar su servicio gratuito de mediación vecinal. El Día de Valladolid Abogados visitarán 14 pueblos y acercarán la mediación vecinal. El Español - Noticias CyL 14 pueblos de Valladolid recibirán un servicio gratuito de mediación vecinal de abogados del ICAVA.
COPE Los mediadores del Colegio de Abogados de Valladolid visitarán 14 municipios de la provincia para explicar a sus habitantes qué problemas pueden solucionar mediante la mediación. Onda Cero Abogados del ICAVA recorrerán 14 pueblos de Valladolid para acercar su servicio gratuito de mediación vecinal. PREMIO ‘BONA FIDES’ Europa Press Los abogados de Valladolid conceden el Premio ‘Bona fides’ a su juez decano, Emilio Vega González. El Norte de Castilla Los abogados premiana al juez decano. El Español - Noticias CyL Los abogados conceden el Premio ‘Bona fides’ al juez decano de Valladolid, Emilio Vega González. La Vanguardia Los abogados de Valladolid conceden el Premio ‘Bona fides’ a su juez decano, Emilio Vega González. Tribuna de Valladolid Emilio Vega, premiado con el galardón ‘Bona fides’ por los abogados de Valladolid. CLÁUSULAS SUELO Cadena SER Los abogados señalan que la falta de personal en el juzgado de las ‘cláusulas suelo’ demora el pago a los perjudicados hasta dos años y medio.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / El colegiado opina / 26
El colegiado opina Por Marta Aparicio Gutiérrez, abogada
La sociedad, que sufre constantes cambios, espera que el abogado se adapte a ellos y ofrezca a sus clientes un buen servicio desde el conocimiento de esas novedades producidas. Por ello, el letrado está obligado a reciclarse continuamente para adecuarse a los nuevos tiempos. Ello puede provocar que ciertas costumbres, que se estaban desarrollando de modo natural en el día a día de nuestra profesión, empiecen a desaparecer; además hay que tener en cuenta la incorporación de nuevas generaciones. Confluyen en estos tiempos dos pensamientos encontrados: evolución versus tradición.
¿Qué usos y costumbres de la profesión de la abogacía crees que se han perdido y deberían recuperarse? Entre las respuestas que abogan por la continuación de los usos instaurados, se percibe, con cierto matiz nostálgico, que nos estamos olvidando de algunos de los pilares en los que se sustentaba nuestro modo de trabajar. Principalmente, se menciona un abandono de la ética profesional. En esta línea, una colegiada responde que estamos dejando atrás “la ética profesional y las buenas maneras con las que nos comunicamos con nuestros compañeros”. Considera que ahora las actuaciones entre colegas se han convertido en un “todo vale” y, disgustada, añade que “hay que tener educación, respeto y deferencia hacia los demás profesionales”. Prácticamente una conclusión idéntica transmite otro participante al indicarnos que “es evidente que el compañerismo se ha perdido, hay un desapego a la profesión, todo es mucho más impersonal, y existe una falta de ética profesional”. Siguiendo con este pensamiento, un colegiado achaca la perdida de esos usos a las nuevas promociones incorporadas. “Hay
muchas costumbres que desconocen parte de las nuevas generaciones y que deberíamos recordarles”, manifiesta, mientras ejemplifica a qué supuestos se refiere: “El traslado de la minuta de honorarios al compañero contrario para consideración del mismo, previa a su tasación, o la falta de respuesta al compañero cuando ha llamado o ha emitido un correo”. Esto último lo califica de “mala educación pura y dura”. Sin embargo, otro opinante comenta que lleva colegiado más de veinte años y, últimamente, está percibiendo algunos comportamientos muy alejados a lo que entiende que debe ser la conducta normal de una persona en el desarrollo de la profesión. “He visto faltas de respeto entre compañeros, tanto en escritos como en las exposiciones de las conclusiones de una vista. Y tristemente no solo vienen de los colegiados recientes, que pueden pecar de falta de experiencia, sino también de compañeros más veteranos que yo”, se lamenta. No entiende este opinante “cómo se permiten dichas prácticas”, ya que, según reflexiona, “no contribuyen a conseguir la labor mediadora que tenemos encomendada y, en cambio, pueden lograr una desafección en nuestro trabajo”. Según explica un colegiado, hay hábitos que se están dejando de practicar y que tienen mucho que ver con “el respeto y la consideración hacia el compañero”. Para ejemplificar su reflexión, detalla que se refiere a situaciones como “llamar al compañero que firma la demanda para decirle que te haces cargo de la defensa del demandado y establecer contacto, saludar al compañero a la entrada de la sala de vistas, no criticarle en nuestros escritos, pedir la venia y procurar que se le paguen sus honorarios, reunirse en el despacho del compañero más antiguo, etcétera”. En términos similares responde una compañera cuando habla de “solicitar la venia al compañero y procurar que cobre antes de comenzar con la defensa un nuevo abogado”; o cuando se refiere a que “antes de tasar unas costas se pasen al contrario previamente, para llegar a un acuerdo de las mismas”.
Otra participante, en alusión a una pérdida de compañerismo, explica que “echa de menos el contacto físico, reuniones presenciales en el colegio que terminaban siempre con un café o una cerveza con compañeros y compañeras que te entienden mejor que nadie porque seguramente están en tu misma situación”. En cambio, otro colegiado, aunque entiende que efectivamente “se ha perdido cierta ética con el secreto profesional”, considera que hay que mirar hacia la renovación y “poner todos los medios al alcance para mejorar la tecnología”, porque opina que “todo lo que facilite el procedimiento es bienvenido.” Y es que, nos explica otro participante, los tiempos cambian y las costumbres también”, mostrándose partidario de la evolución y renovación de las costumbres. La respuesta con la que finalizamos esta primera cuestión ha sido rotunda. Viene de la mano de una compañera que cree que “la abogacía debe dejarse de tanta formalidad y de estar tan alejada de los ciudadanos, con sus palabras compuestas y complejas, sus escritos ininteligibles casi para el propio abogado que los escribe, como si eso significara que tienen mayor calidad”. Piensa que ello ayudaría a ver nuestra profesión más cercana y accesible a los ciudadanos. El pasado mes de marzo conocimos el informe emitido por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que revelaba un aumento del 137 %, con respecto al 2020, de la suspensión del régimen de visitas si existe una orden de protección o indicios de que los hijos han presenciado o sufrido violencia machista. Esta medida fue posibilitada tras la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de Junio, conocida como ley Rhodes (en homenaje al pianista James Rhodes, que sufrió abusos en su infancia). Dicha noticia ha dado paso a nuestra segunda cuestión.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / El colegiado opina / 27
¡Participa
¿Consideras que se debería suspender el régimen de visitas del progenitor con respecto a sus hijos menores, cuando exista una condena de aquel por un delito de violencia de género? Conocedores de la polémica que podía generar esta cuestión, hemos agrupado las respuestas atendiendo a los porcentajes de coincidencia.
¿Cómo puede afectarnos la eliminación de los aranceles de los procuradores aprobada recientemente?
Un 40 % de las respuestas recibidas están en contra de la supresión del régimen de visitas de los menores con respecto a sus padres. Entienden que, en este caso, no puede afectar a los derechos del menor la situación existente entre sus progenitores.
Quizás esta última pregunta se ha percibido como algo ajeno a nuestra profesión, que “poco o nada” nos puede afectar, y que es algo exclusivamente vinculante a nuestros colaboradores, los procuradores. “Los aranceles de los procuradores son cosa de ellos y del cliente”, nos indica un compañero.
Un compañero manifiesta que estamos ante “dos tipos de relaciones diferentes, la de pareja y la paternofilial; a partir de ahí podemos incluir todos los matices que queramos, pero los niños y niñas también tienen derecho a ver a sus padres y madres”.
De la misma opinión es otro colegiado que nos dice que “es una cuestión exclusiva de nuestros colaboradores y nosotros no debemos manifestar una postura, pues es asunto suyo y, en principio, en nada nos afecta, al menos directamente”.
Y es que, nos expone otro opinante, “no puede suspenderse, porque no se trata de castigar, sino de intentar mantener la relación paternofilial”. Tajante se muestra un colegiado al sentenciar que “la correlación lógico-jurídica entre deberes y derechos convierte en una aberración dicha suspensión”. Absolutamente contrario a la adopción de dicha medida, considera que el hecho de que los problemas de pareja afecten a los hijos comunes “supone un juicio de inferencia de origen político en la actuación judicial”. El mismo porcentaje del 40 % corresponde a los que opinan que en este caso no se puede generalizar en la adopción de la medida, y que es indispensable estudiar pormenorizadamente cada caso particular, con las circunstancias del mismo, antes de tomar una decisión. “De manera automática, nunca”, opina un colegiado. Un compañero manifiesta que es crucial analizar “caso a caso y bien a fondo la sentencia de condena”. Entiende que es básico un examen estricto del contexto familiar y colaborar con otras administraciones. “No es fácil”, reflexiona. Otra colegiada estima que, previamente a tomar una decisión, hay que analizar “el delito, la pena y las edades de los hijos”. En definitiva, analizar “caso por caso”. Y finalmente nos quedamos con un escaso 20 % de las respuestas que se muestran
!
favorables con la adopción de suspensión del régimen de visitas. “Por supuesto que estoy de acuerdo —nos contesta una compañera—, al igual que en la Ley 17/ 2021, que acuerda la supresión de la custodia compartida a aquel progenitor que cause maltrato a un animal”. Entiende que, si existe un delito de violencia de género, “debe ser causa que limite los derechos sobre los hijos menores”. Y, favorable también con la medida adoptada en la ley Rhodes, terminamos con una reflexión que nos traslada una compañera: “Que se plantee esta pregunta solo pone de manifiesto la necesidad enorme que existe de que los abogados y abogadas se formen en perspectiva de género y feminismo. Y quizás, a esta pregunta hay que responder con otra: ¿Cuántos casos de violencia vicaria tienen que suceder en este país para que nos entre en la cabeza que un maltratador no es un buen padre?”. El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Real Decreto 1373/ 2003 de 7 de noviembre, por la que se eliminan los aranceles mínimos existentes por los que los procuradores se han venido rigiendo hasta ahora. Tema con el que hemos planteado la última cuestión.
