Informe CDH 2017 by Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

INFORME CDH 2017

Panorรกmica de los Derechos Humanos

Dirección y textos Billy Navarrete Benavidez Fotos Vicente “Vicho” Gaibor, Efrain Castellanos y Billy Navarrete Diagramación Efrain Castellanos Impresión Impresos Annabel Foto de Portada: Marcha de las Putas / Plaza San Francisco Diciembre 2017 (Efrain Castellanos)

Es una publicación oﬁcial del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH Las opiniones que incluye esta publicación no representan la posición de sus auspiciantes.

Guayaquil, febrero 28 de 2017

INDICE

PRESENTACIÓN CÁRCEL......................................................................7 Situación de privados de la libertad en respuesta a las Observaciones ﬁnales de Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Celda de castigo en CDP Detenido extorsiona y amenaza a otro detenido Mi hijo murió en Penitenciaría por no recibir retrovirales Zulivan y los 23 días en el inﬁerno

INTEGRIDAD FÍSICA...................................................17 Hostigamiento, extorsión y maltrato policial Tortura en UPC Comerciante ambulante y solicitante de asilo torturado en calabozo del Terminal Terrestre

MOVILIDAD HUMANA..............................................27 Cese de la violencia en Venezuela No a intervención militar de Estados Unidos en Venezuela Un llamado a la responsabilidad compartida y a la solidaridad con las personas venezolanas en movilidad

SALUD Y TRABAJO DIGNO..........................................65 Cierre del Hospital Neumológico Dr. Alfredo J. Valenzuela Carta Abierta al Presidente de la República ante la clausura del Hospital Neumológico “Alfredo Valenzuela” Fumigaciones aéreas, despidos e intimidación denuncian trabajadores de bananeras La Audiencia de la Ruta del Ceibo “La verdad tras el banano”

VIVIENDA Y DESALOJOS FORZOSOS..........................79 Las Aguas Profundas de Posorja Solicitante de asilo y su familia desalojados de Socio Vivienda 2 Audiencia ¡Aqui Nos Quedamos! - Desalojos Urbanos y Rurales en Ecuador

PRONUNCIAMIENTOS.............................................105

PRESENTACION La portada de esta publicación muestra a un grupo de jóvenes activistas manifestándose por libertades y derechos fundamentales a finales de 2017 en plaza público de Guayaquil. Esta acción política y cultural expresa el elemental ejercicio ciudadano pacífico, deliberativo, trascendental y crítico frente al poder y al orden establecido marginalizante y violento. No se debe medir su importancia o pertinencia por el número de individuos visiblemente bajo la misma consigna. Se debe valorar su signo sistémico desde la óptica siempre progresiva y dialéctica de los Derechos Humanos. En esta ocasión, diversos colectivos se juntaron en la denominada “La Marcha de las Putas” que, en el marco de los #16DiasDeActivismo, realizó secuencia de plantones frente a templos religiosos del centro de la ciudad para reclamar por el trato discriminatorio sufrido por la comunidad GLBTI, la impunidad del abuso sexual a menores y la violencia a la mujer. Nueva generación de activistas en primera fila, de cuerpo entero y con una sola voz por los Derechos Humanos. La acción pública en Guayaquil para reclamar por Derechos Humanos no es una dinámica excepcional. Diariamente diversas organizaciones y colectivos ciudadanos se toman plazas y calles para reclamar por tratos discriminatorios, negligencia, impunidad que no tenido respuesta a través de los canales formales interno de las instituciones. El silencio y el encubrimiento institucional obliga a los colectivos de ciudadanos a manifestarse en espacio público como medio de presión y adhesión al tratarse de asunto de interés colectivo. El informe anual de CDH brinda una panorámica de esas reclamaciones que se encuentran en curso en el Ecuador, especialmente en Guayaquil. Reúne a serie de casos sobre privación de libertad, desalojos forzosos y negligencia médica, daños a la integridad física que se encuentran documentados, que han generado alarma, que reciben acompañamiento del CDH y que se constituyen en ejemplo de tendencias no atendidas por el Estado según la Constitución y la normativa de protección internacional. Un documento de esta naturaleza permite además incidir, con el peso de los hechos, ante el sistema universal y regional de Derechos Humanos con relación a los compromisos adquirido por el Estado y nutrir desde la sociedad civil la tareas de observancia que realizan por país. Es así como, por ejemplo, el CDH presentó su informe sobre situación de privados de la libertad en Guaya-

quil en seguimiento de las Observaciones ﬁnales de Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas según el Sexto Informe Periódico de agosto de 2017. Anotamos aquí el Informe sobre el caso de Julián Assange y el Derecho Humano al Asilo elaborado para el proceso de Opinión Consultiva abierto a organizaciones de Derechos Humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a inicios del 2017. La descripción resumida de casos emblemáticos está compaginada con la serie de pronunciamientos públicos sobre coyuntura diseñados por el CDH o con su adhesión. Estos comunicados permiten identiﬁcar temas emergentes y la función de las organizaciones de Derechos Humanos como instrumento técnico ciudadano que se activa anunciando sensibles y fundadas preocupaciones sobre diversas temáticas. Una prueba de este rol lo encontramos en los comunicados relativos a las amenazas de intervención militar en Venezuela o el desplazamiento forzado de venezolanos a países de la región. Por fuera de los temas abordados por el presente informe, quedan otros en etapa de estudio por parte del CDH o que son trabajados por otras organizaciones de sociedad civil que conforman el robusto movimiento de defensa de Derechos Humanos que crece en un escenario de fuerte transformación y expectativas por el cambio de Gobierno en el Ecuador. Sin confundir nuestra premisa de “defender los derechos del Pueblo es defender los Derechos Humanos” ofrecemos este documento para consulta y debate para las luchas sociales por un mundo que gire sobre la protección incondicional de la persona, la soberanía de los Pueblos y el respeto a la Naturaleza. Guayaquil, 28 de febrero de 2018

Billy Navarrete Benavides Secretario Ejecutivo del CDH

Foto: Andrés Loor

CARCEL

Examen de situación de privados de la libertad

El CDH continuó recibiendo graves denuncias de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en centros carcelarios, especialmente en la Penitenciaría del Litoral y la Cárcel Regional ubicadas en la ciudad de Guayaquil y que suman la mayor población privada de la libertad en el país. Para el 59 periodo de sesiones del Comité contra la Tortura CAT de Naciones Unidas realizada el 8 y 9 de noviembre del 2016, el CDH presentó Informe temático sobre 5 años del Nuevo Modelo Carcelario en el Ecuador con el apoyo de la Red Internacional de Derechos Humanos. A continuación reproducimos las Observaciones finales de Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas según el Sexto Informe Periódico del 8 de agosto de 2017 sobre condiciones de detención, fragmentos de la respuesta del Estado de Ecuador sobre la implementación de las Observaciones finales y preocupaciones del CDH sobre situación de privados de la libertad en Guayaquil resultado de atención de casos. Párrafo 25 de las Observaciones Finales de Naciones Unidas Tomando en cuenta las anteriores observaciones finales (CCPR/C/ECU/CO/5, párr. 17), el Estado parte debe incrementar sus esfuerzos con miras a continuar mejorando las condiciones de detención y a eliminar el hacinamiento, en particular asegurando la aplicación efectiva de las normas relativas a medidas alternativas de privación de la libertad. Asimismo, le recomienda que redoble sus esfuerzos para prevenir y poner fin a la violencia en los lugares de privación de libertad y que continúe asegurando que todos los incidentes de violencia entre reclusos, en particular los casos en los que haya habido muertes, sean investigados y los responsables sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos. Fragmentos de respuesta del Estado de Ecuador 10. En el año 2007, en el sistema penitenciario ecuatoriano, el hacinamiento era del 116,63%. No obstante, con la construcción y repotenciación de los Centros de Rehabilitación Social (CRS), el hacinamiento se redujo al 0.24% en 2014, al 1.72% en 2015, y 22.45% en 2016 debido a la pérdida de plazas por el terremoto (hacinamiento circunstancial).

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14. El sistema penitenciario también se ha reforzado con la implementación de protocolos enmarcados en derechos humanos, por ejemplo, en 2016 se emitió el Protocolo de Visitas que norma el procedimiento de control, revisión y seguridad de los CRS, y se implementó el Protocolo de Atención a Población LGBTI en privación de libertad. Preocupaciones del CDH - Ascenso acelerado de población carcelaria a nivel nacional. Según cifras oficiales de la Defensoría Pública del Ecuador, luego de ejecutar varias medidas de excarcelación por parte del Gobierno Nacional se registró disminución de población carcelaria de 18.675 en el 2007 a menos de 9000 personas en el año 2009. En el 2013 se registró marcado ascenso a 24.203, en el 2014 la suma llega a 26.821 personas encarceladas. Para noviembre del 2017 la población carcelaria en el Ecuador es de 36.673 personas, según fuente oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No se cuenta con información clara y documentada sobre los motivos de este ascenso considerando que la privación de libertad es una medida excepcional según la Constitución del Ecuador. El CDH considera que el factor de reincidencia es clave en el marcado ascenso de población carcelaria en la década pasada y cuestiona la afirmación del párrafo 12 de la respuesta del Estado de Ecuador a las Observaciones finales. - Política de “máxima seguridad” genera aislamiento y hacinamiento. El CDH recibe constantes denuncias sobre el progresivo aislamiento de la población carcelaria al restringir el contacto con familiares que generalmente son pobres y tienen que recorrer largas distancias para encontrarse con parientes. Aunque el numero de cárceles ha aumentado significativamente, la asignación de lugar para cumplir la pena no consideran cercanía a localidad de pertenencia del privado de libertad. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 33 de los 55 Centros de Rehabilitación Social en Ecuador se reporta hacinamiento. La capacidad es para un total de 25.000 presos, pero actualmente hay 36.673. La sobrepoblación carcelaria va desde el 10%, como el caso del CRS Femenino de Portoviejo, -creado en 1952-, hasta el 356%, en el CRS Masculino de Archidona (Napo). La situación es igual o peor en los centros grandes. Tal es el caso del CRS Masculino de Guayaquil. Allí, la capacidad es para 4.836 ppl, pero

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actualmente acoge a 8.729, lo que implica una acumulación del 81%, según información oﬁcial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicadas en diario El Telégrafo 27.11.2017. - Revisiones vaginales a familiares El informe incluye casos de mujeres, familiares o abogadas, que han sufrido de revisiones abusivas al ingresar a las cárceles de Guayaquil por parte de guardias de seguridad sin que exista sanción por estos hechos crueles, inhumanos y degradantes. Esta situación es pública y ha provocado reclamos incluso protestas de familiares y organizaciones sociales que incluyen a comunidad GLBTI, realizadas en exteriores de los centros carcelarios. Estas vejaciones se mantienen pese a reclamos de mujeres afectadas y a la existencia de equipos de alta tecnología (escanear corporales) para evitar el ingreso de objetos ilegales a las cárceles. Esta situación contraviene expresas directrices de las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Mandela”, numeral 51 y 52 (E/CN.15/2015/L.6/Rev.1) - Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el Ecuador El CDH considera que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el Ecuador un instrumento limitado es su capacidad operativa y atribuciones ante controles dispuestas por Ministerio del Interior en centros carcelarios. Debería incluir espacio consultivo y vinculo entre Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior y organizaciones de Derechos Humanos de la sociedad civil para el tratamiento de tendencias de violaciones a los Derechos Humanos de personas privadas de la libertad. Consideramos que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Mandela” son un instrumento clave que debe ser ampliamente difundido entre los funcionarios encargados de las cárceles en el Ecuador. Actualmente este instrumento es desconocido y no se conoce ningún plan para su difusión. Según Observaciones Finales del CAT, entre 2010 y principios de 2016 se presentaron ante la Fiscalía General del Estado 170 denuncias por actos de tortura, 59 de ellas por hechos ocurridos en la provincia de Guayas. Sin embargo, el Estado parte no ha facilitado datos relativos al periodo marzo-diciembre de 2014. Entre 2013 y 2016 se habría dictado cinco sentencias condenatorio por delito de tortura, aunque tampoco se dispone de información sobre las sanciones panales o disciplinarias impuestas a los infractores.

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Celda de castigo en CDP El CDH recibió de parte de Wilter Bazurto Meza, persona privada de la libertad de 64 años de edad, denuncia sobre su estado de salud resultado del presunto maltrato sufrido por guías penitenciarias el 15 de enero del 2017. Según denuncia recibida, Wilter Bazurto Meza padece de diabetes mellitus II, hipertensión y se encuentra en la celda 6 del Centro de Detención Provisional de Guayaquil. El 15 de enero de 2017 se realizó requisa por parte de dos guías penitenciarios quienes lo insultaron y lo trasladaron a una presunta “celda de castigo” sin ventilación y oscura. El responsable de la Gestión de Asesoria Jurídica de la Dirección Distrital 09D07 – Pascuales 1 Salud informa a Defensoría del Pueblo del Ecuador, DPE el 15 de febrero de 2017 que el ppl Bazurto relató: ingresaron a su habitación 2 guías penitenciarios a realizar requisa, luego le dicen que ingresen a la habitación con gritos de “viejo hijo de puta, mariguaneros, maricones, tienen que decirme la verdad sino aqui se mueren, viejos hijos de puta. Mejor los llevamos a torturarlos a la celda de castigo..” A la denuncia de ppl Bazurto, el Director de Detención Provisional del Guayas señaló “el 1 de febrero de 2017 ... me entero de lo sucedido el 15 de enero de 2017. Tomé contacto con el ppl y me dijo que ninguno de los guias le había maltratado ﬁsicamente, que solo le habían gritado y llevado a la celda de castigo N°12. La celda de N°12 no es una celda de castigo como se ha denunciado, pues tiene las mismas características de todas las celdas ... En este lugar Wilter Bazurto Meza habría perdido el conocimiento y recibió atención médica. Resultado de esta situación estuvo impedido de caminar tres días. Actualmente maniﬁesta síntomas que lo mantiene en cama y reclama atención médica que garantice su salud.

Detenido extorsiona y amenaza a otro detenido Angélica María Mariscal Panchana denunció las amenazas de muerte contra su hermano Luis Andrés Mariscal Panchana internado en la Cárcel Regional parte de otros privados de libertad del pabellón 11-12 de mediana seguridad.

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Mi hermano, Luis Andrés Mariscal Panchana de 27 años de edad, se encuentra privado de la libertad desde hace aproximadamente un año con sentencia a 3 años por robo. Luis Andrés padece tuberculosis adquirida dentro de la Penitenciaría del Litoral que obligó a su hospitalización durante aproximadamente un mes en abril del 2016. A su regreso fue ingresado al Policlínico de la Cárcel Regional N° 8 donde permaneció aproximadamente 2 meses para que termine el tratamiento. Luego fue ingresado al pabellón 11-12 de Mediana Seguridad en una celda junto a otras 3 personas. Angélica María Mariscal nos dijo, el 25 de febrero de 2017 fui a ver a mi hermano en la sala de visitas de la cárcel, él me dijo que necesitaba 150 dólares para pagar una deuda. En esa ocasión vi que mi hermano tenía arrancada la uña del pie pero no se lo veía enfermo por el consumo de droga. El viernes 3 de marzo de 2017 recibí llamada a mi celular de parte de un PPL que se hace llamar “Tío Víctor” que me dijo “necesito que me deposite lo mío, los 150 dólares que su hermano me debe. Yo sé que usted no es la culpable pero si no deposita en 20 minutos, los 150 dólares, lo vamos a matar. Ya vi el show que armaste por la uña y no estamos jugando”. Yo me negué a pagar y apagué el teléfono. Desde ese entonces, las llamadas desde allá a través de diferentes números no han cesado. Mientras me encontraba en el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos he vuelto a recibir llamada y yo no respondo. He acudido a la Fiscalía Provincial del Guayas para poner la denuncia y allá me recomendaron acudir

Mi hijo murió en Penitenciaría por no recibir retrovirales En octubre del 2017 el CDH recibió, de parte de Laura Alexandra Rosero Rodríguez, información sobre la situación de salud de su hijo Luis Oscar Reasco Rosero sobre la situación de salud de su hijo Luis Oscar Reasco Rosero quien vivía con VIH en el pabellón 11, ala 1 del Centro de Rehabilitación Social de Varones N°1 de Guayaquil. El 21 de noviembre del 2017 el joven falleció en el Hospital Neumonológico Alfredo Valenzuela debido a shock séptico, meningoencefalitis, tuberculosis pulmonar y VIH-Sida.

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Foto: Billy Navarrete

Según documentación recibida, la señora Laura Rosero insistentemente reclamó meses antes la condición de salud de su hijo. El Juez de la Unidad Penal de Delito Flagrante el 9 de agosto de 2017, dentro de la instrucción fiscal N° 02051-2017, pidió a la directora de la cárcel que certifique que Reasco Rosero vive con VIH y que informe sobre tratamiento recibe en custodia. La denunciante nos manifestó que presuntamente su hijo no recibía el tratamiento adecuado con los retrovirales y pedía que sea ingresado en el Hospital de Neumológico Alfredo J. Valenzuela. El CDH el 20 de octubre del 2017 trasladó el caso a la Defensoría del Pueblo. El 14 y 28 de noviembre del 2017 la DPE realizó Audiencias Públicas dentro del expediente defensorial #DPE-0901-090101-4-2017 en las que comparecieron funcionarios de la Dirección y Policlínico del Centro de Privación de Libertad y de Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública. Estas audiencias permitieron al CDH escuchar explicaciones sobre la presunta atención recibida y acceder a información oficial sobre el caso. Concluida la etapa de comparecencias dentro del expediente defensorial, el CDH concluyó lo siguiente: El 25 de abril del 2017 Luis Oscar Reasco Rosero fue ingresado en la Penitenciaría del Litoral y no se conoce el diagnóstico sobre su estado de salud. Recién el 12 de julio del 2017 Reasco Rosero habría informado a funcionarios carcelarios que vivia con VIH.

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Según Informe Técnico N° 052-DD09D07-ESCPLVG-1-2017 de la Dirección Distrital Pascuales del Ministerio de Salud Pública en el análisis del caso señala que Reasco Rosero “conocía de su enfermedad 7 años antes de ingresar al CPL; sin embargo ocultó su condición lo cual no permitió brindar una atención inmediata” . El CDH considera que esta presunta ausencia de voluntad de Reasco Rosero para confesar su condición, al parecer, es asumida por el Ministerio de Salud Pública como justiﬁcación para no brindar atención y garantizar el derecho a la salud de la persona bajo su custodia. Anotando que el mismo informe señala que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública-INSPI registra resultado de examen de Western Blot practicado a Reasco Rosero el 2 de diciembre de 2010, indicando positivo para VIH. En decir, el MSP tenía información sobre su condición de salud seis años atrás. El 26 de julio del 2017 la Fiscalía solicita a las autoridades de la Penitenciaría del Litoral evaluación médica de Reasco Rosero. El 15 de agosto del 2017 el Juez de la Unidad de Delitos Flagrantes también solicita informe médico. Estos requerimientos de información se realizan por pedido insistente de la madre de Reasco Rosero al ver su deterioro de salud. Casi un mes después, el 28 de agosto del 2017 se registra derivación de Reasco Rosero al Hospital de Infectología, como primera atención especializada en el historial médico. En esa referencia se sospecha co-infección VIH-TB. El 10 de octubre se registra segunda derivación a la mismo hospital para, horas después, devolverlo “sin la respectiva contrareferencia”. El 16 de octubre es nuevamente ordenado su traslado al mismo hospital sin respuesta inmediata y derivado ﬁnalmente al Hospital Neumonológico Alfredo Valenzuela donde fallece el 21 de noviembre. El CDH, al examinar cronología de informe técnico de MSP mencionado anteriormente, observa aparente desatención y tratamiento médico tardío que requería Reasco Rosero pese a reclamos de Laura Rosero por visible deterior de salud de su hijo. Hasta el cierre de este informe, no sé conocen novedades sobre el procedimiento en la Defensoría del Pueblo del Ecuador, ente rector del Mecanismos Nacional para la Prevención de la Tortura.

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Zulivan y los 23 días en el inﬁerno Mi nombre es Zulivan García Duque, soy de nacionalidad colombiana, vivo aquí en Ecuador en calidad de refugiado desde hace aproximadamente ocho años. Vivo en Milagro y me dedico a la producción musical, hago arreglos, compongo, produzco, incluso canto.

Foto: Billy Navarrete

He tenido la oportunidad de trabajar con gente del medio musical y artístico, incluso colabore en la producción de una canción para el equipo Emelec. Siempre meto algo por ahí que diga “esa canción la hizo Zulivan” o “la produjo Zulivan”, es como la identiﬁcación mía. El 23 de junio de 2017 llegaron dos patrullas, con unos siete u ocho policías, entre ellos había dos policías judiciales. El Policía Judicial fue el que me toca la puerta y me pide permiso para ingresar, le digo “ingrese, ¿qué sucede?”, ve el televisor y me dice “¿y ese televisor?”, le digo “lo trajo un amigo, ya mismo viene por él, ¿qué pasa?”. Me pregunta si tengo la factura del televisor, a lo que respondo que no, pues ese televisor era parte de pago de una deuda que mi amigo tenían conmigo y desconocía si tendría factura. El policía me queda viendo y me dice que el televisor está reportado como robado. En el juicio el señor Fiscal me acusa de ser coautor, el señor Juez me emite prisión preventiva y posterior me llevan a la Penitenciaría.

CARCEL

En el pabellón Consular en la Penitenciaría del Litoral, los caporales son otros presos. Esos privados de la libertad comandan ese pabellón y son los que tiene agua y acceden a las 2 celdas con todos los servicios en el pabellón de transitorio. Un día salgo de la celda porque estaban aseándola. Mientras repartían la comida, yo estaba sentado afuera de la celda, cuando yo sentí que me encendieron a golpes. Además todo el día hasta en la noche era ese olor a droga y esos chicos en el pasillo eran de arriba para abajo consumiendo droga. Un día me despierto porque sentí que alguien me estaba echando agua, pero agua caliente. Cuando veo, era un tipo que estaba ahí castigado, pero como estaba oscuro no pude ver en realidad quién era, pero me estaba orinando encima. La verdad, no sé si estaba drogado pero es lo peor que me ha pasado a mí en toda mi vida. Nunca esperé estar en una situación de esas, nunca esperé estar así, yo creo que eso fue demasiado humillante.

Foto: Billy Navarrete

INTEGRIDAD FISICA

Hostigamiento, extorsión y maltrato policial Nosotros denunciamos la serie de hostigamientos, extorsión y duros maltratos sufrido por parte de agentes de la Policía Nacional perteneciente al Unidad de Policía Comunitaria UPC de 7 Lagos al sur de Guayaquil, en especial el sufrido por el menor de edad Roderick Damián De Pauw Pinargote de 17 años que posee discapacidad por lesión visible y permanente en el brazo derecho por accidente hace años atrás. Denunciamos el ocurrido en el mes de octubre de 2016 cuando Roderick De Pauw Pinargote se encontraba conversando con otro joven del vecindario en el parque aledaño al Bloque 18 de Valdivia. Llegaron dos agentes policiales que lo embarcaron en la patrulla acusándolo de tener mariguana para luego extorsionarlo y dejarlo en libertad. El 26 de diciembre de 2016 a las 19h00 el joven De Pauw Pinargote se encontraba en compañía de Kevin Hidalgo, quien andaba en la moto de su propiedad. Fueron interceptados por una patrulla y 4 motorizados acusándolos del robo de la moto y posesión de armas. Los jóvenes fueron esposados y embarcados en la patrulla y conducidos a UPC de Distrito 7 Lagos. En el UPC fueron llevados a una sala de reuniones donde un policía le cortó las uñas con alicate al dueño de la moto, los obligó a ponerse boca abajo en el piso para golpearlos con palo de escoba en los glúteos. Un policía simuló que cortaba con estilete el pecho de Pauw Pinargote y otro policía les ordenó limpiar el baño del UPC mientras simulaba que le disparaba a Kevin Hidalgo con pistola sin balas. El tercer y último incidente ocurrió ayer 17 de enero de 2017 cuando aproximadamente a las 19h00 se encontraban Roderick De Pauw Pinargote junto a 8 jóvenes vecinos preparándose para ir al estadio por ser integrantes del grupo Callejón Azul, parte de la barra de la Boca del Pozo. Llegó patrulla policial debido a llamada telefónica anónima y uno de los jóvenes, comenzó a grabar con su teléfono celular la acción de los policías. Al intentar impedir que se lleven al Roderick De Pauw, otro joven Mario Keny Barreno Pinto fue detenido y trasladado en una patrulla en medio de fuerte forcejeo donde Barreno golpeó a un policía. Aproximadamente a las 4h00 el detenido fue llevado a los Juzgados de Flagrancia de La Florida donde el Juez formuló Acuerdo Conciliatorio que fue ﬁrmado por el detenido y el policía Alex Fabricio Arango Remache.

