EXCEJLENCIA - EDICIÓN 10

N° 10 | Edición Abril 2024 |

Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Colombia 2024. Datos para una justicia centrada en las personas

Los datos de la Encuesta de Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Colombia 2024 ofrecen una visión clave para abordar las brechas de acceso a la justicia en un contexto de conflicto y vulnerabilidad.

En Contexto. Pág 10.

Análisis de propuestas para una eventual reforma a la justicia

Dos destacados expertos examinan algunas iniciativas planteadas en la comisión de la reforma a la justicia y plantean sus recomendaciones.

Inteligencia artificial en la predicción de delitos en América Latina:

una perspectiva desde Costa Rica y Colombia

En Contexto Pag. 04.

Debates CEJ. Pág 16.

Director

Leonardo Beltrán Rico

Comité Editorial

Cristian Steveen Muñoz Castro

Luis Alejandro Perilla Morales

Ana María Mahecha Cruz

Angela María Van-Strahlen Armenta

Leonardo Beltrán Rico

Director Ejecutivo CEJ

Hernando Herrera Mercado

Diseño y Arte

Joe Alexander Castillo Gómez

Edición: 10

Mes: Abril

Año: 2024

Versión: Digital

Formato: PDF

ISSN: 2745-2182 ‘‘En línea”. Para colaboraciones y/o comentarios dirigirse a: Calle 93B # 13-30. Oficina 401 Bogotá D.C., Colombia. Correo Electrónico: comunicaciones@cej.org.co

El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente.

Inteligencia artificial en la predicción de delitos en América Latina: una perspectiva desde Costa Rica y Colombia por: Ana Karen Cortés Víquez Fundadora de la Agencia Latinoamericana de Tecnologías.

Jean-Marie Chenou Experto en Ciberseguridad.

Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Colombia 2024. Datos para una justicia centrada en las personas por: Programa Justicia Inclusiva de USAID

Análisis de propuestas para una eventual reforma a la justicia

Mauricio González Cuervo Exmagistrado de la Corte Constitucional

Santiago Trespalacios Carrasquilla Abogado penalista, asesor y catedrático

Se cumple, con ésta, la décima edición de nuestra revista Excejlencia. Sea la oportunidad para agradecer nuevamente a todos los invitados y expertos que, con absoluta generosidad intelectual, se han sumado a nuestra iniciativa y nos han compartido contenidos de gran valía y profundidad.

En esta décima edición nuestros lectores podrán encontrar información y contenidos en torno a: i) El potencial de la inteligencia artificial en el ejercicio de la función de administración de justicia, y de cara a la predicción y prevención de las actividades delictivas. En este ejercicio nuestros invitados comparan las experiencias de nuestro país, con otros de Latinoamérica; ii) Las reflexiones que exponen dos expertos en justicia, con respecto a algunas propuestas que se han venido planteando en el contexto de la mesa

técnica convocada por el Ministerio de Justicia y del Derecho para reformar la justicia; y iii) Una breve síntesis de lo que fue el importantísimo ejercicio liderado por el programa Justicia Inclusiva de USAID, a través del cual se desarrolló la encuesta de Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Colombia 2024. El citado ejercicio investigativo, complementario de otros que han sido realizados recientemente (v.gr, el de Justicia Cómo Vamos), deja en evidencia la necesidad de que los esfuerzos por recolectar datos se empleen de forma coordinada, y, sobre todo, den lugar a la formulación de estrategias o propuestas de solución cuyo eje principal sean las personas.

Por lo demás, seguimos expectantes del avance que puedan tener las propuestas presentadas en el contexto de la Comisión Técnica de Reforma a la Justicia, liderada por el Gobierno Nacional.

Imagen archivo CEJ

Inteligencia artificial en la predicción de delitos en América Latina: una

perspectiva desde Costa Rica y Colombia

Por: Ana Karen Cortés Víquez

Fundadora de la Agencia Latinoamericana de Tecnologías1

Jean-Marie Chenou

Experto en Ciberseguridad2

INTRODUCCIÓN

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en diversas esferas de la sociedad representa un avance significativo hacia la optimización de procesos y la mejora de servicios. La IA ofrece el potencial de reforzar la seguridad ciudadana en sociedades latinoamericanas donde la criminalidad representa un desafío y una preocupación ciudadana.

La IA, como campo multidisciplinario que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, se ha convertido en un pilar para la innovación tecnológica. Dentro de este amplio espectro, la videovigilancia y el análisis de estadísticas de criminalidad emergen como unas aplicaciones clave, transformando la manera en que se monitorean y analizan los datos para prevenir el crimen. Los algoritmos, instrucciones precisas que guían el comportamiento de las computadoras, son la esencia de la IA y permiten que las máquinas aprendan de los datos. El aprendizaje automático (machine learning) es una rama de la IA que se centra en el desarrollo de algoritmos capaces de aprender y mejorar a partir de la experiencia, sin estar explícitamente programados para tareas específicas. Esto posibilita que los sistemas de videovigilancia no solo capturen imágenes, sino que también interpretan y actúen sobre los datos en tiempo real. Aún más sofisticado es el aprendizaje profundo (deep learning), una subcategoría del aprendizaje automático inspirada en la estructura y función del cerebro humano, que utiliza redes neuronales profundas para analizar patrones en los datos. Estas tecnologías permiten una detección y reconocimiento de objetos y comportamientos con una precisión sin precedentes. En este contexto, el presente texto explora cómo la IA se está aplicando en el ámbito de la seguridad pública en América Latina. Se exploran casos de estudio en Costa Rica y Colombia, donde la implementación de estas tecnologías no sólo redefine la gestión de la seguridad urbana y la prevención del crimen, sino que también plantea desafíos éticos y regulatorios significativos. A través de estos ejemplos, se busca comprender las oportunidades y dilemas que la IA presenta para

la seguridad pública, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales en la región.