No obstante, un participante nos transmite una visión pesimista de esta reforma, pues considera que, tras ello, “la valoración del trabajo del procurador no se tendrá en cuenta en términos de profesionalidad, eficacia y calidad, sino que se tenderá a contratar a aquellos que establezcan precios bajos y baratos”. Y advierte que nos toca a los abogados valorar a quién contratar para llevar un asunto, “a un profesional o meterse en el mercadillo del regateo y precios low cost”. Efectivamente, se ha hablado mucho de “profesionalidad” entre los intervinientes, pues si bien es cierto que no hay preocupación entre los compañeros participantes de que pueda afectar a nuestros honorarios, sí que hay cierta inquietud en cuanto a poder perder algo de eficacia y “bien hacer”. “Creo que a nuestros honorarios no les afecta, pero tendremos que valorar con qué procurador vamos a trabajar dependiendo de su minuta y su profesionalidad”, explica un colegiado. Otros, en cambio, lo ven como una forma de abaratamiento del proceso: “De la misma manera que la libertad de honorarios fomenta la competencia, la eliminación de aranceles también, y con ello ayuda a reducir costes procesales”.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / En Sala / 28
Breves apuntes sobre el arrendamiento rústico Por Jaime Diez-Astrain Foces, abogado
Nuestra región es eminentemente agrícola, y también en nuestra provincia, Valladolid, dependemos en gran medida de la tierra y de los agricultores con producciones de cebada, trigo, remolacha, maíz, girasol, colza, ajos, guisantes y patatas, por no hablar de productos de huerta, que también se dan, aunque en menor medida. Sin embargo, es escasa la especialización en derecho agrario, quizá porque es parte del derecho civil, y quizá también porque existen sindicatos y organizaciones
plano de igualdad, promoviendo la libertad de pactos con una mayoría de normas de carácter dispositivo y pocas imperativas, favoreciendo la regulación del contrato mediante el acuerdo de las partes, solo sometidos a los límites generales de no ser contrarios a las leyes, la moral y el orden público del Código Civil. Esta libertad de pactos es absoluta en los contratos de aparcería y de arrendamiento de explotación agraria siempre que se acompañe al contrato un inventario de
aplican una retroactividad tácita de la Ley 26/2005, siempre que las partes ostenten la condición de agricultor profesional del artículo 9 de la LAR. El principal problema con la aplicación del plazo para ejercitar dichos derechos es que su cómputo se inicia el día en que se inscribe la transmisión en el Registro de la Propiedad y, a menos que el arrendatario esté muy pendiente porque barrunte algo, nadie va al Registro de la Propiedad todos los días, por lo que cuando se entera de la
agrarias con servicios jurídicos propios y a los despachos particulares apenas llega una ínfima parte de contenciosos rústicos. Pese a ello, es necesario tener una idea de las leyes que vertebran la vida en el campo, y una de ellas es la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos, modificada mediante la Ley 26/2005, de 30 de noviembre. La Ley de Arrendamientos Rústicos es una norma estatal para los territorios que no tienen un derecho propio sobre arrendamientos rústicos y aparcerías. Sustituye a la antigua Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, y coloca a arrendatario y arrendador en un mismo
los elementos que constituyen su objeto (conjunto de bienes y derechos como unidad orgánica). La Ley 26/2005, de 30 de noviembre, que modifica la Ley 49/2003, se aplica a los contratos celebrados a partir de su entrada en vigor, en enero de 2006, y reestablece los derechos de tanteo y retracto o de adquisición preferente cuando el propietario de la parcela arrendada la transmita por un acto intervivos. A los contratos de arrendamiento suscritos entre la entrada en vigor de la Ley 49/2003 y enero de 2006, aunque no tienen reconocido dichos derechos de tanteo y retracto, los tribunales de instancia y las audiencias provinciales sí
transmisión ya se le ha pasado el plazo para ejercitar su derecho Tratamiento de los derechos de la PAC Dentro del arrendamiento ocupa un lugar destacado por su actualidad y debate el tema de los derechos de la Política Agraria Común (PAC). Hay audiencias provinciales, como la de Salamanca, que los entiende integrados en el contrato de arrendamiento, salvo pacto en contrario, porque consideran que tales ayudas constituyen un fruto de la finca. La normativa europea reguladora de la PAC admite la cesión de derechos con o sin tierras. Su devolución depende de si se
ABOGACÍA DE VALLADOLID / En Sala / 29
ha pactado o no en el contrato; así, aunque haya cambiado la denominación y el régimen, si se pactó la devolución, se deben retornar al arrendador porque el cambio no puede perjudicar a la buena fe del que los arrendó, y ello, aunque haya dejado de ser agricultor en activo, pudiendo volver a arrendarlos. Este asunto suscita una gran controversia, ya que en el año 2015 se produjo un cambio en la PAC y dejaron de existir los derechos de pago único ligados a la tierra, y desde entonces son derechos de pago básico vinculados a la persona y no a la tierra; por ello, nos encontramos con que hay agricultores con derechos, pero sin tierra donde aplicarlos, y agricultores con tierras que se han quedado sin derechos de pago único. Al dejar de existir esos derechos ligados a la tierra, al solicitar los arrendatarios los nuevos derechos vinculados a la persona, muchos antiguos titulares que arrendaron los derechos y han dejado de ser agricultores en activo se han quedado sin poder reintegrar esos derechos a su persona. Así las cosas, los contratos de arrendamiento con cesión de derechos de la PAC
Los contratos de arrendamiento con cesión de derechos PAC deben recoger expresamente el listado de derechos que se arriendan deben recoger expresamente el listado de derechos que se arriendan y una cláusula que especifique que dichos derechos, u otros similares o que los sustituyan, se devolverán al propietario al término del arrendamiento.
Duración del arrendamiento Otra cuestión práctica sobre el arrendamiento rústico es su terminación. La duración mínima del contrato es de cinco años, y se debe preavisar con un año de antelación al término contractual para recuperar la posesión; y si no, se entiende prorrogado por otros cinco años; ahora bien, en la agricultura los años no son de enero a diciembre, sino que se entiende por año agrícola el que va desde los meses de siembra a los meses de cosecha, es decir, de septiembre a agosto. Por ello, aunque con independencia de la fecha en que se firme el contrato, si el arrendatario ha sembrado la finca, tiene el derecho a recoger la cosecha. Así, si el contrato acaba, por ejemplo, en marzo, y la cosecha es de cebada, tiene derecho a cosechar en julio o agosto.
escrituras y los recibos de contribución pongan que la tierra es suya, lo cierto es que el que la posee desde hace años y la labra (con recibos de la PAC y un par de testigos) es otro y no ha lugar a recuperar la posesión. Y así, se queda de facto sin esa tierra. Por último, debemos decir que conviven hasta seis normas aplicables a los arrendamientos rústicos, aunque algunas ya estén derogadas, pues “los arrendamientos vigentes a la entrada en vigor de cada ley se regirán por la normativa aplicable al tiempo de su celebración”. Ley de Arrendamientos Rústicos de
Con independencia de la fecha en que se firme el contrato, si el arrendatario ha sembrado la finca, tiene derecho a recoger la cosecha
1980, Ley 83/1980 de 31 de diciembre. Se aplica a aquellos contratos celebrados antes de 2004. Reforma de la ley de 1980 por la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias de 1995, Ley 19/1995, 4 de julio: se aplica a los contratos celebrados entre julio de 1995 y mayo de 2004. La Ley de Arrendamientos Rústicos de 2003, ley 49/2003 de 26 de noviembre: Aplicable a los contratos ce-
Los contratos de arrendamiento rústico, aunque privados, para que tengan consecuencias a efectos de PAC o de otras ayudas y subvenciones oficiales, normalmente se registran en la Junta de Castilla y León. Siempre es preferible arrendar y hacerlo por escrito dejando claras nuestras premisas antes que hacerlo solo de manera verbal. Mucho cuidado con los intercambios únicamente verbales de tierras para labrar, porque cuando uno de los dos quiera recuperar la posesión de su finca puede encontrarse en un procedimiento judicial con una sentencia que diga que, aunque el registro de la propiedad, las
lebrados entre mayo de 2004 y enero de 2006. Reforma de esta ley operada por la Ley 26/2005, de 30 de noviembre, que se aplica a los contratos celebrados a partir de enero 2006. R eforma del art. 13.2 de la Ley 49/2003, por la Ley 2/2015, de 30 de marzo. de desindexación de la economía española: Se aplica a contratos celebrados a partir del 1 de abril de 2015. Código Civil (art. 1546 y ss): Para todos aquellos arrendamientos rústicos a los que no se pueden aplicar las leyes especiales de arrendamientos rústicos.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / En primera persona / 30
Preparativos del viaje Tras ese breve momento de reflexión, nos ponemos manos a la obra. En primer lugar, surge la incertidumbre de no saber a dónde ni a quien acudir. Tras unos cuantos mensajes y alguna llamada, se decide que la mejor opción no es llevar un coche, sino una furgoneta de nueve plazas, para así poder traer más personas y llevar más alimentos y medicinas. Es aquí donde empiezan a surgir los problemas. La búsqueda de una furgoneta no es sencilla, ya que la mayoría se encuentran ocupadas o simplemente no se alquilan. Después de un largo juicio en Palencia, y comentando el tema con otro amigo, él mismo manifiesta conocer una empresa que puede alquilarnos dicha furgoneta. Se ofrece a llamar y concertar una cita con el responsable de la misma. En ese momento contactamos con Ángel, de AGC, quien gustosamente se compromete a alquilarnos la furgoneta, y, además, a un precio muy reducido. Teniendo lo que pensábamos que era lo más importante, ¿qué podía salir mal?
Cientos de ancianos, mujeres y niños se agolpaban en tumbonas con su teléfono móvil como única vía de escape al horror vivido en su tierra
Pabellón de Varsovia
Entre amigos 2022 Crónica de un viaje necesario Por Carlos González Añó, abogado
Todo parte de una tarde cualquiera, en un lugar cualquiera, en que tres amigos se encuentran juntos, y a la pregunta de “¿qué vais a hacer estas vacaciones de Semana Santa?” surge la respuesta de “vamos unos días a Ibiza” y “yo tengo unas habitaciones reservadas en Oporto”, a lo que uno de ellos manifiesta tener la necesidad de hacer algo por las gentes de Ucrania y propone acudir
con un simple coche, con la idea de llevar medicinas y alimentos y volver con tres personas. A lo que los otros amigos responden con un simple “¡vale!”. A la mañana siguiente, y tras una breve llamada en el que uno de los amigos pregunta al otro: “oye, ¿tú estás seguro de esto?”, al responder el otro que sí, comienza todo.
Pues bien, llegados a este punto, la burocracia para este tipo de asuntos —al igual que en el resto de los asuntos— es extensa, lenta y poco resolutiva. Puestos en contacto con diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG), muchas de ellas de ámbito internacional, se nos manifiesta que nuestro objetivo es muy loable, pero que lo mejor que podemos hacer es darles a ellos el dinero que recaudemos a fin de que ellos le den el destino que estimen oportuno. Ante tales hechos, la indignación es patente, ya que mandar el dinero lo puede hacer cualquiera. ¿Qué hacer? Algo muy sencillo como comentar el asunto con los amigos, volcándose todos ellos en la búsqueda de alguna organización que nos pudiera ayudar a la recogida de personas y entrega de enseres en Varsovia, sitio este que sería el destino final de nuestro viaje. Ante ello, a través de amigos, sus consejos y cariño, y puestos en contacto con la ONG, Segunda Familia, en Navarra, se nos asegura que una familia compuesta por dos adultos y cinco niños está esperando nuestra llegada a Varsovia. Llegados a este punto, la complicación pasaba por recaudar los recursos suficientes para poder conseguir nuestro objetivo. Los días pasaban, las dudas aumentaban, las incertidumbres eran muchas, pero nuestro objetivo era muy claro.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / En primera persona / 31
Pabellón de Varsovia
Días después, llega una nueva llamada de la ONG Segunda Familia, en la que nos dicen que muchas más personas necesitan ayuda y que sería bueno poder llevar otra furgoneta. Ante ello, y puesto de nuevo en contacto con Ángel, de AGC, nuestro ángel de la guarda nos manifiesta que tienen otra furgoneta, la cual se encuentra vendida, pero se compromete a hablar con el comprador, a fin de que nos la preste para poder traer otra familia de dos adultos, dos adolescentes, tres menores y un bebé. El incauto comprador de la furgoneta accede a que vayamos a Varsovia con su vehículo, por lo que ya todo estaba organizado. Viaje Con la ayuda de la familia Villa Ramón, empresarios y dueños de un supermercado, y con ayuda del fabricante de cosméticos Postquam, conseguimos llenar las furgonetas de productos de primera necesidad, y el martes día 12 de abril empezamos nuestro viaje a Varsovia. Tras una breve parada en Irún, donde nos llenaron —aún más si cabe— las furgonetas de gominolas para los niños de Ucrania, proseguimos el viaje hacia el norte, pudiendo llegar casi de noche a la localidad francesa de Tours. Tras dormir unas horas, continuamos el viaje cruzando la siempre caótica circunvalación de París, las antiguas tierras españolas que ahora ocupan, de forma ilegal por los siglos de los siglos, los belgas y todo lo ancho de Alemania, hasta llegar a la polaca localidad de Słubice, donde tras casi 1.400 km decidimos parar a descansar. El jueves 14 abril continuamos nuestra marcha a Varsovia y, tras recorrer los apenas 500 kilómetros que nos separaban de la tan ansiada capital de Polonia, llegamos a nuestro destino, exhaustos pero felices. Realmente, Varsovia nos marcó. Es una ciudad moderna en la que fluye el turismo, la gente joven y hay un aura de prosperidad que la posiciona como una ciudad emergente, en el verdadero corazón de Europa. Es una ciudad con múltiples comercios, hoteles de cinco estrellas y grandes centros comerciales. Pero nuestro objetivo era otro y, así, el viernes día 16 de abril pudimos ir a llevar los
llegar el día anterior, procediendo posteriormente a desplazarnos unos kilómetros y recoger a la segunda de las familias, que se encontraba en lo que, al parecer, era la vivienda de un familiar. El objetivo entonces estaba conseguido, y una vez que dejamos los alimentos y enseres y recogimos a las familias que nos acompañarían en nuestro viaje de vuelta, pusimos rumbo a España.