INTEGRIDAD FISICA

Simultáneamente esa madrugada el padrastro de Mario regresó al sector en compañía de 2 Policías Nacionales para revisar los videos del operativo grabado por los vecinos e intentar recuperar un teléfono celular de policía extraviado durante forcejeo. Uno de los policías pidió a Rosa Antonieta Pinto Orquera, madre del detenido, $700 por el teléfono perdido más el costo de un par de esposas también perdidas y el gas pimienta usado. En ese momento, Rosa Pinto en compañía de su esposo, les entregó a los 2 policías un lote de joyas valoradas $800 más 140 dólares en efectivo. A las 6h00 la pareja de policías regreso para dejar libre a Mario Barreno y se llevó 2 jean mas 20 dolares en efectivo.por el teléfono perdido más el costo de un par de esposas también perdidas y el gas pimienta usado. Rosa Pinto, en compañía de su esposo, les entregó a los 2 policías un lote de joyas valoradas $800 más 140 dólares en efectivo. A las 6h00 la pareja de policías regresó para dejar libre a Mario Barreno y se llevó 2 jean mas 20 dolares en efectivo. Los abajo ﬁrmantes denunciaron estos hechos en la Comandancia de la Policía Nacional y posteriormente el CDH recibió llamada telefónica de agente investigador a cargo del caso solicitando contacto con familias denunciantes. No se conoce de resultados de las investigaciones.

Roderick De Pauw Pinargote, Leyla Pinargote Moncada, Mario Barreno Pinto, Rosa Pinto Orquera, Bryan Morocho Andrade y Norma Andrade Sornoza

Foto: Billy Navarrete

INTEGRIDAD FISICA

Tortura en UPC Soy Victor Laz Jama, de Santa Ana - Manabí y trabajé durante 3 años en un comedor donde la dueña también me daba para dormir y la comida. La casa donde vivía queda cerca del Batallón del Suburbio y no había tenido ningún problema con la Policía hasta el miércoles 27 de enero de 2015 a las 16h00, cuando iba caminando a la cancha a jugar futbol con otros amigos cevicheros, llegaron 6 policías vestidos de civil que me agarraron por la fuerza y me dijeron que era hachero. Ellos no me dijeron que eran Policía. Me llevaron al UPC, ubicado en la 28 y O’Connor, me metieron a una sala que no tiene cámara donde estaba el capitán y otro chico detenido que yo no conocía pero parecía que era especial porque tenía una cicatriz en la cabeza. El capitán dijo “estos son los que reparten droga en el parque” y comenzó a darnos golpe con el tolete de ﬁerro que cargaba. El otro chico tenía amarrada las manos con una piola, y al darle palo, se le descolocó un brazo y se le desmayó. Luego comenzó a meternos corriente con una especia de linterna larga. La corriente me hacía doler, me aplicó corriente en el cuello y yo gritaba. En resolución de la Defensoria del Pueblo del Ecuador N°014-DPE-CGDZ8-AV se incluye la declaración del Policía Nacional D. M.C. N. que narra “el Capitán procedió a llevarse a los 2 ciudadanos a la Sala de Reuniones, en la que no hay cámaras de seguridad , posterior a eso saco el tolete de ﬁerro que el carga, con lo que procedio a golpear a los ciudadanos mencionados, en diferentes partes del cuerpo para lo cual escuchaba los gritos y uno de ellos le decía que no loe golpee la cabeza por era discapacitado”. El capitán mandó a comprar una inyección para el dolor, me puso hielo y luego me puso la inyección en la nalga. No me paso el dolor y durante 3 meses no pude trabajar por el dolor de huesos. Ahí el capitán me dijo “ya lárgate” y le reclame porque no me aparecieron mis zapatos, una gorra y el teléfono. Entonces el capitán dijo “súbete al patrullero para ir a dejarte a tu casa”. El capitán me dejó en la casa como a las 18h00 y me dijo “mañana vengo para reconocerte los zapatos y para los remedios”.

INTEGRIDAD FISICA

Foto: Billy Navarrete

Luego me he encontrado tres veces con el capitán hasta que cambiaron a todos los policías de ese UPC. Otros policías me han dicho que se sabía que el capitán andaba golpeando. La resolución de la Defensoría del Pueblo del Ecuador incluye las siguientes recomendaciones: - Exhortar al señor Capitán a adecuar sus actuaciones como servidor público, en el marco del respeto a los derechos y garantías constitucionales de todas las personas, y al cumplimiento de los protocolos especíﬁcos en relación al trato con las personas con adicciones a sustancias sujetas a control y ﬁscalización que se le encuentre, en cantidades que puedan ser consideradas para su consumo. - Recomendar a la Comandancia de la Policía Nacional Zonal 8, que se continúe con las investigaciones internas, de los hechos expuestos, por el ciudadano Victor Laz Jama, tratados dentro del presente expediente. Desde el 4 de enero de 2017 el joven Victor Laz sigue acción penal en la Fiscalía Provincial por el delito de tortura.

INTEGRIDAD FISICA

Testimonio de Policía Nacional Decidí ser policía porque de niño me motivó ver a mi tío uniformado llegar a la casa. Luego apliqué a la policía y actualmente tengo 4 años y 5 meses de servicio. Lo que más me gusta de ser policía es ayudar a la comunidad, he estado en atención ciudadana y personalmente tengo 3 años trabajando de Policía Comunitario. Lo que más me gusta de ser policía es ayudar a la comunidad, he estado en atención ciudadana y personalmente tengo 3 años trabajando de Policía Comunitario. Actualmente, estoy pasando por un problema de abuso a los Derechos Humanos a un ciudadano. Yo intenté que el capitán no golpee a ese ciudadano y ahora el ciudadano ha denunciado a la Fiscalía. He sido sancionado dos veces por mi capitán porque cuestioné su procedimiento y nadie tenía que meterse. El problema en la policía es que el oficial de policía siempre va a tener la razón sobre la tropa esté bien o mal. El suceso ocurrió el 27 de enero del 2015 cuando dos policías llevaron a dos sujetos acusados de consumir droga al UPC donde estaba de guardia. Mi capitán salió de la Sala de Reuniones, me impide registrarlos en la bitácora y comienza a agredirlos. Escuche que los muchacho gritaban. Uno de ellos comenzó a gritar que no le pegue en la cabeza pues era discapacitado. Yo entro a la Sala de Reuniones del UPC y vi que mi capitán estaba agrediéndolos con un tolete de fierro. Uno de los jóvenes tenía toda la parte lateral y frontal de la cabeza como quemada y por eso decía que no le peguen en la cabeza porque lo podía matar. Le solicité a mi capitán otra vez el permiso para poder coger los datos de los jóvenes y me dijo que me largue a mi puesto de servicio Luego volví a ingresar a la sala junto a un cabo de policía y vimos que estaban aún los dos jóvenes sentados arrimados a la pared llorando. El cabo identifica a uno de los detenidos como “El Cevichero” quien vende ceviche en la 26 y la L y es una persona sana, que no tenía nada que ver con asuntos de droga, que era una persona del campo, de Manabí, y que era una persona trabajadora.

INTEGRIDAD FISICA

Después de eso mi capitán dejó de pegarle y mandó a comprar, con el conductor de la patrulla, varios medicamentos. Luego de unas 3 horas, mi capitán se llevó a “El Cevichero” a la casa y al otro ciudadano lo manda caminando. 3 o 4 horas después llegó mi Capitán al UPC a preguntarme por qué yo había cuestionado su procedimiento y que me iba a castigar. El 18 o 19 de febrero del mismo año fui castigado por dos ocasiones. Una porque supuestamente estaba viendo videos y la otra por desobedecer disposición de sacar la basura del UPC. Luego de 3 meses aproximadamente, me mandaron a trabajar al circuito 5. No me han llamado del Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional pero si acudí a declarar ante la Fiscalía. No sé qué problema tendré por este testimonio, si tendré represalias o problemas con mi Capitán y temo por lo que pueda pasar con mi familia. Conmigo, no mucho pues nacimos para morir.

INTEGRIDAD FISICA

Comerciante ambulante y solicitante de asilo torturado en calabozo del Terminal Terrestre

Por motivos de persecución, ocurridos en Colombia, tuve que salir de Colombia y actualmente me encuentro en el Ecuador en calidad de solicitante de refugio. Me desempeño como vendedor ambulante de chocolates en los buses que salen del Terminal Terrestre de Guayaquil para mantener a mi madre y a mi padre que se encuentra enfermo. El jueves 12 de enero del 2017 aproximadamente a las 13h00 en circunstancias en que me encontraba en el andén 112 del Terminal Terrestre esperando una unidad de la compañía Trasandina vi a un guardia del Terminal Terrestre que siempre me pide plata para dejarme trabajar, y lo esquivé y me metí al baño. Cuando estaba en las escaleras, sentí que me jalaron la camisa y el bolso que llevaba, yo le reclamé y él me dijo “que muy cabrero” y el otro guardia me pegó un puñete en la parte baja de la espalda. Abajo estaba un “Vulcano” que son otros guardias pero que usan un uniforme azul, los otros los que me golpearon usan un uniforme color café y tienen un tolete. Entre los 3 me metieron en el ascensor, ahí estaba un funcionario del Terminal Terrestre de esos que usan terno, pero no hizo nada, a ese funcionario lo conocen como “La Morsa” y solo se reía de lo que me estaban haciendo. En el ascensor me empezaron a golpear los guardias de café, de ahí llegamos a la planta baja, yo me les solté y quería huir pero me volvieron a coger y me botaron los caramelos al suelo, y de ahí me llevaron para el “nido o la jaula” que es un lugar donde encierran a la gente. Yo no quería que me encierren ahí, y entonces me golpearon con el tolete en el brazo, en la rodilla y en la canilla. Quienes me golpearon fueron los dos guardias de café más otro que se les había unido. Me encerraron en el “nido” que es en un sótano que queda atrás, allá me llevaron cargado contra mi voluntad. Ahí había un “Vulcano” el señor de terno del ascensor y algunos guardias de café. Me quitaron la gorra, y la camisa, y me tomaron foto. Como yo tengo un tatuaje en el cuerpo me dijeron que yo era pandillero Latin King. Me pidieron mis papeles, yo les dije que estaba en mi bolso que ellos tenían porque me lo habían quitado. A lo que buscaron vieron mi credencial de solicitante de refugio me dijeron “ah tu eres colombiano, estos colombianos solo vienen a vender droga”. Yo les respondí que si vendiera droga no estaría en los buses vendiendo chocolates.

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Los guardias de café llamaron por radio y yo escuché que pedían que venga un metropolitano. Llegó a la media hora un Policía Metropolitano, los saludó y me dijo que para que el me devuelva la mercadería tenía que darle tres dólares. Yo no le respondí nada, me quedé callado. Luego llegó un agente de la Policía Nacional, pero no lo querían dejar entrar entonces yo lo llamé, le decía Mi sub mi sub estoy acá. El Policía entró y me pidió los papeles, yo le enseñé y les dijo a que me iba a llevar al UPC para retenerme. Yo me fui caminando con el Policía Nacional fuera de ahí y cuando estábamos afuera me preguntó si me habían pegado, a lo que yo le respondí que si. Él me soltó y me dijo, ya ándate Colombia. A lo que revisé mis cosas de los 14 dólares que cargaba solamente tenía 4, y tampoco estaba mi teléfono celular. También me habían roto mis audífonos, por lo que me fui nomas donde estaba mi mamá. La denuncia formal por tortura y privación de libertad arbitraria en lugar no oﬁcial de Nicolás D. fue presentada ante la Fiscalía Provincial del Guayas el 16 de enero de 2017. Al cierre de este informe, casi un año despues, el CDH recibió llamada de agente investigador de la Policía Judicial del Guayas solicitando contacto con joven denunciante. El joven Nicolás D. luego de denunciar la tortura no pude trabajar en Terminal Terrestre por temor a represalia y fue forzado a trasladarse a otra provincia.

Foto: Billy Navarrete

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El CDH anteriormente registró casos de torturas sufrida por comerciantes ambulantes y la existencia de calabozo usado por guardias privados y policía metropolitana en el Terminal Terrestre de Guayaquil. Redordamos que el 20 de diciembre de 2013 el CDH recibió denuncia de un grupo de comerciantes ambulantes que trabajan en exteriores del Terminal Terrestre de Guayaquil que narra la persecución que sufren por parte del Jefe de Seguridad de la Fundación Terminal Terrestre acusándolos indiscriminadamente de ser parte de una banda de ladrones. Ellos en ese entonces denunciaron que existe calabozos dentro del Terminal conocido como “consola de seguridad o nido” de 3 x 6 metros, sin baños ni ventanas. Las personas eran registradas en bitácoras, ﬁlmadas y permanecían encerradas hasta un día. Denunciaron que eran obligados a ﬁrmar “Actas de Compromiso” a no volver a trabajar en el lugar. El documento incluye fotografías del comerciante ambulante y la mercancía decomisada.

Foto: Efrain Castellanos

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Cese de la violencia en Venezuela El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos hace un llamado abierto a otras organizaciones de Derechos Humanos y a hombres y mujeres amantes de la Paz a unir su voz frente la grave situación que atraviesa la nación venezolana signada por carencias y violencia que afectan y vulneran sus Derechos Humanos. Hemos observado con preocupación extrema el sostenido y creciente deterioro de las condiciones de vida y convivencia social en Venezuela y, frente a esta situaciòn, hoy no nos quedamos inmóviles e indiferentes. Expresamos al hermano pueblo de Venezuela la solidaridad de los habitantes del Ecuador sentida al verlo enfrentado violentamente en un espiral que solo deja muertos, heridos, detenciones y temor extendido sin distinciones. No hay manera de minimizar u ocultar el sufrimiento que hoy siente el pueblo venezolano, especialmente expresamos nuestro profundo respeto a las familias de las personas fallecidas y heridas de los bandos enfrentados. Condenamos enérgicamente las manifestaciones de violencia provenientes tanto de la oposición como del Gobierno y sus organizaciones aﬁnes que se repiten diariamente en las calles, y cada vez con mayor virulencia, en contra de la vida y la integridad de sus semejantes. Estas manifestaciones violentas no representan de ninguna forma el ejercicio legítimo de reclamación de Derechos Humanos; la vía de la imposición violenta desconoce el espíritu de la Manifestación Pacíﬁca, el Estado de Derecho y los medios civilizados de canalizar reclamaciones. Saludamos iniciativas como la del Papa Francisco, revestidas de sólido prestigio moral, y exhortamos a todos los sectores sociales y políticos a participar en ellas hasta encontrar soluciones viables. Creemos que los pronunciamientos del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, son equivocados y agudizan la crisis al promover la división sin aportar salidas que reconozcan a todos los sectores. Rechazamos toda intervención abierta o soterrada de potencias e intereses extranjeros de triste recordación en América Latina. Los problemas de Venezuela deben resolverlos los venezolanos mediante el amplio diálogo y la negociación, en un clima de paz y respeto, con el acompañamiento solidario de los demás pueblos del Continente y del Mundo. Pretender aprovecharse de la situación o, peor aún, echar leña al fuego es absolutamente condenable. Guayaquil, 8 de mayo de 2017

No a intervención militar de Estados Unidos en Venezuela El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH se une a las voces que rechazan las declaraciones emitidas el pasado viernes 11 de agosto por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump sobre que no descarta una opción militar frente a la crisis en Venezuela. El anuncio fue seguido de gira del Vicepresidente Michael Pence por varias países latinoamericanos en busca de apoyo. Nos alarma el anuncio del Gobierno de Estados Unidos en circunstancias del prolongado deterioro de la convivencia en Venezuela y el progresivo ascenso de la violencia utilizada por todos los actores, leales al Gobierno y opositores, que hasta ahora deja más de 120 personas muertas y ha generado fenómeno migratorio que busca seguridad y refugio. Es indiscutible la agudización de la crisis y la ausencia de iniciativas pertinente por parte gobiernos de la región e instancias intergubernamentales que conduzcan al diálogo inclusivo y democrático. El aparente cierre de vías de solución no justifican el empleo de estrategias de aislamiento diplomático y económico, discriminación por filiación política, violencia como instrumento de imposición y obviamente la intervención militar constituye el medio salvaje por excelencia que perpetúa la negación de Derechos Humanos y la impunidad. Recordamos que la intervención militar es contraria a las normas del derecho internacional, que prohíbe el uso de la fuerza como instrumento de política exterior, y particularmente la Resolución 2131 de NNUU, que señala que “ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden”. Alertamos que una intervención militar en Venezuela, no sólo agravaría la difícil situación económica, política y de confrontación violenta en el país, sino que además podría ser el inicio de una conflagración regional que involucre a países limítrofes hermanos como Colombia, Brasil y Panamá, con impredecibles consecuencias para el continente.

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Insistimos en el llamado al diálogo interno entre venezolanos, como única vía para solucionar sus conﬂictos internos y el abandono del uso de la fuerza como instrumento de la lucha política. Demandamos a la comunidad internacional el respeto irrestricto a la Resolución 2131 de la Asamblea de las NNUU, y contribuir a la búsqueda de soluciones pacíﬁcas, negociadas y de no intervención en la soberanía de Venezuela. Guayaquil, 16 de agosto de 2017

Fuente: El Universo, 2 de febrero del 2018

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Fuente: La Hora, 8 de marzo del 2018

Fuente: La Hora, 17 de febrero del 2018

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Un llamado a la responsabilidad compartida y a la solidaridad con las personas venezolanas en movilidad Las organizaciones de la sociedad civil de la región, en el marco de la Consulta de América Latina y el Caribe para el Pacto Mundial de Refugiados y la evaluación del Plan de Acción de Brasil que se lleva a cabo en Brasilia los días 19 y 20 de Febrero de 2018, manifestamos nuestra profunda preocupación por la grave situación que atraviesan cientos de miles de personas que se han visto forzadas a salir de Venezuela en los últimos años. A ﬁn de comprender la magnitud que ha adquirido este problema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señalaron que el aumento de solicitantes de asilo provenientes de Venezuela aumentó el 8.828% entre 2012 y 2016. Muchos países de Latinoamérica y el Caribe han dado pasos positivos para recibir y regularizar la situación migratoria de la población venezolana. Como organizaciones de la sociedad civil, acogemos con beneplácito estos esfuerzos. Sin embargo, ante la magnitud y el rápido crecimiento de esta situación urgimos a los Estados de la región a implementar las siguientes medidas: 1. Implementar una respuesta integral que esté basada en el principio de responsabilidad compartida, en línea con la solidaridad regional y el espíritu de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, así como Los 100 puntos de Brasilia: Aportes de América Latina y el Caribe para el Pacto Mundial sobre Refugiados adoptados en esta conferencia. 2. Adoptar medidas tendientes a brindar un trato humanitario y respuestas de protección internacional a personas procedentes de Venezuela a través de la protección de los refugiados, protección complementaria, protección y residencias por razones humanitarias, así como aplicar otras alternativas de regularización con base en la normativa migratoria nacional y regional, y otras formas de protección especial derivadas de su condición de vulnerabilidad. 3. Abstenerse de adoptar medidas que limiten, vulneren los derechos humanos o pongan en riesgo el principio de no devolución.

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Reconocemos la relevancia de los organismos regionales e internacionales con competencia para actuar en crisis humanitarias, tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para el abordaje de una situación tan compleja que se evidencia en múltiples países de la región, consideramos necesario el trabajo articulado de los organismos internacionales antes mencionados en brindar asistencia técnica a los Estados. Asimismo, resulta relevante que los Estados de América Latina y el Caribe soliciten a dichos organismos que, en cumplimiento de sus mandatos, generen aportes que favorezcan un abordaje integral basado en un enfoque de derechos humanos. Sería de particular importancia facilitar visitas al terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer la situación que enfrentan las personas venezolanas que se están viendo forzadas a migrar hacia otros países de la región, los esfuerzos que los distintos países están implementando y compartir buenas prácticas para brindar asistencia técnica a los Estados en la búsqueda de una solución regional integral en el marco de la protección de los derechos humanos de la población venezolana. Las organizaciones de la sociedad civil ﬁrmantes exhortamos a los países de la región a implementar las medidas necesarias para la atención de la población forzada a migrar acorde a los estándares internacionales y regionales de derechos humanos. En este sentido ratiﬁcamos nuestro compromiso en coadyuvar a la concreción de estas medidas. Brasilia, 20 de febrero de 2018 Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil Firma de 50 organizaciones de sociedad civil, integrantes del GARPAB por Ecuador: Asylum Access Ecuador (AAE), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-Guayaquil), Servicio Jesuita a Refugiados- Ecuador (SJR-Ecuador); Misión Scalabriniana Ecuador;

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Síntesis de prensa local sobre desplazamiento venezolano a Ecuador Migración venezolana satura atención en puesto fronterizo “Unos 2.000 entran por la frontera para quedarse en el país o seguir periplo a Perú o Chile, un mes antes el promedio diario no sobrepasaba los 800 ingresos según registros de la Jefatura de Migración en Carchi” (El Universo, 29 de julio de 2017). Ministerio del Interior asegura que no se ha restringido paso a venezolanos en fronteras “El Ministerio del Interior informó la noche de este jueves en un comunicado que no se ha ejecutado acción alguna, ni se han adoptado medidas restrictivas, discriminatorias o xenofóbicas en contra de ciudadanos venezolanos o de cualquier otra nacionalidad, al momento de su ingreso al territorio nacional “(El Universo, 27 de julio de 2017). Los migrantes venezolanos se vuelcan a las ventas callejeras “Unas 15.000 salidas hacia Ecuador registró Colombia en el puente Rumichaca” (El Expreso, 29 de julio de 2017). “Los venezolanos que ingresan son jóvenes no mayores de los 30 años, estudiantes o egresados universitarios y salidos de ciudades grandes como Caracas, Maracay, Mérida y San Cristóbal. Llegaron por vía terrestre, haciendo transbordos. La mayoría de ellos tiene el estatus de ilegal. (El Expreso, 29 de julio de 2017). Venezolanos residentes en Guayaquil hicieron plantón y oraron por familiares compatriotas “Los venezolanos radicados en Guayaquil se reunieron al medio día de este domingo en los exteriores de la iglesia San Francisco, en la avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo, para realizar una plantonera y una misa en apoyo al pueblo opositor de Venezuela que hoy rechaza una Asamblea Constituyente” (El Universo, 30 de julio de 2017). Venezolanos traen penurias y retoman la fe “Organizaciones de derechos humanos estiman que en los últimos cinco años unos 28.000 venezolanos ingresaron a Ecuador y no registraron su salida del país. En Migración en Carchi, la semana pasada llegaba cerca de 2.000 al día;

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un mes antes la cifra era de 800” (El Universo, 1 de agosto de 2017). La mayoría de venezolanos que llegó al país es profesional “Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca e Ibarra son las principales ciudades de residencia de los venezolanos que han ingresado al país. Según la Organización Civil Venezolanos en Ecuador, se trataría de, al menos, 28.347 personas. La cifra se desprende de quienes votaron en Ecuador en la consulta popular el 16 de julio del 2017. Según el Ministerio del Interior, entre el 2012 y el 2016 ingresaron 47.000 venezolanos; de ellos 38.087 permanecerían en el país, ya que no registraron su salida. La Asociación Civil Venezolanos en Ecuador, ha registrado 8.664 venezolanos, de ellos el 83% son profesionales” (El Comercio, 1 de agosto de 2017). Los venezolanos migran entre ciudades en busca de empleo “Al Ecuador ingresaron entre 24.000 y 36.000 venezolanos desde que se agravó la crisis en ese país en el 2016, y estos llegaron a las principales ciudades por preferencias de amigos y familiares, según datos de la Asociación Venezolanos en Ecuador. Las autoridades de Ambato, Riobamba y Santo Domingo, estiman que llegaron 1.200 personas por las referencias que se tienen de las actividades que hacen, principalmente en el comercio informal en las vías. (El Comercio, 9 de septiembre de 2017). Venezolanos denuncian casos de bullying en niños y despidos; agradecen a Ecuador por la acogida “Egleth Noda, representante del colectivo Chamos en Ecuador, concurrió a la Embajada de Venezuela en Quito, y señaló que tienen niños que están sufriendo bullying en los colegios, hombres y mujeres que están siendo despedidos sin justificación y mujeres que están siendo fotografiadas sin que se respete su derecho al libre tránsito” (El Comercio, 14 de septiembre de 2017). María Fernando Espinosa: “Ya no estamos en una época de florecimiento regional” “En una entrevista realizada a María Fernanda Espinosa, se le preguntaba acerca de los pedidos de refugios de venezolanos, pues se han reportado 200 pedidos el mes anterior, a lo que responde que ese proceso no tiene nada que ver con la posición que mantiene el Ecuador con respecto a Venezuela, y que sí hay solicitudes de asilo y de refugio, pero que eso pasa por un proceso que hay que respetar, y que el país no discrimina” (El Expreso, 6 de octubre de 2017).

