EXCEJLENCIA - EDICIÓN 16

N° 16 | Edición Diciembre 2025 | Tensiones y riesgos jurídicos al rededor de la Circular 003 de 2025 de la Fiscalía General de la Nación

Análisis Crítico del Proyecto de Ley de Tratamiento Penal Diferenciado

Memoria, justicia y verdad: el discurso del exmagistrado Gustavo Gómez Velásquez en la Gran Cumbre de la Justicia 2025

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Así se vivió una jornada histórica para la justicia colombiana

Detalles de la V Edición del Concurso Estudiantil de Juicios Simulados Empresariales

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Una seguridad en tensión: el mapa de la criminalidad en Colombia durante 2025 La sexta versión del Reloj de la Criminalidad de la Corporación Excelencia en la Justicia revela un giro preocupante en la criminalidad en Colombia: mientras caen los delitos patrimoniales, aumentan los homicidios, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, con fuertes contrastes regionales y picos críticos en noches y fines de semana.

Contenidos CEJ Pag. 06.

Índice Director Ejecutivo CEJ

Editorial

Hernando Herrera Mercado

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Director Editorial Andrés Pérez Velasco Comité Editorial Cristian Muñoz Castro Luis Alejandro Perilla Morales Ana María Mahecha Cruz Paola Pineda Ramírez Andrés Pérez Velasco Diseño y Arte Joe Alexander Castillo Gómez

Contenidos CEJ seguridad en tensión: el mapa de la criminalidad 06 Una en Colombia durante 2025 Corporación Excelencia en la Justicia

y riesgos jurídicos al rededor de la Circular 20 Tensiones 003 de 2025 de la Fiscalía General de la Nación Corporación Excelencia en la Justicia

Crítico del Proyecto de Ley de Tratamiento 34 Análisis Penal Diferenciado Corporación Excelencia en la Justicia

justicia y verdad: el discurso del 42 Memoria, exmagistrado Gustavo Gómez Velásquez en la Gran Cumbre de la Justicia 2025

Edición: 16 Mes: Diciembre Año: 2025 Versión: Digital Formato: PDF ISSN: 2745-2182 ‘‘En línea”.

Para colaboraciones y/o comentarios dirigirse a: Calle 93B # 13-30. Oficina 401 Bogotá D.C., Colombia.

Correo Electrónico: comunicaciones@cej.org.co

se vivió una jornada histórica para la justicia 48 Así colombiana Corporación Excelencia en la Justicia

de la V Edición del Concurso Estudiantil de 66 Detalles Juicios Simulados Empresariales Corporación Excelencia en la Justicia

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Editorial CUARENTA AÑOS DE JUSTICIA Y MEMORIA: REFLEXIONES SOBRE LA CUMBRE Y LOS PREMIOS EXCELENCIA EN LA JUSTICIA 2025 Un llamado urgente a defender los valores democráticos y la independencia judicial en Colombia.

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a Gran Cumbre de la Justicia y los Premios Excelencia en la Justicia 2025 se han consolidado como un referente esencial para el análisis y la reflexión sobre el presente y el futuro de la administración de justicia en Colombia. En este espacio, la memoria histórica y los desafíos actuales convergen para exigir un compromiso renovado de todos los actores sociales, institucionales y ciudadanos en defensa del orden constitucional colombiano.

La edición 2025 de la Cumbre, organizada por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), adquirió un significado especial al conmemorar cuatro décadas del Holocausto del Palacio de Justicia, uno de los episodios más dolorosos y decisivos en la historia institucional del país.

Los acontecimientos ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, iniciados por un grupo guerrillero que perpetró actos de indiscutible terror, generaron una respuesta militar que dejó profundas heridas en la memoria colectiva. Once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, empleados judiciales y ciudadanos inocentes fueron víctimas de un ataque y una reacción que quebrantaron la confianza en las instituciones y evidenciaron la vulnerabilidad de la democracia frente a la violencia.

Esta conmemoración trascendió la lógica de un simple acto protocolario: se convirtió en un ejercicio de memoria viva y en un compromiso ético con las generaciones actuales y venideras.

Evocar la masacre del Palacio de Justicia significa rendir homenaje al sacrificio de quienes defendieron la legalidad y los principios constitucionales hasta el último momento de sus vidas, así como renovar la promesa de que jamás se permitirá que la justicia sea vulnerada por ataques o intimidaciones. Las secuelas de aquel

trágico episodio siguen presentes: familias que aún buscan verdad y reparación, un poder judicial que ha demostrado enorme resiliencia, y una sociedad que reconoce el valor insustituible de la justicia como piedra angular de la democracia.

Resulta especialmente relevante destacar la intervención del Dr. Gustavo Gómez Velásquez, quien, con lucidez, valentía y dignidad, permitió recordar las razones por las cuales la Corte Suprema de Justicia de 1985 —de la cual formó parte— fue, verdaderamente, excepcional.

Durante los últimos años, la necesidad de defender la independencia judicial se ha hecho más evidente debido a diversas manifestaciones y discursos emitidos desde el poder Ejecutivo, caracterizados por ataques verbales hacia las Altas Cortes y cuestionamientos sobre la dignidad, el honor y el profesionalismo de magistrados y jueces. Estas acciones parecen dirigidas a socavar la legitimidad del sistema judicial, lo que constituye una amenaza latente para la democracia y el Estado de Derecho. Señalar esta situación no implica buscar la confrontación, sino cumplir con el deber ético y democrático de defender los principios fundamentales que buscan garantizar la convivencia pacífica entre los colombianos.

Dr. Gustavo Gómez Velásquez / Imagen de archivo CEJ.

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Editorial El control equilibrado entre las ramas del poder público y las garantías efectivas para la Rama Judicial son principios inquebrantables que deben ser defendidos con convicción. La obligación irrenunciable de los demás poderes públicos de acatar y respetar las decisiones de los jueces.

La labor de la CEJ se basa en la vigilancia activa y la defensa ética de estos principios, manteniéndose alerta ante cualquier intento de socavar la independencia y la institucionalidad de la administración de justicia.

Durante esta cumbre, se resaltó de manera especial la presencia y el liderazgo de las mujeres magistradas en el sistema judicial. Su participación cada vez mayor en las Altas Cortes simboliza una auténtica transformación cultural, acercando cada vez más a la justicia a las necesidades reales de la ciudadanía y promoviendo una visión innovadora, de alto nivel técnico, que impulsa con renovado vigor la jurisprudencia nacional. El profesionalismo, la integridad y la dedicación de las juezas y magistradas dignifican y enriquecen el ejercicio judicial en nuestro país.

La ceremonia también rindió tributo a quienes han dedicado su vida al servicio de la justicia, destacando trayectorias ejemplares que se han distinguido por su ética, dedicación y su compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho. Al celebrar el legado de los juristas eméritos, se reconoce la solidez de los cimientos que permiten a las nuevas generaciones ejercer la administración de justicia con responsabilidad y auténtico sentido democrático.

Por otro lado, los Premios a la Excelencia representan mucho más que un reconocimiento individual; son la manifestación de la confianza ciudadana en el trabajo del sistema judicial. Cada sentencia destacada y cada investigación ejemplar transmiten el mensaje de una justicia sólida, resiliente y comprometida con la protección de los derechos de todas y todos. Magistrados, jueces, fiscales, defensores, académicos, estudiantes y servidores públicos reciben este honor por sus decisiones, investigaciones y aportaciones que elevan los estándares de la justicia colombiana.

De este encuentro entre la ciudadanía y la justicia surgieron diversas reflexiones, entre las que destaca una en particular: la democracia no se desmorona de golpe, sino que su deterioro es un proceso gradual que comienza con palabras que

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buscan deslegitimarla y con el debilitamiento de las instituciones que la conforman. Por eso, la Cumbre y los Premios a la Justicia 2025 deben servir como un recordatorio urgente de la obligación colectiva de proteger a la administración de justicia.

Mediante este evento institucional, la CEJ reafirma su compromiso inquebrantable con la Constitución, la independencia judicial y la defensa de los despachos judiciales y de sus integrantes. Cuando la justicia se debilita, la democracia se resquebraja; al fortalecerla, la sociedad avanza y mantiene viva la esperanza. La Cumbre de la Justicia representa una oportunidad para reflexionar y reafirmar que la defensa de las instituciones y de los valores que nos unen como sociedad alrededor de una labor apasionada, constante y colectiva.

Lejos de ser un obstáculo para la transformación social, la justicia es su mayor garantía. Es la base sobre la cual el cambio puede ocurrir respetando la legalidad y la voluntad soberana plasmada en las normas jurídicas. En lugar de limitar arbitrariamente el poder democrático, la justicia le otorga legitimidad y propósito. No debe ser percibida como enemiga de ningún gobierno, sino como la institución clave que respalda su legitimidad al tiempo que protege los derechos de todas las personas.

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Imagen de archivo CEJ.

Editorial

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Contenido CEJ

Una seguridad en tensión: el mapa de la criminalidad en Colombia durante Por: Corporación Excelencia en la Justicia

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l año 2025 marca un punto de inflexión en la historia de la seguridad ciudadana en Colombia. Lejos de presentar una tendencia monolítica, el análisis de los indicadores delictivos correspondientes a los tres primeros trimestres del año revela una realidad bifurcada y compleja, donde coexisten mejoras significativas en la protección del patrimonio con un deterioro preocupante en la garantía de la vida y la integridad personal.

Este informe de la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, fundamentado en los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), desagrega las estadísticas que definen la seguridad nacional.

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La criminalidad en Colombia ha mutado hacia nuevas modalidades que desafían las políticas públicas tradicionales.

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A MORFOLOGÍA DEL DELITO

La relevancia de este análisis radica no solo en la magnitud de las cifras —que hablan de millones de ciudadanos afectados— sino en la mutación de los patrones criminales. Al observar la frecuencia temporal, los medios instrumentales y la geografía del delito, se hace evidente que la criminalidad en Colombia ha mutado hacia nuevas modalidades de inseguridad que distinguen a cada una de estas que desafían las políticas públicas tradicionales. poblaciones.

Mientras el hurto a comercio se desploma un 35%, la violencia intrafamiliar escala un 5% y el homicidio persiste con un alza del 3,2%. Estas va- LA PERSISTENCIA DE LA VIOLENCIA riaciones no son simples ajustes estadísticos; son LETAL Y LA INTEGRIDAD FÍSICA el reflejo de transformaciones sociales profundas, cambios en la economía ilegal y, posiblemente, la adaptación de las estructuras criminales a las es- La protección de la vida humana constituye el fin último del Estado y por lo tanto de la seguridad trategias de control territorial. ciudadana en tanto política pública. Sin embargo, El presente documento abordará la crisis de los los datos de 2025 indican que este objetivo fundadelitos contra la vida, examinando la letalidad y la mental enfrenta severos obstáculos. La violencia violencia física. Posteriormente, analizará el com- letal no sólo no ha cedido, sino que ha encontrado portamiento de los delitos sexuales y la violencia nuevos mecanismos para perpetuarse. intrafamiliar, fenómenos que ocurren mayoritariamente en la esfera privada pero que tienen reper- Durante los primeros nueve meses de 2025, Cocusiones públicas devastadoras. Discurrirá sobre lombia registró un total de 10.221 homicidios cola economía del crimen, analizando las diversas munes. Esta cifra, que representa un incremento modalidades de hurto y extorsión. Y, finalmente, del 3,2% respecto al mismo periodo del año anteofrecerá una comparativa regional detallada de los rior, es alarmante no sólo por su magnitud absocomportamientos delictivos más relevantes en las luta, sino por la constancia de su ocurrencia: en el cinco principales ciudades del país, por número territorio nacional, se pierde una vida de manera de habitantes (Bogotá, Medellín, Cali, Barranqui- violenta cada 38 minutos, lo que equivale a un lla y Cartagena), identificando los micro-climas promedio de 37,6 víctimas diarias.

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CRONOMETRÍA DE LA LETALIDAD: LA Esta concentración nocturna sugiere que la reNOCHE Y EL FIN DE SEMANA ducción de la vigilancia formal e informal actúan como catalizadores de la violencia. A esto se suma un componente cíclico semanal: los homicidios no La protección de la vida humana constituye el fin se distribuyen uniformemente. De lunes a viernes, último del Estado y por lo tanto de la seguridad la frecuencia disminuye, mientras que los fines de ciudadana en tanto política pública. Sin embargo, semana (sábados y domingos) se registra un aulos datos de 2025 indican que este objetivo funda- mento dramático de hasta el 77% en comparación mental enfrenta severos obstáculos. La violencia con cualquier otro día. Este hallazgo es crucial, letal no sólo no ha cedido, sino que ha encontrado pues vincula una parte significativa de la letalidad nuevos mecanismos para perpetuarse. no necesariamente al crimen organizado planifiComo han evidenciado otros estudios de la CEJ, cado, sino a dinámicas de intolerancia social, conel análisis temporal del homicidio devela patrones sumo de alcohol y riñas que escalan a desenlaces de comportamiento social y criminal ineludibles. fatales durante los periodos de ocio.