Fran, Carlos y Juan, en una de sus paradas camino de Varsovia.
alimentos y materiales de primera necesidad a lo que, en otros tiempos, fue la Expo de Varsovia, y hoy en día un gran hangar en desuso y totalmente abandonado hasta la llegada del éxodo de los inmigrantes ucranianos. Es difícil expresar con palabras lo vivido en nuestros primeros momentos en la Expo de Varsovia. Allí, literalmente, cientos de ancianos, mujeres y niños se agolpaban en tumbonas con su teléfono móvil como única vía de escape al horror vivido en su tierra. Pese a ello, existía una gran organización: en un espacio se recibían y clasificaban las diferentes donaciones de alimentos, ropa, medicinas y enseres; en otro sitio, se repartía comida y bebida sin límite de tiempo o cantidad; en otro lugar, diferentes voluntarios repartían ropa entre los allí presentes; más adelante había varios mostradores con información para las personas que allí se encontraban. Tras dejar nuestras donaciones, acudimos a un próximo centro comercial que, ajeno al dolor que en la Expo se respiraba, funcionaba a pleno rendimiento. Allí pudimos observar cómo las personas hacían sus compras de manera normal, como al margen de lo que ocurría a pocos kilómetros de donde estaban. Tras aprovisionarnos de alimentos para las familias que esa noche debíamos recoger, emprendimos de nuevo el rumbo hacia la Expo de Varsovia. Una vez allí, recogimos a la primera de las familias que, tras una semana de viaje por Ucrania y Polonia, había conseguido
Vuelta a casa El paso de las horas y las emociones, que habían sido muchas, hicieron mella en nosotros, provocando un ingente cansancio, no solo en nosotros, sino también en nuestros acompañantes, los cuales, además, sentían una gran incertidumbre ante su futuro más inmediato. Ello nos llevó a decidir pasar la noche en la fronteriza localidad de Słubice. Tras unas horas de descanso y un copioso desayuno, los ánimos mejoraron, no solo los nuestros, sino también los de nuestros acompañantes, pudiendo ver las primeras sonrisas en los niños. Continuamos, en ese momento, el viaje, parando a reponer fuerzas en un área de servicio en Alemania y deteniéndonos a descansar en Orleans, ya al sur de París, y por fin lejos de los belgas. A la mañana siguiente, ya domingo, pudimos llegar a Pamplona, donde diferentes familias de acogida esperaban a nuestros ilustres acompañantes, que han sido recibidos en las navarras localidades de Fitero y Andosilla. Allí nos consta que se encuentran integrados y empezando una nueva vida. Todos los menores están escolarizados, los adolescentes acuden al instituto y varios de los adultos cuentan incluso con un empleo. La experiencia, lejos de resultar gratificante, se torna en escasa, ya que la única sensación que queda es la de no haber podido ayudar más y más veces, dado que son más de cinco millones de personas las que han tenido que abandonar sus hogares en Ucrania y nosotros apenas pudimos ayudar a un puñado de ellas. Sin embargo, por otro lado, resulta reconfortante saber que hemos podido dar una segunda oportunidad a las personas que nos acompañaron en nuestro viaje de vuelta.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Entrevista / 32
E N T R E V I S TA
ANA MARTÍNEZ OLALLA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
“Me preocupa reducir más los tiempos de respuesta para solucionar adecuadamente los problemas del ciudadano”
Ana Martínez Olalla en su despacho
Tras casi una década como presidenta de sala en el TSJCyL y cuatro como magistrada, Ana Martínez Olalla continúa ilusionada con un trabajo que le permite “servir como garante de los derechos del ciudadano” Por Marta Juste, periodista Entre montones de papeles y libros en el escritorio de su despacho, encontramos a Ana Martínez Olalla para charlar sobre sus cuatro décadas de trabajo y sus casi diez años como presidenta de sala en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Y es que
reconoce las bondades de las nuevas tecnologías, pero se alegra cuando aún le dejan imprimir documentos importantes para poder subrayar, manipular y mover folios con brío. Una energía que además se traduce en una firme defensa del ámbito contenciosoadministrativo, donde se incide “en la vida de la gente”, especialmente en temas de sanidad, educación, función pública, tributos, urbanismo y medio ambiente.
Pregunta.— Cuando juró su cargo dijo que la Sala sufría un retraso histórico. ¿En qué situación se encuentra actualmente Respuesta .— Muchísimo mejor. Antes dictábamos sentencias con tres y cuatro años de retraso. Ahora, desde que concluye la tramitación se tarda un promedio de unos cinco meses.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Entrevista / 33
P.— ¿Cómo ha sido el proceso de puesta al día? R.— Con un plan de refuerzo que se pidió al Consejo General del Poder Judicial y que aprobó el Ministerio de Justicia. Tuvimos siete magistrados haciendo 15 sentencias de más cada uno al mes. Luego nos adscribieron un juez de adscripción territorial (JAT) y algún otro de apoyo.
P.— ¿Cómo cree que es la relación actual entre jueces y abogados? R.— Respetuosa, pero aún distante. Debería ser más fluida; el trabajo realizado por un buen abogado en el proceso nos facilita muchísimo el nuestro. P.— Durante los últimos años ha sido ponente en sentencias de gran repercusión pública. ¿Hay alguna que le haya marcado? R.— A la ciudadanía le interesó cuando se ganó la cuestión de inconstitucionalidad de la estación de esquí de San Glorio, por la protección del oso. Recibimos cartas de gente anónima diciendo que creían en la justicia. Y ahora estoy muy contenta porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha estimado una cuestión prejudicial que planteamos, que permite que se reconozcan los servicios de los médicos y enfermeros en el extranjero a efectos de su carrera profesional cuando vuelvan a España.
P.— ¿Qué medidas ha implementado tras casi una década en el cargo? R.— Fundamentalmente la del refuerzo a través del Consejo, el ajuste cada dos años de las normas de reparto para establecer un equilibrio entre las secciones, la transparencia con la publicación de los asuntos que se van a deliberar cada semana. También hemos ajustado la oficina a las necesidades de la sala. P.— ¿Ha podido cumplir sus expectativas? R.— Siempre quedan cosas en el tintero y me preocupa especialmente reducir más los tiempos de respuesta para solucionar adecuadamente los problemas que acucian al ciudadano. P.— Desde 2019 Valladolid acoge un proyecto piloto de mediación contencioso administrativa. ¿Qué balance hace hasta el momento? R.— Negativo en el sentido de que no se aprecia una postura decidida de la Administración a seguir este camino para solucionar conflictos. No todos son susceptibles de ser objeto de mediación, pero algunos, como los que derivan de reclamaciones por responsabilidades sanitarias, consideramos que es mucho mejor que entre las partes lleguen a un acuerdo. P.— Entonces hay mucho que mejorar... R.— En nuestro ámbito falta cultura del acuerdo y voluntad de la Administración. Comprender que una solución consensuada y rápida satisface el interés general y el del que reclama. P.— ¿Es posible que no se llegue a acuerdos porque aún es muy novedoso? R.— Es novedoso y no estamos preparados, sobre todo nuestra jurisdicción. Pero ha llegado para quedarse porque es una alternativa útil. P.— También el expediente digital ha llegado para quedarse. ¿Cómo está siendo su aplicación? R.— Las comunicaciones son mucho más rápidas entre los órganos y facilita el teletrabajo. Pero también hay inconvenientes: el examen de expedientes voluminosos es
La magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
complicado y las muchas horas en la pantalla afectan. Es importante que todavía se puedan imprimir algunos escritos que requieran una lectura en papel y poder subrayar. P.— ¿Qué cuestiones cambiaría? R.— Es necesario que mejore la elaboración de los expedientes digitales de las Administraciones, que se materialice la transcripción de las vistas y de las actuaciones orales en escritos, que se nos proporcionen las herramientas más actualizadas. P.— La pandemia forzó a una obligada y rápida adaptación a las nuevas tecnologías. ¿Cómo se vivió desde el TSJCyL? R.— Se produjo un parón, pero se continuó actuando con lo que se disponía. Lo que vivimos muy mal fueron los asuntos referidos a las medidas sanitarias, porque había que solucionar muy rápido las cosas y un órgano colegiado no está acostumbrado a ello. Pero creo que lo hicimos bien. P.— Tanto magistrados como abogados reciben una formación continua. ¿Las nuevas tecnologías facilitan el acceso a los cursos y charlas? R.— Te facilitan muchísimo el acceso a la jurisprudencia y la legislación, trabajos doctrinales, etcétera. Pero no debe olvidarse la presencialidad, porque no es lo mismo un servicio público prestado por teléfono o videoconferencia; se pierde el lenguaje corporal y la humanidad.