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Cientos de venezolanos desalojados de población fronteriza de Colombia “Unos 600 venezolanos fueron desalojados de la población de Sevilla, en la frontera de Colombia con Venezuela, y trasladados a otras zonas colombianas, a los limites con Ecuador o a su país. El Alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta, precisó que 27 venezolanos fueron enviados a Ecuador” (El Comercio, 24 de enero de 2018). Los venezolanos también realizan emprendimientos en el Ecuador “El número de venezolanos que decide quedarse en Ecuador aumentó. Según datos de la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior, el 21% de los venezolanos que arribó en el 2017 no registró su salida. En ese año se quedaron en Ecuador 61.138 ciudadanos, 12 veces más que en el 2015, cuando la cifra fue 5.144” (El Comercio, 4 de febrero de 2018). Ecuador es un país de paso para mayoría de venezolanos “Según estadísticas del Ministerio del Interior, que controla los puntos migratorios, entre enero del 2017 y enero del 2018, ingresaron a Ecuador 350.490 venezolanos, pero en ese mismo periodo salieron 279.517. Es decir, que ocho de cada diez venezolanos que arribaron al país no se quedaron aquí”. “Las estadísticas también reflejan que la mayoría de estos migrantes se transportan por vía terrestre. El 81% de venezolanos que ingresan al Ecuador lo hicieron por el puente de Rumichaca, en la frontera con Colombia, asimismo, el 72% de esos migrantes abandonaron el país por Huaquillas, en la frontera con Perú” (El Comercio, 19 de febrero de 2018). Venezolanos hacen fila nueve horas para entrar a Ecuador “Del lado ecuatoriano, las filas de extranjeros que buscan legalizar su paso migratorio parecen sin fin. Las autoridades optan por sellar los brazos de viajeros numerándolos hasta el 1.000 para que respeten los turnos” (El Universo, 12 de febrero de 2018). “Luego del sellado de Migración, los venezolanos van a la terminal terrestre de Tulcán. Allí, la mayoría busca pasaje a Guayaquil para luego ir a Huaquillas y continuar a Perú o Chile. El administrador de la terminal, comenta que el pasado 4 de febrero transportaron unas 9.000 personas de las cuales el 60%, unas 5.400 eran de Venezuela” (El Universo, 12 de febrero de 2018). 1,2 millones de venezolanos han emigrado en dos años “El programa colombiano Tu mundo hoy, afirma que han pasado a Ecuador 200.000 venezolanos en los últimos tres meses, con la intención de quedarse

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o seguir su camino hasta otros países de la región, la mayoría hacia Perú o Chile” (El Universo, 14 de febrero de 2018). Venezuela preocupa a toda la región; Ecuador en silencio “Unos 200.000 venezolanos habrían cruzado de Colombia a Ecuador en los últimos tres meses. El ﬁn de semana pasado, los migrantes que huyen de la difícil situación de su país, hicieron ﬁlas de hasta nueve horas para ingresar a territorio ecuatoriano” (El Expreso, 15 de febrero de 2018). Decreto para evitar el abuso a los migrantes “Un nuevo decreto del Ministerio de Trabajo sale para evitar los abusos a los migrantes, en especial a los venezolanos. Algunos dueños de los restaurantes y hoteles han visto la oportunidad de tener mano de obra barata en los extranjeros, quienes por la falta de documentos aceptan laborar ganando menos que el salario básico ($ 386). En casos extremos, reciben menos de un dólar por hora trabajada, según los testimonios recogidos” (El Expreso, 15 de febrero de 2018).

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CDH condena ataque con explosivos en San Lorenzo El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH se une a las voces de enérgica condena y alarma por el ataque con explosivos que sufrió la Comandancia Cantonal de la Policía Nacional en San Lorenzo, Esmeraldas la madrugada de sábado 27 de enero de 2018 dejando a 28 personas heridas, las instalaciones del destacamento en ruinas y destrucción en 37 viviendas vecinas. En respuesta al ataque, el Presidente Lenín Moreno Garcés, decretó Estado de Excepción en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro que suspende los derechos a la inviolabilidad de domicilio, inviolavilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión durante 60 días. Sería la primera ocasión que ocurre un ataque con esta potencia y premeditación a una institución publica en el Ecuador. Además deja una temible advertencia sobre el poder que gozarían sus perpetradores y representa un enorme desafío en materia de seguridad ciudadana para este olvidado sector de fronterizo.

Foto: Billy Navarrete

No es lejano el recuerdo sobre la acción de las Aguilas Negras y otras organizaciones criminales, vinculadas al narcotráfico y al secuestro, que sembraron zozobra en Esmeraldas hace aproximadamente una decada. Así mismo, la memoria trae el escandaloso crimen del Alcalde recién electo de Muisne, Walker Vera, a pocos días para asumir el cargo el 11 de mayo del 2014. Es decir, se identifica una perturbadora progresión en potencia que no ha cesado de expandirse pese al trabajo de la fuerza pública para mantener el control es esta región que sigue teniendo uno de los mayor índices de homicidios por habitante en el Ecuador. Alentamos la generación de alianzas de todos los sectores por la seguridad ciudadana y la Paz como instrumento para el fomento de mecanismos de erradicación del crimen organizado y la promoción de las garantías de los Derechos Humanos, especialmente de la población con necesidad de protección internacional que huye de la violencia en Colombia. Nos mantendremos atentos a los resultados de las investigaciones y a las medidas Estatales que garanticen la no repetición de estos hechos. Este grave episodio debe ser examinado en el marco de la desmovilización en curso por el Acuerdo de Paz en Colombia firmado hace un año y que, desde entonces, no ha dejado de costar valiosas vidas de defensores y defensoras de los Derechos Humanos, como el reciente crimen Temistocles Machado ocurrido el 27 de enero de 2018 en Buenaventura. Guayaquil, 29 enero de 2018

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Las fronteras deben ser espacios para la vida y el desarrollo humano Las organizaciones y personas abajo firmantes, quienes hemos trabajado en diferentes aristas de la movilidad humana en el Ecuador - en particular en las fronteras de nuestro país - frente a los acontecimientos vividos en las últimas semanas en diferentes puntos de la frontera colombo ecuatoriana (la explosión de un coche bomba en San Lorenzo - Esmeraldas, el desplazamientos de familias indígenas en Chical - Carchi por efectos de combates entre grupos armados en la zona del Cumbal – Colombia; entre otros); queremos expresar lo siguiente: 1. Preocupa que la mirada inmediata frente a estos hechos, y por ende su respuesta se dé exclusivamente desde un enfoque tradicional de seguridad. Esto pese a que, desde hace años atrás, y señalado en la Constitución del año 2008, se plantea que es necesario abordar los temas de las fronteras desde una concepción de derechos humanos, en la que la defensa y la protección de la vida esté por encima de cualquier otro aspecto. 2. Creemos que es importante, particularmente desde el Estado Ecuatoriano, entender que estos acontecimientos se están dando por el reacomodo de las fuerzas beligerantes en la búsqueda de control de los diferentes territorios que tras los acuerdos de paz en Colombia con las FARC-EP, han quedado a merced de aquellos que quieren adueñarse de estos espacios. Y, sin lugar a dudas, esta dinámica de violencia tiene consecuencias en territorio ecuatoriano de frontera afectando de sobremanera a las comunidades indígenas y afrodescendientes y, en general, a la población civil. 3. En este contexto, es notoria la fragilidad de los sistemas de protección de derechos - sobre todo a nivel local - a través de los cuales la población transfronteriza que radica en situaciones de alta vulnerabilidad, encuentre protección frente a los múltiples riesgos que está viviendo. 4. A la par es importante entender las nuevas dinámicas que están tomando las economías ilegales, y no solo nos referimos al tráfico de drogas declaradas ilegales, sino también a otros problemas como la trata y el tráfico de personas, el desarrollo de minería ilegal, entre otras. Estas prácticas, en buena medida, se sustentan en recursos y actores que se encuentran en el lado ecuatoriano de la frontera. 5. La presencia de estos actores irregulares, en mucho se debe, a que los Estados de Ecuador y de Colombia, no tienen para la zona transfronteriza una propuesta de desarrollo integral, basado en los derechos de las personas. De allí que las ciudades y comunidades más vulnerables del país, con una

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débil institucionalidad pública, estén justamente ubicadas en el cordón fronterizo; lo cual hace muy difícil generar acciones de prevención frente a actividades delictivas en la zona. 6. Lo señalado, está produciendo un flujo cada vez mayor de población desplazada por la violencia; que se suma a la llegada masiva de población venezolana; situaciones a las cuales no se ha dado respuestas adecuadas en el marco de lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales que en materia de refugio y migración el Ecuador ha firmado. Por estas razones analizadas desde varias miradas, consideramos que el escenario del conflicto colombiano vive un proceso de escalamiento muy peligroso, frente a los cual: 1. Hacemos un llamado al Estado Ecuatoriano, para que ponga en marcha una estrategia emergente de respuesta a las brechas de desarrollo socio – económico en la zona de frontera. Esto implica realizar un diagnóstico de las necesidades urgentes de la población; identificar medidas de acción afirmativa para grupos de atención prioritaria; fortalecer la presencia de la institucionalidad civil del Estado; generar mecanismos de asistencia a la población que ya se encuentra en situación de desplazamiento; y, reforzar los diferentes sistemas de protección, particularmente aquellos que están coordinados en cada uno de los municipios de la Zona 1.

Foto: Billy Navarrete

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2. En línea con lo anterior, instamos a que se implementen de manera integral y adecuada el Plan Binacional de Desarrollo Ecuador – Colombia, de forma que desde una mirada binacional, se asuma la corresponsabilidad de las respuestas a la compleja dinámica existente en la frontera; y, de forma concomitante, que se pueda profundizar en el componente de “fronteras solidarias”, firmada por ambos países en el Plan de Acción Brasil. 3. Dadas las condiciones actuales del sistema de asilo en el Ecuador, y los rezagos en las solicitudes no tramitadas, creemos que es importantes reforzar los mecanismos para agilitar el reconocimiento de la condición de refugio de las personas que están huyendo de este y de otros conflictos que se viven en la región. De la misma manera, facilitar a las personas de nacionalidad venezolana garantías de protección y regularización migratoria viable en el Ecuador. Esto en el marco de los Instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario, y ante todo para dar cumplimiento a los postulados que en lo referente a movilidad humana se tiene en la Constitución del país. 4. Es importante fortalecer de manera inmediata el accionar de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría Pública en la zona de frontera, en forma coordinada con su par en el lado colombiano; para de esta manera garantizar acceso a mecanismos concretos de protección de derechos. 5. También hacemos un llamado a los organismos internacionales, en particular a las de Naciones Unidas, para implementar acciones de carácter binacional que prevengan el escalamiento de violencia y sus implicaciones a las poblaciones, sobre todo en la zona de frontera. 6. De nuestra parte como organizaciones de la sociedad civil, reforzaremos el espacio de encuentro, diálogo y articulación entre Ecuador y Colombia; lo que nos permita mejorar los sistemas de alerta temprana, generar información preventiva adecuada, establecer monitoreos integrales en la zona e implementar acciones de protección y atención a los derechos de las personas afectadas por estas situaciones. 7. Expresamos nuestra solidaridad con las lideresas y líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes participan activamente en la implementación de los acuerdos de paz; y que han sido víctimas de asesinatos sistemáticos en Colombia. En Quito, a 13 de febrero del 2018. MSC, SJR, CDH, Caritas Ecuador, CODHES, Mesa de Víctimas del Conflicto Colombiano en Quito, Fundación Alas de Colibri, Coalición por las Migraciones y el Refugio

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Opinión del CDH sobre el caso de asilo de Julian Assage El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH presenta artículo elaborado por Diego Bastidas y Billy Navarrete sobre el caso de asilo de Julian Assage elaborado para el proceso de consulta abierto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominado “la institución del asilo en sus diversas formas y la legalidad de su reconocimiento como derecho humano de todas las personas conforme al principio de igualdad y no discriminación” en el marco de la opinión consultiva solicitada por el Estado de Ecuador el pasado 18 de agosto de 2016. Al examen de los puntos sometidos a consulta, el CDH estimo conveniente basar su argumentación en el estudio del caso de asilo de Julian Assage en la Embajada del Ecuador en Londres y la controversia alrededor de principios fundamentales sobre la universalidad y proporcionalidad en materia de Derechos Humanos. En la práctica este debate jurídico mantiene privado de libertad a Julian Assange dentro de la sede diplomática desde el 19 junio 2012. Hemos priorizado la lectura del caso desde la orilla humanitaria, materia esencial del asilo, por fuera de la amplia connotación que rodea al caso y el actual entrampe judicial que sufre la víctima. No deja de ser signiﬁcativo y trascendente el debate convocado en el marco de los grandes desafíos que enfrentan los Derechos Humanos en la actualidad, en términos de seguridad de los Estados y Derecho Humanitario. El presente aporte nace de nuestro franco compromiso por la defensa de los Derechos Humanos como único orden que permitirá la construcción de la Paz, la igualdad y la No Discriminación. Guayaquil, 20 marzo de 2017

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Selección de hechos del caso Assange El australiano Julian Assange(1) es el fundador de Wikileaks, organización sin fines de lucro(2) que oficialmente nació en el 2007 con la finalidad de publicar información secreta para gobiernos y empresas, desde el anonimato de las fuentes. 5 abril 2010 / el video “Muerte Colateral(3)” es exhibido por Wikileaks en rueda de prensa en Washington y visto, en ese entonces, por 11 millones de personas(4) y para el marzo 2017 con cerca de 16 millones de visualizaciones. El video muestra la masacre perpetrada el 12 julio 2007 en Bagdad por dos helicópteros Apache contra un grupo de civiles desarmados, entre los que se encontraban 2 periodistas de la Agencia Británica Reuter y 2 niños. Abril 2010 / Wikileaks, a través de The Guardian, New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País, hace público los “Diarios de Guerra” con información confidencial sobre operaciones militares del Gobierno de EUA en Afganistan(5) y posteriormente de Irak (6). Octubre 2010 / Assange entregó, inicialmente a The Guardian, un tercer paquete de información denominado “Cablegate” con 250.000 informes

Foto: Billy Navarrete

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diplomáticos de funcionarios del Departamento de Estado de EUA sobre aproximadamente 200 países(7) . 7 Diciembre 2010 / la Policía británica arrestó a Assange en régimen de aislamiento en la prisión de Wandsworth en Lóndres por cargos de coerción, acoso y violación a dos mujeres ocurrido el 14 agosto del 2010 seguido por la Fiscalía de Suecia. 2 meses después es liberado por ﬁanza y la condición de arresto domiciliario Diciembre 2010 / el Vice Canciller del Ecuador Kintto Lucas manifestó que el Ecuador estaba “abierto a darle la residencia a Julian Assange sin ningún problema ni condicionamiento”. Posteriormente el Presidente Rafael Correa aclaró que “fue a título personal, no ha recibido autorización para recibir a Assange” 14 junio 2012 el Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra ratiﬁco la orden de extradición de Assange con plazo hasta el 30 junio 2012. Sobre él recae una orden europea de arresto extendida por Suecia que fue aceptada por la Corte de los Loores de Reino Unido según la Ley de Extradición del 2003. 19 junio 2012 / Julian Assange rompe arresto domiciliario e ingresa a la Embajada de Ecuador en Londres para presentar pedido de asilo. El 25 junio 2012 Assange presenta documento complementario a la solicitud. 15 agosto 2012 / el Ministerio Británico de Exteriores dijo “Hemos dejado claro en nuestras conversaciones con el Gobierno de Ecuador que el Reino Unido tiene la obligación legal de extraditar a Juliam Assange a Suecia para que haga frente a las alegaciones de delitos sexuales. Estamos decididos a cumplir esta obligación”. 15 agosto 2012 / El Canciller Ricardo Patiño reclamo por amenaza de “asalto” a la Embajada de Ecuador en Londres respaldada en la Ley de Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987. Señaló que los locales diplomáticos gozan de inmunidad reconocida por la comunidad internacional según el artículo 22 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de Naciones Unidas de 1961. En ningún caso es lícito penetrar a un local de la embajada para arrestar a un refugiado político. 16 agosto 2012 / El Estado del Ecuador concede asilo diplomático a Julian Assange.

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17 agosto 2012 / el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos señaló que “Estados Unidos no forma parte de la Convención de 1954 de la OEA sobre Asilo Diplomático y no reconoce el concepto de asilo diplomático como una cuestión de derecho internacional”. Agregó que “creemos que se trata de un asunto bilateral entre Ecuador y Gran Bretaña y que la OEA no tiene ningún papel en esta cuestión(8)”. 11 diciembre 2015 / Ecuador y Suecia firman Acuerdo de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal para dar trámite al interrogatorio requerido por la Fiscalía de Suecia por el delito de violación. 05 febrero 2016 / El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias concluyó que la detención del fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arbitraria desde su arresto inicial el 7 de diciembre de 2010. El Grupo llamó a los gobiernos de Suecia y el Reino Unido a poner fin al arresto de Assange y a respetar su integridad física y libertad de movimiento, además de garantizarle el derecho a una compensación(9) . 24 marzo 2016 / Hugo Swire, Secretario de Estado del Ministerio Británico de Exteriores, responsable de las Área de América Latina y Medio Oriente, dijo que las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas son “profundamente defectuosas” y pidió formalmente que sean revisadas. Agregó “Julian Assange nunca estuvo detenido de forma arbitraria en Reino Unido y en realidad está evitando el arresto al elegir permanecer en la Embajada de Ecuador(10). 14 noviembre 2016 / Assange fue sometido a la primera sesión de interrogatorio a cargo del fiscal ecuatoriano Wilson Toainga con la presencia de la fiscal sueca Ingrid Isgren por la acusación de violación aún vigente. Los otros 3 cargos prescribieron en agosto de 2016. 18 enero 2017 / Alfred de Zayas, experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, señaló que “los denunciantes que develan información que toda persona tiene derecho a conocer son defensores de las garantías fundamentales y contribuyen a la democracia”. En este contexto, conminó a poner fin a las campañas de difamación, acoso y persecución de informantes como Julian Assange, Edward Snowden, Antoine Deltour, Raphael Halet y Rafi Rotem, señalando que actuaron de buena fe y que ejercieron el derecho a la libertad de expresión establecido en la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (11).

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19 mayo 2017 / la directora de la Fiscalía de Suecia, Marianne Ny, archivó la causa por violación, en la que Assange era sospechoso e introdujo solicitud al Tribunal Distrital de Estocolmo para revocar la orden de detención emitida en su contra. La Policía Metropolitana de Londres aún posee orden de arresto por romper las condiciones de arresto domiciliario el 19 de junio de 2012. 29 mayo 2017 / el Presidente del Ecuador dijo “ el señor Assange es una hacker, es algo que nosotros rechazamos, en forma particular yo lo rechazo, pero, vuelvo a recalcar, respeto la condición en la que está”. 22 noviembre 2017 / La Cancillería de Ecuador pidió a Julian Assange que se abstenga de pronunciarse sobre la situación de Cataluña y le advirtió de su obligación de no dañar las relaciones de Ecuador con España.

Sobre la vigencia de la Soberanía, paradigmas de Derechos Humanos, Universalidad o Excepcionalismo. Historia y casos de estudio (La responsabilidad de proteger vs el principio de igualdad y autodeterminación entre los Pueblos). La presente solicitud de Opinión Consultiva, creemos, debería tener en consideración las realidades complejas que alejan al ideario de los Derechos Humanos de su efectiva vigencia. Es interesante el planteamiento del Estado ecuatoriano, en tanto propone un desafío a los típicos esquemas liberales formales que han moldeado el actual Sistema-Mundo, al menos desde el momento en que se termina la Segunda Guerra Mundial. En el corazón de la consulta subyace una discusión mayor a la cuestión de si los Estados hegemónicos del Norte Global están obligados a aceptar la legalidad internacional, sino más bien nos encontramos ante una encrucijada ﬁlosóﬁca de gran envergadura: ¿la universalidad de los Derechos Humanos tiene mayor peso ético que la idea del excepcionalismo(12) propuesto por los países centrales? El problema político, lo advierte Lukacs(13) , no puede ser leído en clave Kantiana exclusivamente, puesto que la dialéctica como método interpretativo de la realidad y el pensamiento abarca la complejidad, lo contradictorio, y la trascendencia hacia nuevos momentos del ser y la existencia. No cabe pues, en esta línea, desarrollar un silogismo formal para pretender absolver la presente solicitud de Opinión Consultiva. El desafío que tenemos en frente es superior, a nuestro modo de ver como organismo comunitario de los Derechos Humanos.

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¿Es que acaso pueden existir unos Estados –típicamente los del G20 y el Norte Global- más soberanos que otros? La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo nos promete que “(…) la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana (…)”(14) . Encontramos que el contexto rebasa al texto. Un Estado pequeño y en construcción del Sur Global, Ecuador, ha decidido hacer uso de la institución humanitaria del asilo, pero posteriormente el poder de Inglaterra, Suecia y Estados Unidos juntos han hecho caso omiso de la consecuencia lógica que ello supondría: darle resguardo a un ser humano, bajo un nuevo techo, en condiciones dignas. Dicho en otras palabras estos Estados han incumplido sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos. ¿Cómo explicaríamos ante la conciencia de los pueblos y la historia que el perseguidor, por poderoso que sea, tiene la capacidad de hacer tabla rasa de la legalidad internacional? Desde nuestro espacio, como actor comunitario y de base en defensa de los Derechos Humanos(15) , advertimos que el Norte Global puede y quiere desarrollar teorizaciones sobre los Derechos Humanos funcionales a sus intereses y necesidades. Así pues, las élites intelectuales de los Derechos Humanos en el primer mundo, poco humildes, han desarrollado curiosas teorías como la de “la responsabilidad de proteger”(16) . Notemos que resulta una categoría sofisticada que encubre un afán de seguir violentando y extrayendo la dignidad de los condenados de la tierra, principalmente dentro del Sur-Global, pero todo en el nombre y bajo la bandera de los “Derechos Humanos”. ¿Los causantes del desastre pueden asumirse como guardianes de la humanidad? Aquí la contradicción resulta clara: ¿Qué lugar le queda a un Estado como el ecuatoriano para proponer nuevas doctrinas por las cuales se podrían reconstruir los “Derechos Humanos”? En la línea de la “responsabilidad de proteger”, encontramos que los países del G20 desafían y aplastan el concepto mismo de “universalidad”, en su reemplazo nos han acostumbrado a la idea de lo “excepcional”(17) . Estados Unidos de América cuenta con el poder suficiente para nombrar y crear realidades en materia de “Derechos Humanos”(18) . Si ellos invaden Iraq, entonces no hablaríamos de Crímenes contra la Humanidad, ni delitos de agresión en el marco de las Convenciones de Ginebra, por el contrario se trata de un accionar éxcepcional´ frente a un mundo `caótico` que, supuestamente, merece y necesita la “Pax Americana”.