La violencia homicida en Colombia es eminentemente nocturna. Las franjas horarias críticas identificadas por las autoridades muestran desviacio- EL DOMINIO DEL ARMA DE FUEGO Y LA MOTOCICLETA. GÉNERO Y VULNEnes extremas respecto al promedio horario: RABILIDAD Entre las 8:00 p.m. y las 8:59 p.m., los casos se La letalidad en Colombia está altamente tecnificadisparan un 99% por encima del promedio. da. El 79,5% de los homicidios se perpetraron con Entre las 9:00 p.m. y las 9:59 p.m., el aumento armas de fuego. Esta hegemonía balística indica es del 98%. un fácil acceso a mercados ilegales de armamento Incluso a las 10:00 p.m., la incidencia se man- y una intencionalidad clara de causar la muerte, reduciendo las probabilidades de supervivencia tiene un 61% superior a la media. de la víctima en comparación con otros medios.

Las armas blancas o cortopunzantes representan el 15,1%, y los objetos contundentes apenas el 4,1%.

Un dato operativo de vital importancia para las autoridades es la simbiosis entre el sicariato y la movilidad en motocicletas. El informe destaca que al menos 1 de cada 3 homicidios con armas de fuego es cometido por pasajeros o conductores de este tipo de vehículos. La motocicleta, por su versatilidad, velocidad de fuga y capacidad de maniobra en el tráfico urbano, se ha consolidado como el instrumento táctico por excelencia de la criminalidad letal.

El perfil de la víctima de homicidio es abrumadoramente masculino: el 93% de los casos corresponden a hombres. Sin embargo, esto no debe invisibilizar el impacto en poblaciones vulnerables.

El 3,6% de las víctimas son menores de 18 años, una cifra que, aunque porcentualmente baja, representa cientos de vidas jóvenes truncadas, eviImagen tomada de www.freepik.es

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LESIONES PERSONALES: LA INTOLERANCIA COMO EPIDEMIA Mientras el homicidio sube, las lesiones personales muestran un comportamiento levemente divergente, con una reducción del 2% en comparación al año anterior. No obstante, el volumen de casos sigue siendo masivo: 65.869 registros en tres trimestres, lo que arroja un promedio de 242 casos diarios, o una agresión física cada 6 minutos.

A diferencia del homicidio, donde el arma de fuego es el instrumento utilizado con mayor frecuencia, en las lesiones personales predominan las armas contundentes (30%), seguidas por armas blancas (9%) y, en menor medida, armas de fuego (4%). Un dato revelador es que en el 55% de los casos no se empleó ningún tipo de arma, lo que sugiere agresiones físicas directas.

Esta morfología del ataque refuerza la hipótesis de la intolerancia social. Las lesiones personales no suelen ser crímenes predatorios planificados, sino escaladas de conflictos interpersonales. Esto se corrobora con el patrón temporal: el domingo es el día crítico, con un aumento de hasta el 119% en los casos respecto a otros días. Las horas de mayor incidencia son la medianoche (12 a.m. a 12:59 a.m., con un 93% más de casos) y la noche temprana (7 p.m. - 9 p.m.).

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Hasta septiembre de 2025 se registraron 24.853 delitos sexuales, con un incremento del 0,6%.

La frecuencia es perturbadora: un caso cada 16 minutos.

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denciando fallas en los sistemas de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia estructural que aflige al país.

Los delitos que atentan contra la libertad sexual y la armonía familiar presentan dinámicas particularmente complejas, dado que ocurren frecuentemente en espacios privados, dificultando la prevención policial directa. En 2025, estos delitos muestran tendencias al alza.

Hasta septiembre de 2025 Se registraron 24.853 delitos sexuales, con un incremento del 0,6%. La frecuencia es perturbadora: ocurre un caso cada 16 minutos en Colombia, con un promedio de 91 casos diarios.

Uno de los hallazgos más críticos del reporte es la concentración horaria. La franja de 12 a.m. a 12:59 a.m. registra un 212% más de casos que el promedio de todas las horas. Este pico extraordiEs importante notar que la participación de mu- nario señala un momento de vulnerabilidad extrejeres como víctimas en este delito es significati- ma, posiblemente asociado al regreso a los hogavamente mayor que en el homicidio. El 39% de res, el ocio nocturno o la perpetración de abusos las víctimas de lesiones personales son mujeres, al interior de las viviendas bajo el amparo de la lo que alerta sobre violencias que, sin llegar a ser noche. Otras franjas críticas, aunque con menor letales, afectan desproporcionadamente la integri- intensidad, son las mañanas (10 a.m.) y las tardes dad física de la población femenina, muchas ve- (3 p.m.), lo que podría coincidir con horarios esces en contextos de riñas o violencia comunitaria. colares o laborales.

LA BRECHA DE GÉNERO EN LAS LESIONES

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La violencia sexual es profundamente vinculada al género y a la edad de las víctimas. El 81% de las víctimas son mujeres y, lo que es aún más grave, 3 de cada 10 víctimas son menores de 18 años. En cuanto a los medios, el 91,2% de los casos no registró el uso de armas, lo que indica que la coerción se ejerce mediante fuerza física, amenazas verbales, o aprovechamiento de situaciones de indefensión o confianza, más que mediante la intimidación armada.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: EL DELITO MÁS FRECUENTE

vencia forzada del fin de semana parece exacerbar conflictos preexistentes. Las horas pico son la medianoche (12 a.m. con +110% de casos) y las madrugadas (5 a.m.), así como las tardes (3 p.m.).

El 75% de las víctimas son mujeres, y un 8,3% son menores de edad. El uso de armas es bajo (85% sin armas), pero cuando se usan, predominan los objetos contundentes (14%).

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO En contraste con la violencia física, los delitos patrimoniales exhiben una tendencia a la baja generalizada en 2025. Este fenómeno, que abarca diversas modalidades de hurto y extorsión, sugiere cambios en las estrategias de seguridad o desplazamientos en la actividad criminal.

Con 107.882 casos, la violencia intrafamiliar es el delito de mayor volumen analizado en este grupo, superando incluso a categorías de hurto. Presentó un aumento del 5%, consolidándose como una crisis de salud pública y seguridad. La frecuencia es de un caso cada 3 minutos y medio.

A pesar de una reducción del 8%, el hurto a persoAl igual que en las lesiones personales, el domin- nas sigue siendo el delito más masivo del sistema go es el detonante temporal, con un registro de penal, con 219.968 casos. Esto equivale a 809 ca49% más casos que cualquier otro día. La convi- sos diarios, o 34 hurtos por hora.

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El uso de armas es más frecuente aquí que en el hurto general: 19% armas blancas y 18% armas de fuego, lo que implica un mayor nivel de intimidación para despojar a la víctima del dispositivo.

Si bien el hurto a bicicletas se redujo un 11% (6.044 casos). Es un delito matutino (picos a las 5 a.m., 10 a.m. y 11 a.m.) y ocurre preferentemente los miércoles (+48%). Un dato geográfico que merece atención por parte de las autoridades es que más del 70% de este tipo de hurtos ocurren en la ciudad de Bogotá.

Por su parte el hurto de motocicletas cayó un 17% (25.560 casos, uno cada 15,3 minutos). A diferencia de las bicicletas, este hurto es nocturno (picos de 7 p.m. a 9 p.m. y medianoche). Un aspecto técnico relevante es el uso de llaves maestras en el 16% de los casos, evidenciando la especialización de los ladrones con más experiencia en esta modalidad criminal.

Los viernes y sábados son los días de mayor riesgo (+30% de casos). Las horas críticas se distribuyen entre la medianoche (+43%) y la franja vespertina de 6 p.m. a 8 p.m., coincidiendo con el retorno laboral.

En el 65% de los casos no se emplearon armas, lo que apunta a modalidades de descuido (“cosquilleo”) o arrebato (“raponazo”). Sin embargo, el uso de armas blancas (16%) y de fuego (15%) sigue siendo significativo. Un dato crucial: 1 de cada 4 hurtos con arma de fuego involucra motocicletas.

HURTO A CELULARES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS El hurto a celulares cayó un 17%, con 58.815 casos (un celular robado cada 7 minutos). Por sus características, es un delito de “hora pico”. Las franjas de 6 p.m., 7 p.m. y 8 p.m. presentan aumentos del 37%, 44% y 28% respectivamente frente al promedio.

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El hurto a celulares cayó un 17%, con 58.815 casos. Es decir, un celular robado cada 7 minutos.

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HURTO A RESIDENCIAS Y COMERCIO. EL FENÓMENO DE LA EXTORSIÓN El hurto a residencias disminuyó un 16% (19.177 casos). La vulnerabilidad es máxima a la medianoche (+90% de casos). El 73% ocurre sin armas, lo que sugiere ingresos subrepticios o mediante engaño, aunque el uso de palancas (11,7%) denota la existencia de la premeditación que antecede a la comisión de este tipo de delitos.

El robo a comercios presentó la mayor mejora de todos los delitos, con una caída del 35% (20.214 casos). Ocurre principalmente de martes a viernes en horas de la tarde y medianoche, lo que evidencia que las medidas de prevención definidas por las autoridades y la decidida colaboración de la ciudadanía está rindiendo resultados alentadores.

A la par, la extorsión se redujo un 11% (8.844 casos). Sin embargo, su impacto cualitativo es alto.

La llamada telefónica domina esta modalidad delictiva con el 48,5%, seguida de la extorsión directa (18,5%) y, de manera creciente, el uso de las redes sociales (17,6%). A diferencia de los delitos sexuales, aquí el 64% de las víctimas son hombres. El fin de semana la actividad extorsiva cae un 42%, concentrándose en días hábiles.

ANÁLISIS REGIONAL COMPARADO

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en la medianoche, siendo martes, jueves y viernes los días más críticos.

En cuanto al hurto a personas, la situación es suEl análisis agregado nacional oculta profundas mamente grave: Bogotá registra una tasa de 1.235 disparidades regionales. Al examinar Bogotá, Me- casos por cada 100.000 habitantes, triplicando el dellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, emergen promedio nacional (413). En total, se reportaron perfiles criminales distintos que exigen estrategias 100.017 casos en la ciudad durante el periodo analizado. diferenciadas.

BOGOTÁ D.C.: ASOLADA POR EL HURTO Y LA VIOLENCIA SEXUAL Bogotá, con una población estimada de 8,1 millones de habitantes, exhibe cifras desproporcionadas en delitos contra el patrimonio y la libertad sexual. La capital presenta una alarmante tasa de 85,0 casos de violencia sexual por cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio nacional (46,7). El momento de mayor riesgo se concentra

El hurto de celulares también es motivo de preocupación, con una tasa de 306 por cada 100.000 habitantes (frente a 111 a nivel nacional), consolidando a Bogotá como el principal mercado de celulares robados. El 22,9% de estos robos se cometen con armas blancas, cifra superior al promedio nacional.

Una particularidad en la ciudad es que el hurto de motocicletas se perpetra mayormente mediante el uso de llaves maestras (58,6%), mientras que solo el 12,1% involucra armas de fuego, lo que evidencia un enfoque técnico más que violento.

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MEDELLÍN: ALTO HURTO DE VEHÍCULOS Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

CALI: FOCO DE VIOLENCIA ARMADA Y LETALIDAD ELEVADA

La capital antioqueña revela un perfil mixto, con elevados índices de violencia intrafamiliar y hurto de automotores. Medellín triplica la tasa nacional de hurto a motocicletas, alcanzando 145 casos por cada 100.000 habitantes. Sorprendentemente, el 85,2% de estos delitos se comete sin armas y apenas el 0,3% mediante llaves maestras, lo que apunta a descuidos o métodos como el arrastre.

Cali continúa siendo la ciudad con mayores desafíos en materia de homicidios y uso de armas de fuego. Registra la tasa de homicidio más alta entre las principales ciudades analizadas, con 32,0 casos por cada 100.000 habitantes. El 81,4% de estos crímenes se cometen con armas de fuego.

La violencia intrafamiliar en Medellín también es preocupante, con una tasa de 290,3, muy por encima del promedio nacional (202,7). El uso de objetos contundentes en estos hechos alcanza el 26%, considerablemente superior al 1,9% registrado en Bogotá.