1. VIDEOVIGILANCIA Y PREDICCIÓN DE CRIMEN EN COSTA RICA

En el contexto de la nueva realidad, un tema en la agenda pública es el de las ciudades inteligentes, discusión que propone la idea de integrar infraestructuras, innovación y tecnología para optimizar los servicios, gestionar la movilidad y, de manera especial, fortalecer la seguridad ciudadana.

Con el propósito de abordar este tema, se han explorado diversas soluciones. Entre ellas, la utilización de la videovigilancia asistida por IA, que consiste en emplear cámaras de vídeo equipadas con algoritmos de IA para examinar visualmente la información obtenida. A diferencia de los sistemas convencionales de videovigilancia, que úni-

Imagen tomada de www.freepik.es

camente graban y guardan imágenes de manera pasiva, los sistemas de IA tienen la capacidad de analizar y actuar sobre los datos en tiempo real. Pueden, por ejemplo, detectar patrones, identificar comportamientos inusuales e incluso reconocer caras. Dicha información es de relevancia para la predicción de delitos, toda vez que el adecuado análisis de datos, podría arrojar información que permita diseñar un mapa de “zonas calientes”, y horas comunes en las que suceden los ilícitos, y con ello, enfocar los esfuerzos priorizando franjas horarias y lugares puntuales.

Esta integración de la IA lleva la videovigilancia a un nuevo nivel, pues hace posible que las cámaras no sólo graben, sino que también comprendan lo que está ocurriendo. A partir de la detección de anomalías en el video y la consecuente activación de alarmas es posible para el operador actuar, lo cual resulta de suma importancia cuando de predicción de delitos se trata. El software moderno que incorpora inteligencia artificial como machine learning y deep learning es capaz de detectar e identificar objetos y calcular la velocidad del movimiento y, por ende, le es posible definir la activación de una alerta cuando una persona cambia

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[…] [el] adecuado análisis de datos, podría arrojar información que permita diseñar un mapa de “zonas calientes”, y horas comunes en las que suceden los ilícitos, y con ello, enfocar los esfuerzos priorizando franjas horarias y lugares puntuales.

de velocidad repentinamente. En este escenario, el operador debe entonces revisar y determinar si la persona que salió corriendo acaba de cometer un asalto o corre para alcanzar el bus. También diferencia entre movimiento horizontal y vertical, por ejemplo, alguien escalando un muro probablemente se encuentre cometiendo un ilícito, pues no es un comportamiento humano habitual.

En este sentido, vale la pena analizar soluciones que, siendo respetuosas de los derechos fundamentales, aporten respuestas que se adapten a las circunstancias. Un ejemplo concreto es el de la Municipalidad de San José, capital de Costa Rica, que según datos de Sinart Digital para el mes de noviembre del año 2023, este gobierno local contaba con 550 cámaras domo y 150 cámaras totem para vigilar los espacios públicos de la ciudad. En contrapartida, posee apenas 22 policías municipales y un oficial de Fuerza Pública para cuidar a la ciudadanía desde el centro de monitoreo. En este caso se denota una desproporción entre la cantidad de cámaras, y los agentes que las monitorean, ya que cuentan apenas con 23 personas, que deben

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tener ojos para monitorear 700 cámaras en total, durante 24 horas y 7 días a la semana.

En escenarios como este, también es cierto que la implementación de IA en los sistemas de videovigilancia ofrece ventajas en eficiencia, especialmente cuando hablamos de gobiernos locales que tienen necesidades ilimitadas y recursos escasos. Pensemos en la posibilidad de que el gobierno local de San José no tenga que verse en la obligación de destinar nuevas plazas de policías para la revisión y monitoreo de 700 cámaras, sino, que estos nuevos policías puedan encargarse de hacer patrullajes preventivos en las calles priorizando los “puntos calientes” y rangos de horas específicas que arrojan los datos obtenidos por la IA y con ello fortalecer la predicción y prevención del delito.