Nuestra introducción no convencional a esta consulta, procura poner sobre el debate y como elementos para la resolución de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha llegado la hora de alzar la voz frente a lo que Aníbal Quijano llama el neocolonialismo cultural(19) , que también existe en materia de defensa, promoción y protección de los “Derechos Humanos”. El Asilo ha sido diseñado y desarrollado para proteger a las personas frente a cualquier tipo de persecución, y en la tradición latinoamericana se ha desarrollado una práctica regional de garantizar la integridad de los perseguidos también en las Embajadas y legaciones diplomáticas(20). Esta Corte, consideramos respetuosamente, tiene el deber de asumirse como un Alto Tribunal del Sur Global y pronunciarse de forma tal que Inglaterra se vea obligada a disponer la liberación del ciudadano Assange. Alcance del asilo en la tradición latinoamericana y universal. El Art. 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH48) establece que “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país“, lo cual constituye un punto de partida necesario para considerar al Asilo como un derecho humano, al igual que los otros que se enlistan en dicho instrumento internacional. Ahora bien, la DUDH48 establece un enunciado bastante general y vago sobre el derecho a buscar Asilo en caso de persecución, de ahí que su desarrollo se ha dado a lo largo del tiempo en distintas regiones, niveles, e instrumentos jurídicos. Ese desarrollo, por hacer una primera distinción importante, se ha dado a niveles regionales y universales, por caso, en América Latina existe una cuerpo jurídico específico que dotó de contenido al derecho a solicitar asilo (las Convenciones de Caracas de 1955 sobre Asilo Territorial y Asilo Diplomático) con un enfoque bastante restrictivo, mientras que a nivel universal el mismo derecho ha sido desarrollado principalmente en el marco de las Naciones Unidas, mediante la adopción de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. Más adelante cuando entremos a analizar las distintas definiciones que se han configurado sobre el Refugiado, haremos mención también a las definiciones regionales en América Latina (Declaración de Cartagena) y en África (La definición de la OUA). Hecha esta somera distinción quisiéramos precisar que en esta parte del texto nos enfocaremos en recopilar y analizar los estándares generados sobre el Asilo en el marco del sistema universal de Protección de las personas Refugiadas, por su relevancia a la necesidad de dar solución a los problemas contemporáneos que sufren los Refugiados. Habrá pues que dilucidar, en primer lugar, el concepto del “Asilo” o, si se quiere, lo que se busca es dar cuenta de un proceso histórico en torno a la construcción de la institución del Asilo, teniendo como punto de partida la DUDH48.

Revisando las discusiones que se dieron en torno a la elaboración de la DUDH48 podemos advertir las posiciones divergentes en torno al contenido y alcance del derecho a solicitar asilo, tal como quedó plasmado en el Art. 14. El delegado francés, Don Rene Cassin abogó enérgicamente por considerar que el Art. 14 debía contener tanto el derecho a “buscar” asilo, como la “obligación” de los Estados a concederlo, pues en lo medular, razonaba que este derecho constituía el corolario del resto de derechos recogidos en la DUDH48, pues ante el quiebre o la falta de protección efectiva por parte del Estado cualquier persona debería salvaguardar su dignidad en otro Estado. Por su parte, la delegación inglesa, en la voz de Sir. Lauterpach insistió, y al final fue la tesis que prevaleció, bajo preocupaciones de capacidad de recepción y asuntos de seguridad, en que la configuración del Art. 14 no podría entenderse bajo ningún concepto como una “obligación” del Estado requerido de conceder el asilo, porque este acto constituye un ejercicio de su soberanía y como tal entraba en la esfera de la discrecionalidad estatal. Posteriormente y con motivo de la crisis de refugiados europeos consecuencia de la segunda guerra mundial, la comunidad internacional se esforzó por reunir en un tratado internacional un marco legal para brindar protección a las personas refugiadas. Es pues, que el resultado fue la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, en ella se desarrolló una definición de quién merecía la protección internacional, cuál era el estatuto legal de estas personas y finalmente las obligaciones de los Estados en protección de las personas refugiadas. Sin embargo, dicho documento no contiene una definición o desarrollo acabado de la institución del asilo. En el año de 1967 la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de fortalecer el corpus iuris internacional de la institución del asilo, adoptó por unanimidad la Declaración sobre Asilo Territorial. Esto se dio en momentos en que la comunidad internacional discutía seriamente sobre la necesidad de contar con una Convención sobre el Asilo, en la cual se detallará su alcance mínimo y las correlativas obligaciones de los Estados en protección de personas refugiadas, al final esto no fue posible. En la Declaración del 67 se buscaba insistir en el efecto útil del Asilo, es decir, como institución que le permitiría a una persona perseguida i) ingresar a otro territorio (ser admitido), ii) no ser devuelto al territorio donde su vida o demás derechos corría peligro, iii) disfrutar de los derechos, y iv) encontrar una solución duradera a su situación como refugiado. Sobre el contenido del asilo, el Comité Ejecutivo del ACNUR (EXCOM) en su conclusión N° 82 estableció que “d) Reitera, a la luz de estos retos, la necesidad que se acuerde un pleno respeto a la institución del asilo en general, y considera oportuno subrayar los siguientes aspectos especiales:

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1) El principio de no devolución, que prohíbe la expulsión o devolución en modo alguno de los refugiados para ponerlos en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas, independientemente de que se les haya otorgado o no oficialmente la condición de refugiados, o de las personas respecto de las cuales haya razones fundadas para creer que estarían en peligro de ser sometidas a tortura, según se señala en la Convención de 1984 contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 2) El acceso de los solicitantes de asilo, en consonancia con la Convención de 1951, el Protocolo de 1967, procedimientos imparciales y efectivos para la determinación del estatuto y las necesidades de protección; 3) La necesidad de admitir a los refugiados en el territorio de los Estados procedimientos imparciales y efectivos para la determinación del estatuto y las necesidades de protección; 4) La necesidad de dar al ACNUR un acceso pronto, sin trabas y seguro a las personas de interés; 5) La necesidad de aplicar escrupulosamente las cláusulas de exclusión enunciadas en el párrafo F del artículo 1 de la Convención de 1951 y otros instrumentos internacionales pertinentes y de asegurar que no se menoscabe la integridad de la institución del asilo haciendo extensiva su protección a las personas que no tengan derecho a obtenerla; 6) La obligación de dar a los solicitantes de asilo y refugiados un tratamiento acorde con las normas aplicables de derechos humanos y del derecho sobre los refugiados, en la forma en que se enuncian en los instrumentos internacionales pertinentes; 7) La responsabilidad de los Estados de asilo en colaboración, cuando sea pertinente y procedente, con las organizaciones internacionales, de identificar y separar de las poblaciones de refugiados a cualesquiera elementos armados y militares, y de asentar a los refugiados en lugares seguros y a distancia razonable, en la medida de lo posible, de la frontera del país de origen, con miras a salvaguardar el carácter pacífico del asilo; 8) el deber de los refugiados y solicitantes de asilo de respetar y acatar las leyes de los Estados de asilo”. Latinoamérica, como región de paz, y con una riquísima tradición en brindarle protección a los perseguidos y a aquellas personas cuyos derechos se encuentran amenazados por una situación de “violencia generaliza”, reclama de Europa coherencia con su retórica `civilizatoria´, y respeto por las decisiones

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soberanas y consecuentes con el ideario de los Derechos Humanos como en el presente caso del Ecuador frente al ciudadano Assange. Sostenemos desde los sectores sociales que es el deber jurídico de Inglaterra(21) de respetar la decisión soberana del Estado ecuatoriano en haberle otorgado protección humanitaria el ciudadano Assange. Principio de no devolución: alcance y ius cogens. Un aspecto importantísimo dentro del presente caso y opinión consultiva es que los Estados involucrados tienen el deber jurídico de respetar y garantizar el principio de no devolución, que ampara a una persona refugiada frente a los riesgos de ser colocada en el territorio donde su vida y demás derechos estarían en riesgos. En el marco de la Ley contra el Espionaje de los Estados Unidos de América, del año 1917(22), queda claro que de veriﬁcarse una entrega del ciudadano Assange al territorio y poder de los Estados Unidos no solo que no recibiría un juicio justo, sino que el resultado sería en su eliminación física. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sido clara en precisar el alcance del principio de no devolución, al establecer lo siguiente: “[…] 151. Al recordar que, en el sistema interamericano, el principio de no devolución es más amplio en su sentido y alcance y, en virtud de la complementariedad que opera en la aplicación del Derecho Internacional de Refugiados y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la prohibición de devolución constituye a la vez la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas o asiladas y de las personas solicitantes de asilo. Este principio también constituye una norma consuetudinaria de Derecho Internacional y se ve reforzado, en el sistema interamericano, por el reconocimiento del derecho a buscar y recibir asilo. […] 153. Esto necesariamente implica que esas personas no pueden ser rechazadas en la frontera o expulsadas sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones. Antes de realizar una devolución, los Estados deben asegurarse que la persona que solicita asilo se encuentra en la capacidad de acceder a una protección internacional apropiada mediante procedimientos justos y eﬁcientes de asilo en el país a donde se le estaría expulsando. Los Estados también tienen la obligación de no devolver o expulsar a una persona que solicita asilo donde exista la posibilidad de que sufra algún riesgo de persecución o bien a uno desde donde el cual puedan ser retornados al país donde sufren dicho riesgo (la llamada “devolución indirecta”)[…].(23)” Resaltamos que la devolución no debe, ni puede venir disfrazada mediante mecanismos indirectos que tengan por resultado el dejar sin protección humanitaria al asilado. Así mismo, es una obligación jurídica del Estado ecuatoriano de mantenerse consistente y consecuente con sus actos unilaterales, como fuente de derechos, ante la escena internacional. De ahí se colige que independientemente del gobierno de turno existe el compromiso legal y

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político del Estado, como entidad universal, de brindarle protección humanitaria al ciudadano Assange. Cláusulas de exclusión: inaplicabilidad por la desproporción y posibles consecuencias jurídicas en el ciudadano Assange. El art. 1F de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados contempla varias categorías que de ser cumplidas motivarían una exclusión de la persona perseguida de la protección internacional(24) . Entre ellas encontramos la categoría de la comisión del “grave delito común”. Notamos un afán por parte del Estado sueco y los Estados Unidos de Norteamérica de pretender deslegitimar el uso de la institución del asilo en favor del ciudadano Assange, ante la existencia de supuestos cargos de crímenes comunes. Siguiendo las directrices del ACNUR en materia de cláusulas de exclusión(25) , resulta importante ponderar que estamos frente a la protección de un ser humano cuya conducta ha servido para llamar la atención sobre las amenazas que enfrentan las democracias del mundo, y por otro lado el afán punitivo ejercido por Estados centrales. Como organismo de Derechos Humanos consideramos que aún en el supuesto que se llegasen a confirmar los cargos judiciales, dentro del Estado sueco, en contra del ciudadano Assange por la comisión de graves delitos comunes, esta realidad jurídica no debería servir para derrotar su protección humanitaria. Conforme aconsejan las directrices del ACNUR, es un deber de los Estados de desarrollar un adecuado ejercicio de ponderación entre sanciones por delitos comunes y, por otro lado, la necesidad de preservar la vida de un defensor de la libre expresión y la dignidad a nivel global. Declaración del Gobierno de la República del Ecuador sobre la solicitud de asilo de Julian Assange El 19 de junio de 2012, el ciudadano australiano Julian Assange, se presentó en la sede de la Embajada del Ecuador en Londres, con el fin de solicitar la protección diplomática del Estado ecuatoriano, la invocación de las normas en materia de asilo político en vigor. El solicitante ha basado su petición en el temor de una eventual persecución política de la que pueda ser víctima en un tercer Estado, que puede utilizar su extradición al Reino de Suecia para obtener a su vez la extradición ulterior a dicho país. El Gobierno de Ecuador, fiel al procedimiento de asilo, y atribuyendo la mayor seriedad a este caso, ha examinado y evaluado todos los aspectos implicados, en particular los argumentos presentados por el señor Assange que respaldan el temor que siente ante una situación que se considera esta persona como una amenaza para su vida, la seguridad y la libertad.

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Es importante señalar que el señor Assange ha tomado la decisión de solicitar asilo y la protección de Ecuador debido a las acusaciones que, según él, han sido formuladas por supuesto "espionaje y traición" con la que el ciudadano expone el temor que siente acerca de la posibilidad de ser entregado a las autoridades de Estados Unidos por parte de las autoridades británicas, suecas o australianas, por lo que es un país, dice Assange, que lo persigue debido a la divulgación de información comprometedora para el Gobierno de los Estados Unidos. Que igualmente se manifiesta, siendo "víctima de una persecución en diferentes países, lo que deriva no sólo de sus ideas y acciones, pero a partir de su trabajo mediante la publicación de información de comprometer los poderosos, mediante la publicación de la verdad y, con eso, revelando la corrupción y graves violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos de todo el mundo ". Por lo tanto, para el solicitante, la imputación de delitos políticos es lo que respalda la solicitud de asilo, por tanto, en su criterio, se enfrenta a una situación que significa para él un peligro inminente que no puede resistir. Con el fin de explicar el miedo que tiene de una posible persecución política, y que esta posibilidad se acaba convirtiendo en una situación de deterioro y la violación de sus derechos, con el riesgo de su integridad, la seguridad personal y la libertad, el Gobierno del Ecuador considera el siguiendo: Que Julian Assange es un profesional de la comunicación galardonado internacionalmente por su lucha a la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos humanos en general; Que el señor Assange compartió con la población global de la información privilegiada documentado que se ha generado por diferentes fuentes, y que los funcionarios afectados, los países y las organizaciones; Que existen indicios graves de represalia por el país o países que produjeron la información divulgada por el señor Assange, represalia que puede poner en riesgo su seguridad, integridad e incluso su vida; Eso, a pesar de los esfuerzos diplomáticos realizados por el Estado ecuatoriano, los países de los que se han solicitado garantías para proteger la vida e integridad del señor Assange, se han negado a proporcionarles; Eso, no es una certeza de las autoridades ecuatorianas que una extradición a un tercer país fuera de la Unión Europea es factible sin las debidas garantías para su seguridad e integridad personal; Que la prueba judicial muestra claramente que, dada una extradición a los Estados Unidos, el señor Assange no tendría un juicio justo, podría ser juez de un tribunal especial o militar, y no es improbable que recibiría un cruel y degradante tratamiento y sería condenado a una pena de cadena perpetua o la pena de muerte, que no se respeten sus derechos humanos;

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Que, aun cuando en realidad el señor Assange tiene que responder a la investigación abierta en Suecia, Ecuador es consciente de que la ﬁscalía sueca ha tenido una actitud contradictoria que impidió al señor Assange desde el ejercicio total del legítimo derecho a la defensa; Que el Ecuador está convencido de que los derechos procesales de Assange han sido violados durante la investigación: Ecuador tiene que veriﬁcar que el señor Assange no cuenta con la protección adecuada y ayudar a que debía recibir del Estado del que es ciudadano; Que, de acuerdo con varias declaraciones públicas y comunicaciones diplomáticas realizadas por funcionarios de Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos, se deduce que los gobiernos no respetarían las convenciones y tratados internacionales, y darían prioridad a leyes internas de jerarquía secundaria, contraviniendo explícita normas de aplicación universal; y,

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Que, si el señor Assange es reducido a prisión preventiva en Suecia (como es habitual en ese país), se iniciaría una cadena de acontecimientos que impidan la adopción de medidas preventivas para evitar su extradición a un tercer país En consecuencia, el Gobierno del Ecuador considera que estos argumentos copia de seguridad de los temores de Julian Assange, por lo que puede ser víctima de persecución política, como consecuencia de su defensa decidida a la libertad de expresión y la libertad de prensa, así como su posición de condenar a la abusos que el poder infiere en diferentes países, aspectos que hacen que el señor Assange piensan que, en cualquier momento dado, una situación puede venir en su vida, la seguridad o integridad personal estarán en peligro. Este temor le ha dirigido a ejercer su derecho humano de buscar y recibir asilo en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido. El artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador define claramente el derecho a conceder asilo. Con respecto a esas disposiciones, el derecho de asilo y refugio están plenamente reconocidos, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. De acuerdo con dicha norma constitucional: "Las personas que están en una situación de asilo y refugio disfrutarán de una protección especial que garantice el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio del no retorno, además de la asistencia humanitaria de emergencia y judicial ". Por otra parte, el derecho de asilo se reconoce en el artículo 4.7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior de 2006, que determina la facultad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador para conocer los casos de asilo diplomático, de acuerdo con las leyes , los tratados, los derechos y la práctica internacional. Es importante señalar que nuestro país se ha destacado lo largo de los últimos años en acoger a un gran número de personas que han solicitado asilo territorial o refugio, respetando sin restricción del principio de no retorno y sin discriminación, mientras que la adopción de medidas a fin de conceder la condición de refugiado de una manera eficiente, teniendo en cuenta las circunstancias de los solicitantes, la mayoría de ellos colombianos escapar del conflicto armado en su país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha elogiado la política de refugiados de Ecuador, y ha destacado el hecho significativo de que estas personas no han sido confinados en campos de refugiados en este país, sino que están integrados a la sociedad, en pleno goce de sus derechos humanos y garantías.

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Ecuador declara el derecho de asilo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cree, por lo tanto, que la aplicación efectiva de este derecho requiere la cooperación internacional que nuestros países pueden proporcionar, sin la cual su proposito sería infructuosa, y la institución sería totalmente ineficaz . Por estas razones, y teniendo en cuenta la obligación de que todos los Estados han asumido para colaborar en la protección y promoción de los derechos humanos, tal como se establece en la Carta de las Naciones Unidas, invita al Gobierno británico para proporcionar su contingente para alcanzar este fin. Para esos efectos, el Ecuador ha podido comprobar, en el curso del análisis de las instituciones judiciales en relación con el asilo, que para la confirmación de este derecho asiste a los principios fundamentales del derecho internacional general, que debido a su importancia tienen valor universal y alcance, para que sean compatibles con el interés general de la comunidad internacional en su conjunto, y cuentan con el pleno reconocimiento de todos los Estados. Estos principios, que se contemplan en los diferentes instrumentos internacionales, son los siguientes: El asilo en todas sus formas es un derecho humano fundamental y crea obligaciones erga omnes, es decir, "para todos", los Estados Unidos. El asilo diplomático, el refugio (asilo territorial), y el derecho a no ser extraditados, expulsados, se rindieron o transferidos, son derechos humanos comparables, por lo que se basan en los mismos principios de protección humana: no retorno y sin discriminación, sin distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma religión o de creencias, políticas o de otro tipo de opiniones, origen nacional o social, nacimiento o cualquier otra condición o criterios similares. . Todas estas formas de protección están gobernados por los pro homine principios (es decir, más favorable para el ser humano), igualdad, universalidad, indivisibilidad, complementariedad, y entre otras dependencias. La protección se produce cuando el Estado que concede el asilo, refugio o requerido, o la potencia protectora, considera que existe un riesgo o temor de que la persona protegida puede ser víctima de persecución política, o están acusados de delitos políticos. Corresponde al Estado que concede el asilo calificar las causas de asilo y, en el caso de la extradición, para valorar las evidencias.

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Con independencia de la modalidad o forma en que se presenta, el solicitante tiene siempre la misma causa y el mismo objeto jurídico, es decir, la persecución política, que es una causa legal; y para salvaguardar la vida, la seguridad y la libertad de la persona protegida que es un objeto legal. El derecho de asilo es un derecho humano fundamental; Por lo tanto, pertenece al ius cogens , es decir, el sistema de normas imperativas de derecho reconocido por la comunidad internacional en su conjunto, que no admite acuerdo en contrario, anulando los tratados y disposiciones del derecho internacional en contra de ella. En los casos no previstos en la legislación vigente, el ser humano está bajo la guardia de seguridad de los principios de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública o bajo la protección y el imperio de los principios de la ley de las personas derivados de los usos establecidos, de los principios de la humanidad y los dictados de la conciencia pública. La falta de convención internacional o la legislación interna de los Estados no puede ser reclamado legítimamente para limitar, afectar o denegar el derecho de asilo. Las normas y principios que rigen los derechos de asilo, refugio, sin extradición, sin entrega, sin expulsión y hay transferencia son convergentes, en la medida necesaria para perfeccionar la protección y dotándola de la mayor eficiencia. En este sentido, la declaración internacional de los derechos humanos, el derecho de asilo y refugio y el derecho humanitario son complementarios. Los derechos de protección al ser humano se basan en principios y valores éticos universalmente admitidos y, por lo tanto, tienen una humanitaria, social, la solidaridad, el ayudante y el carácter pacífico. Todos los Estados tienen el deber de promover el desarrollo progresivo de la declaración internacional de los derechos humanos a través de leyes nacionales e internacionales eficaces. Ecuador considera que el derecho aplicable al caso del Sr. Julian Assange está integrado por el conjunto de principios, normas, mecanismos y procedimientos previstos en los instrumentos internacionales de derechos humanos (regionales o universales), que contemplan entre sus disposiciones el derecho a buscar, recibir y disfrutar del asilo por razones políticas; los convenios que regulan el derecho de asilo y el derecho de los refugiados, y que reconocen el

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derecho a no ser entregados, devueltos o expulsados cuando hay temores de persecución política fundada; los convenios que regulan la extradición y que reconocen el derecho a no ser extraditados, cuando esta medida puede enmascarar la persecución política; y los convenios que regulan el derecho humanitario, y que reconocen el derecho a no ser transferido cuando hay un riesgo de persecución política. Todas estas modalidades de asilo y protección internacional están justiﬁcadas por la necesidad de proteger a esta persona de una persecución política eventual, o una posible imputación de delitos políticos y / o delitos conectados a estos últimos, lo que, a juicio del Ecuador, no solamente pondría en riesgo la vida del señor Assange, sino que también representaría una grave injusticia cometida contra él. Es innegable que los Estados, después de haber contratado con tan numerosas y sustantiva instrumentos- internacional muchos de ellos judicialmente vinculante- la obligación de proporcionar protección o asilo a personas perseguidas por razones políticas, han expresado su voluntad de establecer una institución judicial de protección de los humanos los derechos y las libertades fundamentales, fundada como un derecho en una práctica generalmente aceptada, que da a esas obligaciones un carácter imperativo, erga omnes que, estando unido al respeto, la protección y el desarrollo progresivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, son una parte del ius cogens . Algunos de estos instrumentos se mencionan a continuación: Carta de las Naciones Unidas de 1945, Propósitos y Principios de las Naciones Unidas: la obligación de todos los miembros para que contribuyan a la promoción y protección de los derechos humanos; Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: el derecho a buscar y recibir asilo en cualquier país, por razones políticas (artículo 14); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948: el derecho a buscar y recibir asilo en cualquier país, por razones políticas (artículo 27); Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativa a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra: en ningún caso se debe transferir a la persona protegida a un país donde puedan temer persecuciones a causa de sus opiniones políticas (artículo 45); Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y su Protocolo de Nueva York de 1967: prohíbe devolver o expulsar a los refugiados a países donde su vida y su libertad puedan estar en peligro (artículo 33.1); Convención sobre Asilo Diplomático de 1954: el Estado tiene el derecho de conceder asilo y para caliﬁcar la naturaleza del delito o razones de persecución (artículo 4); Convención sobre Asilo Territorial de 1954: el Estado tiene el derecho de

