El colegiado opina

Por Marta Aparicio Gutiérrez, abogada

Estos últimos meses hemos vivido un periodo insólito, donde de la noche a la mañana recibíamos normas que, con poca capacidad de tiempo de análisis, nos veíamos obligados a estudiar para aplicarlas a la nueva realidad.

Muchas de ellas nos afectaban directamente como colectivo, por lo que todos, de una manera u otra, a nivel personal y profesional, hemos tenido que reinventarnos y trabajar con herramientas, espacios y tiempos distintos a los habituales.

Desde la revista, hemos pretendido conocer vuestro parecer respecto de lo acontecido en este tiempo, agradeciendo vuestra implicación en esta sección.

¿Consideras que nuestra profesión es lo suficientemente combativa a la hora de defender los derechos e intereses de nuestro colectivo?

Lamentablemente la mayoría de las respuestas reflejan una visión negativa en cuanto a la actuación de nuestro colectivo para defender nuestros derechos.

En general se ha valorado positivamente la labor realizada por el Colegio de Abogados, pero la consideran insuficiente, en cuanto que nuestro colectivo “es tratado como el último eslabón de la justicia” y “no nos tienen en cuenta para nada”.

Un participante, en esa línea, nos transmite que ha visto cómo nuestro Colegio ha trabajado estos días y se ha movido para trasladar nuestras reivindicaciones, pero las mismas “han caído en saco roto y no han servido para nada”. En definitiva, concluye pesimista, “la justicia está en manos de los jueces y los abogados y procuradores no pintamos nada”.

Por otro lado, se ha escuchado alguna voz crítica con el Consejo General de la Abogacía Española, que, en boca de una compañera, “ha demostrado que no sirve para defender nuestros intereses”. No le ha gustado que su presidenta se haya incorporado a la comisión presidida por Garrigues, y considera que deberíamos tener mejores representantes.

Continuando con este pensamiento, un opinante expone que el Consejo General de la Abogacía debería haber sido más ágil y contundente en dar respuestas a todo lo que nos iba llegando. Este sentimiento es compartido por otro participante, que manifiesta que la abogacía no ha estado “a la altura de las circunstancias”, pues entiende que debería haber actuado con más contundencia en cada una de las prórrogas del estado de alarma. Y, citando a Martín Luther King, concluye con la frase: “No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena”.

La pasividad colectiva en la movilización es también la idea trasmitida por otro compañero que, indignado, expone que somos un colectivo amplio pero nos cuesta movernos, ya que sólo reivindican unos pocos. “Moriremos mirándonos el ombligo”, sentencia.

O quizá, puede que todo se reduzca a que, como apunta un colegiado, “la abogacía es la profesión que menos combate por sus derechos de todas las que existen”. Y explica en este sentido: “tenemos el problema de que somos más legalistas que la propia ley y vemos problemas a cualquier movilización”.

Sea por la razón que sea, en todas estas contestaciones subyace la idea de que nuestra profesión debe dignificarse y ser respetada frente a los órganos judiciales y, en general, frente al resto de entidades públicas, pues no hay que olvidar, como subraya un compañero, que estamos ante un servicio público esencial.

Ahora bien, también hemos recibido contestaciones donde han valorado positivamente la actuación de la abogacía en la lucha por nuestros derechos. Siempre, como nos aclara una participante, con la puntualización de que “todo es mejorable”; pero aún así entiende que, en general, en este momento tan crítico, “nuestra voz se ha podido escuchar” y, si bien muchas de nuestras peticiones no se han tenido en cuenta, sí ve que “nuestros jueces” las están valorando y confía que “van a poner su granito de arena para facilitarnos también nuestra tarea en estos meses”. ¿Cómo valoras las medidas adoptadas por el Gobierno para la activación de la Justicia? ¿Qué medidas crees que debería trasladar el ICAVA al Consejo General de la Abogacía para que inste al Ministerio de Justicia?

Las contestaciones recibidas a esta pregunta continúan en la misma línea pesimista anterior, no ya solo en cuanto al papel que ha tenido la abogacía en la toma de decisiones, sino también en cuanto a la propia valoración de nuestra profesión.

En este aspecto, un compañero nos ha querido trasladar su malestar pues, aunque desde la abogacía se han hecho llegar propuestas adecuadas para nuestro colectivo, finalmente las mismas no han sido tenidas en cuenta. Considera que los juzgados podían haber continuado con alguna actividad durante los meses de confinamiento si se hubiesen adoptado determinadas medidas. Por ello, no entiende que se habilite ahora el mes de agosto, cuando además los letrados de la Administración y funcionarios en general pueden disfrutar de sus vacaciones cuando quieren. “Seguimos siendo el último escalón de la Administración de Justicia y me queda la gran duda de si los órganos que nos representan defienden nuestros intereses”, se lamenta.

Otra compañera no acaba de comprender por qué el sistema judicial ha seguido parado cuando se han abierto las terrazas y peluquerías. “España es un país de pandereta”, afirma. Entiende que en estos meses se podían haber adelantado notificaciones de asuntos que son de mera tramitación, como las tasaciones de costas, por ejemplo, y, como en el caso anterior, opina que habilitar el mes de agosto no es una medida eficaz, calificándola incluso como un castigo a nuestro colectivo, en tanto que el resto de los operarios de Justicia pueden disfrutar de sus vacaciones cuando quieren.