P.— ¿Cree que la sociedad tiene suficientes herramientas para conocer su labor? R.— Creo que no tenemos una buena imagen y la mayoría de los compañeros trabajan muchísimo. Yo no recuerdo prácticamente ningún fin de semana sin trabajar. Los casos “estrella” oscurecen la ingente labor de la mayoría de los jueces, en condiciones poco favorables. P.— ¿Hay alguna manera de que puedan saber más en detalle cómo trabajan los magistrados? R.— Hay que hacer un trabajo de visibilización y transparencia. Todas las sentencias que pienso que pueden interesar a la gente se las pasamos al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia. Es esencial que la información se transmita bien y que nosotros seamos claros. P.— ¿Qué balance hace de sus casi cuatro décadas como magistrada? R.— Positivo, me encanta mi trabajo y siempre tengo curiosidad. También es una relación amor-odio porque la complejidad jurídica cada vez es mayor y los acontecimientos cada vez se producen más rápido. Lo que me interesa es la dialéctica entre lo humano y la cosa pública. En lo contencioso-administrativo incidimos en la vida de la gente: educación, urbanismo, medio ambiente, la función pública, la expropiación, el patrimonio… P.— ¿Algún asunto pendiente en su carrera? R.— Terminar bien lo que estoy haciendo. Yo profesionalmente me puedo sentir contenta. Cuando entré, casi no había mujeres y ahora más de la mitad de la carrera judicial lo son, pero pocas ocupamos puestos de presidencia. Este sí que es un asunto pendiente.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Sapere aude / 34
C aya Afrania, la primera mujer abogada Por Carmen Castro Manzanares, abogada También conocida como Gaia Afrania, Cafrania o Calpurnia, Caya Afrania vivió en la Roma del primer siglo antes de Cristo, en el convulso periodo que precedió al fin de la República de Roma, y murió en el año 49 a. C. Provenía de una familia acomodada de retóricos, por lo que no sorprende que, llegado el momento, no solo se negara a que sus intereses los defendiera algún pariente suyo hombre —como
Caya Afrania fue la primera mujer que defendió los intereses de terceros, por lo que es considerada la primera abogada de la historia
HORTENSIA Y AMESIA No solo a Caya Afrania hacía referencia Valerio Maximo en Facta et dicta memorabilia. En efecto, Máximo también aludía a otras dos mujeres: Hortensia y Amesia. La primera era hija de Quinto Hortensio Hórtal, que fue el orador de mayor prestigio en el periodo inmediatamente anterior al triunfo de Cicerón en el foro y que presumiblemente influiría de manera determinante en su formación, hasta el punto de que el estilo de la hija, al parecer, se asemejaba al del padre. En este sentido, Valerio Máximo apuntaba que “revivió Quinto Hortensio en su descendencia femenina e inspiró las palabras de su hija”. Y añadía que “si sus descendientes de sexo masculino hubieran querido imitar su fuerza, la gran herencia de la elocuencia de Hortensio no se habría truncado con este único discurso de una mujer”. Hortensia actuó defendiendo a las mujeres aristócratas a las que se quiso cobrar un impuesto especial para sufragar los gastos de la guerra. Por su parte, Amesia nació en el seno de una familia acomodada —lo que, al igual que a Caya Afrania, le permitió recibir una era tradición entonces— o algún jurista de prestigio —cuyos honorarios, dada su posición acomodada, habría podido sufragar—, y los defendiera ella misma, sino que, además, fuera la primera mujer que defendió los intereses de terceros, por lo que es considerada la primera abogada de la historia. Conocemos su existencia gracias a los textos de Valerio Máximo y de Ulpiano. Así, el primero se refiere a Afrania en su anecdotario
Foro romano
educación de calidad—, y se defendió a sí misma en un juicio público, según recoge Máximo: “Amesia, acusada de un crimen, con gran participación del pueblo, se defiende sola ante el tribunal, presidido por el pretor Lucio Ticio, y desarrollaba todas las partes de su defensa, no solo con acierto sino con gran coraje. Fue absuelta después del primer alegato, casi unánimemente”. Tras este aparente reconocimiento inicial, Máximo añadía que a Amesia la llamaban andrógina “porque escondía bajo su aspecto exterior de mujer un ánimo viril”. Facta et dicta memorabilia (Hechos y dichos memorables) dedicado al emperador Tiberio, en el que le dedica duras palabras cuando narra que “C. Afrania, la mujer del senador Licinio Buco, inclinada a instaurar pleitos, presentaba siempre demandas por sí misma ante el pretor, no porque le faltasen abogados, sino porque su falta de pudor era más fuerte que todo. Así, molestando sin interrupción con sus inusitados ladridos en el Foro a las
autoridades judiciales, terminó por constituir el ejemplo más conocido de intriga femenina. En efecto, de semejante monstruo es mejor transmitir a la posteridad el recuerdo del momento de su muerte que el de su nacimiento”. Por su parte, el célebre jurista romano Ulpiano (s. II d. C.) la citaba en el Digesto (D. 3.1.1.5) como la causa de la promulgación de la conocida como ‘Lex Afrania’, es decir, el edicto del pretor que prohibió a las mujeres defender los derechos de otras personas (postulatio procesal pro aliis): “Origo vera intructa est a Cafrania improbissima femina quae inverecunde postulans et Magistratum inquietans causam dedit Edicto...”. O, lo que es lo mismo, la causa de la prohibición provendría del caso de Cafrania (errónea derivación de C. Afrania), “una mujer muy descarada, que, al actuar sin pudor como abogada e importunar al magistrado, dio motivo a este edicto”. Aunque la razón real de dicha prohibición parece residir en el prejuicio existente ante la posibilidad de que
Ulpiano la citaba en el Digesto como la causa de la promulgación de la ‘Lex Afrania’, por la cual se prohibió a las mujeres defender los derechos de otras personas las mujeres intervinieran en la vida pública, Ulpiano también explica que la razón de tal prohibición era evitar que las mujeres se mezclaran en causas ajenas, “en contra del pudor propio de su sexo”, y desempeñasen “oficios viriles”. A raíz de este suceso, los romanos comenzaron a llamar ‘afranie’ a las mujeres que se caracterizaban por su desenvoltura y locuacidad.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Agrupaciones / 35
Agrupación de
Mujeres Abogadas de Valladolid (AMAV)
Regreso al pasado En los últimos años se está produciendo una involución en materia de violencia machista, consecuencia de un argumentario basado en falsos mitos que erróneamente creíamos superados hace mucho tiempo. El desconocimiento provoca una ignorancia que nos lleva irrevocable e irremediablemente a cometer los mismos errores del pasado. Quizás deberíamos recordar aquellos años previos a la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004,
con sus ojos amenazantes sobre ella. Lo que le esperaba dentro no era mucho mejor. Nosotras, presentes en la sala como público, asistíamos atónitas a escenas en ocasiones dantescas: una mujer víctima, temerosa y nerviosa, sin alcanzar a entender las preguntas que se le formulaban. En ocasiones, ante los gestos de sorpresa e indignación de las compañeras por la falta de empatía del Juzgador de turno, alguna compañera fue expulsada de la
las mujeres de este país que se atrevían a denunciar a su agresor. Actualmente, pese a que los avances legislativos no evitan que las cifras continúen siendo dramáticas, las impresiones son distintas: ni el agresor tiene la sensación de impunidad, ni la víctima de la soledad de antaño. La exposición de motivos de la Ley Integral contra la Violencia de Género señala: “En la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia,
El desconocimiento en materia de violencia machista provoca una ignorancia que nos lleva irremediablemente a cometer los mismos errores del pasado de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para comprobar lo que éramos y tomar conciencia de lo que queremos ser como sociedad. Antes del año 2004, toda la violencia sufrida por las mujeres se denominaba violencia doméstica, es decir, exactamente lo mismo que determinados sectores ahora insisten en llamar violencia intrafamiliar. Por aquellos años, las compañeras que llevábamos esta materia voluntaria y altruistamente nos encontrábamos que todos los tipos penales se tramitaban como juicios de faltas. Entonces la intervención letrada no era preceptiva, por lo que en la mayoría de las ocasiones no nos permitían ni personarnos ni intervenir, convirtiéndonos únicamente en ciudadanas concienciadas acompañantes de las víctimas. En la puerta de la sala, víctima y agresor esperaban juntos, ella con la mirada hacía el suelo, atemorizada, y él
PIXABAY
sala, obligándola a dejar abandonada a su suerte a quien había denunciado la paliza recibida. En el mejor de los casos, si había sentencia condenatoria, la pena impuesta era simbólica y el agresor continuaba asediando a su presa con total impunidad, puesto que, recordemos, la Ley Reguladora de la Orden de Protección no entró en vigor hasta el año 2003. No hace siquiera veinte años, esta era la tremenda y trágica situación por la que tenían que atravesar
existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre ésta, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas las formas de violencia de género. Ya no es un «delito invisible», sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social”. Debemos seguir en la lucha. Debemos seguir rechazando. No dejemos que vuelva el pasado. Reflexionemos.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Extraordinario de revisión / 36
Fue el primer juicio mediático de la historia, seguido por toda la sociedad británica y que acabó en condena para el escritor por ultraje a la moral pública
Retrato de Oscar Wilde y Bosie
Los juicios contra Oscar Wilde Por Mónica Vielba Serrano, abogada Fue el primer juicio mediático de la historia, seguido por toda la sociedad británica, y acabó en condena para el escritor por ultraje a la moral pública. A mediados del año 1891, el escritor Oscar Wilde vivía el periodo más dulce y prolífico de toda su carrera profesional, gozando del respeto de la sociedad victoriana y de los círculos literarios más selectos de Londres. La publicación del libro El retrato de Dorian Gray, un año antes, había sido todo un éxito de ventas y estaban a punto de publicarse algunos de sus poemas y ensayos más celebrados. Tenía 38 años. Su peculiar forma de vivir y de vestir no dejaban indiferente a nadie. Tenía fama de artista excéntrico y su presencia en fiestas y actos culturales resultaba imprescindible. Estaba encantado de su protagonismo. En el mes de julio de ese mismo año, en el transcurso de una velada literaria, conoció a un joven poeta de veintidós años, llamado Lord Alfred Douglas, tercer hijo de marqués
de Queensberry y conocido por sus amigos como “Bosie”. Al poco tiempo empezaron a acudir juntos a todos los eventos públicos. Se hicieron inseparables y lo que comenzó como un romance, acabó por convertirse en obsesión. Wilde derrochó cantidades ingentes de dinero en los caprichos del aristócrata, aprovechando la enorme fortuna que generaba los derechos de autor de sus obras. La homosexualidad era un delito en aquella época y era vista como un grave atentado a las normas morales. Esta relación era aceptada incluso por la mujer de Wilde, mientras la sociedad londinense miraba hacia otro lado. Pero hubo una persona que no aceptó la relación desde el principio, el marqués de Queensberry, padre de Bosie, muy preocupado por su imagen pública, puesto que su hijo estaba en boca de todo Londres. Los seguía por toda la ciudad, advirtiéndoles de que montaría un escándalo si los veía juntos, incluso intentó
boicotear la noche del estreno de la nueva obra teatral de Wilde La importancia de llamarse Ernesto, pero al final se evitó lo que hubiera sido un auténtico escándalo. Días después, el marqués acudió al Albemarle Club, frecuentado por el escritor, y le dejó una nota en una tarjeta personal que decía: “A Oscar Wilde, que presume de sodomita” fue el principio del declive para el escritor. Aconsejado por Bosie, Wilde interpuso una demanda por difamación contra su padre. El autor aseguró a su abogado que
Una nota en una tarjeta personal que decía: “A Oscar Wilde, que presume de sodomita” fue el principio del declive para el escritor
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Extraordinario de revisión / 37
no había nada de cierto en la acusación de sodomía y a la mañana siguiente el marqués de Queensberry fue arrestado. El día de la vista preliminar, la sala estaba repleta de púbico, entre ellos más de treinta periodistas. Wilde apareció en un carruaje tirado por dos caballos, ostentosamente vestido. El espectáculo estaba servido. Estaba convencido de que iba a ganar la batalla legal, pero el abogado del Queensberry, llamado Edward Carson, era un sagaz e inteligente profesional y tenía varios ases guardados en la manga. La vista terminó con el magistrado dictando auto de procesamiento contra el marqués. El espectáculo no había hecho más que comenzar; los abogados del marqués contrataron a un detective privado en busca de pruebas en los bajos fondos londinenses contra Wilde. Mientas tanto, el escritor y Bosie, muy confiados, se fueron una semana de fiesta y champán a Montecarlo. A la vuelta, muchos de sus amigos le rogaron que se olvidara del pleito y que huyera del país. Wilde hizo caso omiso. El alegato de justificación del abogado Carson fue implacable: acusaba a Wilde de inmoral y de tener tendencias sodomitas por el contendido de sus libros y, además, se presentaron catorce cargos de ultraje contra la moral pública, que si se llegaban a demostrar, conllevarían el arresto inmediato del escritor y la absolución de Queensberry. Durante el primer día del juicio, se pudo comprobar que el abogado de marqués fue implacable en el interrogatorito a Wilde. El momento más tenso llegó cuando Carson formuló la siguiente pregunta: “¿Alguna vez ha experimentado un sentimiento de adoración desmedida por una persona hermosa de sexo masculino muchos años más joven que usted?”. La respuesta del escritor fue: “Nunca he tenido adoración por nadie que no fuera yo”. El día siguiente las preguntas de Carson apuntaron directamente a la vida privada del artista. Las averiguaciones del detective privado habían arrojado resultados muy reveladores y el abogado del marqués preguntó: “¿Por qué frecuenta tanto la compañía de hombres jóvenes?” La contestación de Wilde: “Porque soy amante de la juventud”. El último día del juicio, Wilde se retractó de la acusación, pero fue demasiado tarde. El jurado deliberó y declaró que el contenido de la nota era cierto, que no existía delito de calumnia y en consecuencia, el acusado era inocente. La sala estalló en aplausos y vítores. El juicio se publicó en las primeras páginas de todos los periódicos con todos los detalles escabrosos y llegó hasta Nueva York y París. Algunas editoriales criticaron la hipocresía de la sociedad victoriana. Absuelto el marqués, ordenó enviar todas las declaraciones de los testigos al fiscal, quien decidió actuar y ordenó arrestar al escritor ante la gravedad de los testimonios. Wilde fue declarado en bancarrota y
Viñeta sobre el juicio de Oscar Wilde
Nota del marqués Queensberry a Oscar Wilde.