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admitir en su gente territorio juzga conveniente (artículo 1), cuando son perseguidos por sus creencias, opiniones o filiación política o por las acciones que pueden ser considerados delitos políticos (artículo 2), no pudiendo el Estado que concede el asilo, devolver o expulsado del solicitante de asilo que se persigue por razones políticas o delitos graves (artículo 3); de la misma manera, la extradición no procede cuando se trata de personas que, según el Estado requerido, son perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes que se cometen con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a motivos políticos ( El artículo 4); Tratado de Extradición Europea de 1957: prohíbe la extradición si la Parte requerida considera que el delito imputado tiene un carácter político (artículo 3.1); 2312 Declaración sobre el Asilo Territorial de 1967: establece la concesión de asilo a las personas que tienen este derecho de acuerdo con el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluidas las personas que luchan contra el colonialismo (Artículo 1.1). La negación de admisión, expulsión y la devolución de cualquier Estado en el que puedan ser objeto de persecución está prohibida (artículo 3.1); Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969: establece que las normas y principios imperativas de derecho internacional general no admiten acuerdo en contrario, siendo nulo el tratado que en el momento de su conclusión entra en conflicto con una de estas normas (artículo 53), si una norma imperativa del mismo carácter surge, todo tratado existente que entra en oposición con esa norma es nula y terminó (artículo 64). En cuanto a la aplicación de estos artículos, la Convención autoriza a los Estados para exigir su cumplimiento ante la Corte Internacional de Justicia, sin requisición de conformidad por parte del Estado demandado, la aceptación de la jurisdicción del tribunal (artículo 66 b). Los derechos humanos son normas de la ius cogens. Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969: el derecho a buscar y recibir asilo por razones políticas (artículo 22. 7); Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo de 1977: el Estado requerido tiene la facultad de denegar la extradición cuando hay peligro de persecución o castigo de la persona por sus opiniones políticas (artículo 5); Convención Interamericana para la Extradición de 1981: la extradición no procede cuando el juez ha sido solicitado o condenado, o va a ser juez ante un tribunal de excepción o ad hoc en el Estado requerido (artículo 4.3); cuando, con arreglo a la calificación del Estado requerido, se trata de delitos políticos o delitos conectados o delitos comunes perseguidos con fines políticos; cuando de las circunstancias del caso, se puede inferir que los fines perseguidos está mediada por consideraciones de raza, religión o nacionalidad, o que la situación de la persona está en riesgo de ser agravada por una de estas razones (artículo 4.5). El artículo 6 dispone, en relación con el derecho de asilo,

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que "ninguno de los expuestos en la presente Convención puede ser interpretada como una limitación al derecho de asilo, siempre que proceda". Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981: el derecho de la persona perseguida para solicitar y obtener asilo en otros países (artículo 12.3); Declaración Cartagena de 1984: reconoce el derecho al refugio, a no ser rechazados en las fronteras y para no ser devuelto; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000: establece el derecho a la protección diplomática y consular. Todo ciudadano de la Unión podrá buscar refugio, en el territorio de un tercer país, en el que el Estado miembro de nacionalidad no está representado, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones de los nacionales de ese Estado (artículo 46). El Gobierno del Ecuador considera importante destacar que las normas y principios reconocidos en los instrumentos internacionales mencionados, y en otros tratados laterales múltiples, tienen preeminencia sobre el derecho interno de los Estados, por lo que dichos tratados se basan en una universalmente orientada normativa por principios intangibles , de la cual un mayor respeto se deriva, garantía y protección de los derechos humanos contra las actitudes unilaterales de los mismos Estados. Esto sería restar eﬁcacia a la ley internacional, que de otro modo tiene que ser fortalecer, por lo que el respeto de los derechos fundamentales está consolidado en función de la integración y el carácter ecuménico. Por otra parte, dado que Julian Assange pidió asilo político a Ecuador, los diálogos de alto nivel diplomático han llevado a cabo, con el Reino Unido, Suecia y los Estados Unidos. En el curso de estas conversaciones, nuestro país ha hecho un llamamiento para obtener del Reino Unido las garantías más estrictas por lo que Julian Assange se enfrenta, sin obstáculos, el proceso judicial abierto en Suecia. Estas garantías incluyen que, una vez tratadas sus responsabilidades legales en Suecia, que no sería extraditado a un tercer país; esto es, la garantía de que no se aplicará la ﬁgura especialidad. Por desgracia, ya pesar de los repetidos intercambios de textos, el Reino Unido nunca se dio prueba de querer lograr compromisos políticos, lo que limita a repetir el contenido de los textos legales. Los abogados de Julian Assange solicitaron a la justicia sueca para tomar

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declaraciones de Julian Assange en las instalaciones de la embajada ecuatoriana en Londres. Ecuador traducido oficialmente a las autoridades suecas su voluntad de facilitar esta entrevista con el fin de no intervenir o un obstáculo en el proceso judicial que se lleva a cabo en Suecia. Esta es una medida perfectamente legal y posible. Suecia no lo aceptó. Por otro lado, Ecuador buscó la posibilidad de que el Gobierno sueco establecería garantías para evitar la extradición de Assange en adelante a los Estados Unidos. Una vez más, el Gobierno sueco rechazó cualquier compromiso en ese sentido. Por último, Ecuador dirigió una comunicación al gobierno de los Estados Unidos a conocer oficialmente su posición sobre el caso de la Assange. Las consultas que se refiere a lo siguiente: Si hay un proceso legal en curso o la intención de llevar a cabo tal proceso contra Julian Assange y / o de los fundadores de la organización Wikileaks; En el caso de que lo anterior constituya la verdad, ¿qué tipo de legislación, en qué condiciones y bajo las cuales penas máximas serían sometidos a esas personas; Si existe la intención de solicitar la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. La respuesta de los Estados Unidos ha sido que no pueden ofrecer información sobre el caso de la Assange, con la alegación de que se trata de un asunto bilateral entre Ecuador y el Reino Unido.

Foto: Billy Navarrete

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Con estos antecedentes, el Gobierno de Ecuador, fiel a su tradición de proteger a los que buscan refugio en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange, sobre la base de la solicitud presentada al Presidente de la República, a través de una comunicación escrita fechada en Londres el 19 de junio de 2012, y se complementa con una comunicación fechada en Londres el 25 de junio de 2012, para lo cual el Gobierno del Ecuador, después de llevar a cabo una evaluación justa y objetiva de la situación expuesta por el señor Assange, atendiendo a sus propios dichos y argumentaciones, las tomas de los temores del solicitante, y asume que hay indicios que permiten suponer que puede haber una persecución política, o que tal persecución se puede producir si las medidas oportunas y necesarias no se toman para evitarlo. El Gobierno del Ecuador tiene la certeza de que el Gobierno británico sabrá valorar la justicia y la rectitud de la posición ecuatoriana, y en coherencia con estos argumentos, confía en que el Reino Unido ofrecerá lo antes posible las garantías o seguros lleva a cabo lo necesario y pertinente a la situación del solicitante de asilo, por lo que sus gobiernos pueden cumplir con sus acciones la fidelidad que deben a las leyes y las instituciones internacionales que ambas naciones han de contribuir a dar forma a lo largo de su historia común. También confía en mantener inalterables los excelentes lazos de amistad y respeto mutuo que unen a Ecuador y el Reino Unido y sus respectivas personas, confiado, ya que están en la promoción y defensa de los mismos principios y valores, y debido a que comparten preocupaciones similares sobre la democracia, la paz, la buena vida, que sólo puede ser posible si se respetan los derechos fundamentales de todas las personas(26).

MOVILIDAD HUMANA Fuentes. 1. Para Assange, la resistencia de la humanidad no es una batalla de la izquierda vs la derecha, o de la fe vs la razón, si no de los individuos vs las instituciones (The New Yorker, Junio 2010). 2. Según medios de información, la entrega de información en el 2010 se realizó sin costo. El Universo 17 abril 2010 3. http://bit.ly/1eYTynb 4. Diario El Universo, 17 abril 2011 5. 77.000 informes desclasificados que registraban la muerte de 20000 afganos. 6. 400.000 documentos confidenciales de la guerra en Irak, considerada la mayor filtración de la historia del ejercito de los EUA. 7. En Ecuador, los diarios El Universo y El Comercio el 1 de abril del 2011 recibieron cables filtrados por Wikileaks enviados entre el 2004 al 2010 desde la Embajada de EUA en Quito la Departamento de Estado en Washington. Diario El Comercio 27 abril 2011 8. Diario El Universo 18 agosto 2012 9. http://bit.ly/2mKl0u2 10. Diario Expreso 25 marzo 2016 11. http://bit.ly/2nuRgWC 12. Cfr. American Exceptionalism and Human Rights, Ignatieff, Michael, Princeton University Press. 13. Lukacs, Historia y Conciencia de Clase. 14.Cfr. http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights; fecha de acceso: 29 de marzo de 2017. 15. Seguimos los planteamientos de la activista y pensadora Harsha Walia en el sentido que es deber de los movimientos sociales el construir una contrahegemonía cultural en materia de Derechos Humanos, desde las bases de las comunidades, como una alternativa al conocimiento elitista y despolitizado que se está produciendo en las academias (Undoing Imperialism Border, AK Press). 16. http://www.responsibilitytoprotect.org/ 17. Cfr. Íbidem. 18. Cfr. Curso Urgente de Política para Gente Decente, Monedero, Juan Carlos, Editorial Planeta. 19. Cfr. Colonialidad del Poder, eurocentrismo y América Latina. Quijano, Anibal. bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf 20. Convención de Caracas sobre el Asilo Diplomático de 1954. Este marco jurídico merece una interpretación en concordancia con aquellos instrumentos de Derechos Humanos naturales al Sistema Universal de las Naciones Unidas. 21. Las contradicciones abundan en materia de Derechos Humanos. Por caso, si un país del Sur Global incumple la normatividad europea –tratados comerciales-, inmediatamente se impondrían las sanciones respectivas. Al contrario no hay forma racional y coercitiva de hacerles cumplir la idea misma de universalidad de los Derechos Humanos. 22. Cfr. https://www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2010/dec/15/wikileaks-us-espionage-act 23. Cfr. Sentencia de Fondo, Caso Familia Pacheco Tineo contra Bolivia. 24. Art. 1F Convención sobre el Estatuto de los Refugiados: “Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos; b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada; c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas. ” 25. Cfr. La aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, ACNUR. 26. http://bit.ly/2mnBpcp

Foto: Efrain Castellanos

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Cierre del Hospital Neumológico Dr. Alfredo J. Valenzuela Carta pública de la Red Cantonal de Prevención frente al VIH-Sida enviada a Ministra de Salud, Dra. Veronica Espinoza, el 27 de diciembre del 2017 La Red Cantonal de Prevención Frente al VIH-Sida, conformada por 17 organizaciones sociales con sede en la ciudad de Guayaquil, manifestamos nuestra preocupación antes los acontecimientos por el cierre del Hospital Neumológico Dr. Alfredo J. Valenzuela realizado el 8 de diciembre del presente año, y el traslado de los pacientes a diferentes casas de salud, ante lo cual expresamos públicamente lo siguiente: 1) Basados en la preocupación de la Asociación de Ayuda Mutua Martha Gutiérrez, en su denuncia Pública del 15 de diciembre del 2017, sobre posibles violaciones de los Derechos Humanos de los pacientes con tuberculosis que fueron derivados súbitamente a otros establecimientos de salud que de acuerdo al comunicado habrían sido traslados sin los soportes técnicos adecuados.

Ilustración de Bonil tomada del diario El Universo del 19 de diciembre del 2017

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2) Como Red Cantonal de Prevención al VIH-Sida, manifestamos nuestra preocupación con relación a la situación de los pacientes que presentan la condición de coinfección TB-VIH y las medidas tomadas para el manejo de estos pacientes durante su proceso de traslado, la situación actual en el Hospital de Infectología, Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, en el Hospital General del Guasmo Sur y otros que se encontrarían en condición domiciliaria. 3) Con relación a las políticas de transparencia y rendición de cuentas, consideramos fundamental que el Ministerio de Salud exponga públicamente cual fue el plan de contingencia para el traslado de estos pacientes y los protocolos para su atención, así como las medidas de bioseguridad para salvaguardar su integridad y la salud de otros pacientes en las diferentes unidades asignadas. Conocedores que el Ministerio de Salud Pública, comprometido con la atención a los Grupos de Atención Prioritaria y en cumplimento de los compromisos adquiridos por el Estado Ecuatoriano con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, dará respuesta a nuestros requerimientos. Por la atención que se digne dar a la presente nos suscribimos con mis altos sentimientos de consideración y estima. Guayaquil, diciembre 19 del 2017 Pedro Arreaga Secretario Ad-hoc El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos es parte de la Red Cantonal de Prevención al VIH-Sida y organización ﬁrmante de este comunicado.

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Carta Abierta al Presidente de la República ante a clausura del Hospital Neumológico “Alfredo Valenzuela” La Asociación de Ayuda Mutua “Martha Gutiérrez”, organización conformada por personas afectadas por tuberculosis, con sede en Guayaquil, comprometida desde hace varios años, con el apoyo directo a las personas afectadas por tuberculosis, junto con las Organizaciones Sociales firmantes, tenemos confianza en que el diálogo propugnado por su gobierno lleve a reconocer y resolver los grandes problemas de la población y consideramos impostergable poner en su conocimiento lo que se expone a continuación. La clausura del Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela” de Guayaquil, llevada a cabo el 8 de diciembre de 2017, por decisión de autoridades del Ministerio de Salud Pública, ha puesto en evidencia la inexistente política de salud para el manejo de la tuberculosis en el Ecuador. Más aún ha mostrado falta de humanidad y de respeto a los derechos de los ciudadanos. Señor Presidente, las 85 personas enfermas e internas en el mencionado hospital, fueron desalojados de forma abrupta. El desalojo de pacientes se hizo mediante un operativo policial, sin que el personal de salud de guardia estuviera completo, sin acompañarlos de los expedientes clínicos y sin entrega de tratamientos específicos para su dolencia. El Ministerio de Salud Pública con la clausura del hospital neumológico faltó, de modo evidente e inexplicable, a su deber que es el debido cuidado de personas afectadas por tuberculosis. La consecuencia más dolorosa de este cierre abrupto y desalojo de pacientes, sin planificación y sin plan de contingencia, hasta hoy, es la muerte de 15 personas que hasta el 8 de diciembre de 2017 eran pacientes del Hospital Neumológico y que fueron desalojadas. Una de estas personas falleció con hemoptisis masiva (sangrado de origen pulmonar), apenas horas después de ser sacada del hospital, sin historia clínica ni nota de transferencia. Las autoridades de salud no escucharon a sus propios técnicos que advirtieron insistentemente sobre los riesgos de esta decisión. Además de los señalado, la clausura del Hospital Neumológico y el desalojo de pacientes han tenido graves consecuencias:

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• 35 personas hospitalizadas con tuberculosis sensible y drogo-resistentes, fueron trasladadas a centros que no cumplían con las normas básicas para el control de infecciones. Algunos pacientes fueron llevados al Hospital de Infectología donde se encuentran personas con VIH, lo cual es un acto de negligencia que no admite justiﬁcación. • El Hospital del Guasmo, asignado ahora para atender a personas con tuberculosis del Hospital Neumológico, no cuenta con los medios adecuados para el control de infecciones y tampoco tiene la capacidad para atender la demanda de personas con tuberculosis. • Aproximadamente 1.293 muestras para exámenes de diagnóstico de tuberculosis quedaron abandonadas por la clausura del Laboratorio del Hospital, se dañaron al quedar abandonadas. Eso signiﬁca que 1.293 personas se quedaron sin recibir su diagnóstico. El laboratorio del Hospital de Infectología no tiene la infraestructura ni los equipos para procesar las muestras como el Hospital Valenzuela. De forma increíble, las autoridades de salud no pensaron en este contingente. • El Hospital Valenzuela es un hospital de referencia nacional para tuberculosis, al ser clausurado, las personas con tuberculosis deberán esperar el agendamiento regular del “call center del MSP”. Muchos quedarán sin atención o

Foto: Billy Navarrete

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con demoras que pueden ser fatales. Esta es una enfermedad contagiosa, que se transmite por vía aérea y puede ser mortal, lo que paree no ser preocupación del MSP. • Los trabajadores de salud se encontraron con su puesto de trabajo clausurado, y fueron reubicados en otras unidades sin planiﬁcación previa. El MSP publicita en los medios de comunicación que la clausura es un caso originado por las malas condiciones de higiene y por actos de negligencia de funcionarios de nivel medio y operativo. Sin embargo, la decisión de clausura del Hospital Neumológico y desalojo de pacientes, es inexplicable. Las razones expuestas por la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud. ACCES, únicamente obligaban a los funcionarios a tomar medidas correctivas, en ningún caso a un cierre intempestivo Estamos seguros que ninguna autoridad del MSP puede asumir la representación de los-as usuarios-as y de las organizaciones que defendemos el derecho a la vida y a la salud. Menos todavía en estos momentos que su rolde rectoría de la política de salud pública resulta profundamente cuestionada por las consecuencias inaceptables e inexcusables de sus decisiones. Nuestras vidas no son solo un número en las estadísticas del MSP, somos personas que sufrimos las consecuencias de las decisiones negligentes. Ante lo expuesto solicitamos a usted, como Presidente de Ecuador 2017-2021: 1. Que se investigue y sancione a las Autoridades de Salud a nivel nacional y zonal por las decisiones tomadas y por el encubrimiento posterior de las acciones. 2. Que usted mantenga una reunión con representantes de las organizaciones que dirigimos esta carta abierta, para analizar y tomar decisiones ante la situación de las personas afectadas por la decisión del MSP de clausura y desalojo de pacientes del Hospital Neumológico “Alfredo Valenzuela”. 3. El Ecuador no puede seguir en el sector salud tal como está, es indispensable un proceso de construcción de la Política Nacional de Salud fundamentada en los principios y derechos reconocidos en la Constitución de Montecristi y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Solicitamos que usted convoque a un proceso de Diálogo Nacional sobre la Salud Pública en el Ecuador, y sobre la tuberculosis como una enfermedad prioritaria, con participación de representantes de las organizaciones campesinas, indígenas

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y barriales, organizaciones sindicales, universidades, gremios independientes de profesionales de salud, organismos no gubernamentales, movimientos de mujeres y LGBTI. 4. Este diálogo nacional, por lo expuesto en esta carta, debe ser liderados por una Comisión Interinstitucional, Organizaciones Sociales y Sistema de Naciones Unidas. Señor Presidente, usted tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de la salud pública del Ecuador. No es posible esperar más. Guayaquil, 24 de Enero de 2018 Asociación de Ayuda Mutua “Martha Gutiérrez” Asociación de Personas Afectadas de Tuberculosis de Esmeraldas “Volver a Vivir” Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Núcleo Ecuador - ALAMES Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer – CEPAM Colectivo Político Luna Creciente Ecuador Colectivo Pro Derechos Humanos – PRODH Colectivo Tejedoras Manabitas Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH Corporación Kimirina Federación Médica Ecuatoriana – FME Foro de Salud Pública del Ecuador Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Fundación Alli Causai Fundación Desafío Fundación Desarrollo y Autogestión – DYA Fundación Donum Fundación Esquel Fundación Protos Instituto Benjamín Carrión – IBC Instituto para las Ciencias Indígenas “Pacari” Plataforma por la Salud y la Vida Red de Derechos Sexuales y Reproductivos de Manabí Sindicato de trabajadores del Hospital Alfredo Valenzuela Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica

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Fumigaciones aéreas, despidos e intimidación en bananeras La Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas Bananeros y Campesinos, ASTAC denunció graves violaciones a los Derechos Humanos sufrida por trabajadores asociados por parte de la compañía exportadora e importadora Manobal, dueña de varias haciendas bananeras en los Provincia de Los Rios. Los trabajadores denunciaron que el 18 de noviembre del 2016 a las 11h30 en la hacienda “Sitio Nuevo” fueron fumigados por avioneta con pesticidas mientras trabajan en la plantación y almorzaban poniendo en grave riesgo la salud de los trabajadores y afectando las minimas garantías sobre condiciones laborales. Ver videos anónimos de fumigaciones aéreas en plantaciones http://bit.ly/2oCT53r http://bit.ly/2nQhsvI ASTAC presentó la denuncia a la Directora Nacional de Derechos Colectivos, Naturaleza y Ambiente de la Defensoría del Pueblo, quien dispuso en providencia No. 023- 2016-DPE-DNDCNA-JMR se realice una visita in situ para el día 22 de diciembre del 2016 a la hacienda “Sitio Nuevo” en el cantón Valencia, Los Rios. Se cumplió la disposición a través de inspección interinstitucional que constató lo denunciado y que muchos trabajadores no estaban aﬁliados al IEES pese a los años de relación laboral continuada. Siguiendo con itinerario de visitas a plantaciones, el 24 de marzo de 2017 delegación interministerial liderada por la Defensoría del Pueblo del Ecuador, integrada por Ministerio del Trabajo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud Pública y Ministerio del Ambiente, fue impedida de ingresar a hacienda bananera Nola Nº 1 del Grupo Manobanda en Quevedo, Los Ríos para realizar inspección por denuncia de violaciones a Derechos Humanos de trabajadores. Ver video elaborado por CDH sobre inspección fallida http://bit.ly/2potZUp A partir de ese momento la compañía Manobal ha perseguido y despedido los trabajadores profundizando la violación a los Derechos Humanos de los trabajadores. En ese entonces, ASTAC denuncio el despidió a 21 trabajadores del sindicato como represalia por haber reclamado sus derechos laborales. Los despidos sistemáticos fueron denunciadas formalmente en la Fiscalía de la Provincia del Guayas el 28 de marzo de 2017.

Foto: Vicente Gaibor

La denuncia de ASTAC ante la Fiscalía concretamente señala “después de las visitas realizadas en coordinación con la Defensoria del Pueblo, el IESS y el Minsiterio de Trabajo, han venido despidiendo en las ultimas semanas a trabajadores que no gozan de afiliación al IESS, a quienes les han manifestado que se vayan nomás de la hacienda, que luego ellos los van a llamar, ya que no pueden seguir dando trabajo, ya que el IESS estaba jodiendo mucho, y que mejor se queden tranquilos sin denunciar nada, porque si ellos se atreven a denunciar, ellos mismos van a salir perdiendo porque nadie les a dar trabajos en ningun lado.” La compañía amenazó, a través de su administrador, que despedirá a todos los trabajadores afiliados a ASTAC y que la empresa se encargara de que no les den trabajo en ninguna hacienda. Otros empresarios bananeros están investigando a los trabajadores y han amenazado de no darle trabajo a ninguna persona en viva en los recintos San Pedro de la Y o en San Simón y que sean parte del sindicato. Recordamos que el Ecuador tiene en ejecución un Acuerdo Comercial con la Unión Europea en el que establece el compromiso de las partes de respetar los derechos humanos, laborales y de medio ambiente. Ademas debe cumplir todos los convenios ratificados por Ecuador ante la OIT, en especial en actividades de productos de exportación a países de la Unión Europea como la bananera.