2. ANÁLISIS DE DATOS Y REINCIDENCIA EN COLOMBIA

El enfoque de Colombia en la integración de la inteligencia artificial (IA) para fortalecer la seguridad pública refleja una ambición de liderar en la adopción tecnológica en América Latina. Este movimiento se inscribe en un contexto global donde la IA se posiciona como una herramienta

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la implementación de IA en los sistemas de videovigilancia ofrece ventajas en eficiencia, especialmente cuando hablamos de gobiernos locales que tienen necesidades ilimitadas y recursos escasos.

crucial para la innovación en el sector público, ofreciendo nuevas vías para mejorar la eficiencia y efectividad en la prevención y gestión del delito. La congestión judicial y la necesidad de mejorar la seguridad ciudadana fomentan la adopción de sistemas de ayuda a la toma de decisión basados en IA3

Además del uso de videovigilancia similar a los casos de Costa Rica4, se han implementado sistemas de predicción de reincidencia como PRISMA (Perfil de Riesgo de Reincidencia para Solicitudes de Medidas de Aseguramiento), una herramienta basada en IA que permite a los fiscales evaluar el riesgo de reincidencia delictiva con mayor precisión. Este sistema agrega información detallada sobre la persona investigada, incluyendo historial de arrestos, delitos, fechas, procesos pendientes y registros de reclusión previa. Dado que estos algoritmos son a menudo software patentado, acceder a su código fuente para entender su funcionamiento puede ser complicado. Al recolectar y analizar datos sobre arrestos previos y procedimientos judiciales, PRISMA contribuye a la toma de decisiones más informada respecto a las medidas de aseguramiento, aunque su implementación también suscita interrogantes sobre la equidad y el sesgo algorítmico5

El compromiso de Colombia con la integración de tecnologías avanzadas como la IA en la seguridad pública subraya una estrategia proactiva para

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abordar desafíos complejos como la congestión judicial y la seguridad ciudadana. La adopción de herramientas como PRISMA refleja un enfoque sistemático para mejorar los procesos judiciales y preventivos, aprovechando el análisis de datos para una toma de decisiones más precisa y eficiente.

Los discursos tecno-optimistas que acompañan esa evolución tecnológica se deben a la necesidad urgente de optimizar los recursos limitados y mejorar la respuesta a la delincuencia, reconociendo el potencial de la IA para transformar el sector público. Sin embargo, la utilización de sistemas basados en IA para la predicción de reincidencia no solo mejora la precisión en la evaluación del riesgo, sino que también plantea importantes consideraciones éticas y legales que merecen ser abordadas en el debate público. La transparencia, la explicabilidad de las decisiones algorítmicas y la mitigación del sesgo son aspectos críticos que requieren atención cuidadosa para garantizar que estas innovaciones sirvan al bienestar de la sociedad y respeten los derechos individuales.

Además, el enfoque en herramientas como PRISMA ilustra el potencial de la IA para contribuir significativamente a la justicia preventiva, marcando un cambio hacia métodos más científicos

y menos intuitivos en la seguridad pública. Sin embargo, la efectividad de estos sistemas depende en gran medida de la calidad y la integridad de los datos recopilados, así como de la capacidad de las instituciones para implementar estas tecnologías de manera que complementen y enriquezcan los procesos existentes sin comprometer los principios de justicia y equidad.

3. DESAFÍOS ÉTICOS Y REGULATORIOS

Debe quedar claro que los sistemas de IA para la prevención de la criminalidad no representan una solución en sí mismos. En este sentido, es posible comprender que las soluciones tecnológicas necesariamente deben poner el factor humano en el centro de la ecuación. Cuando hablamos de videovigilancia asistida por la IA, esto implica considerar de previo, el diseño del correcto filtrado, es decir, que los algoritmos con los cuales se alimentan los softwares de IA se nutran adecuadamente, no solo para detectar y alertar ciertos patrones que puedan ayudar a predecir delitos, sino también, y, sobre todo, porque al implementar sistemas de reconocimiento facial, hay muchos derechos fundamentales en juego, y fácilmente se podría poner en riesgo el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la protección de datos personales. Este último persigue garantizar a la persona un poder de control sobre cualquier tipo de dato personal, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y el derecho afectado6

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hay muchos derechos fundamentales en juego.

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Michel Foucault basado en el modelo del panóptico de Jeremy Bentham, ya habló de las sociedades de seguridad y control. Según el autor, “la administración de los riesgos aparece como un nuevo y poderoso mecanismo de control vinculado al poder, ese poder se ejerce positivamente sobre la vida e implica controles precisos y regulaciones generales”7. Lo que en su momento el autor planteó como un diseño arquitectónico para una cárcel, hoy tiene una aplicación más sutil apoyada en la tecnología como instrumento de control. En este sentido, distintas autoridades en Costa Rica y Colombia han indicado que los sistemas de videovigilancia por motivos de seguridad tienen efectos positivos como disuadir el delito, ya que su presencia en zonas públicas disuade las intenciones de delinquir y a su vez aumenta la sensación de seguridad de la ciudadanía.

A nivel de desafíos éticos y regulatorios es inevitable plantearse preguntas como ¿Quién tiene acceso a la información que recopilan estas cámaras de videovigilancia? ¿Cómo se recopilan estos datos? ¿Por cuánto tiempo los conservan? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad de esa información? ¿Conocen las autoridades y los operadores del sistema las normas de aplicación en materia de protección de datos personales? ¿Están claras las garantías que tiene la ciudadanía frente la implementación de este tipo de sistemas? ¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de que se detenga a una persona por error de reconocimiento facial? Ni que decir sobre la necesidad de medidas de control interno, contratos y cláusulas de confidencialidad y sobre todo, la sensibilización y capacitación para el personal que en calidad de encargado y responsable gestiona estas bases de

datos. Porque si algo queda claro en esta reflexión sobre la IA y la predicción de delitos, es que el ciudadano quiere sentirse protegido, pero nunca vulnerado.