El abogado del marqués preguntó: “¿Por qué frecuenta tanto la compañía de hombres jóvenes?” La contestación de Wilde: “Porque soy amante de la juventud” su vivienda fue puesta en venta en pública subasta. Toda la inmunidad de la que había disfrutado el autor había desaparecido. En pocos días se celebraron dos juicios. El primer juicio contra Wilde se celebró tres semanas después. El primer día el abogado de la acusación utilizó cartas y las declaraciones de los testigos, principalmente prostitutos, delincuentes y los empleados de los hoteles en los que el autor se había alojado. No se dictó sentencia y se ordenó su repetición. El segundo juicio se centró en los principales testigos, descartando los menos creíbles. En ese momento la actitud de la sociedad y prensa inglesa había cambiado. Celebrado el juicio, tras tres horas de deliberación, el jurado declaró a Óscar Wilde
culpable de todos los cargos de sodomía excepto uno, por falta de pruebas. El 27 de mayo de 1895, el juez dictó una condena de dos años de trabajos forzados por ultraje a la moral pública. Con aquel castigo ejemplar, el Gobierno británico enviaba a la cárcel a una persona que había atentado contra los valores sobre los que se asentaba la moral victoriana. Los libros de Wilde dejaron de publicarse. Bosie lo abandonó.
El juez dictó una condena de dos años de trabajos forzados por ultraje a la moral pública Tras cumplir dos años de trabajos forzados en la prisión de Reading, el día 19 de mayo de 1897, el escritor fue puesto en libertad. Pocos días después abandonó Inglaterra y se trasladó a París bajo el nombre falso de “Sebastián Melmoth”. Los últimos de su vida transcurrieron con graves problemas de salud derivados de su adicción a la bebida. Murió solo el 30 de noviembre de 1900, casi en la indigencia por un ataque de meningitis. Tenía 46 años.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Actualidad / 38
Los facilitadores de la comunicación, ¿nuevos operadores jurídicos? Análisis de la figura creada por el art. 7 bis de la ley de enjuiciamiento criminal Por Carlos Escalera, abogado Cada vez somos más conscientes de que hay un problema de comunicación en la vida diaria: trasladar lo que pienso o entender lo que me dicen, día a día resulta más complejo. Si bien puede manifestarse en todos los ámbitos, se agudiza cuando nos situamos en las relaciones del ciudadano con la administración, y sobre todo con la justicia. Un uso del lenguaje excesivamente técnico, miedo, incomprensión, ausencia de conocimiento pueden ser un peligro y ocasionar una deficiente comunicación entre el ciudadano y el juzgado. Un simple error de comunicación, un malentendido, puede acarrear tremendas consecuencias. Existe un amplio colectivo que a lo largo de su vida precisará para poder ejercitar sus derechos adecuadamente —incluso los más básicos— del apoyo y asistencia de determinadas personas que faciliten su comunicación con el resto de los interlocutores, desde funcionarios a jueces pasando por policías,
notarios, gestores, abogados, procuradores, letrados de la administración de justicia, fiscales o jueces. La UNESCO (2014) estima que el 30 % de la población posee dificultades lectoras. Resulta necesario aprender a convivir con los derechos de esta población y dar medios para hacerlos efectivos. La necesidad de estos colaboradores, resultaba evidente y cada día más ineludible según se iban reconociendo más y más derechos a un colectivo de personas con alguna limitación en su capacidad. Detectado el problema, se precisa superar esta dificultad y encontrar una solución. Pictogramas, lenguaje de signos, comunicaciones y resoluciones redactadas con el método de “lectura fácil”, o empleo de lenguaje inclusivo, son conceptos que van siendo cada vez más familiares en el entorno de los juzgados. Pensemos en este colectivo con dificultades de comunicación y sus limitaciones para
interactuar y relacionarse con nosotros, los abogados, y no digamos con jueces o fiscales. Esta, para nosotros, simple tarea puede resultar para ellos un obstáculo insalvable. Antes de cualquier actuación, un abogado habla, se comunica —incluso durante horas— con su cliente. Un fiscal no. Un juez podrá conocer del asunto y tener su primer contacto con esta persona el día de la vista. Determinados colectivos solamente saben hablar y comunicarse a través de lenguajes especiales, desconocidos para la inmensa mayoría de nosotros, por ejemplo lengua de signos. O solo pueden comunicarse a través de aparatos mecánicos, sintetizadores (en ocasiones sin homologar). El Derecho, con mayúsculas, se reduce entonces a una mera declaración escrita en un papel, a veces mojado, porque el sujeto pierde la capacidad de poder ejercer los derechos que le han sido reconocidos. El principio de igualdad de trato y el de la no discriminación se quiebran.
Si hay dificultad para comunicar con un abogado, esta nos parecerá liviana si la comparamos con la dificultad que existe para comunicar con otros operadores Si hay dificultad para comunicar con un abogado, esta nos parecerá liviana si la comparamos con la dificultad que existe para comunicar con otros operadores. Recordemos situaciones vividas. Una simple detención policial; a un extranjero, inmediatamente se le pone a su disposición un traductor, un intérprete. Desde el primer momento de su
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Actualidad / 39
detención. No sucedía lo mismo con una persona sorda o mal llamada sordomuda. ¿Cuánto tiempo esperábamos —y esperamos hoy— a prestar declaración con el argumento de que no se dispone de personal adecuado que facilite la misma? (Ver artículo. 520.2. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual). Este problema, evidente en derecho penal, sucede también en otras ramas del derecho. Vemos ejemplos en las relaciones laborales con determinados tipos de contratación, que bien pueden derivar en manifiestas situaciones de abuso y explotación, o en complejos contratos, sobre todo bancarios. Es conocida una sentencia 2/2020 recaída precisamente en Valladolid, Juzgado de Primera Instancia n.º 4 (BIS) de 22 de enero de 2020, por la que una hipoteca, en la que el suscriptor puso de avalista a su hermana, sordomuda, analfabeta y oligofrénica, fue anulada por las dificultades que padecía la persona que la firma, persona que era sorda, e incapaz de comprender la trascendencia del contrato que realmente estaba firmando. Sangrante puede resultar el ejemplo de aquella mujer con parálisis cerebral violada, cuyo testimonio no fue tenido en cuenta por haberse realizado con un sintetizador de voz que no estaba homologado. Según el periódico La Vanguardia, en su escalofriante artículo de 18 de abril de 2021, “Una de cada cinco mujeres con discapacidad sufre violencia física o sexual en España. (https://www.lavanguardia.com/ vida/20210418/6933229/mujeres-discapacidad-abusos-sexuales-violacion.html).
La reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la Ley 8/2021, si bien insuficiente, por primera vez abre la puerta a distintas soluciones Detectado el problema debemos pensar en si existen remedios. La reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la Ley 8/2021, si bien insuficiente, por primera vez abre la puerta a distintas soluciones. El nuevo artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento civil enumera derechos, situaciones concretas y prevé qué hacer, pero no dispone de los medios, ni orienta al respecto; el precepto establece que las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación, y afirma que se facilitará a esta persona con discapacidad la asistencia o apoyo necesario para que pueda hacerse entender. Se permitirá la participación de un profesional experto que, a modo de facilitador de la comunicación, realice tareas de
adaptación y los ajustes necesarios para que esta persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. Es un principio, un comienzo, pero el mencionado artículo no deja de ser una mera declaración de principios bien intencionados, puesto que ni prevé medios ni articula cómo llevarlo a la práctica. Tampoco indica quién será el profesional experto que permita esa necesaria e imprescindible comunicación, si bien se establece y se aconseja que esta persona debe tener conocimientos en el ámbito de las discapacidades intelectuales o de desarrollo, debe tener ciertos conocimientos sobre derecho (sobre todo derecho procesal) y una sólida formación en psicología forense, comunicación, lenguaje y accesibilidad cognitiva. Se evidencia la necesidad de crear y habilitar la nueva figura del facilitador de la comunicación, considerando como tal a aquel
procedimiento en ningún momento, guardando debida confidencialidad respecto de todo lo que suceda dentro y fuera del ámbito judicial. En cada caso, evaluando y teniendo en cuenta la capacidad de la persona necesitada y su entorno concreto, será como se determine qué persona o profesional podrá ofrecer este tipo de apoyo y colaboración. Actuando principalmente en el ámbito del derecho civil y penal, también prestará sus servicios en ámbitos policiales y, desde luego, en servicios de asistencia a víctimas. Sobre todo, su presencia será habitual en temas relacionados con la capacidad civil de aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad, no solo en el proceso para su determinación, sino también con posterioridad a su finalización. Su papel será especialmente relevante como apoyo del curador o del defensor judicial.
profesional especializado y, sobre todo, neutral que, si resulta necesario, evaluará, diseñará, asesorará y ofrecerá a las personas con discapacidad (física o psíquica), tengan o no esta discapacidad reconocida oficialmente, y a todos los profesionales del ámbito de la justicia, los apoyos suficientes, adecuados y necesarios, para que las personas con esta discapacidad puedan ejercer su derecho y acceder a la justicia en igualdad de condiciones, promoviendo de este modo su plena inclusión en nuestra sociedad, dando efectivo cumplimiento al principio de no discriminación y permitiendo una plena igualdad de trato. Se enumeran estas características porque tal persona, que deberá ser libremente aceptada por la persona interesada, deberá mantenerse en todo momento neutral, imparcial, no debiendo contaminar el
Debemos por último recordar que la persona facilitadora de la comunicación será la encargada de evaluar el tipo de apoyo necesario para permitir esta comunicación, describiendo las características de la persona necesitada (no emite diagnósticos, ni debemos interpretar tal evaluación como tal). El facilitador realizará un informe en el que fundamentadamente propondrá los apoyos necesarios y cómo realizarlos, e informará a todas las partes interesadas del contenido de dicho informe. Logopedas principalmente, pero también psicólogos, asistentes sociales, especialistas en medicina forense, intérpretes en determinados sistemas de comunicación (braille, lengua de signos…) estarán cada vez más presentes, como un nuevo operador jurídico, en dependencias policiales, juzgados y tribunales.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Comisiones / 40
Comisiones C o m is ió n d e M e d ia c ió n
¿HABLAR Y DIALOGAR ES SUFICIENTE PARA UNA BUENA MEDIACIÓN? Desde el CEMICAVA apostamos por la mediación para solucionar los conflictos, porque creemos que la sociedad tiene que dotarse de mecanismos de negociación propios como vía para erradicar los problemas surgidos. Entendemos que el ámbito judicial no resuelve los conflictos, y para eliminarlos hay que hablar y dialogar. Venimos observando últimamente que son muchos los colectivos, aparte de los ya clásicos como son la abogacía y el de la psicología, que apuestan por resolver los conflictos a través de la palabra y el diálogo: ingenieros, peritos, aparejadores, arquitectos, economistas, etc. Si bien es cierto que cualquiera de estos profesionales con destreza puede dedicarse a
la mediación de forma profesional, debería ser necesario especializarse en este ámbito, y contar con la experiencia y formación suficiente. La mediación en el colectivo de la abogacía defiende que para construir procesos mediacionales más satisfactorios, solventar las situaciones de atasco en el transcurso de la mediación y los baches habituales en las conversaciones generadas en mediación, a la necesaria voluntad de hablar y dialogar le debe de acompañar inexcusablemente, el “dominio de las herramientas específicas para la intermediación”, como son la escucha activa empática, la reformulación, la gestión de la ira, la mirada al futuro, la externalización, tender puentes de oro, o el caucus.