En contraste, la tasa de homicidio se mantiene en 8,9, muy por debajo de la media nacional (19,2), evidenciando una tendencia sostenida de reducción de la letalidad en la ciudad.

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Cali registra la tasa de homicidio más alta entre las principales ciudades analizadas, con 32,0 casos por cada 100.000 habitantes.

Además, Cali es la única ciudad donde la mayoría de las lesiones personales (55%) involucran armas contundentes, y el 16,7% de estos delitos se perpetra con armas de fuego, cifra muy superior al 4% nacional. El 43% de los robos de motocicletas se realiza empleando armas de fuego, en marcado contraste con Medellín (13,2%) y Bogotá (12,1%).

BARRANQUILLA: CRISIS POR EXTORSIÓN Y ATRACOS VIOLENTOS La capital del Atlántico enfrenta retos significativos relacionados con la extorsión y el hurto a mano armada. Barranquilla ostenta la mayor tasa de extorsión del país, con 43,7 casos por cada 100.000 habitantes, casi el triple del promedio nacional. La modalidad directa o presencial representa el 26,4%, lo que revela un control territorial agresivo de grupos criminales.

En relación con el hurto a personas, Barranquilla destaca por ser la única ciudad donde el arma de fuego es el principal instrumento delictivo: el 48,9% de estos crímenes se cometen con pistola o revólver, cifra muy superior a la de Bogotá (8,6%) y Medellín (14,9%).

CARTAGENA: PREOCUPANTE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ALTA LETALIDAD Cartagena arroja indicadores alarmantes en torno a la violencia contra la mujer y los homicidios.

La ciudad presenta una elevada tasa de violencia intrafamiliar (213,0), y el porcentaje más alto de mujeres víctimas (80,3%) entre las urbes estudiadas. La tasa de homicidios alcanza 24,8 por cada

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armas, tasa homicidio 32,0) y Medellín (50,4% uso de armas, tasa homicidio 8,9).

Dado que el 79,5% de los homicidios nacionales y el 48,9% de los hurtos en Barranquilla se cometen con armas de fuego, el reto es el control del flujo de armas ilegales.

2. LA GESTIÓN DE LA NOCHE Y EL FIN DE SEMANA: El “Reloj de la Criminalidad” establece una verdad incómoda: Colombia es peligrosa de noche y los domingos.

Homicidios: Picos de 99% entre 8-9 p.m. y +77% los fines de semana.

Violencia Intrafamiliar: +49% los domingos.

Lesiones Personales: +119% los domingos.

Las autoridades deben reconfigurar sus turnos de vigilancia y sus estrategias de prevención (retenes, control de establecimientos, patrullaje vecinal) para saturar estos periodos críticos. El modelo de vigilancia estándar de lunes a viernes en horario diurno es ineficaz para la realidad criminal del país.

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3. PROTECCIÓN DE LA MUJER Y LA IN100.000 habitantes, superando el promedio nacioFANCIA: Con un aumento del 5% en violennal. cia intrafamiliar y 0,6% en delitos sexuales, las políticas de género están fallando en la prevenEn cuanto al hurto a residencias, sobresale el uso ción. La altísima tasa de violencia sexual en de armas contundentes (30%) y palancas (15,8%) Bogotá (85,0) y la victimización femenina en para acceder a los domicilios, lo que evidencia una modalidad de robo más violenta respecto a otras capitales del país.

RETOS DE LAS AUTORIDADES Y ANÁLISIS CAUSAL La lectura detallada de estas cifras permite identificar los desafíos centrales para las autoridades colombianas y aventurar hipótesis sobre las causas de las mejoras y deterioros observados.

1. DESARME CIVIL Y CONTROL DE ARMAS: Dado que el 79,5% de los homicidios nacionales y el 48,9% de los hurtos en Barranquilla se cometen con armas de fuego, el reto primordial es el control del flujo de armas ilegales. La correlación entre disponibilidad de armas de fuego y tasas de homicidio es evidente en el contraste entre Cali (81,4% uso de

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La reducción generalizada en hurtos (-8% a personas, -35% a comercio, -17% motos/celulares) puede atribuirse a varios factores concurrentes que se desprenden de los datos:

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En conductas como hurto, extorsión, y lesiones personales, aproximadamente 7 de cada 10 delitos se quedan sin denunciar.

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Cartagena (80,3% en VIF) exigen intervenciones urgentes. La franja de medianoche (12-1 a.m.) como hora crítica para delitos sexuales (+212%) requiere investigación: ¿Ocurren en el espacio público o privado? ¿Están asociados al transporte nocturno? ¿cómo incide el consumo de alucinógenos y alcohol en estos hechos?

1. EFECTIVIDAD TECNOLÓGICA Y OPERATIVA: La caída del 17% en el hurto de celulares y el 35% en comercio sugiere que las medidas de bloqueo de IMEI, la videovigilancia masiva en locales comerciales y la reacción policial en zonas urbanas densas están funcionando de manera eficiente y que si bien 2. DESPLAZAMIENTO DEL DELITO: Es posible que estemos presenciando una especie aún queda mucho por hacer se avanza en la dide “efecto globo”. Al endurecerse la seguridad rección correcta. física en comercios y calles (reduciendo el hurto), las bandas criminales podrían estar migrando hacia otras conductas criminales como la extorsión, que es más rentable y menos riesgosa físicamente. Aunque la extorsión bajó 11% a nivel nacional, en Barranquilla la tasa es desbordada (43,7), lo que indica que en ciertos territorios el crimen ha mutado, no desaparecido.

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3. ESPECIALIZACIÓN CRIMINAL (CASO MOTOCICLETAS): La reducción del 17% en hurto de motos podría estar relacionada con la desarticulación de bandas específicas. Sin embargo, el alto uso de “llaves maestras” en ciudades como Bogotá (58,6%) indica que el delito remanente es altamente especializado.

La reducción podría ser un efecto de mercado (saturación de oferta de partes robadas) o mayor uso de GPS por parte de propietarios. De igual manera, como han indicado otros informes de la CEJ (2025), , se estima que, en conductas como hurto, extorsión, y lesiones personales, aproximadamente 7 de cada 10 delitos se quedan sin denunciar, circunstancia que, posiblemente, se explica por una menor confianza ciudadana en una respuesta institucional ágil.

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de armas de fuego mantiene las tasas de homicidio en niveles alarmantes. Las políticas de desar*** me civil y el fortalecimiento de controles fronterizos y urbanos se perfilan como urgentes, pero La conclusión del análisis sobre la criminalidad en deben ir acompañadas de intervenciones sociales Colombia en 2025 evidencia un escenario marca- que aborden las causas estructurales de la violendo por profundas tensiones y retos multidimensio- cia, como la exclusión, el desempleo y la falta de nales para el Estado y la sociedad. Si bien el país oportunidades para jóvenes en riesgo. ha logrado avances palpables en la reducción de delitos patrimoniales, como el hurto a comercio, motocicletas y celulares, el panorama se complica por el repunte y persistencia de la violencia letal, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales.

Este contraste obliga a repensar la seguridad más allá de las estrategias policiales convencionales, pues el fenómeno criminal se adapta y transforma en función de la respuesta institucional y las dinámicas sociales.

El control de armas ilegales emerge como un factor determinante, especialmente en ciudades como Cali y Barranquilla, donde la disponibilidad

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Uno de los principales desafíos consiste en la gestión efectiva de los periodos críticos identificados, especialmente las noches y los fines de semana, cuando la mayoría de los delitos violentos se concentran. Esto demanda una reconfiguración de los esquemas de patrullaje y prevención, priorizando la saturación de vigilancia en horarios y días de mayor riesgo, así como el fortalecimiento de la inteligencia social y comunitaria para anticipar escaladas de conflicto interpersonal.

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La protección de grupos vulnerables, en particular mujeres, niños y adolescentes, requiere una articulación interinstitucional que trascienda la acción policial y judicial.

La protección de grupos vulnerables, en particular mujeres, niños y adolescentes, requiere una articulación interinstitucional que trascienda la acción policial y judicial. Es vital que las políticas de género incluyan programas de prevención, atención psicosocial y refugio, además de campañas educativas que desnormalicen la violencia en el ámbito familiar y privado. La elevada incidencia de violencia sexual y doméstica en Bogotá y Cartagena subraya la urgencia de intervenciones focalizadas, sostenibles y culturalmente sensibles.

Por otro lado, la caída de los hurtos podría estar generando un desplazamiento hacia modalidades delictivas más sofisticadas y menos visibles, como la extorsión y los delitos informáticos, lo que exige una actualización constante de las capacidades tecnológicas y legales de las fuerzas de seguridad del Estado. La especialización criminal observada en el hurto de motocicletas y el uso de llaves maestras evidencia la necesidad de fortalecer la cooperación entre las autoridades y el sector privado para desarrollar soluciones innovadoras de protección y rastreo de bienes.

lla? ¿Cómo proteger a las mujeres en la intimidad de sus hogares en Cartagena y Bogotá? ¿De qué manera puede el Estado fortalecer la inteligencia comunitaria para anticipar conflictos antes de que escalen? ¿Qué estrategias interinstitucionales podrían implementarse para la atención integral a víctimas de violencia sexual y doméstica? ¿Cómo se pueden adaptar las políticas de seguridad para responder eficazmente a los delitos informáticos y modalidades delictivas emergentes? ¿Qué papel debe desempeñar el sector privado en el desarrollo de tecnologías de prevención y rastreo contra el hurto especializado? ¿Cómo lograr que las campañas educativas desnormalicen la violencia y fomenten una cultura de legalidad en todos los territorios? ¿Qué intervenciones sociales son más efectivas para reducir la exclusión y el desempleo entre jóvenes en riesgo? ¿Cómo asegurar la sostenibilidad y el enfoque culturalmente sensible de las intervenciones en comunidades vulnerables?

Las respuestas a estas preguntas, entre otras, definirán, por lo menos en parte, la evolución de la seguridad ciudadana en la próxima década.

Finalmente, el análisis regional muestra que no existe una única receta para enfrentar la criminalidad en Colombia. Cada ciudad presenta un perfil delictivo propio, condicionado por factores culturales, económicos y geográficos, lo que obliga a diseñar políticas diferenciadas y flexibles. El reto de pacificar los domingos, desarmar territorios críticos y proteger la vida y la integridad de los más vulnerables demanda un compromiso integral, sostenido y colaborativo entre Estado, sociedad y sector privado.

En suma, la evolución de la seguridad en Colombia dependerá de la capacidad para anticipar y adaptarse a las nuevas modalidades delictivas, fortalecer la prevención y la protección de las víctimas, y construir una cultura de legalidad y convivencia que trascienda el mero control policial.

Solo así será posible transformar los microclimas de inseguridad en espacios de paz y desarrollo para todos los ciudadanos.

Mientras las grandes ciudades logran contener el robo oportunista y el saqueo a comercios, la violencia interpersonal y letal demuestra una resiliencia feroz. El desafío para el Estado ya no es sólo policial, sino social: ¿Cómo pacificar los domingos? ¿Cómo desarmar a Cali y Barranqui-

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Tensiones y riesgos jurídicos al rededor de la Circular 003 de 2025 de la Fiscalía General de la Nación Por: Corporación Excelencia en la Justicia

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Sin perjuicio del contexto presentado, la Directiva 003 del 10 de julio de 2025, emitida por la Fiscalía General de la Nación (FGN), es el objeto l presente documento analiza los eventua- de análisis en este escrito. Esta Directiva busca les efectos de la Directiva 003 del 10 de establecer lineamientos internos para los fiscales julio de 2025 expedida por la Fiscalía Ge- en la aplicación de las suspensiones de órdenes neral de la Nación. Esta disposición, se orienta a de captura, procurando operativizar las directrices establecer el tratamiento que tendrán las órdenes gubernamentales en el ámbito de la investigación de captura de quienes forman parte de las mesas y la persecución penal. de negociación que, con distintos grupos alzados El propósito de este escrito es realizar una lectura en armas, ha iniciado el gobierno nacional en ejer- objetiva de la Directiva 003 de 2025. Se evaluacicio de las facultades que la Constitución Política rá su conformidad con los principios y condiciole asigna. nes establecidos por la Corte Constitucional en la I. CONSIDERACIONES GENERALES

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De modo general, la “Paz Total” es una iniciativa gubernamental que se presenta cómo la búsqueda de la paz mediante acercamientos y conversaciones con diversas estructuras armadas. Esta política, regulada por la Ley 2272 de 2022, le otorgó facultades al presidente de la República para adelantar diálogos con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI) con fines de sometimiento a la justicia.

