EXCEJLENCIA - EDICIÓN 8

N° 8 | Edición Septiembre 2023 |

El abogado y su formación profesional. ¿Qué opina la academia?

Debates CEJ Pág 28

Abogado mediador: El protagonista

Por lo general, el papel del abogado es asociado al litigio y a la contienda judicial. En este artículo, expertos en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, nos muestran esa otra faceta del profesional del derecho.

En Contexto. Pág 04.

Reflexiones acerca de la sobrepoblación de abogados en Colombia

El ex presidente del Consejo de Estado Germán Bula Escobar, quien también se desempeñó como Ministro de Educación, nos comparte su visión acerca de las estadísticas que muestran la sobre oferta de abogados en nuestro país.

En Contexto. Pág 08.

Ampliar la definición de corrupción: Abogados y ética profesional

En este artículo el abogado Sergio Iván Anzola Rodríguez, plantea algunas reflexión sobre la necesidad de tomarse en serio la formación ética de los abogados en aras de robustecer el estado de la profesión jurídica en Colombia.

En Contexto. Pág 14.

Entrevista con el Ministro de Justicia

Néstor Iván Osuna.

Contenidos CEJ. Pag. 18.

“Me gustaría que la Corte declarara cerrado el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria”

Director

Leonardo Beltrán Rico

Comité Editorial

Cristian Steveen Muñoz Castro

Luis Alejandro Perilla Morales Natalia de Zubiría Posada

Leonardo Beltrán Rico

Director

Hernando Herrera Mercado

Diseño y Arte

Joe Alexander Castillo Gómez

Edición: 08

Mes: Septiembre

Año: 2023

Versión: Digital

Formato: PDF

ISSN: 2745-2182 ‘‘En línea”. Para colaboraciones y/o comentarios dirigirse a:

Calle 93B # 13-30. Oficina 401 Bogotá D.C., Colombia.

Correo Electrónico: asistente@cej.org.co

El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente.

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04

Abogado mediador: El protagonista por: Gustavo Andrés Piedrahita Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB.

Ángela Cristina Villate

Jefe de Gestión del Conocimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB.

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Reflexiones acerca de la sobrepoblación de abogados en Colombia por: Germán Bula Escobar Expresidente del Consejo de Estado de Colombia, y exmagistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil

Ampliar la definición de corrupción: Abogados y ética profesional por: Sergio Iván Anzola Rodríguez Doctor en derecho por la Universidad de los Andes y profesor de cátedra de la misma Universidad

“Me gustaría que la Corte declarara cerrado el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria”: Minjusticia

El abogado y su formación profesional. ¿Qué opina la academia?

En su edición No. 8, la Revista Excejlencia celebra el haber tenido la oportunidad de entrevistar al ministro de justicia Néstor Iván Osuna, y haber contado con la posibilidad de conocer, de primera mano, su opinión con respecto a lo que ha sido su primer año de gobierno al mando de la cartera de justicia.

Agradecemos de antemano al señor ministro el habernos concedido ese valioso espacio, y esperamos que el balance que nos hace en esta oportunidad, y las metas que tiene establecidas al efecto, puedan realizar el anhelo de muchos ciudadanos de una justicia pronta, eficaz y de calidad.

Complementan en esta ocasión la citada entrevista, algunos contenidos relacionados con el ejercicio investigativo realizado por la Corporación Excelencia en la Justicia CEJ, denominado “Ejercicio profesional del derecho en Colombia: perspectiva actual e ideas para su mejoramiento”. Concretamente, y a partir del interés que despertó dicho estudio en la comunidad acadé-

mica, en los medios y en la sociedad, nos pusimos en la tarea de ahondar en algunas de las temáticas que se desarrollaron en dicho estudio investigativo.

En ese contexto, en la presente edición podrán encontrar el artículo preparado por el ex presidente del Consejo de Estado, Germán Bula Escobar, en el cual se trata lo relativo a la sobrepoblación de abogados en nuestro país; un artículo de la mayor trascendencia, preparado por expertos en los denominados Métodos Alternativos de Solución de Controversias, a través del cual se dejan ver las características de la nueva y necesaria faceta del profesional del derecho; e igualmente, la visión de un experto en la materia que nos enseña la importancia del comportamiento ético en el ejercicio profesional del abogado; finalmente, en esta edición encontrarán la opinión y visión que tiene la academia, y concretamente algunos decanos de facultades de derecho del país, en torno a la formación de los aspirantes al título de abogado. Como es lo acostumbrado, esperamos que los anteriores contenidos sean de su agrado e interés.

Abogado mediador: El protagonista

Por: Gustavo Andrés Piedrahita Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.1

Ángela Cristina Villate

Jefe de Gestión del Conocimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.2

Pasaron ya algunos años – quizás más de una década – desde que quienes escribimos este artículo recibimos el título de “abogado”.

Eran, sin duda, tiempos distintos a los de ahora; por entonces prevalecía, tanto en el imaginario colectivo como en las escuelas de derecho, el arquetipo de un abogado dedicado de forma casi exclusiva al litigio, un abogado al que se le exigía entrenarse en la estrategia de vencer y perfeccionar la argumentación adversarial como herramienta predilecta de ataque y defensa.

Este modelo proveniente de una extensa tradición jurídica fue alimentado también por el cine, referente cultural inexcusable de aquella dimensión vital en la que se permite la fantasía de héroes, la realización de amores imposibles y la consecución de hazañas colosales por seres dotados con esa chispa inasible que los convierte en semidioses. Es a través del cine y de su poderosa influencia en el subterráneo de la conciencia humana que, posiblemente, se pone en marcha uno de los detonantes más influyentes en el terreno incalculable de la decisión humana sobre la que no hay respuesta definitiva al ¿por qué hacemos lo que hacemos?

¿por qué terminamos siendo abogados?

El cine, si echamos la mirada hacia el pasado, nos envuelve en su mágica fascinación de hacedor de sueños a la par que nos ofrece muchos de los símbolos o referentes que forjan el instinto de imitación, la pantalla grande nos presenta a los hombres y mujeres que queremos ser en el futuro, los hombres y mujeres que queremos ser “cuando seamos grandes”.

Algunos de los referentes cinematográficos de drama judicial que reforzaron la imagen del abogado -litigante y que, de algún modo nos orientaron hacia la decisión de estudiar derecho fueron, La caja de música, dirigida por Costa-Gravas, en la que vemos a una implacable Ann Talbot como abogada defensora de su propio padre, acusado de participar en los crímenes nazis. Ann, al mejor estilo de Sherlock Holmes, se convierte además en una intrépida investigadora que se da a la tarea de juntar las piezas probatorias dispersas en el caótico rompecabezas que presenta el ente acusador.

Doce hombres en pugna o 12 angry men de Sidney Lumet es un clásico. La película cuestiona la ligereza que puede existir cuando el juicio de un hombre declarado culpable se soporta de forma

exclusiva en “lo evidente”, “lo obvio”, “lo indudable”. Por su naturaleza, la trama se desliza fácilmente de lo estrictamente judicial a lo ético y epistemológico. La lección de esta historia es que, nada hay más peligroso en el juicio humano que aquello que damos por sentado. En Doce hombres en pugna los jurados son los protagonistas. Extensos diálogos, una película lenta, pero fascinante para quienes gozamos de los artilugios de la palabra.

