EXCEJLENCIA - EDICIÓN 4

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EXCEJ CEJLENCIA LENCIA

N° 4 | Edición Mayo 2022 |

Impunidad en Colombia Una aproximación a la investigación y juzgamiento de los delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes y las mujeres Durante el año 2021, la CEJ y la organización International Justice Mission IJM - Capítulo Colombia, realizaron un trabajo investigativo, que tuvo por objeto aproximarse al conocimiento de la situación de impunidad frente a estos delitos. Conozca acá una síntesis de ese ejercicio.

Litigiosidad del Estado colombiano: Demandas activas en contra de la Nación y valor de las pretensiones Encuentre una síntesis sobre la defensa jurídica del Estado con corte a diciembre de 2021, que cerró con 309.316 demandas por un valor de $448.6 billones Contenido CEJ. Pág 34 .

En Contexto. Pág 16.

¿Eutanasia o derecho a morir dignamente?

El año pasado la Corte Constitucional amplió los escenarios en los que se puede practicar la eutanasia, la CEJ, con el propósito de contribuir al conocimiento desde diferentes puntos de vista, invitó a dos expertos para tener una visión jurídica (Pag. 4) y médica (Pag. 10) sobre un tema sensible para la sociedad.

Años

Índice

1996 - 2021

Años Director Leonardo Beltrán Rico Comité Editorial Cristian Steveen Muñoz Castro Luis Alejandro Perilla Morales Natalia de Zubiría Posada

Editorial

03 En Contexto o derecho a morir digna04 ¿Eutanasia mente? - Visión jurídica por: Juan Manuel Charry Urueña Abogado Constitucionalista

Leonardo Beltrán Rico Director Ejecutivo CEJ

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¿Eutanasia o derecho a morir dignamente? - Visión médica por: Dr. Remberto Burgos de la Espriella Médico Neurocirujano

Hernando Herrera Mercado Diseño y Arte Joe Alexander Castillo Gómez Edición: 04 Mes: Mayo Año: 2022 Versión: Digital Formato: PDF ISSN: 2745-2182 ‘‘En línea”.

Para colaboraciones y/o comentarios dirigirse a: Calle93B#13-0.Oficina401 Bogotá D.C., Colombia.

Correo Electrónico: asistente@cej.org.co El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente.

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Impunidad en Colombia - Una aproximación a la investigación y juzgamiento de los delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes y las mujeres por: Leonardo Beltrán Rico Subdirector General CEJ

Juan Carlos Cortés Cely Coordinador e investigador del proyecto

Contenidos CEJ del Estado colombiano: Demandas 34 Litigiosidad activas en contra de la Nación y valor de las pretensiones

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Editorial

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randes expectativas tiene la ciudadanía siempre existen elementos argumentativos que durante este año 2022; una de ellas tiene van más allá de lo legal o normativo. que ver con el futuro del país en materia No menos sensible también, es el tema relativo política, expectativa ésta que sin duda va de la al balance de impunidad en nuestro país frente a mano de otra no menos importante, cual es la la investigación y juzgamiento de los delitos covisión que pueda llegar a tener el futuro manda- metidos en contra de la niñez y las mujeres, y por tario de nuestro país, en los temas atinentes a la ello quisimos incorporar un breve resumen de la justicia. Algunos candidatos proponen grandes investigación adelantada por la CEJ el año inreformas al sistema, y otros prefieren plantear mediatamente anterior, para la organización IJM modificacionesmenosambiciosas;encualquiera - Capítulo Colombia. En este ejercicio de análide los casos, la Corporación seguirá cumpliendo sis e investigación se ponen en evidencia algunas con su propósito institucional de ejercer perma- brechas que actualmente tiene el sistema en torno nente seguimiento a lo que pueda acontecer al a la materia, pero también las oportunidades de respecto. mejora.

Por lo pronto, y a propósito de la sentencia C 233 de 2021, proferida por la Corte Constitucional, en esta primera edición del año 2022 la CEJ quiso recoger la visión jurídica y médica de dos expertos, frente a un tema de notable sensibilidad para la sociedad, como lo es el de la eutanasia. La utilidad de este experimento comparativo y meramente académico radica en ver que detrás de las problemáticas que aquejan a la sociedad,

Finalmente, el lector podrá encontrar en esta edición un interesante balance en torno a la actividad litigiosa del Estado. Para el efecto, el equipo de la CEJ tuvo en cuenta los datos y cifras proporcionados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en su informe del año 2021.

Como siempre, esperamos que todos estos contenidos puedan resultar de su interés y utilidad.

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Años

En Contexto

1996 - 2021

¿Eutanasia o derecho a morir dignamente?

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Visión jurídica Por: Juan Manuel Charry Urueña1 Abogado Constitucionalista

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l tema de la eutanasia, desde el punto de 3. Acciones de tutela vista jurídico, tiene como punto de partida el delito de homicidio por piedad y el derecho a morir dignamente según la jurisprudencia La Corte Constitucional ha conocido solicitudes constitucional. de tutela presentadas por personas que han solicitado el acceso a servicios de salud para terminar dignamente con su vida. En ese 1. Delito homicidio por piedad conjunto de pronunciamientos, la Corte ha venido desarrollando paulatinamente el contenido del derecho fundamental a morir dignamente, y ha Elartículo106delCódigoPenal,modificado por exhortos al Congreso de la República dictado el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, que aumentó y al Ministerio de Salud y Protección Social las penas, dice: para que el primero expida una regulación “ARTÍCULO 106. HOMICIDIO POR PIEDAD. integral del derecho, y el segundo establezca las El que matare a otro por piedad, para poner fin condiciones específicas y operativas de acce a intensos sufrimientos provenientes de lesión las prestaciones de salud necesarias para la muerte corporal o enfermedad grave e incurable, digna o, para el “bien morir”. incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.”

Se trata de un delito penal, la última razón del Estado para sancionar e impedir una determinada conducta. Nadie debe dar muerte a otro, sin importar que las motivaciones de su conducta sean por piedad, para evitar dolores y sufrimientos desproporcionados a un ser humano amado o cercano. Nótese que la norma no considera la voluntad de la víctima, que quizá pueda ser considerada como atenuante en el juzgamiento.

2. Jurisprudencia anterior

constitucional

La Corte Constitucional, en sentencia C-239 de 1997, al referirse al homicidio por piedad del anterior Código Penal (Decreto Ley 100 de 1980, artículo 326), declaró su constitucionalidad condicionada, en el sentido de que esta conducta no puede ser penalizada si es realizada por un médico, por solicitud y con el consentimiento del paciente y siempre que se encuentre en estado terminal. Además, advirtió que existe o se deduce en el texto constitucional un derecho fundamental a morir dignamente.

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Nadie debe dar muer te a otro, sin importar que las motivaciones de su conducta sean por piedad, para evitar dolores y sufrimientos desproporcionados a un ser humano amado o cercano.

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Años 1996 - 2021

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4. Derecho a muerte digna

normativo y vinculante del derecho fundamental, pues por su naturaleza ya tiene ese estatus, sí constituye una barrera para su materialización.”

La Corte Constitucional en sentencia T-544 de Destacaría el elemento consistente en que 2017, sobre el contenido del derecho a morir la legitimación para decidir hasta cuando la dignamente, recordó los siguientes elementos: existencia es compatible con la dignidad humana “(i) el carácter fundamental del derecho a la está en cabeza del titular del derecho a la vida. muerte digna y su íntima relación con la vida y con Podría decirse, como ocurre con los demás la dignidad humana; (ii) la vida es presupuesto derechos, que su disposición está en manos de su para el ejercicio de otros derechos, pero supera titular. la simple subsistencia; (iii) la legitimación para decidir hasta cuando la existencia es deseable y Jurisprudencia constitucional compatible con la dignidad humana se encuentra 5. reciente en cabeza, principalmente, del titular del derecho a la vida; (iv) obligar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale a La Corte Constitucional, en sentencia C-233 de un trato cruel e inhumano, anula su dignidad y 2021, declaró exequible el delito de homicidio por su autonomía; y (v) aunque de la regulación del piedad, en el entendido que no es delito cuando es derecho a morir dignamente no depende el valor efectuado por un médico, con el consentimiento libre e informado del paciente, siempre que padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Además, reiteró exhorto al Congreso para que avance en la protección del derecho fundamental a morir dignamente, con miras a eliminar las barreras existentes.

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A pesar de la existencia de cosa juzgada, la Corte advierte que en este caso hay dos líneas argumentativas que conducen a la reapertura del debate. De un lado, un profundo cambio en el

contexto normativo, que incluye una comprensión constitucional más profunda en torno al derecho a morir dignamente que aquella alcanzada en 1997; del otro, una evolución en el significado de los principios constitucionales relevantes.

La Corte concluye que el derecho fundamental a morir dignamente puede ejercerse de diversas maneras, entre ellas: “ (i) los cuidados paliativos, regulados por Ley 1733 de 2014, que pretenden dar manejo al dolor y el sufrimiento ante enfermedades que carecen de medidas terapéuticas y de curación efectivas; (ii) la adecuación del esfuerzo terapéutico, que consiste en suspender o limitar las medidas de soporte a la vida, cuando estas pueden llevar a mayor sufrimiento al paciente (actuación conocida como distanasia) y (iii) las prestaciones específicas para morir, usualmente conocidas como formas de eutanasia, que están sometidas a las condiciones de justificación del homicidio por piedad.”

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muerte digna.

Si bien la Corte Constitucional ha hecho un importante aporte en esta materia, la vía utilizada de condicionar la constitucionalidad de las normas penales y después relativizar la cosa juzgada, para nuevas condiciones, con argumentos criticables como los cambios en el contexto normativo y la evolución de los principios constitucionales, -como lo hizo similarmente en el caso del aborto-, constituyen desbordamiento de sus competencias, inseguridad jurídica e invasión de la órbita legislativa, de forma que restan méritos al aporte jurisprudencial.