Sentencia C-525 de 2023, identificando puntos de armonía, contradicción o vacíos normativos.

Adicionalmente, se identificarán y analizarán los riesgos jurídicos, procesales y sociales derivados de su implementación, con un enfoque particular en la autonomía judicial, la acción penal y los derechos de las víctimas.

Finalmente, se abordará específicamente la situación de los delitos cometidos en flagrancia no La implementación de estas facultades ha gene- relacionados con el conflicto armado y la problerado una compleja imbricación normativa y juris- mática de la imposibilidad de dictar medidas de prudencial, que requiere de constante evaluación aseguramiento respecto de nuevos delitos. Este para asegurar su conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano.

En síntesis: su contenido es fundamental para comprender cómo la FGN interpreta y aplica las facultades derivadas de la Ley 2272 de 2022, a la luz de los condicionamientos de la Corte Constitucional.

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La implementación de estas facultades ha generado una imbricación normativa y jurisprudencial, que requiere de una evaluación para asegurar su conformidad con el ordenamiento jurídico.

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En este contexto, la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional se erige como el principal referente jurisprudencial para la adecuada comprensión de este asunto. Dicho fallo moduló y condicionó las facultades gubernamentales, especialmente en lo relativo a la suspensión de órdenes de captura, estableciendo límites constitucionales claros a la discrecionalidad del poder Ejecutivo en el marco de los procesos de paz. Esta sentencia es relevante porque define el marco dentro del cual el gobierno nacional puede actuar, sin vulnerar la separación de poderes, ni poner en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos, independientemente de si tienen o no la condición de víctimas dentro del conflicto armado.

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II. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL RELEVANTE A. SENTENCIA C-525 DE 2023 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL: PRINCIPIOS Y CONDICIONES PARA LA SUSPENSIÓN DE ÓRDENES DE CAPTURA La Sentencia C-525 de 2023 es fundamental para comprender los límites constitucionales a la facultad gubernamental de suspender órdenes de captura en el contexto de los procesos de paz. La Corte Constitucional declaró exequible la facultad del Gobierno para entablar acercamientos y conversaciones con EAOCAI con el fin de lograr su transición a la vida democrática del país.

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El tribunal constitucional subrayó que permitir una amplia discrecionalidad del Gobierno en este aspecto desbordaría el mandato constitucional del legislador para “hacer las leyes.

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escrito se estructurará en secciones que abordarán el marco normativo, el análisis de conformidad entre la Directiva y la decisión de la Corte Constitucional, los riesgos de la aplicación de la Directiva y los escenarios problemáticos específicos.

Judicial y, por supuesto, de los derechos fundamentales de la ciudadanía. La decisión de la Corte Constitucional, al declarar exequible esta facultad, pero inmediatamente, imponer condiciones Esta potestad se enmarca en el mandato presiden- para su ejercicio, propone un delicado equilibrio cial de conservación del orden público, conforme entre la búsqueda de la paz y los medios que se al artículo 189.4 de la Constitución Política. Este utilizan para ello. reconocimiento, sin embargo, no es absoluto, sino Sobre los términos de sometimiento a la justique está sujeto a una serie de condicionamientos cia, la Corte fue enfática en que estos deben ser que reflejan una preocupación fundada en el uso definidos por el Legislador y, fundamentalmente, que pueden llegar a tener las competencias ejecu- garantizar los derechos de las víctimas. En contivas en detrimento de las competencias del poder secuencia, declaró inexequible la expresión “a juicio del gobierno” en relación con la definición de dichos términos. Esta decisión es crucial porque restringe la capacidad del poder Ejecutivo de definir unilateralmente las condiciones de los procesos de sometimiento.

El tribunal constitucional subrayó que permitir una amplia discrecionalidad del gobierno nacional en este aspecto desbordaría el mandato constitucional del legislador para “hacer las leyes”. Esta limitación impuesta al arbitrio de la rama ejecutiva establece un precedente claro: las directrices administrativas, como las Directivas, no pueden crear marcos legales nuevos para el sometimiento a la justicia o socavar mandatos legislativos, especialmente cuando estas disposiciones arriesgan la protección efectiva de los derechos de las víctimas en particular y de los ciudadanos en general.

Entrevista con el Ministro de Justicia Néstor Iván Osuna

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En cuanto a la suspensión de órdenes de captura, que es el punto central de contraste con la Directiva 003, la Corte declaró esta facultad exequible, pero bajo estrictas condiciones. La suspensión de órdenes de captura contra miembros de EAOCAI sólo es permisible cuando se cumplen dos requisitos esenciales: (i) el Gobierno debe justificar y motivar la medida, especificando su temporalidad y el ámbito territorial necesario; y (ii) la autoridad judicial competente del Poder Judicial debe evaluar estos supuestos.

La Corte fue explícita al rechazar cualquier interpretación que limitara el papel de la administración de justicia, circunscribiéndola a la realización de un mero reconocimiento o a dar acuse de recibo de la solicitud gubernamental. Por el contrario, exigió una evaluación independiente por parte de los jueces de la República, que incluya aspectos como el estatus del beneficiario (vocero o representante), la necesidad de la medida para los fines legales de sometimiento y desmantelamiento, así como su delimitación temporal y territorial.

determinó que estas sólo pueden aplicarse a quienes están efectivamente participando en los procesos de acercamiento y conversación, y únicamente con el propósito de facilitar dicha participación.

El juez constitucional fue claro en que el Estado retiene su deber de hacer cumplir las decisiones judiciales en contra de quienes violan la ley y de usar la fuerza proporcional para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Este pronunciamiento refuerza la idea de que los procesos de paz no otorgan una inmunidad general ni una licencia para la continuación de actividades criminales. Cualquier interpretación que permitiera a las personas beneficiarias de este tipo de medidas seguir cometiendo delitos sin consecuencias legales directas estaría en contradicción con este principio.

Finalmente, sobre la excarcelación de voceros, la Corte declaró inexequible la frase que permitía la excarcelación de voceros que se encontraran privados de libertad. El tribunal argumentó que permitir al presidente de la República solicitar la excarcelación de estas personas, fuera de las disposiciones ordinarias de libertad establecidas en la ley penal, violaría las reservas legal y judicial en materia penal y los derechos de las víctimas. Esta decisión subraya la primacía de la función judicial en la privación de libertad y la inmutabilidad de

La razón subyacente es que las órdenes de captura son actos judiciales, y su suspensión, por tanto, requiere la intervención y evaluación de la autoridad judicial, salvaguardando la separación de poderes. Esta exigencia de evaluación judicial crea un límite constitucional directo a cualquier directriz gubernamental que intente eludir o disminuir el control judicial sobre las órdenes de captura.

Respecto a las garantías de seguridad, la Corte

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de órdenes de captura. Estos lineamientos buscan guiar la actuación de los fiscales en el marco de los procesos de paz: B.1. CONTINUACIÓN DE LA LABOR MISION AL DE LA FGN: La Directiva establece que la suspensión de órdenes de captura es “excepcional, temporal y con fines meramente operativos” y que no interfiere en el ejercicio de la acción penal, a menos que el marco normativo que se expida modifique dicha situación. Los fiscales deben continuar con las investigaciones y la gestión de audiencias, citando a los beneficiarios a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) “sin afectarse su libertad personal”. Si bien la continuidad de la labor misional es deseable, la garantía de “no afectación de libertad personal” podría interpretarse como una limitación a la facultad judicial de asegurar la comparecencia, incluso para fines procesales ordinarios, lo que, por lo menos, plantea una tensión inicial entre la Directiva y las demás disposiciones que regulan esta materia.

las decisiones judiciales por vía ejecutiva sin un marco legal y constitucional específico. Este principio es relevante, ya que establece una robusta barrera constitucional contra la interferencia del poder Ejecutivo en decisiones judiciales que afectan la libertad, aplicable por analogía a cualquier medida que, de facto, impida la privación de libertad para quienes cometan nuevos delitos.

B. DIRECTIVA 003 DEL 10 DE JULIO DE 2025 DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: LINEAMIENTOS SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ÓRDENES DE CAPTURA

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La Directiva establece lineamientos aplicables a las modalidades de suspensión de órdenes de captura, que buscan guiar la actuación de los fiscales en el marco de los procesos de paz.

La Directiva 003 de 2025 de la Fiscalía General de la Nación establece cinco lineamientos comunes aplicables a las dos modalidades de suspensión

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B.2. LA SOLICITUD DE NUEVAS ÓRDENES DE CAPTURA: Este lineamiento instruye a los fiscales a “abstenerse de solicitar nuevas órdenes de captura” en contra de las personas respecto de las cuales exista suspensión vigente de las órdenes de captura. La Directiva argumenta que dicha medida “cobija tanto las emitidas como las que debieran expedirse”. Esta directriz es central para el análisis de conformidad, ya que establece una prohibición general y prospectiva sobre la acción judicial, extendiendo la protección más allá de las órdenes de captura existentes.

B.3. DE LA CAPTURA EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN QUE ESTUVIERE SUSPENDIDA: Si una persona beneficiada por la suspensión de órdenes de captura es aprehendida en virtud de una orden que estaba suspendida para el momento de la captura, debe ser dejada en libertad de manera inmediata al ser puesta a disposición del fiscal de conocimiento. La Directiva invoca el inciso cuarto del artículo 302 de la Ley 906 de 2004, al considerar que esa hipotética captura deviene ilegal por haber sido ejecutada en cumplimiento de una orden no vigente. Este punto es consistente con el efecto de una orden de captura válidamente suspendida, pero la cuestión subyacente es la validez de la suspensión misma.

B.4. DE LA CAPTURA EN FLAGRANCIA POR DELITOS RELACIONADOS CON EL CONFLICTO ARMADO: La Directiva establece que si una persona con órdenes de captura suspendidas es aprehendida en situación de flagrancia por delitos específicos relacionados con el conflicto armado (tales como concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, rebelión, utilización ilegal de uniformes e insignias, y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores), será dejada en libertad inmediata. La justificación es que “la suspensión no supone la cesación de las actividades ilegales relacionadas con la pertenencia al grupo armado”. Esta es una de las disposiciones más discutibles de la Directiva, ya que parece facilitar la continuación de ciertas actividades delictivas.

B.5. DE LA CAPTURA EN FLAGRANCIA POR CRÍMENES INTERNACIONALES: En contraste con el punto anterior, si una persona con órdenes de captura suspendidas es sorprendida en flagrancia por delitos de lesa humanidad, crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los derechos humanos, su captura se someterá a control judicial. Si se cuenta con respaldo suficiente, se realizará la formulación de imputación y se solicitará la imposición de medida de aseguramiento “según

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la consideración del fiscal”. Este lineamiento establece una diferencia crucial en el tratamiento de los delitos más graves, permitiendo la intervención judicial y la posibilidad de imponer medidas de aseguramiento.

una justificación gubernamental que incluya su “temporalidad y ámbito territorial necesario”.

Sin embargo, la aparente conformidad de esta declaración se ve socavada por las implicaciones prácticas de otras directrices contenidas en la misma Directiva.

III. ANÁLISIS DE CONFORMIDAD DE LA DIRECTIVA 003 CON LA SENTENCIA C-525 DE 2023

La frase “sin afectarse su libertad personal” al citar a los beneficiarios a audiencias o trámites judiciales podría ser interpretada como una garantía de no detención incluso para fines procesales ordinarios. Esto podría entrar en tensión con la necesidad de asegurar la comparecencia de los investigados, especialmente si la FGN continúa con la investigación, como se indica en el mismo punto.

El análisis de conformidad entre la Directiva 003 de 2025 y la Sentencia C-525 de 2023 revela puntos de aparente alineación, pero también contradicciones que pueden llegar a impactar la estructura constitucional, en los términos del desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte Constitucional en esta decisión.

A. NATURALEZA EXCEPCIONAL, TEMPORAL Y OPERATIVA DE LA SUSPENSIÓN DE ÓRDENES DE CAPTURA: La Directiva 003, en su primer lineamiento, establece que la suspensión de órdenes de captura es “excepcional, temporal y con fines meramente operativos” y que no interfiere en la acción penal. Esta formulación, en principio, parece alinearse con el espíritu de la Sentencia C-525 de 2023, que condiciona la suspensión a

La Sentencia C-525 de 2023 no otorga una garantía general de no afectación de la libertad personal más allá de la suspensión de la orden de captura existente, y siempre bajo el estricto control judicial. La FGN, al afirmar esta naturaleza excepcional y operativa, pero luego establecer disposiciones que la desbordan, crea una disonancia entre la intención declarada y la realidad operativa que, al parecer, surgirá con ocasión de la aplicación de la Directiva.