Testigo de Cargo de Billy Wilder pone el foco en una de las características arraigadas en el prototipo de abogado que hemos descrito hasta este punto, el abogado que debe vencer a su adversario a través de la persuasión, la estrategia probatoria y la argumentación. Una suerte de gladiador de la justicia. Para bien o para mal, el abogado litigante debe, primero, convencerse a sí mismo de su causa; de lo contrario, será prácticamente imposible mantener el ritmo y la fuerza de su defensa. Este trabajo de autoconvencimiento al que puede llamársele insistencia, firmeza o terquedad – en realidad no importa el nombre – pone de relieve que en el litigio no hay lugar a tintas medias y que, por tanto, una defensa se estructura con el mismo cuidado y delicadeza con la que se construye un castillo de naipes.

Para bien o para mal, el abogado litigante debe, primero, convencerse a sí mismo de su causa; de lo contrario, será prácticamente imposible mantener el ritmo y la fuerza de su defensa.

“

Pasaron los años y el ejercicio profesional que, a veces, sugiere la misma sensación de cambio brusco que experimenta el ojo al adaptarse nuevamente a la luz al salir del cine, nos fue mostrando que, por desgracia, no todo sucede como en las películas. En la práctica conocimos un sistema de justicia represado y lento, reconocimos que la persuasión y la justicia no siempre son equiparables y, además, vivimos la dificultad de materializar prácticas probatorias estelares.

El tiempo, el destino, la vida, sin embargo, nos condujeron hacia los Mecanismos de Resolución de Conflictos (MRC), una alternativa a la prestación de servicios jurídicos que nos mostró un estilo diferente de ser abogados. Un estilo que reconoce las contradicciones como esencia de los actos humanos, la responsabilidad y la inocencia compartidas, la posibilidad de dialogar antes que atacar. El protagonista en este contexto es más un abogado que reivindica la negociación como la práctica más efectiva en la resolución de conflictos por encima de la estrategia adversarial. De entrada, si la negociación se juzga en el marco de

los estándares clásicos jurídicos, se percibirá –erróneamente – como un modelo no deseado, un modelo al que se tachará de perdedor.

Con un poco más de detenimiento, sin embargo, se comprenderá que no hay nada de perdedor en el modelo del abogado mediador. Este cambio de estrategia propone, por el contrario, un sistema de valores mucho más coherente con las necesidades de un proyecto de sociedad más tolerante y dispuesta a generar herramientas que contribuyan a disminuir la conflictividad. El abogado mediador se inclina más por dejar todas las piezas sobre la mesa antes que jugar a ocultarlas, reconoce que existen múltiples alternativas para lograr una solución, es un abogado que se afina más en la escucha, que evalúa todas las posibilidades, pero, sobre todo, lo que más sorprende del abogado mediador es que comprende que ceder un poco no es señal de pérdida, sino más bien de astucia. Una astucia que revela un principio al que apenas nos estamos acercando: “la equidad”.

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá por fortuna ha sido testigo del cambio en los prototipos de abogados,

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El tiempo, el destino, la vida, sin embargo, nos condujeron hacia los Mecanismos de Resolución de Conflictos (MRC), una alternativa a la prestación de servicios jurídicos que nos mostró un estilo diferente de ser abogados.

ha hecho parte de la historia de esta transición que encuentra en la combinatoria entre el litigante y el mediador el prototipo ideal de abogado para estas nuevas generaciones. Con una trayectoria de 40 años, el Centro se ha convertido en la casa de quienes han sido pioneros de estas nuevas prácticas jurídicas que han dado lugar a la reflexión y puesta en marcha de un proyecto que considera que otra forma de justicia es posible. Actualmente, las listas de los operadores de este Centro están conformadas por 530 árbitros activos, 167 amigables componedores y 55 conciliadores. Cada uno de ellos, referente de este nuevo modelo de abogado mediador. Estas cifras, muestran, además, el trabajo progresivo de inclusión de las mujeres en estos roles, síntoma de que los mecanismos son escenarios propicios para el ejercicio jurídico in-

cluyente. Para ampliar información siga el enlace y acceda al más reciente estudio sobre los operadores del Centro aquí.

Con el paso de los años, por fortuna, asistimos al giro en el modelo, los estándares y la formación de los abogados que ofrece alternativas, como la de ser abogado mediador, como una opción deseable. Un modelo de abogado que comprende, como Pablo, en la emblemática película El secreto de sus ojos que, “hay una sola cosa que no cambian los hombres, su pasión”. Ahora, con la mirada puesta en el futuro, esperamos que las nuevas generaciones de abogados tengan pasión por este nuevo arquetipo de abogado mediador que, sin duda, está llamado a ser el protagonista.

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Reflexiones acerca de la sobrepoblación de abogados en Colombia

Por: Germán Bula Escobar1

Expresidente del Consejo de Estado de Colombia, y exmagistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Era abogado y no era ladrón. Santo Dios ¡qué admiración! Se trata de Yves de Kermartin, Saint Yves, siglo trece, santo de los abogados, bretón, abogado y juez, caracterizado por sus virtudes éticas, su entereza y su entrega a causas sociales.

Decía Quevedo2: “¿Queréis ver qué tan malos son los letrados? Que si no hubiera letrados, no hubiera porfías (etc.)”. Rabelais se mofa famosamente de un juicio interminable3. El Quijote hace advertencias a Sancho sobre los escribanos.

Basten estos ejemplos. No han sido los abogados detentadores de prestigio, en general, aun cuando la opinión comprenda la importancia del Derecho en la vida social. En nuestro medio es marcada esta paradoja, particularmente en las últimas cuatro décadas. Debe destacarse la admiración por juristas paradigmáticos, evocatoria de una cierta aureola de antaño.

La investigación de la CEJ4: “Ejercicio profesional del derecho en Colombia. Perspectiva actual e ideas para su mejoramiento”, toca con la sobrepoblación de abogados, que induce sospechas de baja calidad promedio, con consecuencias sobre prestigio de la profesión, desempleo y precarización laboral5 .

Ofrezco algunas contribuciones sobre este tópico, que requiere investigación en búsqueda de fórmulas de mejoramiento. Veamos cifras entregadas por la CEJ:

“(…) al cierre de 2022, el país tenía 375.580 abogados inscritos (728 abogados por cada 100.000 habitantes)” “(…) Según datos del DANE, entre 1996 y 2022 la población general del país aumentó 40%” “(…) durante el mismo periodo el número de abogados inscritos aumentó 472%” “(…) durante todo el periodo 1996 – 2021 se registraron 299.088 abogados.”

“¿Cómo estamos internacionalmente?: “Con 728 abogados por cada 100.000 habitantes, Colombia es (…) uno de los países con mayor tasa de abogados.”

Es inextricable el proceso que lleva a una persona a optar por esta o la otra profesión en una sociedad liberal. De un lado gravitarán consideraciones personalísimas, que vinculan tradiciones familiares, anhelos individuales surgidos en la deriva de la vida, admiración por la profesión, por sus paradigmas, en fin, razones de índole positiva y proactiva. El Derecho, por lo demás, resulta una base idónea para integrar con otras disciplinas en posgrado. Y parte de la demanda por Derecho busca complementar otras áreas (e.g. medicina, administración).

Es también entendido que los aspirantes habrán considerado costos, cupos, y lo que ofrece el mercado laboral, en un medio pobre en información y orientación profesional.

El Departamento Administrativo de la Función Pública6 señaló en 2019 que “el derecho es la pro-

No han sido los abogados detentadores de prestigio, en general, aun cuando la opinión comprenda la importancia del Derecho en la vida social.

fesión que más participación tiene en los cargos públicos al lograr que 31% de las plazas en el Estado sean ocupadas por abogados”. Le sigue la Ingeniería, “con 13% de los ocupados”. La alta empleabilidad en el sector público explicaría en parte la nutrida demanda por el programa de Derecho.