En síntesis, no se trata de condicionar o exceptuar el delito, sino de desarrollar el derecho fundamental a la muerte digna.

Ahora bien, la Corte deja claro que el consentimiento puede ser expresado por niños de 12 a 18 años y excepcionalmente entre 6 y 12 años; además, que es válido el consentimiento sustituto, siempre que permitan inferir la mejor condición del paciente y la posición que expresaría si estuviera consciente para hacerlo.

6. Comentario 6.1. Delito vs derecho En mi opinión, el asunto de la eutanasia debería estudiarse con independencia de la existencia de los delitos de homicidio por piedad o ayuda al suicidio. En su lugar, se debería abordar desde la dignidad humana, la calidad del derecho a la vida, el derecho a la salud, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de la voluntad, que en su conjunto permiten concebir el derecho a una

La vía adecuada hubiera sido el reconocimiento del derecho a morir dignamente, en virtud de lo previsto en el artículo 94 de la Constitución Política y su protección mediante la acción de tutela.

En síntesis, no se trata de condicionar o exceptuar el delito, sino de desarrollar el derecho fundamental a la muerte digna.

6.2. Ausencia Congreso

del

En distintas oportunidades, incluso en la reciente sentencia C-233 de 2021, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para regular el derecho a morir dignamente, sin que se haya expedido la correspondiente ley.

Una posible explicación, sería el régimen presidencial y su influencia en el legislativ lo coloca al servicio de las agendas de gobierno, sin que el Congreso como ámbito democrático por excelencia pueda ocuparse de aspectos civiles y sociales, que se están transformando vertiginosamente.

Lamentablemente, los avances en estos temas se han dado por sentencia judicial, como si se tratara de asuntos que se ganan en los estrados judiciales a costa de sectores derrotados que tienen que acatar las nuevas decisiones, sumando así a las fracturas sociales de triunfadores y vencidos. Se

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trata de debates democráticos que ilustren las situaciones,Años que permitan arribar a consensos, que se entiendan los cambios y sus necesarios tránsitos sin desconocer los valores que imperaron en otras épocas.

Se impone que las fuerzas políticas debatan en el Congreso el derecho a una muerte digna.

6.3. Conclusión Esta decisión de la Corte Constitucional, junto con otras relativas al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la adopción por parte de éstas, al cambio de sexo y a otras referidas al libre desarrollo de la personalidad, están relacionadas con los profundos cambios sociales en otras latitudes causados por la revolución informática y digital, la ausencia de unas regulaciones legales que nuestro Congreso no ha podido expedir, y una larga tendencia estatal que abandona su vínculo con la religión y el cuidado espiritual, para ocuparse de cuidado de la salud y la disposición del propio cuerpo. “Transitamos del Estado Teológico al Estado del Bienestar”.

Sirven de contexto a las decisiones de la Corte Constitucional, como lo he expresado anteriormente,lasreflexionesdeJacquesBazu su libro Del Amanecer a la Decadencia, quinientos años de vida cultural en occidente. Es un hecho que el Estado del Bienestar no puede evitar convertirse en un Estado judicial, donde asoma el llamado gobierno de los jueces. Los costos monetarios de este tipo de Estado son enormes, por lo cual es inevitable imponer impuestos elevados, el malgasto y corrupción. El deber de bienestar distorsionó la democracia política.

Los líderes tienen que andar en la cuerda flo de las coaliciones. La calidad de las leyes baja, pues se deben expedir por montones. Los grupos de interés económico proporcionan millones a candidatos opuestos. Las campañas políticas se distraen en ataques sobre la personalidad de los candidatos. Los deportes son el último refugio del patriotismo. La prensa ha abandonado la idea de imparcialidad. Lo que el mundo entero quiere no es libertad, sino emancipación y diversión.

Occidente presume de haber desarrollado las ideas de pluralismo y relativismo.

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En Contexto

1996 - 2021

¿Eutanasia o derecho a morir dignamente?

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Visión médica Por: Dr. Remberto Burgos de la Espriella1 Médico Neurocirujano

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n 1997 se despenalizó la eutanasia en Colombia, con lo que el nuestro se convirtió en el primer país latinoamericano en sumarse al grupo de apenas siete naciones del planeta en legalizarla.

provisión de este servicio (tanto para los pacientes como para las instituciones prestadoras), elaboradas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Aparecieron entonces nuevos actores en la reglaFue la Corte Constitucional la quementación, puso fin a las como el Comité Científico- Interdis dudas sobre el sustento jurídico de la decisión, plinario (un segundo evaluador), al cual integran especialmente de un ciudadano que un año atrás un médico de la misma especialidad de la enferhabía demandado el Código Penal en su artícu- medad del paciente, un abogado y un psiquiatra lo 325 (expedido en 1980), por considerar laxo el o un psicólogo. La Ley 20 de 2015 se convirtió castigo a quienes ayudaran al paciente a terminar en un marco reglamentario para el itinerario de con su vida. la eutanasia. (Resolución 1216 del Ministerio de En esa sentencia (C-239) y en otras posteriores (de Protección Social). Esta fue derogada por la Ley 2014 y 2021), no obstante, los magistrados han 971 de Julio del 2021. dejado claro que es posible conseguir el “permiso Es obvio que la Corte Constitucional ha basado sin castigo” para quienes practiquen la eutanasia, sus fallos en los principios constitucionales de siempre que se cumplan cuatro características de- dignidad humana, respeto por la autonomía y sofinidas, que se resumen así: i) consentimiento - lidaridad; ha lientendido la corporación que el mabre, inequívoco e informado (de acuerdo con las nejo de dolor, los cuidados paliativos y el acomposibilidades de cada paciente); ii) ser diagnosti- pañamiento en el sufrimiento habían cumplido su cado con una enfermedad terminal con un pronós- ciclo, y ya no eran efectivos.Yes que la - dignifi tico fatal próximo (por lo general de seis meses); cación de la muerte es un derecho fundamental, padecer una lesión corporal o enfermedad grave autónomo y separado del derecho a la vida. e incurable (Sentencia 233 del 2021); y iv) con- Vale decir aquí que no debe interpretarse que mosiderar que el sufrimiento es incompatible con la rir dignamente es igual a eutanasia. La eutanasia idea de vida digna, y que sea un profesional de la es uno de los tres mecanismos para ejercer el deremedicina quien realice el procedimiento. cho de morir dignamente: los otros, cuidados paLa Corte fue temeraria y reafirmó el derecho liativos y el de desistimiento o la adecuación de tratalos ciudadanos a solicitar la eutanasia al sistema mientos (que algunos llaman “eutanasia pasiva”). de salud, todo lo cual terminó en guías para la El esfuerzo médico debe guardar el equilibrio,

“

El esfuerzo médico debe guardar el equilibrio, para no caer en el encarnizamiento terapéutico. Un término repelente, que prefieromejordescribircomoobstina o ceguera en el tratamiento.

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para no caer en el encarnizamiento terapéutico.

Un término repelente, que prefiero -mejor descri Años bir como obstinación o ceguera en el tratamiento.

Por otra parte, el balance en la información es fundamental para orientar a la opinión pública. Tengo gratitud con los medios de comunicación cuando, con responsabilidad, ilustran sobre las enfermedades. Son los divulgadores del conocimiento, actualizan el estado de las investigaciones y hacia dónde se dirigen los esfuerzos terapéuticos. Esa es la vía para obtener recursos posibilitadores de avances médicos. Y si a esto se suma el hacer visibles ciertos casos individuales de padecimiento de enfermedades, es posible sensibilizar a la sociedad para que presione a las autoridades competentes a redactar normas, hacer leyes y reglamentar los temas.

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La eutanasia es algo interno, familiar, sa Lo que no puede aceptarse es la información morgrado. No debe tratar bosa y cruel para aumentar audiencia y rating. No se trata de un partido de la eliminatoria para Qatar se como si fuera una 2022. La eutanasia es algo interno, familiar, sagrado. No debe tratarse como si fuera una “chi“chiva”. Hay que ser va”. Hay que ser respetuosos con la intimidad del paciente, esa persona que sufre la tragedia de la respetuosos con la inmuerte próxima. Esto va contra el deber ser de la eutanasia: la dignificación de la muerte. ¡Golazo timidad del paciente, a la ética! esa persona que sufre “Hoy me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la Tierra”, dijo el 4 de julio de 1939 la tragedia de la muer Lou Gehrig, al tiempo que se despedía de sus seguidores en el Yankee Stadium. Dejaba atrás una te próxima. brillante carrera como beisbolista profesional del único equipo con el cual había jugado: los afamados Yankees de Nueva York. Se había iniciado en las Grandes Ligas del béisbol profesional en 1923. Se destacó como un jugador zurdo en la primera base y sus carreras impulsadas, hits y home runs le valieron el epónimo de: “el caballo de hierro”. Ganó varios títulos mundiales con el alegórico equipo, y fue reconocido como el jugador más valioso de la serie mundial. En 1934 logró la triple corona: primer lugar en bateo (0,363), carreras impulsadas (165) y cuadrangulares (49).

Además, bateó su home run número 300 y llegó a su juego consecutivo número 1.500.

Gehrig, Babe Ruth y DiMaggio fueron los - artífi ces de la gloria de los Yankees del siglo pasado.

Lograron para su equipo cuatro títulos mundiales consecutivos. Ingresó Gehrig al Salón de la Fama

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y su uniforme con el emblemático dorso marcado con el número 4 fue retirado de las Grandes Ligas.

La misteriosa fatiga y el cansancio en las piernas que le impedían correr, fueron sus primeros síntomas. La torpeza de quien fuera el brillante inicialista le obligó a retirarse, y en la Clínica Mayo, en 1939, escuchó el diagnóstico médico: padecía de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y solo l quedarían tres años de vida. Pero el destino le permitió apenas dos más, y falleció en 1941 a los 38 años de edad.