“lo adecuado es que durante los meses de julio y septiembre se trabaje a pleno rendimiento, porque habilitar agosto solo va a crear problemas para los profesionales y no va a repercutir en el tiempo de respuesta por parte de los órganos judiciales”. Con rotundidad se ha expresado un opinante cuando asiente que no se quiere una Justicia eficaz, y que por ello se toman medidas que se dirigen más a perjudicarla que a beneficiarla. Nos explica que tiene un familiar, funcionario de Justicia, que durante el confinamiento ha estado acudiendo a su puesto de trabajo un día de cada seis, “lo que difícilmente ayuda a la reactivación de la Justicia”.

Un colegiado enfatiza que hasta que todos los funcionarios no se pongan a trabajar, las medidas que se adopten para activar la Justicia son inoperantes. A nivel personal, ha querido destacar la labor realizada desde el ICAVA estos meses para favorecer la reactivación de nuestro trabajo.

Por otro lado, también hemos encontrado respuestas esperanzadoras. Es el caso de una compañera que afirma que ve correctas las medidas adoptadas, aunque quizás, aclara, sean “demasiado optimistas” en lo que al tema tecnológico se refiere. Considera necesario evitar los juicios presenciales y realizar las vistas online, acudiendo físicamente a las instalaciones lo menos posible.

Otro compañero explica que para él lo fundamental es garantizar la salud de todos, por lo que considera que son adecuadas las medidas que permitan la distancia social. En igual sentido se ha pronunciado otro participante cuando dice: “creo que deben adoptarse las medidas de distancia, uso de mascarillas y gel hidroalcohólico, combinados con teletrabajo”. Pero continúa diciendo que “no se puede dejar al arbitrio de la gente si trabaja o no”, pues no es posible que unos funcionarios hayan podido trabajar y otros no en este tiempo.

¿Qué ventajas e inconvenientes conllevará el protocolo para la celebración de actos procesales mediante presencia telemática?

Como ventajas habéis contemplado que se salvaguarda la salud, evitando contactos y los riesgos de no respetar las distancias. “Un paso más a la modernización de la Justicia”, ha apuntado una compañera, la cual ve todo ventajas en esa medida.

Un compañero considera que la innovación en el uso de la tecnología puede dar origen a algún problema de conexión simultánea pero que, a la larga, si la crisis sanitaria no mejora, “puede ser beneficioso para avanzar en la resolución de asuntos”.

Es más, una opinante afirma que hay muchas actuaciones procesales que deberían ser telemáticas, como los procedimientos de cláusula suelo o los de contencioso-administrativo, en los que principalmente se debaten temas jurídicos. Y es que, según esta compañera, la principal ventaja es que se ahorra tiempo y desplazamientos.

En cuanto a los inconvenientes, la inseguridad jurídica y la indefensión, en cuanto a la perdida de la inmediación, han sido sin duda las respuestas más utilizadas. Es contraproducente, matiza una compañera, que ciertos juicios como divorcios o despidos sean telemáticos pues se pierde el principio de inmediación, destacando que “es muy importante el lenguaje corporal de partes y testigos”.

Por último, un colegiado nos dejaba una reivindicación para los asuntos del turno de oficio, indicando que todas las actuaciones, telemáticas o no, deberían hacerse en las instalaciones de los juzgados. Se tendría que proceder a habilitar medios y oficinas para el desarrollo del mismo, y no con el coste del colegiado.

Para terminar, y como cuestión ajena a la situación de confinamiento vivida durante el estado de alarma, queríamos conocer vuestra experiencia en las mediaciones que se plantean por los jueces, antes de la celebración de la vista desde algunos juzgados.

¿Qué opinión te merece las propuestas que realizan los jueces a las partes antes del desarrollo de la vista para potenciar un acuerdo? ¿Cómo actúas cuando el juez expone claramente a las partes su punto de vista en el conflicto?

Todas las respuestas recibidas se pueden resumir en una única idea: mediación judicial para que las partes alcancen un acuerdo, siempre; pero prejuzgar y presionar para conseguir el mismo, nunca.

Una compañera indica que le parece correcto que se trate de llegar a un acuerdo, pero lo que no le parece bien es que muchas veces el juez indica por dónde va a ir la sentencia: “Te pone contra la pared para que lo aceptes, estés o no de acuerdo.” Y es que “sin ver las pruebas el juez ya tiene la sentencia en mente”, aclara.

Una colegiada manifiesta que en ocasiones siente que se prejuzga y que no dejan exponer los argumentos.

En cuanto a la actitud adoptada en estos casos, un compañero dice que él escucha al juez y se lo traslada al cliente. Otro manifiesta que, aunque la propuesta siente mal, es mejor tenerla muy en cuenta pues el “erre que erre” siempre perjudica al cliente.

Sin embargo, otro opinante se ha encontrado al menos en dos situaciones muy incómodas en las que ha llegado al extremo de negarse a continuar hasta que no se iniciara la grabación de la vista.

Un compañero recalca que tenemos la obligación ineludible de defender a nuestro cliente “cabezota”, que quiere ganar el juicio porque tiene razón y, por ello, entiende que el juez debería comprender que es nuestro trabajo continuar, y un “marrón que debemos gestionar”, a fin de tener más paciencia con el letrado.

Para terminar, os hacemos partícipes de una anécdota que nos ha trasladado una compañera cuando, en una situación como la que estamos tratando, un juez le dijo al abogado: “No se esfuerce, que ya tengo tomada mi decisión”. A lo que el abogado le contestó: “Bueno, señoría, pues a ver si logro hacerle cambiar de opinión”.