CONCLUSIONES

El primer paso hacia una respuesta a los desafíos regulatorios y éticos que surgen con la adopción de la IA para predecir delitos es la importancia de la transparencia en el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas en la administración de justicia en América Latina8. Resulta fundamental involucrar a la sociedad civil en todas las fases de desarrollo de estas soluciones y garantizar el acceso a los programas para pruebas y verificaciones por terceros externos a la institucionalidad. Esa inclusión no se debe limitar a la posibilidad de comentar, sino apuntar a un co-diseño de la tecnología para responder a las necesidades de la ciudadanía en América Latina. Si bien la automatización en la administración de justicia en América Latina tiene el potencial de resolver congestiones judiciales, la justicia en la región enfrenta limitaciones para la adopción de tecnologías generalmente desarrolladas en otros contextos. Las herramientas de IA provienen del Norte Global y buscan responder a necesidades distintas de las de las sociedades latinoamericanas. Por lo tanto, la adaptación de herramientas existentes y el desarrollo de tecnologías adaptadas a las necesidades locales representa un desafío para el futuro del uso de la IA en la predicción de delitos en América Latina.

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Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Colombia 2024

Datos para una justicia centrada en las personas

Por: Programa Justicia Inclusiva de USAID

El fortalecimiento de un sistema de justicia que desee proveer una solución efectiva a los problemas legales de las personas requiere la compresión más detallada posible de su demanda de servicios de justicia. Más aún, cuando esas personas habitan territorios que han sufrido el impacto histórico del conflicto armado, la fragilidad de las instituciones y altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica. Este fue el punto de partida de la Encuesta de Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Colombia 2024, realizada por el Instituto de la Haya para la Innovación del Derecho -HIIL, por sus siglas en inglés- con el apoyo del Programa Justicia Inclusiva de USAID. Durante los meses de agosto y septiembre de 2023, se realizaron 6000 encuestas a personas mayores de edad en 16 municipios del país1, 12 están clasificados como PDET2 y más del 60% de la población de la muestra vive en estos últimos. El resto pertenecía a grandes zonas urbanas. El diseño metodológico consistió en la adaptación de la Encuesta de Necesidades y Satisfacción con la Justicia (JNS, por sus siglas en inglés) que utiliza en el mundo el Instituto HiiL, probada en diferentes contextos (más de 25 países), y adaptarla a elementos que sí se compadecieran con la realidad local. La encuesta tiene como horizonte conceptual la justicia centrada en las personas que es un enfoque que enfatiza la importancia de las necesidades y experiencias de las personas cuando se enfrentan a un problema legal y las prioriza al momento de crear y diseñar servicios y políticas de justicia.

En Colombia se han realizado, en los últimos 16 años, 7 encuestas sobre necesidades jurídicas con diferentes metodologías y tamaños de muestra. La JNS es la octava encuesta y la primera en enfocarse específicamente en municipios afectados por el conflicto. Los hallazgos de estas encuestas junto con los resultados de las encuestas de percepción lideradas por Justicia Cómo Vamos han sido heterogéneos, pero han formado un panorama de datos consolidado y el mejor que existe sobre las necesidades jurídicas de las personas en Colombia.

La JNS permite brindar una muestra representativa de los municipios específicos en los que fue realizado el proceso y extrapolar un análisis a realidades similares en otras latitudes del país. Los asuntos sobre los que indagó se enmarcan en los caminos de justicia que las personas recorren y que comienzan cuando se enfrentan a un problema legal. La brecha de justicia es un factor central por establecer que se entiende como la diferencia entre la resolución justa de los problemas que las personas buscan y necesitan y las resoluciones reales que pueden lograr. El instrumento aplicado consistió en un cuestionario con más de 100 preguntas sobre estos caminos de justicia y abordó los tipos de problemas legales a los que las personas se enfrentan, las resoluciones que logran a través de una amplia variedad de acciones, la forma en la que buscan asesoría jurídica e información y cómo experimentan el proceso de resolución y sus resultados.

La encuesta tiene como horizonte conceptual la justicia centrada en las personas que es un enfoque que enfatiza la importancia de las necesidades y experiencias de las personas cuando se enfrentan a un problema legal. “

Durante todo el proceso se contó con el acompañamiento y validación de una mesa de expertos que contribuyeron de manera determinante en la triangulación y análisis de los resultados.

Las personas de los municipios encuestados a menudo encuentran problemas legales en sus vidas cotidianas: 55% reportó haber experimentado un problema legal o más desde agosto del 2019. Sin embargo, la cantidad de problemas experimentados es relativamente baja. Únicamente el 15% de las personas con problemas reportaron más de uno y el número promedio de problemas por persona es de 1,2 sin variaciones significativas entre los grupos poblacionales. Existe una amplia variedad de tipos de problemas reportados por las personas entrevistadas. La encuesta identificó 101 problemas específicos que las personas podían reportar, los cuales se agruparon en 14 categorías. Estas categorías representan los problemas legales principales a los que la población de los municipios encuestados se enfrenta en su vida diaria. El principal problema identificado tiene que ver con la relación entre vecinos (1 de cada 4 problemas reportados). Otras categorías de problemas incluyen controversias relacionadas con el acceso a la salud, la educación, las pensiones y otros servicios estatales, crímenes y delitos, además de problemas relacionados con la tierra. Los problemas de documentación y corrupción constituyen las