Una de las respuestas más complicadas en el ejercicio de la medicina es la que responde a la del paciente: ¿cuánto tiempo me queda, Doctor?

La historia natural de la enfermedad es todo un rompecabezas. Tiene dos etapas plenamente identificadas: la prepatogénica o de génesis, y la d periodo patogénico o evolución. Son tantos los factores que intervienen en el pronóstico, que resulta casi imposible responder con precisión. Se conocen como la triada epidemiológica los factores determinantes. Si se ve únicamente al individuo o huésped, se encuentra: estructura genética, edad, sexo, raza, estado nutricional, estrés, sistema inmunológico, etc.

En enfermedades de motoneurona (ELA es la típica) es muy difícil adelantar pronóstico. Las neuronasmotorasseclasificanendos:la - superio tuada en la corteza cerebral en las áreas señaladas comoy4 y6, lainferior,identificadaenlamédula espinal en una estructura conocida como la asta anterior. La ELA es la muerte progresiva de las motoneuronas, superior e inferior, que evoluciona de la debilidad a la parálisis. En un principio se afectan las extremidades superiores e inferiores.

Luego aparecen dificultades para tragar, hab alimentarse. Es común que el paciente cuente que siente “culebritas en la piel” que le saltan. Son las fasciculaciones en brazos y piernas, y que se ven en la lengua.

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Por desgracia no hay tratamiento para la ELA. Los programas de rehabilitación son clave para que el paciente no se desacondicione y para evitar las deformidades. La nutrición apropiada es una gran compañía. Hay una medicina que lentifica en al gunos casos la progresión de la enfermedad, pero su uso no está avalado en la evidencia médica.

(Grupo Cochrane de Enfermedades Neuromusculares). Dos o tres meses adicionales con el uso

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de esta medicina (Riluzol) es lo comprobado. Las investigaciones han tenido un gran impulso con la Años “campaña del balde de agua helada” y deben seguir obteniéndolo. Aunque se describe como una enfermedad degenerativa, motora por excelencia, un reducido grupo de pacientes relata frío como hielo en las extremidades.

Le profeso profundo respeto a las personas con ELA(esclerosis lateral amiotrófica)-, más conoci da como enfermedad de Lou Gehring, ese progresivo mal del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, y provoca la pérdida del control muscular. Recibo como un baldado de agua fría la comercialización de su sufrimiento y pena. Quizás las peticiones de la señora Martha para esta nación fueron que la dejaran tomar su decisión en la intimidad de su hogar, que hubiera consenso entre los entes involucrados, y que por fin se diera vida a una Ley Marco que recoja tantas resoluciones y guíe el camino de forma tal, que sea imposible distorsionar el proceder de las entidades involucradas en casos como el suyo.

Los grandes perdedores de los limbos jurídicos (¿desde cuándo tiene legalidad la Sentencia 233?) es el ser humano que sufre una enfermedad incurable, la familia que lo acompaña y los colombianos que giran con tortícolis por el péndulo de la opinión. ¿No existe un punto de consenso? Víctor (EPOC) y Martha (ELA), los dos colombianos que decidieron por la eutanasia sin ser enfermos terminalesdejaronunepitafio:la-necesidaddere gular y dar claridad a esta inseguridad jurídica. Un congreso responsable debe reglamentarlo en este periodo. Los señores parlamentarios deben comprometerse con esta urgencia manifiesta de los colombianos. No podemos seguir en esta incertidumbre y como ciudadanos exigirles a nuestros parlamentarios compromiso social de hechos.

Diptongo: “La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios”, profetizó Hawkins. Y la salud, finalmente, ¿qué es? La actitud - de acomo darse al entorno. Sin olvidar nunca, que lo más importante para lograrlo, es la valentía.

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En Contexto

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Impunidad en Colombia Años

Una aproximación a la investigación y juzgamiento de los delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes y las mujeres Por: Leonardo Beltrán Rico Subdirector General CEJ Juan Carlos Cortés Cely1 Coordinador e investigador del proyecto

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1. Impunidad en Colombia - Aproximación a las cifras reportadas en el IGI - 2020

que, como veremos más adelante, quienes se han ocupado de evaluar y comparar el comportamiento del país en asuntos relativos al funcionamiento de nuestro sistema de seguridad y justicia, sigan hablando de “impunidad estadística”, para referirurante el año 2021, la Corporación Exce- se precisamente a un fenómeno global según el lencia en la Justicia – CEJ y la organiza- cual resulta materialmente imposible tener acceso ción International Justice Mission, IJM – a datos e información utilizables de tipo cuantiCapítulo Colombia, suscribieron una alianza que tativo, por cuanto que: i) las entidades llamadas tuvo como propósito principal unir capacidades a proporcionarlos carecen de ellos; ii) las entidainstitucionales, logísticas y técnicas, en orden a des no cuentan con mecanismos para recaudarlos realizar un estudio e indagación que permitiera y consolidarlos de forma adecuada,-o, finalmen te, iii) las entidades los recolectan de form identificarlasposiblesdebilidades, necesidades y ciente, y con limitaciones para la comparabilidad, brechas existentes, en torno a la labor de investigación y juzgamiento de los delitos cometidos en siendo este último, el caso de Colombia. nuestro país, en contra de la niñez y las mujeres.

Este tipo de dificultad, como es apenas compre Como es apenas obvio, el ejercicio en sí mismo sible, representa la primera gran barrera a la que deben enfrentarse supusoafrontarlasdificultades-propias deunsisla ciudadanía e instituciones como las nuestras, de cara a la necesidad de comtema de seguridad y justicia que, a pesar de esprender fenómenos como los que fueron objeto de fuerzos institucionales ejecutados de forma aislada, aún sigue padeciendo de un problema bastante este importante proyecto investigativo; en particusingular: la falta de publicidad de la información lar,elatinentealaidentificacióndelosínd que se produce por las entidades que forman parte impunidad frente a la investigación y juzgamiento de dicho sistema, y que, en tal contexto funcional, de los delitos que se cometen en nuestro país, en deben adelantar o surtir algún trámite dentro del contra de la niñez y las mujeres. mismo.

Pero, entonces, ¿qué debe entenderse por En ese orden de ideas, puede decirse que nuestro impunidad, y cómo medirla respecto a hechos país aún no logra ponerse a tono con ese modelo delictivos que afectan a esos dos tipos de población de justicia abierta que en otras latitudes del mundo en nuestro país, esto es, la niñez y las mujeres? ha ido avanzando de forma vertiginosa, y de allí Lo primero que habría que decir es que el concepto de “impunidad”, en países como el nuestro, suele asociarse de forma directa (y generalizada) a eventos y situaciones concretas en las cuales la capacidad institucional del Estado, pareciera resultar insuficiente a la hora de aten resolver problemáticas concretas, asignadas legal y constitucionalmente a aquel; por regla general, el concepto aludido (esto es, el de impunidad) se vincula a instituciones que hacen parte de los sistemas de seguridad y justicia, y en especial a aquellas que funcionalmente tienen algún tipo de incidencia en los asuntos de naturaleza penal, o, lo que sería lo mismo, a aquellas que hacen parte del segmento que se ocupa de atender los fenómenos delictuales.

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nuestro país aún no lo gra ponerse a tono con ese modelo de justicia abierta que en otras -la titudes del mundo ha ido avanzando de for ma vertiginosa.

De esta manera, en un país como Colombia, la impunidad se encuentra representada en indicadores tales como que, por ejemplo, un importante número de personas sean arrestadas

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Años 1996 - 2021

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en varias ocasiones – o sean reincidentes-, sin que determinan la forma como aquel puede enfrentarse a procesos y/o sanciones penales por medirse, no sólo a nivel mundial, sino, también, esos hechos; esto, en el ámbito técnico investigativo, en el ámbito nacional y local (subnacional); como es conocido como impunidad penal, impunidad se sabe, el ejercicio en mención dio lugar a la indirecta, o impunidad social, conceptos que creación de un indicador global en esta materia, atañen,porunlado,alaidentificaciónque ymedición se conoce con el nombre de Índice Global de de variables que permiten cuantificar Impunidad los delitos (IGI). que llegan al sistema penal, versus los que son Para sintetizar el importante trabajo analítico y resueltos de forma satisfactoria por las autoridades exploratorio realizado por la Universidad de las competentes, y, por el otro, a la cantidad de delitos Américas de Puebla, baste mencionar lo siguiente: que no llegan al sistema penal y se quedan sin resolver.

El objetivo principal del IGI es visibilizar Ahora bien, a pesar de que este enfoque de cuantitativamente el problema global de la medición brinda valiosos elementos de juicio impunidad, y su relación con otros fenómenos para aproximarse a la problemática, lo cierto es (de no menor complejidad) como la desigualdad, que un fenómeno como el descrito comporta la la corrupción y la violencia. necesidad de comprender otro tipo de factores y variables, que no necesariamente están asociados al funcionamiento del sistema penal en sí mismo El IGI toma como punto de partida el concepto considerado; se alude entonces a la necesidad de de impunidad desarrollado en 2005 por la examinar variables exógenas a la mera dimensión Comisión de Derechos Humanos de las legal (penal), para así contemplar también Naciones Unidas (CDHNU); en el contexto factores sociales, culturales y económicos, e, antes descrito, la impunidad se entiende como: incluso, aspectos tales como el comportamiento institucional frente a la defensa de los derechos humanos. «[...] la inexistencia de hecho o de derecho, En este último sentido, cabe traer a colación de responsabilidad penal por parte de la importantísima labor investigativa realizada los autores de violaciones, así como de desde el año 2015 por parte del Centro de responsabilidad civil, administrativa Estudios sobre Impunidad y Justicia (CEIJ), de o disciplinaria, porque escapan a toda la Universidad de las Américas Puebla, la cual ha investigación con miras a su inculpación, venido a consolidarse como referente necesario detención, procesamiento y, en caso de ser para entender el fenómeno de impunidad en el reconocidos culpables, condena a penas mundo, y para comprender las distintas variables

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apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas» (ONU, Joinet, 1997).