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Vulnerabilidad laboral El CDH recibió denuncia el 27 de febrero de 2017 sobre el caso de María del Carmen Arana Erazo de 33 años de edad madre de 5 niños y 6 años, trabajadora de la hacienda bananera Nola 1 de la empresa Manobal con domicilio en Quevedo, desde hace tres años, de lunes a sábado en jornadas de 12 horas y gana el sueldo básico ($375)sin horas extras. Su esposo también trabaja en la misma hacienda como jefe de campo. Hace 18 días mientras trabajaba tuvo problemas de salud muy serios y su familia llevó de urgencia al Hospital del Seguro Social. Estando en emergencia el médico le indico que no la pueden ingresar porque ella fue desafilada hace 7 meses, sin embargo la empresa había descontado de su sueldo lo que le correspondía aportar hasta la ultima quincena. Tampoco pudo atenderse con la afiliación del esposo, padre de sus hijos, porque no son casados y primero tenía que demostrar la unión libre. La jefe del departamento de recursos humanos de la empresa Manobal llamó al esposo para decir que la María del Carmen Arana Erazo debe firmarle la denuncia. El esposo ha reclamado en la empresa porque la desafilaron y no le dan respuesta. Presunta Lista Negra El trabajador bananero Santos Correa denunció que la empresa Matias en Naranjal, luego de haber trabaja 4 años 2 meses, lo liquidó y cinco días después fue impedido de ingresar a otra plantación donde vivía su esposa y su hijo, denominada Hacienda Balao, perteneciente otra compañía. El 27 de octubre de 2017 el CDH registró la prohibición para que trabajador acceda a la vivienda donde vive su familia y que se derivaría del despido sufrido en otra plantación del sector. Santos Correa manifestó que tiene prohibido ingresar a todas la plantaciones del sector para solicitar trabajo. En el contexto de esta caso, el CDH conoció de la existencia de “lista negra” que manejan administradores de las compañías bananeras contra trabajadores de plantaciones que reclaman sus derechos laborales. Ver video de testimonio: https://bit.ly/2GnfEDA

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Foto: Vicente Gaibor

Amenaza de muerte a Jorge Acosta El Coordinador General de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas Bananeros y Campesinos (ASTAC) Jorge Acosta denunció que “el viernes 23 de febrero del 2018 a las 9:07 minutos de la mañana recibí una llamadas que no contesté. Una voz de mujer con acento serrano me dejó un mensaje de voz que decía “si sabes cómo mueren los sapos” y cortó. Evidentemente esa es una amenaza de muerte. Ese mismo día 23 a las 15:00 – 16:00 horas presenté la denuncia en la Fiscalía del Guayas, pero hasta ahora tenemos alguna respuesta. Además hemos presentado dos escritos, la primera pidiendo que se tome alguna acción sobre el tema y la segunda, pidiendo ingresar al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía Provincial del Guayas y ninguna de las dos cosas ha tenido respuesta. Si hay información de los vecinos de nuestra oﬁcia (Quevedo, Los Rios), que ha llegado por lo menos camionetas a tomar fotos de nuestras instalaciones. Hasta el cierre de este informe no se había ordenado diligencias para investigar es grave hecho de intimidación y tampoco la Fiscalía de la Provincia había iniciado acciones para proteger la vida y la integridad física del dirigente Jorge Acosta.

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La Audiencia de la Ruta del Ceibo “La verdad tras el banano” Con motivo de examinar los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza 10 años después de aprobada la Constitución del Ecuador, varias organizaciones de Derechos Humanos y de la Naturaleza del Ecuador, entre las que anotamos a Acción Ecológica y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, convocaron a la audiencia “La verdad tras el Banano”, parte de la “Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, realizada 2 de octubre de 2018 en la Casa de Cultura de Guayaquil. Luego de la intervención de expositores, testimonios y deliberación de comisionados, se presentó la siguiente resolución de la audiencia: Con los elementos de hecho y de derecho expuestos durante la Audiencia del Banano, declaramos que el Estado Ecuatoriano, como parte de Estados de la región, es responsable de irrespetar continua y sistemáticamente los derechos de la naturaleza, ambientales, los derechos humanos de las y los trabajadores bananeros y de las poblaciones aledañas a las plantaciones, lo que trae consigo el irrespeto de varios derechos humanos; de manera particular, el derecho a la salud, al agua y a un ambiente sano, los derechos laborales y a la seguridad social, cuando los Estados deben garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la protección de sus defensores. Recomendaciones de la Comisión de la Audiencia del Banano: 1. Apoyar el proceso de regionalización de la organización sindical que parta de la generación de acciones conjuntas entre sindicatos de diferentes países de América Latina. También procesos de la formación en derechos laborales de trabajadoras y trabajadores. 2. Tras la queja que ASTAC presentó ante la OIT este organismo preparó un informe preliminar donde recomienda al Estado ecuatoriano el registro de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos ASTAC como sindicato de rama del sector bananero ante el Ministerio de Trabajo, para que pueda realizar plenamente su tarea de defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del banano con todas las facultades. 3. La petición de medidas cautelares de protección para las y los sindicalistas de ASTAC para que puedan realizar su trabajo de defensa de los derechos de manera segura. Esto se hace extensible a otros sindicatos de la región como SINTRACOL en la región de Urabá y SINTRAGRANCOL de Colombia.

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4. La realización de una evaluación integral de los impactos de las plantaciones bananeras en el Ecuador que incluyan los impactos ambientales, de salud, a los derechos de la naturaleza y laborales, tanto dentro de las plantaciones, como en la zona de influencia de las mismas. 5. Con base a los resultados de estas evaluaciones, que se ponga en marcha un sistema de reparación integral que incluya la restitución de la salud física y mental de la población afectada, una restauración integral y remediación del ecosistema destruido. Que este proceso sea hecho con la plena participación y a satisfacción de las víctimas y que el Estado de una garantía de no repetición de las violaciones. Esta reparación debe comenzar allá donde el Estado ya conoce y reconoce los impactos generados por el uso de agrotóxicos. 6. Suspensión de las fumigaciones aéreas con Mancozeb y el uso de clorpirifos en todas las plantaciones de banano del Ecuador. Igualmente, la detención inmediata de cualquier fumigación mientras haya trabajadores bananeros en la hacienda (al menos durante 24 horas), o en las inmediaciones de viviendas y cultivos de las comunidades. 7. Que la institucionalidad del Estado haga cumplir efectivamente las leyes de protección, que haga respetar las normativas necesarias y las ya existentes que impiden las fumigaciones a menos de 1km a los núcleos poblados. Esta institucionalidad debe actuar contra la corrupción alrededor de las haciendas bananeras así como los grandes proyectos hidraulicos asociados a éstas, que expresan el poder político y financiero que manejan las oligarquías. 8. Respetar los derechos ambientales y sociales que constan en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ecuador que entró en vigencia en enero de 2017. En caso contrario derogar el acuerdo considerando la abultada deuda ecológica que supone. 9. Esta institucionalidad además debe velar por la seguridad de los trabajadores, con mención de los aviadores, y la no culpabilización a los trabajadores por los incumplimientos de las leyes que protagonizan las haciendas bananeras. 10. Tener en cuenta los problemas específicos de las mujeres respecto a la problemática del banano: menor salario, el acoso sexual, mayor exposición por las actividades como el lavado o la mayor prevalencia de enfermedades específicas en mujeres así como todo lo relacionado con los abortos, las malformaciones y el cuidado de la infancia y los enfermos, particularmente aquellas con

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discapacidades asociadas a la contaminación con agrotóxicos 11. Que se respete la norma constitucional suspendiendo toda actividad tendiente al desarrollo del banano transgénico, que amenaza con profundizar el modelo de plantaciones bananeras acumuladoras, fumigaciones aéreas dañinas y condiciones laborales injustas. 12. Impedir nuevas formas de reconstitución del latifundio y la actual expansión de la frontera de monocultivo del banano que lleva a la exclusión y desplazamiento de pequeñas ﬁncas campesinas con multiproducción agrodiversa de base familiar. 13. Impedir la judicialización de líderes sociales, a la vez que generar casos judiciales emblemáticos contra empresas trasnacionales que involucren a la sociedad europea y latinoamericana. 14. El desarrollo de estudios vinculados a la transición hacia el cultivo ecológico del banano, así como para la implementación de condiciones laborales dignas. Es necesaria una academia comprometida para poner remedio a los males de las plantaciones bananeras. 15. Solicitar la visita formal de la Relatora de Naciones Unidas de Derecho a la Alimentación al Ecuador para evaluar la situación aquí descrita. Por una producción de banano que respete la vida y respete los derechos de quienes trabajan en su producción, esta Comisión se declara en Sesión Permanente, vigilante para que estas recomendaciones se pongan en marcha. Comisión formada por Marena Briones, Fernando Gutiérrez, Carolina Portaluppi, Pancho Huerta, Martha Roldós, Diego Cano y Billy Navarrrete.

Foto: Vicente Gaibor

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Las Aguas Profundas de Posorja La parroquia de Posorja, perteneciente al cantón Guayaquil, está constituida por 24.136,00 habitantes según datos extraídos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, de los cuales 12.269,00 son hombres representando un 50.83% de la población, y 11.867,00 son mujeres siendo el 49,17% de la población total. Los grupos de auto identificación étnica de la población de Posorja se encuentran mayoritariamente en el grupo de mestizos (65%), afroecuatorianos y afrodescendientes (11%), montubio (9%), entre otros. Posorja es la parroquia rural más poblada del país. Con respecto a Población Económicamente Activa (PEA), 8,541,00 de la población total, es decir, el 35.38% corresponde al PEA de Posorja. De dicho porcentaje, el 73% son hombres y el 26% mujeres. Los habitantes de Posorja corresponden a un proceso de migración interna, siendo el 59% de los residentes nativos de la parroquia. El 40% restante de habitantes provienen de las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, entre otras. Los motivos de migración hacia Posorja son en su mayoría por trabajo, seguido de movilización por cuestiones familiares y en última instancia, por matrimonio. Bajo la misma línea, según el INEC el 73% de la población de Posorja vive bajo condiciones de pobreza por necesidades básicas no satisfechas. Estas necesidades básicas se desprenden desde factores de vida indispensables como educación y empleo, siendo el elemento de educación el factor fundamental para un desarrollo adecuado. Es importante mencionar que dichos factores son derechos humanos universales garantizados no sólo bajo la Constitución ecuatoriana sino también bajo normativa internacional que el Estado ha ratificado respetar y cumplir. En Posorja las tasas de escolaridad específicamente en educación básica representan el 84%, en educación media el 92% y educación superior 8%. La educación universitaria representa un porcentaje bajo en relación a los otros debido a que una vez terminado el bachillerato los jóvenes adultos en Posorja deciden buscar un empleo, ya sea en Posorja o migrar a otras ciudades, en lugar de obtener un título universitario. Un factor clave dentro del contexto de Posorja es el alto índice de analfabetismo en la parroquia.

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Actualmente el porcentaje de analfabetismo en el Ecuador corresponde a un 6,8% y especíﬁcamente en Posorja el porcentaje es de 8,80%. Existen 793 personas registradas analfabetas en Posorja que se encuentran en edad productiva (entre 15 y 64 años). (COOTAD, 2010) Con respecto a empleo, la población de Posorja se desempeña en tres actividades principales: el 34% de la PEA (Población Económicamente Activa) se dedica a actividades de industria manufacturera, el 22% a la pesca y el 20% depende del comercio. Dentro de este grupo, la mayoría de trabajadores se desempeñan bajo condiciones precarias, sin acceso a seguridad social, ausencia de derechos laborales y estabilidad laboral, y tampoco una remuneración adecuada. Es por esto que sólo el 29,71% (2.538,00) de la población económicamente activa tiene acceso al seguro social. (INEC 2010) Este porcentaje es crítico teniendo en cuenta que la PEA de Posorja es del 35,38%. Estos factores de insatisfacción crean una cadena de malas condiciones de vida para los habitantes. La tasa de desempleo en Posorja representa el 57% de la PEA, (COOTAD, 2010) lo cual reﬂeja una gran ausencia de oportunidades laborales para mejorar las condiciones básicas de vida de la población.

Foto: Billy Navarrete

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La actividad pesquera artesanal es de suma importancia puesto que de Posorja se obtienen el 70% del procesamiento de atún, sardina y pescado a nivel nacional. (COOTAD, 2010. Pg. 88). El Acuerdo Ministerial 080, publicado en el Registro Oficial en marzo de 1990, especifica que un área de ocho millas náuticas, a partir de los puntos más sobresalientes de la costa, es exclusiva para la operación de las embarcaciones de pesca artesanal. Según Boletín de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar del Ecuador, los sectores industriales ecuatorianos en Posorja instan a autoridades para que se disminuya las ocho millas a cinco millas náuticas. (COOTAD, 2010. Pg. 92) Debido a esto, se puede inferir que las industrias en Posorja tienen un importante control e interés por el territorio, el cual evidentemente es abundante en recursos naturales. Bajo la misma línea medioambiental de Posorja, se tiene que tener en cuenta la riqueza tanto territorial como en flora y fauna de la parroquia. “La riqueza del territorio principalmente se debe a las extensas zonas de manglar y franja oceánica, las cuales juegan ecológicamente un papel importante en la biodiversidad de la zona, producción de alimento para las poblaciones, control biológico y bioconocimiento. Es importante tener presente que el ecosistema de manglar se ve amenazado por la presencia de la industria atunera y la expansión de las camaroneras, ambas con un fuerte impacto ambiental en el territorio De igual manera el ecosistema oceánico se ve amenazado por el impacto de la industria atunera a nivel de contaminación y de sobrepesca.” (COOTAD, 2010. Pg. 32) En la parroquia de Posorja se encuentra parte del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro (REVISMEM), creado mediante Acuerdo Ministerial N. 266 el 13 de septiembre del 2007. Éste posee una superficie de cobertura natural de 10.130,16 hectáreas y con una prioridad de conservación alta. (COOTAD, 2010. Pg. 33) Bajo estos factores importantes que sustentan la biodiversidad y riqueza marítima del territorio, observamos el conflicto de intereses, especialmente económicos, que atraviesa Posorja. Otro sector clave, pero invisibilizado y excluido en la economía de Posorja, es la agricultura. Propietarios de pequeños predios cultivables sufren la falta de agua en la parroquia, limitando así el desarrollo del sector. La precariedad se agrava por las condiciones adversas para el acceso a micro créditos y apoyo institucional al sector rural de Posorja. El desarrollo agrícola también se ve afectado por el problema de tenencia de tierras y tráfico de las mismas, por lo cual no puede existir un desarrollo profundo y exitoso del sector. “A pesar de

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encontrar un suelo potencialmente agrícola en la zona, esta actividad no es una fuente de auto sustento, y menos aún de dinamización de los mercados locales, por lo que encontramos que únicamente el 2% de la población se dedica de manera aislada y por ciclo corto a esta actividad.” (COOTAD, 2010. Pg. 88). La población de Posorja que trabaja en industria manufacturera se encuentra expuesta a explotación laboral con jornadas de hasta catorce horas, imposibilidad de organización sindical, liquidaciones ilegales o no pagadas y amenazas con visto bueno. Se suma a esto, la falta de programas de responsabilidad social e interés de las industrias por ser parte del desarrollo social y económico de la parroquia. Según el COOTAD (2010), los ingresos percibidos en el año 2014 de las industrias manufactureras ubicadas en la parroquia -NIRSA y SALICA- representan 1,266 veces el presupuesto del GAD Parroquial de Posorja correspondiente ese año. Según informe del GAD Parroquial de Posorja, las industrias NIRSA y SALICA no poseen ningún programa de responsabilidad social dentro de la parroquia, ya sea en vinculación con los habitantes o con el medio ambiente. Existen intervenciones de las industrias en situaciones muy especíﬁcas; sin embargo, no se lleva a cabo ningún programa de desarrollo sostenible.

Foto: Billy Navarrete

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Acceso a vivienda y condiciones de vida Con respecto a vivienda, en Posorja se han registrado 7,169 viviendas en territorio de la parroquia. El 15,55% del total de viviendas en Posorja son precarias y de tipo mediagua, rancho, covacha y choza. (COOTAD, 2010. Pg. 133) El 80,5% de las viviendas en Posorja no tienen deficiencias. Sin embargo, el 10% tienen deficiencias recuperables y el 9,5% tienen deficiencias irrecuperables. Con respecto a condiciones de hacinamiento, el 21,9% de las viviendas se considera irrecuperable (5 o más personas en un dormitorio), el 41,6% como hacinamiento recuperable (3 o 4 personas en un dormitorio) y 36,5% de las viviendas no poseen hacinamiento. En servicios básicos, el 62% de las viviendas ubicadas en la parroquia presentan deficiencias recuperables y el 38% presentan carencias de servicios básicos. (COOTAD, 2010) 9 de cada 10 viviendas en Posorja tienen deficiencias (recuperables e irrecuperables) y tres de estas presentan características irrecuperables. Con respecto al servicio de agua potable, el 84,37% de la población en Posorja recibe agua de red o servicio público, el 10,33% recibe de repartidor, 4,55% de agua de lluvia o albarrada, 0,55% agua de pozo, y un 0,20% recoleta de rio o canal. Si bien, la empresa Hidroplayas S.A. provee de agua potable a Posorja se registra conflicto entre la población y la empresa debido a que presuntamente la empresa corta el suministro de liquido vital por horas para proveer agua a las industrias. (COOTAD, 2010) Hidroplayas S.A. dejó de ser la empresa encargada de proveer agua desde junio del 2016. A partir de ese mes pasó a manos de la empresa Interagua, encargada del suministro de agua a la ciudad de Guayaquil por parte del municipio. En cuanto a saneamiento, el 61,09% de la población no posee red pública de alcantarillado, representando un alto déficit del sistema de saneamiento higiénico. Los lugares en donde más se presenta esta carencia es en zonas rurales. En esta caracterización agregamos el limitado presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado, GAD Parroquial de Posorja y el desarrollo de asentamientos humanos a modo de cooperativas para acceder a servicios. Actualmente sólo el 60% de la población tiene acceso a agua potable y alcantarillado. Vías en mal estado y falta de servicios básicos son problemas evidentes en la parroquia. Si bien, el centro de la población Posorja presenta mejoras en la pavimentación de calles, las nuevas invasiones como “Nuevo Posorja” se encuentran abandonadas. “(…) en donde centenares de personas habitan entre

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el polvo y lodo, sin los servicios básicos necesarios, como agua y alcantarillado, (…) la luz eléctrica es proporcionada por un fino cable que está sujeto por cañas y que ocupa el lugar de los postes de alumbrado” (Telégrafo, 14 de abril de 2016). Con relación al tráfico de tierras en Posorja, en el 2015 fueron afectadas 120 familias por encontrase asentadas en terrenos de propiedad municipal. La mayoría de personas que buscan vivienda en Posorja son de escasos recursos y resultan estafados por traficantes de tierras que venden terrenos a precios muy bajo en comparación a lo que costaría regularmente y sin las escrituras. “Nos pedían que paguemos mensualmente 50 o 100 USD” (El Comercio, 2015) Por otra parte, siendo la vivienda un factor básico para el desarrollo humano, las personas acceden a pagar dicho terreno conscientes de su ilegalidad, con tal de tener un lugar temporalmente donde vivir. Proyecto Puerto de Aguas Profundas de Posorja Desde el año 2016 aproximadamente se difundió la noticia de la construcción del Puerto de Aguas Profundas de Posorja. Inicialmente, el ex Presidente Rafael Correa en mayo del 2016 bajo decreto ejecutivo N. 1060 autorizó el desarrollo y construcción del Puerto de Aguas Profundas de Posorja así como la construcción de la carretera que unirá Playas y Posorja. Se puso a cargo de la obra al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Autoridad Portuaria de Guayaquil. (Diario El Telégrafo , 26 de mayo de 2016) Ese mismo año se firmó contrato de asociación entre la Autoridad Portuaria de Guayaquil y la empresa dubaití DP World, esta última estará encargada de la construcción del puerto aportando una inversión de 1,200 millones de dólares. El 31 de agosto del 2017 con presencia del Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; Ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda; el Presidente de la República, Lenin Moreno; el Director Ejecutivo de DP World, sultán Ahmed Bin Sulayem y Jorge Velásquez, futuro Gerente General de DP World Posorja, se colocó la primera piedra inaugurando así la construcción oficial del puerto. A diferencia de otras construcciones que se realizaban por concursos públicos y donde por lo general la concesión es compartida entre gobierno y empresa privada, la construcción del puerto se entregó como concesión directa y completa a la empresa DP World. Es importante mencionar que la concesión está contemplada en la figura de delegación que se autoriza mediante decreto ejecutivo y será de 50 años, es decir hasta el año 2066. El Código Orgánico para la Producción, Comercio e Inversiones (Copci), vigente desde el 2012, precisa que de forma excepcional, debidamente decretada por

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el Presidente de la República, el Estado podrá delegar a la iniciativa privada la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de servicios como la infraestructura portuaria. Señala que cuando se trate de empresas estatales la concesión podría hacerse de manera directa. Así mismo, la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) estableció que DP World es una empresa de carácter estatal. Sin embargo, José Miguel Muñoz, gerente de Contecon, mencionó que la construcción del puerto de Posorja es una competencia desleal y que “ni DPWorld Limited ni Dubai World Corp. son empresas que puedan ser catalogadas como empresas de propiedad estatal”. (Diario El Comercio , 6 de junio de 2016). Vale recalcar que APG pertenece al Estado ecuatoriano y Contecon es de carácter privado. Según el gerente de Contecon, la APG no le ha proporcionado documentos ni acuerdos técnicos públicos sobre los términos de su concesión, “bajo el argumento de que se trataría de información estratégica”. Con la construcción del Puerto de Aguas Profundas se espera que anualmente se lleguen a movilizar 2,5 millones de contenedores y contará con una profundidad de calado de 15,5 metros. A diferencia de Contecon que es quien opera el puerto de Guayaquil, donde anualmente se movilizan 1,12 millones contenedores y cuenta con una profundad de calado de 9,75 metros. Se estima también que se abran 2,800 plazas de empleo en el Puerto de Aguas Profundas. 2,000 empleados directos en construcción y 800 en operación. Además, los buques tendrán una capacidad de llevar 1,200 contenedores. (Diario El Comercio, 6 de junio de 2016) Por otra parte, el actual Presidente Lenin Moreno apoya la construcción del puerto de Aguas Profundas y sostiene que gracias a la inversión de 1,200 millones hecha por DP World, dicha construcción “no le costará ni un centavo al país”. También sostiene que es “una de las inversiones privadas más grandes que ha recibido Ecuador”. (Ecuavisa, 2017) Hasta el cierre de este informe, no se conoce información oﬁcial de parte de las autoridades competentes con respecto a programas de reubicación o indemnización para las familias residentes en Posorja que podrían verse afectadas por construcción del puerto. Normativa de Derechos Humanos sobre vivienda y desalojos El acceso a la vivienda, alimentación, vestido, al agua potable, educación y salud están amparados en la

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Constitución ecuatoriana y en tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado ecuatoriano, obligado así a respetarlos y cumplirlos. Dichos derechos son Derechos Humanos universales, es decir, para todas y todos sin distinción de género, sexo, raza, clase social, religión, y orientación sexual. Indivisibles, estos derechos no pueden reducirse. Interdependientes, los derechos están relacionados entre sí y se complementan. Es decir, cuando uno de estos derechos no se ve cumplido, se afecta a los demás pues están íntimamente ligados para otorgarle una vida digna al ser humano. El derecho humano a la vivienda se encuentra reconocido en la Constitución ecuatoriana y en la Declaración Universal de los DDHH de 1948. El artículo 25.1 establece “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios (…)”. Un desalojo forzoso se da cuando personas, familias o comunidades enteras son obligadas a salir de sus hogares o de las tierras que ocupan sin que el Estado les ofrezca medios de protección contra los desalojos. Los desalojos forzosos violan derechos humanos. Afirmado en la Observaciones Generales N° 7 aprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas , “violan el derecho a una vivienda adecuada y propician el aumento del número de personas sin hogar.

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Esto ha sido también reiterado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en las Resoluciones 1993/77 y 2004/28.” (Naciones Unidas, Derechos Humanos, 2012) Cuando se quiera dar un desalojo, se debe recordar que hay derechos como el derecho a ser informados con anticipación sobre cuándo se hará y los usos que se les dará a las tierras. El derecho a la participación y consulta en relación al desalojo. Como reducir daños, como limitar la violencia, etc. Derecho a ser indemnizados, o restitución de la vivienda la cual deben ser de buena calidad, con centros educativos y de salud, y a los cuales el acceso sea sin complicaciones. El derecho a saber quiénes serán las personas encargadas del desalojo. El derecho a que el desalojo no se haga en mal tiempo ni en la noche. Derecho a asistencia legal y asesoría. Todos estos puntos y derechos se encuentran amparados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (1966), el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1989, Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento generado por el Desarrollo, ONU. Frente a este tipo de problemas, el rol del Estado, órganos públicos y agentes del mismo, son: abstenerse de llevar adelante, auspiciar o tolerar cualquier práctica, política o medida legal que vulnere DDHH. La obligación de protección frente a violaciones de derechos por parte de un agente privado o público. La obligación de promover y hacer efectivos los DDHH. (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2012) El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH identiﬁca a las operaciones gubernamentales o municipales de desalojos forzosos sufridas por comunidades vulnerables urbanas y rurales en el litoral del Ecuador, como tendencias violatoria a los Derechos Humanos de larga data e impunidad. Los asentamientos irregulares son reconocidos como poblaciones asentadas en las periferias de la ciudad en condiciones de precariedad, con acceso restringido a servicios, en áreas ambientalmente vulnerables o en situación de riesgo. Según el Informe Ecuador para la III Cumbre Mundial de Habitat (Octubre, 2016) los cantones que aglutinan el 44% los hogares dispuestos en asentamientos irregulares estimados por precariedad son Guayaquil, Santo Domingo, Quito, Santa Elena, Durán, Portoviejo, Machala, Milagro, Montecristi y La Libertad, es decir que 8 de los 10 cantones son de la Región Costa.