La participación de los abogados en el sector privado no iguala la alta proporción del sector público, sin perjuicio de que las excesivas “tramitología” y litigiosidad en el seno de la sociedad impliquen un relativo espacio para la oferta de servicios liberales de consultoría y litigio, e impacten también la plantilla de las empresas.

En todo caso, el desempleo juvenil (alrededor del 17%)7, que excede con mucho al general (alrededor del 10%), implica harto a los egresados de Derecho.

Para nadie es secreto que el mundo laboral es extremadamente dinámico: en el futuro del mercado de trabajo no brilla el Derecho. Según “Semana”8, “Para los expertos y académicos, las carreras con mayor proyección laboral en el futuro, a corto y mediano plazo, son: Desarrollo de software. Ingeniería y diseño industrial. Finanzas y administración. Marketing digital. Telecomunicaciones. Generador de contenido. Educación.” Todo lo anterior sin contar con el impacto de la inteligencia artificial, tema ajeno a esta contribución.

Por lo demás, como en toda profesión, la calidad de las instituciones de educación superior -IES- es tenida en cuenta al momento de la contratación.

Dado que no todos los egresados tramitan tarjeta profesional, se tiene que el tamaño de la matrícula (demanda) en programas de Derecho sería aún mayor, y estaría vinculada al tamaño de la oferta, con la que está relacionada en términos de causalidad circular.

(…) hay registro de 196 programas de pregrado en derecho: 161 en universidades del sector privado (el 82%) y 35 en universidades del sector público (el 18%).

(…) Estados Unidos tiene 199, es decir, 6 facultades por cada 10 millones de habitantes. Entre

Según la CEJ:

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tanto, las 114 facultades de derecho en Colombia equivalen a 22 por cada 10 millones de habitantes, esto es casi 4 veces el dato de Estados Unidos.

Las universidades o IES cuya oferta responde a razones históricas, o a la alta valoración que tienen del Derecho, así como las acreditadas institucionalmente en alta calidad, suelen ofrecer programas con indicadores de calidad por encima de la media (resultados prueba saber pro, tasas de empleabilidad, relación estudiantes-profesores, medios educativos, infraestructura, etc.).

De otro lado, en general, las IES hacen investigaciones de mercado, que acreditan para obtener el registro calificado correspondiente. Amén de tales investigaciones, el punto de partida es que la demanda por Derecho es (o ha sido) importante. Así, se trataría de salir a competir por una porción de esa demanda.

Otra variable que gravita sobre la oferta de programas son las barreras de entrada, ligadas a la relación costo-beneficio. La enseñanza del Derecho se tiene por poco exigente en materia de recursos físicos y financieros, y no parece difícil la consecución de docentes de cátedra de entre la amplia masa de abogados existente. La combinación de esas circunstancias induciría a que se opte por ofrecerla en IES no acreditadas. Así, solo el 23% de los programas de pregrado (46, de 196) están acreditados en alta calidad, y, de estos, 41 son ofrecidos por universidades acreditadas en alta calidad.

Una variable por estudiar tiene que ver con la calidad de nuestra educación secundaria. Por lo que se lee en no pocas ocasiones, mi experiencia y la de colegas docentes, la juventud que asoma a los estudios universitarios viene con baja formación en lectoescritura y matemáticas, por solo señalar estos dos dominios clave.

La fábula de la zorra y las uvas, atribuida a Esopo y varias veces recontada por otros autores, podría indicar que muchos estudiantes encuentran relativamente más fácil lograr cupo y graduarse en Derecho que en otras carreras (uvas que “no están maduras”).

La educación -básica y media- no cumple adecuada función propedéutica frente a la educación superior. En los días que corren se anuncia que el MEN estaría evaluando la posibilidad de estructu-

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rar un grado intermedio entre la media y la educación superior, el llamado grado doce.

En medio de una incipiente conciencia sobre fetichismo legislativo, abigarramiento, “tramitología”, excesos y baja calidad normativa, falta de emprendimiento y litigiosidad espuria -más allá de lo razonable-, y apelando al sentido común, la ciudadanía siente que la construcción de una sociedad próspera y equitativa demanda profesiones como ingenierías, medicina, artes, arquitectura, administración, trabajo social, programación digital, agronomía, etc., sin perjuicio del espacio que corresponde a la abogacía. Se debate incluso sobre elevar el rol de la educación técnica y tecnológica, la cual lucha por mayor reconocimiento estatal y social.

El anterior recorrido por diferentes variables muestra que la sobreabundancia de egresados y abogados es más una consecuencia que una causa. Por ende, las soluciones tendrían que ser sistémicas: pasan por espíritu emprendedor, simplificación de trámites, calidad de la educación general, litigiosidad espuria, etc.

Se pueden revisar algunas acciones puntuales:

Mejorar la calidad legislativa, racionalización de trámites y disminución de la litigiosidad espuria.

La ley 1905 de 2018 consagró un examen de

carácter obligatorio para ingresar a la profesión, en el que se tienen fundadas esperanzas.

El Consejo Superior de la Judicatura se ocupa de su materialización.

La Asociación de Juristas Franco-Colombianos ha ofrecido contribuir en el componente deontológico (crucial y novedoso en nuestro medio), con apoyo de la Barra de Abogados de París. Está pendiente la tarea de organizar la colegiatura de abogados en Colombia, que cumpliría crucial papel.

¿Más o menos control del Estado sobre las IES?

En las actuales circunstancias de reducción generalizada de matrículas, desempleo profesional y dinámicas de cambio, debería liberarse a las IES acreditadas institucionalmente en alta calidad de la coyunda del registro calificado, de manera que se les permita ofrecer programas adecuándose al ritmo cambiante de los mundos del conocimiento y el trabajo (con base en la confianza fundada -Art. 83 C. P.-), sin perjuicio de un control y monitoreo adecuados.

En cambio, la acreditación de programas de Derecho para instituciones no acreditadas debe elevar sus exigencias.

Tan importante es el Derecho para nuestra sociedad, que resulta impostergable hincar diente a los contextos y variables incidentes en su dignificación.

El anterior recorrido por diferentes variables muestra que la sobreabundancia de egresados y abogados es más una consecuencia que una causa.

Ampliar la definición de corrupción: Abogados y ética profesional

Por: Sergio Iván Anzola Rodríguez1 Doctor en derecho por la Universidad de los Andes y profesor de cátedra de la misma Universidad

Preguntarnos si los abogados tienen algún grado de responsabilidad por el problema de la corrupción nos lleva, casi automáticamente, a pensar en los escenarios donde un abogado soborna a un funcionario público o a un tercero para obtener una decisión favorable a la causa de su cliente.

En el caso colombiano, sin duda, los y las abogadas, tenemos un grado importante de responsabilidad en esto. Desde el Cartel de la Toga, hasta el Preteltgate, pasando, más recientemente, al del abogado Diego Cadena en la representación del expresidente Uribe son ejemplos de esto. Todos estos casos son graves y requieren ser atendidos desde distintos frentes.

No obstante, creo que la mediatización de estos casos, no nos permite actuar frente a otras situaciones en las que, posiblemente, los abogados incurrimos con mayor frecuencia y tenemos normalizadas, y a mi juicio, son igualmente corruptas. Me refiero puntualmente a situaciones donde no hay un solo pago o favor para obtener un trato favorable de parte de un juez o alguna autoridad, pero donde sí hay, de parte del abogado, una interpretación amañada o de mala fe del derecho con el único fin de favorecer los intereses del cliente. A mi juicio estas actuaciones de parte de profesionales del derecho son actos corruptos pues implican traicionar la confianza y responsabilidad que ha depositado el Estado en una persona para el ejercicio del derecho.