Esto sugiere que la adhesión a estos principios puede ser más una declaración retórica que un compromiso sustantivo, generando una brecha entre la política declarada y las consecuencias legales efectivas.

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B. EL PAPEL DE LA AUTORIDAD JUDICIAL EN LA EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE ÓRDENES DE CAPTURA: La Sentencia C-525 de 2023 es categórica al establecer que la suspensión de órdenes de captura requiere que la autoridad judicial competente del Poder Judicial evalúe estos supuestos. La Corte fue explícita al rechazar cualquier interpretación que limitara el papel judicial a un mero reconocimiento o al acuse de recibo de la solicitud gubernamental. Por el contrario, exigió una evaluación independiente por parte del juez, que incluya aspectos como el estatus del beneficiario (vocero o representante), la necesidad de la medida para los fines de sometimiento y desmantelamiento, y su delimitación temporal y territorial.

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C. LA ABSTENCIÓN DE SOLICITAR NUEVAS ÓRDENES DE CAPTURA: ANÁLISIS DE SU COMPATIBILIDAD CON EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL: El lineamiento 2 de la Directiva 003 instruye a los fiscales a “abstenerse de solicitar nuevas órdenes de captura” contra beneficiarios de la suspensión, bajo el argumento de que la medida “cobija tanto las emitidas como las que debieran expedirse”. Esta disposición es altamente problemática y parece contradecir directamente el contenido de la Sentencia C-525 de 2023.

La Directiva 003 constituye una disposición interna de la Fiscalía, organismo que, si bien ejerce funciones judiciales, carece de la facultad para suplir o modificar el requisito de evaluación judicial previa o simultánea necesario para la suspensión de órdenes de captura. El hecho de instruir a los fiscales para que “se abstengan de solicitar nuevas órdenes de captura” y ordenar la “libertad inmediata” en determinados casos de flagrancia genera un escenario de muy difícil aplicación práctica. En este contexto, la Directiva presenta dificultades al limitar la capacidad de actuación de los jueces de la República frente a eventuales hechos delictivos.

Desde una perspectiva operativa, la Directiva busca trasladar a los fiscales, mediante una medida administrativa, una función reservada constitucionalmente a al poder Judicial: la emisión, evaluación y decisión sobre órdenes de captura y privaciones de la libertad.

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La Directiva de la Fiscalía presenta dificultades al limitar la capacidad de actuación de los jueces de la República frente a eventuales hechos delictivos.

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La Corte Constitucional condicionó la suspensión de órdenes de captura existentes a una evaluación judicial y una justificación gubernamental para alcanzar los fines específicos de los procesos de paz que se adelanten. En ningún momento estableció una prohibición general para la solicitud de nuevas órdenes de captura por nuevos delitos cometidos por los beneficiarios, independientemente de si estos delitos están relacionados o no con el conflicto.

La interpretación de que la suspensión “cobija” órdenes futuras, incluso por delitos diferentes o posteriores a los que motivaron la suspensión original, crea una forma de “inmunidad” general y extraña que no tiene respaldo en la Sentencia C-525 de 2023. La Corte fue clara en

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que las órdenes de captura son actos judiciales y su suspensión debe ser justificada y evaluada judicialmente para fines específicos de sometimiento y desmantelamiento, no para la comisión impune de nuevos delitos. Al impedir que los fiscales siquiera soliciten una orden de captura por un nuevo delito, la Directiva detiene el proceso judicial en lo que concierne a uno de sus elementos fundamentales: lograr la comparecencia ante la justicia de quien es acusado de cometer un delito.

directamente la seguridad ciudadana. Aunque la Sentencia C-525 de 2023 reconoce la facultad gubernamental para adelantar acercamientos, en ningún momento avala la impunidad para la comisión de nuevos delitos, incluso si se relacionan con la pertenencia a un grupo armado inmerso en un proceso de paz. La Corte Constitucional fue clara en señalar que el Estado “retiene su deber de hacer cumplir las decisiones judiciales en su contra y de usar la fuerza proporcional para proteger los derechos fundamentales”.

D. TRATAMIENTO DE LA CAPTURA EN FLAGRANCIA. DELITOS RELACIONADOS CON EL CONFLICTO ARMADO (LINEAMIENTO 4): La Directiva establece la libertad inmediata para beneficiarios aprehendidos en flagrancia por delitos específicos relacionados con el conflicto armado (como concierto para delinquir, tráfico de armas, rebelión, etc.). La Directiva justifica esta acción argumentando que “la suspensión no supone la cesación de las actividades ilegales relacionadas con la pertenencia al grupo armado”.

Permitir la liberación inmediata por flagrancia en estos delitos, bajo el argumento de que la suspensión no implica el cese de actividades ilegales, contradice la esencia del sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de las estructuras criminales. Esta justificación de la FGN es una admisión que, en términos prácticos, es indulgente con la continuación de actividades criminales por parte de los beneficiarios, lo cual es antitético a la idea de que los procesos de paz, por su naturaleza, buscan una transición de quien se rebela y se alza en armas hacia el acatamiento de las normas del Estado de Derecho.

La redacción de la disposición es altamente problemática y parece abrir la puerta a la impunidad para delitos graves que, aunque se relacionen con la pertenencia a un grupo armado, son conductas delictivas continuas y afectan

E. CRÍMENES INTERNACIONALES, LESA HUMANIDAD O GRAVES VIOLACIONES A DDHH (LINEAMIENTO 5): Para estos crímenes, la Directiva permite que la

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Dada la gravedad de estos delitos y la jurisprudencia internacional y nacional sobre su imprescriptibilidad y no amnistía, la acción del Estado debería tener un menor margen de discrecionalidad. La distinción que hace la Directiva entre estos crímenes y los “delitos relacionados con el conflicto armado” subraya la inconsistencia en la aplicación de la justicia, sugiriendo que la FGN es consciente de las obligaciones internacionales para los crímenes más graves, pero elige una vía de mayor lenidad para otros delitos que también son serios.

IV. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA 003 La implementación de la Directiva 003 de 2025 conlleva riesgos significativos que trascienden el ámbito meramente procesal, afectando pilares fundamentales del Estado de Derecho y la seguridad ciudadana.

A. RIESGOS PARA LA AUTONOMÍA JUDICIAL Y LA SEPARACIÓN DE PODERES: Las disposiciones contenidas en la Directiva 003, particularmente la instrucción a los fiscales de abstenerse de solicitar nuevas órdenes de captura y el mandato de libertad inmediata para ciertos delitos cuyos responsables fueron capturados en flagrancia, se tensionan con las funciones que constitucionalmente están reservadas a la rama judicial. La emisión de órdenes de captura y el control sobre la privación de la libertad, incluyendo la imposición de medidas de aseguramiento, son actos judiciales por ex-

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La implementación de la Directiva conlleva riesgos que trascienden el ámbito procesal, afectando pilares fundamentales del Estado de Derecho y la seguridad ciudadana.

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captura se someta a control judicial, se formule imputación y se solicite la imposición de medida de aseguramiento “según la consideración del fiscal”. Aunque este lineamiento es menos problemático que el anterior, ya que permite la intervención judicial y la posibilidad de medidas de aseguramiento, la frase “según la consideración del fiscal” podría interpretarse como una discrecionalidad excesiva del fiscal para no solicitar la medida, incluso cuando sea legal y fácticamente procedente.

celencia. Al dictar directrices que impiden o anulen la posibilidad de que un juez ejerza estas funciones para nuevos delitos, la Directiva establece un precedente que enrarece aún más la discusión que se presenta alrededor de este asunto.

La Sentencia C-525 de 2023 fue clara en el sentido de establecer que la evaluación judicial es imprescindible para la suspensión de órdenes de captura y que la excarcelación discrecional por parte del ejecutivo viola las reservas legal y judicial. La Directiva, al eludir este control judicial para nuevos actos criminales, debilita la capacidad del sistema judicial para proteger los derechos fundamentales y garantizar la aplicación imparcial de la ley.

La Sentencia C-525 de 2023 fue clara en el sentido de establecer que la evaluación judicial es imprescindible para la suspensión de órdenes de captura y que la excarcelación discrecional, por parte del Ejecutivo, viola las reservas legal y judicial. La Directiva, al eludir este control

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jurisdiccional para nuevos actos criminales, debilita la capacidad del sistema judicial para proteger los derechos fundamentales y garantizar la aplicación imparcial de la Ley. B. RIESGOS PARA LA ACCIÓN PENAL Y LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD: la prohibición de solicitar nuevas órdenes de captura y la libertad inmediata para quienes sean sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia relacionados con el conflicto armado paralizan, efectivamente, la capacidad de la Fiscalía General de la Nación para investigar y procesar nuevos crímenes cometidos por las personas beneficiarias de las suspensiones.

Esta situación crea un ambiente de impunidad que, lejos de contribuir a la pacificación, puede incentivar la continuidad de las actividades criminales por parte de individuos que se perciben protegidos de las consecuencias legales inmediatas. En este orden de ideas, no tranquiliza la manifestación vertida en la Directiva según la cual las investigaciones continuarán, pues, aún si así ocurre, será con serias limitaciones.

La Directiva, bajo el argumento de facilitar los procesos de paz, inadvertidamente establece una “zona de confort” para quien ha tomado la decisión de seguir cometiendo delitos pese a

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La FGN, a pesar de declarar la continuidad de su labor misional, en cierta forma se despoja de herramientas esenciales para cumplir con su deber constitucional de investigar y acusar.

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participar en un proceso de negociación de paz con el Estado, socavando la capacidad institucional para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad pública. La FGN, a pesar de declarar la continuidad de su labor misional, en cierta forma se despoja de herramientas esenciales para cumplir con su deber constitucional de investigar y acusar. Si los delincuentes saben que no serán arrestados o procesados por ciertos crímenes, el efecto disuasorio de la legislación penal se diluye, lo que puede llevar a un aumento de la actividad delictiva y a una mayor desestabilización de las regiones afectadas por el conflicto.

C. RIESGOS PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS (VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN, NO REPETICIÓN): La Directiva 003, al impedir las capturas y la imposición de medidas de aseguramiento para nuevos delitos, limita severamente el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por estas nuevas infracciones. La garantía de “no repetición”, un pilar fundamental en los procesos de paz y en la protección de los dere-

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D. RIESGOS DE IMPUNIDAD Y AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD CIUDADANA: El efecto combinado de las disposiciones de la Directiva puede conducir al aumento significativo en la probabilidad de impunidad para los nuevos crímenes cometidos por los beneficiarios de las suspensiones de órdenes de captura. Esta impunidad percibida y real impacta directamente la seguridad pública y el orden social. Cuando los actores criminales perciben que pueden operar con ciertos grados de inmunidad, se genera un ambiente propicio para el incremento de las tasas de criminalidad y una sensación generalizada de inseguridad entre los ciudadanos.

chos humanos, se ve directamente socavada si los beneficiarios pueden continuar cometiendo crímenes sin consecuencias legales inmediatas, lo que puede llevar a una re-victimización de individuos y comunidades.

La Sentencia C-525 de 2023 fue explícita al enfatizar la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas en los términos de sometimiento. La Directiva, al crear vías de impunidad para nuevos delitos, parece ignorar o menoscabar este imperativo constitucional. La negación de la posibilidad de una investigación y un proceso judicial efectivo para los nuevos crímenes vulnera el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a que se establezcan responsabilidades y a obtener una reparación integral, generando una crisis de confianza en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y para administrar justicia.

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La Directiva, que busca facilitar la paz, paradójicamente crea condiciones que podrían exacerbar la inseguridad y socavar el mismo orden público que se propone restaurar.

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La Directiva, que busca facilitar la paz, paradójicamente crea condiciones que podrían exacerbar la inseguridad y socavar el mismo orden público que se propone restaurar, al facilitar la impunidad para actos criminales continuos. La tolerancia de ciertos delitos, incluso si son “relacionados con el conflicto”, envía el mensaje de que algunos individuos están por encima de la ley, lo que debilita el tejido social y la autoridad del Estado.

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V. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE ESCENARIOS PROBLEMÁTICOS A. DELITOS COMETIDOS EN FLAGRANCIA NO RELACIONADOS CON EL CONFLICTO ARMADO: VACÍO NORMATIVO Y SUS IMPLICACIONES: La Directiva 003 aborda explícitamente el tratamiento de los beneficiarios capturados en flagrancia por delitos relacionados con el conflicto armado (lineamiento 4) y por crímenes internacionales (lineamiento 5). Sin embargo, guarda silencio sobre cómo proceder con los beneficiarios aprehendidos en flagrancia por delitos comunes no relacionados con el conflicto (por ejemplo, hurto, violencia intrafamiliar, delitos contra la libertad sexual o el tráfico de estupefacientes que no esté directamente vinculado a las actividades armadas de los grupos alzados en armas).