El IGI utiliza una metodología cuantitativa que se enfoca en medir la estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos en cada país.

En el entendido que la impunidad es multidimensional, y, por ende, va más allá de la medición de los delitos, el IGI mide la impunidad a partir de las siguientes dimensiones: Dimensión Funcional: Mide el desempeño real de las instituciones que hacen parte del sistema de seguridad y de justicia, independientemente de su marco normativo; en ese sentido, habla de los “resultados sociales” que arroja su funcionamiento (el de las instituciones).

Dimensión Estructural: Mide la capacidad instalada con la que cuentan los países (Estado) para procurar o impartir justicia, acorde a las reglas propias del proceso. Aquí se incluyen indicadores de los recursos físicos, jurídicos y humanos con los que cuentan los Estados,talescomo:polícias,fiscales,juec magistrados, legislación anticorrupción y transparencia, infraestructura penitenciaria y presupuesto asignado y ejercido en el sistema de justicia.

Algunos de los indicadores utilizados para cubrir dicha dimensión son: i) cantidad de policías por cada 100 mil habitantes; ii) cantidad de reclusos entre el total de la población; iii) personal asignado para la atenciòn del sistema carcelario; iv) cantidad de jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes; etc.

Dimensión de Derechos Humanos: Visibiliza la manera como cada país asume la defensa de los derechos humanos.

El rango de medición se mantiene del cero al Algunos de los indicadores utilizados para cien, donde cero significa impunidad nula y cubrir dicha dimensión son: i) cantidad de cien denota imputados versus número de fiscales; ii) el máximo nivel de impunidad que puede alcanzarse en el periodo de referencia. cantidad de encarcelados sin sentencia; iii) cantidad de detenidos o encarcelados, versus cantidad de condenados; etc.

Imagen tomada de www.pixabay.com

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19

Años 1996 - 2021

El último reporte de IGI se publicó en el año 2020; dicho reporte recogió y consolidó la Años información disponible de los años 2018 y 2019, correspondiente a 69 naciones del mundo, incluida Colombia.

en los que se asientan las cinco ciudades objeto del estudio realizado por la CEJ e IJM, exhiben impunidad muy alta en el caso de Norte de Santander (Cúcuta), alta, en los casos de Bolívar (Cartagena) y Valle del Cauca (Cali), y media en Antioquia (Medellín) y Bogotá. De las cinco zonas en estudio, esta última es la ciudad de Según el reporte antes mencionado, esto es, el menor impunidad.

IGI-2020, nuestro país - en comparación con los demás países que participaron de la muestra - se ubica en un rango de impunidad media, 2. Hallazgos del Estudio CEJ – IJM con 46,88 puntos; cabe decir que el índice más en relación con la ruta de juzgamienbajo de impunidad se encuentra en Eslovenia to (20,26 puntos), mientras que el índice más alto En el estudio se parte de reconocer que la simple se encuentra en Tailandia (62,82 puntos). Por lo relación entre las sentencias y el total de los que respecta a América, Costa Rica es el país delitoscometidosnoessuficienteparadet que presenta el nivel más bajo de impunidad la magnitud y alcance de la impunidad, por lo (39,5 puntos), y Honduras el más alto (68 que se concentraron los esfuerzos en decantar la puntos). ruta dispuesta institucionalmente para atender las

causas penales que acceden al circuito judicial, teniendo en cuenta, además, que los intervinientes en la atención y juzgamiento son distintos para mujeres y para la infancia. A partir de esa identificación se analizaron los datos disp con la intención de establecer las posibles opciones de impunidad desde el punto de vista procesal.

Finalmente, el reporte deja ver una leve mejoría en los índices de impunidad que se presentan en nuestro país, al indicar que se ascendió del puesto 61 al 492; con todo, también se concluye que en Colombia continúan presentándose graves violaciones en contra de migrantes y refugiados, así como también que los acuerdos De manera particular se analizaron las tendencias de paz con las FARC-EP no conllevaron, perse, a una disminución en el factor de impunidad que se presenta.

Como se puede apreciar entonces, las mediciones realizadas como parte del trabajo investigativo desarrollado en el contexto del IGI-2020, dan cuenta de que nuestro país aún presenta un índice de impunidad poco deseable; a lo anterior habría que agregar que ese índice de impunidad se presenta, en gran parte, por cuenta de que en el país sigue prevaleciendo el fenómeno de impunidad estadística (falta de transparencia de las instituciones de seguridad y justicia en la publicación de las cifras e información), y, adicionalmente, existe una alta inequidad en la distribución de la capacidad y personal en los territorios (departamentos). A propósito de esto último, los resultados permitieron evidenciar que el departamento con mayor impunidad es Sucre, mientras que en el Tolima se exhiben las menores tasas de impunidad. Entre tanto, en aquellos

20

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“

Según el reporte antes mencionado, esto es, el IGI-2020, nuestro país en comparación con los demás países que participaron de la muestra se ubica en un rango de impunidad media, con 46,88 puntos

situaciones de amenaza o vulneración de derechos en contra de los niños, niñas y adolescentes3. En términos del comportamiento de las cifras en las cinco ciudades objeto de estudio, se pudo evidenciar que de los 198.879 casos atendidos en el quinquenio 2016-2020, Bogotá acumuló el 69,0% y le siguió Medellín con el 13.3% y esas mismas ciudades consolidan el 86% de los reportes relacionados con el delito de violencia sexual. La prevalencia, como puede verse en el cuadro No. 1, es relativamente estructural en el caso de los reportes sobre violencia física, psicológica y/o negligencia4 (76,2%) tres cada cuatro casos; seguida por los delitos de violencia sexual (18,1%), por lo menos un caso de cada cinco. Ver cuadro No. 1

Imagen tomada de www.freepik.es/

El cuadro muestra que tan solo un 64,8% del total de solicitudes de restablecimiento fue remitida a las Defensorías de familia, mientras que el resto, que corresponde al 35,2% o fue atendido directamente por las comisarías de familia5 o fueron desestimados. Del total de las allegadas a los defensores, solo un 23,5% (30.520) alcanzaron la etapa de apertura del proceso administrativo, lo que indica que solamente el 15,3% de todas las solicitudes del cuatrienio, llegaron a esta instancia, o lo que es lo mismo; un 84,7% de todas las solicitudes conforman un universo con potencial de impunidad social, aunque no se puede ser concluyente pues no pudieron consultarse datos consolidados de la atención en las Comisarias de Familia.

sobre algunas variables que se consideraron como relevantes para determinar alguna dimensión de la impunidad en relación con los delitos cometidos contra las mujeres, por estar directamente relacionadas con la Violencia contra la Mujer (VCM): Homicidio común, Lesiones personales, Delitos Sexuales, Violencia Intrafamiliar, y Homicidios, por lo que se consolidó información relativamente comparable de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y de los despachos judiciales de la especialidad penal, y de manera transversal del Instituto Nacional de Medicina Con respecto a los pedidos de protección por Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), por su alimentos, se pudo establecer que en el periodo papel importante en el proceso de estructuración de 2016 a 2020, en las ciudades de Bogotá D.C., de los delitos investigados y judicializados, y que Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín se presentaron 27.921 solicitudes,ade las que solamente 1.343 seconstituyeenlafuenteoficialdelpaís respecto la producción de datos estadísticos sobre violencia (4,8%) se encontraron activas a finales de 20; cabe decir que no fue posible determinar si los sexual. demás pedidos fueron resueltos de forma favorable para los peticionarios, lo que de entrada deja Instituto Colombiano de Bienestar abierto el debate sobre sí el principal castigo para los padres que no responden por la manutención Familiar de sus hijos debe ser la cárcel, pues encierra una fuerte contradicción, ya que los menores, a El ICBF tiene habilitada una Ruta de atención, para pesar de la sanción de sus progenitores, siguen lo cual el Instituto ha dispuesto diversos canales sin percibir el beneficio por el que se hicie y medios de atención a la ciudadanía, ante los las reclamaciones, con independencia de que los cuales cualquier ciudadano puede comunicar las padres cumplan penas.

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21

Años 1996 - 2021

Policía Nacional Años

No obstante que la Policía dispone de información detallada para muchos tipos de delitos penales, la investigación se centró en el análisis de las tendencias sobre algunas variables consideradas como relevantes para determinar alguna dimensión de la impunidad en relación con los

de las que el 46.2% fueron mujeres. De la información de la Policía Nacional se resalta el caso de Medellín, donde el número de casos de lesiones contra las mujeres es mayor que el de los hombres. No obstante, las diferencias en número de casos no son tan distantes entre hombres y mujeres en las demás capitales. Ver cuadro No. 3

Cuadro No 1. Ruta de atención de casos por solicitudes de restablecimiento de derechos en el periodo 2016-2020 Peticiones por tipo de infracción

Solicitudes de restablecimiento de derechos

Remisión a defensorías de familia

Apertura de procesos administrativos

Violencia sexual

36.037

36.036

14.112

Violencia física, psicológica y/o negligencia

151.447

88.878

15.404

Situación de trabajo infantil

10.065

2.678

621

Explotación sexual comercial

1.191

1.191

342

Trata de niños, niñas y adolescentes

139

97

41

TOTAL

198.879

128.880

30.520 Fuente: ICBF. Elaboración CEJ.

delitos cometidos contra las mujeres, por estar directamente relacionadas con la Violencia contra la Mujer (VCM): Homicidio común, Lesiones personales, Delitos sexuales, violencia intrafamiliar, y la trata de personas.