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Las personas de los municipios encuestados a menudo encuentran problemas legales en sus vidas cotidianas: 55% reportó haber experimentado un problema legal o más desde agosto del 2019.

categorías que se experimentan en menor medida. Se debe aclarar que, al acercar la mirada a algunos factores diferenciales, encontramos que la distribución de los problemas que enfrentan distintas poblaciones varía. Por ejemplo, dentro de la muestra se observa que las mujeres experimentan más problemas de servicios estatales y violencia intrafamiliar que los hombres. Por su parte, los hombres experimentan más disputas por el crimen y el empleo. Las personas que no pueden costear sus necesidades básicas también experimentan más problemas por tierras y servicios estatales; mientras que las personas que tienen una mejor situación financiera experimentan más crímenes y delitos. La población desplazada tiene una probabilidad mucho mayor de reportar algún problema relacionado con tierras que la población no desplazada, el cual es un resultado previsible. Al hacer zoom en los denominados municipios PDET, se encuentra que sus poblaciones experimentan más problemas de tierras y servicios estatales; mientras que los residentes de municipios no PDET se enfrentan más a disputas relacionadas con el crimen y el empleo.

De los problemas reportados en los últimos cuatro años, aproximadamente la mitad no fueron resueltos. Cuando un problema logra ser resuelto, la solución tiende a ser positiva y justa. Parece existir cierto grado de satisfacción con los resultados, pero la demora para obtenerlos es el principal obstáculo. Al mismo tiempo que existe este número de problemas resueltos, es igualmente cierto que los problemas impactan de manera negativa en la población que los enfrenta. Siete de cada diez de las personas de los municipios encuestados sufren de una o más consecuencias a causa de su problema legal más serio. Esta situación empeora para las personas en situación de vulnerabilidad que reportan con mayor frecuencia las consecuencias más perjudiciales como las enfermedades relacionadas con el estrés, la violencia en su contra y la muerte de un familiar, lo cual también señala una desigualdad urgente en cuanto al acceso a la justicia.

Tomar medidas para abordar el problema más grave es una práctica relativamente común: el 60% de las personas en los municipios encuestados lo hace. Entre los que adoptan medidas, se observa que el grupo más propenso tiene entre 25 y 64

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años, posee educación técnica o universitaria, o cuenta con mayores ingresos. Entre los tipos de problemas más comunes, se toman menos acciones para abordar delitos y crímenes, mientras que para problemas de documentación y familiares es más probable que se adopten medidas. Aquellos que no toman medidas mencionaron razones como la falta de esperanza en que las cosas mejoren o la incertidumbre sobre qué pasos dar. La respuesta más frecuente a la pregunta sobre por qué no toman acción es "no quiero contestar", lo cual podría reflejar la reticencia de las personas a revelar que están lidiando con ciertos problemas, especialmente aquellos relacionados con conflictos o deudas con prestamistas informales.

El análisis del panorama descrito evidencia la imprescindibilidad de los datos para el diseño de proyectos de acceso a la justicia con un enfoque centrado en las personas y arroja las siguientes recomendaciones a modo de conclusión. Si bien existe enorme potencial en esta materia, esfuerzos de recolección de datos deben “conversar” entre ellos, y emplearse de forma coordinada.

Una estrategia poderosa para mejorar el acceso a la justicia en Colombia es partir de las necesidades y experiencias de los usuarios, en los que se reconozcan las particularidades locales y la potencialidad de prácticas como los mecanismos de resolución de conflictos para el trámite de un número amplio de problemas. Es muy importante

Si bien existe enorme potencial en esta materia, esfuerzos de recolección de datos deben “conversar” entre ellos, y emplearse de forma coordinada. “

tomada de www.freepik.es

proporcionar soluciones de acuerdo con las necesidades y con un enfoque diferencial que capte las dificultades que de manera más intensa viven algunos grupos poblaciones para lograr justicia.

Los datos son fundamentales para sustentar la construcción e implementación de políticas públicas de acceso a la justicia tanto en el orden nacional como en el local, desde la definición de un mapa de oferta judicial nacional acorde con las necesidades jurídicas advertidas hasta la inclusión de líneas de acceso a la justicia en los planes locales de desarrollo de las recién iniciadas administraciones municipales con su respectiva asignación presupuestal.

A pesar de las consecuencias del conflicto, Colombia ha demostrado liderazgo en la recolección de datos. Es importante aprovechar ejercicios de esta envergadura para demostrar a nivel nacional e internacional que la justicia centrada en las personas es una estrategia de acceso a la justicia poderosa y factible en las áreas afectadas por la violencia. Los resultados que hoy presenta este estudio permiten consolidar información valiosa que apoye la labor de las entidades públicas, autoridades de justicia y sociedad civil en la búsqueda de un acceso a la justicia inclusivo, oportuno y efectivo para las personas que cierre las brechas existentes en los territorios y para ciertas poblaciones históricamente discriminadas. El programa Justicia Inclusiva de USAID está comprometido con la promoción del Estado Social de Derecho y por ello prioriza la generación y uso del conocimiento que permita que sus esfuerzos para el desarrollo sean pertinentes y, con ello, tengan un mayor impacto en la calidad de vida y en la garantía de los derechos humanos de las personas.