El Estado otorga a la profesión jurídica un monopolio para el ejercicio del derecho bajo la condición de que ese ejercicio sea respetuoso del Estado de Derecho y la administración de justicia. El Estado confía no solo en la formación técnica sino ética de los profesionales. Les otorga una tarjeta profesional bajo el supuesto de que estos utilizarán el derecho de manera responsable y sin abusar de él. Confía en que los y las abogadas asesorarán a sus clientes de manera cándida y honesta manifestándoles si sus pretensiones tienen o no cabida en el derecho. Confía en que los abogados saben cuándo decir “no” a sus clientes y además tienen la disposición moral de hacerlo (habría que preguntarnos, en todo caso, si la educación jurídica realmente nos enseña a decir “no” a nuestros clientes). Cuando los abogados no sabemos negarnos a las pretensiones de nuestros clientes y

buscamos, a como dé lugar, la manera de resolver su problema, aun cuando eso implique hacer una interpretación amañada del derecho (que posiblemente implicará afectar los derechos de otras personas), traicionamos esa confianza depositada en nosotros y que es, justamente, la única justificación para que exista un monopolio para la práctica del derecho.

La Convención Interamericana Contra la Corrupción señala como un acto de corrupción entre varios el siguiente:

El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.

Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción contempla como uno, entre varios actos corruptos, el siguiente:

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como de-

El Estado confía no solo en la formación técnica sino ética de los profesionales. Les otorga una tarjeta profesional bajo el supuesto de que estos utilizarán el derecho de manera responsable y sin abusar de él.

lito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo.

El rasgo que parecen compartir estos actos de corrupción (y los otros que se tipifican en ambas convenciones) es la traición a la confianza depositada en una persona para el ejercicio de su cargo, sea este público o privado, para beneficio propio o de terceros. Esta traición se da al momento en que la persona se aparta de sus deberes profesionales, contractuales o legales o sugiere querer apartarse de ellos para beneficiarse a sí misma o a un tercero. Al parecer, el elemento clave para identificar a la corrupción es la traición a la confianza. La corrupción implica anteponer al cumplimiento de unos deberes que se asumen libremente y que redundan en un interés general, unos intereses particulares. Es utilizar un poder o capacidad para fines distintos a los encomendados.

En el caso de los y las abogadas, no podemos perder de vista que, si bien es cierto que el cliente otorgó un poder para que el abogado represente sus intereses (y en la mayoría de los casos el abogado recibe una contraprestación económica por ello), también es cierto que el Estado le dio una licencia para que el abogado proteja el ordenamiento jurídico y su legitimidad. Los abogados debemos saber vivir en esa tensión, pero también necesitamos pautas que nos ayuden a vivir en ella. En este último punto creo que hay tareas pendientes por realizar y todas ellas están en el campo de la ética y responsabilidad profesional, un área del derecho muy rezagada en nuestra cultura jurídica nacional.

Creo que hay dos tareas urgentes en este punto, ambas entrelazadas. La primera es tomarse en serio la formación en ética y responsabilidad profesional, no solo en el pregrado sino a lo largo del ejercicio profesional.2 Cuando escribo “tomarse

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(…) si bien es cierto que el cliente otorgó un poder para que el abogado represente sus intereses (y en la mayoría de los casos el abogado recibe una contraprestación económica por ello), también es cierto que el Estado le dio una licencia para que el abogado proteja el ordenamiento jurídico y su legitimidad.

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en serio” me refiero a reconocer el hecho de que los abogados ocupan una posición complicada donde distintas fuerzas, todas legítimas, reclaman del profesional cursos de acción que pueden ser contradictorios. Los abogados deben lealtad a su cliente, al ordenamiento jurídico y a sus propias convicciones morales. Algunas veces estas tres fuerzas encajarán, pero en muchas otras no. Pensemos por ejemplo en el abogado defensor en materia penal cuyo cliente le confiesa haber abusado sexualmente de un menor de edad. ¿Qué debe hacer ese abogado? ¿Debe llevar a cabo esa defensa aún si le repugna el acto de su cliente?

¿Hasta dónde puede o debe llegar esa defensa? ¿Puede ese abogado, en el curso de la defensa

afirmar que ese acto no ocurrió a pesar de saber que sí ocurrió y tener plena convicción de ello?

¿Puede o debe ese abogado poner en tela de juicio el relato de la víctima o de un testigo cuando el abogado tiene plena convicción de que ese relato es verídico? Necesitamos reconocer la ubicuidad de estas situaciones en el ejercicio profesional y enseñar ética y responsabilidad profesional alrededor de ellas.3 A mi juicio, la ética y responsabilidad profesional en Colombia se ha enfocado en reiterar normas jurídicas y sociales sobre cuyo contenido (al menos de dientes para afuera) estamos todos de acuerdo: no sobornar a jueces o testigos, no robarse dineros del cliente, no fabricar o alterar pruebas, etc. Habrá que seguir trabajando sobre estos mandatos obvios y evidentes, porque aún no los hemos interiorizado, pero también tenemos que emprender la tarea de enfocarnos en los dilemas éticos concretos y cotidianos que le recuerden al estudiante de derecho y al abogado en ejercicio, que no solo tienen deberes frente a su cliente; también tiene deberes frente al Estado de Derecho y la administración de justicia y, también, con su propia conciencia.

La segunda tarea, que se entrelaza con la primera, es la de reconocer esas tensiones éticas en la estructura regulatoria del ejercicio del derecho en Colombia. Con esto me refiero puntualmente a reconocer en el Código Disciplinario del Abogado y en la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los dilemas éticos que afrontan los y las abogadas.

Nuestro código, comparado, por ejemplo, con las reglas modelo de la American Bar Association, y con los comentarios que guían su interpretación, es sumamente vago y general. Ve solo una fracción mínima de los dilemas que enfrentan los abogados.4 La estructura regulatoria hasta el momento se ha enfocado principalmente en los casos “fáciles” es decir casos donde no hay un dilema ético presente donde estén en tensión dos valores de la profesión. Los casos “fáciles” son, por lo general, casos de corrupción evidentes que tienen que ser investigados y sancionados. Pero, los casos difíciles hacen parte del día a día del abogado, en ellos nos jugamos la legitimidad de la profesión. No registrarlos, estudiarlos y pensarlos pone en riesgo la vigencia del Estado de Derecho. Acá será fundamental ampliar nuestra visión y definición de corrupción; que un árbol no nos tape el bosque.

Entrevista con el Ministro de Justicia Néstor Iván Osuna

“Me gustaría que la Corte declarara cerrado el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria”

La Revista EXCEJLENCIA tuvo la oportunidad de entrevistar al actual ministro de justicia, Néstor Iván Osuna, a propósito de su primer año al frente de esa cartera. En su relato, informal y descomplicado, el ministro Osuna nos contó por qué le apuesta al proyecto de humanización del sistema carcelario, las iniciativas que acompañará en la nueva legislatura, la situación de las casas de justicia, lo que piensa sobre la terna para la elección de la nueva fiscal general, y otros temas de gran calado, como el Contrato de Préstamo BID 5282.

¿Cuál es el balance que hace en su primer año como ministro de Justicia?

El balance es positivo por los temas puestos en la agenda, por los que hemos logrado sacar adelante y por los que vienen. Mencionaría la reforma constitucional sobre la jurisdicción agraria, que tiene un mensaje de legitimidad política y un componente de acceso a la justicia para personas que tradicionalmente no la han tenido. Ahora viene el proyecto de ley para crear los procedimientos, la dotación de los juzgados y el nombramiento de los jueces. En cuanto salga el concepto del Ministerio de Hacienda podremos radicarlo, y aunque seguramente habrá correcciones, está bastante elaborado porque lo conversamos con las cortes y con algunos gremios antes de su trámite parlamentario.