Al revisar los registros del Sistema Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional -SIEDCO-, se pudo establecer que en el periodo 2016-2020 se atendieron 16.338 casos por homicidio en las cinco ciudades objeto del análisis6, con un promedio de 3.267 homicidios por año. En ese mismo periodo, el 7,9% de todos los casos por homicidio en esas ciudades correspondieron a mujeres, con el detalle anual.

Ver cuadro No. 2 En esas mismas ciudades, la Policía Nacional atendió 195.375 víctimas de lesiones personales,

22

La principal incidencia por grupos de edad, en este tipo de violencia, se da entre adultos en todas las ciudades, con una marcada inclinación hacia los hombres, aunque en el caso de Medellín es relativamente equiparable entre hombres y mujeres. Ver cuadro No. 4 Con respecto a los delitos sexuales, en las mismas ciudades y para el mismo quinquenio, la policía nacional de Colombia recibió 46.693 denuncias, de las cuales el 84,6% (39.490) corresponden a hechos en contra de mujeres y un 15,4% a hombres. El 51,1% de los delitos relacionados con este tipo de violencia contra la mujer fueron denunciados en Bogotá, un 21,4% en Medellín, en Cali se denunció un 17.2%, mientras que en Cartagena se denunció un 6.1% y en Cúcuta, tan solo el 4.1%. Del cuadro No 5 puede concluirse

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que el 37,7% de estos delitos se cometen contra en relaciones de poder desiguales que se viven niñas, un 34,9% contra mujeres adultas y el 27,4% al interior de los hogares, generando un impacto contra mujeres adolescentes. Ver cuadro No. 5 individual en las víctimas, pero también en la reproducción de comportamientos cuando niños y niñas son testigos de la violencia o víctimas. Ver Para el mismo grupo de ciudades, entre 2016- cuadro No. 6 2020, la Policía atendió 251.574 denuncias por violencia intrafamiliar, las cuales se registraron en un 65.6% en Bogotá, seguida de Medellín Finalmente, también fue posible determinar que (16.8%) y Cali (10.3%). Los casos denunciados entre 2016 y 2020 se atendieron 291 casos por en un 77.0% afectaron a mujeres y el 23% a trata de personas en su mayoría contra mujeres: hombres, lo cual reafirma planteamientos 220. Ver cuadro en No. 7 relación con la estructura machista que persiste en el país, donde las mujeres se ven sometidas a condiciones de vulneración de su integridad, Cuadro No 2. Casos de homicidios según sexo 2016 – 2020 Municipios

Femenino

Masculino

Total

2016

269

3.292

3.561

2017

300

3.136

3.436

2018

247

3.011

3.258

2019

229

2.901

3.130

2020

243

2.710

2.953

TOTAL

1.288

15.050

16.338

Fuente: Policía Nacional (2021) SIEDCO. Cálculos CEJ.

Cuadro No 3. Lesiones personales por ciudad y Sexo, 2016 – 2020 Ciudades

Femenino

Masculino

No informa

Total

Bogotá D.C.

51.406

60.425

21

111.852

Cali

14.674

19.268

ND

33.942

Medellín

14.156

13.798

ND

27.954

Cartagena

6.110

7.204

ND

13.314

Cúcuta

3.855

4.457

1

8.313

TOTAL

90.201

105.152

22

195.375

Fuente: Policía Nacional (2021) SIEDCO, Cálculos CEJ

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23

Años 1996 - 2021

Fiscalía General de la Nación Años

Los datos aportados por la Fiscalía General de la Nación para realizar el estudio dan cuenta de 370.096, casos en los que por lo menos una de las víctimas es mujer. El cuadro 8 muestra que a nivel agregado el 53,2% de las causas corresponde a hurto (196.832), un 19,6% a violencia intrafamiliar y un 8,8% a lesiones personales. Otros delitos, entre los que se incluyen la violencia sexual, los

feminicidios, la trata de personas y otros hechos fatales contra las mujeres, suman entre juntos un 18,4% de las causas. Ver cuadro No. 8 Una vez conocidas las denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, los presuntos autores de los hechos se consideran indiciados y sobre ellos se concentran todas las diligencias de investigación. A partir de la información disponible fue posible decantar los casos de personas

Cuadro No 4. Número de casos de lesiones personas por edad y sexo en cinco ciudades, 2016 – 2020 Ciudades

Femenino

Masculino

No informa

Total

Bogotá D.C.

51.406

60.425

21

111.852

Adolescentes

5.063

3.971

9.034

Adultos

45.512

55.569

101.081

Menores de edad

831

885

1.716

No informa

24

21

21

Cali

14.674

19.268

33.942

Adolescentes

1.024

1.662

2.686

Adultos

13.431

17.320

30.751

Menores de edad

219

286

505

Medellín

14.156

13.798

27.954

Adolescentes

1.250

831

2.081

Adultos

12.712

12.683

25.395

Menores de edad

194

284

478

Cartagena

6.110

7.204

13.314

Adolescentes

361

504

865

Adultos

5.662

6.558

12.220

Menores de edad

87

142

229

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Cúcuta

3.855

4.457

1

Adolescentes

252

306

558

Adultos

3.551

4.070

7.621

Menores de edad

52

81

133

No informa

8.313

1

TOTAL

90.201

105.152

22

1 195.375

Fuente: Policía Nacional (2021) SIEDCO. Cálculos CEJ.

indiciadas en los que hubiera por lo menos una víctima de género femenino, aunque solo para los delitos de homicidio doloso y feminicidios, y se pudo establecer que por lo menos en la violencia por feminicidio siempre hay más de un indiciado por cada caso.

consideran como sindicados o imputados, por un acto de procedimiento que emiten las autoridades encargadas de la persecución penal conforme lo establece el Código de la especialidad. Para el periodo de estudio, su número llegó a 29.724, que sirven para estimar que hay en promedio un Antes de la apertura formal del juicio, los imputado por cada 13 casos, pero con diferencias presuntos autores de los hechos punibles se marcadas según la tipología de los delitos: 1 por Cuadro No 5. Delitos sexuales contra mujeres según grupos etarios, 2016 y 2020 Ciudades

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Bogotá D.C.

2.834

3.450

4.474

5.268

4.104

20.130

Adolescentes

776

900

1.141

1.421

905

5.143

Adultos

1.029

1.242

1.863

1.962

2.072

8.168

Menores de edad

1.029

1.308

1.470

1.885

1.127

6.819

Cali

1.126

1.268

1.616

1.719

1.146

6.875

Adolescentes

356

403

524

571

389

2.243

Adultos

250

278

323

362

323

1.536

Menores de edad

520

587

769

786

434

3.096

Cartagena

297

379

583

686

508

2.453

Adolescentes

38

94

101

105

150

488

Adultos

203

151

369

495

208

1.426

Menores de edad

56

134

113

86

150

539

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25

Años 1996 - 2021

Cúcuta

Años

291

277

346

357

320

1.591

Adolescentes

98

78

121

128

96

521

Adultos

56

65

73

56

122

372

Menores de edad

137

134

152

173

102

698

Medellín

1.130

1.432

1.877

2.102

1.900

8.441

Adolescentes

341

365

493

673

557

2.429

Adultos

290

356

534

482

634

2.296

Menores de edad

499

711

850

947

709

3.716

Total

5.678

6.806

8.896

10.132

7.978

39.490

Fuente: Policía Nacional (2021) SIEDCO, Cálculos CEJ

cada 60 casos de lesiones personales, 1 por cada el proceso o es desestimada su participación, pero 22 casos de hurto y 1 por cada 7 casos de violencia las cifras no son concluyentes, en ninguno de los intrafamiliar. Ver cuadro No. 9 dos sentidos.

A partir de la comparación de las cifras entre indiciados e imputados se pudo concluir que mientras avanza la investigación previa a la formulación de acusaciones, por lo menos la mitad de los indiciados son imputados de los cargos en los que están implicados, el resto, o continúa en

En relación con la violencia de menores, se identificaron un total de 732 casos distribu por tipología de delitos como se describe en el cuadro No 10. Puede verse que más del 81% de los casos se concentra en Bogotá (58,3%) y Medellín (23,1%), Cali aporta un 11,1%, y las otras dos ciudades acumulan entre juntas un 7,5% adicional.

Cuadro No 6. Casos de violencia intrafamiliar 2016 – 2020, por ciudad y sexo Ciudades

Femenino

Masculino

No informa

Total

%

Bogotá D.C.

124.588

40.385

136

165.109

65,6%

Medellín

34.110

4

2.374

16,8%

Cali

20.393

8.260 5.626

2

26.021

10,3%

Cartagena

8.617

2.011

7

10.635

4,2%

Cúcuta

5.980

1.454

1

7.435

3,0%

Total

193.688

57.736

150

251.574

100,0%

Fuente: Policía Nacional (2021) SIEDCO. Cálculos CEJ

26

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Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Por tipo de delito, el 73,9% está relacionado con violencia intrafamiliar, con preponderancia en Bogotá; un 13,4% adicional tiene que ver con desplazamiento forzado, con alto registro en Medellín; y un 4,8% adicional tiene que ver con demandas por explotación sexual, también muy relevante en Medellín. Las demandas por inasistencia alimentaria son incidentes en Cúcuta, y a nivel agregado solo representan el 4,4%. Ver cuadro No. 10

En la producción estadística del Instituto se evidencia el seguimiento a dos grupos de estadísticas, el primero, la serie de lesiones fatales, donde se compilan los datos de muertes violentas en cuatro categorías: Homicidio, eventos de transporte accidental, y suicidio. Estas cifras están sistematizadas según sexo, grupo de edad, ciclo vital, manera de muerte y con cobertura municipal en 32 departamentos.