Si quiere conocer el informe completo de la encuesta, puede descargarlo usando el siguiente código QR.

Debates CEJ

Análisis de propuestas para una eventual reforma a la justicia

Con ocasión de la iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho de conformar y presidir una comisión para la reforma a la Justicia, la revista EXCEJLENCIA invitó a dos destacados expertos a discutir algunas de las propuestas presentadas por distintas organizaciones integrantes.

Imagen tomada del portal web www.ramajudicial.gov.co

Mauricio González Cuervo

Exmagistrado de la Corte Constitucional

Santiago Trespalacios Carrasquilla

Abogado penalista, asesor y catedrático

Crédito: Archivo particular.

1. ¿Qué consideraciones tiene acerca de la posibilidad de suprimir o reformar la Procuraduría General de la Nación?

Suprimir la PGN, no. En un contexto nacional de economías ilegales, tentativas de cooptación criminal del poder, carteles de contratación y debilitamiento de la estructura partidista, la vigilancia sobre los funcionarios públicos no puede debilitarse.

La reforma que sí está en el orden del día es la referida al poder disciplinario de la Procuraduría frente a servidores públicos de elección popular. Sería recomendable que se adelantara una reforma constitucional que especializara a la Procuraduría en el ejercicio de la acción disciplinaria, radicando en las autoridades judiciales el poder disciplinario sancionatorio. De esta manera, el Ministerio Público continuaría investigando y sancionado la conducta de los funcionarios públicos en general. Pero tratándose de servidores de elección popular, la Procuraduría se concentraría en la investigación y acusación disciplinaria de éstos, mientras la imposición de las sanciones como destitución, suspensión o inhabilidad, quedarían en la reserva de magistrados y jueces de lo contencioso administrativo, a través de un proceso disciplinario especial y garantista.

Una reforma de este tipo, a tono con la Constitución, la jurisprudencia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, podría fortalecer el papel de la Procuraduría en la lucha anticorrupción en virtud de la especialización de su función como titular de la acción disciplinaria, y reforzaría la legitimidad de las sanciones restrictivas de derechos políticos de congresistas, gobernadores y alcaldes, al radicarse el poder sancionatorio en autoridades judiciales.

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La reforma que sí está en el orden del día es la referida al poder disciplinario de la PGN frente a servidores públicos de elección popular.

La Procuraduría no debe ser suprimida en su totalidad, pero sus funciones, facultades y funcionamiento deben ser reorientados, por ejemplo, en lo referente a su participación dentro del proceso penal. Ésta no debería ser ordinaria, como hoy se contempla, donde participa de manera indistinta en todos los procesos, sino que debería participar en aquellos casos cuyas características ameriten una mayor presencia del Estado y una necesaria observancia de la sociedad. Esta participación debe ser solicitada y justificada por las partes.

Esto implicaría que todo el presupuesto, así como los funcionarios que ejercen esta labor, puedan ser trasladados al sistema de Defensoría Pública, con el fin de fortalecer este último. Lo anterior, para que los defensores públicos, a través de la respectiva reforma constitucional, puedan ser considerados servidores públicos y así ser remunerados dentro de la misma escala salarial de los jueces y fiscales ante los que actúan.

2. ¿Se deberían eliminar o ajustar las funciones electorales de las altas cortes en el proceso de elección de fiscal y procurador general? De ser así, ¿qué mecanismo de elección podría sustituir el modelo actual para estos cargos?

Sí, por razones que apuntan a la defensa del poder y la función judicial. No se fortalece la independencia de la Rama Judicial cuando se la expone al riesgo de quedar comprometida con atribuciones más políticas que jurisdiccionales, ajenas a la vocación del juez. Distinto es cuando las altas cortes eligen jueces y magistrados, pues con ello están reforzando la autonomía de la Rama. No es así cuando se las hace intervenir en la designación de otras autoridades políticas o de control: allí se corre el riesgo de exponerla a presiones políticas a cargo de actores partidistas y electorales.

Además, se trata del ejercicio de unos poderes ajenos al ejercicio judicial que los magistrados nunca pidieron. En suma, se trata de configurar constitucionalmente el poder judicial con cortes puramente jurisdiccionales, no electoras, y de reforzar la independencia de la Rama Judicial, condición indispensable para una justicia imparcial.

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No se fortalece la independencia de la Rama Judicial cuando se la expone al riesgo de quedar comprometida con atribuciones más políticas que jurisdiccionales.

Esta propuesta depende del modelo de Fiscalía que quisiéramos. En lo particular, prefiero el modelo norteamericano, pues lo considero más transparente. En este, el Presidente designa directamente a un fiscal al cual solo pueden oponérsele a través de razones muy específicas y queda adscrito al poder Ejecutivo, como si se tratara de un ministro. La mayor ventaja de este sistema es que evidencia que el Fiscal General no es un funcionario judicial, y además, que su participación dentro del proceso penal es como parte procesal y no como sujeto jurisdiccional. Lo anterior, dado que hoy en Colombia se tiene una confusión que dificulta, en ocasiones, la valoración de esta institución.