También destaco haber puesto el foco de la opinión pública en la política de drogas, uno de los problemas más difíciles para Colombia. Tener una política alternativa, que permite una nueva estrategia con enfoque en oferta social y de salud, ha sido bien importante. Sobre esto, en el Plan Nacional de Desarrollo incluimos un artículo que quedó aprobado. Es una agenda de cambio ambiciosa, de ampliar el acceso a la justicia, de llevarla a donde poco de eso ha habido en nuestra historia, y reconociendo, por supuesto, los tropiezos, las dificultades y los adversarios, pero así es la política.

Aunque el proyecto de humanización del sistema penitenciario no alcanzó a ser aprobado en la pasada legislatura…

Evidentemente ese proyecto de ley, al que le hicimos muchísimo esfuerzo, se quedó sin aprobar, pero insistiremos en su presentación porque está listo. Destaco haber tomado decisiones que, creo, nos van a llevar a superar, en un plazo mediano, el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria. Ese proyecto es una parte de lo que creemos que es la solución, pero hay otra parte que es reformar el INPEC y la USPEC, que administran el sistema penitenciario. Para ello, hemos pedido que el Gobierno tenga

Destaco haber puesto el foco de la opinión pública en la política de drogas, uno de los problemas más difíciles para Colombia.

facultades extraordinarias, pero si el Congreso no las otorga, presentaremos un proyecto de ley para ese propósito. También lanzamos un plan de contingencia para los próximos seis meses. Es algo que estamos tomando muy enserio, no es fácil y no hay soluciones mágicas. El populismo que ha imperado en esta materia no sirve para nada, sino el trabajo con medidas administrativas y de anticorrupción, y con asistencia para las personas privadas de la libertad.

¿Debiéramos entender que el foco del ministerio se concentrará entonces en sacar adelante esos dos temas?

En cuanto a proyectos, tenemos más. En armonía con la Unidad para las Víctimas, y bajo el liderazgo de su directora, Patricia Tobón, presentaremos una reforma a la Ley 1448, cuya finalidad es armonizar los distintos sistemas de reparación. También queremos tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y los anhelos de las víctimas. Esto también incumbe un tema presupuestal, por lo que estamos buscando nuevas fuentes de financiación.

Otro proyecto de ley tiene que ver con las personas detenidas, no condenadas, que se encuentran en estaciones de Policía. Según la ley, la manutención les corresponde a los municipios, pero como no se han hecho cargo de esa función, entonces la fue asumiendo la Nación. El año pasado la Corte Constitucional recordó esa obligación que está en la Ley 65 del 1993, pero cuando salió la sentencia, los contratos celebrados por la USPEC vencían el 31 de julio de 2023. El asunto, que pasó un poco desapercibido, motivó a que la Procuraduría le enviara una comunicación a cada alcalde para recordarles esa responsabilidad, y ante la respuesta de algunos de no estar preparados, encontramos una fórmula jurídica que permitió ampliar los contratos. El proyecto de ley lo que permite es que la USPEC siga suministrando la manutención hasta el 30 de julio de 2024, para que los alcaldes que resulten elegidos en octubre, al momento de discutir los presupuestos de las entidades territoriales del año entrante, hagan las apropiaciones del caso.

Otras iniciativas, que no son exactamente del Ministerio de Justicia, las acompañamos vivamente. Por ejemplo, el senador Humberto de la Calle propuso la creación del arbitraje ejecutivo, una iniciativa que

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el Gobierno apoyará porque considera que es una posibilidad interesante de abrir más mecanismos de acceso a la justicia y de descongestionar la labor de algunos juzgados. Lo mismo ocurre con la despenalización del cannabis y con un proyecto de Asocapitales, que busca distribuir la carga de las personas detenidas entre municipios y departamentos.

¿En qué consiste el proyecto de Asocapitales?

Como la obligación de los municipios persiste con las personas privadas de la libertad, el proyecto de ley intentará poner el actor que falta: los departamentos, variando la carga en el sentido de que la Nación asumirá la manutención de los condenados a una pena de más de 15 años, los departamentos se harán cargo de los penados entre ocho y 15 años, y los municipios tendrán bajo su responsabilidad los castigados a menos de ocho años. Eso le pasaría buena parte de la carga a la Nación porque, en muchas ocasiones, pasa que las personas detenidas preventivamente tienen sindicación por delitos que probablemente den más de 15 años, pero también permitiría que

los municipios construyan cárceles de menor seguridad porque es supremamente caro.

¿Es decir que se construirán más cárceles?

En el Gobierno nos encontramos con un CONPES que establece la obligación de construir 9.800 cupos en estos cuatro años.

En el Gobierno nos encontramos con un CONPES que establece la obligación de construir 9.800 cupos en estos cuatro años.

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Ya inauguramos, en números redondos, 1.500 cupos, ampliando cárceles ya existentes. Vamos casi a mitad de camino en la construcción de una cárcel de alta seguridad en Riohacha para 1.600 personas. Un poco más atrasada va la construcción de una cárcel en Sabanas de San Ángel, en Magdalena, para 1.500 personas, y una obra que ha sido objeto de mil problemas en Pereira, probablemente porque no debió elegirse ese lugar porque tiene muchísimas dificultades, pero vamos a terminarla. La USPEC está a punto de adjudicar la construcción de una cárcel en Barrancabermeja, también de alta seguridad, y ya tenemos las apropiaciones presupuestales para dos cárceles más, una en Mocoa y otra en Buenaventura. Con todo esto completaríamos los 9.800 cupos, pero lamentablemente no resuelve todo el problema porque llegaríamos a 100 mil cupos.

¿Por qué?

El universo de personas privadas de la libertad en Colombia es de 200 mil, de las

cuales alrededor de 70 mil están en prisión domiciliaria. Para ponernos al día necesitamos 130 mil cupos y vamos a llegar a 100 mil, o sea que nos siguen faltando 30 mil. Los cupos faltantes los asumirían los municipios y departamentos, de modo que el proyecto de Asocapitales tiene sentido porque pretende distribuir esto entre todos.

Del número total de detenidos, ¿se sabe cuántos logran volver a la sociedad en condiciones distintas o la acción del Estado queda en recluirlos y esperar a que cumplan sus penas?

Podría coincidir con lo que se ha venido haciendo históricamente, en el sentido de que las cárceles se constituyen como depósitos de seres humanos que vienen a pasar una temporada y después se van, pero desde el ministerio intentamos que esto no suceda. Eso ha conducido a unas tasas de reincidencia muy altas, incluso mucho más altas que las que han estado en prisión domiciliaria.

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¿Cómo disminuir las altas tasas de reincidencia?

Queremos que las personas que estén en las cárceles puedan trabajar y/o estudiar. En el proyecto de humanización proponemos una modificación normativa para estimular el trabajo, pero necesitamos llevar a los empresarios a las cárceles para que contraten. En los centros penitenciarios que he visitado hay quienes cumplen alguna ocupación, pero el número es mínimo respecto de la población global, y lo hacen en asuntos que probablemente no tienen mucha salida de mercado. A esto le hace falta una lógica empresarial para que la producción se pueda vender, con un estímulo para los empresarios.

En qué consistiría el estímulo…

Aunque falta una directriz de la DIAN, el estímulo sería tributario. Lo que se produce en las cárceles no tendría IVA, sí tendría salario, pero el empresario se beneficiaría y

las personas privadas de la libertad podrían desarrollar actividades productivas que después podrían convertirse en su enganche laboral. Hay un reto importante de animar a los empresarios a que contraten.

¿Se trabaja en algún programa para permitir un contacto más cercano con la empresa privada?