Co mi sió n de l Tu rn o de Of ici o
REVOCACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA El juzgado de 1.ª Instancia n.º 14 de Valladolid ha revocado el beneficio de justicia gratuita de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita al apreciar abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en su ejercicio y condenará a abonar los gastos y costas procesales devengadas a su instancia. Así, el beneficiario de justicia gratuita concretó su pretensión en la reclamación del exceso de adjudicación otorgado al otro cónyuge en la liquidación de su sociedad de gananciales y en el valor del mobiliario y ajuar doméstico, conceptos que ascencían a casi 50.000 euros. El cónyuge demandado aportó en el juicio ordinario escrito firmado por el beneficiario
de justicia gratuita, donde se reconocía y admitía “la recepción en efectivo metálico del importe al que asciende el exceso de adjudicación y junto a ello, haber retirado los muebles y enseres que le correspondían en el reparto”. El beneficiario, además de ocultar la existencia de tal documento al profesional, negó la autenticidad de su firma, lo que obligó a la realización de una prueba pericial caligráfica, que concluyó con informe dictaminando la firma como de su puño y letra. La sentencia revoca el derecho de justicia gratuita y condena en costas al demandante, por temeridad y abuso de derecho, y haberse presentado ocho años después de haberse cumplido el convenio regulador que reclama.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Comisiones / 41
ca Co m is ió n D eo n to ló gi ALEGACIONES DEL LETRADO ANTE DISCONFORMIDAD DEL CLIENTE EN TURNO DE OFICIO En ocasiones nos encontramos con escritos de beneficiarios de la justicia gratuita manifestando su disconformidad con la actuación profesional de su letrado, en el asunto encomendado por designación, solicitando el cambio del mismo. Ante esta queja se da traslado para manifestaciones en plazo de cinco días al profesional designado, advirtiendo que la falta de respuesta por parte del letrado podría ser constitutiva de infracción deontológica grave tipificada el artículo 125 g) y u) del EGAE, en relación con el art. 9 del Código
Deontológico, y conlleva la imposición de la sanción prevista en 127.2 del Estatuto General de la Abogacía Española: suspensión del ejercicio de la abogacía entre quince días un año o multa pecuniaria por importe entre 1.001 y 10.000 euros. Por ello, con el fin de evitar estas situaciones no deseadas, es más que aconsejable dar respuesta a la notificación recibida en el expediente de cambio del letrado designado en turno de oficio por disconformidad del cliente con la actuación profesional.
Se cc ión de Pe ni te nc iar io
TECNOLOGÍA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS El 13 de abril de 2022 se promulgó el Real Decreto 268/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento Penitenciario, centrado en regular el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los centros penitenciarios. Hay que adaptarse a los tiempos e Instituciones Penitenciarias no se puede quedar atrás. Es necesario una inversión económica importante que haga posible el avance tecnológico dentro de los centros penitenciarios que facilite que las personas presas tengan los mismos medios tecnológicos que la sociedad, posibilitando su reinserción social.
El uso de las tecnologías es importante, pero lo es más el contacto físico con las personas, destacando las reuniones con los profesionales de la abogacía que les defienden de manera presencial. A nadie se nos escapa que hay ocasiones en las que es prácticamente imposible entrevistarse con una persona presa por estar a una distancia considerable o por una razón sanitaria, pero las reuniones con nuestros clientes que se encuentran cumpliendo condena en un centro penitenciario debe ser, salvo en casos muy excepcionales, de forma presencial.
Observato
r io L e g a l
APUESTA POR LA INFORMACIÓN El Observatorio Legal, en su afán de mantener a los compañeros al corriente de todas las novedades, sigue informando con sus boletines de las principales primicias legislativas y jurisprudenciales. Para ello, el blog del Observatorio, que desde aquí animamos a ojear, recoge recientes sentencias de los tribunales locales y otras instancias, que destacan por su importancia o novedad interpretativa. Este año hemos iniciado nuestra tarea formativa con una jornada sobre la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, de modificación del texto
refundido de la Ley sobre Tráfico de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a cargo de Enrique de Juan Jiménez; más recientemente, una jornada sobre la reforma laboral, y está prevista una jornada sobre la nueva regulación en relación con los seres sintientes. Desde aquí queremos animaros a volver a la presencialidad en las jornadas, recuperando el contacto personal, ya que escuchar al ponente y poder intercambiar con él nuestras propias opiniones permite un análisis en mayor profundidad y una mejor comprensión de los temas debatidos.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Comisiones / 42
Co m is ió n TI C Cómo solicitar las subvenciones para la transformación digital: el “Kit Digital” Al hilo de la última entrada en el blog de nuestra Comisión, te recordamos cómo solicitar las ayudas para la obtención del bono para el KIT DIGITAL. El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital. Las solicitudes se deben presentar únicamente a través del formulario automatizado creado al efecto y debe usarse el certificado digital en la web: https://www.acelerapyme.gob.es/ 1. Primero hay que registrarse. 2. Hay que realizar un test de evaluación del “Nivel de Madurez Digital”. 3. Realizar la solicitud. 4. Posteriormente, las soluciones contratadas serán comprobadas y verificadas, siendo necesario aportar la documentación que
justifique su implementación durante los 6 meses siguientes a la concesión de la subvención. 5. Una vez concedida la subvención se estima que se recibirá el bono digital en un máximo TRES MESES tras su tramitación, y tiene una fecha de caducidad de SEIS MESES para canjearlo. 6. Se debe seleccionar y contratar las soluciones de digitalización que se quieran. 7. Se debe firmar una propuesta de Acuerdo de prestación de soluciones de digitalización, y posteriormente se valida por una entidad colaboradora. 8. El agente digitalizador adherido debe justificar la subvención. El pago se hace directamente al agente en dos fases, una vez justificada cada fase. Si el pago de la ayuda no se puede realizar por causas imputables al despacho solicitante, se tendrá que hacer cargo de los costes producidos. Puedes encontrar más información en: https://www.icava.org/recomendacionespara-solicitar-las-subvenciones-kit-digital
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Colaboraciones / 43
Ausrine Stundyte, en el papel de Renata. Representación de El ángel de fuego en el Teatro Real de Madrid / Foto: ©Javier del Real | Teatro Real
La Ópera y la verdad
Por Fernando Herrero
Estamos sometidos a una tiranía que ha desembocado en la invasión de Ucrania: Putin es la figura siniestra, un criminal de guerra que ha asesinado a civiles con la complacencia de su país. Los pueblos también tienen culpa en los desaguisados colectivos. Al tiempo se estrenaba en España en el Teatro Real de Madrid El ángel de fuego, ópera de Prokofiev que el autor no pudo ver representada. El montaje de Calixto Bieito se había estrenado unos años antes, en 2017 en Zúrich. Parecía de hoy mismo, destilando una inmensa amargura. La novela simbolista de Briussow era interpretada en una puesta en escena que tenía una inmensa actualidad. Una casa-mundo contenía todos los personajes, giraba y al final se troceaba al tiempo que ardía la bicicleta que fue de la niña Renata, víctima de abusos infantiles que la enfermaron con ataques de histeria prolongados hasta llegar a una absoluta insania. La violencia de género y el descuido, la ignorancia de las enfermedades mentales en el ayer y en el hoy eran la clave del montaje, brillantísimo en ese espacio de gentes en cuartos infantiles, clínicas de abortos, cuartos de estar, con un final de exorcismo y castigo. Hoy los insanos, los locos no son curados, generalmente son castigados y olvidados, y Calixto lo muestra sin traicionar un ápice la obra original.
Esa tensión entre los dos protagonistas, Renata y Rupertz, y el resto de los personajes puede crear un desequilibrio que la extraordinaria interpretación dramática y musical de Austine Stunjdyte y Leigh Menrose evita. Musicalmente magnifica la dirección de Gustavo Gimeno y ajustadísimo el resto de reparto. La obra adquiere una gran categoría, un ejemplo de gran arte que no deja de ser incómodo y desasosegante.
Hoy los insanos, los locos no son curados, generalmente son castigados y olvidados, y Calixto lo muestra sin traicionar un ápice la obra original
El tiempo no cambia las circunstancias y las culpabilidades. El gran inquisidor no ve la verdad y cree que Renata está poseída por el diablo. En la obra original será quemada después del exorcismo. En la ópera según la visión del director es una enferma y no una culpable. Entrado el siglo XXI sigue siendo defectuosa la enfermedad mental y
es esa una de las razones de la visión de una ópera difícil y extraordinaria, con una verdad que contempla la realidad de los sucesos de hoy. Las mentiras, las ceremonias de las redes son hoy un abuso excepcional que cada vez nos consume más. Lo razonable, lo verdadero es denegado, por ello una ópera extraña lo acepta. En El ángel de fuego todo se destroza. La transferencia de Bieito es perfecta. No existen demonios ni locuras de posesión, sino una enferma que no es reconocida como tal. En el mundo global tampoco se acepta, porque resulta más fácil el horror mentiroso que la verdad, aunque ahora poco a poco ¿se va reconociendo? El ángel de fuego es un acto quebrado y así resuena en la visión que se interpretó en el Real. Buscar la verdad es misión de los hombres del derecho y a ello ayuda una ópera y un montaje como el de El ángel de fuego. La verdad del derecho y de la justicia. Los insanos, los esquizofrénicos, buscan ser curados no perseguidos. Los violadores y los acosadores sexuales deben ser castigados. Muchos años se han perdido resguardados en la mentira de la oscuridad. Por ello, al adquirir lo cierto nos ayudamos de la cultura y ese ejemplo insospechado de una ópera nos sirve de testimonio duradero.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Actualidad / 44
Crónica de una inconstitucionalidad anunciada Por Cristina Gallego Velloso, abogada
El 26 de octubre de 2021 nuestro Tribunal Constitucional (TC) declaraba, por fin, porque así venía reclamándosele desde hacía años, “la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”; y, de la noche a la mañana, dejaba vacía de contenido la normativa sobre la determinación de la base imponible del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocida como ‘plusvalía municipal’. Básicamente, la controversia revisada por el TC se ha ceñido a la base imponible de este impuesto, porque el método objetivo de cuantificación (valor catastral multiplicado por un porcentaje en función de los años de tenencia del inmueble) no sometía a gravamen plusvalías reales, lo que claramente vulneraba principios constitucionales de no confiscatoriedad y de capacidad económica contenidos en el artículo 31 de nuestra Carta Magna. Esa decisión de nuestro Tribunal no fue sorpresiva, pues ya desde hacía unos años venía dándole vueltas a la cuestión, pero sin atreverse a reconocer la inconstitucionalidad de una norma de la que se nutrían de manera muy importante las arcas de las corporaciones locales. Eso dio lugar a que dictara sentencias light, que venían a declarar la inconstitucionalidad de unos artículos para determinados supuestos, dejado al margen a otros, y con esta sentencia finalmente se ha demostrado que todo era una impostura que no podía sostenerse por mucho más tiempo. Los primeros pasos hacia la inconstitucionalidad El TC tuvo una actividad muy prolija durante el año 2017, llegando a dictar hasta cuatro sentencias (SSTC 26/2017, 37/2017, 59/2017 y 72/2017) al respecto; las dos primeras sobre normas forales reguladoras del IIVTNU en los territorios históricos de Guipúzcoa y Álava, declarando inconstitucionales y nulos aquellos artículos que sometían a tributación situaciones en las que no se daba incremento alguno de valor. Fue la STC 59/2017, de 11 de mayo, la que analizó aquellos preceptos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) que regulaban este impuesto bajo el mismo prisma que las sentencias anteriores y concluyó, respecto de sus artículos 107.1y 107.2.a) y 110.4, que “el tratamiento que los preceptos cuestionados de la Ley reguladora de haciendas locales otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situa-
Con esta sentencia del TC se ha demostrado que todo era una impostura que no podía sostenerse por mucho más tiempo ciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el artículo 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”. Así, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de estos preceptos en aquellas situaciones en que se producía un decremento, lo que recogió luego nuestro Tribunal Supremo en su sentencia 1084/2019, de 27 de marzo, haciendo recaer en el obligado tributario la carga de acreditar la inexistencia de la plusvalía gravada por el IIVTNU, y solo después de aportada la prueba de que el terreno no había aumentado de valor la Administración debía probar en contra de dicha pretensión para poder aplicar los preceptos del TRLRHL que la STC 59/2017 había dejado en vigor
únicamente para los supuestos en que hubiera plusvalía. El 8 de febrero de 2019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid planteó una cuestión de inconstitucionalidad en un supuesto en que la cuota que se liquidó a una obligada tributaria era superior al rendimiento obtenido, considerando que este impuesto tenía un alcance confiscatorio y los artículos 107 y 108 el TRLRHL podía ser contrarios a los principios de capacidad económica y progresividad, así como a la prohibición de confiscatoriedad del artículo 31 de la Constitución. De esta manera, la cuestión planteada al TC no era ya por la ausencia de incremento del valor de un terreno de naturaleza urbana, ni tampoco de decremento, sino que venía referido a los supuestos en los que la aplicación del tipo de gravamen establecido en el artículo 108.1 TRLRHL a la base imponible, conforme al
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Actualidad / 45
esos casos descritos en la sentencia, porque de aplicarse a todos los supuestos, según declaró en esa misma sentencia: “se privaría a las entidades locales del gravamen de capacidades económicas reales”; y, por fin, empieza a recriminar al legislador que no haya acomodado el impuesto a las exigencias constitucionales “después de transcurridos más de dos años desde la publicación de la STC 59/2017, a la capacidad económica de cada cual”.