3.Con el fin de reducir la congestión judicial, ¿es apropiado eliminar del marco normativo colombiano cualquier reforma posterior a la Ley 906 de 2004 que limite o restrinja la aplicación de beneficios de rebaja de pena por aceptación de cargos?

La congestión judicial va más allá de la rebaja de penas por aceptación de cargos. En principio, la disminución de penas por la admisión de responsabilidad penal es un mecanismo válido, y en algún grado repercute, por supuesto, en la magnitud de la población carcelaria. No es irrazonable ni extraño que esta forma de colaboración, que alivia el trabajo acusatorio de la Fiscalía y el trámite judicial, traiga beneficios para el aceptante, pero su aplicación varía según determinados factores. En efecto, la rebaja de penas por aceptación de cargos ha de guardar relación con el delito y el grado de daño que provoca. La atenuación punitiva es plausible frente a delitos numerosos de menor entidad.

Frente a crímenes mayores que constituyen serias defraudaciones a la sociedad o graves violaciones a los derechos humanos, la reducción de pena enfrenta restricciones normativas que moderan sus alcances y límites. Así, los marcos normativos que limitan los beneficios por aceptación de cargos deben examinarse en función de los delitos y daños. Una estrategia contra la congestión judicial no debe depender de las políticas públicas de justicia premial.

Sí. El camino correcto hacia la adecuada implementación del sistema penal acusatorio contemplado en la Ley 906 implica favorecer la justicia negociada y la justicia premial, así como establecer diversos mecanismos para evitar que las partes tengan que, eventualmente, acudir a un juicio, valorando la fortaleza de los casos y los intereses allí incluidos. Es por ello que siempre estaré de acuerdo con todas las iniciativas que flexibilicen el sistema penal acusatorio y que permitan arribar a una resolución de conflictos acordada y anticipada.

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Siempre

estaré de acuerdo con todas las iniciativas que flexibilicen el sistema penal acusatorio.

4. En su concepto, ¿es necesario reformar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, instancia encargada de investigar aforados constitucionales como el presidente de la República?

Sí, es necesario adoptar un diseño que permita una justicia eficaz en el caso de aforados. Sería positivo diseñar una iniciativa que radique la función en cabeza de una comisión especial, preservando en el Senado el juzgamiento correspondiente. En tal caso, la Cámara de Representantes conservaría únicamente poder de acusación del Presidente y, naturalmente, de los propios miembros de esa comisión especial o de aforados.

Sí. Considero que debe crearse una comisión independiente que realice la acusación ante el Senado de la República. Debe tratarse de una comisión de juristas ad honorem, los cuales deben ser elegidos por la Cámara de Representantes para que este órgano no pierda dicha función constitucionalmente dada de escoger a los miembros que conforman la respec tiva Comisión de Acusación. Esta comisión debe ser la encargada de presentar la acusación al Senado. Reitero, debe estar conformada por juristas elegidos por la Cámara y que cumplan, de manera obligatoria, con los requisitos establecidos en el artículo 232 de la Constitución Política para ser magistrado de las altas cortes.

5. ¿Cree usted que el país debería apostarle a la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad como la que funcionó en Guatemala por más de 10 años?

En modo alguno. Como lo dijo recientemente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Colombia no es un Estado fallido. Particularmente la justicia colombiana ha sido actuante y valiente en la investigación y juzgamiento de los principales hechos de criminalidad en el país, como la violencia guerrillera y paramilitar, las organizaciones del narcotráfico y otras economías criminales, la cooptación del poder político, etcétera. La justicia en Colombia puede y debe profundizar en su lucha contra la impunidad.

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Lo que debe hacerse es fortalecer las instituciones ordinarias actuales, más no crear nuevos órganos extraordinarios.

No, pues una comisión contra la impunidad, como su nombre lo indica, busca luchar en contra de aquellos periodos de tiempo en los cuales el aparato judicial haya hecho caso omiso a ciertos fenómenos de delincuencia grave que ocurran en el Estado. En mi opinión, este no es el caso colombiano, pues nuestras instituciones y órganos jurisdiccionales han actuado y han intentado responder a los grandes flagelos y delitos sufridos por la sociedad colombiana, a tal suerte que hoy figuran condenas por delitos asociados con actos de corrupción, condenas por la ‘parapolítica’, condenas por ‘falsos positivos’ y otros casos similares. Lo que debe hacerse, entonces, es fortalecer las instituciones ordinarias actuales, más no crear nuevos órganos extraordinarios.

6. Como medida de descongestión judicial, ¿se debería considerar la posibilidad de asignar funciones jurisdiccionales de manera transitoria a notarios, centros de arbitraje y conciliación?

La descongestión judicial debe adelantarse con diversos tipos de jueces; de descongestión, de competencia múltiple, transitorios, etcétera, pero fundamentalmente con servidores de la Rama Judicial. Otras instituciones deben potencializarse y recibir mayor apoyo del Estado, sin afectar la naturaleza de sus funciones. Los notarios, por ejemplo, no deben ser revestidos de funciones jurisdiccionales por pertenecer a la Rama Ejecutiva.

Los mecanismos alternos de solución de conflictos, como la conciliación y la mediación, deben fortalecerse. Si bien la conciliación ha sido definida constitucionalmente como una forma de administrar justicia, es más por los efectos atribuidos a los acuerdos que a la actividad que adelantan. En tal sentido, la conciliación sería un valioso instrumento de justicia y de descongestión judicial sin necesidad de radicarle funciones judiciales.