Con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estamos trabajando en el programa ZASCA Renacer, una estrategia que busca impactar a personas privadas de la libertad por medio del fortalecimiento de sus capacidades productivas y emprendedoras. Ya tuvimos una experiencia inaugural en la cárcel Picaleña, en Ibagué.

En el proyecto de humanización proponemos una modificación normativa para estimular el trabajo, pero necesitamos llevar a los empresarios a las cárceles para que contraten.

¿Falta más compromiso de la empresa privada?

Ojalá tuvieran más compromiso. Pero, además de eso y del carácter cívico que puede tener esa actividad, es también un beneficio tributario, un estímulo empresarial.

¿Aún se contempla alguna propuesta de educación?

Aunque el SENA ya está en las cárceles, tenemos que llevar más oferta educativa. Al principio del Gobierno hablé con el ministro de Educación de ese entones, Alejandro Gaviria, para comentarle la idea de llevar las universidades a las cárceles. Aunque él se emocionó por la iniciativa, después me di cuenta de que solo el 3% de las personas privadas de la libertad tienen título de bachiller, por lo que la oferta tiene que ser flexible o su participación será mínima. Algunas universidades me han manifestado su interés de pensar en programas flexibles, con un gran aliado de la educación virtual: la tecnología. Tenemos una experiencia inaugural en la Cárcel de Policías de Facatativá, luego de que a cada uno les dimos una tableta con internet controlado para aprender cosas muy sencillas hasta estudios que den lugar a títulos.

La educación, como el trabajo, también podría ayudar a la reincidencia….

Tendrían menos riesgo porque aprendió a hacer algo, ya sea estudiando o trabajando.

La corrupción es uno de los males que sigue acechando el sistema carcelario, ¿qué medidas está tomando el Ministerio de Justicia para combatirla?

El mundo carcelario es propicio para la corrupción porque establece una relación de control total sobre las personas, por lo que el Estado debe tomar el triple de medidas para combatirla. Hemos visto la necesidad de racionalizar las comunicaciones que vienen desde las prisiones, sumado a que el coronel (Daniel) Gutiérrez, director del INPEC nombrado por este Gobierno, inició varias estrategias, entre ellas los operativos sorpresa, logrando decomisar dispositivos móviles y tarjetas SIM.

Ahondado más en el problema, nos dimos cuenta de que en siete cárceles hay problemas especiales de extorsión, lo que nos permite focalizar la acción con traslados repentinos y frecuentes. También nos tiene preocupados los artículos que ingresan a las cárceles, como licores y armas, para lo cual diseñamos una estrategia de depuración disciplinaria y penal en el INPEC. Y, por otra parte, está la USPEC con los problemas de alimentación y salud, situación que nos llevó a considerar la necesidad de reformar a fondo esas dos entidades.

Otro tema son los bloqueadores de señales, un sistema tecnológico que no funciona muy bien. Los dispositivos a los que Colombia puede acceder bloquean señal 3G, pero no

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nos dimos cuenta de que en siete cárceles hay problemas especiales de extorsión, lo que nos permite focalizar la acción con traslados repentinos y frecuentes.

4G, sin tener mucho cuidado de las fronteras. Aunque la tecnología ya ofrece soluciones en lugares muy localizados, esa labor está a cargo de la empresa que presta el servicio de telefonía, y si bien han sido un poco remisos para aceptarla, en la nueva licitación, que está próxima a salir, los operadores de telefonía tendrán la obligación de hacerlo en los lugares en los que el ministerio se lo solicite. Eso, según los países que ya lo utilizan esa tecnología, entre ellos Costa Rica y Estados Unidos, es una solución efectiva y no requiere la inversión de los bloqueadores.

Existe un viso de confianza en que las iniciativas del Ministerio saldrán adelante en el Congreso, ¿qué le hace pensar que no se quedarán en esta nueva legislatura?

Por supuesto que el riesgo existe. Soy consciente de que son proyectos fácilmente apropiables por discursos populistas que intentan negar cualquier utilidad, pero, por otra parte, tienen una ventaja: respondemos a necesidades en la que el actual gobierno está

comprometido.

Cambiando a otros temas, ¿en qué va la ejecución del Contrato de Préstamo BID 5282, el proyecto sobre la transformación digital de la justicia, en el cual el Ministerio de Justicia tiene un papel preponderante?

Ese préstamo, muy cuantioso, lo maneja en su mayoría la Rama Judicial. Ellos se encargan del 90% y nosotros del 10%. El proyecto se atrasó por la pandemia y por situaciones ajenas a nuestro Gobierno, pero la semana pasada tuve una reunión de evaluación. Le confieso que la tecnología me queda un poco grande, pero se ha avanzado en que las superintendencias tengan su oferta judicial en sistemas digitales. Un primer problema que hay que resolver es que los sistemas no son compatibles, por lo que hay que unificarlos, además, con los sistemas de la Rama Judicial, porque las decisiones de las superintendencias podrían ser pleitos judiciales después. La ejecución de los recursos no ha llegado a los momentos en que más se gastan, pero está programado en que a finales de este año y principios de 2024

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es cuando más recursos se van a emplear, pero (el contrato) va bien.

¿Cuál es la situación actual de las casas de justicia?

Me llevé un sabor agridulce con lo que encontré en las casas de justicia. A mí me parece una buena idea tener un inmueble con oferta de justicia no formal, y algunas, en efecto, funcionan muy bien, pero otras están totalmente abandonadas y dependen de los municipios. Aunque el ministerio tiene competencia para hacer convenios y construir casas de justicia, no tenemos competencia de ahí en adelante. Recuerdo haber ido a una casa de justicia en la que el primer piso funcionaba, pero el segundo piso ya no tenía techo por humedad y estaba lleno de pájaros.

¿Y el ministerio no tiene forma de controlarlas?

Nada. Eso es competencia de los municipios. En el Plan Nacional de Desarrollo incluimos una norma para cambiar eso, buscando que el ministerio tenga alguna facultad de control sobre el funcionamiento posterior de la casa, no solamente al momento de hacerla y entregarla. En Bogotá funcionan perfecto, pero en algunos municipios no es así. Hay quienes deben escoger entre reparar la casa de justicia o la alcaldía que se está cayendo, y uno entiende que prefieran reparar la sede

del gobierno municipal. Aunque seguimos construyendo más casas; el año entrante vamos a inaugurar una en el Valle del Cauca y actualmente estamos construyendo dos más, una Mocoa otra en Córdoba. Hay alrededor de 150 y queremos seguirlas ampliando. Necesitamos cooperantes, por lo que tenemos algunas ofertas y algunos acercamientos con la Unión Europea, con empresarios, entre otros.

Hace algunas semanas se desató una controversia porque la Procuraduría suspendió a un alcalde, pero el Gobierno Nacional no acató la decisión basándose en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las sanciones a funcionarios electos por voto popular por parte de autoridades no judiciales. ¿Cuál es su posición?

El Gobierno tiene la firme intención de buscar una fórmula jurídica que le dé solución al problema de incompatibilidad entre nuestro ordenamiento y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dentro de las alternativas, hemos llegado a la conclusión de que solo se podrá resolver con un proyecto de reforma constitucional, modificando aquellas atribuciones de la Procuraduría y de la Contraloría. El proyecto, que está bastante adelantado, se está discutiendo actualmente en

El Gobierno tiene la firme intención de buscar una fórmula jurídica que le dé solución al problema de incompatibilidad entre nuestro ordenamiento y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

el Consejo de Política Criminal y en algunos foros previos. Será presentado pronto.

¿Qué opinión le merece la terna de fiscal general que presentó el presidente de la República?