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Frente al fenómeno de asentamientos humanos irregulares, llamados anteriormente invasiones, el Estado de forma sistemática a ejecutado indiscriminadas operaciones de desalojo forzoso. El CDH, a partir de documentar exhaustivamente y brindar asistencia a comunidades afectadas por desalojos forzosos, resumen a continuación sus principales preocupaciones sobre estas operaciones en progresiva expansión: Los plazos anunciados en las notificaciones escritas para abandonar las casas son excesivamente cortos (48 horas). No es anunciado públicamente el día que se ejecuta la operación de desalojo forzoso. La fuerza pública ingresa a las comunidades de forma sorpresiva. Los operativos se ejecutan usualmente previo a fin de semana, en días feriados y durante estación invernal. La orden de desalojo es firma usualmente autoridad administrativa (Intendente General de Policía o Comisario Municipal). La disposición formal no está mediada por autoridad judicial. Los desalojos forzosos incluyen amplio despliegue de fuerza pública (Policía Nacional, Marina, Ejército, Comisión de Tránsito). Los uniformados se desplazan por tierra, agua y aire, portan armas y son acompañados por caballos, perros) Se ha documentado efecto traumático en niños y niñas luego de operaciones gubernamentales de desalojos atribuibles al exceso despliegue de fuerza. Se ha documentado casos de criminalización o hostigamiento a dirigentes por acciones de resistencia. Afectados son propietarios, inquilinos o posesionarios por años, de forma pacifica y no clandestinos Intervención de civiles en la destrucción y quema de casas. Testimonios Durante el año 2017 el CDH recibió información sobre demoliciones y amenazas de desalojos sufridas por pobladores de Posorja, que incluyen a pequeños agricultores y población refugiada y solicitante de asilo que brindaron su testimonio. El CDH considera que esta tendencia estaría vinculada a los efectos del mega-proyecto Puerto de Aguas Profundas y sus profundas consecuencias para la población de Posorja y otras comunidades vecinas.

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A continuación selección de fragmentos de testimonios recogidos durante el 2017 por el CDH en Posorja , especialmente pequeños agricultores vinculados al trabajo de Unión Tierra y Vida, miembros de la directiva del Comite Pro Cantonización de Posorja y refugiados de Colombia por su alta vulnerabilidad al no contar con los documentos necesarios para poder acceder a los servicios y protección del Estado. Tanto ecuatorianos como refugiados colombianos conocen de la construcción del Puerto de Aguas Profundas, y su situación actual es de incertidumbre, pues no poseen información oficial sobre la presunta reubicación de sus viviendas pese a la amplia cobertura que goza el proyecto. La población entrevistada manifestó estar conscientes de que allí no vivirán mucho tiempo luego de que inicie la construcción del puerto y la anunciada remodelación de Posorja. Varias familias que habitan en asentamientos irregulares confirmaron la existencia de traficantes de tierras en Posorja y admitieron haberles pagado por la precaria vivienda que habitan, la otra opción es vivir en la calle. No existen planes de vivienda para pobres. “Con esas condiciones me siento vulnerable, lo mismo siente cualquiera de nosotros aquí. Porque si ahora pagamos 60, 70, 80, 100 dólares de arriendo. Para cuando arranque el proyecto, vamos a tener que pagar 200, 300 dólares de arriendo. Nosotros no estamos en condiciones de pagar ni siquiera 80 dólares (…) Entonces esto va a tener un impacto muy grande para nosotros, no vamos a poder resistir. Esa es la verdad. Si ahora estamos mal para ese entonces vamos a estar peor.” (Leonardo, refugiado residente de Posorja). “Todo el tiempo desde que llegamos aquí hemos estado pagando arriendo, por siete años. Bastante plata gastamos en arriendo. Ahora vivo en Nuevo Posorja, me vine para acá a buscar una casa. Estos señores se quieren lucrar a costillas de la gente. Si la gente viene acá es porque no tiene donde más meterse, si uno se mete aquí es porque uno no tiene más para dónde coger. Yo he escuchado planes de vivienda del MIDUVI, pero como nosotros somos indocumentados, no podemos hacer nada. A pesar de que tengamos la (visa) Mercosur, no nos sirve porque lo primero aquí es la cédula. Si tú no tienes la cédula no tienes ninguna prioridad aquí (…) La seguridad de esta casa no es mucha, yo no sé si nos dejen, si nos saquen, si nos desalojen. Mientras tanto, al menos tengo donde meter la cabeza porque sin trabajo, cómo pagar un arriendo. No hay seguridad, pero hay un poco de tranquilidad. Vale más la tranquilidad que la seguridad.” (Elizabeth, G. refugiada residente de Posorja)

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“Yo soy hijo de padre pescador de Posorja, y vivo aquí desde que Posorja era el primer balneario del Guayas, luego con el tiempo se volvió pequeña y más aún cuando se instaló la flota camaronera, atunera y arenera. La población de Posorja tiene sembríos de ciclo corto y de árboles frutales. No tiene sistema de riego, solo nos abastecemos por tanqueros y hemos hecho cisternas para poder subsistir. Mi preocupación es quién va a indemnizar mis inversiones de las plantas que tengo aquí. Soy clasificador de atún, en cámara de frío, donde entro a las 7am y salgo a las 7pm. Gano 10ctvs por tonelaje con un contrato por solo un año. Siento que llegó una etapa terminal pues no tengo a donde ir por mi edad, todas mis ganas de vivir las he mantenido intactas y vamos a luchar hasta donde más se pueda y con pruebas.” (Segundo Solórzano, agricultor) “Esta es la Cooperativa 31 de Julio y tenemos cerca de 30 o 40 años. No es invasión porque nos dieron las escrituras y cada año pagamos predios. Ahorita tenemos carreteras por la Salica y no entiendo por qué nos van a desalojar. Nosotros no invadimos esos terrenos, nosotros compramos y en una reunión, nos dijeron que nos iban a sacar de estos terrenos. Nos han quitado hasta las ganas de hacer las cosas al decirnos que nos van a botar.” (Eugenio Martínez Solórzano, agricultor) “Nos encontramos en Posorja con la noticia de que nos van a expropiar de nuestras tierras por el asunto de los nuevos Polos de Desarrollo Industrial, de los cuales nunca nos tomaron en cuenta para la toma de esta decisión, o si estamos de acuerdo con salir, esto solo ha sido decisión del Gobierno y nosotros no queremos irnos porque uno vive de esto y vive de la agricultura. Hace un mes llegaron unos señores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con autorización para medir este sector. Teníamos que haber sido notificados que debemos de salir de acá porque el proyecto ya estaba. Ese momento nos enteramos que teníamos 3 meses para irnos, pero nunca fuimos notificados ni nos han preguntado acerca de lo que tenemos o cómo nos afecta. Hace 3 semanas hubo una reunión de Petroecuador ofreciendo la salida de nosotros pero a uno le afecta demasiado porque uno vive aquí y tiene su familia. Esta vivienda tiene 3 años de construcción. Soy propietario, pago y estoy al día con los predios. Tengo sembríos de sandía y una chanchera. Este es nuestro hogar y no queremos salir bajo ningún precio.” (Stalin Gonzales, Agricultor) “Nos movilizamos al Municipio de Guayaquil para que nos legalicen las tierras, pero el Municipio nos dijo que no tenemos argumento legal para legalización. El Municipio nos hizo dos propuestas: Que pidamos al Consejo Cantonal, o a su vez que nosotros pidamos a la Asamblea Nacional la creación de una ley para poder tener la facultad legal para la legalización de tierras.

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Nos prometen que no vamos a ser desalojados, pero nos siguen derrumbando nuestras casas. El 8 de julio del 2017 llegaron personas del Municipio de Guayaquil a desalojar y destruir casas porque nadie habita ahí, según ellos. Al momento ya van 5 viviendas que han sido destruidas. Con esta ordenanza nos sentimos preocupados porque nos restringe el trabajo porque no podemos poner un negocio. Incluso nosotros presentamos un proyecto de ordenanza y no hemos sido escuchados (…) Estamos siendo expropiados personas nativas, estas tierras serán para la industria, para las multinacionales que van a venir. Ellos han hecho un montón de ordenanzas, pero no lo han socializado con el ciudadano común, la consulta previa, el derecho a la participación. No existe la participación ciudadana para los ciudadanos de Posorja. Con otros compañeros, hemos decidido en conformar el Movimiento Pro Cantonización porque el desarrollo debe ser dirigido para personas nativas del sector pero está dirigido para el poder político y económico. Si se da una concesión de 50 años DP World, 50 años más seguiremos esclavizados al poder político y económico” (Raúl Pesantes, Dirigente de Posorja) Recomendaciones Posorja es una parroquia rica en recursos, formada por una población que es parte de dicha riqueza y dispuesta a promover todo cambio que signiﬁque un desarrollo para su territorio. La construcción del Puerto de Aguas Profundas tiene como objetivo promover dicho desarrollo, atraer inversión nacional y

Foto: Billy Navarrete

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extranjera a Posorja. Sin embargo, los testimonios recogidos por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH conducen a considerar la agudización de violaciones a Derechos Humanos de la población de la parroquia rural de Posorja como efecto de la construcción del mega proyecto de Puerto de Aguas Profundas. Según denuncias recibidas, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos presenta al Municipio de Guayaquil y Gobierno Nacional las siguientes recomendaciones: Plan de Contingencia Contar con Plan de Contigencia para proteger los Derechos Humanos y de la Naturaleza frente a los efectos del mega proyecto de desarrollo debidamente publicitado y que incluya un sistema integral exhaustivo de reubicación para toda la población de Posorja que, directa o indirectamente, vaya a ser afectada por la Construcción del Puerto de Aguas Profundas. Dicho Plan de Reubicación debe ser en un sector donde las personas no vuelvan a verse afectadas, donde sus derechos como el acceso a salud, vivienda, educación, entre otros, puedan verse satisfechos. En caso de que no exista un plan de reubicación con las respectivas viviendas, las autoridades deben optar por un plan de indemnización consensuado con la población y garantizando las garantías al debido proceso. Estos planes deben beneﬁciar a toda la población afectada sin discriminación alguna, especialmente evitar exclusión por su condición migratoria considerando familias refugiadas, solicitantes de asilo e indocumentadas registradas en asentamientos humanos irregulares. Detener desalojos forzosos y demoliciones arbitrarias Las autoridades de la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares, el Municipio de Guayaquil y otras instituciones públicas que intervienen deben evitar ejecutar desalojos forzosos y demoliciones arbitraria contra los habitantes de Posorja por constituir una grave violación a los Derechos Humanos, especialmente a la seguridad de tenencia. Según los testimonios recogidos, viviendas son destruidas de forma arbitraria, sin ninguna opción frente al desamparo y alejadas al debido proceso considerando que se trata de un Derecho Humano. La población de Posorja, al ser en su mayoría de escasos recursos y con personas de atención prioritaria, se encuentran en situación de vulnerabilidad frente al gran impacto socioeconomico y ambiental del mega proyecto industrial en curso. Sus derechos humanos, principalmente el acceso a vivienda, debe estar asegurado y deben promover la regularización de los asentamientos de larga data dotándolos de servicios básicos de calidad.

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De la misma forma, el derecho a trabajo digno también es un factor importante considerando las violaciones a derechos humanos, como la explotación laboral, cometidas por parte de multinacionales que usan el territorio de Posorja sin ningún programa de responsabilidad social empresarial a largo plazo. Las autoridades competentes, considerando el marco constitucional, tienen la responsabilidad y obligación de no anteponer intereses económicos y políticos sobre la vida de las personas de Posorja. Se anuncia públicamente que la construcción del Puerto traerá grandes ingresos a la economía del país y frente a eso, los Derechos Humanos de la población de Posorja deben ser rigurosamente protegida. Es fundamental en este proceso, capacitar e informar exhaustivamente a la población de la parroquia sobre el aspectos amplios del proyecto y los mecanismos para proteger su Derechos Humanos. Además el Estado deben promover su participación deliberante e informada sobre aspectos claves del proyecto y ser parte activa del mega proyecto industrial. Se insta a las autoridades a escuchar a la ciudadanía, a promover la participación e inclusión ciudadana en las decisiones que vayan a tomarse, así como de su ejecución. Dicha inclusión debe ser escuchando las necesidades ciudadanas, tomando en cuenta su opinión efectiva en programas que protejan sus derechos y creando planes de reubicación de acuerdo a sus necesidades y particularidades socioeconomicas y culturales.

Foto: Andres Loor

VIVIENDA Y DESALOJOS FORZOSOS

Se exige que sean capaces de promover una participación ciudadana real y revisar pedido del Comité Pro Cantonización de Posorja, como instancias legalmente constituida que promueve mejoras en el sector de Posorja. Referencias Diario El Comercio . (6 de Junio de 2016). Puerto de Posorja se entrega en forma directa a la firma DP World. El Comercio. Recuperado el 25 de Octubre de 2017, de http://www.elcomercio.com/actualidad/puerto-posorja-dpworld-guayaquil-ecuador.html Diario El Comercio. (7 de Junio de 2016). El Gobierno concesiona por 50 años el puerto de Posorja. El Comercio. Recuperado el 25 de Octubre de 2017, de http://www.elcomercio.com/actualidad/rafaelcorrea-concesion-posorja-puerto-contrato.html Diario El Telégrafo . (26 de Mayo de 2016). Presidente decretó a construcción del puerto de aguas profundas de Posorja. El Telégrafo. Recuperado el 25 de Octubre de 2017, de http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/presidente-decreto-la-construccion-del-puerto-de-aguas-profundas-de-posorja Ecuavisa. (31 de Agosto de 2017). Inician trabajos de construcción del Puerto de Aguas Profundas en Posorja. Ecuavisa. Recuperado el 25 de Octubre de 2017, de http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/314746-inician-trabajos-construccion-del-puerto-aguas-profundas-posorja El Comercio. (2 de Febrero de 2015). 120 familias denuncian que fueron víctimas del tráfico de tierras en Guayaquil. Diario El Comercio. Recuperado el 5 de Noviembre de 2017, de http://www.elcomercio.com/actualidad/familias-denuncian-trafico-tierra-guayaquil.html GAD Parroquial de Posorja. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019. Consejo de Planificacion . Recuperado el 5 de Noviembre de 2017 Naciones Unidas Derechos Humanos. (2012). Derechos humanos, proyectos de desarrollo y desalojos. Una Guía Práctica. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recuperado el 5 de Noviembre de 2017 Telégrafo, D. E. (16 de Abril de 2016). El Puerto, la esperanza de desarrollo en Posorja. El Telégrafo. Recuperado el

Octubre

2017,

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/septimo-dia/51/el-puer-

to-la-esperanza-de-desarrollo-en-posorja Agradecimiento a Valeska Chiriboga por el desarrollo de este artículo

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Audiencia ¡Aqui Nos Quedamos! Desalojos Urbanos y Rurales en Ecuador Audiencia ¡Aquí nos quedamos! Desalojos urbanos y rurales en Ecuador fue un espacio para analizar y construir propuestas que enfrenten los daños a la naturaleza y la violación de los derechos de las comunidades generadas proyectos de infraestructura urbanos y rurales, políticas de vivienda, de reasentamientos. La Audiencia: ¡Aquí nos quedamos! Desalojos urbanos y rurales en Ecuador es parte de la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, que se propone generar una revisión de las políticas del Estado en materia de derechos de la naturaleza, derechos colectivos e individuales vinculados, con el fin de generar “Verdad, Justicia y Reparación” para los casos de violaciones de derechos, e impedir que caigan en el olvido y con ello se perpetúe la impunidad; para que los daños producidos sean reparados hacia las comunidades y restaurados hacia la naturaleza. Considerando los siguientes antecedentes: Ecuador ha ratificado los Tratados y Convenciones Internacionales y, por tanto, todas las instituciones tienen la obligación legal de respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a la vivienda y a rendir cuentas periódicamente a las instancias internacionales sobre las medidas adoptadas para garantizar su cumplimiento, siendo el desalojo sin realojo acordado, una violación de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos (Art. 25), adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948; el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art.11) ratificado por Ecuador el 6 de marzo de 1969 y el Protocolo facultativo del PIDESC aceptado el 11 de junio de 2010; la Convención sobre los Derechos del Niño (Art.27) ratificada por Ecuador el 23 de marzo de 1990; la Convención por la eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Art. 14 y 15) ratificada por Ecuador el 9 de noviembre de 1981; la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Art. 34, k), ratificada por Ecuador el 21 de diciembre de 1950; la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Art. 26), ratificada por Ecuador el 8 de diciembre de 1977; el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el Área de Derecho Económico, Social y Cultural, ratificado por Ecuador el 10 de febrero de 1993. Como lo subrayado también por las instancias de Naciones Unidas en los Comentarios Generales N. 4 y N. 7 sobre los Derechos a Vivienda Digna que afirman que cualquier forma de desalojo forzado es incompatible con los requisitos del PIDESC. A este propósito les recordamos que los artículos 30, 31, 37, 39, 47, 66, 261, 340, 375, 376 de la Constitución nacional de Ecuador reconocen

el derecho a la vivienda y que el artículo 42 “prohíbe todo desplazamiento arbitrario”. Durante la audiencia hemos escuchado testimonios y recibido informaciones preocupantes de parte de las organizaciones de la sociedad civil de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Morona-Santiago y Bolívar respecto de la situación de indefensión en la que se encuentran las familias que están sufriendo la amenaza concreta de desalojo para los casos detallados durante la audiencia. Caso de la Isla de Muisne. Se quiere desalojar a 10000 personas de la Isla de Muisne bajo el argumento del riesgo de tsunami y por fuertes presiones de intereses turísticos sobre este espectacular espacio. Tras el terremoto de abril de 2016 no murió una sola persona en todo el cantón, pero en Muisne hubo 300 casas destruidas, 400 más por reconstruir, y hasta la actualidad no se han realizado viviendas pese a la cuantiosa inversión que llegó. Caso de Monte Sinaí. Se calcula que viven en la zona, cerca de 150 mil personas. Desde la promulgación del decreto 607, el 28 de diciembre del 2010, alrededor de 5000 familias han sido desalojadas de la zona de Monte Sinaí, bajo acusación de invasión y con una fuerte violencia hacia todas las personas, en especial hacia las mujeres y la infancia. Tras el desalojo hubo criminalización de dirigentes comunitarios; se han cerrado más de 100 locales comerciales de venta de materiales de construcción, acusados de promover las invasiones. Se ha prohibido el mejoramiento y construcción de las viviendas, en caso de infringir esta norma, van detenidos. En la actualidad se desarrolla el proyecto “Las Marías” sobre 40 hectáreas ya ocupados, por lo que las familias diariamente están recibiendo notiﬁcaciones de desalojo y/o desplazamientos. Caso del proyecto gubernamental “Guayaquil Ecológico”. Se han dado violetos desalojos en la parroquia Febres Cordero entre 2010 y 2015. El pueblo afroecuatoriano que vivía en este sector de manglar fue desalojado el proyecto urbanístico del Gobierno central amparado por la protección del Estero Salado. Dentro del mismo caso, se anota la situación del Programa Gubernamental Socio Vivienda 2 levantado para reubicar a miles de familias desalojadas por proyecto Guayaquil Ecológico que incluye casas con graves problemas técnicos

y sin considerar características de familias reubicadas. Actualmente este programa sufre graves problemas de seguridad que ha obligado a operaciones militares y desalojos forzosos de familias por presunto mal uso dispuesto por el MIDUVI sin garantizar el derecho a la defensa ni la seguridad de tenencia jurídica. Caso de Posorja frente al proyecto del Puerto de Aguas Profundas. Polo de desarrollo económico de 2500 hectáreas que están siendo expropiadas para se industrializadas provocando incertidumbre para 700 familias se encuentran viviendo y laborando en el sitio. Caso de Casas Colectivas calle Gómez Rendón. 360 familias, 1400 personas en riesgo de desalojo. Se trata de 2 Bloques de propiedad del Seguro Social, construidos en el año 1950 considerados patrimonio histórico. La familias viven son inquilinos pero desde hace 15 años el Seguro Social abandonó el lugar. En la actualidad se prevé su derrocamiento por presunto deterioro de la ediﬁcación. Caso proyecto multipropósito Chone-Manabí. Se desplazó a la población de Río Grande sin consultarlos. 250 policías con tanqueta llegaron a la comunidad por la noche, sin previo aviso. Se destruyeron ﬁncas con condiciones naturales, hubo maltratos y se produjo un aborto por la violencia. La represa se construyó para evitar inundaciones provocadas por las camaroneras que han estrangulado el río. Caso de Nankints. Se desplazó a una comunidad shuar para la ubicación del proyecto minero Panantza-San Carlos. Los hombres huyeron a la selva perseguidos por la policía. Las mujeres fueron hostigadas por el ejército y la policía. Caso San Pablo de Amalí. La ubicación del proyecto hidroelectico Hidrotambo-Bolivar ha desplazado familias por la represa, con acusaciones de terrorismo a los líderes. Por esta consideración, exhortamos al Estado a ejercer su competencia ante esta grave situación de violación de los más elementales Derechos Humanos: a la vida, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad de la tenencia de la tierra considerando que por ser los representantes del pueblo, son los más idóneos en la defensa de la condición de ciudadanos de las personas afectadas.