El árbitro en el arbitraje, por el contrario, sí administra justicia como un juez, aunque formalmente no sea un funcionario judicial. Vale la pena ampliar la frontera de los asuntos arbitrables a otras esferas de la conflictividad en Colombia. También obraría como factor de descongestión al ser mecanismo alterno al proceso judicial.

En suma, el eje de una descongestión debe ser siempre el juez y la Rama Judicial. Las opciones temporales de atribuir jurisdicción a funcionarios administrativos son desaconsejables. En cambio, el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos será siempre una gran opción.

“El fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos será siempre una gran opción.

Sí. Considero que se deben trasladar funciones jurisdiccionales a otros órganos y personas, no de manera transitoria sino permanente, con el fin de descongestionar la labor de nuestros jueces para que ellos puedan dedicarse a la resolución de los conflictos sobre los intereses más preciados de nuestra sociedad. Por ejemplo, considero que los trámites de ju risdicción voluntaria deben ser trasladados a los notarios como una competencia permanente.

Referencias bibliográficas

Inteligencia artificial en predicción de delitos en América Latina: una perspectiva desde Costa Rica y Colombia

1Ana Karen Cortés Víquez es Fundadora de la Agencia Latinoamericana de Tecnologías. Abogada por la Universidad de Costa Rica, Máster en Reglamento General de Protección de Datos Personales y Certificada en Ciberseguridad por la Universidad de León. Fue Directora Nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica. Su práctica se centra en el impacto social y económico que generan las tecnologías en América Latina.

2Jean-Marie Chenou es experto en Ciberseguridad con Expertise France en el marco de los diálogos políticos de la Alianza Digital entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Lausanne y mágister en Relaciones Internacionales por la Universidad París II. Su investigación se centra en las consecuencias de la transformación digital en América Latina y el Caribe.

3Chenou, Jean-Marie; Rodríguez Valenzuela, Laura Estefanía. Habeas Data, Habemus Algorithms: Algorithmic Intervention in Public Interest Decision-Making in Colombia. Law, State and Telecommunications Review, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 56–77, 2021. DOI: 10.26512/lstr.v13i2.34113.

4Ver por ejemplo el análisis del sistema de seguridad predictivo del C4 en Bogotá en el informe de la OCDE/CAF (2022), Uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/5b189cb4-es.

5Arowosegbe, J. O. (2023). Data bias, intelligent systems and criminal justice outcomes. International Journal of Law and Information Technology, 31(1), 22-45. https://doi.org/10.1093/ijlit/eaad017

6Barriuso, C. 2002. La contratación electrónica. 2 ed. Madrid: Ed. Dykinson. P. 425.

7(Foucault 1977-1978) mencionado por (Lío, Cá-

maras de seguridad y prevención del delito. La utilización de la videovigilancia en la ciudad de Buenos Aires 2015, 278).

8Ureña, René (2021) ¿Máquinas de justicia?: Inteligencia artificial y sistema judicial en América Latina , 2021/02/18, Agenda Estado de Derecho, disponible en https://agendaestadodederecho.com/maquinas-de-justicia-inteligencia-artificial-y-sistema-judicial-en-america-latina

BIBLIOGRAFÍA

- Arowosegbe, J. O. (2023). Data bias, intelligent systems and criminal justice outcomes. International Journal of Law and Information Technology, 31(1), 22-45. https://doi.org/10.1093/ijlit/eaad017

- Chenou, Jean-Marie; Rodríguez Valenzuela, Laura Estefanía (2021) Habeas Data, Habemus Algorithms: Algorithmic Intervention in Public Interest Decision-Making in Colombia. Law, State and Telecommunications Review, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 56–77, 2021. DOI: 10.26512/lstr.v13i2.34113.

- Lio, Vanessa. “Cámaras de seguridad y prevención del delito. La utilización de la video- vigilancia en la ciudad de Buenos Aires”. Visioni LatinoAmericane e la rivista del Centro Studi per l´America Latina. Revista Pensamiento Penal, No. 13 (2015)

- Barriuso Ruiz, C. (2002). La contratación electrónica. 2 ed. Madrid: Ed. Dykinson.

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- Ureña, René (2021) ¿Máquinas de justicia?: Inteligencia artificial y sistema judicial en América Latina , 2021/02/18, Agenda Estado de Derecho, disponible en https://agendaestadodederecho.com/ maquinas-de-justicia-inteligencia-artificial-y-sistema-judicial-en-america-latina

Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Colombia 2024. Datos para una justicia centrada en las personas

1Los municipios que hicieron parte de la muestra fueron: Cali y Buenaventura (Valle del Cauca); Cartagena y Carmen de Bolívar (Bolívar); Quibdó e Istmina (Chocó); Tierralta y San Pelayo (Córdoba); Puerto Asís y Puerto Caicedo (Putumayo); Tarazá y Cáceres (Antioquia); Santander de Quilichao y Caloto (Cauca); Tumaco (Nariño); y Ovejas (Sucre).

2El punto 1.2. del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se refiere a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como instrumento especial de planificación y gestión a 15 años que tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren 170 municipios.