Cuadro No 7. Número de casos de trata de personas según sexo y edad 2016 – 2020 Año

Femenino

Masculino

No informa

2016

61

15

76

2017

49

13

62

2018

31

10

2019

41

10

51

2020

37

23

60

Total

219

71

1

1

Total

42

291

Fuente: Policía Nacional (2021) SIEDCO. Cálculos CEJ.

Cuadro No 8. Delitos contra la mujer en cinco municipios, 2016 a 2020.

Tipo de delito

2016

2017

2018

2019

2020

Total

%

1. Hurto 2. Violencia intrafamiliar 3. Lesiones 4. Otros Total

12.373

30.993

54.809

70.236

28.421

196.832

53,2%

14.959

16.679

15.595

17.029

8.444

72.706

19,6%

7.957 14.473 49.762

9.798 14.674 72.144

7.502 16.035 93.941

5.662 16.121 109.048

1.707 6.629 45.201

32.626 67.932 370.096

8,8% 18,4% 100,0%

Fuente:https:/www.fiscalia.gov.co.CálculosCEJ

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27

Años 1996 - 2021

Entre 2016 y 20 el Instituto identificó un total Fatales y Lesiones no fatales, y se correlacionan de 612. 843Años delitos perpetrados contra la mujer, con las estadísticas anteriormente descritas. Ver un total de 269.650 (44.4%) de dichos hechos gráfico No. 1 fueron ocasionados en violencia intrafamiliar, en tanto que 176.649, (el 28.8%) están asociados a Despachos de la Rama Judicial la violencia interpersonal, o más comúnmente (juzgamiento) identificada como violenciaVer de pareja. cuadro No. 11 Para elaborar esta parte de la investigación, se Las publicaciones periódicas que elabora el hicieron exploraciones a partir de datos de la Observatorio de Género del INMLCF tienen especialidad penal tanto para adultos como para como principal objetivo que la información adolescentes que provee el Consejo Superior de la presentada sirva como base para la propuesta de Judicatura a través del Sistema de Información de la Rama Judicial -SIERJU-. Desafortunadamente políticas públicas con el fin de reducir tanto las lesiones fatales como las no fatales producidas en los detalles disponibles no permiten realizar una distinción entre hombres y mujeres, victimas o el territorio colombiano.

Cuadro No 9. Imputados por delitos contra las mujeres Delito

Bogotá

Medellín

Cali

Cúcuta

Cartagena

Total

Violencia intrafamiliar

6.351

2.206

1.118

583

531

10.789

Hurto

6.638

1.202

621

358

288

9.107

Delitos sexuales

5.014

938

912

398

417

7.679

Homicidio doloso

477

150

359

116

87

1.189

Lesiones personales

444

35

39

16

10

543

Feminicidio

159

55

139

6

20

379

Trata de personas

15

20

3

38

Total general

19.098

4.606

1.356

29.724

3.188

1.476

Fuente:https:/www.fiscalia.gov.co.CálculosCEJ

Para los incidentes de Violencia Contra la Mujer, victimarios, por lo que el ejercicio se concentró el Instituto segmenta atendiendo las siguientes en detallar el estado actual de los procesos características: grupo de edad, edad judicial, relacionados con los tipos de proceso que pueden ciclo vital, escolaridad, estado civil, Factor de ser relacionados con violencia contra las mujeres. vulnerabilidad, etnia, identificación En del todospresunto los años la preponderancia en los agresor, sexo, circunstancia del hecho, actividad casos ingresados es de Bogotá, con un promedio durante el hecho, país de la víctima, escenario o cercano a los 30.000 casos anuales, seguido de lugar del hecho, zona, y día/ hora del incidente. Medellín con casi 12.000 y Cali con alrededor Para el interés que registra esta investigación de 10.000. Con respecto a los tipos de proceso, (2016-2020), se consolidan datos de Lesiones la violencia intrafamiliar es preponderante con

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un promedio ya superior a los 20.000 ingresos anuales y una tasa de crecimiento constante y los homicidios son relevantes con una media anual de 15.000 y relativa estabilidad. Las lesiones personales también se mantienen alrededor de los ocho mil procesos anuales, pero con una tasa de crecimiento negativa. Los actos sexuales abusivos con personas en incapacidad de resistir han venido creciendo de forma continua y pasaron de 7.210 en 2016 a 10.134 en 2019.

con mayores inventarios: 24.774 casos siendo el quinto con mayor demanda: 23.488, lo que indica que los inventarios incluyen procesos de más de un año de antigüedad; los homicidios que en ese mismo año eran el tercer delito con mayor demanda de justicia: 30.984 casos eran el quinto con mayores inventarios: 14.097; las lesiones personales aparecieron tanto en demanda como en inventarios, como de los menos represados; y los delitos por actos sexuales abusivos aparecen Los inventarios de procesos, que junto con los con alta demanda pero bajos inventarios, lo que ingresos conforman la carga de los despachos, significa que se atienden con mucha prontitu son una forma de evaluar la congestión judicial los despachos judiciales. que es una situación potencialmente generadora Otra forma de evaluar la forma en que se lleva de impunidad por efecto tanto de la demora en a cabo la gestión de los distintos procesos que la resolución de los casos y el incumplimiento son puestos a encargo de los jueces penales de normativo de una pronta y cumplida justicia, la República es observar el cumplimiento de las como por la posibilidad de la prescripción de audiencias programadas tanto para la función de algunas causas según los tiempos procesales garantías como de conocimiento. previstos en la ley, se concentran en los mismos De los datos se pudo evidenciar que la mayor tipos procesales descritos anteriormente. En el causa de aplazamiento de las audiencias es la año 2020, la violencia intrafamiliar era el delito inasistencia de los defensores, aunque los datos Cuadro No 10. Imputaciones por delitos con al menos una víctima menor de 11 años 2019 -2020 Delito

Bogotá

Cali

Violencia intrafamiliar

397

57

Desplazamiento forzado

5

10

Demanda de explotación sexual - comercial

10

8

Inasistencia alimentaria

6

Uso de menores de edad la Comisión de delito

1

Lesiones personales

8

10

20

1 22

6

1 427

Medellín

Total

%

57

541

73,9%

83

98

13,4%

16

35

4,8%

4

32

4,4%

8

15

2,0%

9

1,2%

1

2

0,3%

169

732

100%

1

Ejercicio arbitrario custodia - hijo menor de edad Total

Cartagena Cúcuta

81

13

42

Fuente:Datosabiertoshttps:/www.fiscalia.gov.co/colombia.CálculosC

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Años 1996 - 2021

Cuadro No 11. Muertes violentas según tipo de violencia: 2016 - 2020

Años

Contexto de violencia contra la mujer

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Violencia interpersonal

41.406

39.344

39.832

37.167

18.900

176.649

Violencia intrafamiliar

59.082

58.913

59.095

56.161

36.399

269.650

Lesiones en eventos de transporte

15.787

14.943

14.261

13.317

5.107

63.415

Exámenes medico legales por presunto delito sexual

17.740

20.072

22.304

22.115

15.462

97.693

Lesiones accidentales

1.384

1.306

1.213

1.025

508

5.436

Total

135.399

134.578

136.705

129.785

76.376

612.843

Fuente: INMLCF, Boletín Estadístico mensual 2016 - 2020, Cálculos CEJ 221.

no permiten aproximar información de sí se trata de los defensores públicos o los contratados directamente tanto por los acusados como por las víctimas. Se evidenciaron diferencias por ciudades, pero pudo concluirse que en Bogotá y Cúcuta por lo menos la mitad de las audiencias se aplaza por esta razón, en Cali y Cartagena esa proporción es de alrededor del 45% y en Medellín, es donde menos generalizada es esta práctica dilatoria, nunca superior al 35% de las ocasiones.

Otra causal de aplazamiento es la inasistencia de los fiscales que es más común en Medellín (35% de las ocasiones) mientras que en el resto de las ciudades ocurre en una de cada cinco audiencias programadas. En general, en por lo menos una de cada diez audiencias de Bogotá se registra inasistencia del juez, aunque este es un asunto más relacionado con el manejo desconcentrad de las agendas.

Gráfico 1 Contexto de violencia contra la mujer 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Violencia interpersonal

Violencia Lesiones en eventos Exámenes intrafamiliar de transporte medicolegales por presunto delito sexual 2016

2017

Lesiones accidentales

2018 2019 2020

Fuente: INMLCF, Boletín Estadístico mensual 2016 - 2020, Cálculos CEJ 2021.

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La información disponible para el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes indica que, en promedio, en el 32% de los casos se imponen a los menores medidas de privación de la libertad en centro de atención especializado y en un 11% adicional sanciones de internación en centros semicerrados. En un 21,6% se les impone el seguimiento de reglas de conducta y en un 11,5% la prestación de servicios a la comunidad.

En uno de cada cinco casos se impone como sanción penal la libertada asistida. Las tendencias descritas han sido relativamente estructurales en los últimos cinco años.

le ocurrió) y si denunció. Otro reporte sobre el cual sería posible inferir esta brecha es a través del análisis de reportes de violencias basadas en género o violencias contra las mujeres a través de líneas y otros medios disponibles en las ciudades y contrastarlos con las denuncias. Esta información no estuvo disponible y requeriría de esfuerzos de investigación específicos. No obstante, es u opción para el caso de los hechos de los cuales son víctimas las mujeres y que algunos autores denominan impunidad social, como aquellos delitos que ocurren y no entran en la ruta de justicia formal.

En un 78,6% de los casos los menores sancionados penalmente son hombres y solo en el 8,9% mujeres.

En contrario, cuando se trata de absoluciones los hombres alcanzan un porcentaje del 11,1% y las mujeres 1,4%.