Este vacío normativo genera ambigüedad legal.

Ante la ausencia de una directriz específica, los fiscales podrían interpretar la instrucción general de “abstenerse de solicitar nuevas órdenes de captura” (lineamiento 2) como aplicable a todos los nuevos crímenes, incluyendo los de índole común. Esta interpretación extendería la inmunidad de facto más allá de los delitos relacionados con el conflicto, lo que llevaría a una expansión masiva e inaceptable de la impunidad. Ello podría permitir que individuos que forman parte de procesos de paz cometan cualquier tipo de delito común sin la posibilidad de una captura inmediata y su posterior judicialización, lo que tendría efectos adversos en la seguridad ciudadana y extendería la idea de un sistema de justicia que actúa con doble rasero, siendo más indulgente con quienes cometen delitos que revisten mayor riesgo social.

B. LA PROBLEMÁTICA DE LA IMPOSIBILIDAD DE DICTAR MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO RESPECTO DE NUEVOS DELITOS: CONSECUENCIAS PROCESALES Y CONSTITUCIONALES: La Directiva 003, especialmente por medio de su lineamiento 2 (abstención de solicitar nuevas órdenes de captura) y el lineamiento 4 (libertad inmediata para delitos en flagrancia relaciona-

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Fiscalía General de la Nación / Foto: Cortesía

dos con el conflicto), implícita o explícitamente impide la imposición de medidas de aseguramiento respecto de nuevos delitos cometidos por los beneficiarios de esta decisión. Las medidas de aseguramiento son actos judiciales esenciales, cuya finalidad es asegurar la comparecencia del procesado, evitar la obstrucción a la justicia o proteger a la comunidad y a las víctimas; su imposición es una función judicial que tiene una reglamentación muy rigurosa en tanto su naturaleza afecta la libertad de las personas.

La imposibilidad de dictar medidas de aseguramiento para nuevos delitos socava fundamentalmente el control judicial sobre la libertad y representa riesgos severos para la seguridad pública y la integridad del proceso judicial.

Significa que, incluso si una investigación por un nuevo delito procede, el Estado carece de las herramientas legales cruciales para evitar que un beneficiario continúe cometiendo crímenes, evada la justicia o interfiera con la investigación. Esta situación contradice directamente los principios de reserva judicial y la protección de los derechos de las víctimas, que la Sentencia C-525 de 2023 defendió enérgicamente.

La incapacidad del Estado para asegurar a individuos que cometen nuevos delitos, incluso aquellos que se consideran graves, genera un vacío de protección para la sociedad y una percepción de debilidad institucional, lo que puede minar la confianza en el sistema de justicia y contribuir a deslegitimar futuros esfuerzos de paz.

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Análisis Crítico del Proyecto de Ley de Tratamiento Penal Diferenciado Por: Corporación Excelencia en la Justicia

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l Proyecto de Ley N°002 de 2025, conocido comúnmente como la “ley de sometimiento,” es una iniciativa legislativa que busca establecer un marco jurídico diferenciado para la desmovilización y sujeción a la justicia de diversas organizaciones armadas y criminales en Colombia, así como para la consolidación de la paz, el orden público y la seguridad ciudadana. Este proyecto se presenta como un instrumento fundamental para la implementación de la política de “Paz Total” del Gobierno Nacional y tiene como objetivo declarado contribuir a la seguridad ciudadana, desmantelar organizaciones criminales y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

lisis de esta iniciativa es la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional. Esta sentencia impuso límites claros a la discrecionalidad del poder Ejecutivo en materia de “Paz Total.” En particular, la Corte determinó que, si bien el Gobierno puede adelantar conversaciones con las EAOCAI, los “términos de sometimiento” deben ser definidos por el legislador, no por el poder Ejecutivo.

Además, la Corte subrayó que las decisiones que afectan la libertad individual son competencia exclusiva de la Rama Judicial, limitando la potestad presidencial para suspender órdenes de captura de manera discrecional.

El proyecto de ley surge como una respuesta directa a estos límites impuestos por la Sentencia La iniciativa tiene un ámbito de aplicación am- C-525 de 2023. Sin embargo, en lugar de interplio, dirigido a una diversidad de actores al mar- nalizar completamente la jurisprudencia que salgen de la ley. Incluye a los Grupos Armados Orga- vaguarda la independencia judicial, la iniciativa nizados al Margen de la Ley (GAOML), definidos legislativa parece buscar una forma de eludir sus como organizaciones con fines políticos; a los mandatos, particularmente en lo que respecta al Grupos Armados Organizados (GAO), sin fines políticos pero con capacidad militar sostenida; y a las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), descritas como organizaciones criminales dedicadas a conductas punibles de alto impacto. De manera significativa, el proyecto también extiende sus beneficios a sus financiadores y colaboradores. Una de las características más singulares y controvertidas del proyecto es su aplicación a personas procesadas por conductas cometidas en el marco del ejercicio de la protesta social.

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El Proyecto de Ley se inscribe en el marco de la Ley 2272 de 2022, la ley de “Paz Total”, que sentó las bases para la política de paz del Estado colombiano. Es crucial destacar que la Ley 2272 estableció una distinción fundamental: por un lado, las negociaciones de carácter político con los GAOML y, por otro, los acercamientos y conversaciones para el sometimiento a la justicia con las EAOCAI. El proyecto de ley busca operacionalizar estos "tratamientos penales diferenciados" que la ley marco autorizó de manera general.

Un precedente judicial fundamental para el aná-

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ANTECEDENTES JURÍDICOS Y POLÍTICOS

Una de las características más singulares y controvertidas del proyecto es su aplicación a personas procesadas por conductas cometidas en el marco del ejercicio de la protesta.

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control judicial de las medidas de aseguramien- PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DEBIDO to y la definición de los términos penales. Si bien PROCESO. DERECHOS DE LAS VÍCTIel proyecto intenta cumplir con el mandato de la MAS. DILUCIÓN DE LA DISTINCIÓN Corte de que el legislador defina los términos de ENTRE CONFLICTO POLÍTICO Y CRIsometimiento, introduce mecanismos que, en la MINALIDAD ORGANIZADA práctica, centralizan el poder en la Fiscalía General de la Nación. Este enfoque genera una nueva tensión con la separación de poderes, ya que El proyecto introduce disposiciones que, aunque se busca mantener la discrecionalidad ejecutiva, aparentemente buscan agilizar la justicia, podrían generar impunidad de facto. Por ejemplo, se estapero bajo un ropaje legislativo. blece que el investigado tendrá derecho a la libertad si el escrito de acusación no se presenta en un 2. FUNDAMENTOS Y TENSIONES DEL término de 18 meses, o si la sentencia no se emite PROYECTO DE LEY CON EL ORDENA- en 3 meses, contados desde la audiencia concenMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO. trada de formulación y aceptación de cargos. La TENSIONES CON LA CONSTITUCIÓN estricta observancia de estos plazos podría ser inPOLÍTICA DE COLOMBIA, SEPARA- manejable para un sistema judicial ya congestioCIÓN DE PODERES E INDEPENDENCIA nado, lo que generaría una liberación masiva de procesados y socavaría la efectividad del sistema JUDICIAL penal. De igual manera, la facultad de “recalificación jurídica” de las conductas investigadas poEl proyecto plantea una grave y directa tensión dría afectar la seguridad jurídica y el principio de con el principio de independencia judicial y la se- cosa juzgada. paración de poderes. La disposición más crítica en Aunque el proyecto declara la centralidad de los este sentido es la que propone que, en materia de derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la medidas de aseguramiento, la petición de la Fisreparación y la no repetición, las penas reducidas calía será “vinculante para el juez de control de garantías,” a menos que viole “ostensiblemente el ordenamiento jurídico”.

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El proyecto de ley propone penas alternativas significativamente indulgentes en comparación con las penas ordinarias del Código Penal.

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Este parágrafo representa una reintroducción velada de un tipo de discrecionalidad ejecutiva que la Corte Constitucional ya había censurado en la Sentencia C-525 de 2023. La Constitución colombiana y el sistema penal acusatorio han designado al juez de control de garantías como el garante de los derechos fundamentales del ciudadano frente al poder de la Fiscalía. Al atar al juez a la petición del ente acusador, la ley desplaza de facto la función de control de garantías a la rama ejecutiva.

Esto no es un simple conflicto, sino una subversión del equilibrio de poderes diseñado para proteger al ciudadano de la arbitrariedad del Estado.

Como ha sido señalado por críticos, este enfoque podría ser una manifestación de una cultura política que confunde el disenso con la traición y el control con la obstrucción.

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y la posibilidad de que los criminales retengan un porcentaje de los bienes ilícitos (aspecto que se abordará en detalle más adelante) entran en tensión con una reparación y una justicia plenas.

cambio de la paz con un actor político que puede desestabilizar el Estado. Al aplicar este modelo a la criminalidad común y a los actores de la protesta, el proyecto envía un mensaje de que la violenEl proyecto es criticado por desdibujar la dife- cia, independientemente de su origen, puede ser rencia que la Ley 2272 de 2022 había establecido un medio para obtener beneficios penales, creanentre actores políticos (GAOML, sujetos de ne- do un deincentivo a la legalidad. gociación política) y organizaciones puramente criminales (EAOCAI, sujetas a sometimiento ju- TRATAMIENTOS PENALES DIFERENdicial). La inclusión de los GAO, que son defini- CIADOS: JUSTICIA, IMPUNIDAD Y dos como organizaciones sin fines políticos, en un PROPORCIONALIDAD. IMPLICACIOmarco similar al de los GAOML, extiende benefi- NES DE LAS REDUCCIONES DE PENAS cios de negociación política a entidades que son, Y MEDIDAS ALTERNATIVAS en esencia, puramente criminales.

La manifestación más radical de esta dilución es la inclusión de personas procesadas por conductas cometidas en el contexto de la protesta social. Al equiparar, en cierta medida, actos de protesta (con delitos como daño en bien ajeno o instigación) con la criminalidad de alto impacto, el Estado corre un doble riesgo: (1) legitimar la violencia en el marco de la protesta social al otorgarle beneficios propios de un marco de paz; o (2) criminalizar indebidamente la disidencia social al clasificarla bajo una ley de “paz total,” cuando sus delitos deberían ser juzgados bajo el régimen ordinario.

Este enfoque tiene el potencial de afectar gravemente la percepción del derecho constitucional a la protesta pacífica. La lógica de la justicia transicional es que se renuncia a la justicia plena a

El proyecto de ley propone penas alternativas significativamente indulgentes en comparación con las penas ordinarias del Código Penal. Para los máximos responsables de crímenes graves, como los de lesa humanidad o de guerra, se establece una pena alternativa privativa de la libertad de 5 a 8 años. Para los demás integrantes, la pena alternativa sería de 2 a 5 años. En el caso de los actores de la protesta social, se establece una rebaja del 70% de la pena.

Las penas propuestas son notablemente laxas, equiparándose a las penas restrictivas de la libertad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue diseñada para un conflicto armado con fi-

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nes políticos, no para la criminalidad común. Esto genera un grave problema de proporcionalidad de la pena y pone en riesgo la función retributiva de la misma, tal como lo establece la Ley 599 de 2000. La función retributiva exige que la sanción sea proporcional a la gravedad del delito. Al imponer penas tan bajas para crímenes atroces, el proyecto no solo incumple con este principio, sino que socava el mandato constitucional de justicia para las víctimas. Las críticas al proyecto sostienen que este enfoque podría “confundir la paz con la impunidad,” lo que podría debilitar la confianza en la justicia.

la libertad automática por vencimiento de términos (18 meses para la acusación y 3 meses para la sentencia) podrían generar una liberación masiva de procesados si el sistema judicial, ya sobrecargado, no logra cumplir con los plazos.

Adicionalmente, la disposición que hace vinculante la petición de la Fiscalía en materia de medidas de aseguramiento crea un incentivo perverso.