Estoy absolutamente complacido de esa terna. Es un importante paso en la igualdad saber que la próxima fiscal general va a ser una mujer, es cierto que ya hubo una, pero, en este caso, necesariamente lo será. Son tres penalistas expertas en investigación criminal, y con experiencia, ya cursada, en la Fiscalía General. Destaco una cosa que para mí es muy importante: ninguna tiene lazos ni cercanías con el Gobierno. Con cualquiera que resulte elegida, creo que el país saldrá muy fortalecido en su administración de justicia.

¿Qué opina de la denuncia de la Fiscalía sobre un posible atentado al Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado?

Por supuesto expresarle al señor fiscal y a su familia la solidaridad y la oferta de

protección. El saludo personal del Gobierno para fiscal general y estaremos atentos a las investigaciones para ver de dónde salió y qué correctivos se toman para no vivir en esa zozobra.

Si pudiese estar durante los cuatro años del Gobierno, ¿cuál quisiera que fuera su legado al final de su ejercicio y con qué se sentiría gratificado y recompensado?

Así sea el último día de mi gestión, me gustaría que la Corte (Constitucional) declarara cerrado el estado de cosas inconstitucionales en materia penitenciaria y, si se pudiera también, cerrado el estado de cosas inconstitucional de desplazamiento forzado al que se hizo referencia en la sentencia T-25 del año 2004. Eso sería maravilloso. Y si además de eso logramos cambiar un poquito la cultura en el sentido de llevar una reflexión sobre para qué debe seguir el castigo, más que simplemente para pagar dolor con dolor, también sería maravilloso, pero si además de eso le agregamos una nueva política de drogas que permita disminuir el narcotráfico significativamente, me dejo poner la Orden de Boyacá (risas).

El abogado y su formación profesional

¿Qué opina la academia?

Conscientes de la importancia que representa la profesión jurídica como un asunto de interés general, la revista EXCEJLENCIA contactó a algunos decanos y directores de programas de pregrado en derecho para conocer su postura sobre el estado de la abogacía vista desde la formación.

Bien sabemos que, en la actualidad, el mercado laboral para los abogados en Colombia es altamente competitivo. La demanda de profesionales calificados del derecho está en constante crecimiento debido a la complejidad de los asuntos legales que enfrentamos en un mundo globalizado y en constante cambio, particularmente por el impacto de las nuevas tecnologías. Por tanto, es imprescindible que la formación de los abogados esté a la vanguardia de los avances jurídicos y sea capaz de abordar los desafíos que plantea la sociedad moderna con todos sus avances.

La rigurosidad en la formación profesional del abogado es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad; los abogados no solo cumplen un papel preponderante en la resolución de conflictos y la defensa de los derechos de los ciudadanos, sino que también desempeñan un papel esencial en la construcción y fortalecimiento del Estado de derecho.

Para lograr una formación profesional integral, desde los programas o facultades de derecho, debemos enfocarnos en proporcionar una educación integral que abarque tanto los aspectos teóricos, incluidos los humanísticos, como prácticos del derecho. Es fundamental que los estudiantes adquieran un conocimiento suficiente del marco jurídico nacional e internacional y que desarrollen habilidades analíticas, de argumentación, comunicación oral y escrita y resolución de problemas, como parte de los resultados de aprendizaje de las asignaturas que conforman la malla curricular.

Así, la formación del abogado en Colombia debería estar orientada principalmente hacia una visión ética y de compromiso con la justicia social. Los futuros abogados deben actuar de manera consecuente con su rol de defensores de los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo siempre a aquellos que pertenecen

Carolina Sáchica Moreno

Directora Programa de Derecho Universidad Jorge Tadeo Lozano

a grupos vulnerables o marginados. La promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos y de lucha contra la discriminación y la corrupción debe ser una prioridad en la formación legal.

Además de la formación académica, es esencial que los estudiantes tengan la oportunidad de adquirir experiencia a través de prácticas profesionales y pasantías en instituciones públicas y privadas, las cuales ya son objeto de certificación de experiencia laboral, lo que puede favorecer su inclusión en el mercado laboral. La interacción con el mundo real del ejercicio del derecho les permitirá desarrollar habilidades prácticas y hacer frente a situaciones reales, desde distintos ámbitos, que no siempre se pueden simular en el aula.

Otro aspecto importante es la actualización permanente de los abogados, teniendo en cuenta que el derecho es una disciplina en constante evolución y los cambios normativos pueden tener un impacto significativo en la sociedad y en la práctica legal. Por tanto, los abogados deben estar preparados para mantenerse informados sobre las últimas tendencias y desarrollos en el campo jurídico, tanto a nivel nacional como internacional.

En cuanto a la ética profesional, es fundamental que los abogados actúen con integridad y honestidad en todas sus actuaciones. La confianza del público en la profesión jurídica depende en gran medida del comportamiento ético de sus miembros, lo que genera una percepción colectiva. Por tanto, es necesario establecer mecanismos de control y supervisión para asegurar que los abogados cumplan con estrictos estándares éticos en su ejercicio profesional.

En relación con la perspectiva actual del ejercicio del derecho en Colombia, es innegable que la profesión ha enfrentado desafíos y críticas en diferentes momentos. Algunos casos de corrupción y malas prácticas han afectado la percepción de la sociedad sobre los abogados, como es el caso del denominado popularmente “cartel de la toga”, en el marco del cual magistrados de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, cometieron delitos de corrupción judicial en

ejercicio de sus funciones. Sin embargo, es importante destacar que estos casos totalmente reprochables no representan la profesión, por el contrario, la avergüenzan y que desde la academia, se propende por una estricta formación dirigida al ejercicio del derecho con excelencia, responsabilidad y ética en cualquiera de los campos que se ejerza.

Para mejorar el ejercicio profesional del derecho en Colombia, es esencial fortalecer los mecanismos de control y disciplina dentro de la profesión. Esto implica una mayor participación y supervisión de los colegios de abogados y las autoridades competentes en el control del ejercicio legal. Además, se deben promover campañas de concientización y sensibilización sobre la importancia de la ética en la profesión jurídica.

Como conclusión, se procede a destacar que la calidad y enfoque de la formación profesional del abogado en Colombia son aspectos clave para el fortalecimiento de una sociedad justa y equitativa. La rigurosidad académica, la ética, el compromiso social y la actualización permanente son fundamentales para que los abogados puedan enfrentar los desafíos actuales y futuros que plantea la sociedad; la formación legal debe promover una visión ética y de justicia social, así como también brindar oportunidades y generar espacios de experiencia práctica. Las facultades y programas de Derecho debemos trabajar en equipo, en atención a la misión común que compartimos en la formación de estudiantes y en la intención de consolidar una profesión fuerte y comprometida con los deberes de la profesión consagrados en la ley 1123 de 2007 por la cual se establece el código disciplinario del abogado, de lectura obligatoria y permanente tanto para estudiantes como para abogados.

Juan Carlos Botero

En el excelente estudio denominado “Ejercicio profesional del derecho en Colombia”, publicado recientemente por la Corporación, se incluye, en su numeral tercero, un muy agudo análisis del estado de la abogacía vista desde la formación académica en Colombia. Llama la atención, en particular, el hallazgo según el cual, de los 196 programas de pregrado en derecho existentes en el país, solo 46 cuentan con acreditación de alta calidad, es decir, el 23% de los mismos. ¿Qué significa dicho hallazgo? ¿Cómo se deben interpretar los números?

Por sí mismo, el hallazgo no significa nada. La interpretación depende del contexto. En muchas naciones africanas, por ejemplo, dicho hallazgo implicaría una brillante luz de esperanza.