Nunca podrán compensarse a los contribuyentes las ingentes sumas recaudadas indebidamente, en base a preceptos inconstitucionales artículo 107.4 del mismo texto legal, arrojaba una cuota que superaba el ciento por ciento de la riqueza efectivamente generada. El TC estimó la cuestión de inconstitucionalidad en su sentencia 126/2019, de 31 de octubre, y lo declaró así del artículo 107.4 TRLRHL, pero para los supuestos en que la cuota a pagar era superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente. Esa inconstitucionalidad limitada de dicho artículo 107.4 TRLRHL lo era solo para
STC de 21 de octubre de 2021: inconstitucionalidad para todos los supuestos La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla planteó el 28 de julio de 2020 una cuestión de inconstitucionalidad que se centraba, después de lo recorrido hasta ese momento, en si era constitucionalmente legítimo que, incontrovertida la existencia de un incremento de valor del terreno urbano objeto de transmisión, este fuera inferior al legalmente calculado aplicando una fórmula estimativa de manera obligatoria que, en realidad, prescinde de toda capacidad económica manifestada por el contribuyente, lo que da lugar a que la cuota resultante a abonar fuera desproporcionada y excesiva, aunque no absorba por completo el aumento de valor existente en el momento de la transmisión. En este caso llegaba casi al sesenta por ciento del incremento real, lo que el órgano judicial proponente planteaba como una posible “privación de la propiedad”, es decir, una confiscación. La Sentencia del TC 182/2021, de 26 de octubre, concluyó que el sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible vulneraba el principio de capacidad económica del artículo 31.1 CE como criterio de imposición “por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente” y, finalmente, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del TRLRHL, esta vez sin limitación alguna. Alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad El fundamento de derecho sexto de la STC avisa de que la expulsión del ordenamiento jurídico de los referidos artículos declarados inconstitucionales impide automáticamente la liquidación, comprobación, recaudación y revisión del tributo local, así como su exigibilidad, debiendo ser el legislador el que lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para adecuarlas al artículo 31.1 CE. Especialmente relevante es su apartado B), que relaciona las consecuencias de esta declaración de nulidad e inconstitucionalidad atendiendo a las distintas circunstancias: 1. No pueden revisarse situaciones sobre las que a fecha 26 de octubre de 2021 haya
recaído sentencia con fuerza de cosa juzgada o resolución administrativa firme. 2. Se consideran situaciones consolidadas: (1) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a fecha de dictarse esa sentencia y (2) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex artículo 120.3 de la Ley General Tributaria a 26 de octubre de 2021. Esta declaración supone una injustificada limitación de los derechos de los contribuyentes, además de entrar en contradicción con los artículos 164.1 CE y el 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establecen que las sentencias del TC surten efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que se produjo el 25 de noviembre de 2021. Lógicamente, esto dio lugar a que muchos contribuyentes presentaran rectificaciones de autoliquidaciones nada más conocer el texto de la sentencia el 3 de noviembre de 2021, ya que la nota informativa que publicó en la página web del TC el mismo día 26 de octubre no hacía referencia alguna a esas limitaciones sobre las situaciones consolidadas, antes de que se publicara en el BOE, lo que ocurrió el 25 de noviembre. La respuesta de los ayuntamientos, como era de esperar, ha sido la desestimación de las mismas, al aplicar automáticamente la limitación en los términos que recoge la sentencia. Medio año después los tribunales empiezan a darnos respuesta, siendo la primera de ellas la sentencia 48/2022, de 3 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Madrid, que estimó el recurso contencioso planteado por considerar de aplicación los artículos 72.2 y 73 de la LRJCA. Le ha seguido el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo 3 de Valencia que, en su sentencia 31/2022 del pasado día 5 de abril, ha interpretado que la limitación solo produce efectos tras su publicación en el BOE el 25 de noviembre de 2021, sin que sea posible que afecte a ningún recurso que se hubiese planteado antes de esa fecha, atendiendo al artículo 164.1 CE. Habrá que esperar a la respuesta final ante tal decisión, que podrá ser recurrida en casación por los ayuntamientos, de manera que será el Tribunal Supremo el que decida cómo debe interpretarse la sentencia del TC, permaneciendo hasta entonces suspendidas miles de reclamaciones planteadas desde el 26 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2021. Si nuestro Alto Tribunal confirma el razonamiento del juzgado de Valencia, implicará el reembolso a los contribuyentes de miles y miles de euros por parte de los ayuntamientos. Aún así, nunca podrán compensarse a los contribuyentes las ingentes sumas recaudadas indebidamente, en base a preceptos inconstitucionales. Ya lo decía Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Y esta justicia ha llegado tarde. Muy tarde.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Escapadas / 46
Dubrovnik: la perla del Adriático
Murallas y viejo puerto de Dubrovnik
Por Mónica Vielba Serrano, abogada Esta ciudad croata es uno de los centros turísticos más importantes del mar Adriático y una de las ciudades más bonitas de Europa; es una joya escondida entre murallas medievales. Para apreciarla en todo su esplendor es necesario pasear por sus murallas, visitar el viejo puerto y recorrer el centro histórico de la cuidad. Las calles del casco antiguo guardan más de mil cuatrocientos años de historia. A lo largo de la misma, primero perteneció al imperio Bizantino hasta que pasó a formar parte de la republica de Venecia y en 1358 la cuidad de Dubrovnik consiguió su independencia para llamarse república de
Ragusa. Después de muchos avatares históricos, tras la guerra de los Balcanes paso a formar parte de Croacia. Al llegar, nos recibe la renacentista puerta de Pile, la puerta principal de entrada al casco histórico. Para llegar a la misma hay que atravesar un puente de piedra sobre un foso que se conecta con un puente levadizo. Al atravesar la puerta a la izquierda tenemos unos de los accesos a las murallas, es imprescindible recorrerlas puesto que rodean todo el casco antiguo y ofrecen espectaculares vistas tanto de la ciudad antigua con sus tejados de terracota como del mar Adriático, sobre todo al
atardecer, protegidas por cuatro grandes torres y fortalezas estratégicamente situadas. Al otro lado, se encuentra el monasterio Franciscano del XVII, una mezcla de de románico y gótico, aunque ha sufrido constantes remodelaciones tras el terremoto de 1667. Aquí, los monjes regentan una de las farmacias más antiguas de Europa, que lleva en funcionamiento desde hace setecientos años. Frente al monasterio, podréis refrescaros en la Gran Fuente de Onofrio: una singular fuente de piedra de estructura poligonal de dieciséis caras y rematada por una cúpula abierta en su parte superior.
ALREDEDORES IMPRESCINDIBLES: El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
Plitvice
Esta maravilla natural se encuentra ubicada en la región de Lika, en el centro de Croacia. Es el parque nacional croata más conocido y el único que forma parte de la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. El parque, que ocupa una superficie de 33 000 hectáreas, está compuesto por un conjunto de dieciséis lagos conectados entre sí por más de noventa cascadas, en un denso bosque de hayas, con pinos y abetos. La erosión del agua sobre la roca caliza ha ido formando un fantástico paisaje kárstico a lo largo de millones de años. El parque está plagado de cuevas, canales, fuentes, prados con flores silvestres y numerosas especies protegidas de animales. Entre sus bosques frondosos, aflora el agua en bellos manantiales, cascadas, saltos de agua y lagos de un precioso color turquesa, acompañados por el sonido del agua en un entorno único. Hay varios caminos y rutas de senderismo que rodean y atraviesan el parque. Es un autentico espectáculo visual y sensorial. Su visita es ineludible.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Escapadas / 47
¿SABÍAS QUE...? Puerta de Pile
Stradun
Hay que seguir por la Stradun (o Placa), la calle principal peatonal del siglo XIV que recorre todo el centro histórico. Pavimentada de piedra caliza blanca, en ella se encuentran los comercios y cafeterías más caros del país. Su recorrido termina en la plaza Luza, antiguo mercado y lugar donde se daban a conocer los edictos y sentencias. Esta plaza está franqueada por la histórica iglesia de San Blas, el patrón de la cuidad. En el centro se encuentra la columna de Orlando, donde está esculpido un caballero medieval con una espada y un escudo que se construyó alrededor de 1417 y es la escultura más antigua conservada en la cuidad. La mano derecha del caballero es utilizada por los lugareños como medida de longitud llamada “codo” (51,2 cm). En el otro extremo de la plaza se encuentra el magnífico palacio Sponza, un señorial edificio gótico y renacentista construido en el siglo XVI, cuyo nombre deriva de la palabra spongia (esponja), pues era el edifico destinado para almacenar el agua de la lluvia, que acabó siendo la casa de aduanas y en la actualidad es la sede del Museo de los Héroes. Muy cerca se encuentra la catedral o la iglesia de la Asunción, una edificación
barroca construida sobre una basílica bizantina. Contiene las reliquias de san Blas, así como relicarios de oro y plata. Entre una serie de pinturas religiosas la más llamativa es un políptico de la asunción de la Virgen, realizado por el taller de Tiziano. Es interesante acercase al palacio del Rector, construido en el siglo XV, que fue la residencia de la máxima autoridad de la republica de Ragusa, el rector. Se ha utilizado como armería, arsenal, sala de juicios y prisión. Hoy es la sede del Museo de Historia de la ciudad y en verano se celebran espectáculos de danza y música. La ciudad posee un monumental puerto pesquero sobre el que descansa la fortaleza de San Juan, allí se pueden ver artistas vendiendo sus obras, lugareños pescando o dándose un baño en el mar Adriático. Además de disfrutar del centro histórico, se puede visitar los barrios de Ploce y Viktorija para ver espectaculares vistas del casco antiguo o pasar una tarde en la magnífica playa de Sveti Jakov, ubicada en la parte oriental de la ciudad. Es un espectáculo visual único pasear tranquilamente por la cuidad al atardecer y también es aconsejable disfrutar de la vida nocturna que ofrece.