Este mecanismo no solo debilita la independencia judicial, sino que otorga a la Fiscalía un poder de negociación considerablemente aumentado, ya que puede, en la práctica, definir la medida de aseguramiento sin el contrapeso de un juez independiente. Esto podría abrir la puerta a la negociación RIESGOS DE IMPUNIDAD Y LA FIGURA de beneficios a espaldas de un control judicial DEL JUEZ DE CONTROL DE GARAN- efectivo, lo que representa un riesgo sistémico a la integridad del proceso penal. La eliminación de TÍAS este contrapeso puede incentivar a los criminales a negociar directamente con la Fiscalía, buscando El proyecto introduce riesgos tangibles de impu- beneficios a cambio de información, con la segunidad. Las disposiciones que otorgan el derecho a ridad de que el juez no podrá contradecir el acuerdo sobre la libertad.

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El proyecto establece un marco para el desmantelamiento de las EAOCAI, sus redes de apoyo y economías ilícitas a través de acuerdos de colaboración eficaz. Estos acuerdos, pactados entre el Fiscal General y los jefes de las estructuras criminales, deben incluir elementos como un cronograma de desmonte gradual, la entrega de niños, niñas y adolescentes, un plan de reparación colectiva, y el suministro de información para el desmantelamiento de otras organizaciones.

LA TENSIÓN JURÍDICA Y ÉTICA DE LA RETENCIÓN DEL 12% DE LOS BIENES ILÍCITOS E IMPACTO EN LA REPARACIÓN PATRIMONIAL DE LAS VÍCTIMAS Una de las disposiciones más controversiales y problemáticas del proyecto es la posibilidad de que los individuos que se acojan a los beneficios puedan retener hasta el 12% de los bienes ilícitos entregados a título individual, como un “incentivo” para la colaboración.

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Las penas propuestas son notablemente laxas, equiparándose a las penas restrictivas de la libertad de la JEP, que fue diseñada para un conflicto armado con fines políticos, no para la criminalidad común.

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MECANISMOS PARA EL DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y ECONOMÍAS ILÍCITAS. LOS ACUERDOS DE DESMANTELAMIENTO Y COLABORACIÓN EFICAZ

clusivo la reparación colectiva y territorial de las víctimas, la promesa de una reparación patrimonial efectiva se ve comprometida por la posibilidad de que los criminales retengan una porción de sus ganancias ilícitas. La “reparación” podría Esta medida es profundamente cuestionable y ge- limitarse a proyectos de infraestructura genérinera una tensión con el principio de extinción de cos (“infraestructura comunitaria”) sin compendominio y con el deber de reparación integral de sar adecuadamente los daños materiales directos las víctimas. El principio general de la extinción sufridos por víctimas individuales, lo que genera de dominio es que los bienes obtenidos de activi- una brecha entre la retórica y la realidad de la redades ilícitas deben ser confiscados en su totali- paración. dad. Permitir a los criminales retener una porción de estos bienes, incluso como “incentivo,” no solo reduce el patrimonio disponible para la reparación LA CENTRALIDAD DE LAS VÍCTIMAS: de las víctimas, sino que también legitima parcial- VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INmente la ganancia criminal. Un criminal, en lugar TEGRAL de enfrentar el comiso total, podría ver en la ley una oportunidad para “blanquear” el 12% de sus activos, lo que constituye un claro incentivo per- El proyecto reconoce explícitamente a las vícverso. La oposición ha criticado esta medida por timas como “intervinientes especiales” con deconsiderarla “desproporcional” y contraria a los rechos procesales, sustanciales y probatorios, y acceso a un recurso judicial efectivo. Esto es coprincipios básicos de justicia. herente con el marco constitucional y los estándaAunque el proyecto establece que los bienes en- res internacionales y representa un punto positivo. tregados por los grupos tienen como destino ex- El proyecto destaca la centralidad de la justicia

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restaurativa y el enfoque diferencial para las víctimas, con un énfasis en la reparación colectiva y territorial.

ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA DE LA REPARACIÓN INTEGRAL

La retención del 12% de los bienes ilícitos por EL CONTRASTE ENTRE LA BÚSQUEDA parte de los criminales y las penas indulgentes DE LA VERDAD Y LA LIMITADA RENDI- son percibidas como una “justicia” insuficiente por los críticos. Un proceso de paz, especialmenCIÓN DE CUENTAS JUDICIAL te uno que ofrece beneficios penales sustanciales, basa su legitimidad en un equilibrio delicado entre El proyecto exige la participación en mecanismos las concesiones y la satisfacción de los derechos no judiciales de contribución a la verdad como de las víctimas. Si estas últimas perciben que la requisito para acceder a beneficios. No obstante, “justicia” es demasiado indulgente y la “reparase mantiene la prohibición de que la información ción” es insuficiente, la confianza en el sistema proveniente de este mecanismo no judicial sea uti- se erosiona, lo que podría generar mayor inestabilizada como prueba en procesos judiciales. Esta lidad social y una búsqueda de justicia por otros tensión inherente a los modelos de justicia transi- medios. cional busca incentivar la revelación plena de la verdad. Sin embargo, en el contexto de un proyecto que ya ofrece reducciones de pena significati- REFLEXIONES FINALES vas y la retención de bienes, esta limitación podría ser percibida como una renuncia a la justicia plena en favor de una verdad que no tiene consecuen- El Proyecto de Ley de Tratamiento Penal Diferenciado representa un esfuerzo legislativo para cias judiciales directas para los criminales. avanzar en la política de “Paz Total” en Colombia. No obstante, el análisis revela que, si bien el proyecto incorpora principios constitucionales como la búsqueda de la paz y la centralidad de los derechos de las víctimas, presenta riesgos y tensiones significativas con el ordenamiento jurídico colombiano.

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1. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas, políticas y constitucionales del proyecto y qué tan efectivo puede ser para garantizar justicia y mejorar las condiciones de seguridad?

Las implicaciones jurídicas y constitucionales son profundas. La disposición que hace vinculante la petición de la Fiscalía para el juez de control de garantías en medidas de aseguramiento es la más crítica, ya que vulnera directamente el principio de independencia judicial. Políticamente, el proyecto busca reafirmar la política de “Paz Total” del Gobierno, pero lo hace a costa del equilibrio de poderes. Su efectividad para garantizar la justicia es cuestionable debido a las penas indulgentes para crímenes graves y la posible impunidad por vencimiento de términos. En cuanto a la mejora de la seguridad, la efectividad dependerá de la

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judicial no sea capaz de cumplir con los plazos establecidos. Los incentivos perversos se manifiestan principalmente en la posibilidad de que los criminales retengan hasta el 12% de los bienes ilícitos. Esta disposición podría incentivar la actividad criminal con la expectativa de una “amnistía patrimonial” y la percepción de que la violencia genera beneficios legales, lo que podría legitimar las ganancias del crimen en lugar de castigarlas.

El proyecto de ley prioriza el objetivo político de la “Paz Total” a expensas de la integridad institucional y los principios fundamentales del derecho penal.

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capacidad real de desarticular por completo las estructuras criminales y de la disposición de los grupos a someterse a este marco.

En suma, el proyecto de ley prioriza el objetivo político de la “Paz Total” a expensas de la integridad institucional y los principios fundamentales del derecho penal. Las notables similitudes entre varias disposiciones del proyecto y la Directiva 003 de 2025 de la Fiscalía General de la Nación refuerzan la preocupación sobre la concentración de poder y la falta de control judicial. El proyecto, si bien puede ser una herramienta para la paz, necesita un escrutinio riguroso para evitar que la búsqueda de la armonía social se logre a costa de la independencia judicial, el debido proceso y la reparación integral de las víctimas, elementos esenciales para un Estado de derecho robusto.

2. ¿En qué medida la iniciativa contribuye a desarticular las estructuras de crimen organizado, desmantelar las economías ilícitas y garantizar los derechos de las víctimas? La iniciativa puede contribuir al desmantelamiento en la medida en que los acuerdos de colaboración eficaz y la entrega de bienes se cumplan.

Sin embargo, la retención de un porcentaje de bienes ilícitos y las penas bajas limitan su contribución a una reparación plena y a la disuasión futura. Las garantías para las víctimas, aunque formalmente establecidas, se ven comprometidas en la práctica por la limitada rendición de cuentas judicial y la insuficiencia de la reparación patrimonial.

3. ¿Existen riesgos de impunidad o incentivos perversos que podrían derivarse de su aplicación? Los riesgos son claros y significativos.

La impunidad puede derivarse de las penas reducidas y la libertad automática por vencimiento de términos, en caso de que el sistema

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Memoria, justicia y verdad:

el discurso del exmagistrado Gustavo Gómez Velásquez en la Gran Cumbre de la Justicia 2025

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El llamado Palacio de Justicia, en 1985, era la edificación oficial de más libre acceso, a toda hora del día, para toda persona, y para las más disímiles actividades, pues incluso contaba con una cafetería en el primer piso. La carencia de vigilancia y control permitía tan abiertamente el acceso y permanencia en sus instalaciones, que cualquiera podíą recorrerlo sin mayores restricciones.

Todos sus pisos podían transitarse en breve tiempo, sin control alguno de importancia. Esta carencia de protectores se advertía de inmediato, y era la característica predominante. La situación empeoró cuando en la colindancia de las oficinas de los magistrados Gaona Cruz y Gomez Velázquez apareció una perforación de bala de fusil, disparada a una distancia de unos 150 metros. Nunca supimos el resultado de la investigación, si acaso se hizo, pero bendita seas, ¡oh democracia!”, aunque así nos mates.

dos auxiliares, auxiliares de las Cortes, empleados de las instalaciones, administrativos y vigilantes.

Al más alto dignatario de este país, y a quienes le acompañaban, se les olvidó como solución la aplicada en la ocupación de la embajada de la República Dominicana, en donde se permitió, por parte del gobierno de turno, la salida al exterior de los asaltantes. Entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 se gestó tamaña desgracia, que nunca olvidarán ni el país, ni el mundo, y que después de ella esta nación no volvió a ser lo que era para ella misma y para la humanidad.

Este luctuoso hecho se inserta en la historia como insólita referencia de barbarie, infamia e inhumanidad, pero estamos esperanzados en que tamaña hecatombe espiritual jamás se repita o copie.

Gloria perenne a los sacrificados, así como el perdurable agradecimiento de quien les habla, y de toda su familia, por ser privilegiado vocero de este Se cumple un año más de la injusta, horrenda y re- inenarrable dolor, que es imborrable huella y heripudiada, toma del Palacio de Justicia, acometida da de la que todavía mana espiritual abatimiento. por un grupo de insurgentes armados, tal vez denominado M-19. De tan innoble suceso y aventura Empiezo por recordar el nombre de la única mainjusta, se salvaron un hermano del presidente de gistrada, vilmente asesinada, Fanny González la República de ese entonces y la esposa de uno de Franco, primera mujer magistrada de la Corte sus ministros. Los demás fueron injustos rehenes Suprema de Justicia, nuestra inolvidable comde los asaltantes, para los cuales no hubo la más pañera de estudios universitarios en la facultad mínima conmiseración, ni piedad y muchos de los de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia cuales perdieron sus invaluables vidas. Dentro de Bolivariana de Medellín, en ese entonces dirigilas victimas están magistrados de la Corte Supre- da por su rector magnífico, monseñor Félix Hema de Justicia y del Consejo de Estado, magistra- nao Botero. Para mí es imprescindible reproducir

Imagen del archivo CEJ

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su cristiano y final testimonio de muerte, cuando hizo entrega de su delicado ser al Dios supremo, al Dios de siempre, sin la menor debilidad o quebranto espiritual y el cual publiqué en uno de mis libros: “Por voluntad de Dios y autoridad de la ley, vine a la corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia, no a llorar ni pedir clemencia. Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrada. Si es designio de Dios que yo muera para conservar inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz Colombia, entonces Dios y el presidente y las fuerzas armadas salven la patria.

Muero, pero no me doblego” Prosigo con la remembranza de Alfonso Reyes Echandía, presidente en ese entonces de esta corporación judicial, quien murió exigiendo a los oídos sordos del gobierno y de la fuerza pública, que cesaran el fuego y la bélica reacción.

dolorosos recuerdos, permitaseme mencionar a la señora Beatriz Moscoso de Cediel, mi personal colaboradora por años en la Corte Suprema de Justicia. Es bondad de Dios que su familia haya asimilado su irreparable pérdida y recibido el consuelo divino, que todo lo purifica y redime.

Los mismos que produjeron estos imborrables hechos, tiempo después, por las mismas razones y congénito odio, terminaron

Con él desaparecieron, por igual y simultáneamente: Carlos Medellín Forero, Manuel Gaona Cruz, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli, Fabio Calderón Botero, Darío Velázquez Gaviria, Pedro Elías Serrano Abadía, Horacio Montoya Gil, y José Eduardo Gnecco Correa, la mejor florescencia de nuestro jardín jurídico. Sabios, honrados y valientes, perennes modelos de rectitud, honradez y sabiduría jurídicas. Lo mejor de nuestro mundo jurídico fue extinguido, pero simultáneamente les dieron vida eterna. A sus familias todo mi afecto, ellos han construido vidas honorables al servicio del país desde el perenne recuerdo de su martirio.