Entendemos que la voz de las comunidades afectadas por la presión a abandonar su territorio de vida, es una legítima voz, y debe ser escuchada por los representantes políticos y las instancias del Estado a nivel local y provincial. Expresamos nuestra plena solidaridad a las organizaciones sociales y de los habitantes y a las personas afectadas por estas violaciones. Recomendaciones Determinar un alto total a los desalojos y a las prácticas de amenazas y presión a las comunidades de los sectores mencionados Hacemos un llamado a los pueblos y comunidades amenazados con desalojos forzosos a organizarse, fortalecer sus liderazgos comunitarios y elaborar demandas que protejan sus derechos humanos y de la naturaleza Establecer una mesa de diálogo multisectorial entre las instituciones y las organizaciones sociales de los habitantes para dar soluciones asequibles a esta problemática con políticas que impliquen Cero Desalojos y que permitan un acercamiento entre autoridades y población para compartir información completa, oportuna y veraz de los planes y proyectos de reasentamiento y vivienda en la zona, se escuchen las preocupaciones y propuestas de las comunidades y se llegue a acuerdos respecto a las medidas a aplicar, prestando particular atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Los resultados de la mesa de diálogo debe llevar a compromisos concretos por parte de las autoridad Considerar e incluir las propuestas de reforma de artículos a la Ley 88 que han presentado los pobladores de Monte Sinaí Diseñar y poner en marcha un programa de capacitación a funcionarios públicos en materia de derechos humanos y políticas urbanas y de vivienda, derechos de la naturaleza Entregar en propiedad colectiva los bloques de las Casas Colectivas de la calle Gómez Rendón a las familias residentes, desembolsar partida para rescate del ediﬁcio como patrimonio. Crear un modelo de gestión para la futura administración de los bloques por parte de sus residentes Derogar el decreto 607 para evitar nuevos desalojos de familia de monte Sinaí, salvo las consideradas documentadas en situación de riesgo por la dirigencia del barrio. Además se paralice el proyecto Las Marías, en actual ejecución, y se haga una socialización con las familias afectadas; a partir de lo cual, se reformule bajo un modelo de gestión cooperativo de autoayuda con asistencia técnica y autogestionado

Derogar el Acuerdo Ministerial 073 del 21 de julio de 2016 de la Secretaría General de Riesgos que declara a la Isla de Muisne como zona de riesgo y establece el desalojo de sus habitantes Derogar el programa Socio Vivienda porque no resuelve el problema de la vivienda y lo agrava generando temor de grave estallido social con perjuicio a la infancia, mujeres embarazadas, afrodescendientes y refugiados. Informaremos a todas las autoridades nacionales e internacionales para llevar a cabo las medidas necesarias para cumplir con el respeto de las leyes de protección del derecho a la vivienda. La comisión formada por Rocío Bastidas, Elizabeth Bravo, Antonio Martínez, Líder Góngora y Billly Navarrete. Monte Sinaí, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, 25 de Noviembre de 2017

Foto: Vicente Gaibor

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Solicitante de asilo y su familia desalojados de Socio Vivienda 2 Yo, Humberto Hurtado Montaño, de 49 años, solicitante de asilo Nº 817150770-3, nacido en Tumaco, Nariño, Colombia, convivo con la señora ecuatoriana María Socorro Mina Minota desde hace 13 años de forma permanente y con quien tengo tres hijos menores de edad (un niño y dos niñas), ante ustedes denuncio lo siguiente:

Foto: Billy Navarrete

El día de ayer miércoles 22 de noviembre del 2017 aproximadamente a las 7h25 de la mañana, en circunstancias que se desarrollaba operativo con aproximadamente 400 Policías Nacionales -vestidos con uniforme negro y otros de camuﬂado verde oliva- movilizados en motos, patrullas y caballos con la presunta misión de desalojar familias que daban mal uso a las viviendas cedidas en Plan Habitacional Socio Vivienda 2, a mi casa ubicada en la villa 19, manzana 802 llegaron dos policías nacionales y una funcionaria -sin uniforme y sin credencial visible- presuntamente del MIDUVI portando documento que no me mostraron y dijeron que era una orden de desalojo inmediato. Yo me encontraba con toda mi familia en casa preparándome para salir a trabajar en mi negocio ambulante de venta de naranja y huevos. Cuando le pregunté a la funcionaria porque el desalojo sin aviso y ella ordenó a los Policías que ingresen. Ingresaron a mi casa 12 policías nacionales teniendo a mis niños adentro y destruyeron mis colchones en busca presuntamente de droga que no

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hallaron. Además rompieron la cerradura del cuarto que guardaba pertenencias de mi cuñado. Debo de indicar que no me haca falta nada debido al allanamiento. Mi vio obligado a sacar todas mis cosas a la calle peatonal aledaña a mi casa. Debo indicar que un sargento segundo de la Policía se me acercó y me indicó que por seguridad debía llevarse a mis niños a la DINAPEN, yo mostré mi credencial de solicitante de asilo y le dije que no iba a permitir que me separen de los niños. Le dije que habíamos venidos buscando protección y que yo los iba a seguir protegiendo. Esto detuvo esa intensión de separarme de los chicos. Una vez que saque todas mis pertenencias, busqué posada en casa de una amiga del sector porque no tengo a donde ir. Actualmente mi familia – mi conviviente y mis hijos- se encuentran en casa de amiga y yo me encuentro en casa de otra amiga en el mismo vecindario. Antecedente Debo de aclarar que el beneficiario formal de la vivienda mencionada en Socio Vivienda 2 es el señor José Alfonso Mina Minota desde el 2013. El señor Mina Minota es hermano de mi conviviente y madre de mis tres hijos, la señora María Socorro Mina Minota. Él se encuentra privado de la libertad en la Carcel Regional de Guayaquil desde aproximadamente 4 años. El año pasado, específicamente en diciembre del 2016 mi familia entro a habitar la casa de mi cuñado bajo su consentimiento y del resto de la familia de mi esposa. Debo indicar que no hemos tenido ningún inconveniente con vecinos que puedan justificar el desalojo. Además manifiesto que desde que ingresamos a habitar en dicha vivienda, no se nos permitió pagar la mensualidad establecida por el MIDUVI dentro del convenio porque mi cuñado estaba en prisión y solamente él es la persona que debe realizar este pago. El 3 de mayo mi esposa recibió respuesta por parte de la Ingeniera Adriana Cristina Salgado Peñaherrera, secretaria de Vivienda, mediante oficio MIDUVI SV 2017 0 quien nos informó que nuestra solicitud había sido rechazada al no pertenecer yo al grupo familiar de mi cuñado, ordenando la reversión de la misma. Hemos acudido a la Defensoría del Pueblo del Ecuador y al MIDUVI para reclamar por nuestros derechos Humanos, especialmente el derecho a la defensa. El 29 de agosto de 2017 la Defensoría del Pueblo emite providencia de inadmisibilidad “ pues dentro de la petición no se sustenta de ninguna manera la autorización de parte de José Alfonso Mina Minolta o su esposa quienes son los originarios adjudicatarios de la vivienda”.

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Concretamente el 18 de octubre de 2017 mi conviviente junto a su prima se acercó al MIDUVI para explicar sus temor de ser desalojada y que se considere el parentesco con su hermano en prisión ya la necesidad de tener casa. Nuevamente no hemos tenido respuestas. El 10 de enero de 2018 el CDH recibe informe del MIDUVI sobre el caso denunciado. En el documento se señala “ Por lo expuesto, y una vez que se ha cumplido con el debido proceso establecido en el Reglamento Operación del Sistema de Incentivos para la Vivienda, se ejecutó el 22 de noviembre de 2017 la inmediata reversión de la vivienda: en el operativo realizado se comprobó que en la vivienda efectivamente se encuentran terceras personas que no pertenecen al nucleo familiar de Lucrecia Mina, registrada en la ﬁcha de postulación”

Foto: Efrain Castellanos

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Foto: Billy Navarrete

PRONUNCIAMIENTOS

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Defensa de derechos humanos por encima de protección de imagen empresarial En relación a la carta de la Corporación GPF, titular de la Unidad de Negocios Fybeca, publicada por el diario Expreso el día de hoy 29 de junio de 2017, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH maniﬁesta lo siguiente: Respaldamos categóricamente la opinión de la señora Nelly de Jaramillo, miembro fundadora de nuestra organización, publicada por el diario el 24 de junio de 2017 con el título “Recordando a Fybeca”. Rechazamos la intención de la empresa Fybeca de poner el presunto daño a su reputación por encima de la identidad histórica de este crimen de lesa humanidad ocurrido en su local de La Alborada hace 13 años. En octubre del 2014 el CDH envió reclamo formal al entonces Ministro Fiscal General del Estado por considerar que el cambio en la denominación del caso, primero como “Las Dolores" y luego como “Gonzalez y otros”, constituye maltrato y afecta el aspecto simbólico de esta reclamación emblemática en materia de Derechos Humanos en el Ecuador. El reclamo de la empresa perjudica la identidad construida por la larga lucha de mujeres y niños afectados por la masacre. Ellos son los únicos que han convertido al caso Fybeca en símbolo defensa de Derechos Humanos y se resisten al cambio de nombre al caso. Finalmente recordamos el principio de supremacía de la defensa de los Derechos Humanos por sobre cualquier otro interés particular de proteger marcas o nombres comerciales. 29 de junio de 2017,

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Retención arbitraria y probable expulsión de diplomática saharaui en Perú Condenamos la arbitraria retención de la embajadora saharaui en Misión Especial, Jadiyetu El Mohtar, desde este sábado 9 de septiembre, en horas de la tarde, en las instalaciones de la Dirección General de Migraciones, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en cumplimiento de una resolución administrativa emitida por la Gerencia Nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, cuyo objeto sería la expulsión del territorio peruano de la mencionada diplomática. Las organizaciones de derechos humanos de Ecuador y Perú exhortan a las máximas autoridades del Estado peruano, en particular a su canciller Ricardo V. Luna Mendoza y a su ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, a resolver esta incomprensible y confusa situación en el marco de los compromisos y las obligaciones de la República del Perú como Estado Parte de los más importantes tratados de derechos humanos y del derecho internacional público, entre ellos la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, adoptada en la Séptima Conferencia Internacional Americana, celebrada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933, y suscrita por el Estado peruano en aquella fecha. En efecto, en su Art. 6 la Convención afirma que “El reconocimiento de un Estado meramente significa que el que lo reconoce acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes determinados por el Derecho Internacional. El reconocimiento es incondicional e irrevocable”. En tal virtud, las organizaciones de derechos humanos instan al señor presidente constitucional de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a disponer se revea y anule toda acción administrativa tendiente a retener y expulsar a la embajadora saharaui en Misión Especial, Jadiyetu El Mohtar y, a la vez, urgen a considerar la reanudación de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), basada en el principio de autodeterminación de los pueblos y el de la igualdad jurídica de los Estados, reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas. Las organizaciones de derechos humanos apremian a las autoridades migratorias se permita el ingreso oficial de la diplomática saharaui a territorio peruano para el cumplimiento de su misión, así como plenas garantías para el ejercicio de sus derechos y el acceso a los recursos efectivos, establecidos por la Constitución Política del Perú.Guayaquil/Quito/Lima, septiembre 10 del 2017 PIDHDD Regional, CSMM, EQUIDAD - Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, y CDH

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Organizaciones sociales reclaman por declaraciones de Ministro de Comercio Exterior de Ecuador Las organizaciones sociales que formamos el Grupo de Trabajo sobre Globalización y Derechos Humanos que suscribimos este documento, nos dirigimos al Presidente Constitucional del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, con el propósito de plantear nuestra posición frente a las declaraciones del Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana Sáenz, respecto a la decisión de establecer un diálogo con Chevron, para “resolver” el conﬂicto legal que mantienen indígenas y campesinos ecuatorianos en contra de esta petrolera. Textualmente, dijo este alto funcionario que “ es el momento de sentarse, dialogar, limpiar lo que tenga que ser limpiado y tratar de resolver este problema, lo cual sería lo mejor para Ecuador, Chevron y Estados Unidos” y añadió “con un diálogo franco estoy seguro de que podemos resolver este problema de 23 años”. Al respecto, las organizaciones que hemos apoyado e impulsado y monitoreado el “Caso Texaco”, planteado por indígenas y campesinos agrupados en la Unión de Afectados/as por las operaciones Petroleras de Texaco-Chevron (UDAPT), no podemos sino mostrar nuestra extrañeza frente a estos pronunciamientos de un miembro de su gabinete ministerial, que nos genera severas dudas referentes a la posición del gobierno en aspectos relativos al respeto, protección y garantía de los derechos humanos en Ecuador; el acceso, la imparcialidad y la independencia de la justicia; la defensa de la soberanía nacional; la lucha contra la corrupción “venga de donde venga”, entre otros factores. Queremos creer que estas declaraciones han sido vertidas por desconocimiento y esperamos no sean productos de la acostumbrada injerencia de Chevron, a través de sus equipos de lobby y relaciones públicas que, usualmente, realiza negociaciones con los gobiernos de turno para conseguir que sus intereses prevalezcan por sobre los derechos humanos y colectivos de los ciudadanos y los pueblos y nacionalidades, lo que puede ser comprobado en varios hechos que han sido debidamente documentados y denunciados. Le recordamos que este proceso judicial, iniciado el 3 de noviembre de 1993, ha enfrentado durante más de 23 años a pobladores ecuatorianos, indígenas y campesinos de las provincias de Orellana y Sucumbíos, con uno de los poderes económicos y políticos más grandes del mundo, pero también con quienes han regido la vida económica y política de Ecuador, que en general se han aliado, por intereses comunes con este empresa, caracterizada por sus prácticas violatorias a los derechos humanos, a lo largo y ancho del mundo.

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Por tanto, Ecuador no es la excepción; sin embargo, los/as afectados/as, tuvieron la fuerza para emprender este largo periplo para buscar justicia y respuesta ante las continuas y graves violaciones a sus derechos que incluyen la desterritorialización de los pueblos ancestrales, extinción de dos pueblos indígenas, violencia social y violaciones colectivas de derechos, afectaciones culturales, alteración de uno de los ecosistemas más frágiles del mundo y la consecuente disminución de las capacidades de producción del suelo, lo que significó para los habitantes ecuatorianos el deterioro de su calidad de vida, reflejada en la pobreza y los graves problemas de salud que enfrentan. No será muy difícil para el señor ministro Pablo Campana comprobar en las páginas web oficiales, un histórico de los índices socio-demográficos en las provincias en las que operó Chevron. Todo esto fue producido ante la anuencia de los gobiernos ecuatorianos, que les permitieron usar tecnología obsoleta que provocó la contaminación de más de 480 mil hectáreas de selva amazónica, en la que Chevron abrió piscinas, sin recubrimiento en las que vertían aguas tóxicas y crudo que desfogaban en esteros, lagunas, ríos y fuentes de agua y, además, arrojar petróleo crudo directamente a los bosques y en los caminos por los que transitaba diariamente la gente y quemar el gas en mecheros antitécnicos. Todo ello provocó la contaminación de agua, suelo y aire, lo que no va a ser difícil comprobar por parte del Ministro de Comercio Exterior. Por ello, nos preguntamos, ¿de qué manera el mencionado funcionario puede “resolver” este conflicto?, sobre todo cuando la justicia ecuatoriana, dictó una sentencia condenatoria, que fue ratificada en todas las instancias judiciales y por la cual la petrolera debe a los afectados, más de 9.500 millones de dólares, que son esperados para la reparación de los territorios, como único mecanismo para detener la estela de muerte y destrucción dejada por Chevron y que sigue afectando a los indígenas y campesinos de la zona. Cabe recordar que a través del ejercicio del poder político y económico y, además, de las prácticas de corrupción que caracterizan a la petrolera, el litigio lleva más de 23 años. Por tanto, cualquier intento de miembro alguno del gabinete ministerial o funcionario de Estado, por más alta que sea su jerarquía, constituiría una cadena de violaciones, que se suman a las ya registradas en este caso, en contra de la población ecuatoriana, entre las que anotamos: violación a las normas constitucionales, convencionales y legales, por no respetar la independencia judicial; violación al debido proceso y derecho al acceso a la justicia por parte de los indígenas y campesinos de la UDAPT; los derechos humanos de la población, sometida a enfermedades, pobreza y muerte; así como los principios éticos que demandan el respeto a los derechos humanos.

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Por las razones expuestas, señor Presidente, consideramos que de ser lo expuesto por el ministro Pablo Campana, la política emanada de la Presidencia de la República, hacemos el siguiente pronunciamiento: Recordamos a las más altas autoridades del Estado ecuatoriano que nadie en el gobierno nacional, debe, puede, ni está autorizado para “dialogar” y menos negociar la resolución del “Caso Texaco”, a espalda de los legítimos demandantes. Que cualquier intento en ese sentido, sólo daría muestras de que el gobierno nacional interﬁere en la independencia judicial y actúa fuera de toda norma legal y ética; además de violar expresas normas constitucionales y legales, lo que abriría el marco para que los afectados y sus aliados puedan utilizar todos los recursos legales nacionales, regionales y supranacionales, para defender los derechos de los pobladores amazónicos. Que de interferir en el caso mencionado, la política del actual gobierno nacional estaría orientada a privilegiar los intereses de las transnacionales y los sectores del poder político y corporativo ecuatoriano, vinculados con ellas, en detrimento de los derechos humanos y colectivos de la población ecuatoriana, y los derechos de la naturaleza, establecidos en la Constitución de la República. Que en su política exterior se mantendría un doble discurso respecto a la práctica en territorio nacional, al estar impulsando un tratado vinculante para obligar a las transnacionales a cumplir las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, mientras que en el país, privilegiaría los intereses económicos de Chevron, en contra del derecho a la justicia y reparación integral de su población, circunstancia que eventualmente será alertada a nivel global, a través de todas nuestras redes y aliados, con el objetivo de precautelar este proceso de vital importancia para quienes son violentados impunemente por las multinacionales. Por último, señor Presidente, nos permitimos respetuosa y ﬁrmemente instar a usted a emitir un pronunciamiento sobre este tema multidimensional, complejo y sensible para conocer con claridad las orientaciones de su gobierno y evitar contradicciones entre el discurso político y los hechos. Quito/Guayaquil, septiembre 20 del 2017 CDES, CSMM, CDH, FIAN Ecuador, ISP, Terra Mater y UDAPT

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CDH rechaza restricción a labor de defensor de Derechos Humanos El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH rechaza enérgicamente la orden del juez del Complejo Judicial de Cuenca para que el defensor de Derechos Humanos, Luis Saavedra Mendoza, abandone la sala donde se desarrollaba el 15 de diciembre de 2017 la audiencia por el delito de tortura cometido por 42 policías en el Centro Rehabilitación Social Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016. Según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, el policía que cumplió la orden del juez intentó obligar a su representante a borrar los tuits escritos y las fotografías tomadas amenazando que le confiscaría el celular y lo llevaría a la Fiscalía. Este incidente se suma al intento de detención que sufrió la comunicadora social del CDH el 7 de enero del 2015 por registrar con grabadora de audio la Audiencia de Acción de Protección por la retención del bus de la Caravana Climática en la Unidad Judicial de La Florida en Guayaquil. En esa ocasión, la Juez pidió la presencia de agentes de la Policía Nacional para, al parecer, detener a la trabajadora del CDH e iniciar acción penal de flagrancia por el registro de audio sin autorización. El CDH considera que estos hechos cuestionan los procedimientos judiciales de audiencia, el principio de publicidad y la efectiva observancia ciudadana, indispensables cuando el Estado es el acusado de violaciones de Derechos Humanos: - La restricción señalada en la ley se refiere exclusivamente al registro en video de las audiencias públicas. No existiría ningún impedimento para grabar el audio de este tipo de audiencia y que los interesados dispongan libre y directamente dicho elemento objetivos de prueba. - Los artículos 13 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 178 del Código Integral Penal, relacionados el uno con el otro, no estipulan como delito el grabar el audio de una audiencia pública. Recordamos que la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidad el 8 de marzo de 1999 señala en el artículo 6, Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras: a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos;

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b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además el mismo instrumento ratiﬁcado por el Estado de Ecuador señala en el Artículo 12, numeral 2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración. Llamamos ﬁrmemente la atención de la Administración de Justicia, especialmente del Consejo de la Judicatura, sobre estas restricciones a la labor de defensores de Derechos Humanos y solicitar a las autoridades de justicia el examen urgente y exhaustivo estos procedimientos desde la perspectiva de los Derechos Humanos y la vigilancia ciudadana. Guayaquil 18 de diciembre 2017

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Rehabilitación social y seguridad ciudadana en el Ecuador Cadena perpetua amerita no sólo una reforma constitucional y legal sino una profunda transformación de la política criminal del Estado Ecuatoriano El Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), ante la propuesta de varias organizaciones sociales y de familiares y víctimas (1) de incluir la cadena perpetua como tipo penal en la legislación ecuatoriana, consideran que una reforma de esa naturaleza amerita no sólo una reforma legal sino constitucional y, simultáneamente, una profunda transformación de la política criminal del Estado ecuatoriano. El artículo 201 de la Constitución establece que “el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad” y, además, “tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para […] cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad”, y una pena extrema como la cadena perpetua violaría esta norma constitucional e incluso los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984). Las organizaciones de derechos humanos condenan firmemente y, a la vez, lamentan profundamente los recientes crímenes atroces de los que han sido víctimas niños y niñas; sin embargo, consideran que el presunto efecto disuasivo de una pena como la cadena perpetua no cumpliría su propósito sino que fomentaría el populismo penal, en lugar de asegurar la certeza de la sanción o mejorar la investigación de ese tipo de delitos y, por último, poner fin a la impunidad. También aprovechamos esta coyuntura para llamar la atención sobre la iniciativa del Concejo Cantonal de Guayaquil en relación al proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana que se presentará a la Asamblea Nacional, considerando que el pronunciamiento municipal plantea, entre varios lineamientos contra la inseguridad ciudadana, endurecer el tratamiento punitivo a la población reincidente y retroceder en la garantía constitucional de la caducidad de la prisión preventiva. Consideramos que el enfoque presentado públicamente (2), días atrás, traería como consecuencia la saturación y el colapso de las prisiones del país, y tampoco aborda rigurosamente -basado en evidencia técnica y científica-, el fenóme

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no de la reincidencia de la población carcelaria, relacionada con las falencias en el proceso de rehabilitación en el actual régimen carcelario. Para las organizaciones de derechos humanos, antes de responder con medidas regresivas y anacrónicas es imprescindible promover y ampliar la discusión sobre la política criminal en el país, que debe tener como propósito central enfrentar la violencia contra las mujeres y los niños y niñas, que cuestiona severamente nuestra convivencia social.Quito / Guayaquil, diciembre 28 del 2017 1 Véase: Organizaciones plantean aplicar cadena perpetua, en: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/1/cuatro-organizaciones-planteanimplementar-la-cadena-perpetua 2 Véase: El Cabildo pide elevar la pena al reincidente, en: http://www.expreso.ec/guayaquil/municipio-sancionesfortalecimientodelaseguridadciudadana-ley-HG1888090 Foto: Carcel Regional de Guayaquil

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Análisis del CDH sobre pregunta 3 a referendum. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos considera pertinente compartir su análisis sobre la pregunta 3 sometida a referendum general el domingo 4 de febrero de 2018. Nuestro punto de vista está enmarcado en la pertinencia y relevancia del Derecho Humano a la participación ciudadana para el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos, justicia social y la democracia. La pregunta tres a referendum señala: "¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana v Control Social CPCCS, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?". Consideramos lo siguiente: 1.- Sobre la propuesta de reestructurar al CPCCS. La manera en que está formulada la pregunta 3 no ofrece fundamentos requeridos para reforma constitucional. La pregunta contiene varias “enmiendas” alrededor de un mismo tema. No se propone su reestructuración propiamente, pues no hay cambio en el número de sus integrantes ni en los deberes y atribuciones del organismo. El cambio propuesto reside en la duración del período de los Consejeros, de cinco a cuatro años, y en la forma de designarlos, por elección popular y no a través de un proceso de selección. Hablar de reestructuración es equívoco y haría pensar en la - aplicación del art 444 CRE sino del 444 id para efecto de la reforma. 2.- Sobre la terminación anticipada de los períodos de los Consejeros actuales, elegidos a través de un proceso de selección detallado en la CRE (art.207): afectaría sus derechos individuales. 3.- Sobre el establecimiento de un Consejo Transitorio conformado por terna presentada por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional: implicaría un redoblamiento del hiperpresidencialismo, lo contrario a un régimen democrático de independencia de poderes como el que plantea la Constitución actual, vulnerando el mismo carácter del Estado (art. 1 CRE)

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4.- Sobre las funciones del Consejo Transitorio: conferiría atribución para “evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el CPCCS cesado…pudiendo declarar la terminación anticipada de sus períodos” de todos los organismos constitucionales de control y aparte de ello las cabezas de dos funciones del Estado: Procurador General del Estado, Superintendentes, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura (art. 208 CRE). La atribución de ﬁscalización y control corresponde a la Asamblea Nacional por mandato constitucional. Este proceso de designación implica reforma de la estructura del Estado y remitiría al art. 444 CRE, obligando a la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 5.- Sobre la duración del proceso de transición: ocasionaría la semi parálisis de buena parte del aparato del Estado y su efecto natural podría ser una marcada concentración de poderes en manos del Ejecutivo. Además sería una tarea casi imposible de cumplir – a menos que se forcen groseramente los tiempos y procedimentos- en el escaso lapso de menos un año que quedaría hasta las próximas elecciones seccionales. 6.- Finalmente, el CDH considera que la pregunta 3 para referéndum apunta exclusivamente al reemplazo de integrantes del actual CPCCS y, en el futuro, su proceso de elección, pero deja intacta su evidente debilidad como mecanismo de participación, de carácter independiente, efectivo y dinámico para exigir y promover garantías de protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Guayaquil, 2 de febrero de 2018

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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Published on Apr 5, 2018

Informe CDH 2017

La acción pública en Guayaquil para reclamar por Derechos Humanos no es una dinámica excepcional. Diariamente diversas organizaciones y cole...

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Published on Apr 5, 2018

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