• Croacia es denominada como “el país de las dos mil islas”, ya que se han contabilizado 1244 islas, islotes y peñascos, aunque solo sesenta de ellas están habitadas. • La corbata actual tiene su origen en la forma en que se anudaban los soldados croatas al cuello el pañuelo rojo característico que llevaron durante la Guerra de los Treinta Años. • La raza de perro dálmata es autóctona de Croacia. El nombre procede de la provincia de Dalmacia, donde se criaban en el pasado. • Cerca de la ciudad de Ston, se encuentra la muralla más larga de Europa y la segunda del mundo después de la Gran Muralla china. • Según la tradición, en la isla de Korcula nació Marco Polo. • La isla de Galesnjak, también llamada la isla del amor, está considerada como una de las islas más románticas del mundo debido a su forma de corazón. • Dubrovnik ha sido lugar de rodaje de varias escenas de la serie “Juego de tronos” y también ha servido de escenario para la película “Star Wars: Episodio VIII”. • En la fortaleza de San Lorenzo, construida sobre un acantilado 37 metros sobre el nivel del mar, se celebra anualmente la representación de Hamlet en el festival de verano. • A diez minutos en ferri desde Dubrovnik, se llega a la isla de Lokrum que está habitada por pavos reales y otras ciento cincuenta especies de aves. • En la ciudad el suelo está compuesto de cantos rodados. Es así porque, al ser un puerto comercial importante y zona de vino, se trasportaban muchos barriles y con ese suelo era más fácil moverlos. • Además de todas las iglesias católicas que hay en Dubrovnik, hay una mezquita, una sinagoga y una ortodoxa-serbia. LO MEJOR: Las magnificas vistas desde la muralla del atardecer, tanto de la ciudad como del mar Adriático.
Columna de Orlando
Palacio Sponza
LO PEOR: Las oleadas de turistas que desembarcan de los cruceros a las horas centrales del día e invaden la ciudad.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Vida colegial / 48
Vidacolegial Vuelve la fiesta de la primavera después de dos años de pandemia El evento, al que asistieron más de 160 personas, se celebró en el AC Hotel Palacio de Santa Ana El pasado 3 de junio tuvo lugar la tan esperada fiesta de la primavera, que coincidió con la celebración de los 30 años de la Agrupación de la Abogacía Joven (AAJ), tras dos años sin poder llevar a cabo ambos eventos por la pandemia. La fiesta se celebró en las instalaciones del AC Hotel Palacio de Santa Ana, donde se
degustó un cóctel al aire libre y a continuación tuvo lugar la actuación del DJ Dani del Lío. En la celebración también se hizo entrega del VI premio ‘Bona Fides’ a Emilio Vega González, magistrado-juez decano de Valladolid. Además, por primera vez y de forma extraordinaria por estos dos años de pandemia, el ICAVA otorgó
Por Laura Alonso Pérez, abogada
los premios solidarios por su gran trabajo altruista y generoso a Arantxa Jaén Pedrero por la iniciativa ‘Swim for ELA’, a Carlos González Añó por su ayuda humanitaria en la guerra de Ucrania y a Nieves Martín, presidenta de la mesa contra el cáncer que cada año se instala en las inmediaciones del Colegio de Abogados.
ASISTENTES A LA FIESTA
Photocall aniversario AAJ
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Vida colegial / 49
Premios solidarios entregados en la fiesta
Emilio Vega, premio ‘Bona Fides’ Los abogados de Valladolid han otorgado el VI Premio ‘Bona Fides’ al magistradojuez decano de la ciudad, Emilio Vega González, por “su buen hacer” en el desarrollo de su trabajo en la Administración de Justicia de Valladolid. Los otros dos candidatos que han optado a este reconocimiento en esta edición son Enrique Sancho, responsable del Servicio de Orientación y Asesoramiento en Juzgados de Valladolid (SOAD), y María Teresa Vicente, fiscal de la jurisdicción de menores, quienes también han obtenido un gran número de votos. El premio se entregó el 3 de junio, durante la tradicional fiesta de la primavera del Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA), una celebración que comenzó por la mañana con un acto por el 30 aniversario de la Agrupación de la
La responsable de la comisión de la revista, Araceli Álvarez, entregando el premio al juez Emilio Vega
ABOGACIA JOVEN
La AAJ cumple 30 años. La Agrupación de la Abogacía Joven de Valladolid (AAJ), que nació en 1990, comenzó su andadura con una treintena de letrados, mientras que en la actualidad supera los 140 miembros. Un total de 14 presidentes y dos presidentas han ejercido su cargo durante las últimas décadas. El objetivo de la AAJ, es integrar a los jóvenes letrados en el ICAVA, luchar por sus intereses y ofrecer una formación continua de calidad.
Abogacía Joven (AAJ), en el que se condecoró como agrupados de honor a los anteriores presidentes. El galardón ‘Bona fides’ fue constituido hace seis años por la comisión que elabora y edita la revista del ICAVA con el objetivo de fomentar el buen entendimiento entre los distintos operadores de Justicia de Valladolid. Aunque se trata de un premio que carece de dotación económica relevante, sí tiene un “alto interés moral”, puesto que reconoce “el buen hacer, la cordialidad, la disponibilidad, la eficacia, la amabilidad y todas las virtudes y buenas maneras que deben presentar los distintos agentes involucrados en Justicia”. El galardón ‘Bona Fides’, por tanto, supone para el premiado “el reconocimiento personal y el afecto de los abogados de Valladolid”.
SOLIDARIDAD COLEGIAL
El ICAVA celebra la cuestación anual contra el cáncer. Como cada año, el ICAVA celebró e l 12 de mayo la cuestación anual para recaudar fondos destinados a los fines de la Asociación Española Contra el Cáncer. Los colegiados vallisoletanos instalaron una mesa en la Calle Angustias a la que muchos abogados se acercaron para realizar una aportación a la causa. La recaudación obtenida ha sido destinada a la financiación de la ayuda predoctoral para investigadores de Valladolid.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Vida colegial / 50
El ICAVA organiza una quincena de cursos durante el primer semestre del año Por Laura Alonso Pérez, abogada
El ICAVA ha celebrado 15 cursos durante el primer semestre, que han abordado temas como el estudio del salario, violencia de género, derecho de familia o delitos informáticos, entre otros. Algunos de los ponentes han sido María Luisa Segoviano Astaburuaga, presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo El año comenzó con una jornada sobre el estudio del salario y los complementos absorbibles y no absorbibles, contando para ello con María Luisa Segoviano Astaburuaga, presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. También se realizó en enero un curso sobre los menores de edad víctimas de violencia de género. En febrero, la sección de derecho de familia realizó una jornada sobre las últimas sentencias del TS sobre derecho de familia; la comisión TIC del ICAVA organizó una jornada de los delitos informáticos sobre las personas físicas y el mes finalizó con una
Durante el mes de mayo la Agrupación jornada sobre cómo aprender a gestionar la de Mujeres Abogadas de Valladolid, proyecincertidumbre en la vida profesional como abogado y herramientas para poder sobretó el documental ¿Qué coño está pasando?, dirigido por Rosa María Márquez de la Orden llevar con éxito la realidad actual. y Marta Teresa Jaenes Barrios, sobre el feEl ICAVA arrancó marzo con un curso minismo dando las opiniones de distintas sobre las instrucciones previas sobre la eumujeres de diversos sectores para responder tanasia, en la que se trataron los aspectos a la pregunta del título. prácticos de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia; continuando con una jornada de análisis de la jurisprudencia en materia de igualdad y violencia de género. EL 24 de marzo se realizó una jornada formativa en materia de extranjería y se cerró el mes de marzo con una jornada sobre la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. El 18 y 19 de abril se realizó un curso sobre el turno de oficio, conAsistentes a las jornadas sobre delitos informáticos tinuando el 22 de abril con Cerramos el semestre con un curso souna jornada en materia fiscal y cerrando el bre la reforma laboral impartido el 23 de mes con una jornada sobre la Ley 18/2021, junio y un último curso organizado por la de 20 de diciembre, modificación del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación comisión TIC sobre los delitos informáticos en las personas jurídicas. de vehículos a motor y seguridad vial.
CURSOS DE CATA
La AAJ retoma sus catas tras dos años de parón por la pandemia. La Agrupación de la Abogacía Joven (AAJ) ha retomado sus famosos cursos de catas, que celebraba cada año antes de la pandemia. Durante los días 19 de mayo y 9 de junio los asistentes pudieron degustar vinos de Dominio de Car e Hijos de Alberto Gutiérrez, respectivamente.
SEMANA SANTA
Los colegiados del ICAVA acompañan a la cofradía Nuestra Señora de la Piedad. Los colegiados del ICAVA acompañaron a la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad durante la procesión de Penitencia y Caridad en Semana Santa. Los letrados se incorporaron a la procesión en la sede de la Audiencia Provincial y desde ahí acompañaron a la Piedad vestidos con toga, el símbolo por excelencia de la profesión.
ABOGACÍA DE VALLADOLID / Vida colegial / 51
VISITAS AL ICAVA El Instituto de La Merced visita el ICAVA. Los alumnos de primero de Bachillerato de Investigación y Excelencia en Ciencias Sociales y Humanidades del IES La Merced visitaron las instalaciones del ICAVA el pasado 13 de marzo. Los asistentes fueron recibidos por el decano del ICAVA, Javier Martín, y por autoridades judiciales como la fiscal jefe, Soledad Martín Nájera, y el juez decano, Emilio Vega. La actividad fue organizada por el colegiado Francisco Javier Pablo.
Actividades deportivas
El ICAVA vuelve al deporte tras el covid Durante el primer semestre de 2022 el ICAVA ha recuperado, después del parón de la pandemia, las actividades deportivas anuales. La famosa legua legal dio el pistoletazo de salida a las jornadas el 21 de mayo. Las altas temperaturas no impidieron una participación muy alta en el evento, que tuvo como ganador al colegiado Luis Miguel Aparicio Gutiérrez. La segunda actividad deportiva realizada fue el fanatic de pádel, el 28 de mayo en las instalaciones del club The Players. Tras la actividad, los asistentes pudieron degustar una parrillada en la terraza del club. Para finalizar las jornadas deportivas, el 17 de junio tuvo lugar un campeonato de golf en el campo de La Valmuza, en Salamanca. Tras el evento, se celebró la entrega de premios a los ganadores y una comida en el propio restaurante del lugar.
Jurídicamente incorrecto
El ICAVA vuelve a las togas El 18 de abril se permitió el acceso al armario de togas del ICAVA. Desde ese día, un gran número de letrados han decidido usar este servicio. La dispensa sigue vigente según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. La decisión tomada por el Gobierno en 2020, ponía fin a cerca de 90 años de uso togado en las salas de vistas.