Paraelcasodelainfanciaidentificarlaimpun social, es un reto distinto, dado que el mecanismo o posibles mecanismos de identificación s impalpables hoy cuando los delitos ocurren en la familia y no hay sistemas de vigilancia que puedan dar cuenta de ellos, tal es el caso del sistema educativo o de salud, en donde no se Conclusiones y recomendaciones hace énfasis en el reporte de las violencias por omisión u otras circunstancias, y niños y niñas no cuentan con la información o conocimiento sobre Identificar cuellos de botella en la medición de ocurriendoparaidentificarl los queleestá la impunidad en delitos contra la infancia y las delito y no disponen de facilidades para actuar mujeres pasa por entender que la impunidad por su propia vía para dar a conocer los hechos. se concibe como ausencia de castigo, dada la Generalmente el llamado institucional es para tradición arraigada de la sociedad al modelo de que las personas adultas reporten los hechos de justicia punitivo, que comienza con la comisión violencia y delitos contra la infancia, pero no se de un delito y cierra el proceso con una pena que reconoce su capacidad para hacerlo y no se han suele ser la prisión.

La infracción al derecho penal a través de una conducta, acción u omisión tipificada por la ley como culpable y punible, da cuenta de una serie de hechos que están enmarcados en el código penal de un país y que requieren de una denuncia que genere un proceso para emitir un fallo de responsabilidad penal y que abra un incidente de reparación integral por los daños causados con la conducta criminal. Es decir, investigar, procesar, sancionar y reparar. En este marco, cuando una víctima no ha sido reparada, podría establecerse que hay impunidad.

De acuerdo con esta lógica, ante la comisión de un delito, lo que sigue en la ruta es su denuncia.

Noobstante,seidentificanacávariosaspectos.El primero es que no todas las personas denuncian.

Esa brecha se suele medir por encuestas que preguntan por la victimización directa (a usted

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Años 1996 - 2021

profundizar en estudios seguramente particulares por entidad es justamente en las rutas de atención.

La exploración adelantada por el equipo técnico del proyecto sirvió para concluir que si bien existe una ruta definida para el proceso penal en sí, l procesos y procedimientos misionales de las entidades siguen más una lógica relacionada con la planeación estratégica, que no hace relación directa con el trámite del proceso penal en sí, si no que están instituidas para el cumplimiento de metas físicas y financieras de las dependenc titulares y por esa razón no es fácil encontrar indicadores de seguimiento de los estados de los procesos en cada entidad, aunque como se mencionó, si se consolidan datos globales, referentes necesarios de la capacidad de gestión de las distintas administraciones.

Años

Colombia cuenta con un desarrollo importante de generado las condiciones en el país para que lo indicadores que dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dan origen a los hagan. delitos en contra de la niñez y las mujeres, Así, el delito como hecho jurídico requiere de un según la institución que los produzca, incluso proceso que lo identifique y tipifique como en con latal posibilidad de ser georreferenciados. No nuestro marco normativo que debe ser denunciado obstante, esa información no se interconecta y para iniciar la investigación. No obstante, de llegar no hay espacios sistemáticos de validación de a una conclusión en el proceso de investigación, casos para generar información consolidada por imputación, fallo y sanción, las medidas punitivas municipios o por país, y que sea la base para no son eficaces y la cárcel no es un instrumento la toma de decisiones de política pública. Las de reinserción social. Para el caso de mujeres e restricciones de acceso a información que pueda infancia, en el proceso cualitativo de indagación se ser interconectada, dada la normatividad de plantea que la ruta punitiva no hace énfasis en los protección de datos, no le permite a organizaciones motivos de las violencias y los delitos, no repara externas medir de manera secuencial las brechas y no transforma las condiciones estructurales que en la ruta de impunidad o garantía de justicia. les dan origen.

Ante esta situación es recomendable dimensionar En este sentido, sería necesario revisar la un conjunto de observatorios territoriales que política criminal, como modelo que rige el faciliten la tarea de conexión en contextos sistema de respuestas que ofrece el Estado frente más restringidos y que tengan en cuenta la a las conductas que considera una sociedad territorialidad con la que llevan a cabo sus reprochables o causantes de un perjuicio social de ejecutorias las distintas entidades. Debe tenerse acuerdo con el marco constitucional, según el cual en cuenta que las regionales de la policía o de define unos comportamientos como delitos porno corresponden directamente c la fiscalía, una parte y por la otra, que amplie o modifique organización territorial de la Rama judicial, o con el enfoque de prevención primaria, secundaria la organización administrativa del ICBF o del y terciaria de las violencias hacia las mujeres y Instituto de Medicina legal, por lo que la tarea no la infancia e incorpore respuestas para que haya puede emprenderse a nivel nacional. reparación y no repetición.

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Una tarea pendiente, sobre la que se debe

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“

Es recomendable dimensionar un conjunto de observatorios territoriales que faciliten la tarea de conexión en contextos más restringidos y que tengan en cuenta la territorialidad con la que llevan a cabo sus ejecutorias las distintas entidades.

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Años

Contenidos CEJ

1996 - 2021

Litigiosidad del Estado colombiano: Demandas activas en contra de la Nación y valor de las pretensiones

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Años

D

e acuerdo con la Ley 1444 de 2011, “por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorganprecisasfacultadesextraordinariasalPresidentedelaRepública pa tura de la Administración Pública (…) y se dictan otras disposiciones”, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en adelante ANDJE, es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, que tiene como misión principal la defensa efectiva de la Nación, en orden a prevenir el daño antijurídico.

Por ende, son objetivos de la entidad “la estructuración, formulación, aplicación, evaluación y difusión de las políticas de prevención del daño antijurídico, así como la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales de las entidades públicas, en procura de la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa”.

En este orden de ideas, y por tratarse de un asunto de gran interés en el ámbito de la justicia y el derecho, a continuación, la CEJ sintetiza las cifras más relevantes en relación con la defensa jurídica del Estado, con corte a diciembre de 2021i: Al cierre de 2021, Colombia acumuló 309.316 demandas y/o procesos activos por un valor de $448,6 billones. Dichos procesos se desagregan de la siguiente manera:

Tipo de Proceso

Cantidad

Pretensiones2

1. Procesos judiciales

309.234

$ 433

2. Arbitraje nacional

69

$ 4,3

3.

Controversias internacionales de inversión

13

$ 11,3 Fuente: ANDJE (2022).

Lo anterior excluyendo dos procesos judiciales, el primero por $94 billones, y el segundo por $3.864 billones.

De los procesos activos, al menos 1.940 corresponden a procesos interadministrativos, es decir, entre entidades del Estado; dichos procesos ascienden a un valor total de $5,6 billones.

Como demandante, el Estado alcanzó los 31.748 procesos activos, por un valor total de $17,1 billones.

Por otro lado, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos registra un total de 806 casos y peticionesnotificadas.

La mayoría de las demandas activas al cierre de 2021 se admitieron desde 2018; sin embargo, el 66,4% de las pretensiones están asociadas a procesos admitidos en años anteriores.

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Años 1996 - 2021

Entre 2016 y 2019 se admitieron y/o notificaron, en promedio,1.895 procesos judiciales-anual mente;Años sinembargo,durantelosañosy20 se 201 admitierony/onotificaronenpromedio53.691

1. Desagregación - Procesos judiciales.

De los 309.234 procesos judiciales en contra de la Nación que se encontraban activos al cierre de 2021, al menos el 52,3% no supera individualmente los $50 millones en pretensiones; no obstante, tan solo el 0,3% de los procesos judiciales abarcan en conjunto el 74,5% de las pretensiones:

Rango (en millones)

Procesos

Participación %

Total pretensiones (en millones)

Participación %

Sin pretensiones económicas

32.255

10,4%

$0

0%

$0 < $50

161.684

52,3%

$ 2.876.400

0,7%

$50 < $1.000

90.572

29,3%

$ 25.923.966

6,0%

$1.000 < $29.981

23.732

7,7%

$ 81.839.642

18,9%

Mayor a $29.981

991

0,3%

$ 322.571.904

74,5%

Total

309.234

100,0%

$ 433.211.912

100,0% Fuente: ANDJE (2022).

Si bien las demandas laborales representan más del 73% de los procesos judiciales activos en contra de la Nación, corresponden tan solo al 7,1% del total de las pretensiones:

Tipo

Procesos

Participación %

Pretensiones (en billones)

Participación %

Adm. Laboral

109.433

35,4%

$ 19,4

4,5%

Adm. No laboral

82.964

26,8%

$ 402,4

92,9%

Constitucional

35

0,01%

$0

0%

Ordinario laboral

116.802

37,8%

$ 11,3

2,6%

Total

309.234

100,0%

$ 433,2

100,0% Fuente: ANDJE (2022).

36

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Los procesos administrativos no laborales, que de acuerdo con la tabla anterior representan el 92,9% de las pretensiones de los procesos judiciales activos al cierre de 2021, corresponden en su mayoría a acciones de reparación directa, y en menor proporción a nulidad y restablecimiento del derecho: Acción

Procesos

Participación %

Pretensiones (en billones)

Participación %

Reparación directa

50.829

61,3%

$ 150,1

37,3%

Nulidad y restablecimiento del derecho

20.054

24,2%

$ 63,7

15,8%

Ejecutivo

3.007

3,6%

$ 1,0

0,2%

Protección de los derechos e intereses colectivos

2.975

3,6%

$ 3,7

0,9%

Controversias contractuales

1.973

2,4%

$ 16,6

4,1%

Nulidad simple

1.952

2,4%

$ 0,1

0,02%

Otras acciones

1.528

1,8%

$ 0,7

0,2%

Reparación de los perjuicios causados a un grupo

646

0,8%

$ 166,5

41,4%

Total

82.964

100,0%

$ 402,4

100,0% Fuente: ANDJE (2022).

La causa más frecuente por la que demandan a la Nación, en número de procesos administrativos no laborales, es la privación injusta de la libertad:

Causa

Procesos

Participación %

Privación injusta de la libertad

9.803

11,8%

Incumplimiento de sentencia judicial

3.071

3,7%

Falla en la prestación del servicio de salud Ilegalidad del acto administrativo que impone sanción disciplinaria Lesión accidental o fortuita a conscripto

2.655

3,2%

2.554

3,1%

2.419

2,9% Fuente: ANDJE (2022).