Tomemos el caso de Liberia y Malawi, países que, al igual que muchas otras naciones

africanas, se caracterizan por la existencia de barreras extraordinariamente restrictivas al ejercicio de la profesión legal. En Malawi hay aproximadamente 300 abogados, que prestan servicios legales a una población de 15 millones de personas. Es decir, hay 2 abogados por cada 100.000 habitantes. Hace unos años tuve oportunidad de conocer personalmente a la totalidad de los jueces del país—no es algo difícil, ya que caben en un salón de clase pequeño. Les pregunté por qué había tan poquitos jueces y abogados en el país. ¿Cómo era posible, me preguntaba yo, que un numero tan reducido de operadores legales pudiera atender eficientemente las necesidades jurídicas de una población de 15 millones de habitantes? Su respuesta incluyó dos partes. Por un lado, paralelamente al sistema judicial del “Common Law”, heredado de Inglaterra, que es operado por estos jueces y abogados, existe el sistema de justicia consuetudinario, compuesto por más de 10.000 “chiefs” encargados de resolver las disputas y atender las necesidades de la inmensa mayoría de la población. Esto no es extraño a nosotros, por supuesto, salvo por la escala. Pensemos, por ejemplo, en el “palabrero” de la Guajira colombiana o en el Mamo de los Kogis de la Sierra Nevada. Pero es la segunda parte de la respuesta la que nos aporta luces para interpretar los hallazgos de la Corporación Excelencia en la Justicia. Me dijeron: “hay tan poquitos jueces y abogados porque es indispensable mantener el número reducido, para garantizar la alta calidad de los mismos”. La misma respuesta me dio el Decano de la única escuela de leyes de Liberia, cuando le pregunté por qué solo graduaban 5 abogados por año, cuando en el país era tan evidente la escasez de abogados. Me dijo: “porque es necesario restringir el acceso, para garantizar los altos estándares del common law”. En Liberia hay aproximadamente 250 abogados para una población de 4.5 millones de habitantes, es decir, 5 y medio abogados por 100.000 habitantes.

Dichas respuestas, por supuesto, son absolutamente insatisfactorias. En realidad, lo que hay en ambas naciones es un extremadamente lucrativo monopolio de la profesión legal, ejercido por unas cuantas familias que se enri-

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Pontificia Universidad Javeriana

Imagen tomada del portal web cienciasjuridicas.javeriana.edu.co

quecen sin la menor vergüenza, exprimiendo rentas del resto de la población. Conocí, por ejemplo, a un abogado graduado de la Universidad de Oxford en Inglaterra, que llevaba varios años presentando infructuosamente exámenes y entrevistas para ser admitido a la barra de abogados de Liberia. Es decir, en opinión de estos rentistas desvergonzados, un graduado de una de las mejores universidades del mundo no satisface “los altos estándares del common law”. ¡Bonita forma de robar!

En un contexto como el de Liberia y Malawi, el que se abrieran nuevas facultades de derecho, con acreditación de alta calidad o sin ella, sería una excelente noticia. Una brillante luz de esperanza. Significaría que, finalmente, alguien esta haciendo algo para poner fin a las detestables prácticas monopolísticas de la minúscula elite legal de ambas naciones.

Ese no es el caso de Colombia. Como en el precioso cuento de Borges, “Pierre Menard Autor del Quijote”, idénticas palabras en los Quijotes de Menard y Cervantes, significan cosas diametralmente diferentes. Me refiero a la segunda respuesta de los jueces de Malawi,

según la cual “hay tan poquitos jueces y abogados porque es indispensable mantener el número reducido, para garantizar la alta calidad de los mismos”.

Pues bien, de acuerdo con el ya citado estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia, en Colombia hay mas de 375.000 abogados, es decir, en lugar de 2, como en Malawi, tenemos 728 abogados por cada 100.000 habitantes. Esto compara con 104 en Francia, 199 en Alemania, o 303 en España. Es decir, en lugar de un monopolio de unas cuantas familias, tenemos una sobreproducción descontrolada de abogados, que puede generar incentivos perversos para la litigiosidad injustificada y que compromete seriamente la calidad del servicio que la profesión presta a la sociedad. En ese contexto, que solo el 23% de los programas de derecho cuenten con acreditación de alta calidad, es un hallazgo que, en lugar de representar una luz de esperanza, representa un serio motivo de preocupación.

Imagen tomada de www.freepik.es

Referencias bibliográficas

Abogado mediador. El protagonista.

1Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, experto en alta gerencia y gestión estratégica de conflictos para direcciones jurídicas del sector público y privado. Más de quince años de experiencia.

2Jefe de Gestión del Conocimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, experta en business legal, comunicación con datos y generación de modelos de machine learning para proyectos sociales y de justicia.

Reflexiones acerca de la sobrepoblación de abogados en Colombia

1Expresidente del Consejo de Estado de Colombia, y exmagistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil; Abogado - Universidad del Rosario; magíster en Economía - Universidad Nacional de Colombia; magíster en Ciencia Política y Liderazgo Democrático - IAEE, Madrid; magíster en Ética y Democracia (pendiente trabajo final)

- Universidad de Valencia; inició estudios doctorales en Cibernética Organizacional - Lincolnshire University (UK); ha sido consultor, conjuez del Contencioso-Administrativo, catedrático y litigante. Exministro de Educación; ha ocupado cargos de primer nivel en los sectores público, privado y social.

2Quevedo: Sueños y discursos (…). Editorial Doble J S.L. Sevilla, 2007.

3Gargantúa y Pantagruel. Capítulo X.

4https://cej.org.co/publicaciones/ejercicio-profesional-del-derecho-en-colombia-perspectiva-actual-e-ideas-para-su-mejoramiento/

5La CEJ toca la cuestión ética, que solo rozaré. Amerita trabajo separado. Tengo esperanzas en que la mayor matrícula femenina contemporánea contribuya en este campo.

6https://www.funcionpublica.gov.co/-/los-abogados-son-los-profesionales-que-mas-cargos-ocupan-en-el-estado-segun-el-sigep

7 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud

8 https://www.semana.com/finanzas/trabajo-y-educacion/articulo/cuales-carreras-ten -

dran-mayor-demanda-laboral-en-el-futuro-y-como-elegirlas/202325/

Ampliar la definición de corrupción: Abogados y ética profesional

1Doctor en derecho por la Universidad de los Andes y profesor de cátedra de la misma Universidad. Autor del libro “El Malestar en la Profesión Jurídica: Tensiones entre la Ética Personal y Profesional de los Abogados” (Universidad de los Andes, 2019) y coeditor del libro “Ética profesional del abogado: Debates y Tensiones” (Universidad de los Andes, 2021). Investigador del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho -CEEAD- y miembro de la junta directiva de la International Association of Legal Ethics. 2Sobre este punto ver, Anzola Rodríguez, Sergio Iván, El Malestar en la Profesión Jurídica: Tensiones entre la Ética Personal y Profesional de los Abogados, Bogotá, Universidad de losAndes, 2019. 3La profesión jurídica estadounidense fue renuente a hacerse estas preguntas de manera abierta y a responderlas. Un trabajo fundamental para que esto pasara fue el de Monroe Freedman, quien incluso fue investigado disciplinariamente por la barra solo por atreverse a formularlas abiertamente. Ver, Freedman, Monroe, Professional Responsibility of the Criminal Defense Lawyer: The Three Hardest Questions, 64 MICH. L. REV. 1469 (1966).

4Principalmente los abogados litigantes, dejando por fuera los dilemas éticos que enfrentan los abogados que trabajan como asesores o consultores y los dilemas éticos que enfrentan los abogados que trabajan para un cliente muy particular, el Estado. Ver, Leubsdorf, John, Legal Ethics Fall Apart, 57 Buff. L. Rev. 959 (2009).