Debo adicionar el nombre del magistrado de la Sala Penal, Dante Luis Fiorillo Porras, quien para entonces se recuperaba de un infarto, pero que al mirar la tragedia en el televisor que le fuera llevado a su habitación, repitió el infarto sin que pudiera lograr superar este evento y falleció.

Avanzando un poco más en estos

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violentamente con la vida de Hernando Baquero Borda, magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en julio de 1986.

Repito que tamaña hecatombe espiritual sucedió en los inolvidables días 6 y 7 de noviembre de 1985. Ni el dolor ni la mancha espiritual se extinguen.

Termino estas deshilvanadas e incompletas reflexiones, insinuando con todo respeto la Siguiente iniciativa a la Corporación Excelencia en la Justicia: se debe determinar una dependencia dentro de ella que se ocupe del registro, lo más completo posible, o siquiera la simple recopilación histórica, de los nombres de funcionarios perseguidos, atacados, lesionados o exterminados por ejercer sus funciones como funcionarios públicos de la justicia.

Para predicar con Fray Ejemplo, me permito mencionar personas nacionales o extranjeras, que, por intentar cumplir con sus obligaciones o deberes morales han sido eliminadas, incapacitados en su vida, integridad personal o

bienes: Enrique Low Murtra, Rodrigo Lara Bonilla, Enrique Parejo Gonzalez, Héctor Jiménez Rodríguez, Álvaro Medina Ochoa, Mariela Espinosa

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Gloria perenne a los sacrificados, así como el perdurable agradecimiento de quien les habla, y de toda su familia, por ser privilegiado vocero de este inenarrable dolor.

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Quiero también recordar a los honorables magistrados que vivieron estos hechos y sobrevivieron para dar testimonio de lo ocurrido sin que pudiere tergiversarse la verdad: los magistrados Hernando Tapias Rocha, Humberto Murcia Ballén, Carlos Betancourt Jaramillo, José Antonio Salazar Cruz, Juan Francisco Hernández Sáenz, Nicolás Pájaro Peñaranda, Antonio José Arciniegas.

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Este crecido número de magistrados y ministros de justicia, no podían ser más diferentes en sus irrepetibles características, pero, simultáneamente, tan agrupados en un todo intelectual, moral, social, profesional y familiar. Todos tan diferentes en sus méritos intelectuales, formación académica, vida social, actividad familiar, gustos y disgustos personales, pero, en definitiva, tan representativos de un modelo de juzgador judicial, excepcional y meritorio, que subyugaba de inmediato a todo aquel que entraba en obligada relación con él.

Todos se sentían con derecho a tratarlos, pero nadie a hacerse dueño de sus atributos judiciales, sociales y éticos. Estaban simultáneamente cercanos y lejanos, independientes, pero siempre fraternos.

Nadie se sentía que podía coparlos o supeditarlos en su sagradas funciones profesionales o jurídicas.

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Si algo me conforta en estos finales días de mi existencia es advertir que la justicia sigue en manos limpias y mentes libres y valerosas.

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Arango, Gustavo Zuluaga Serna, María Elena Díaz, Miriam Rocio Vélez Pérez, Ana Cecilia Cartagena Hernández, Jairo Martin Jaramillo, Francisco Bernardo Jaramillo, Fernando Escobar Múnera, Perla Betty Velez de Estrada, así como en el contexto internacional Paolo Borcellino, Giovanni Falcone y Marcelo Pecci.

Imagen tomada del canal de Youtube de la CEJ

Qué singular y aleccionadora forma de ser sociable e independiente, colectivo e individual, arisco y sumiso, propio y ajeno, ejemplo para todos los que decidan entregar su vida al servicio de Colombia dentro de la rama judicial. Tan aciaga e imborrable tragedia humana nunca se olvida y se proyecta en constante advertencia de no permitir ni propiciar su histórica repetición.

prendieron esta justa, sana y obligante posición.

Basta leer las decisiones de la época, correctoras de abusos gubernamentales, para admitir esta histórica valoración. Sencillamente se trató de cargar a justos lo ejecutado por pecadores, sin que se diera motivo válido para ello. Si algo me conforta en estos finales días de mi existencia es advertir que la justicia sigue en manos limpias y mentes libres La muerte de tantos valiosos servidores públicos y valerosas. Me siento permanentemente recomse proyecta en forma constante en nuestra exis- pensado de haber sido magistrado de tan sagrado tencia al punto que seguimos vivos y gozamos del orden, el cual nos ha permitido vivir, porque otros inestimable bien de la libertad y de la democracia, ofrecieron anticipadamente sus preciosas vidas. porque ellos ofrendaron generosamente sus vidas. La inolvidable tragedia del Palacio de justicia, fiEl estamento justicia, para la época de tan dolo- nanciada con un puñado de dólares y la destrucción rosos acontecimientos, ni había perdido su auto- de algunos expedientes, y la lacerante y perpetua nomía, ni se inclinaba por soluciones de fuerza historia del arrasamiento de Armero (Tolima), sin irracional o que dejaran ver su indebido apoyo a que a la fecha se vislumbren sus reales autores. otras estructuras caracterizadamente políticas. En A esto se suma, una bien orquestada destrucción absoluto, trataba de impedir o mitigar abusos y de nuestro sistema democrático, extendido a cada propiciaba los acuerdos pacíficos. Jamás fue un población o región del territorio nacional. Este es elemento de apoyo, ni tuvo pretensiones parti- el destino y porvenir real que se nos anuncia. distas injustas, antijurídicas o de caracterización política. No impulsaba y más bien corregía y mermaba impulsos de indebido o exagerado dominio político. No era elemento para agravar el mal, sino para reducirlo o desactivarlo en gran parte de sus nocivos efectos. Ni los unos, ni los otros, com-

Una final intención: Que el Dios providente no aparte sus ojos de nosotros, preservando nuestra patria y familia.

Hasta pronto, hermanos en el sublime y trágico oficio de juzgar e imponer la justicia.

Imagen del archivo CEJ

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Así se vivió una jornada histórica para la justicia colombiana

Imagen del Archivo CEJ

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Contenido CEJ

Detalles de la V Edición del Concurso Estudiantil de Juicios Simulados Empresariales

Por: Corporación Excelencia en la Justicia Imagen tomada de la Cámara de Comercio de Bogotá

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a Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) llevó a cabo, los días 29 y 30 de octubre, la V Edición del Concurso Estudiantil de Juicios Simulados Empresariales, un escenario académico diseñado para promover el desarrollo integral de los estudiantes de Derecho mediante la práctica argumentativa en contextos jurídicos reales. Este concurso se ha consolidado como un referente regional para la formación práctica de futuros juristas, al integrar análisis normativo, pensamiento crítico, expresión oral y preparación procesal, bajo estándares exigentes de rigor técnico.

frentan situaciones jurídicas complejas, similares a las que encontrarán en el ejercicio profesional.

PROPÓSITO FORMATIVO Y RELEVANCIA ACADÉMICA DEL CONCURSO

EL CASO DE ESTUDIO: DERECHO EMPRESARIAL, DERECHOS HUMANOS Y REGULACIÓN DIGITAL

La iniciativa responde al compromiso institucional de la CCB con el fortalecimiento de la cultura jurídica y el desarrollo de competencias esenciales en los profesionales del derecho. Su propósito central es ofrecer un ambiente controlado, pero altamente realista, en el cual los participantes en-

Además de ser una competencia de alto nivel, el concurso funciona como un laboratorio pedagógico que potencia la capacidad de análisis, la argumentación jurídica, la redacción profesional, la gestión del tiempo y la oratoria, así como la expresión corporal frente a un cuerpo colegiado de jueces. Gracias a este enfoque, el certamen ha trascendido su dimensión competitiva para convertirse en un instrumento de formación avanzada que articula conocimientos teóricos con habilidades prácticas.

En esta edición, los equipos trabajaron un caso que abordaba problemáticas jurídicas actuales y de especial sensibilidad social. El ejercicio exigió examinar:

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La libertad de empresa y sus límites en entornos digitales.

Las obligaciones de debida diligencia impuestas a empresas tecnológicas.

cumplieron con los requisitos de participación y presentaron de equipos conformados por estudiantes de pregrado en Derecho: Universidad del Rosario

La protección reforzada de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Fundación Universitaria Los Libertadores

Las responsabilidades derivadas del marco regulatorio dirigido a prevenir la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).

Politécnico Grancolombiano

Este enfoque permitió a los participantes aplicar criterios de derecho empresarial, constitucional, administrativo y de derechos humanos en un contexto complejo, multidisciplinario y altamente relevante para el debate jurídico contemporáneo.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES Y ESTRUCTURA DEL PROCESO

Universidad Sergio Arboleda Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo – UNICIENCIA Universidad Cooperativa de Colombia Fundación Universitaria del Área Andina Universidad de La Sabana Universidad Libre El concurso se desarrolló en dos etapas fundamentales:

En la quinta versión del Concurso, participaron nueve instituciones de educación superior que

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3.1 FASE ESCRITA: PRODUCCIÓN ARGUMENTATIVA Y ANÁLISIS JURÍDICO

Este concurso se ha consolidado como un referente para la formación de futuros juristas, al integrar análisis normativo, pensamiento crítico, expresión oral y preparación procesal.

En esta fase, cada equipo elaboró un memorial jurídico en el que expuso, con rigor y claridad técnica, la postura correspondiente al rol asignado mediante sorteo. Los memoriales debían evidenciar un dominio sólido del caso, sustentado en normatividad aplicable, jurisprudencia comparada cuando fuera pertinente y un análisis fáctico bien estructurado.

3.2 FASE ORAL: AUDIENCIAS SIMULADAS Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PROCESALES El 29 de octubre se realizaron diez audiencias orales, cada una con la participación de jueces

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A partir de estas evaluaciones se seleccionaron las cuatro instituciones con mayor puntaje para las semifinales del 30 de octubre: Universidad Cooperativa de Colombia Universidad de La Sabana Politécnico Grancolombiano Universidad Libre Durante las audiencias semifinales, los equipos se enfrentaron en igualdad de condiciones, evaluados nuevamente por un cuerpo colegiado especializado. Tras la deliberación, las dos instituciones finalistas fueron:

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Esta quinta edición del concurso reafirmó su relevancia como espacio de encuentro académico entre estudiantes, docentes y profesionales del Derecho.

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expertos, quienes evaluaron criterios de argumentación, claridad expositiva, coherencia lógica, dominio del caso y habilidad para responder preguntas técnicas. La calificación máxima fue de 100 puntos por equipo.

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Universidad de La Sabana

Finalmente, esta quinta edición del concurso reafirmó su relevancia como espacio de encuentro Politécnico Grancolombiano académico entre estudiantes, docentes y profesioEn la audiencia final, tres jueces de la Cámara de nales del Derecho, reafirmando el compromiso de Comercio de Bogotá analizaron la solidez con- la CCB con la formación integral de los futuros ceptual, la estructura argumentativa y la efectivi- abogados. El intercambio de enfoques, metododad comunicativa de los equipos. El desempeño logías y estrategias argumentativas contribuye a sobresaliente de la Universidad de La Sabana le fortalecer una cultura jurídica basada en la exceotorgó el primer lugar, seguida del Politécnico lencia, la ética y la responsabilidad social.

Grancolombiano en el segundo puesto y la UniEste concurso evidencia, una vez más, la grandeza versidad Cooperativa de Colombia en el tercero. de un ejercicio académico que trasciende la comSe otorgaron además los siguientes reconocimien- petencia, un escenario que eleva la calidad del detos: bate jurídico y que demuestra el enorme potencial Mejor memorial: Universidad Cooperativa de transformador de las nuevas generaciones.

Colombia Mejor orador: Juan Sebastián López (Universidad de La Sabana)

Podrán acceder a más fotos del evento, haga click aquí.

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Tensiones y riesgos jurídicos al rededor de la Circular 003 de 2025 de la Fiscalía General de la Nación Bibliografía

Constitución Política de Colombia.

Ley 2272 de 2022.

3 Ley 906 de 2004.

4 Corte Constitucional. Sentencia C-525 de 2023.

Magistrados: Ángel Cabo y Lizarazo Ocampo.

5 Directiva 003 del 10 de julio de 2025 de la Fiscalía General de la Nación.

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