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Años 1996 - 2021

La causa más frecuente por la que demandan a la Nación en pretensiones monetarias por procesos Añosno laborales, son los daños derivados de acto administrativo lícito: administrativos

Causa

Pretensiones (en billones)

Participación %

Daños derivados de acto administrativo lícito

$ 54,3

13,5%

Desplazamiento forzado

$ 36,9

9,2%

Omisión en las funciones de inspección, vigilancia y control Daño o amenaza ambiental por erradicación de cultivos ilícitos Daño o amenaza ambiental por actividad del sector de hidrocarburos

$ 31,2

7,8%

$ 23,6

5,9%

$ 22,6

5,6% Fuente: ANDJE (2022).

Entre los 10 sectores más demandados en número de procesos judiciales se encuentran: Trabajo, Defensa Nacional, y Hacienda y Crédito Público.

1 2

Sector

Procesos

Participación %

Trabajo

107.384

34,7%

$ 48.874

15,8%

Defensa Nacional

3

Hacienda y Crédito Público

42.796

13,8%

4 5 6 7 8 9 10

Educación Nacional

35.807

11,6%

Rama Judicial Salud y Protección Social Justicia y del Derecho Minas y Energía Transporte Ambiente

35.058 10.516 7.193 6.460 5.213 4.947

11,3% 3,4% 2,3% 2,1% 1,7% 1,6% Fuente: ANDJE (2022).

38

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Entre los 10 sectores más demandados en pretensiones monetarias se encuentran: Defensa Nacional, Minas y Energía, y Ambiente.

Sector

Pretensiones (en billones)

Participación %

1

Defensa Nacional

$ 141,6

32,7%

2

Minas y Energía

$ 83,5

19,3%

3

Ambiente

$ 82,5

19,0%

4 5 6 7 8 9 10

Hacienda y Crédito Público

$ 77,0

17,8%

Rama Judicial Transporte Órganos de Control Justicia y del Derecho Interior Presidencia de la República

$ 59,6 $ 58,0 $ 50,1 $ 41,9 $ 32,1 $ 31,2

13,8% 13,4% 11,6% 9,7% 7,4% 7,2% Fuente: ANDJE (2022).

La tasa de éxito del sector público en los procesos judiciales en contra de la Nación terminados en 2021 fue de: 83% en los procesos que intervino la ANDJE (2 puntos menos en comparación a 2020).

52,2% en los procesos excluyendo Colpensiones (0,6 puntos más en comparación a 2020).

44,5% en los procesos incluyendo Colpensiones (4,3 puntos menos en comparación a 2020).

La tasa de éxito sectorial acumulada y año corrido en los procesos judiciales terminados por sentenciaessignificativamentemenorenlossectores:Trabajo,DefensayEducación:

Sector

Tasa de éxito acumulada (entre abril de 2015 y diciembre de 2021)

Tasa de éxito año corrido (2021)

Presidencia de la República

94%

87%

Función Pública

90%

74%

Deporte

87%

100%

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39

Años 1996 - 2021

Ciencia, Tecnología e Innovación

86%

100%

TICs

85%

96%

Vivienda

84%

74%

Estadística

84%

100%

Transporte

80%

86%

Planeación

79%

62%

Minas y Energía

79%

80%

Ambiente y Desarrollo Sostenible

77%

80%

Salud y Protección Social

75%

76%

Comercio, Industria y Turismo

74%

88%

Inclusión Social y Reconciliación

74%

92%

Agricultura

72%

80%

Cultura

69%

73%

Justicia y del Derecho

62%

69%

Hacienda y Crédito Público

58%

61%

Interior

57%

70%

Relaciones Exteriores

56%

67%

Rama Judicial

54%

55%

Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia

52%

54%

Educación Nacional

40%

42%

Defensa Nacional

38%

53%

Trabajo

20%

33%

Años

2. Desagregación - Arbitraje nacional De los 69 procesos arbitrales activos al cierre de 2021, donde la Nación fue convocada o demandada, la mayor proporción corresponde a procesos en el Sector Transporte:

40

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Sector

Procesos arbitrales

Pretensiones (en millones)

Transporte

25

$ 2.097.067

Hacienda y Crédito Público

14

$ 626.531

Minas y Energía

11

$ 79.223

TICs Educación Nacional Defensa Nacional Justicia y del Derecho Comercio, Industria y Turismo Agricultura Organismos Autónomos

7

$ 56.203

3 3 2 2 2 1

$ 257.924 $ 148.262 $ 1.150 $ 704 $ 150 $ 1.170.153 Fuente: ANDJE (2022).

De los 132 laudos arbitrales proferidos entre 2015 y 2021, siendo la Nación convocada, el 58% de los fallos tuvieron sentido desfavorable, en tanto que el 42% le fue favorable.

3. Desagregación - Controversias internacionales de inversión Si bien al cierre de 2021 la Nación estaba incursa en 13 controversias internacionales de inversión en procesos arbitrales, adicionalmente registraba 9 controversias de esta naturaleza en etapa pre-arbitral.

En 3 de las 13 controversias internacionales de inversión en proceso arbitral la cuantía de las pretensiones estaba indeterminada. Las 10 controversias restantes ascendían, en conjunto, a $11,3 billones.

La cuantía de las pretensiones en estas controversias oscilaba alrededor de 50 y 736 millones de dólares.

La mayoría de las controversias internacionales de inversión en proceso arbitral se dan en el marco del Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia y el Acuerdo de Promoción Comercial Colombia-EE.UU.

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41

Años 1996 - 2021

Inversionista Años reclamante

Acuerdo Internacional Cuantía de las pretensión (en dólares) de Inversión

Estado del proceso

Eco Oro Minerals Corp.

TLC Canadá

USD 736.000.000

Pendiente decisión sobre daños

Gran Colombia Gold Corp.

TLC Canadá

USD 360.400.000

Fase de exhibición documental

Red Eagle Exploration LTD.

TLC Canadá

USD 117.022.000

Finalizada segunda fase de escritos

Galway Gold Inc.

TLC Canadá

USD 196.000.000

Segunda fase de escritos

Seda y otros

Acuerdo de promoción comercial ColombiaEE.UU.

USD 280.500.000

Fase de exhibición documental

Neustar CO

Acuerdo de promoción comercial ColombiaEE.UU.

USD 350.000.000

Primera fase de escritos

Foster Wheeler

Acuerdo de promoción comercial ColombiaEE.UU.

Indeterminado

Pendiente réplica del demandado sobre jurisdicción

Glencore II

APPRI Colombia-Suiza

USD 58.537.614

Primera fase de escritos

Cerrejón Glencore 3

APPRI Colombia-Suiza

Indeterminado

Constitución del Tribunal

Cerrejón AngloAmerican

TBI Reino Unido

Indeterminado

Constitución del Tribunal

South 32

Acuerdo bilateral de inversión Reino Unido

USD 84.800.000

Primera fase de escritos

Telefónica S.A.

TBI España

USD 627.000.000

Pendiente de laudo

AFC Investment

Acuerdo bilateral de inversión ColombiaEspaña

USD 50.000.000

Pendiente decisión Regla 41.5 Fuente: ANDJE (2022).

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Referencias bibliográficas

1996 - 2021

¿Eutanasia o derecho a morir dignamente? - Visión jurídica Años

iJuan Manuel Charry Urueña. Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especializado en derecho constitucional y ciencia política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.

Ha sido profesor titular de derecho constitucional desde 1982, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y defensor del Lector de El Espectador. Fue procurador auxiliar, asesor de la Constituyente, y decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; actualmente es árbitro y amigable componedor de la Cámara de Comercio de Bogotá, y ejerce su actividad profesional de forma independiente.

¿Eutanasia o derecho a morir dignamente? - Visión médica

iRemberto Burgos de la Espriella. Médico neurocirujano, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina desde 2009, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, ha sido profesor de la Universidad Javeriana, neurocirujano del Hospital San Ignacio y delaFundaciónSantafédeBogotá,yautordemúltiplesescritosacadémicosdetipo

Impunidad en Colombia - Una aproximación a la investigación y juzgamiento de los delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes y las mujeres iJuan Carlos Cortés Cely. Economista de la Universidad Nacional de Colombia, magister en economía de la misma universidad, amplia experiencia en investigación de tipo social, en análisis de información cuantitativa y cualitativa y en la coordinación de equipos de trabajo interdisciplinario. Amplio conocimiento en el diseño y seguimiento de instrumentos de evaluación de políticas públicas, desde la conceptualización de necesidades hasta la evaluación a partir de instrumentos de recolección de información. j En el reporte IGI-2017 Colombia alcanzó un índice de impunidad equivalente a 66,57 puntos. En ese ejercicio fueron evaluados 67 países.

NArtículo 52 de la Ley 1098 de 2006. lLa negligencia puede entenderse como física (no proporcionar alimentación, vestuario, vivienda y protección), emocional (no proporcionar afecto, amor, asistencia médica u otras formas de apoyo) y educativa (no proveer opciones de asistencia escolar, en entornos convencionales). mLa competencia de los comisarios de familia es subsidiaria, ya que estos son competentes cuando en los municipios no hay defensor, o por excesos de carga laboral, algunos casos deben ser atendidos por estos. nQue corresponden al 25% de todos los casos por homicidio sucedidos en el país en el mismo periodo.

Litigiosidad del Estado colombiano: Demandas activas en contra de la Nación y valor de las pretensiones al cierre de 2021 iLas cifras fueron tomadas del último informe de litigiosidad para el año 2021, publicado por la ANDJE en enero de 2022. jCifras expresadas en billones de pesos.

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